La figura del whistleblower también llamado denunciante, informante, filtrador, o delator, se define como el ciudadano que trabajando en sectores públicos o privados decide dar a conocer un hecho presuntamente criminal como un delito, un peligro o un fraude a la sociedad civil, a los medios de comunicación o a los organismos públicos. La revelación de información puede ocurrir mediante la información simple de los hechos hasta la filtración de documentos y pruebas que corroboran el hecho. En ocasiones, el término tiene un uso que se circunscribe al ámbito laboral u organizacional, mientras que los términos equivalentes en castellano pueden aplicarse también a actuaciones en diversos ámbitos de la sociedad civil.
La protección legal para la
práctica de la delación varía de un país a otro y puede depender del país donde
ocurrió la actividad denunciada, de dónde y cómo fueron revelados los secretos,
y cómo llegaron a publicarse o publicitarse. Más
de una docena de países han adoptado leyes completas de protección a la
delación que crean mecanismos para informar de las infracciones y proporcionar
protección legal para los delatores. Hay poco más de 50 países que han adoptado protecciones
más limitadas en el marco de sus leyes anti-corrupción, de libertad de
información, o de empleo. En el año 2010 el Senado de los Estados Unidos aprobó
un proyecto de ley que protege a los empleados gubernamentales que informen de casos
de abuso, fraude y malgasto público. En España la protección del denunciante
en el marco de los canales de denuncia carece de regulación alguna a nivel
estatal, existiendo tan solo algunas normas a nivel autonómico o
empresarial. En noviembre de 2018, el Parlamento Europeo aprobó una directiva
de protección al delator ("Whistleblower Protection
Directive") que contiene amplias protecciones para la libertad de
expresión de delatores en los sectores público y privado, incluyendo a la
prensa (periodistas), en todos los
Estados miembros de la Unión Europea. La Directiva prohibe represalias directas
o indirectas contra empleados, actuales y pasados, en ambos sectores http://bit.ly/363nOKJ
Todas las entidades
jurídicas públicas y privadas con 50 o más empleados deberán establecer canales
de información seguros, para dar respuesta a preguntas tales como; ¿Sobre qué pueden informar los denunciantes?, ¿Quién
puede informar?, etc. Seleccionar las habilidades, las rutinas y el sistema
correctos para los informes internos le brinda la oportunidad a cualquier organización
de obtener un valor comercial real a partir de la denuncia de irregularidades.
Muchos de estos sistemas de delación se implementan como medida preventiva
frente a la corrupción. El hecho mismo de que el sistema esté
disponible puede evitar la mala conducta en primer lugar, asimismo evita o minimiza
los daños mediante la implementación de canales efectivos de denuncia de
irregularidades. Esta acción puede tener un gran retorno de la inversión (ROI) por sí solo.
El denunciante podría ser un trabajador, un trabajador por
cuenta propia, un accionista, un voluntario, un aprendiz no remunerado, un
contratista, subcontratista o proveedor, un ex trabajador o incluso alguien que
vaya a una entrevista de trabajo y encuentre información sobre corrupción.
No existe una definición legal de denunciante, y hay muchas sensibilidades
diferentes. Si bien la prensa en los últimos años ha aireado grandes escándalos
como Cambridge Analytica, Dieselgate, LuxLeaks y
los Papeles de Panamá, el Caso Villarejo, etc., se estima que el 7% de todos
los trabajadores necesitarán protección de denunciantes en algún momento de su
carrera.
Como afirmaron los
eurodiputados verdes europeos Reinhard Bütikofer y Monica Frassoni:
"Idealmente,
no deberíamos tener que contar con denunciantes para mantener a las personas
bajo control, pero es solo gracias a las revelaciones instigadas por
denunciantes como los Panama Papers y Luxleaks que y los errores éticos a gran
escala han salido a la luz". Desde la perspectiva legal, el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos interpreta la denuncia de irregularidades
en interés público como una forma de libertad de expresión garantizada en
virtud del artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Un
denunciante debe tener una convicción razonable sobre la confiabilidad de la
información que divulga, y también que se están cometiendo irregularidades. La
motivación del denunciante en este asunto es irrelevante si tenemos en cuenta
que su sola puesta a disposición de los órganos que velan por dicho
comportamiento ejemplar, tales como los tribunales, las direcciones de las
compañías, etc., supone un beneficio enorme para erradicar el mismo y vacunarse
contra la posible aparición en el futuro.
Los casos recientes de corrupción
expuestos por los denunciantes incluyen vigilancia masiva ilegal, evasión de
impuestos a escala industrial, abuso de protecciones ambientales e incluso el
abuso sexual de niños por parte del personal de mantenimiento de la paz.
Tal denuncia de irregularidades contra grandes corporaciones y estados
nacionales es una de las medidas más efectivas para combatir las malas acciones
que afectan a la sociedad en general. A nivel personal, muchas personas sentirán
que es su deber en conciencia como ciudadanos denunciar crímenes o revelar
conductas indebidas, irregularidades y actividades ilegales. Esto
puede ir más allá de los actos puramente ilegales para incluir omisiones o
corrupción que van en contra del espíritu de una ley. Y si la responsabilidad
cívica no fuera suficiente, la Comisión Europea estima que "la
pérdida de beneficios potenciales debido a la falta de protección de los
denunciantes, solo en la contratación pública" es de entre 6.000 y 10.000
millones de euros al año. Según el vicepresidente de la Comisión
Europea, Frans Timmermans: "Muchos escándalos recientes nunca
habrían salido a la luz si los expertos no hubieran tenido el coraje de hablar.
Pero los que lo hicieron tomaron enormes riesgos. Entonces, si protegemos mejor
a los denunciantes, podemos detectar y prevenir mejor el daño al interés
público, como fraude, corrupción, evasión de impuestos corporativos o daños a
la salud de las personas y al medio ambiente. No debería haber castigo por
hacer lo correcto".
Los denunciantes no deben
ser tratados injustamente o perder su trabajo debido a sus acciones, pero como
regla general, los denunciantes que informan haber actuado mal lo hacen con un
riesgo personal considerable y pagan un alto precio personal y profesional. Existen
grandes asimetrías entre denunciantes y compañías o autoridades nacionales. Las
compañías utilizarán todas las herramientas a su disposición para contraatacar
contra la denuncia de irregularidades, desde invocar la ley de secretos
comerciales, hasta investigar motivos individuales para denunciantes de interés
público. El costo de los procedimientos legales por sí solos revela el enorme
desequilibrio de poder. Los denunciantes (trabajadores) pueden sufrir física y
mentalmente si se ven obligados a permanecer en un lugar de trabajo donde se
están cometiendo irregularidades reales o sospechosas, por lo tanto se debe
proporcionar apoyo y defensa contra las posibles represalias si se denuncian.
En España llevamos estos últimos
meses conociendo por el “Caso Villarejo” como la élite
empresarial (CEOs) de compañías emblemáticas de este país (IBEX-35), se comportaban de forma impropia
cometiendo delitos a través de sus jefes de seguridad. Célebres son
los casos del BBVA e Iberdrola que se encuentran uno ya instruyéndose, como es
el caso del banco, y otro en “capilla”, la eléctrica,
a la espera de que se abra una pieza separada en el Juzgado de Instrucción número
6 de la Audiencia Nacional. Pero lo más llamativo de dicha instrucción, es que
la persona que se encuentra en prisión como recoge la prensa en el siguiente párrafo
amenaza con tirar de la manta: “El
excomisario José Villarejo, encarcelado en Estremera, acaba de emitir un
comunicado a través de su abogado en el que denuncia que las "manos
negras" que están "tirando de la manta" amenazan con poner
"en la picota a compañías absolutamente estratégicas como Repsol, Indra,
Caixabank, Iberdrola, Santander, Grupo Planeta, Mutua Madrileña o
Telefónica" http://bit.ly/32bo33M Mas allá de los hechos sucedidos, está
la situación del bien común del que se podría beneficiar la sociedad si se
pudiera conocer que ocurrió con la gestión de dichas compañías para erradicar
dichos comportamientos. Así pues, aunque el señor Villarejo
ha empezado a “tirar de la manta” de
forma lenta pero parece que de forma continua si como parece se le prolonga la prision preventiva otros dos años más, no porque sea un Whistleblower sino por su propio interés personal http://bit.ly/2MRfqXd Sin embargo
la sociedad… Se merece conocer la verdad para depurar dichos comportamientos.
Ya lo dijo Manuel Vicent: “Hay que celebrar el hecho de vivir tiempos de baja intensidad. Eso permite
que la víctima o el verdugo, el héroe o el traidor, el asesino, el delator, el
fusilado que cualquiera pueda llevar dentro no se asome a la superficie.
Grandes tiempos mediocres y felices son éstos en que uno puede compartir el
whisky en un cóctel con alguien que llegado el momento propicio no dudaría en
mandarte fusilar.”