Decía Maquiavelo la siguiente frase: Se debería recordar que no hay nada más difícil de emprender, más peligroso de llevar a cabo y con menos garantías de éxito, que tomar la iniciativa en la introducción de un nuevo orden de cosas, porque la innovación tiene como enemigos a todos aquellos que se beneficiaron de las condiciones antiguas. La gente teme y desconfía de la persona que promueve el cambio y no cree en nuevas ideas hasta que no tiene una larga experiencia con ellas”. La cita aparece en su célebre obra “El Príncipe”.
Es realidad, ver cómo se utiliza el término “maquiavélico” con graves connotaciones negativas, cuando en realidad Maquiavelo fue un gran observador de la realidad de su tiempo. Supo entender los mecanismos de ejercicio del poder en diferentes ámbitos de la sociedad, militar o civil. En nuestros tiempos es extensible también al mundo empresarial. Describió acertadamente cómo era el ejercicio del poder en su tiempo, desde entonces no ha cambiado tanto. Prueba de ello es que el poder cuando se enquista en una organización empresarial tiende a cubrir sus incapacidades con el señuelo de la propaganda desinformativa. Hay dos lugares que revelan dicha situación, las métricas que presenta la compañía ante la sociedad y su cotización en bursátil. Un buen empresario debe entender el funcionamiento de los mecanismos de poder en su organización. Las compañías necesitan cambios a lo largo de su vida para adaptarse a los cambios de entorno económico y social, ergo deberán cambiar para adaptarse a las nuevas circunstancias y a la nueva estrategia que lo tiempos requieran. Sin embargo, vemos con desidia y hastío que los cambios que se producen en algunas empresas del IBEX, como Telefónica, siempre son encabezados por los mismas personas con un mismo fin, como bien relató, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, "Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie".
Son los juegos de poder que se desarrollan dentro de cualquier organización empresarial, al contrario de lo que sucede en la serie “Juego de Tronos”, en algunas compañías no existe una lucha con pérdida de poder y desaparición de la persona de la estructura de la organización, sino que el perdedor termina acomodándose en un retiro dorado donde yace plácidamente bajo el cobro de suculentas retribuciones. En las grandes empresas hay muchos poderes e influencias que juegan en las relaciones y en las decisiones; en ellas mandan principalmente sus dueños, que son los que tienen los paquetes accionariales más grandes, les siguen en menor medida, los directivos, los sindicatos, los empleados, los poderes públicos, los proveedores, etc., (Teoría de los stakeholders). Estos juegos de poder pueden ser, destructivos o productivos. Sería un gran error obviar el carácter político de las grandes compañías de nuestro país. En ellas existen coaliciones políticas con sus propias agendas y sus puntos de vista sobre las acciones que debe emprender la compañía. Las líneas políticas cruzan las funcionales de la propia empresa, departamentales o divisionales. Incluso a veces cruzan las líneas formales. Asumido que las grandes empresas son organizaciones con dimensión política al tener una operativa que gravita e incide sobre la “polis”, por cuanto su funcionamiento está basado en la relación entre personas con el fin de satisfacer los intereses tanto, de los clientes o ciudadanos de la sociedad a los que sirven, como de los dueños de la compañía… Sus accionistas.
Estos días la polarización política con sus terminales mediáticas ha propiciado que una noticia con profundo calado económico para nuestro país, haya pasado sin mucho ruido, pese a la importancia que tiene la misma para el devenir futuro de los activos estratégicos. El 21 de mayo se publicaba en la prensa la noticia de que el holding inversor de La Caixa, Criteria, se lanzaba a comprar acciones de Telefónica hasta alcanzar a la SEPI en el accionariado de la operadora con un 10% https://tinyurl.com/3dtrhew4 Criteria tenía ya un 5% del capital de la operadora, sin embargo, para este aumento hasta duplicar dicha participación debe tener la aprobación del gobierno español, cuestión esta que por lo que parece ya tiene de forma tácita. Fainé ya ha transmitido a las personas convenientes su decisión de llegar al 10% de Telefónica. Para ello, teniendo en cuenta el actual precio en bolsa de la operadora, ‘la Caixa’ necesitará cerca de 600 millones de euros adicionales https://tinyurl.com/3dtrhew4 En el mercado se da por descontado que la institución no tendrá problemas en encontrar recursos financieros para esta transacción, cuyo trasfondo es mantener el poder de influencia en Telefónica del que Fainé ha gozado en los últimos treinta años siendo consejero dominical de la misma. El fin último es formar un núcleo estable dentro del capital de Telefónica que iguale a sus pares principales de Europa, como son Orange (el Estado francés tiene el 23%) y Deutsche Telekom (el estado alemán tiene un 15% de forma directa y otro 15% a través del banco público Kfw). En esta ecuación falta por saber el papel que jugará el BBVA, el cual tiene un 4,9% del capital y ha quedado descolgado del hoy núcleo estable que formarán cuando se consolide dicha realidad de Criteria y la SEPI. El BBVA está inmerso en una batalla con el Banco Sabadell por la OPA lanzada con un futuro incierto, máxime si tenemos en cuenta que goza de la oposición del gobierno español como ya manifestó el ministro de Economía, Carlos Cuerpo https://tinyurl.com/487fv3ru
Esta situación relatada hasta ahora podría parecer lo mollar de la relación que mantiene la SEPI y Criteria, sin embargo esta es la consecuencia de otro hecho que si es el factor relevante de dicha unión que hoy tienen ambas instituciones, pública y privada. El 27 de mayo se publicaba en la prensa que el núcleo duro de accionistas de Caixabank ha ganado peso desde que se consumó la absorción de Bankia en marzo de 2021. La suma de las participaciones del Estado y la Fundación Bancaria La Caixa —en los últimos tiempos inmersa en una estrategia de relanzamiento del grupo industrial con que alimenta su obra social— ha pasado del 46,13% de entonces al 49,24% del cierre del año pasado. Todo apunta, además, a que podría haber superado ya el 50% o estaría cerca de hacerlo en los próximos meses, debido a las recompras y amortizaciones de acciones realizadas por el banco presidido por José Ignacio Goirigolizarri durante este mes de mayo. Desde la absorción de Bankia, CaixaBank ha recomprado en bolsa y amortizado cerca de 688 millones de acciones, el 8,5% de las iniciales, dentro de la tendencia general en el sector de usar esta vía indirecta de remuneración a los accionistas. Al reducir el número de títulos en circulación, el valor contable del resto aumenta, lo que anima su cotización bursátil. El último proceso de amortización se produjo el pasado 5 de mayo, pero el día 10 el banco anunció que había cerrado la recompra de otras más de 104,6 millones de acciones. Cuando las amortice, previsiblemente dentro de unos meses, habrá hecho desaparecer el 9,83% de los títulos que tenía en marzo de 2021. Así, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), dependiente del Ministerio de Economía, ha pasado de controlar el 16,118% de CaixaBank tras la fusión al 17,623% tras la amortización del pasado 5 de mayo. Si sigue sin deshacerse de títulos, el porcentaje aumentará hasta el 17,877% cuando el banco amortice el último paquete de acciones que ha adquirido. Y de momento el Gobierno tiene poco incentivo para vender: tener un porcentaje mayor del capital le permite cobrar más dividendos (ya ha recibido 998,7 millones de euros desde 2021, que tienen un impacto positivo en el déficit público). Además, desde que se anunciaron los contactos entre Bankia y CaixaBank en septiembre de 2020, la participación pública se ha revalorizado en bolsa en torno a un 237% y 4.674 millones, de los 1.965 millones a los 6.639 millones de euros. Asimismo, los analistas estiman que la acción de la entidad catalana todavía tiene recorrido al alza y prevén que su beneficio crezca este año hasta superar los 5.000 millones y esté cerca de esa cota en 2025 y 2026, por lo que la mayoría aconsejan comprar los títulos o mantenerlos en cartera. La Fundación La Caixa salvo que haya vendido algún paquete adicional en lo que va de año (no se sabrá hasta finales de julio), su peso en el capital habrá subido al 32,47% con la última amortización y pasará al 32,94% con la que está pendiente, de manera que su suma con la del Estado estaría ya en el 50,1% y pasaría al 50,82% en unos meses, garantizándose el control de dicha entidad financiera https://tinyurl.com/2mkv8h73
El fruto de esta situación, debe ser que ambos accionistas dominicales, la SEPI y Criteria, tengan dos consejeros en el consejo de administración de la operadora, que está constituido actualmente por quince miembros. Hoy ambos dominicales tienen sentados en el consejo a, Isidro Fainé por la Caixa y Carlos Ocaña por la SEPI. El segundo consejero no dificultara el cumplimiento del Código de Buen Gobierno de la CNMV, en el Principio 11 donde dice lo siguiente:
“El consejo de administración tendrá una composición equilibrada, con una amplia mayoría de consejeros no ejecutivos y una adecuada proporción entre consejeros dominicales e independientes, representando estos últimos, con carácter general, al menos la mitad de los consejeros” https://tinyurl.com/3tyn4f4j
A los cuatro consejeros dominicales del núcleo estable que se está constituyendo, La SEPI y Criteria, hay que sumar uno más que tiene el BBVA, con lo que el resultado final será 5 dominicales y 10 independientes o externos. El fondo saudí no entrará en el consejo de Telefónica, como ya se puso de manifiesto por diversos miembros del gobierno actual. Si a este hecho añadimos que los saudís tampoco piden su ingreso ante el hecho de ser sabedores de que Telefónica es un activo estratégico que garantiza la soberanía nacional en cuestiones de defensa, el resultado final será un consejo que cumplirá de forma nítida las recomendaciones de dicho código de Buen Gobierno Corporativo. Esta “joint venture” de SEPI y Criteria va más allá de Telefónica, se extiende a otras compañías como Naturgy y posiblemente se extenderá también a Talgo con el intento de OPA de compra de los húngaros.
Evolución de la cotización de Telefónica desde la llegada del actual presidente.
No hay mal que por bien no venga para los agoreros de la entrada del Estado en Telefónica. La entrada de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) con un 10% del capital de Telefónica tendrá un efecto colateral: las operaciones de la operadora con el sector público tendrán un nuevo grado de transparencia, ya que al tratarse de un accionista significativo deberán pasar por el Consejo de Administración del operador y publicarse una vez concluido el ejercicio en los informes anuales del operador de telecomunicaciones. Esto se debe a que la Ley de Sociedades de Capital establece obligaciones y mecanismos para evitar conflictos de interés entre las empresas y sus consejeros y accionistas, en lo que se conoce como "operaciones vinculadas" y que buscan garantizar arrojar transparencia sobre este tipo de transacciones. Así, en el caso de Telefónica, los reglamentos de la compañía obligan a que la Comisión de Auditoría y Control, bajo la supervisión del consejero de la SEPI, Carlos Ocaña, elabore un informe positivo que posteriormente debe ser aprobado por el Consejo para estas operaciones con accionistas. Este tipo de trámites, no obstante, no es ajeno para el Consejo de Telefónica, que al contar con numerosos negocios con dos de sus principales accionistas con silla en el Consejo de Administración (BBVA y CaixaBank) está habituado a aprobar este tipo de operaciones, que fueron más de 50 en el pasado ejercicio y para la que existen algunas excepciones para negocios ordinarios, como podría ser la contratación de líneas de teléfono. En el caso de la SEPI, no obstante, el volumen de entidades representadas es superior, ya que solo el holding cuenta con participaciones mayoritarias en una quincena de empresas, muchas de ellas con negocios millonarios con Telefónica. Es el caso de Correos que cuenta con Telefónica como uno de los principales proveedores de Correos Telecom, su operador móvil, o Navantia, con la que Telefónica firmó en 2021 un importante acuerdo para desarrollar soluciones de ciberseguridad y ciberdefensa. La lista de entidades sujetas al reporte de estos lazos incluye también los medios de titularidad pública como RTVE y EFE y otras sociedades como Tragsa y Hunosa. Asimismo, el grupo se podría ver obligado a resumir en su informe anual el volumen de negocio que ha tenido en 2023 con la Administración General del Estado, al estar controlada la SEPI al 100% por el mismo, algo que por ejemplo hacen Indra y Redeia, y que haría mucho más fácil evaluar el volumen de ingresos que percibe del sector público la compañía https://tinyurl.com/6prwnxep
Para terminar el post quiero manifestar, que constatar la realidad que hoy vive Telefónica no es ser maquiavélico en las apreciaciones, es ser realista y buscar en dicha realidad una cura a los problemas que hoy cercan y acechan el futuro de la operadora.
Ya lo dijo Erich Fromm: “La creatividad requiere tener el valor de desprenderse de las certezas”.