Hay una pequeña paradoja que ayuda a entender este debate. En febrero de 2026, cinco de las mayores operadoras europeas —Deutsche Telekom, Orange, TIM, Vodafone y Telefónica— demostraron conjuntamente en el Mobile World Congress que era posible crear escala tecnológica europea sin necesidad de fusionarse. Las cinco conectaron sus infraestructuras edge para formar el denominado European Edge Continuum, una plataforma federada que permite desplegar aplicaciones sobre los nodos de diferentes operadores como si formasen parte de un entorno europeo común. El proyecto, vinculado al IPCEI de infraestructuras y servicios cloud de nueva generación y apoyado con financiación europea, fue presentado precisamente como un avance hacia una infraestructura digital soberana.
La anécdota resulta especialmente pertinente porque demuestra algo que a veces desaparece del debate sobre las telecomunicaciones: alcanzar escala continental no exige necesariamente que una empresa compre a otra. En este caso, cinco competidores conservaron su independencia empresarial y, sin embargo, federaron capacidades tecnológicas para ampliar conjuntamente su alcance europeo. No demuestra que este modelo pueda sustituir a las fusiones en todos los ámbitos —son problemas económicos y tecnológicos diferentes—, pero sí prueba que la cooperación, los consorcios y las infraestructuras federadas constituyen instrumentos reales para alcanzar determinadas economías de escala. De hecho, las propias compañías describieron el proyecto como un ecosistema abierto al que podrían incorporarse nuevos socios.
La paradoja es todavía mayor: las mismas grandes operadoras que han demostrado técnicamente que pueden cooperar para construir una infraestructura paneuropea continúan situando la consolidación empresarial entre las principales respuestas al problema de escala del sector. Una cosa no invalida la otra, pero el precedente obliga al menos a plantear una pregunta: antes de reducir el número de competidores europeos, ¿se han explorado suficientemente las posibilidades de ganar escala compartiendo tecnología, inversión e infraestructuras allí donde resulte posible, manteniendo al mismo tiempo compañías independientes que sigan compitiendo por el cliente?
Europa se juega buena parte de su autonomía tecnológica y competitividad futura en la capacidad para disponer de redes, empresas y tecnologías propias. Las grandes operadoras sostienen que necesitan más escala, menos cargas regulatorias y mayor libertad empresarial para afrontar las enormes inversiones que exigirán el 5G SA, el 6G, la inteligencia artificial y las comunicaciones críticas. Pero sus reivindicaciones plantean preguntas que van mucho más allá de la regulación: ¿es realmente la falta de escala el principal obstáculo para invertir o también existe un problema de prioridades en la asignación del capital? ¿Debe la consolidación empresarial ser la respuesta preferente frente a fórmulas de cooperación y consorcios europeos? ¿Y hasta dónde pueden los Estados ceder capacidad de decisión sobre unas redes y un espectro que forman parte de su propia autonomía estratégica? La coincidencia entre las demandas formuladas a Bruselas y los miles de millones comprometidos simultáneamente en derechos futbolísticos ofrece una oportunidad especialmente reveladora para analizar esas contradicciones, sus matices y, sobre todo, qué modelo de telecomunicaciones necesita realmente Europa.
Las grandes telecos europeas exigen a Bruselas un cambio de rumbo para recuperar inversión y soberanía digital
Las principales operadoras europeas de telecomunicaciones han elevado la presión sobre Bruselas para que modifique sustancialmente algunas de las piezas centrales de su nueva política digital, la Digital Network Act (DNA). Diecisiete primeros ejecutivos del sector, entre ellos Marc Murtra, presidente y consejero delegado de Telefónica; Timotheus Höttges, CEO de Deutsche Telekom, y Christel Heydemann, CEO de Orange, han reclamado a las instituciones comunitarias una rectificación del rumbo de las reformas regulatorias actualmente en marcha, al considerar que, tal y como están planteadas, pueden restringir precisamente la inversión que Europa necesita para reforzar su autonomía tecnológica y competir con otras grandes regiones económicas. La iniciativa se concretó el 15 de septiembre en una carta abierta promovida por la asociación Connect Europe y dirigida a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y a las principales instituciones comunitarias, coincidiendo con la víspera del debate sobre el Estado de la Unión. El documento sitúa en el centro de la discusión una cuestión que las grandes operadoras llevan años planteando: Europa necesita redes de telecomunicaciones más potentes para competir en inteligencia artificial, servicios digitales, industria avanzada, comunicaciones críticas y defensa, pero el sector sostiene que una parte de la regulación comunitaria continúa limitando su capacidad para financiar esas infraestructuras. La información fue adelantada en España por Cinco Días / EL PAÍS y la iniciativa también ha tenido eco en distintos medios europeos.
El punto de partida de Connect Europe es la dimensión económica que ha alcanzado la conectividad en el continente. El ecosistema representa aproximadamente el 5% del PIB europeo y las operadoras invierten actualmente unos 64.000 millones de euros anuales, pero los ejecutivos consideran que este esfuerzo no resulta suficiente para alcanzar unas redes comparables con las existentes en las economías tecnológicamente más avanzadas. En este apartado resulta especialmente importante precisar una de las cifras centrales del debate: los 475.000 millones de euros no constituyen exactamente el déficit de financiación del sector, sino la inversión total que, según un estudio de GSMA Intelligence, necesitarían las redes móviles europeas durante la próxima década. Las previsiones actuales apuntan a que los operadores podrían movilizar alrededor de 270.000 millones de euros, por lo que la brecha de inversión propiamente dicha se situaría en aproximadamente 205.000 millones de euros. Ese enorme esfuerzo financiero debería permitir extender la cobertura 5G, desarrollar masivamente el 5G StandAlone (5G SA), aumentar la resistencia de las redes, mejorar la conectividad de los grandes corredores de transporte y preparar infraestructuras capaces de soportar nuevos servicios relacionados con la inteligencia artificial y, posteriormente, las primeras redes 6G.
Los cálculos de GSMA Intelligence permiten comprender mejor la magnitud del desafío. Se estiman aproximadamente 35.000 millones de euros para ampliar la cobertura 5G y desarrollar el 5G SA, unos 104.000 millones para mejorar la cobertura de los principales corredores de transporte, alrededor de 38.000 millones para aumentar la resiliencia de las redes y otros 28.000 millones para infraestructuras relacionadas con nuevos servicios e innovación apoyada en inteligencia artificial. El argumento de las compañías es que Europa no puede aspirar a construir una economía basada en la IA, la computación en la nube, la automatización industrial o los servicios digitales avanzados sin disponer simultáneamente de redes capaces de transportar cantidades crecientes de información con una elevada velocidad, baja latencia y altos niveles de seguridad. De ahí que las telecos reclamen que las decisiones regulatorias de Bruselas sean analizadas también desde el punto de vista de su impacto sobre la capacidad futura de inversión del sector.
Marc Murtra sitúa la escala y la soberanía tecnológica en el centro del debate
La presencia de Marc Murtra entre los firmantes tiene especial relevancia porque las posiciones recogidas en la carta guardan relación con el discurso que el máximo responsable de Telefónica viene manteniendo públicamente sobre la necesidad de que Europa gane escala industrial y autonomía tecnológica. En el Mobile World Congress de 2026, Murtra ya defendió la necesidad de que la Unión Europea favorezca una mayor escala del sector de las telecomunicaciones para reforzar la independencia estratégica y tecnológica europea, relacionando la soberanía tecnológica y la competitividad industrial con la capacidad del continente para disponer de empresas e infraestructuras suficientemente fuertes. La carta remitida ahora a Bruselas profundiza en este diagnóstico y plantea que las redes de conectividad constituyen una de las capas fundamentales de toda la estructura tecnológica europea y que Europa conserva una posición estratégica en este terreno, pero puede comprometerla si las reformas regulatorias no crean unas condiciones adecuadas para la inversión.
En este punto es necesario diferenciar con precisión las declaraciones personales de Murtra de la posición colectiva expresada por Connect Europe. Marc Murtra firma la carta y, por tanto, respalda su contenido, pero las afirmaciones recogidas en ella corresponden conjuntamente a los 17 máximos ejecutivos que la suscriben y no deben presentarse como declaraciones pronunciadas exclusivamente por el presidente de Telefónica. En las fuentes consultadas no consta una intervención individual de Murtra realizada específicamente con motivo de la publicación de la carta. Lo que sí está documentado es la continuidad entre el contenido de la misiva y sus anteriores posiciones públicas: Murtra viene defendiendo una Europa con operadores de telecomunicaciones de mayor escala, más capacidad de inversión y suficiente autonomía industrial y tecnológica para competir con Estados Unidos y Asia. Por ello, su firma en el documento refuerza una línea estratégica que el mismo como presidente de Telefónica ha venido exponiendo durante los últimos meses en diferentes foros europeos e internacionales.
El coste de retirar equipos de proveedores de alto riesgo
Uno de los asuntos más sensibles de la carta afecta a la seguridad de las redes y, particularmente, al futuro de los equipos procedentes de proveedores considerados de alto riesgo. El debate en torno a la reforma del Cybersecurity Act (CSA) puede tener consecuencias directas para fabricantes chinos como Huawei y ZTE, cuya presencia en las redes europeas lleva años siendo objeto de discusión por motivos de seguridad. Connect Europe calcula que una retirada generalizada de los equipos afectados podría provocar costes de sustitución de hasta 40.000 millones de euros para las compañías europeas, una cantidad que, según las operadoras, terminaría reduciendo los presupuestos disponibles para desplegar fibra, 5G, 5G SA y, posteriormente, 6G. Esta cuestión ha recibido una atención especial en la prensa europea, que ha situado el coste económico de la sustitución de equipamiento y la política comunitaria hacia determinados proveedores tecnológicos entre los elementos centrales de la ofensiva empresarial ante Bruselas.
Las compañías no plantean eliminar los controles de seguridad ni renunciar a la evaluación de los proveedores, sino aplicar un modelo proporcional basado en análisis concretos del riesgo y estudiar previamente medidas alternativas de mitigación. Su posición es que una obligación general de retirar infraestructura ya instalada, sin tener en consideración su vida útil ni otras soluciones técnicamente posibles, podría destruir capital que las empresas consideran necesario para financiar las nuevas generaciones de redes. El conflicto plantea así un delicado equilibrio entre dos objetivos comunitarios: por una parte, reforzar la seguridad y reducir dependencias tecnológicas consideradas estratégicamente problemáticas y, por otra, evitar que el coste de esa transición reste capacidad inversora a unas compañías a las que Bruselas también pide acelerar la modernización de las infraestructuras digitales europeas.
Cuatro cambios en la Ley de Redes Digitales
El segundo gran frente de la carta es la Digital Networks Act (DNA). La industria considera que el proyecto comunitario no introduce todavía una transformación suficiente de las condiciones de inversión e innovación y concentra sus demandas en cuatro modificaciones fundamentales. La primera afecta al espectro radioeléctrico: las compañías quieren que las licencias sean indefinidas como regla general y que, cuando esto no resulte posible, tengan una duración mínima de 40 años. Según Connect Europe, los operadores han desembolsado alrededor de 110.000 millones de euros en subastas de espectro durante los últimos doce años, por lo que sostienen que reducir la repetición de estas licitaciones permitiría trasladar una parte de esos recursos directamente al despliegue y modernización de redes de fibra, 5G y futuras infraestructuras 6G. Para las operadoras, una mayor previsibilidad sobre el uso del espectro también facilitaría las decisiones de inversión a largo plazo.
La segunda cuestión es el apagado de las antiguas redes de cobre. Las empresas se oponen a que Bruselas imponga obligatoriamente un calendario uniforme de desconexión y defienden que la transición hacia la fibra responda a la situación concreta de cada mercado, al ritmo de adopción tecnológica y a la demanda efectiva de los clientes. Las compañías europeas destinan actualmente más de 30.000 millones de euros anuales al despliegue de fibra hasta el hogar (FTTH) y argumentan que la migración desde el cobre debe producirse progresivamente allí donde las condiciones comerciales y técnicas permitan realizarla, manteniendo al mismo tiempo la libertad de elección del consumidor. El objetivo que plantean no es conservar indefinidamente unas redes tecnológicamente superadas, sino evitar que una fecha administrativa uniforme obligue a acelerar procesos de sustitución independientemente de la realidad de cada mercado nacional.
La tercera reclamación supone revisar profundamente la regulación ex ante heredada de la época de las redes de cobre. Los operadores quieren que este modelo quede convertido en un mecanismo de seguridad aplicable allí donde resulte realmente necesario, en lugar de utilizarse sistemáticamente en mercados en los que consideran que ya existe competencia efectiva. En este mismo apartado aparece otra cuestión estratégica para las futuras redes: la neutralidad de red. Las compañías solicitan suficiente flexibilidad regulatoria para desarrollar prestaciones como el network slicing, tecnología que permite dividir virtualmente una red 5G y asignar distintas capacidades, velocidades y niveles de calidad a diferentes servicios. Connect Europe considera que este tipo de soluciones será fundamental para explotar industrialmente todo el potencial de las redes 5G y posteriormente 6G, especialmente en ámbitos empresariales, industriales y de servicios críticos. Finalmente, como cuarta prioridad, los ejecutivos reclaman una reducción efectiva de las cargas administrativas y de la burocracia comunitaria mediante un principio de “simplicidad por diseño”, evitando que la legislación digital europea continúe acumulando obligaciones regulatorias superpuestas.
Fusiones, escala e inversión europea
El debate regulatorio se extiende inevitablemente a las fusiones y adquisiciones. Connect Europe pide que la revisión de las normas comunitarias de concentraciones tenga en cuenta factores como la inversión, la innovación, la seguridad y la autonomía estratégica. Los grandes operadores llevan tiempo argumentando que la fragmentación del mercado europeo reduce su capacidad financiera frente a competidores internacionales y dificulta la aparición de grupos con suficiente escala para asumir las inversiones necesarias durante la próxima década. La industria reclama por ello una mayor flexibilidad que permita tanto procesos de consolidación dentro de determinados mercados nacionales como operaciones transfronterizas capaces de generar operadores paneuropeos de mayor dimensión. La escala se convierte así en uno de los elementos centrales de la discusión: las compañías sostienen que Europa necesita operadores financieramente fuertes si pretende disponer de redes propias suficientemente avanzadas para respaldar su estrategia de soberanía tecnológica.
Esta reivindicación vuelve a conectar directamente con las posiciones expresadas anteriormente por Marc Murtra, que ha relacionado públicamente la necesidad de ganar escala con la autonomía tecnológica europea. Para el máximo responsable de Telefónica, la discusión sobre el tamaño de los operadores trasciende el interés empresarial de las compañías y se integra en un debate industrial más amplio sobre la capacidad de Europa para mantener infraestructuras tecnológicas propias y competir internacionalmente. La posición defendida por la industria no implica que desaparezcan los controles comunitarios sobre las concentraciones empresariales, sino que las operadoras solicitan que, además de sus efectos sobre la competencia y los precios, las autoridades europeas tengan en consideración factores como las inversiones futuras, la innovación, la seguridad y la autonomía estratégica cuando analicen operaciones de consolidación.
Las telecos respaldan parte de la estrategia tecnológica de Bruselas
La carta no constituye, sin embargo, un rechazo general a la política tecnológica desarrollada por la Comisión Europea. Los operadores valoran positivamente iniciativas destinadas a aumentar la soberanía del continente en ámbitos como la nube, la inteligencia artificial, los centros de datos y las comunicaciones por satélite, al considerar que estas políticas pueden generar un espacio económico favorable para la aparición y crecimiento de proveedores europeos capaces de competir en tecnologías estratégicas. El argumento de las compañías consiste precisamente en trasladar esa misma lógica a las telecomunicaciones: si Bruselas considera necesario reforzar proveedores europeos de nube, inteligencia artificial, centros de datos o comunicaciones satelitales, el sector sostiene que también debería garantizar unas condiciones económicas y regulatorias que permitan aumentar la inversión y la escala de las empresas encargadas de construir las redes sobre las que posteriormente funcionan todos esos servicios.
La iniciativa adquiere además una dimensión institucional significativa por el momento elegido. La carta fue enviada inmediatamente antes del debate sobre el Estado de la Unión y está dirigida a Ursula von der Leyen y a los responsables de las principales instituciones comunitarias. Junto a Marc Murtra (Telefónica), Timotheus Höttges (Deutsche Telekom) y Christel Heydemann (Orange) aparecen entre los 17 firmantes Ana Figueiredo (MEO), Pietro Labriola (TIM), Joost Farwerck (KPN), Benedicte Schilbred Fasmer (Telenor), Christoph Aeschlimann (Swisscom), Mike Fries (Liberty Global), Thomas Arnoldner (A1 Telekom Austria), Stijn Bijnens (Proximus), Topi Manner (Elisa), Boštjan Košak (Telekom Slovenije), Stan Miller (United Group), Tomáš Kouřil (CETIN), Georgios Metzakis (Cyta) y Amel Kovačević (BH Telecom). La amplitud de los firmantes convierte la iniciativa en una posición colectiva de buena parte de las principales compañías de telecomunicaciones del continente.
El mensaje final que las compañías trasladan a Bruselas es que están dispuestas a aumentar su contribución al liderazgo tecnológico europeo, pero consideran imprescindible que las reformas de la Digital Networks Act y del Cybersecurity Act creen unas condiciones que permitan incrementar, y no reducir, la inversión disponible para las redes. Para Marc Murtra y Telefónica, esta cuestión se integra además en un planteamiento estratégico más amplio que el presidente de la operadora española viene defendiendo públicamente: sin operadores con escala suficiente, capacidad financiera y redes avanzadas, la aspiración europea de alcanzar una mayor soberanía tecnológica en inteligencia artificial, nube, industria digital, comunicaciones críticas o defensa dependerá de infraestructuras cuya modernización exige inversiones extraordinariamente elevadas.
En definitiva, el debate que ahora se abre en Bruselas va mucho más allá del coste de las licencias de espectro, del calendario para apagar las redes de cobre o de la eventual sustitución de determinados proveedores. La cuestión central es cómo compatibilizar seguridad, competencia, protección del consumidor, inversión y soberanía tecnológica en un momento en el que Europa necesita movilizar cientos de miles de millones de euros para modernizar sus redes durante la próxima década. Las grandes telecos pretenden que Bruselas incorpore esa dimensión industrial a sus decisiones regulatorias y advierten de que cada euro destinado a obligaciones que consideran innecesarias es un euro que no podrá utilizarse para acelerar el despliegue de fibra, 5G SA o 6G. Frente a esta posición empresarial, corresponderá ahora a las instituciones comunitarias determinar durante la tramitación de las nuevas normas hasta qué punto sus demandas son compatibles con los objetivos europeos de competencia, seguridad y protección de los usuarios. Lo que la carta deja claro es que la regulación de las telecomunicaciones vuelve a ocupar un lugar central en la discusión sobre la competitividad y la autonomía tecnológica de Europa.
Telefónica asegura todo el fútbol de LaLiga hasta 2032 tras pactar con DAZN un desembolso de 1.650 millones de euros
El mismo 15 de septiembre en el que las grandes compañías europeas de telecomunicaciones reclamaban a Bruselas un marco regulatorio que facilite la inversión en redes, Telefónica comunicaba al mercado una de sus mayores apuestas recientes en contenidos: un acuerdo con DAZN valorado en 1.650 millones de euros que permitirá a Movistar Plus+ continuar ofreciendo el 100% de los partidos de Primera División hasta 2032. La operación fue comunicada oficialmente por Telefónica a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a las 8.05 horas del martes 15 de septiembre y afecta a las cinco temporadas comprendidas entre 2027/2028 y 2031/2032. El contrato, formalizado a través de Telefónica Audiovisual Digital, tiene carácter no exclusivo y permite a la compañía distribuir en el mercado residencial español de televisión de pago el paquete de DAZN compuesto por cinco encuentros de LaLiga EA Sports en cada una de las 38 jornadas del campeonato. El coste medio será de 330 millones de euros por temporada, según confirmó la propia operadora al supervisor bursátil.
La operación, ampliamente recogida por la prensa económica española, completa una estrategia iniciada meses atrás con la adquisición directa de la otra mitad de los derechos de LaLiga. Cinco Días destaca que el acuerdo permite a la operadora conservar el fútbol nacional completo dentro de Movistar Plus+, mientras que El Español-Invertia pone el acento igualmente en que la compañía asegura de esta forma la totalidad de LaLiga durante el próximo ciclo audiovisual. La Vanguardia, por su parte, recuerda que el acuerdo fue suscrito el 14 de septiembre y comunicado al mercado al día siguiente. El resultado práctico es que un cliente de Movistar Plus+ podrá continuar accediendo desde una misma oferta al conjunto de los diez encuentros de Primera División de cada jornada, aunque los derechos originales estén repartidos entre Telefónica y DAZN.
Un acuerdo más caro, pero también más amplio
El nuevo contrato supone un incremento significativo respecto al anterior acuerdo entre ambas compañías. En marzo de 2022, Telefónica había pactado con DAZN el acceso a su paquete de LaLiga para las cinco temporadas comprendidas entre 2022/2023 y 2026/2027, desembolsando 280 millones de euros por temporada. La propia documentación financiera de Telefónica confirma que aquel contrato daba acceso a cinco partidos por jornada durante 35 de las 38 jornadas, mientras que el nuevo acuerdo comprende cinco encuentros en las 38 jornadas. Frente a los 280 millones anuales del ciclo anterior, Telefónica pagará ahora una media de 330 millones, es decir, 50 millones adicionales por temporada y aproximadamente un 17,9% más, aunque el producto adquirido tampoco es exactamente idéntico porque incorpora tres jornadas adicionales cada año. En términos acumulados, el anterior contrato suponía 1.400 millones de euros durante cinco temporadas y el nuevo alcanzará 1.650 millones, una diferencia nominal de 250 millones de euros en el conjunto del quinquenio. La documentación corporativa de Telefónica correspondiente a 2025 ya señalaba que la compañía se encontraba negociando con DAZN un acuerdo para el ciclo 2027-2032 precisamente con el objetivo de garantizar a sus clientes el acceso al 100% de LaLiga.
La comparación del precio, por tanto, debe realizarse teniendo en cuenta esa modificación del perímetro de los derechos. El contrato anterior excluía tres jornadas completas del paquete de DAZN, mientras que el nuevo abarca la totalidad del campeonato. A ello se añade que el ciclo audiovisual 2027-2032 ha experimentado una revalorización general. LaLiga adjudicó en noviembre de 2025 sus derechos audiovisuales nacionales para ese periodo por 6.135 millones de euros, aproximadamente un 9% más que en el ciclo anterior, mientras que el principal paquete residencial correspondiente a Primera División alcanzó los 5.250 millones de euros durante cinco años, equivalentes a unos 1.050 millones por temporada. Telefónica y DAZN volvieron a convertirse en las dos piezas fundamentales del modelo, repartiendo entre ambas los encuentros del campeonato y manteniendo así la estructura de dos grandes adjudicatarios que posteriormente pueden alcanzar acuerdos de distribución entre ellos.
Más de 4.285 millones entre los derechos propios y el paquete de DAZN
La dimensión económica de la apuesta de Telefónica por LaLiga se aprecia mejor al sumar ambos componentes. Por su lote directamente adjudicado, Telefónica comprometió 2.635,85 millones de euros para las temporadas 2027/2028 a 2031/2032, equivalentes a una media de 527,17 millones por temporada. Esta cifra figura en la documentación financiera de la compañía. A ese importe se añaden ahora los 1.650 millones que abonará a DAZN por distribuir los encuentros correspondientes al paquete de la plataforma deportiva. La suma de ambos compromisos alcanza, por tanto, aproximadamente 4.285,85 millones de euros durante las cinco temporadas, antes de considerar otros derechos, costes de producción, acuerdos de distribución o eventuales ingresos mayoristas.
Esta cifra no significa que Telefónica haya comprado a LaLiga derechos valorados en 4.285 millones. Jurídica y comercialmente se trata de operaciones distintas: 2.635,85 millones corresponden a los derechos adquiridos directamente en la licitación de LaLiga y 1.650 millones al acuerdo posterior con DAZN para distribuir el paquete del que esta última es adjudicataria. Esta distinción resulta fundamental para comprender el modelo. Telefónica no necesita poseer directamente todos los derechos para poder ofrecer todos los encuentros a sus abonados; lo esencial para Movistar Plus+ es disponer de los acuerdos que permitan integrar ambas mitades de la competición en su plataforma.
El fútbol sigue siendo una pieza estratégica de Movistar Plus+
La magnitud del desembolso confirma que, bajo la presidencia de Marc Murtra, Telefónica mantiene el fútbol como uno de los grandes activos de diferenciación de Movistar Plus+ y de su oferta convergente de telecomunicaciones. El valor del deporte para la compañía no se limita al ingreso que pueda obtener directamente de las suscripciones televisivas. El fútbol forma parte de paquetes que integran fibra, telefonía móvil, televisión y otros servicios digitales, por lo que desempeña también una función de captación y fidelización de clientes de alto valor. Precisamente por ello, la compañía ha optado por garantizar durante cinco temporadas adicionales el acceso a toda la Primera División en lugar de limitar su oferta a los 190 encuentros aproximadamente correspondientes a su propio lote.
La estrategia adquiere todavía mayor dimensión al incorporar las competiciones europeas. Telefónica dispone asimismo de los derechos de la UEFA Champions League y de otras competiciones europeas de clubes hasta 2031, de modo que Movistar Plus+ puede combinar la totalidad del principal campeonato nacional con la principal competición continental. La Vanguardia subraya precisamente esta complementariedad entre el acuerdo alcanzado con DAZN y los derechos europeos que ya controla Telefónica. El resultado configura una apuesta audiovisual de largo plazo: la operadora ha asegurado sus principales contenidos futbolísticos prácticamente hasta el comienzo de la próxima década, reduciendo la incertidumbre sobre uno de los componentes más importantes de su televisión de pago.
LaLiga repartió sus derechos entre Telefónica y DAZN
El origen del nuevo acuerdo se encuentra en la licitación realizada por LaLiga en noviembre de 2025. Telefónica y DAZN volvieron a repartirse el principal paquete residencial para el periodo 2027-2032, con 190 partidos por temporada para cada adjudicatario, configurando un modelo en el que ninguna de las dos compañías dispone por sí sola de todos los encuentros. Telefónica comprometió los mencionados 2.635,85 millones de euros, 527,17 millones por temporada, mientras que DAZN asumió el paquete complementario. La posterior firma entre Telefónica y LaLiga convirtió en definitiva la adjudicación correspondiente a la operadora y el acuerdo anunciado ahora con DAZN completa la segunda mitad necesaria para que Movistar Plus+ pueda mantener la misma promesa comercial esencial: disponer de todos los encuentros de Primera División. La CNMV y la prensa española coinciden en destacar precisamente que la combinación del contrato firmado con LaLiga y el nuevo acuerdo con DAZN permite a Telefónica continuar ofreciendo el 100% del campeonato a sus clientes hasta la temporada 2031/2032.
Este sistema explica por qué Telefónica puede ofrecer todos los encuentros pese a que DAZN siga siendo titular de una parte sustancial de los derechos. El acuerdo anunciado es “no exclusivo”, una precisión relevante porque DAZN conserva la posibilidad de explotar comercialmente su propio paquete de acuerdo con las condiciones correspondientes. Telefónica adquiere el derecho a distribuir esos encuentros dentro de su propia oferta residencial de pago, pero no convierte a Movistar Plus+ en la única vía para acceder a ellos. De esta manera, LaLiga mantiene una estructura de explotación en la que conviven plataformas y operadores diferentes, mientras Telefónica garantiza que sus clientes no tengan que renunciar a la mitad de la competición.
La reventa del fútbol ayuda a reducir la factura
La otra cara del modelo económico se encuentra en los acuerdos mayoristas. Telefónica no soporta necesariamente en solitario todo el coste económico final de los derechos que adquiere, porque parte de esos contenidos puede ser distribuida posteriormente a través de otros operadores. Esta estrategia ha tenido tradicionalmente en Orange —actualmente integrada en MasOrange— uno de sus principales clientes. Para la temporada 2026/2027, Orange TV volvió a cerrar acuerdos que le permiten ofrecer el conjunto del fútbol nacional y europeo, combinando contenidos procedentes de Telefónica y de DAZN. Este mecanismo proporciona ingresos mayoristas a los propietarios o distribuidores de los derechos y permite que operadores rivales puedan comercializar también una oferta futbolística completa sin acudir directamente a todas las grandes licitaciones.
Las cifras atribuidas a estos acuerdos con MasOrange que aparecen en la prensa deben, sin embargo, diferenciarse de los importes oficialmente comunicados a la CNMV. Los más de 300 millones de euros anuales —y determinadas estimaciones que sitúan el importe potencial cerca de los 400 millones— proceden de fuentes y cálculos sectoriales publicados por los medios, no de una cifra contractual comunicada oficialmente por Telefónica o MasOrange. Lo mismo ocurre con el desglose que atribuye entre 200 y 250 millones al acceso a LaLiga, alrededor de 30 millones a competiciones europeas y unos 40 millones a la relación directa con DAZN. Son referencias útiles para aproximarse a la economía de la distribución mayorista del fútbol, pero no deben presentarse con el mismo grado de certeza que los 1.650 millones del acuerdo Telefónica-DAZN o los 2.635,85 millones de la adjudicación directa de Telefónica, que sí aparecen respaldados por comunicaciones corporativas o documentación regulatoria.
DAZN reorganiza su dirección mientras refuerza su relación con Telefónica
La firma del acuerdo coincide además con cambios relevantes en la estructura directiva de DAZN. Según informó Cinco Días, la plataforma ha reorganizado parte de su cúpula bajo la dirección de su consejero delegado, Shay Segev. Patrick Delany pasa a desempeñar las funciones de director de Operaciones (COO), con competencias sobre la gestión cotidiana del negocio, crecimiento de suscriptores e ingresos, estrategia de precios y paquetes, derechos deportivos, producción y publicidad. Alex Gersh se incorpora como director financiero (CFO), mientras Darren Waterman, responsable financiero desde 2022, pasa a ocupar la dirección de Negocio (CBO), desde la que se responsabilizará de alianzas globales, oportunidades comerciales estratégicas y proyectos de transformación corporativa.
La relación entre Telefónica y DAZN adquiere así una naturaleza singular: son simultáneamente socios y actores independientes dentro del mercado español de televisión deportiva. DAZN posee y comercializa su paquete de LaLiga, mientras Telefónica paga por integrarlo dentro de Movistar Plus+ para completar su propia oferta. Esta interdependencia permite a ambas compañías amortizar inversiones muy elevadas en derechos audiovisuales y, al mismo tiempo, mantener estrategias comerciales separadas. Para Telefónica, la ventaja fundamental consiste en poder presentarse ante sus clientes como una plataforma que reúne el campeonato completo; para DAZN, el acuerdo supone disponer de un importante ingreso contractual procedente de la distribución de unos derechos por los que previamente ha competido en la licitación organizada por LaLiga.
Una inversión audiovisual de largo plazo bajo la presidencia de Marc Murtra
La operación resulta especialmente significativa si se analiza dentro de la estrategia que está desarrollando Telefónica bajo la presidencia de Marc Murtra. El acuerdo con DAZN compromete 1.650 millones durante cinco temporadas y se suma a los 2.635,85 millones correspondientes a su propia parte de LaLiga. Al mismo tiempo, la compañía ha asegurado las principales competiciones europeas de clubes durante buena parte del mismo periodo. Telefónica está comprometiendo así varios miles de millones de euros para mantener el fútbol premium como una pieza central de su ecosistema comercial durante los próximos años, una apuesta que deberá rentabilizar no sólo mediante televisión, sino también mediante la fidelización de clientes convergentes y los acuerdos de distribución mayorista con terceros operadores.
La coincidencia temporal resulta además llamativa desde el punto de vista empresarial. El mismo 15 de septiembre en que Murtra y otros 16 grandes ejecutivos europeos reclamaban a Bruselas mejores condiciones regulatorias para aumentar la capacidad inversora de las telecomunicaciones, Telefónica hacía público un compromiso de 1.650 millones de euros en derechos de distribución audiovisual. Son ámbitos de inversión diferentes y no existe base documental para establecer una relación causal entre ambas noticias: la carta de Connect Europe se refiere fundamentalmente a inversiones en redes, espectro, regulación y competitividad tecnológica, mientras que el contrato con DAZN pertenece a la estrategia comercial y audiovisual de Telefónica. Sin embargo, su coincidencia en el calendario permite observar las dos dimensiones económicas que debe gestionar un gran operador integrado: financiar las infraestructuras que soportan sus servicios y, simultáneamente, invertir en contenidos capaces de diferenciar su oferta frente a sus competidores.
La relevancia de la operación reside finalmente en esa combinación. Telefónica no se ha limitado a conservar la mitad de LaLiga que obtuvo directamente en la licitación, sino que ha decidido invertir otros 1.650 millones para garantizar que Movistar Plus+ siga ofreciendo todos los encuentros hasta 2032. El nuevo contrato eleva el pago anual a DAZN desde 280 hasta 330 millones de euros, aunque también amplía el paquete desde 35 hasta las 38 jornadas del campeonato. Sumado a su propia adjudicación, supone compromisos por aproximadamente 4.285,85 millones de euros vinculados a la disponibilidad de toda LaLiga durante el próximo quinquenio, antes de contabilizar otros derechos y costes asociados. El fútbol continúa siendo, por tanto, una apuesta estratégica de primer orden para Telefónica y uno de los instrumentos con los que la compañía pretende mantener el atractivo diferencial de Movistar Plus+ dentro del competitivo mercado español de telecomunicaciones y entretenimiento.
Telecos europeas: entre la reclamación de más capacidad para invertir y los miles de millones destinados al fútbol
La coincidencia temporal resulta difícil de ignorar. El 15 de septiembre, diecisiete de los principales ejecutivos de las telecomunicaciones europeas reclamaban a la Comisión Europea un cambio de rumbo regulatorio alegando que Europa necesita liberar recursos para invertir en fibra, 5G StandAlone, 6G y soberanía tecnológica; ese mismo día, Telefónica comunicaba oficialmente que había comprometido otros 1.650 millones de euros para garantizarse durante cinco temporadas el acceso al paquete de LaLiga propiedad de DAZN. La primera noticia presenta a una industria que sostiene que su capacidad financiera está sometida a una presión que amenaza la modernización tecnológica europea; la segunda muestra a uno de sus mayores operadores tomando voluntariamente una decisión empresarial que compromete cientos de millones anuales en un activo comercial —el fútbol— que puede ser fundamental para fidelizar clientes, pero que no desarrolla semiconductores, inteligencia artificial, ciberseguridad, software de red, Open RAN, edge computing o tecnología 6G. Esa coincidencia no demuestra por sí misma ninguna contradicción contable: un euro de derechos deportivos no es automáticamente un euro que pudiera haberse transferido a I+D o capex de red, y la televisión forma parte del modelo comercial de Telefónica. Pero sí plantea una cuestión legítima de asignación de capital cuando las mismas compañías solicitan simultáneamente a los poderes públicos cambios regulatorios para aumentar su capacidad inversora. La propia documentación que sirve de base a este análisis recoge que Connect Europe cifra en unos 64.000 millones de euros la inversión anual del sector y reclama modificaciones profundas de la Digital Networks Act (DNA).
El caso de Telefónica permite poner números concretos sobre la mesa. La comunicación remitida por la compañía a la CNMV confirma que el acuerdo con DAZN asciende a 330 millones de euros anuales durante cinco temporadas, 1.650 millones en total, para disponer de cinco partidos de Primera División en cada una de las 38 jornadas entre 2027/2028 y 2031/2032. Comunicación oficial de Telefónica a la CNMV A ello se añaden los 2.635,85 millones comprometidos directamente con LaLiga por el lote adjudicado a Telefónica para el mismo ciclo. De esta forma, el compromiso económico asociado a disponer del conjunto de LaLiga alcanza aproximadamente 4.285,85 millones de euros durante cinco temporadas, aunque jurídicamente sean dos contratos distintos. Y todavía falta incorporar el fútbol europeo: Telefónica se adjudicó por 1.464 millones de euros adicionales los derechos exclusivos en España de la Champions League, Europa League, Conference League, Youth League y Supercopa de Europa para las cuatro temporadas comprendidas entre 2027/2028 y 2030/2031, a razón de 366 millones anuales. Adjudicación de los derechos UEFA a Telefónica La suma de ambos compromisos eleva, por tanto, a 5.749,85 millones de euros —prácticamente 5.750 millones— la inversión comprometida por Telefónica para garantizarse la explotación y distribución del principal fútbol español y europeo durante los próximos ciclos audiovisuales. La cifra permite dimensionar con mayor claridad la magnitud de esta apuesta: casi 5.750 millones de euros destinados a LaLiga y las competiciones UEFA, antes de añadir otros posibles derechos deportivos, costes de producción y explotación audiovisual, y sin descontar, en sentido contrario, los ingresos que Telefónica pueda recuperar mediante suscripciones, fidelización de clientes y acuerdos de reventa mayorista a otros operadores.
Esto significa que, considerando únicamente los compromisos futuros conocidos de LaLiga completa y competiciones UEFA, Telefónica tiene asociados alrededor de 5.749,85 millones de euros en derechos y distribución futbolística para los próximos ciclos. No toda esta cantidad debe interpretarse como coste económico neto: Telefónica obtiene ingresos de sus clientes, utiliza el fútbol para reducir bajas y captar abonados de alto valor y recupera parte de su inversión mediante acuerdos mayoristas con otros operadores. Por tanto, comparar directamente 5.750 millones en derechos con 5.750 millones potenciales de I+D sería metodológicamente incorrecto. La comparación relevante no consiste en afirmar que Telefónica podría trasladar automáticamente todo ese dinero a investigación, sino en preguntarse qué revela la magnitud relativa de las distintas prioridades de inversión de una compañía que, al mismo tiempo, considera insuficiente la capacidad financiera del sector para afrontar la transformación tecnológica europea.
El dato que cambia la perspectiva: 647 millones de I+D frente a miles de millones en fútbol
Aquí adquiere especial importancia el EU Industrial R&D Investment Scoreboard 2025 elaborado por el Joint Research Centre de la Comisión Europea. Es una fuente particularmente apropiada porque no mide discursos sobre innovación, sino la I+D empresarial que puede identificarse a partir de las cuentas de las compañías. La edición de 2025 utiliza los datos financieros correspondientes a 2024 y analiza a las 2.000 mayores empresas inversoras en I+D del mundo, responsables de más del 90% de la I+D empresarial global. En conjunto invirtieron aproximadamente 1,446 billones de euros. Las compañías de la UE representaron únicamente el 16,2% de esa inversión, frente al 47,1% de Estados Unidos, y la I+D empresarial europea aumentó un 2,9%, considerablemente menos que el 7,8% estadounidense. EU Industrial R&D Investment Scoreboard 2025 de la Comisión Europea
La fotografía de las telecomunicaciones resulta especialmente reveladora. El análisis de los datos del Scoreboard que ya se ha realizado en Modelo Innovador de Gestión sitúa la inversión en I+D de Telefónica en 647 millones de euros, Deutsche Telekom en aproximadamente 613 millones y Orange en unos 612 millones, mientras que el conjunto de las operadoras europeas identificadas en el ranking se mueve en apenas unos pocos miles de millones. Análisis de la inversión tecnológica de las telecos europeas En el caso concreto de Telefónica, el mismo análisis de la base de datos mundial del Scoreboard sitúa a la compañía en el puesto 364 mundial y en el 60 entre las empresas de la UE, con 647 millones de euros de I+D, equivalentes aproximadamente al 1,57% de sus ventas, frente a un capex de 5.521 millones. Análisis del Scoreboard 2025 y Telefónica
Hay que introducir aquí dos cautelas importantes. Primero, el Scoreboard 2025 refleja las cuentas de 2024, por lo que esos 647 millones corresponden a la etapa anterior a Marc Murtra y no pueden utilizarse como medición de su política de I+D. Segundo, Telefónica emplea en sus propias cuentas metodologías que pueden producir cifras diferentes. De hecho, en sus cuentas de 2025 informó posteriormente de 1.004,2 millones de euros de gasto en I+D, frente a 619 millones en 2024, aplicando las directrices del manual de la OCDE. Cuentas de Telefónica y gasto en I+D de 2025 Esto confirma precisamente por qué las comparaciones deben hacerse utilizando una misma metodología cuando se enfrentan compañías distintas.
Aun introduciendo esas cautelas, la escala resulta ilustrativa. Los 4.285,85 millones comprometidos para disponer de toda LaLiga durante cinco años equivalen a unas 6,6 veces los 647 millones de I+D que el Scoreboard atribuye a Telefónica en un ejercicio. Si se añaden los 1.464 millones correspondientes al siguiente ciclo UEFA, los compromisos futbolísticos conocidos alcanzan unos 5.750 millones de euros. Esto no demuestra que la compañía esté “gastando en fútbol el dinero del 6G”, porque son inversiones con objetivos y retornos distintos, pero sí debilita cualquier interpretación demasiado simple según la cual la escasez absoluta de recursos financieros sea por sí sola la explicación de la limitada inversión tecnológica de las telecos europeas. Existe también una cuestión de estrategia empresarial y de asignación del capital disponible.
Telefónica no es una excepción: las telecos llevan años utilizando el deporte para vender conectividad
El fenómeno tampoco es exclusivamente español. Deutsche Telekom adquirió los derechos audiovisuales de los 51 encuentros de la Eurocopa 2024 para explotarlos a través de MagentaTV, conservando cinco partidos en exclusiva y sublicenciando otros a televisiones alemanas. La compañía presentó explícitamente el torneo como una oportunidad para captar nuevos clientes para su plataforma televisiva. Deutsche Telekom y los derechos de la Eurocopa 2024 La cuantía del contrato no fue hecha pública, lo que impide incorporarla responsablemente a una suma comparable con Telefónica.
El caso italiano ofrece un ejemplo todavía más útil porque sí trascendieron cifras. TIM acordó inicialmente pagar a DAZN más de 340 millones de euros anuales para convertirse en su operador de referencia y distribuir la Serie A durante el ciclo 2021-2024. Cuando el acuerdo no produjo los resultados comerciales esperados, se convirtió en uno de los factores que llevaron a TIM a registrar provisiones extraordinarias por 548 millones de euros y posteriormente renegociar el contrato para ahorrar aproximadamente 100 millones anuales, según las fuentes citadas entonces. Renegociación del acuerdo TIM-DAZN para la Serie A El caso es especialmente relevante para este debate porque demuestra que la compra de fútbol no constituye necesariamente una inversión inocua destinada simplemente a generar ingresos adicionales: puede consumir capacidad financiera cuando el retorno comercial queda por debajo de las expectativas.
También aparecen cifras significativas en operadores de menor tamaño. Proximus contabilizó 132 millones de euros en adquisición de derechos televisivos en 2024, fundamentalmente derechos de emisión, cifra que descendió a 103 millones en 2025. Sin embargo, no existe una base pública homogénea que permita determinar y sumar con suficiente rigor cuánto destinan todas las grandes operadoras europeas a la adquisición de derechos deportivos y contenidos premium. Las estrategias y, sobre todo, la forma de presentar contablemente estos negocios es diferentes: algunas compañías adquieren directamente los derechos, otras distribuyen contenidos pertenecientes a plataformas externas, otras recurren a acuerdos de sublicencia y existen también contratos mayoristas entre operadores. Esta falta de homogeneidad aconseja especial prudencia a la hora de construir una cifra agregada para todo el sector europeo.
En el caso de Telefónica existe una información considerable sobre el importe de determinados contratos, pero no un desglose público que permita calcular cuánto cuesta realmente el fútbol por cada abonado que lo contrata. Las cuentas consolidadas de la compañía detallan, por ejemplo, los compromisos con LaLiga, DAZN y UEFA y explican que los derechos de fútbol y motor, incluidos sus costes inherentes de producción, se imputan a resultados linealmente durante doce meses desde el comienzo de cada temporada. También revelan que, a 31 de diciembre de 2025, Telefónica mantenía 588 millones de euros en pagos anticipados correspondientes a derechos de emisión de acontecimientos deportivos todavía no celebrados, de los cuales 436 millones estaban vinculados a compromisos deportivos futuros. Cuentas consolidadas de Telefónica 2025
Lo que esas cuentas no ofrecen es una correspondencia pública entre el coste total del fútbol y el número concreto de clientes que contratan y pagan por esos contenidos, algo especialmente relevante porque Movistar comercializa el deporte dentro de paquetes convergentes y, además, Telefónica recupera parte de su inversión mediante acuerdos mayoristas con otros operadores. La CNMC ha explicado que, en la oferta mayorista de contenidos premium, intervienen mecanismos destinados a distribuir entre los operadores adquirentes una parte de los costes y del riesgo asumido por Telefónica al comprar derechos exclusivos de fútbol y otros deportes. CNMC: funcionamiento de la oferta mayorista de contenidos premium de Telefónica Por ello, conocer el precio nominal de las adjudicaciones permite cuantificar el compromiso financiero bruto de Telefónica, pero no determinar únicamente con información pública cuál es su coste neto final después de los ingresos obtenidos de clientes, paquetes convergentes y acuerdos mayoristas, ni cuánto representa ese coste por cada abonado que consume el fútbol.
En consecuencia, sería incorrecto fabricar una cifra agregada sobre el gasto audiovisual de todas las telecos europeas o presentar el importe nominal de los derechos como si equivaliera automáticamente a su coste económico neto. Lo que sí puede afirmarse a partir de información publicada es que varias operadoras europeas han destinado durante años cantidades significativas a contenidos deportivos premium como instrumento de captación, diferenciación y fidelización de clientes. Esta circunstancia resulta relevante para el análisis sobre las prioridades de inversión del sector, pero debe examinarse utilizando las cifras contractuales conocidas y distinguiéndolas de estimaciones que las propias compañías no desglosan públicamente.
El contraste con la I+D europea es el verdadero problema estructural
La comparación se vuelve más significativa al ampliar el objetivo. La Comisión Europea señala que Estados Unidos concentra el 47,1% de la inversión en I+D de las 2.000 mayores compañías mundiales, mientras la UE representa el 16,2%. Más importante todavía es la composición de esa inversión: ICT software representa aproximadamente el 24,9% de toda la I+D mundial y las empresas estadounidenses realizan el 77% de la inversión de ese sector. Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft y Apple concentran conjuntamente alrededor del 15% de toda la I+D de las 2.000 mayores compañías del planeta.
Ese es un punto central que puede quedar oculto cuando el debate europeo se reduce a afirmar que las telecos necesitan ser mayores. Europa no sólo tiene operadores más pequeños; tiene una estructura empresarial en la que una proporción mucho menor del capital tecnológico se dirige a software, nube, plataformas, inteligencia artificial y servicios digitales escalables. Un análisis de la propia Comisión sobre el sector digital calculaba que las empresas estadounidenses representaban el 53% de la I+D digital del Scoreboard frente al 8,9% de las europeas y señalaba que Alphabet (Google) y Meta por sí solas invertían 72.000 millones de euros, más que todas las empresas digitales europeas incluidas en aquella comparación.
Por eso la consolidación puede resolver una parte del problema financiero de las telecomunicaciones, pero no demuestra por sí misma que el capital liberado vaya a transformarse en I+D tecnológica europea. Una operadora fusionada puede destinar sus mayores flujos de caja a redes, I+D, reducción de deuda, dividendos, recompra de acciones, adquisiciones, contenidos audiovisuales o cualquier combinación de esas alternativas. La cuestión relevante para la política industrial europea es, por tanto, qué mecanismos convierten la escala empresarial en innovación y no simplemente si las compañías tienen más tamaño.
Draghi: más escala, sí; pero para invertir e innovar
Este matiz resulta especialmente importante porque las operadoras invocan frecuentemente el informe de Mario Draghi para justificar sus peticiones. Y efectivamente, el Informe Draghi sobre el futuro de la competitividad europea recomienda facilitar la consolidación del sector de telecomunicaciones. Propone considerar mercados de dimensión europea en lugar de exclusivamente nacional, otorgar mayor importancia a los compromisos de inversión e innovación cuando se examinen fusiones, reducir determinadas regulaciones ex ante y armonizar las licencias de espectro. Informe Draghi sobre la competitividad europea
Pero la recomendación completa contiene un matiz decisivo: Draghi vincula la consolidación a mayores tasas de inversión en conectividad, innovación y calidad de servicio, y señala expresamente que la creación de escala no debe realizarse sacrificando el bienestar del consumidor. En consecuencia, utilizar a Draghi únicamente como argumento para permitir fusiones más fácilmente ofrece una lectura incompleta. El objetivo de la escala, dentro de la lógica del informe, no es hacer mayores a las empresas como fin en sí mismo, sino crear compañías capaces de invertir más en las infraestructuras y tecnologías que Europa necesita.
Ahí aparece la tensión con el caso de los derechos audiovisuales del fútbol. Si una compañía obtiene más escala y capacidad financiera pero una parte importante de ese excedente se dirige a activos destinados fundamentalmente a captar y retener clientes dentro de mercados nacionales —por ejemplo, derechos exclusivos de fútbol español—, esa inversión difícilmente genera por sí misma las economías tecnológicas paneuropeas que Draghi identifica como necesarias para competir con Estados Unidos y China. El fútbol puede ser racional para Telefónica como estrategia comercial y, simultáneamente, tener una contribución limitada a resolver la brecha tecnológica que sirve de fundamento a las demandas regulatorias del sector. Ambas afirmaciones pueden ser ciertas al mismo tiempo.
Letta: el problema son los 27 mercados, no simplemente la regulación
El informe Much More Than a Market de Enrico Letta ofrece otro elemento importante. Letta reconoce explícitamente los beneficios que la liberalización y la regulación favorable a la competencia han producido: entrada de nuevos operadores, reducción de precios minoristas y avance de la fibra y el 5G. Al mismo tiempo, considera que mantener 27 mercados nacionales separados impide a las empresas alcanzar escala. Según sus cifras, un operador europeo atendía de media a unos cinco millones de abonados, frente a 107 millones en Estados Unidos y 467 millones en China, mientras la inversión en telecomunicaciones ajustada por población se encontraba por debajo de Japón y Estados Unidos. Informe Letta: Much More Than a Market
Letta llegó posteriormente a resumir su propuesta afirmando que Europa debería evolucionar de 27 mercados hacia un único mercado europeo y desde alrededor de 80 operadores hacia quizá 10 o 20, pero añadió un elemento que resulta fundamental para evaluar las reclamaciones actuales: el modelo europeo debe seguir garantizando la protección del consumidor y no limitarse a copiar las estructuras estadounidense o china.
Por ello, los informes Draghi y Letta pueden utilizarse para respaldar una revisión del modelo europeo, pero no constituyen un cheque en blanco para cualquier demanda de las grandes operadoras. Ambos identifican la fragmentación como un problema y reconocen la necesidad de más inversión, pero el resultado perseguido es mayor productividad, innovación, conectividad y capacidad tecnológica europea. La pregunta que inevitablemente surge ante los 5.750 millones comprometidos por Telefónica en los principales derechos futbolísticos futuros es si la mera liberación de recursos regulatorios garantiza que esos recursos terminen precisamente en las actividades tecnológicas que Draghi y Letta consideran estratégicas. La experiencia empresarial demuestra que esa relación no es automática.
Huawei: una contradicción diferente, pero igualmente relevante
El segundo gran conflicto aparece en ciberseguridad. Connect Europe calcula que retirar equipamiento de proveedores considerados de alto riesgo podría costar al sector hasta 40.000 millones de euros y solicita evaluaciones proporcionales y alternativas de mitigación antes de imponer sustituciones obligatorias. La posición empresarial tiene una lógica económica evidente: desmontar equipos que todavía funcionan destruye valor contable y obliga a realizar nuevas inversiones antes del final de su vida útil.
Sin embargo, la posición debe confrontarse con una cronología que modifica sustancialmente el debate. La Comisión Europea manifestó públicamente el 15 de junio de 2023 que Huawei y ZTE presentan “riesgos materialmente más elevados” que otros proveedores 5G y consideró justificadas las decisiones nacionales destinadas a restringirlos o excluirlos. No se trata, por tanto, de un riesgo que Bruselas haya descubierto en 2026. Comunicación de la Comisión Europea sobre Huawei, ZTE y la seguridad 5G
La propuesta de Cybersecurity Act 2, presentada en enero de 2026, transforma esa orientación en un mecanismo potencialmente mucho más vinculante. El texto contempla la retirada de componentes procedentes de proveedores de alto riesgo de activos ICT esenciales y establece que, para las redes móviles, el periodo de eliminación no debería superar 36 meses desde la publicación de la correspondiente lista de proveedores de alto riesgo. Propuesta de Cybersecurity Act 2 de la Comisión Europea
Esto introduce una cuestión de responsabilidad empresarial: ¿quién debe asumir el riesgo económico de una compra realizada cuando las advertencias regulatorias ya eran conocidas? Si una operadora mantuvo o renovó equipamiento de un proveedor después de junio de 2023, podía no existir todavía una prohibición legal en su país, pero sí existía una advertencia política y de seguridad inequívoca de la Comisión. Socializar posteriormente todo el coste de sustitución mediante compensaciones, retrasos regulatorios o relajación de las obligaciones plantearía un problema distinto del de los equipos adquiridos muchos años antes de que existieran esas advertencias.
Lo que realmente ocurrió con Telefónica, Huawei y Marc Murtra
En este punto es imprescindible corregir una posible atribución errónea. No existe base documental para afirmar que Marc Murtra compró o renovó el core 5G residencial de Telefónica con Huawei. El contrato que mantiene a Huawei en el núcleo de la red 5G residencial española hasta 2030 se firmó en diciembre de 2024, bajo la presidencia de José María Álvarez-Pallete, mientras Murtra asumió la presidencia en enero el 18 de 2025. Reuters confirmó posteriormente la cronología. Reuters: renovación del contrato 5G de Telefónica con Huawei EL PAÍS también sitúa expresamente la firma antes de la llegada de Murtra. Información sobre el contrato del core 5G residencial
Pero la cronología no elimina completamente la cuestión empresarial. El contrato se firmó en diciembre de 2024, aproximadamente año y medio después de que la Comisión Europea hubiera declarado públicamente que Huawei presentaba riesgos materialmente superiores a otros proveedores 5G. Jurídicamente, España no había prohibido el uso de Huawei y, por tanto, la operación no equivale a incumplir una prohibición inexistente. Pero desde el punto de vista de gestión del riesgo regulatorio, Telefónica sabía —o podía razonablemente conocer— que la política europea evolucionaba hacia una reducción de la dependencia de estos suministradores.
Bajo la presidencia de Murtra sí aparece documentada otra decisión relacionada con Huawei. En agosto de 2025, El Confidencial informó de que Telefónica había seleccionado a Huawei como proveedor principal del sistema de facturación de sus clientes corporativos B2B, frente a las ofertas de Amdocs y Oracle. La propia información señalaba que la adjudicación todavía debía formalizarse contractualmente y Telefónica defendía que los datos no quedarían bajo control del proveedor ni alojados en su nube. Adjudicación de software B2B de Telefónica a Huawei en 2025 Es importante no confundir ambos casos: esta última adjudicación corresponde a software de facturación empresarial y no constituye evidencia de que Murtra comprara nuevo equipamiento Huawei para el core 5G.
La paradoja es que la propia Telefónica reconocía entonces en sus documentos corporativos que las restricciones por seguridad nacional podían limitar la utilización de determinados suministradores y generar costes adicionales, mientras Alemania ya obligaba a retirar componentes críticos chinos de los núcleos 5G. Posteriormente, el responsable operativo de Telefónica, Emilio Gayo, afirmó que la compañía estaba reduciendo su exposición a Huawei en España para alinearse con las recomendaciones europeas.
La DNA: qué pueden ganar las operadoras y qué pueden arriesgar los ciudadanos
El debate sobre la Digital Networks Act (DNA) debe evitar otra simplificación: la propia Comisión ya acepta una parte considerable del diagnóstico de las operadoras. Su propuesta contempla licencias de espectro más largas y renovables, mayor armonización, mecanismos paneuropeos y condiciones destinadas a facilitar la inversión. Propuesta de la Comisión sobre la Digital Networks Act La evaluación de impacto llega incluso a considerar preferible un modelo de licencias de espectro de duración ilimitada por defecto, acompañado de cláusulas de revisión y mecanismos de revocación. Por tanto, presentar el conflicto como una Comisión empeñada exclusivamente en recaudar mediante subastas frente a operadores que desean invertir sería inexacto.
El problema aparece en el equilibrio final. Si se conceden licencias prácticamente indefinidas, las compañías ganan previsibilidad y pueden reducir el riesgo financiero asociado a futuras subastas, algo que potencialmente favorece la inversión. Pero el espectro es un recurso público escaso y el Estado debe conservar mecanismos que garanticen su utilización eficiente, eviten su acaparamiento y permitan reasignarlo cuando cambien las necesidades tecnológicas. El beneficio para el ciudadano dependerá, por tanto, de que la reducción del coste y de la incertidumbre para los operadores termine efectivamente transformándose en mejor cobertura, mayor calidad y nuevas inversiones.
Algo parecido ocurre con la consolidación empresarial. Menos operadores de mayor tamaño pueden disponer de balances más fuertes y evitar duplicaciones ineficientes de infraestructura, pero una reducción excesiva de la competencia también puede disminuir la presión sobre precios, promociones, calidad e innovación comercial. El propio BEREC —que agrupa a los reguladores nacionales— ha insistido durante la discusión de la DNA en que la competencia continúa siendo un motor de inversión y bienestar del consumidor. Posición de BEREC sobre competencia, inversión y consumidores La organización europea de consumidores BEUC ha advertido igualmente de que una simplificación mal diseñada podría debilitar los controles que han contribuido a mantener competitivos los mercados de telecomunicaciones. Posición de BEUC sobre la Digital Networks Act
La petición de reducir la regulación ex ante presenta el mismo dilema. En mercados verdaderamente competitivos puede resultar razonable eliminar obligaciones creadas cuando existían monopolios de cobre. Pero hacerlo antes de que exista competencia efectiva podría dificultar el acceso de operadores alternativos a determinadas infraestructuras y terminar reduciendo las opciones disponibles para los usuarios. La propia revisión realizada por la Comisión considera que el régimen de operadores con poder significativo de mercado continúa siendo un instrumento esencial de la regulación ex ante, mientras BEREC advierte de la necesidad de conservar capacidad regulatoria para responder a las características de cada mercado nacional. Evaluación de la Comisión sobre el actual marco de telecomunicaciones
La neutralidad de red constituye probablemente el terreno más delicado. El network slicing puede permitir reservar capacidades específicas de una red 5G para hospitales, vehículos conectados, fábricas, emergencias o aplicaciones industriales que necesitan niveles garantizados de latencia y fiabilidad. Existe, por tanto, una justificación tecnológica real para permitir servicios especializados. Pero una flexibilización excesiva podría abrir la puerta a un internet en el que determinados servicios recibieran tratamiento preferente por razones comerciales. La propuesta de la Comisión mantiene formalmente el derecho de los usuarios a acceder y distribuir contenidos y establece que las excepciones a la neutralidad deben ser limitadas y proporcionadas. Texto de la Digital Networks Act sobre derechos de los usuarios y neutralidad de red BEREC y organizaciones de consumidores han pedido que esa protección no se debilite durante la negociación legislativa. Posición de BEREC sobre neutralidad de red en la DNA
El apagado del cobre presenta igualmente costes y beneficios. Mantener simultáneamente cobre y fibra resulta ineficiente y energéticamente costoso, por lo que acelerar la migración puede liberar recursos. Pero un apagado mal ejecutado puede afectar a usuarios vulnerables, zonas rurales o consumidores que todavía dependen de servicios antiguos. La propuesta de la Comisión condiciona inicialmente el apagado a elevados niveles de cobertura de fibra y a la existencia de servicios asequibles, mientras BEREC reclama que la transición sea neutral desde el punto de vista competitivo y proteja adecuadamente a los usuarios.
La pregunta que Bruselas debería responder: no sólo cuánto dinero falta, sino dónde acaba el dinero liberado
De todo ello surge una conclusión más matizada que afirmar simplemente que las telecos europeas “no quieren invertir”. Las operadoras sí realizan inversiones enormes en redes: Connect Europe cifra su esfuerzo anual en unos 64.000 millones de euros, y Europa necesita cantidades extraordinarias para completar fibra, 5G SA y posteriormente 6G. Draghi y Letta tienen fundamento cuando identifican fragmentación, problemas de escala, diferencias regulatorias y políticas de espectro poco coordinadas como obstáculos a la inversión. La Comisión también reconoce buena parte de esos problemas en su propia evaluación de impacto de la DNA.
Pero los datos tampoco permiten aceptar sin más la segunda parte del argumento empresarial: que toda reducción de regulación, toda consolidación o todo ahorro en espectro se transformará necesariamente en innovación tecnológica europea. Telefónica demuestra que una gran operadora puede considerar simultáneamente insuficiente su capacidad de inversión tecnológica y comprometer cerca de 5.750 millones de euros en los principales derechos futbolísticos de los próximos ciclos. TIM llegó a comprometer más de 340 millones anuales con DAZN y tuvo que renegociar posteriormente la operación cuando el retorno no respondió a las expectativas. Deutsche Telekom también ha utilizado derechos deportivos para captar clientes de MagentaTV. Son decisiones empresariales legítimas, pero revelan que la asignación del capital depende de estrategias comerciales y no exclusivamente de las restricciones regulatorias.
La comparación con el EU Industrial R&D Investment Scoreboard 2025 refuerza la cuestión. El problema europeo no consiste únicamente en disponer de menos capital; consiste también en dónde se invierte. Mientras las telecos europeas contabilizan cantidades relativamente reducidas de I+D, las grandes compañías estadounidenses concentran decenas de miles de millones en software, nube, inteligencia artificial, chips, plataformas y centros de datos. La Comisión constata que el crecimiento de la I+D empresarial europea fue del 2,9% frente al 7,8% estadounidense y que Estados Unidos domina ampliamente la I+D en ICT software.
Por eso, la verdadera prueba de cualquier reforma de la DNA no debería limitarse a comprobar si aumenta el margen financiero de Deutsche Telekom, Telefónica, Orange, TIM o los restantes operadores, sino si ese margen adicional se traduce finalmente en más inversión verificable en redes, I+D, innovación y tecnología europea. Desde el punto de vista de los ciudadanos, una reforma que genere operadores financieramente más sólidos puede resultar positiva si produce mejores redes, cobertura rural, resiliencia, servicios avanzados y una Europa tecnológicamente menos dependiente. Pero el resultado sería distinto si la reducción de obligaciones regulatorias desembocara principalmente en menor competencia, precios superiores, rentas empresariales, contenidos comerciales o remuneración al accionista sin un aumento equivalente de la inversión tecnológica.
La misma lógica debería aplicarse a Huawei. Resulta razonable discutir quién debe pagar el coste de retirar anticipadamente equipos adquiridos cuando no existía ninguna advertencia, pero la argumentación cambia cuando las inversiones se realizaron después de que la Comisión declarara públicamente en junio de 2023 que Huawei y ZTE presentaban riesgos materialmente superiores. En esos casos existe un riesgo regulatorio conocido que forma parte de la decisión empresarial. Trasladar posteriormente ese coste íntegramente al consumidor o utilizarlo como argumento para retrasar indefinidamente la reducción de dependencias tecnológicas podría entrar en tensión con el mismo concepto de soberanía tecnológica europea que las operadoras invocan para reclamar cambios en la DNA.
La contradicción fundamental que dejan las dos noticias del 15 de septiembre no es, por tanto, que “Telefónica gaste en fútbol cuando debería gastar en antenas”, una formulación demasiado simplista para explicar las finanzas de una multinacional. Es otra mucho más profunda: las grandes telecos solicitan que Europa modifique competencia, espectro, neutralidad de red, regulación mayorista, apagado del cobre y ciberseguridad porque aseguran que necesitan liberar capacidad financiera para recuperar la soberanía tecnológica; al mismo tiempo, sus propias decisiones empresariales muestran que disponer de mayor capacidad financiera no garantiza por sí mismo que esa capacidad vaya a I+D o tecnología estratégica.
Ese es precisamente el punto en el que los informes Draghi y Letta pueden interpretarse de forma más completa. Europa necesita empresas de mayor escala, pero necesita esa escala para innovar; necesita regulación favorable a la inversión, pero también competencia; necesita redes avanzadas, pero también tecnología propia; necesita seguridad, pero debe decidir quién soporta el coste de las decisiones empresariales adoptadas con riesgos conocidos; y necesita que las ventajas regulatorias concedidas al sector puedan medirse posteriormente en inversiones reales. De lo contrario, Europa podría asumir el coste de reducir competencia, ingresos por espectro o exigencias regulatorias sin tener garantía de que el beneficio obtenido por las compañías termine cerrando la brecha tecnológica que precisamente sirve de justificación para solicitar esas reformas.
Existe, además, una alternativa que merece ocupar un lugar mayor en este debate: alcanzar escala europea no implica necesariamente que la única vía posible sea reducir el número de operadores mediante fusiones y adquisiciones. Las grandes compañías y Connect Europe han concentrado buena parte de sus reivindicaciones públicas en modificar las reglas de concentraciones para facilitar operadores de mayor dimensión, argumentando que la fragmentación limita la inversión y la innovación. Connect Europe y la revisión de las reglas europeas de fusiones Sin embargo, el debate sobre la escala puede plantearse también mediante consorcios, empresas conjuntas, compartición de determinadas infraestructuras, proyectos tecnológicos comunes, compras coordinadas, plataformas interoperables y cooperación transfronteriza en I+D, fórmulas que permitirían compartir costes y alcanzar masa crítica en determinados proyectos sin que ello exigiera necesariamente eliminar competidores mediante su absorción. No existe base suficiente para afirmar que los principales ejecutivos europeos hayan rechazado sistemáticamente todas estas fórmulas —de hecho, el sector utiliza desde hace años distintos modelos de compartición de redes—, pero sí resulta significativo que el discurso actual de las grandes operadoras coloque la flexibilización de las fusiones en el centro de la solución al problema de escala. Esta distinción es relevante para los ciudadanos: cooperación y consolidación no producen necesariamente los mismos efectos sobre la competencia, y por ello debería analizarse si determinadas economías de escala necesarias para desarrollar 6G, inteligencia artificial aplicada a redes, nube, ciberseguridad o infraestructuras paneuropeas pueden alcanzarse mediante proyectos comunes antes de asumir que reducir el número de competidores constituye la única respuesta disponible.
Hay finalmente una cuestión todavía más profunda: la búsqueda de escala empresarial no puede confundirse automáticamente con la construcción de autonomía estratégica europea, especialmente cuando afecta al control de infraestructuras esenciales de comunicaciones. El propio informe de Enrico Letta reconoce que el espectro radioeléctrico continúa estrechamente vinculado a competencias nacionales, incluida la defensa, aunque considera que una mayor armonización resulta necesaria para construir un verdadero mercado único de telecomunicaciones. El Consejo de la Unión Europea ha insistido durante la negociación de la Digital Networks Act en la necesidad de respetar las competencias nacionales, particularmente en la gestión del espectro y en las cuestiones relacionadas con la seguridad nacional. El dilema europeo no consiste, por tanto, simplemente en elegir entre 27 mercados nacionales o unas pocas grandes compañías continentales: consiste en encontrar un modelo capaz de generar escala sin que los Estados pierdan instrumentos imprescindibles para proteger la seguridad, la resiliencia y el control democrático de unas redes que soportan comunicaciones gubernamentales, servicios de emergencia, infraestructuras críticas, actividad económica y, llegado el caso, necesidades de defensa. La propia política europea considera las comunicaciones seguras y resilientes un componente de la autonomía estratégica de la Unión. Consejo de la UE: conectividad y autonomía estratégica europea
Por ello, la integración del mercado europeo de telecomunicaciones no debería plantearse como una transferencia automática de capacidad desde los Estados hacia un reducido número de grandes operadores privados, sino como la búsqueda de un equilibrio entre escala empresarial, competencia, inversión, seguridad y soberanía pública. Si las compañías reclaman a Europa licencias de espectro prácticamente indefinidas, menores obligaciones regulatorias, mayor facilidad para fusionarse y más margen frente a las decisiones sobre proveedores considerados de alto riesgo, resulta razonable que las instituciones europeas y nacionales examinen también qué contrapartidas verificables recibe la sociedad a cambio: cuánto aumenta realmente la inversión en I+D, cuánto mejora la cobertura, qué tecnologías estratégicas se desarrollan en Europa, qué garantías conserva el consumidor y qué capacidad mantienen los poderes públicos para intervenir sobre infraestructuras esenciales en situaciones de crisis. La escala puede ser un instrumento para recuperar competitividad; convertirla en un objetivo independiente de esos resultados supondría confundir el fortalecimiento de determinadas empresas con el fortalecimiento tecnológico y estratégico de Europa.
Para terminar el post quiero manifestar que la paradoja con la que comenzaba este análisis en él post sirve también para cerrarlo. Deutsche Telekom, Orange, TIM, Vodafone y Telefónica ya han demostrado con el European Edge Continuum que es posible cooperar, compartir capacidades y construir escala tecnológica paneuropea sin necesidad de que unas compañías absorban a otras. Sin embargo, los grandes operadores continúan reclamando a Bruselas mayor facilidad para consolidarse, menos cargas regulatorias y más capacidad financiera para invertir, mientras algunas de esas mismas compañías destinan simultáneamente cantidades muy importantes a derechos deportivos y otros activos comerciales orientados a captar y fidelizar clientes. En el caso analizado con cifras públicas, Telefónica tiene comprometidos cerca de 5.750 millones de euros en los próximos ciclos de LaLiga y competiciones UEFA, aunque esa cantidad no equivale a su coste neto final ni puede trasladarse mecánicamente a una comparación con la inversión tecnológica. La cuestión de fondo es otra: la escala empresarial y la soberanía tecnológica europea no son sinónimos, y disponer de mayores recursos no garantiza por sí mismo que esos recursos terminen financiando I+D, 6G, ciberseguridad, nube, inteligencia artificial o infraestructuras estratégicas europeas.
En un mundo crecientemente organizado alrededor de grandes bloques económicos, tecnológicos y comerciales, esa diferencia resulta demasiado importante para ignorarla. La estrategia comercial de cada operador pertenece legítimamente a sus órganos de dirección; pero cuando esas mismas empresas solicitan cambios en las reglas de competencia, espectro, seguridad o consolidación invocando el interés estratégico de Europa, corresponde a las autoridades europeas y nacionales examinar con especial rigor si las ventajas reclamadas producen beneficios verificables para la sociedad: más inversión tecnológica, mejores redes, mayor resiliencia, competencia efectiva, precios razonables y menor dependencia exterior. El European Edge Continuum demuestra que existe al menos otra herramienta sobre la mesa: cooperar para alcanzar escala sin renunciar necesariamente a la competencia. Europa necesita empresas fuertes, pero su autonomía estratégica no puede medirse simplemente por el tamaño de sus operadores. La verdadera medida será comprobar si las decisiones empresariales y regulatorias fortalecen también la tecnología europea, la seguridad de sus comunicaciones y los intereses de los ciudadanos que finalmente financian y utilizan esas redes.
Ya lo dijo George Orwell: «Ver lo que tenemos delante de nuestras narices requiere una lucha constante.»
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