Hay una vieja anécdota económica que encaja con lo ocurrido en el foro B20 de Washington: un empresario se quejaba de que tenía demasiados competidores y necesitaba que desaparecieran algunos para poder invertir más. Un cliente, después de escucharlo, le preguntó: «¿Y quién me garantiza que, cuando tenga menos competencia, invertirá más en lugar de cobrarme más?». El empresario no supo qué responder. Algo parecido sucede con el discurso de Telefónica: reclama menos competidores en nombre de la inversión y la innovación, mientras los datos europeos advierten de que una mayor concentración no garantiza ninguna de las dos cosas. La pregunta sigue siendo la misma: ¿quién garantiza que las fusiones beneficiarán a los ciudadanos y no solamente a las cuentas de resultados de las grandes operadoras?
La representación de Telefónica en el foro B20 celebrado en Washington ha vuelto a defender una receta conocida: menos fragmentación, operadores más grandes y una política europea de competencia más favorable a las fusiones, presentando la concentración empresarial como una vía para impulsar la inversión, la inteligencia artificial y la soberanía tecnológica. Sin embargo, el discurso de Telefónica tropieza con una realidad incómoda: los datos no demuestran que reducir el número de competidores garantice más inversión ni mayor innovación. Los informes de BEREC y los estudios encargados por las organizaciones alemanas de consumidores cuestionan esa relación y muestran, además, que los precios de determinados servicios de banda ancha en Estados Unidos son considerablemente superiores a los europeos. ¿Por qué debería Europa aproximarse a un modelo de mayor concentración sin garantías de mejores resultados para los consumidores? Frente a las reivindicaciones de Telefónica, este análisis que realizo en este post confronta sus argumentos con la evidencia disponible y examina alternativas como los consorcios, las alianzas industriales y la inversión conjunta en tecnología propia. Porque la competitividad europea no debería convertirse en una coartada para debilitar la competencia sin compromisos verificables de inversión e innovación.
TELEFÓNICA ANTE EL B20: LOS DATOS EUROPEOS QUE CUESTIONAN SU DISCURSO SOBRE FUSIONES, COMPETENCIA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL
BEREC y un estudio de las organizaciones alemanas de consumidores aportan datos sobre precios, inversión y concentración empresarial que obligan a examinar las propuestas hechas por Telefónica ante el foro B20 más allá de sus argumentos sobre escala y competitividad.
DEL B20 A BRUSELAS: LOS OBJETIVOS COMPARTIDOS Y LAS SOLUCIONES QUE PROPONE TELEFÓNICA
El encuentro del B20 USA 2026, celebrado en Washington entre el 9 y el 11 de noviembre bajo el lema Accelerating Global Growth, situó la inversión, la innovación, el comercio y la energía entre las principales prioridades empresariales para impulsar el crecimiento económico internacional. El foro, que reunió a cerca de 5.000 delegados y contó con la participación de la CEOE, Telefónica y otras empresas españolas, destacó la importancia de desarrollar infraestructuras digitales, garantizar condiciones regulatorias previsibles y generar confianza en las nuevas tecnologías. Buena parte de sus debates estuvo relacionada con el desarrollo de la inteligencia artificial y con las inversiones necesarias para sostener su expansión, desde las redes de conectividad hasta los centros de datos y los sistemas energéticos. En este contexto, el artículo de Telefónica «Del B20 a Bruselas: redes, escala y certidumbre para una IA competitiva» interpreta las recomendaciones del encuentro como un respaldo a la necesidad de reforzar las inversiones europeas, simplificar la regulación y facilitar que los operadores de telecomunicaciones alcancen una mayor dimensión empresarial.
La compañía relaciona estas prioridades con el diagnóstico del informe Draghi sobre los problemas de competitividad de Europa y recuerda que la Comisión Europea ha estimado en aproximadamente 200.000 millones de euros las necesidades de inversión para alcanzar los objetivos de conectividad de la Década Digital. También señala que los operadores europeos destinan anualmente importantes recursos al despliegue y mantenimiento de sus infraestructuras, mientras afrontan dificultades para obtener una rentabilidad superior a su coste de capital. A partir de este diagnóstico, Telefónica considera que la fragmentación del mercado europeo constituye un obstáculo para invertir y competir internacionalmente. Como argumento ilustrativo, recurre a la comparación entre los 34 grupos de operadores móviles existentes en Europa y los tres grandes grupos estadounidenses, una diferencia que utiliza para defender un marco regulatorio más favorable a la escala empresarial y a la consolidación del sector.
La reforma europea conocida como Digital Networks Act (DNA) ocupa un lugar destacado en este planteamiento. Telefónica considera que puede contribuir a construir un mercado único de telecomunicaciones, armonizar las reglas aplicables a los operadores, proporcionar mayor seguridad jurídica y facilitar inversiones a largo plazo. Su propuesta también incluye revisar la política de competencia para que tenga más en cuenta las economías de escala y establecer condiciones regulatorias equivalentes para los distintos participantes del ecosistema digital. La certidumbre normativa fue, precisamente, uno de los asuntos destacados en el B20, donde Lord Bilimoria, vinculado a la Cámara de Comercio Internacional, situó el coste de la incertidumbre en unos 300.000 millones de dólares, según recoge la información difundida por Telefónica.
La agenda del encuentro, sin embargo, fue más amplia que las reivindicaciones de los operadores de telecomunicaciones. Las recomendaciones empresariales también abordaron la adopción de la inteligencia artificial por las pequeñas y medianas empresas, la inversión sostenida en investigación y desarrollo, la cooperación entre empresas y centros científicos, la seguridad de las infraestructuras críticas y la necesidad de establecer mecanismos de gobernanza que generen confianza. En el ámbito de la inteligencia artificial, las propuestas incluyeron cuestiones relacionadas con la transparencia, la protección de datos, la supervisión humana, la responsabilidad y la proporcionalidad de las obligaciones regulatorias. También se abordaron los riesgos asociados a nuevas tecnologías, incluida la computación cuántica, y la necesidad de trasladar las capacidades científicas europeas a aplicaciones industriales. Por tanto, las recomendaciones generales del B20 no pueden reducirse a una petición de desregulación o concentración empresarial: incluyen objetivos de innovación, seguridad, confianza y competencia que deben considerarse conjuntamente.
Esta distinción resulta especialmente importante al examinar el discurso de Telefónica. La necesidad de invertir más en infraestructuras digitales, desarrollar inteligencia artificial y reducir dependencias tecnológicas constituye un objetivo ampliamente compartido, pero las medidas concretas para conseguirlo siguen siendo objeto de debate. Algunas informaciones internacionales sobre el B20 también han señalado el peso de los intereses empresariales estadounidenses y las dificultades para convertir las recomendaciones de estos encuentros en actuaciones efectivas. Esas observaciones no invalidan las propuestas del foro, aunque recuerdan que sus conclusiones deben diferenciarse de las posiciones particulares de las empresas participantes. Que Europa necesite más inversión y mayor capacidad tecnológica no demuestra, por sí solo, que deba reducir el número de operadores de telecomunicaciones ni que las fusiones sean la vía más eficaz para alcanzar esos objetivos.
Esa relación entre dimensión empresarial, inversión, innovación y competencia constituye el eje del presente análisis. Para examinarla, resulta necesario contrastar las afirmaciones de Telefónica con los datos disponibles sobre precios, estructura de mercado y resultados de las operaciones de concentración, así como valorar las alternativas de cooperación industrial que permiten compartir recursos sin integrar necesariamente la propiedad de las empresas.
1. BEREC Y LAS ORGANIZACIONES ALEMANAS DE CONSUMIDORES: DOS REFERENCIAS PARA EXAMINAR LA CONCENTRACIÓN EMPRESARIAL
El informe Europe’s Telecom Reality Check, identificado en el documento analizado con la referencia BoR (26) 137, del Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas (BEREC), introduce elementos relevantes en el debate sobre la competitividad de las telecomunicaciones. El organismo reconoce que Europa necesita seguir mejorando determinadas prestaciones de sus redes, especialmente las velocidades de descarga y la adopción de conexiones avanzadas, pero también destaca la asequibilidad relativa de los servicios europeos y la capacidad del sector para mantener su actividad inversora. Su análisis cuestiona que pueda establecerse una relación automática entre concentración empresarial y mejores resultados tecnológicos. Según las conclusiones recogidas en el comunicado oficial de BEREC del 6 de octubre de 2026, la evidencia examinada no permite afirmar que una mayor concentración produzca necesariamente más inversión, innovación o competitividad, mientras que determinadas fusiones han ido acompañadas de aumentos de precios.
Esta cuestión ya fue abordada en «BEREC pone contra las cuerdas la estrategia de Murtra y Gayo para Telefónica». Sin embargo, el análisis puede ampliarse con una segunda referencia documental: el estudio encargado por la Federación Alemana de Organizaciones de Consumidores, conocida como Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv), a los especialistas Jörn Sickmann y Andreas Neumann, de IRNIK. El trabajo, titulado Bewertung der Verbraucherperspektive auf die Gesetzesinitiative zum Digital Networks Act, está fechado el 15 de diciembre de 2025 y consta de 169 páginas. Su objeto es evaluar, desde la perspectiva de los consumidores, las posibles consecuencias de las reformas del mercado europeo de telecomunicaciones sobre la inversión, la competencia, los precios y las garantías regulatorias.
El estudio completo de vzbv sobre la Digital Networks Act y los intereses de los consumidores cuestiona que el tamaño de los operadores constituya, por sí solo, una explicación suficiente de las diferencias de inversión entre mercados. En sus conclusiones iniciales, recogidas entre las páginas 4 y 6, los autores destacan la importancia de las economías de densidad locales, las características históricas de las infraestructuras y las condiciones específicas de despliegue. También consideran insuficiente la evidencia disponible para atribuir al marco regulatorio europeo una brecha de inversión de la magnitud que se utiliza para justificar determinadas reformas. Desde esta perspectiva, advierten de que una reducción general de las obligaciones aplicables a operadores con poder significativo de mercado podría perjudicar a sus competidores, reducir la presión competitiva y elevar los precios finales sin garantizar mayores inversiones.
El informe alemán no propone mantener intacta toda la regulación existente. Sus autores identifican disposiciones que podrían simplificarse y plantean mecanismos destinados a facilitar el despliegue de redes, entre ellos la coinversión en infraestructuras de fibra óptica y la previsión de capacidad adicional que permita posteriores despliegues competitivos. Su planteamiento distingue, por tanto, entre eliminar obstáculos innecesarios a la inversión y suprimir obligaciones que cumplen una función de protección de la competencia. La cuestión no es elegir entre regulación e inversión, sino determinar qué reglas facilitan el desarrollo de infraestructuras sin deteriorar las condiciones competitivas que han contribuido a mantener servicios asequibles.
El interés de ambas referencias reside en que permiten examinar las propuestas de Telefónica desde una perspectiva distinta de la dimensión financiera de los grandes operadores. BEREC aporta la visión de los reguladores europeos y el estudio de vzbv incorpora el análisis económico de los efectos potenciales sobre los consumidores. Sus conclusiones no significan que todas las fusiones sean perjudiciales ni que la estructura actual del sector sea necesariamente óptima, pero sí obligan a demostrar los beneficios de cada operación y a compararlos con sus posibles costes.
2. LOS PRECIOS DE BANDA ANCHA EN EUROPA Y ESTADOS UNIDOS: QUÉ MUESTRA REALMENTE LA COMPARACIÓN
Uno de los elementos más relevantes del estudio alemán aparece en sus páginas 92 y 93, donde se reproducen resultados de Mobile and Fixed Broadband Prices in Europe 2022, una investigación elaborada por Empirica para la Comisión Europea. Las cifras corresponden a 2022 y permiten comparar ofertas de banda ancha fija de distintas velocidades, tanto servicios individuales como paquetes combinados con telefonía y televisión. Los importes están expresados en euros ajustados por poder adquisitivo, una precisión indispensable para interpretar correctamente los resultados: no se trata de una conversión directa de las facturas nacionales ni del gasto medio efectivo de todos los hogares, sino de ofertas comparables seleccionadas conforme a la metodología del estudio.
La comparación resulta pertinente porque Telefónica utiliza la estructura del mercado estadounidense como referencia para argumentar que Europa necesita operadores de mayor dimensión. Sin embargo, si se considera ese mercado como ejemplo de escala empresarial, también deben examinarse sus resultados para los consumidores. El número de grandes compañías nacionales puede aportar información sobre la estructura industrial, pero no permite determinar por sí solo si los servicios son más asequibles, si las redes ofrecen mejores prestaciones o si la inversión se traduce en mayores beneficios sociales.
TABLA 1. PRECIOS DE BANDA ANCHA FIJA EN LA UNIÓN EUROPEA Y ESTADOS UNIDOS
Comparación correspondiente a 2022. Euros ajustados por poder adquisitivo.
|
Servicio de telecomunicaciones |
Unión Europea |
Estados Unidos |
Precio de EE. UU. respecto a la UE |
|
Internet fijo de 200 a menos de 1.000 Mbps |
24,94 € |
49,25 € |
1,97 veces |
|
Internet y telefonía de 200 a menos de 1.000 Mbps |
32,60 € |
72,91 € |
2,24 veces |
|
Triple-play de 200 a menos de 1.000 Mbps |
40,37 € |
138,08 € |
3,42 veces |
|
Internet fijo de al menos 1 Gbps |
35,17 € |
80,08 € |
2,28 veces |
|
Internet y telefonía de al menos 1 Gbps |
43,73 € |
121,50 € |
2,78 veces |
|
Triple-play de al menos 1 Gbps |
50,65 € |
186,67 € |
3,69 veces |
Fuente: Figuras 19 y 20, páginas 92 y 93, del estudio encargado por la Federación Alemana de Organizaciones de Consumidores, que reproduce datos de Mobile and Fixed Broadband Prices in Europe 2022, de Empirica.
Nota metodológica: Las categorías corresponden a ofertas comparables según la metodología del estudio. No representan necesariamente las facturas medias pagadas por los consumidores ni permiten aislar el efecto causal de la concentración empresarial sobre los precios.
Los resultados muestran diferencias considerables en las seis modalidades examinadas. En las conexiones individuales de 200 a menos de 1.000 Mbps, el precio comparativo estadounidense prácticamente duplica al europeo, mientras que en las conexiones de al menos 1 Gbps pasa de 35,17 euros en la Unión Europea a 80,08 euros en Estados Unidos. La distancia aumenta en los paquetes que combinan internet, telefonía y televisión: un servicio triple-play de al menos 1 Gbps presenta un precio de 50,65 euros en Europa frente a 186,67 euros en Estados Unidos, lo que supone un importe aproximadamente 3,69 veces superior. En todas las categorías recogidas en la tabla, las ofertas estadounidenses presentan precios comparativos superiores a las europeas.
Estos datos deben interpretarse con rigor. Las diferencias no pueden atribuirse exclusivamente al número de operadores, porque también intervienen los costes de despliegue, la densidad de población, la geografía, las condiciones comerciales, las características de las ofertas y los distintos marcos regulatorios. Además, la comparación se refiere a servicios fijos, por lo que no constituye una medición directa de los efectos de las fusiones entre operadores móviles. No obstante, sí permite cuestionar una interpretación demasiado simple del modelo estadounidense: la existencia de grandes grupos empresariales no demuestra que sus consumidores disfruten de precios más favorables.
El propio estudio alemán examina los elevados precios estadounidenses teniendo en cuenta las diferencias de competencia y regulación, sin ignorar otros factores que influyen en los costes. También señala que los mayores ingresos por usuario registrados en Estados Unidos no se corresponden necesariamente con una mayor disponibilidad de determinadas infraestructuras avanzadas de fibra óptica. Por tanto, la comparación no respalda una relación automática entre mayores ingresos de los operadores, concentración empresarial y mejores redes. Su principal aportación al debate europeo consiste en recordar que la eficiencia de un mercado debe evaluarse también mediante los precios, la calidad de los servicios y las posibilidades de elección de los consumidores, no exclusivamente por la dimensión de las compañías que participan en él.
3. CONCENTRACIÓN, COMPETENCIA E INVERSIÓN: LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN ECONÓMICA
El estudio encargado por vzbv no se limita a comparar precios internacionales. En sus páginas 93 y 94 recoge resultados de Exploring Aspects of the State of Competition in the EU, una investigación publicada en 2024 para la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea. Este trabajo examina la relación entre concentración empresarial, competencia e indicadores económicos en distintos sectores, e incluye estimaciones específicas para los mercados de telefonía móvil. Su interés reside en que aporta un análisis estadístico que complementa la comparación descriptiva entre Europa y Estados Unidos.
Según los resultados reproducidos por los investigadores alemanes, un incremento de 1.000 puntos en el índice Herfindahl-Hirschman, utilizado para medir la concentración de los mercados, se asocia con un aumento del 11% en el ingreso medio por usuario, porcentaje que alcanza el 18% en la estimación específica para la Unión Europea. Por otra parte, la presencia de un operador móvil de red adicional se relaciona con una reducción del ingreso medio por usuario del 7%, que llega al 9% en la estimación europea. Estas cifras proceden de modelos econométricos y describen asociaciones estimadas dentro de las condiciones analizadas. No deben presentarse como resultados inevitables de cualquier fusión ni como efectos causales demostrados para todos los mercados.
TABLA 2. CONCENTRACIÓN, COMPETENCIA E INVERSIÓN EN EL MERCADO MÓVIL
|
Indicador analizado |
Resultado recogido en el estudio |
|
Aumento del ingreso medio por usuario asociado a 1.000 puntos adicionales de concentración |
+11 % |
|
Estimación específica para la Unión Europea |
+18 % |
|
Reducción del ingreso medio por usuario asociada a un operador móvil de red adicional |
−7 % |
|
Estimación específica para la Unión Europea |
−9 % |
|
Aumento estimado de inversión asociado a un operador móvil de red adicional en Europa |
+10 % |
|
Ahorro anual hipotético para los consumidores si todos los países de la UE pasaran de tres a cuatro operadores |
788 millones € |
|
Inversión anual adicional estimada en ese mismo escenario hipotético |
1.200 millones € |
Fuente: Páginas 93 y 94 del estudio alemán sobre la Digital Networks Act y los intereses de los consumidores, que recoge resultados de Exploring Aspects of the State of Competition in the EU, publicado en 2024.
Nota metodológica: Los porcentajes son estimaciones estadísticas, no efectos garantizados. Los importes de ahorro e inversión corresponden a un escenario hipotético. El ingreso medio por usuario, conocido como ARPU, es un indicador económico que no equivale exactamente al precio de una tarifa individual.
Los resultados aportan dos elementos relevantes. El primero es la asociación observada entre mayor concentración e ingresos medios por usuario más elevados, un indicador que obliga a considerar los posibles efectos de las fusiones sobre la competencia. El segundo es que la presencia de operadores adicionales no aparece necesariamente vinculada a una menor inversión. El estudio recoge, además, que los mercados europeos con cuatro operadores móviles de red presentan, en determinadas comparaciones, niveles de inversión superiores a los de mercados con tres o cinco operadores. Esta observación no significa que cuatro empresas constituyan siempre la estructura óptima, pero sí cuestiona que la reducción del número de competidores pueda considerarse una condición general para incrementar el esfuerzo inversor.
La investigación incorpora también un ejercicio hipotético según el cual el paso de tres a cuatro operadores móviles de red en todos los Estados miembros podría asociarse con 788 millones de euros anuales de ahorro para los consumidores y 1.200 millones de euros adicionales de inversión. Estas cantidades dependen de las hipótesis del modelo y no representan ahorros ya obtenidos ni inversiones comprometidas. Su relevancia consiste en mostrar que, bajo determinadas condiciones, la competencia y la inversión pueden evolucionar favorablemente de manera simultánea. La evidencia examinada no permite sostener que una mayor competencia sea necesariamente incompatible con la inversión, del mismo modo que tampoco permite asegurar que toda reducción del número de operadores produzca peores resultados.
La consecuencia para el debate europeo es clara: la conveniencia de una fusión no puede deducirse únicamente del tamaño de las empresas participantes ni de una comparación internacional del número de operadores. Deben analizarse las condiciones de cada mercado, las eficiencias acreditadas, los efectos previsibles sobre los precios y las garantías de que los posibles beneficios se trasladarán a los usuarios. Esta evaluación resulta especialmente necesaria cuando la concentración se presenta como instrumento de política industrial y no solamente como una decisión empresarial.
4. QUÉ DICE BEREC SOBRE LAS FUSIONES Y SUS EFECTOS EN EL MERCADO
Las conclusiones de BEREC complementan la evidencia económica recogida en el estudio alemán. El organismo recuerda que el marco europeo permite operaciones de concentración nacionales y transfronterizas siempre que sean compatibles con las normas de competencia. Por tanto, la legislación comunitaria no establece una prohibición general de que los operadores aumenten su dimensión mediante fusiones. Lo que exige es examinar sus efectos y, cuando corresponda, establecer condiciones o medidas correctoras destinadas a preservar la competencia efectiva.
La documentación de BEREC también recoge que determinadas fusiones han ido acompañadas de aumentos de precios a corto y medio plazo, incluso en operaciones sometidas a medidas correctoras. Al mismo tiempo, el organismo no identifica evidencia clara de que una mayor concentración, considerada de manera aislada, garantice niveles superiores de inversión, innovación o competitividad. Estas conclusiones no excluyen que una operación concreta pueda producir eficiencias, reducir duplicidades o facilitar proyectos de infraestructura. Lo que cuestionan es que esos resultados puedan presumirse sin una evaluación específica.
Las economías de escala que obtiene una compañía y los beneficios que reciben los consumidores no son necesariamente equivalentes. Una fusión puede reducir determinados costes administrativos, integrar activos o mejorar la capacidad financiera de los participantes, pero esas ventajas no garantizan por sí mismas tarifas más asequibles, mejores servicios o mayores inversiones en investigación. Tampoco permiten afirmar que el fortalecimiento financiero de los operadores se traduzca automáticamente en una mejora de la competitividad tecnológica europea. Por ello, una política industrial rigurosa debe distinguir entre los resultados empresariales de una operación y sus consecuencias para el conjunto del mercado.
Este enfoque permite situar el debate en términos más precisos que la oposición entre operadores grandes y pequeños. La cuestión no consiste en rechazar todas las fusiones, sino en determinar cuándo una concentración produce eficiencias verificables, cómo se distribuyen sus beneficios y qué efectos puede tener sobre la competencia. Desde esta perspectiva, la revisión de la política europea de telecomunicaciones debería evitar tanto una oposición indiscriminada a las operaciones empresariales como la presunción de que toda consolidación resulta favorable a la inversión.
5. CONSORCIOS, SOCIEDADES CONJUNTAS Y COINVERSIÓN: ALTERNATIVAS PARA ALCANZAR ESCALA
La discusión sobre la competitividad de las telecomunicaciones suele plantearse como una elección entre mantener la actual estructura empresarial o facilitar una mayor concentración mediante fusiones. Sin embargo, existen fórmulas de cooperación que permiten reunir recursos, repartir riesgos y desarrollar proyectos tecnológicos de gran dimensión sin integrar necesariamente la propiedad de todas las actividades de las empresas participantes. Los consorcios tecnológicos pueden facilitar investigaciones compartidas; las sociedades conjuntas, conocidas como joint ventures, permiten crear entidades específicas para desarrollar determinados negocios; los acuerdos de coinversión distribuyen los costes de las infraestructuras, y las alianzas industriales permiten combinar capacidades complementarias conservando la independencia empresarial.
Estas fórmulas no son intercambiables ni están exentas de riesgos para la competencia. Su conveniencia depende del objeto de la colaboración, de las condiciones de acceso a los resultados y de la posible coordinación entre empresas que continúan compitiendo en otros ámbitos. Sin embargo, ofrecen alternativas que deben evaluarse cuando el objetivo es alcanzar una dimensión suficiente para desarrollar infraestructuras o tecnologías específicas.
TABLA 3. FUSIONES FRENTE A OTRAS FORMAS DE COOPERACIÓN INDUSTRIAL
|
Fórmula |
Objetivo principal |
Consecuencia potencial sobre la competencia |
|
Fusión empresarial |
Integrar compañías y activos. |
Puede eliminar competidores independientes. |
|
Consorcio tecnológico |
Desarrollar conjuntamente proyectos específicos. |
Puede preservar la competencia entre sus miembros. |
|
Joint venture |
Crear una sociedad compartida para una actividad concreta. |
No exige integrar todos los negocios participantes. |
|
Coinversión en redes |
Compartir costes y riesgos de infraestructura. |
Puede facilitar nuevos despliegues sin fusionar operadores. |
|
Alianza industrial |
Reunir capacidades tecnológicas o comerciales complementarias. |
Puede mantener la independencia de las compañías. |
|
Proyecto conjunto de I+D |
Compartir recursos de investigación y desarrollo. |
Permite cooperación tecnológica sin concentración general de propiedad. |
Elaboración propia. Las fórmulas de cooperación también deben respetar las normas de competencia. Sus efectos dependen del diseño de cada acuerdo y de las condiciones del mercado.
El estudio de vzbv contempla expresamente la coinversión como instrumento para facilitar el despliegue de redes de fibra óptica y propone estudiar mecanismos que permitan compartir determinados costes de infraestructura. Esta aproximación resulta relevante porque las necesidades de inversión pueden ser muy elevadas en proyectos específicos, mientras que la competencia comercial entre los operadores puede seguir siendo beneficiosa para los consumidores. Alcanzar escala en una actividad tecnológica no exige necesariamente concentrar la propiedad de todas las empresas que participan en ella.
Por tanto, antes de considerar imprescindible una operación de concentración, resulta pertinente comparar sus efectos con los de otras formas de cooperación. Una fusión puede ser adecuada en determinadas circunstancias, pero la existencia de alternativas industriales impide presentarla como la única respuesta posible a los problemas de dimensión, inversión o desarrollo tecnológico.
6. STARLINK Y LA RESPUESTA DE LAS OPERADORAS EUROPEAS: COOPERACIÓN ANTE UN NUEVO DESAFÍO TECNOLÓGICO
La evolución de las comunicaciones por satélite introduce un elemento adicional en el debate sobre la estructura del sector. La expansión de Starlink y el desarrollo de constelaciones de órbita baja abren nuevas posibilidades para prestar servicios de conectividad, reforzar la cobertura en determinadas zonas y mejorar la resiliencia de las comunicaciones. Como se examinó en el post de este blog, «Starlink: la amenaza fantasma que acecha a Telefónica y a los gigantes europeos de las telecomunicaciones», estas tecnologías introducen nuevos actores y modelos de prestación de servicios que los operadores tradicionales deben tener en cuenta.
La expansión de las comunicaciones satelitales no permite afirmar que vayan a sustituir de manera generalizada a la fibra óptica o a las redes móviles terrestres. Sus prestaciones dependen de la capacidad disponible, las condiciones de cobertura, los costes y la demanda. Sin embargo, sí muestra que la evolución tecnológica puede modificar las condiciones de competencia y exigir respuestas industriales específicas. Una de ellas es la cooperación entre operadores que, aun manteniendo sus negocios independientes, deciden compartir recursos para explorar nuevas oportunidades.
En este contexto resulta relevante la iniciativa examinada en el post, «Murtra: a la fuerza ahorcan… ¡El lobo vino del espacio!», relativa a la colaboración entre Telefónica, Deutsche Telekom, Orange y Vodafone para estudiar una candidatura conjunta relacionada con la conectividad móvil por satélite. El alcance de una iniciativa de estas características debe interpretarse conforme a su estado real de desarrollo: una carta de intenciones o una candidatura en estudio no equivalen a un proyecto ejecutado ni garantizan resultados comerciales. No obstante, constituye un ejemplo de cómo grandes compañías pueden explorar capacidades tecnológicas compartidas sin necesidad de fusionar sus estructuras empresariales.
La relación de Telefónica con proveedores satelitales internacionales en otros mercados, abordada en el post, «Murtra y el naufragio de la coherencia estratégica», introduce además una cuestión relacionada con la soberanía tecnológica. La colaboración con compañías extranjeras no contradice necesariamente una estrategia de autonomía europea, ya que la cooperación internacional puede resultar útil para desarrollar servicios y acceder a capacidades especializadas. Sin embargo, obliga a precisar qué tecnologías se pretende controlar directamente, qué dependencias se consideran aceptables y qué capacidades propias se están construyendo. La dimensión empresarial puede contribuir a determinados proyectos, pero no sustituye esa definición estratégica.
7. INTELIGENCIA ARTIFICIAL: LA DIFERENCIA ENTRE DISPONER DE REDES Y DESARROLLAR TECNOLOGÍA PROPIA
Telefónica relaciona la necesidad de operadores de mayor dimensión con la competitividad europea en inteligencia artificial. La conectividad constituye una infraestructura esencial para numerosos servicios digitales, pero es necesario distinguir entre construir redes, comercializar soluciones tecnológicas, utilizar herramientas de inteligencia artificial y desarrollar los modelos, el software y la propiedad intelectual que sustentan esas tecnologías. Son actividades relacionadas, aunque requieren capacidades, inversiones y conocimientos diferentes. La propiedad de una red de telecomunicaciones no implica automáticamente el control de las tecnologías fundamentales de inteligencia artificial que utilizan sus clientes o sus propios servicios.
Esta distinción se abordó en los post, «La IA deja desnudo a Murtra y a las grandes telecos europeas» y en «Telefónica, las verdades del barquero a Borja Ochoa sobre la IA», donde se examina la distancia entre la inversión investigadora de las grandes plataformas tecnológicas internacionales y la de Telefónica. La comparación requiere cautela porque los modelos de negocio son distintos, pero permite ilustrar las diferencias de recursos dedicados al desarrollo tecnológico.
Según los datos recogidos en el EU Industrial R&D Investment Scoreboard 2025, elaborado por la Comisión Europea de la Comisión Europea, las 2.000 mayores empresas inversoras del mundo destinaron aproximadamente 1,446 billones de euros a investigación y desarrollo en 2024. Las compañías estadounidenses concentraron el 47,1 % de esa inversión, frente al 16,2 % correspondiente a las empresas de la Unión Europea y el 16,1 % de las compañías chinas. Estos porcentajes reflejan una diferencia estructural en la inversión empresarial en I+D, aunque no permiten atribuir su origen exclusivamente a la organización del mercado europeo de telecomunicaciones.
TABLA 4. TELEFÓNICA FRENTE A LAS GRANDES TECNOLÓGICAS: INVERSIÓN EN I+D EN 2024
|
Empresa |
Inversión en I+D |
Relación respecto a Telefónica |
|
Amazon |
65.318 millones € |
105,5 veces |
|
Alphabet |
46.131 millones € |
74,5 veces |
|
Meta |
41.986 millones € |
67,8 veces |
|
Microsoft |
31.272 millones € |
50,5 veces |
|
Apple |
30.195 millones € |
48,8 veces |
|
Telefónica |
619 millones € |
1 vez |
Fuentes de referencia: EU Industrial R&D Investment Scoreboard 2025 y documentación financiera de Telefónica.
Nota metodológica: Los importes corresponden al conjunto de actividades de cada compañía, no exclusivamente a inteligencia artificial. La comparación debe interpretarse teniendo en cuenta las diferencias entre modelos empresariales y los criterios contables utilizados para registrar la investigación y el desarrollo.
Las cifras muestran una diferencia considerable entre la inversión investigadora de Telefónica y la de las principales plataformas tecnológicas internacionales. Amazon aparece con 65.318 millones de euros de inversión en I+D en 2024, frente a los 619 millones atribuidos a Telefónica en el mismo ejercicio. Alphabet, Meta, Microsoft y Apple también presentan magnitudes muy superiores. Esto no significa que una operadora de telecomunicaciones deba destinar necesariamente los mismos recursos que una compañía centrada en plataformas digitales, ni permite determinar qué empresa obtiene mejores resultados por cada euro invertido. Lo que muestra es que la capacidad para desarrollar determinadas tecnologías propias depende de inversiones y conocimientos específicos que no pueden deducirse únicamente del número de clientes o del tamaño de las redes.
El texto analizado también recoge que Telefónica elevó su inversión en I+D hasta aproximadamente 1.004 millones de euros en 2025, un avance que debe considerarse al evaluar la evolución de su esfuerzo investigador. No obstante, para determinar su alcance tecnológico resulta necesario conocer la naturaleza de los proyectos financiados, las capacidades desarrolladas y los resultados obtenidos. Una operación de concentración puede ampliar la base de clientes, integrar activos o mejorar determinadas economías de escala, pero no garantiza que los recursos adicionales se destinen a investigación, desarrollo de modelos propios o creación de propiedad intelectual.
Por ello, si Telefónica considera que una mayor concentración empresarial resulta necesaria para competir en inteligencia artificial, la relación debería justificarse mediante proyectos concretos, presupuestos comprometidos y objetivos tecnológicos verificables. También debería explicarse por qué esos proyectos no podrían desarrollarse mediante consorcios de investigación, sociedades conjuntas o alianzas industriales europeas. La competitividad en inteligencia artificial no puede medirse únicamente por la dimensión de las operadoras, sino por las capacidades tecnológicas que desarrollan y controlan efectivamente.
8. SOBERANÍA TECNOLÓGICA: PROPIEDAD DE LAS INFRAESTRUCTURAS, CONTROL OPERATIVO Y DEPENDENCIAS EXTERNAS
El debate sobre la soberanía tecnológica exige distinguir conceptos que con frecuencia aparecen asociados. La propiedad de una infraestructura, la localización de los datos, la capacidad para operar un servicio, el control del software y la titularidad de la propiedad intelectual son dimensiones diferentes. Una compañía puede comercializar servicios digitales avanzados utilizando plataformas desarrolladas por terceros y mantener determinadas garantías de seguridad, cifrado y residencia de datos sin controlar todos los componentes tecnológicos empleados. Del mismo modo, puede conservar la capacidad de prestar servicios aunque haya transferido la propiedad de determinadas instalaciones a otros operadores o inversores.
Esta distinción se examina en el post, «El caballo de Troya de Murtra, Gayo y Ochoa», donde se analizan decisiones empresariales de Telefónica relacionadas con infraestructuras y proveedores tecnológicos. Uno de los antecedentes relevantes es la venta de once centros de datos a Asterion Industrial Partners, anunciada por Telefónica el 8 de mayo de 2019, por 550 millones de euros. La operación comprendía instalaciones situadas en siete países, con una capacidad conjunta de 29 MW, y contemplaba acuerdos destinados a mantener la prestación de determinados servicios.
La operación no demuestra que Telefónica perdiera el control de todas sus capacidades digitales ni que la decisión fuera necesariamente perjudicial. Tampoco puede atribuirse a Marc Murtra, que asumió la presidencia años después. Su interés para este análisis reside en que muestra cómo una compañía puede separar la propiedad de determinados activos de la continuidad de sus servicios mediante acuerdos contractuales. Por tanto, cuando se utiliza el concepto de soberanía tecnológica, resulta necesario precisar si se hace referencia a la titularidad de las infraestructuras, al control operativo, a la capacidad de sustituir proveedores o al desarrollo de tecnología propia.
La misma distinción se aplica a las alianzas con proveedores internacionales de computación en la nube. Una solución puede incorporar garantías de residencia de datos y control operativo utilizando tecnologías desarrolladas fuera de Europa. Eso no permite calificarla automáticamente como carente de soberanía, pero tampoco demuestra que exista plena autonomía tecnológica. Para evaluar su alcance deben examinarse las dependencias del software, la capacidad de migración entre proveedores, las condiciones de continuidad del servicio, los derechos sobre la información y el control de los componentes críticos.
El análisis desarrollado en el post, «Telefónica, las verdades del barquero a Borja Ochoa sobre la IA» también aborda la evaluación de ofertas para desarrollar servicios de nube pública soberana en Cataluña. Los resultados de una licitación pueden aportar información sobre la adecuación técnica y económica de las propuestas presentadas, pero deben interpretarse conforme a los criterios de adjudicación y al objeto del contrato. Una puntuación individual no constituye, por sí sola, una medida general de la capacidad tecnológica de una empresa.
Desde esta perspectiva, la soberanía tecnológica europea requiere identificar y reducir dependencias críticas, desarrollar capacidades propias y garantizar el control efectivo de los servicios esenciales; no puede equipararse sin más al tamaño de las compañías que los comercializan. Una mayor dimensión empresarial puede facilitar determinadas inversiones, pero sus efectos sobre la autonomía tecnológica deben demostrarse mediante resultados concretos.
9. LA DIGITAL NETWORKS ACT: REFORMAR LA REGULACIÓN SIN CONFUNDIR INTEGRACIÓN Y CONCENTRACIÓN
La Digital Networks Act constituye uno de los principales instrumentos regulatorios en torno a los cuales se articula el debate europeo sobre el futuro de las telecomunicaciones. Telefónica considera que esta reforma puede favorecer un mercado más integrado, proporcionar estabilidad a las inversiones y facilitar que los operadores alcancen mayor escala. La armonización de determinadas reglas, la reducción de trámites innecesarios y la mejora de las condiciones para desplegar infraestructuras son objetivos que pueden contribuir al desarrollo del sector. Sin embargo, deben distinguirse de las modificaciones destinadas específicamente a facilitar la concentración empresarial, porque sus efectos sobre el mercado no son equivalentes.
En él post, «La Digital Networks Act avanza en Europa mientras Murtra repliega Telefónica» se examinan las principales cuestiones debatidas en torno a la reforma, entre ellas las condiciones de acceso a las infraestructuras, el espectro radioeléctrico, las relaciones entre operadores y grandes proveedores digitales y las obligaciones regulatorias. Estas materias tienen consecuencias diferentes para las compañías establecidas, los operadores alternativos y los consumidores, por lo que no deberían tratarse como un único bloque de desregulación.
El estudio encargado por vzbv advierte de que una reducción general de la regulación previa aplicable a operadores con poder significativo de mercado podría dificultar la actividad de sus competidores, elevar los precios y reducir las posibilidades de elección, sin garantizar un incremento de las inversiones. También señala que una modificación profunda del marco normativo pocos años después de una reforma importante puede generar incertidumbre jurídica y afectar a la planificación empresarial. Esta observación resulta relevante porque la estabilidad regulatoria no depende exclusivamente de reducir obligaciones: también exige reglas previsibles y una evaluación cuidadosa de las consecuencias de los cambios.
Los autores del estudio alemán contemplan, al mismo tiempo, la simplificación de disposiciones que han adquirido una complejidad excesiva y la introducción de mecanismos que faciliten la coinversión y el despliegue de redes. Su planteamiento permite diferenciar una reforma orientada a mejorar el funcionamiento del mercado de otra basada principalmente en flexibilizar las condiciones de concentración. La integración regulatoria europea puede facilitar inversiones y proyectos transfronterizos sin exigir necesariamente la desaparición de operadores independientes.
La Digital Networks Act debería evaluarse, por tanto, atendiendo a su capacidad para mejorar el despliegue de infraestructuras, reducir costes injustificados, proporcionar seguridad jurídica y preservar una competencia efectiva. La reforma no tiene por qué mantener intactas todas las obligaciones existentes, pero tampoco debería asumir que una reducción del número de competidores constituye, por sí misma, un avance hacia la competitividad.
10. LAS DECISIONES EMPRESARIALES DE TELEFÓNICA TAMBIÉN DEBEN FORMAR PARTE DEL ANÁLISIS
El debate sobre la competitividad europea no puede atribuir todas las dificultades del sector de telecomunicaciones al marco regulatorio. Las decisiones sobre inversión, endeudamiento, desinversiones, organización empresarial y asignación de capital corresponden también a las compañías y a sus órganos de dirección. La regulación puede condicionar las oportunidades de negocio, pero no determina por completo las prioridades tecnológicas ni sustituye la responsabilidad empresarial sobre los recursos disponibles.
En los post, «Europa cambia, Telefónica pierde el rumbo» y «Telefónica, las verdades del barquero a Borja Ochoa sobre la IA» se examinan cuestiones relacionadas con la reorganización internacional de Telefónica, sus prioridades tecnológicas y la relación entre su estrategia financiera y sus objetivos de innovación. Las desinversiones y la concentración de recursos en determinados mercados pueden responder a decisiones legítimas de reducción de deuda, mejora de rentabilidad o reasignación de capital. Su conveniencia debe evaluarse mediante indicadores comparables de generación de caja, crecimiento, inversión y resultados tecnológicos, evitando deducir automáticamente que una reorganización financiera implica una mejora de la capacidad innovadora.
Esta distinción también resulta aplicable a las reivindicaciones de mayor escala empresarial. Si Telefónica considera que determinadas fusiones permitirían desarrollar mejores redes, incrementar la investigación o fortalecer la autonomía tecnológica, debería identificar las inversiones adicionales que prevé realizar y los resultados que espera conseguir. Del mismo modo, una evaluación equilibrada debe tener en cuenta las decisiones que la compañía ya puede adoptar dentro del marco regulatorio existente, sin atribuir a la regulación todos los obstáculos para su desarrollo.
La competitividad no puede medirse únicamente por las reformas que una empresa solicita a las instituciones, sino también por la eficacia con la que utiliza sus recursos, desarrolla proyectos y transforma sus inversiones en capacidades tecnológicas.
11. EL CONTRASTE DOCUMENTAL: QUÉ SOSTIENE TELEFÓNICA Y QUÉ PERMITEN CONCLUIR LOS DATOS
El artículo de Telefónica sobre el B20, las conclusiones de BEREC y el estudio encargado por las organizaciones alemanas de consumidores permiten identificar los principales puntos de acuerdo y discrepancia. Existe coincidencia en la importancia de mejorar las infraestructuras, facilitar inversiones sostenidas y reforzar la capacidad tecnológica europea. Las diferencias aparecen cuando se examinan los instrumentos propuestos para alcanzar esos objetivos, especialmente la relación entre concentración empresarial, competencia, precios e innovación.
TABLA 5. LAS AFIRMACIONES DE TELEFÓNICA FRENTE A LA EVIDENCIA EXAMINADA
|
Cuestión |
Argumento de Telefónica |
Resultado del contraste documental |
|
Fragmentación empresarial |
El elevado número de operadores europeos limita la escala. |
El número de operadores no demuestra por sí solo una menor eficiencia. |
|
Concentración e inversión |
Una mayor dimensión favorecería la capacidad inversora. |
BEREC no encuentra evidencia clara de que la concentración, por sí sola, garantice más inversión. |
|
Precios |
El debate se centra en mejorar la escala y la rentabilidad. |
Las ofertas europeas examinadas presentan precios comparativos inferiores a las estadounidenses. |
|
Competencia |
Se reclama una política que valore más la escala empresarial. |
Los estudios examinados encuentran asociaciones entre mayor concentración e ingresos por usuario más elevados. |
|
Alternativas a las fusiones |
La consolidación ocupa un lugar destacado en las propuestas del sector. |
Existen consorcios, joint ventures, coinversiones y alianzas industriales. |
|
Inteligencia artificial |
Las redes y la escala empresarial se presentan como condiciones esenciales. |
El desarrollo de IA propia requiere inversiones, conocimientos y proyectos específicos. |
|
Soberanía tecnológica |
Se reclama reforzar a los grandes operadores europeos. |
El tamaño empresarial no equivale automáticamente a controlar software y propiedad intelectual. |
|
Digital Networks Act |
Se defiende la simplificación normativa y una mayor certidumbre regulatoria. |
La reforma debe equilibrar inversión, competencia, seguridad jurídica y derechos de los usuarios. |
Fuentes principales: Artículo de Telefónica sobre el B20; conclusiones oficiales de BEREC; estudio de la Federación Alemana de Organizaciones de Consumidores.
La comparación muestra que las necesidades de inversión y los problemas de competitividad europea no están necesariamente en discusión. Lo que requiere una justificación más sólida es la elección de las medidas destinadas a resolverlos. La evidencia disponible no permite considerar las fusiones como una solución automáticamente beneficiosa, pero tampoco excluye que puedan resultar adecuadas en determinados mercados. La cuestión decisiva es establecer qué operaciones generan eficiencias verificables, cómo afectan a la competencia y qué resultados producen para los consumidores.
CONCLUSIÓN: EUROPA NECESITA MÁS INVERSIÓN, PERO LA CONCENTRACIÓN EMPRESARIAL NO PUEDE PRESENTARSE COMO UNA SOLUCIÓN DEMOSTRADA
El artículo de Telefónica sobre el B20 plantea objetivos relevantes para el futuro económico europeo: desarrollar redes avanzadas, movilizar inversiones sostenidas, reforzar la investigación, facilitar la adopción de la inteligencia artificial y reducir dependencias tecnológicas estratégicas. También identifica la necesidad de disponer de un marco regulatorio estable y de mejorar las condiciones para ejecutar proyectos industriales de gran dimensión. Sin embargo, la importancia de esos objetivos no demuestra que las fusiones empresariales sean necesarias para alcanzarlos ni que una reducción de la competencia produzca automáticamente mejores resultados.
Los datos examinados permiten establecer una distinción fundamental entre las necesidades del sector y las soluciones defendidas por los grandes operadores. La comparación de precios recogida por la Federación Alemana de Organizaciones de Consumidores muestra que las ofertas estadounidenses de banda ancha fija presentan importes considerablemente superiores a las europeas en las seis categorías analizadas. Una conexión individual de al menos 1 Gbps alcanza los 80,08 euros en Estados Unidos frente a 35,17 euros en la Unión Europea, mientras que un paquete triple-play de la misma velocidad presenta una diferencia de 186,67 frente a 50,65 euros. Estas cifras no permiten atribuir toda la diferencia a la estructura empresarial de los mercados, pero sí cuestionan que el modelo estadounidense pueda utilizarse como referencia de escala sin considerar también sus resultados para los consumidores.
La investigación económica recogida en el mismo estudio encuentra asociaciones entre una mayor concentración de los mercados móviles y mayores ingresos medios por usuario. También identifica relaciones favorables entre la presencia de operadores adicionales y determinados indicadores de competencia e inversión, aunque sus resultados dependen de las condiciones y los modelos utilizados. Las conclusiones de BEREC refuerzan la necesidad de cautela: las fusiones pueden generar eficiencias, pero sus beneficios deben demostrarse individualmente, mientras que determinadas operaciones han ido acompañadas de aumentos de precios. La evidencia examinada no respalda una relación automática según la cual menos operadores significan más inversión, más innovación o mejores servicios.
El análisis también muestra que la dimensión tecnológica no exige necesariamente la integración de la propiedad empresarial. Los consorcios, las sociedades conjuntas, las alianzas industriales y los acuerdos de coinversión permiten compartir recursos y desarrollar proyectos específicos manteniendo, bajo determinadas condiciones, la independencia de los participantes. Estas fórmulas también requieren controles de competencia y no garantizan el éxito de todas las iniciativas, pero constituyen alternativas que deben compararse con las fusiones antes de considerar imprescindible una concentración del mercado. La evolución de las comunicaciones por satélite y las iniciativas de cooperación entre operadores europeos ilustran la utilidad de examinar estas posibilidades.
En inteligencia artificial y soberanía tecnológica, el problema presenta además características propias. La capacidad para desarrollar modelos, software, plataformas de computación y propiedad intelectual depende de conocimientos especializados e inversiones que no pueden deducirse únicamente del tamaño de una operadora de telecomunicaciones. Del mismo modo, la propiedad de una red no equivale al control de todos los componentes tecnológicos utilizados para prestar servicios digitales. Una empresa puede ampliar su dimensión y comercializar soluciones avanzadas sin reducir necesariamente sus dependencias estratégicas. La autonomía tecnológica debe evaluarse mediante las capacidades que se desarrollan y controlan efectivamente, no solo por el tamaño de las compañías que operan las infraestructuras.
La Digital Networks Act (DNA) puede contribuir a mejorar las condiciones de inversión, simplificar procedimientos y favorecer un mercado europeo más integrado. Sin embargo, su evaluación debería considerar los efectos de cada reforma sobre los operadores establecidos, los competidores alternativos y los consumidores. La estabilidad normativa y la protección de la competencia no son objetivos incompatibles con la inversión. Por el contrario, una regulación adecuada debe procurar que las mejoras en las condiciones empresariales se traduzcan en infraestructuras de calidad, innovación y servicios asequibles.
Por ello, la cuestión que corresponde plantear a la dirección de Telefónica es concreta: ¿qué inversiones adicionales en investigación y tecnología propia permitirían realizar las fusiones que defiende, qué beneficios verificables obtendrían los consumidores y por qué esos mismos objetivos no podrían alcanzarse mediante consorcios, sociedades conjuntas, coinversiones y alianzas industriales? La respuesta requiere proyectos identificables, presupuestos, compromisos y criterios que permitan evaluar sus resultados. Sin esa información, la concentración empresarial puede defenderse como una opción estratégica, pero no presentarse como una condición tecnológica demostrada para garantizar la competitividad europea.
Europa necesita más inversión, más investigación, mejores infraestructuras y una mayor capacidad para desarrollar tecnología propia. También necesita competencia efectiva, precios asequibles y consumidores protegidos. Los datos examinados no demuestran que para conseguir lo primero sea necesario sacrificar lo segundo.
La competitividad europea debería medirse, en definitiva, por los resultados que produce: las infraestructuras que se despliegan, las tecnologías que se desarrollan, la innovación que se genera, la calidad de los servicios y las condiciones en las que ciudadanos y empresas pueden acceder a ellos. El objetivo no debería ser reducir el número de competidores como un fin en sí mismo, sino construir un sector capaz de invertir e innovar sin perder los beneficios de una competencia efectiva.
Epílogo: cuando los intereses empresariales pretenden imponerse a los datos
La representación de Telefónica en el B20 de Washington ha ofrecido una imagen preocupante de cómo no debería defenderse el futuro de una empresa centenaria. Presentar las fusiones y la concentración empresarial como condiciones necesarias para garantizar la inversión, la innovación y la soberanía tecnológica europea, sin aportar pruebas suficientes de esa relación, supone una debilidad argumental difícil de justificar en un foro internacional de semejante relevancia. BEREC no encuentra evidencia clara de que reducir el número de operadores garantice mayores inversiones, mientras que los estudios recogidos por la Comisión Europea y las organizaciones alemanas de consumidores advierten de los riesgos de la concentración para la competencia y los precios. Defender intereses empresariales es legítimo; convertirlos en supuestas certezas económicas, ignorando los datos que obligan a matizarlos, es otra cosa muy distinta.
Lo preocupante es que una compañía con más de cien años de historia proyecte, a través de sus representantes, un discurso que parece construido para justificar una conclusión previamente elegida, en lugar de someter sus propuestas al contraste riguroso de la evidencia. La improvisación argumental, las comparaciones incompletas y la utilización selectiva de los datos no fortalecen la posición de Telefónica ante Europa: debilitan la credibilidad de quienes hablan en su nombre. Una empresa de su trayectoria merece representantes capaces de explicar qué inversiones concretas permitirían las fusiones, qué mejoras recibirían los consumidores y por qué esos objetivos no podrían alcanzarse mediante cooperación industrial, coinversión e investigación tecnológica compartida.
Y aquí regresamos a la anécdota con la que comenzaba este post. Aquel empresario que se quejaba de tener demasiados competidores tampoco supo responder cuando un cliente le preguntó quién garantizaba que, al desaparecer parte de la competencia, invertiría más en lugar de limitarse a cobrar más. Esa es exactamente la pregunta que sigue pendiente después del B20 de Washington. Los representantes de Telefónica ha explicado por qué quiere operadores más grandes, pero no ha demostrado que esa mayor dimensión se traduzca necesariamente en más innovación, mejores servicios o beneficios para los ciudadanos.
La lección es tan sencilla como contundente: cuando los intereses empresariales se anteponen a la evidencia, no se está defendiendo mejor a una compañía; se está poniendo en cuestión la credibilidad de quienes la representan. Y mientras Telefónica no responda con compromisos verificables a la pregunta de aquel cliente, su defensa de las fusiones seguirá teniendo el mismo problema que la del empresario de la anécdota: muchos argumentos para reducir la competencia, pero ninguna garantía de que los consumidores vayan a salir ganando.
Ya lo dijo John Adams: «Los hechos son testarudos; y cualesquiera que sean nuestros deseos, nuestras inclinaciones o los dictados de nuestras pasiones, no pueden alterar el estado de los hechos y las pruebas».


No hay comentarios:
Publicar un comentario