El 7 de junio del año 1996, cuando apenas hacía unas semanas de la llegada de José María Aznar a La Moncloa, Telefónica relevó a Cándido Velázquez-Gaztelu y colocó al frente de la compañía a Juan Villalonga, amigo personal del nuevo presidente del Gobierno y antiguo compañero suyo de pupitre en el Colegio del Pilar. La anécdota no es menor, porque condensa en una sola escena todo lo que después marcaría buena parte de la historia de la operadora: una empresa estratégica que dejaba de ser tratada como una cuestión de capacidad industrial y de gestión de largo plazo para convertirse en un espacio de sustitución de élites, afinidades políticas y control del poder económico. Dicho de otro modo, Telefónica no solo cambió aquel día de presidente; cambió de lógica, y esa es precisamente la lógica que hoy vuelve a asomar cuando se plantea retirar al Estado de una infraestructura crítica justo en el momento en que Europa camina en la dirección contraria.
Lo que está en discusión en torno a Telefónica hoy ya no es solo el nombre de su presidente ni el porcentaje exacto que el Estado debe conservar en su capital. Lo que verdaderamente se debate es algo mucho más profundo: qué papel quiere desempeñar España en la nueva batalla europea por la soberanía tecnológica, el control de las infraestructuras críticas y la defensa de sus activos estratégicos. En un momento en que la Unión Europea ha comenzado a corregir décadas de ingenuidad económica y a reforzar su autonomía industrial y digital, reaparecen en nuestro país viejos reflejos privatizadores del PP y una concepción del poder económico que confunde modernización con retirada del Estado, interés general con lógica accionarial y estrategia nacional con simple reparto de influencias. A la luz de ese contraste, conviene volver sobre lo ocurrido en Telefónica durante las últimas décadas, sobre el papel que han jugado la política y los distintos equipos de gestión en su deriva, y sobre el sentido que adquieren hoy las posiciones enfrentadas que se están dibujando en torno a una de las compañías más decisivas para el futuro económico y tecnológico de España.
Ayer se publicaba en la prensa nacional una noticia donde se nos informaba que el PP ya tendría definida una hoja de ruta para Telefónica en caso de llegar al Gobierno tras unas elecciones generales. Según el artículo, ese plan pasaría, en primer lugar, por deshacer la entrada del Estado en el capital de la operadora mediante la venta del 10% que actualmente controla la SEPI, una participación que el Gobierno de Pedro Sánchez recuperó de forma gradual con el argumento de proteger los intereses estratégicos del país tras la irrupción de STC en el accionariado. El texto enmarca esta posible decisión en la tradición privatizadora del PP, recordando que la salida del Estado de Telefónica se completó en los años noventa bajo el Ejecutivo de José María Aznar, después de un proceso iniciado en etapas anteriores.
Además, la información afirma que el PP no limitaría su actuación a la venta de la participación pública, sino que también contemplaría relevar a Marc Murtra de la presidencia de Telefónica. El artículo presenta ese posible cambio como parte de una rectificación más amplia de la influencia política que, a juicio de las fuentes citadas por el diario Vozpópuli, el PSOE habría consolidado en la compañía durante los últimos años. En esa línea, se recuerda que el Gobierno impulsó la sustitución de José María Álvarez-Pallete por Marc Murtra y favoreció otros movimientos en la estructura de poder de la empresa, como la presencia de Carlos Ocaña en el consejo o el traslado de Javier de Paz a Movistar+.
La pieza añade que, siempre según fuentes consultadas por ese medio, el PP considera que primero tendría que reordenar la propia SEPI, incluyendo un relevo en su presidencia de Belén Gualda, para después promover el cambio en Telefónica. A partir de ahí, el objetivo sería buscar apoyos entre los grandes accionistas de la operadora, ya que Criteria Caixa, STC y la SEPI poseen participaciones del 10%, y con ese acuerdo impulsar el nombramiento de un nuevo presidente. El artículo incluso señala que el equipo económico de Génova ya manejaría nombres de distintos empresarios para encabezar esa nueva etapa.
Por último, la noticia subraya que una parte del malestar del PP con la situación actual de Telefónica tiene que ver con la presencia de perfiles vinculados al entorno socialista o institucional dentro de la compañía. El texto menciona expresamente a Carlos Ocaña, Javier de Paz y Cándido Conde-Pumpido Varela como ejemplos de esa cercanía política que el PP querría desmontar. En conjunto, la información presenta el posible plan popular como una combinación de desinversión pública, sustitución de la actual cúpula y desmantelamiento de la red de influencia política asociada, según el enfoque y las fuentes del propio artículo https://bit.ly/41L0VtG
Para las personas que llevan un cierto tiempo en Telefónica y conocen que sucedió en el año 1996 con el desembarco en el gobierno español de, José María Aznar, lo que ayer pudimos leer es un triste revival del pasado, un vuelta al declive y degeneración a la que nos tiene acostumbrada la derecha española.
El relevo de Cándido Velázquez-Gaztelu (el último gestor verdadero que tuvo Telefónica) en el año 1996 fue rápido y se produjo en un momento especialmente sensible para la compañía. Velázquez-Gaztelu venía de una etapa larga en la presidencia, iniciada a finales de los años ochenta, durante la cual impulsó la mejora de la calidad del servicio, la modernización de las redes, el desarrollo de nuevas tecnologías como la telefonía móvil y el arranque de Internet a través de Infovía. Además, cuando fue sustituido, Telefónica ya estaba inmersa en un proceso de reducción de la presencia estatal que no había arrancado con el PP, sino con el último Gobierno de Felipe González: en abril de 1995 se había acordado rebajar la participación pública desde algo más del 32% mediante sucesivas ventas https://bit.ly/42lNfFu
El cambio se materializó el 7 de junio de 1996, pocas semanas después de la llegada de José María Aznar al poder. Ese día, un consejo extraordinario de Telefónica nombró presidente a Juan Villalonga Navarro, que hasta entonces era el máximo responsable de Bankers Trust en España y Portugal, en sustitución de Cándido Velázquez-Gaztelu. La propia cronología corporativa de Telefónica recoge que, al presentarse ante el consejo, Villalonga fijó como prioridades inmediatas aumentar el valor de la compañía para los inversores, buscar la excelencia en el servicio y apoyar la introducción rápida de la competencia en un marco regulatorio “transparente y neutral”. Es decir, el relevo no se presentó solo como un cambio personal, sino como el inicio de una nueva etapa orientada a liberalización, competencia y creación de valor https://bit.ly/4sHASyl
Las connotaciones políticas del relevo fueron muy claras desde el primer momento. Por un lado, Velázquez-Gaztelu estaba asociado a la etapa socialista: había llegado a la cúpula de grandes empresas públicas durante los gobiernos del PSOE y, según las fuentes biográficas publicadas tras su fallecimiento, era militante socialista y de UGT. Por otro, Villalonga no era una figura políticamente neutra: la prensa de la época lo describía como amigo personal de Aznar, compañero suyo de pupitre en el Colegio del Pilar y una persona cuyas opiniones económicas habían sido tenidas en cuenta en la elaboración del programa electoral del PP. Por eso, contemporáneamente el nombramiento fue leído como algo más que un relevo empresarial: fue interpretado como la sustitución de un presidente identificado con la etapa anterior por un hombre del círculo de máxima confianza del nuevo presidente del Gobierno https://bit.ly/4cGfHa4
Ese es el núcleo político del episodio. Telefónica seguía siendo una empresa estratégica y, cuando Villalonga accedió a la presidencia, el Estado aún conservaba alrededor del 21% del capital. Un año después, la propia prensa económica resumía que la llegada de Villalonga había coincidido con la primera gran operación privatizadora del Ejecutivo de Aznar, que culminó la salida del Estado del capital de la compañía. De hecho, en diciembre de 1996 el Gobierno aprobó la venta del 20,9% restante y presentó esa operación como el arranque de las grandes privatizaciones, aunque al mismo tiempo se reservó poderes especiales sobre determinadas decisiones estratégicas mediante la llamada “golden share”. En ese contexto, el relevo de 1996 tuvo una connotación política doble: significó el control del proceso por parte del nuevo Gobierno y la colocación de una persona próxima al presidente en la empresa más emblemática de ese ciclo privatizador https://bit.ly/3QlgAxe
Por eso también aparecieron críticas políticas casi de inmediato. La cobertura de la época situó el nombramiento de Villalonga dentro de una oleada de designaciones en grandes empresas públicas o participadas por el Estado que recaían en personas próximas a Aznar o a Rodrigo Rato, y algunos análisis periodísticos plantearon dudas sobre la transparencia y el “amiguismo” en esos cambios. Más adelante, la oposición socialista denunció expresamente que la dirección de Telefónica había quedado en manos de personas puestas por el Gobierno y vinculó ese control al entorno personal de Aznar. Dicho de forma estricta y sin añadir interpretaciones: el relevo de Cándido Velázquez-Gaztelu por Juan Villalonga fue, al mismo tiempo, un cambio de presidencia empresarial, una señal de sustitución de élites entre la etapa del PSOE y la del PP, y una pieza central en la reordenación política de las grandes empresas estratégicas españolas en el inicio del ciclo de privatizaciones de Aznar https://bit.ly/4eALTxX
La salida de Juan Villalonga de Telefónica fue traumática, pero conviene separar bien las causas inmediatas de su caída y los efectos empresariales que se vieron con claridad después. El cese se produjo el 26 de julio de 2000, tras una crisis muy profunda entre Villalonga, el Gobierno que lo había promovido en 1996 y el núcleo duro de accionistas. La ruptura venía de meses antes: el escándalo de las stock options había provocado una tormenta política, había obligado al Gobierno a endurecer su tratamiento fiscal y había colocado al PP ante la acusación de estar favoreciendo a amigos al frente de empresas privatizadas. Según la reconstrucción de El País, varios ministros enviados por Aznar intentaron sin éxito que Villalonga renunciara a sus propias opciones, y la reapertura en junio de 2000 de la investigación de la CNMV sobre compras de opciones realizadas en 1998 fue el detonante final de su salida https://bit.ly/4vHs6D7
Eso significa que, en sentido estricto, Villalonga no cayó formalmente por la compra de Lycos o Endemol, sino por una crisis de gobierno corporativo y de relación política que acabó haciéndose insostenible. De hecho, la CNMV cerró poco después aquella investigación sin cargos, al concluir que no había indicios suficientes para abrir un expediente sancionador por uso de información privilegiada. Por tanto, su salida no fue la consecuencia de una condena o de una sanción, sino de un colapso de confianza entre el presidente de Telefónica, el Ejecutivo y los accionistas de referencia https://bit.ly/4vBNGcd
Ahora bien, el fuerte componente traumático de aquella salida se entiende mejor si se mira el contexto empresarial que la rodeaba. En los últimos meses de su mandato, Villalonga había lanzado una expansión muy agresiva en Internet y medios. Terra compró Lycos en mayo de 2000 por 12.500 millones de dólares, con una prima superior al 56% sobre su cotización, y Telefónica había acordado la compra de Endemol por 5.500 millones de euros. En aquel momento esas operaciones se presentaron como apuestas transformadoras y la propia Telefónica todavía reflejaba en su informe anual de 2000 una imagen de crecimiento, integrando Lycos y Endemol en el perímetro y reportando aumento del beneficio. Pero ya entonces aparecían señales de desgaste: en julio de 2000 Terra cotizaba por debajo de su precio del primer día en Bolsa, con los analistas inquietos por el elevado precio de Lycos y por el giro del mercado tecnológico https://bit.ly/48fMzoG
Lo que dio a la etapa Villalonga su mala fama duradera fue que, en los años siguientes, muchas de esas apuestas acabaron revelándose como operaciones de muy pobre resultado económico. En el año 2002 Telefónica reconoció un saneamiento masivo de activos por 16.217,9 millones de euros, lo que llevó a unas pérdidas récord de 5.576,8 millones, y una de las provisiones relevantes fue la vinculada a Terra por la pérdida de valor de Lycos. Después, Lycos sería vendida en 2004 por entre 95 y 115 millones de dólares, aproximadamente el 1% de lo que había costado en 2000. Endemol, por su parte, acabaría vendiéndose en 2007 por 2.629 millones de euros por el 75%, y El País resumió que, tomando una perspectiva larga, la operación se cerraba a un valor muy inferior al de compra. Es decir: las adquisiciones que no explican por sí solas la caída inmediata de Villalonga sí terminaron convirtiéndose en la prueba más visible de que una parte importante de su estrategia de expansión había destruido valor (esta es la gestión brillante del PP en los activos estratégicos de este país) https://bit.ly/3Qjdh9S
Desde el punto de vista político, el daño para el PP fue evidente porque Villalonga no era un presidente cualquiera: había sido una de las designaciones más simbólicas del primer “aznarismo” en una gran empresa estratégica. Por eso su caída no se leyó solo como un relevo empresarial, sino como una crisis del modelo de poder que había acompañado a las privatizaciones. El episodio reabrió el debate sobre la cercanía entre Gobierno y grandes compañías, sobre el uso político de los activos estratégicos ya privatizados y sobre la calidad del control ejercido sobre sus máximos directivos. Dicho de forma precisa: la salida de Villalonga fue inmediata por el escándalo de las “stock options” y la ruptura con el Gobierno; la dureza histórica de ese episodio se consolidó después, cuando Lycos, Endemol y otras apuestas de la etapa final de su mandato dejaron un balance económico ruinoso para Telefónica y sus accionistas https://bit.ly/3QdsLw9
Tras el cese de Villalonga fue nombrado presidente, César Alierta Izuel, entre julio de 2000 y el 8 de abril de 2016, puede resumirse como una etapa de gran expansión corporativa, pero también de debilidades estructurales que quedaron muy visibles al final de su mandato. Alierta llegó a la presidencia por decisión del entorno político del Gobierno de José María Aznar y permaneció en el cargo durante tres etapas políticas distintas, con Aznar, Zapatero y Rajoy. Bajo su dirección, Telefónica creció con grandes adquisiciones —como O2 por más de 26.000 millones de euros y Vivo por 7.500 millones—, pero ese crecimiento dejó una herencia financiera muy pesada. En marzo de 2016, justo antes de su salida teniendo como consejero delegado a José María Álvarez-Pallete, la deuda financiera neta ascendía a 50.213 millones de euros https://bit.ly/42oMJ9G
La principal debilidad de esa gestión fue precisamente la combinación de expansión agresiva y endeudamiento persistente. Telefónica pasó años comprando activos para ganar escala en Europa y América Latina, pero no consiguió que esa estrategia se tradujera en una estructura financiera saneada al cierre de la etapa. El último ejercicio completo de Alierta, 2015, terminó con una deuda financiera neta de 49.921 millones, y en el primer trimestre de 2016 ya había vuelto a subir a 50.213 millones. A ello se añadió una política muy generosa de retribución al accionista: entre 2005 y 2015 la compañía destinó cerca de 50.000 millones de euros a dividendos, recompras y otras fórmulas de remuneración, lo que agravó la tensión entre pago al inversor y reducción del apalancamiento https://bit.ly/3Oh9Q2V
Otra debilidad fue que buena parte del proyecto de Alierta descansó en operaciones corporativas muy costosas cuya rentabilidad posterior fue discutida o insuficiente. O2 fue la mayor compra internacional realizada hasta entonces por una empresa española, y años después la propia Telefónica trató de vender esa filial británica a Hutchison para aliviar deuda, pero Bruselas vetó la operación en mayo de 2016 por razones de competencia. Eso convirtió a O2, al final de la era Alierta, en el símbolo de una expansión que había dado tamaño al grupo, pero que también limitaba su flexibilidad financiera cuando más la necesitaba https://bit.ly/4cHNtM1
En el terreno político, la etapa también dejó una imagen de colonización partidista del entorno de la compañía. Las fuentes periodísticas de la época documentan que en Telefónica recalaban ex altos cargos y perfiles vinculados tanto al PP como al PSOE. En 2013, El País señalaba que en la órbita de la operadora estaban Rodrigo Rato, Eduardo Zaplana, Javier de Paz y Fernando Almansa; y ese mismo diario recordaba además la presencia de otros nombres como Narcís Serra. Dicho con precisión, no todos ocupaban puestos ejecutivos de gestión diaria, pero sí hubo una acumulación de consejeros, asesores y cargos de relevancia con pasado político, lo que reforzó la percepción de que Telefónica seguía funcionando, pese a ser privada, como un espacio de poder muy permeable a los equilibrios partidistas https://bit.ly/3Qot72T
Esa dimensión política no fue un rasgo exclusivo de los años del PP ni desapareció con los gobiernos socialistas. Alierta había llegado al cargo en la estela de las privatizaciones y del poder del “aznarismo”, pero durante los años posteriores la compañía convivió con gobiernos del PSOE sin romper esa lógica de cercanía entre política y gran empresa. Por eso, más que una anomalía de un solo partido, lo que muestra su presidencia es la continuidad de un modelo en el que Telefónica siguió siendo un nodo de influencia institucional, con redes de relación que atravesaban los dos grandes partidos https://bit.ly/4tn0n9b
Asi enfocaba César Alierta la competencia con los hiperescaldores en el año 2010... Muy ilustrativo si vemos la evolución del sector y en que ha terminado la situación
La debilidad más profunda de la etapa Alierta, sin embargo, estuvo en la revolución digital. No puede decirse que Telefónica ignorase internet: intentó reaccionar. En 2011 creó Telefónica Digital expresamente para competir con los gigantes de la Red, y Alierta insistió en varias ocasiones en que quería disputar a esas plataformas el negocio de los datos. Pero el hecho relevante es que esa división desapareció en 2014, apenas tres años después de su creación, dentro de una reorganización general. Es decir, la gran apuesta corporativa diseñada para plantar cara a los nuevos actores de internet no cuajó como estructura estable https://bit.ly/4cmHw8p
Además, los intentos concretos de construir plataformas digitales propias tampoco dieron un resultado comparable al de las OTT. Telefónica compró Tuenti en 2010 por 70 millones de euros, pero la filial perdió 23 millones en sus dos primeros ejercicios como parte del grupo. Al mismo tiempo, el discurso público de Alierta frente a los nuevos gigantes digitales fue con frecuencia defensivo: criticó la neutralidad de la red y reclamó que los servicios OTT, como WhatsApp o Skype, estuvieran sometidos a reglas semejantes a las de las telecos. Ese contraste es importante: mientras las OTT crecían capturando usuario, atención y datos a escala global con inversiones masivas en I+D como nos ponía sobre aviso la Comisión Europea en el EU Industrial R&D Investment Scoreboard, Telefónica dedicaba parte de su energía a la presión regulatoria y no logró alumbrar una plataforma propia de alcance equivalente mientras dedicaba miles de millones de euros a la compra de derechos audiovisuales de futbol https://bit.ly/4toBMRp
Por eso, el balance resumido de la presidencia de Alierta es el de una Telefónica que siguió siendo enorme, influyente y con activos valiosos, pero que cerró esa etapa con problemas muy claros: una deuda todavía gigantesca, una política de capital poco disciplinada, una fuerte contaminación político-institucional en su perímetro de poder y una adaptación incompleta a la economía de internet. La compañía invirtió en redes y compró escala, pero no fue capaz de convertir esa posición en liderazgo real frente a las plataformas OTT que dominaron de forma aplastante la nueva etapa digital que había comenzado https://bit.ly/48M8KD3
El relevo de César Alierta se produjo a favor de su consejero delegado, José María Álvarez-Pallete. Aunque su presidencia no constituyó una repetición literal de las etapas de Villalonga y Alierta, sí mantuvo varios rasgos de continuidad: una notable permeabilidad político-institucional en Telefónica, dificultades para convertir el discurso digital en un verdadero motor de negocio de gran escala y, finalmente, una reorganización del grupo sustentada en ventas de activos, alianzas y una reducción progresiva de su perímetro empresarial. Álvarez-Pallete asumió la presidencia el 8 de abril de 2016 y fue cesado el 18 de enero de 2025, siendo sustituido por Marc Murtra. En ese relevo desempeñó un papel decisivo la SEPI, que había entrado en el accionariado con una participación del 10%, lo que evidenció de nuevo la persistencia de la dimensión política en la operadora. En ese contexto, la búsqueda de inversores extranjeros impulsada por Pallete, como reflejó la información publicada por El Confidencial, contribuyó a reforzar la percepción de que era necesaria una intervención para reconducir el rumbo de la compañía https://bit.ly/48fAQGD
Las métricas de la etapa de Álvarez-Pallete reflejan bien esa mezcla de saneamiento financiero y encogimiento corporativo. En el año 2016, ya bajo Pallete, Telefónica cerró el ejercicio con 52.036 millones de euros de ingresos, 48.595 millones de deuda financiera neta, 127.323 empleados y una base de 350 millones de accesos; además, la propia compañía se presentaba entonces como operadora en 17 países. Al cierre de 2024, poco antes de su salida, los ingresos habían bajado a 41.315 millones, la deuda neta a 27.161 millones, la plantilla se situaba en algo más de 104.000 personas, el grupo operaba en 12 países y los accesos rondaban los 390 millones. Dicho de forma estricta: dejó una Telefónica menos endeudada, pero también más pequeña en ingresos, presencia geográfica y perímetro societario que la que presidía al comienzo de su mandato https://bit.ly/4sIdNvl
Evolución de la acción en la era de Álvarez-Pallete
Ese resultado no fue casual, sino la consecuencia de una estrategia explícita de simplificación. En noviembre de 2019 Telefónica anunció su plan de concentrarse en cuatro mercados principales —España, Brasil, Alemania y Reino Unido—, separar Hispanoamérica, crear Telefónica Tech y Telefónica Infra y rediseñar el centro corporativo. A partir de ahí llegaron operaciones que recortaron claramente el perímetro: la venta de filiales centroamericanas a Millicom, la venta de 11 centros de datos a Asterion, la venta del negocio de torres de Telxius a American Tower y la integración de O2 UK en la joint venture Virgin Media O2. Por tanto, una parte importante del equilibrio final de la etapa Pallete descansó menos en una gran expansión transformadora que en desinversiones, monetización de activos y concentración en menos geografías y negocios https://bit.ly/4mEjwAW
También persistió la visibilidad de perfiles con pasado político en el entorno de la compañía. Javier de Paz, con trayectoria previa en las Juventudes Socialistas y en la ejecutiva del PSOE, siguió formando parte del núcleo de gobierno societario de Telefónica durante la etapa Pallete, mientras Yolanda Barcina, expresidenta de Navarra por UPN, permaneció en el perímetro audiovisual del grupo. Eso no prueba por sí solo una captura partidista total, pero sí confirma que Telefónica siguió siendo una gran empresa muy abierta a la circulación de perfiles procedentes de la política institucional https://bit.ly/4cAENab
En el plano digital, el balance fue más ambiguo de lo que sugería el discurso oficial. Telefónica creó una estructura específica, Telefónica Tech, pero en 2024 este negocio facturó 2.065 millones de euros, una cifra modesta en comparación con los 41.315 millones ingresados por el grupo en su conjunto; además, el gasto total en I+D del ejercicio se situó en 647 millones de euros. Paralelamente, la compañía siguió otorgando un peso muy elevado al negocio audiovisual y al fútbol de pago: en 2018 desembolsó 2.940 millones de euros por los derechos televisivos del fútbol español y, al cierre de 2024, mantenía aún 599 millones en pagos anticipados por derechos deportivos, de los cuales 442 millones correspondían a compromisos futuros. Con estos datos, el balance más sobrio de la presidencia de Pallete es que logró reducir la deuda y reordenar el balance, pero lo hizo al frente de una Telefónica más reducida en perímetro y sin que el negocio digital emergente alcanzara un peso comparable al del negocio tradicional de conectividad y contenidos premium. A ello se añadió el deterioro bursátil sufrido por los accionistas: su llegada a la presidencia coincidió con una cotización de 9,31 euros por acción, mientras que su salida se produjo con el título en 3,97 euros, lo que supone una caída aproximada del 57 % https://bit.ly/4ukSyRR
Tomando como punto de partida la información publicada por Vozpópuli ayer— que atribuye al PP la intención de vender el 10% de la SEPI en Telefónica y propiciar un cambio en la presidencia—, lo primero que conviene dejar claro es que ese planteamiento no aparece aquí como un documento programático oficial del partido, sino como una hoja de ruta periodísticamente atribuida. Dicho esto, comparado con la dirección que ha tomado la Unión Europea desde el año 2024, el contraste es muy marcado: mientras en Bruselas, París, Berlín o Roma la discusión gira en torno a escala, soberanía tecnológica, resiliencia e inversión estratégica, la idea de retirar al Estado de un activo como Telefónica apuntaría en sentido inverso.
Eso se ve con mucha claridad en los dos grandes informes que hoy ordenan el debate europeo. El informe de Enrico Letta, presentado en abril de 2024, parte de un diagnóstico muy explícito: Europa no ha desarrollado una industria tecnológica suficientemente robusta ni ecosistemas capaces de capturar la nueva ola de innovación, y ha pasado a depender de tecnologías externas; por eso propone una “quinta libertad” centrada en investigación, innovación y educación, y reclama un mercado europeo más integrado también en telecomunicaciones, subrayando que el retraso en 5G perjudica al conjunto de la economía. El informe de Mario Draghi, publicado en septiembre de 2024, llega a una conclusión convergente: la UE necesita entre 750.000 y 800.000 millones de euros adicionales de inversión al año, detecta una brecha de innovación frente a Estados Unidos y plantea, en telecomunicaciones, facilitar la consolidación para elevar la inversión en conectividad; además, en la nube, sostiene que Europa debe disponer de una oferta doméstica competitiva para soluciones de “soberan sovereign cloud”. Es decir, el eje europeo no es desentenderse de los activos estratégicos como Telefónica, sino reforzar capacidad, escala y autonomía https://bit.ly/41LocLW
La Comisión Europea ha convertido ese diagnóstico en una agenda política concreta. El 29 de enero de 2025 aprobó la Competitiveness Compass, que asume expresamente las tres prioridades señaladas por Draghi —cerrar la brecha de innovación, descarbonizar y reducir dependencias— y añade, entre otras medidas, la revisión de la contratación pública para introducir preferencia europea en sectores y tecnologías críticas. El 21 de mayo de 2025 presentó la nueva Single Market Strategy, que se apoya en Letta y Draghi y vincula directamente mercado único, soberanía estratégica y la necesidad de avances en capital, digital, energía y telecomunicaciones. El 9 de abril de 2025 lanzó el AI Continent Action Plan para convertir a la UE en una potencia en inteligencia artificial; el 5 de junio de 2025 aprobó su nueva estrategia digital internacional; y el 28 de marzo de 2025 activó 1.300 millones de euros del programa Digital Europe para IA, ciberseguridad, nube, datos y capacidades digitales. No se trata, por tanto, de una Europa que se retire, sino de una Europa que intenta rearmarse industrial y tecnológicamente potenciando y protegiendo sus activos estratégicos como es Telefónica https://bit.ly/3OfYtbt
Además, la propia Comisión reconoce que todavía está lejos de sus objetivos: el informe sobre el estado de la Década Digital de 2025 dice que la UE sigue rezagada en IA, semiconductores, 5G autónomo y capacidades digitales. Precisamente por eso, el 21 de enero del año 2026 la Comisión adoptó la propuesta de Digital Networks Act (DNA), cuyo punto de partida es que el sector europeo de comunicaciones electrónicas sigue fragmentado en 27 mercados nacionales y que esa fragmentación limita inversión, innovación y escala. Y en abril de 2026 dio otro paso muy concreto al adjudicar un contrato de 180 millones de euros para servicios de nube soberana, dentro de su estrategia para reducir dependencias tecnológicas y fortalecer soluciones europeas. La dirección es inequívoca: menos fragmentación, más infraestructura crítica y más capacidad europea propia https://bit.ly/41MFvMA
En ese contexto también encaja el informe EuroStack, una iniciativa impulsada desde fuera de la Comisión. La propia Comisión, en una nota de su ecosistema de Digital Building Blocks, explica que el informe EuroStack fue encargado por la fundación Bertelsmann y que plantea una estrategia para aumentar la soberanía digital europea; añade que hoy alrededor del 80% de la infraestructura y las tecnologías digitales de Europa son importadas y presenta como respuesta el despliegue de herramientas europeas interoperables como eID, eSignature, eDelivery o la cartera de identidad digital. Por tanto, EuroStack no es una política comunitaria cerrada, pero sí forma parte del mismo clima intelectual y político: Europa quiere depender menos de terceros y construir una capa tecnológica propia https://bit.ly/4cyO3LV
La práctica de los grandes Estados miembros va en la misma dirección, y eso es lo más relevante para comparar con Telefónica. Francia mantiene una doctrina explícita de “Estado accionista” orientada a empresas estratégicas que contribuyen a la independencia nacional; en Orange, el sector público francés y Bpifrance suman el 22,95% del capital. Alemania conserva aproximadamente el 28,26% de Deutsche Telekom entre la participación directa del Estado federal y la de KfW. Italia, por su parte, ha vuelto a reforzar su anclaje público en TIM a través de Poste Italiane: Poste está controlada en un 64,26% por Cassa Depositi e Prestiti y el Ministerio de Economía italiano, y TIM declara a 31 de marzo de 2026 a Poste como su principal accionista con un 27,32%. Cambia el color político de los gobiernos, pero no la lógica de fondo: las telecomunicaciones siguen tratándose como infraestructura estratégica, menos en España cuando gobierna la derecha del PP y una parte de la izquierda “felipista” https://bit.ly/4ejfYST
Por eso, si se toma por buena la hoja de ruta atribuida al PP por Vozpópuli, el desalineamiento con la corriente europea que en estos momentos está circulando es desolador. No porque la Unión Europea obligue a España a tener exactamente un 10% en Telefónica —eso no lo dicen ni Draghi ni Letta ni la Comisión—, sino porque el sentido general de la política europea actual es el contrario: reducir dependencias, reforzar escala, consolidar mercados, favorecer tecnología europea, usar la contratación pública como palanca y preservar capacidad de decisión sobre infraestructuras críticas. En ese marco, vender la participación pública en Telefónica supondría renunciar a un instrumento de influencia precisamente cuando la agenda europea se orienta a conservar o reconstruir palancas estratégicas en el ámbito digital. Desde esa comparación objetiva, la posición atribuida al PP no encaja con la trayectoria que hoy siguen la Comisión y las principales economías de la UE https://bit.ly/3QANt97
La lectura que deberían hacer los ciudadanos españoles es bastante nítida con respecto al PP. Lo que Vozpópuli publicó no es, por ahora, un programa oficial del PP, sino una hoja de ruta atribuida a fuentes de su entorno económico: vender el 10% de la SEPI en Telefónica y promover un relevo en la cúpula de la operadora. Pero, aun con esa cautela, el sentido político de la propuesta es perfectamente interpretable: no apunta a una “regeneración” del gobierno corporativo de una empresa estratégica, sino a retirar al Estado español de una palanca de influencia que hoy las grandes potencias europeas como Alemania, Francia o Italia consideran útil conservar.
Ese es el primer dato de fondo con el que se tienen que quedar los españoles. La Unión Europea no está yendo hacia menos estrategia industrial en lo digital, sino hacia más. El informe Letta reclamó un mercado europeo más integrado también en telecomunicaciones y vinculó esa integración a la autonomía económica y tecnológica. El informe Draghi diagnosticó una brecha de innovación frente a Estados Unidos y China, reclamó entre 750.000 y 800.000 millones de euros adicionales de inversión al año y defendió, entre otras cosas, más escala, consolidación y capacidad propia en ámbitos como conectividad y nube. La Competitiveness Compass de la Comisión Europea convirtió ese diagnóstico en hoja de ruta; la Comisión ha añadido después 1.300 millones de euros del programa Digital Europe para IA, ciberseguridad y capacidades digitales, el informe de la Década Digital 2025 insistió en la necesidad de más intervención pública y privada para reforzar la capacidad tecnológica europea, y en enero de 2026 Bruselas presentó la propuesta de Digital Networks Act (DNA) para armonizar reglas y reforzar la competitividad del sector. Hace solo unos días, además, adjudicó un contrato de hasta 180 millones de euros en nube soberana para reducir dependencias tecnológicas. No es una Europa que se retire de lo estratégico: es una Europa que intenta reconstruir soberanía tecnológica https://bit.ly/4u45D1G
Por eso el contraste con la posición atribuida al PP es tan severo. En Francia, el sector público mantiene un 22,95% de Orange. En Alemania, el Estado federal, directa e indirectamente a través de KfW, conserva un 28,3% de Deutsche Telekom. En Italia, TIM identifica a Poste Italiane como su principal accionista, y esa Poste está controlada mayoritariamente por el Estado italiano a través de Cassa Depositi e Prestiti y el Ministerio de Economía. Es decir, no estamos ante una extravagancia “intervencionista” de un solo color político: estamos ante una práctica estable de los grandes Estados europeos, incluidos gobiernos de centro, conservadores o derecha nacional, que siguen tratando las telecomunicaciones como infraestructura estratégica https://bit.ly/3QQWD1m
A partir de ahí, la conclusión crítica es fuerte, pero no necesita exageración. Si un partido dice venir a “regenerar” la vida pública, la prueba no está en cambiar nombres por otros nombres, sino en mejorar las reglas. En una empresa como Telefónica, regenerar significaría profesionalizar nombramientos, fijar criterios de mérito y experiencia, reforzar la transparencia, blindar incompatibilidades y reducir la colonización partidista del consejo y de la alta dirección. Vender la participación pública no hace nada de eso por sí mismo. Lo único que hace, en términos institucionales, es reducir la capacidad del Estado español para influir en una compañía que opera en un sector que la propia UE considera crítico para su competitividad, su seguridad y su autonomía digital. Esa es la contradicción central https://bit.ly/4u0yG6i
La segunda lectura que deberían hacer los ciudadanos es que aquí no se está discutiendo solo una empresa, sino una idea de país. Hoy la conectividad, la nube, los datos, la IA y la ciberseguridad forman parte de la infraestructura real del poder económico. Incluso iniciativas no oficiales, pero influyentes, como EuroStack, parten del diagnóstico de que Europa importa alrededor del 80% de su infraestructura y tecnologías digitales y necesita construir una capa propia. En ese marco, desprenderse voluntariamente de instrumentos de influencia sobre la principal teleco española no parece una modernización, sino un gesto de desarme estratégico en el momento menos oportuno https://bit.ly/4mKqZPh
La tercera lectura es política y también muy concreta: cuando París, Berlín y Roma conservan anclajes públicos en sus campeones nacionales de telecomunicaciones, presentar en España como “normalidad” o como “regeneración” la retirada del Estado de Telefónica supone pedir a los españoles que acepten para su país una posición subalterna que otros grandes socios europeos rechazan para sí mismos. Esa asimetría es el verdadero problema. No porque el Estado deba dirigir el día a día de una empresa cotizada, sino porque renunciar por principio a toda capacidad de influencia en activos estratégicos deja a España peor alineada con la doctrina europea realmente existente https://bit.ly/4tncBi5
En suma, la lectura sobria pero contundente es esta: si la hoja de ruta atribuida al PP fuese cierta, no representaría una regeneración de la vida pública, sino una vuelta a un reflejo privatizador de los años noventa, hoy desfasado respecto al giro estratégico de Europa, volvemos al capitalismo de “amiguetes”. En el año 2026, la discusión seria ya no es “Estado sí o no” en abstracto, sino qué instrumentos conserva un país para no quedar relegado en la economía digital. Y, visto lo que están haciendo la Comisión y los principales Estados miembros, abandonar Telefónica a una lógica puramente accionarial sería ir exactamente en la dirección contraria a la que hoy marca Europa https://bit.ly/48Mj8e1
Si se toma por buena la hoja de ruta atribuida al PP por Vozpópuli, lo que ese partido plantea para Telefónica no es una modernización del país, sino una claudicación política y económica de primer orden. Vender la presencia del Estado en una infraestructura crítica cuando Europa refuerza el control y la protección de sus activos estratégicos no es reformismo, ni regeneración, ni visión de futuro: es una renuncia consciente a defender el interés nacional. Bajo ese planteamiento, el PP no aparece como una fuerza dispuesta a fortalecer España, sino como un partido que vuelve a abrazar la vieja lógica del desmantelamiento de lo común, subordinando lo colectivo a una concepción del poder basada en dejar hacer a los de siempre. Y cuando lo que está en juego son activos esenciales para la soberanía tecnológica, la competitividad y la autonomía del país, esa posición no puede presentarse como sensata ni responsable, sino como profundamente lesiva para el bienestar y los intereses de la mayoría de los españoles… Por todo ello, lo mejor que nos puede pasar a los españoles es que sigan en la oposición un largo periodo de tiempo mientras abandonan sus ideas descabelladas.
Hoy se publica en un diario nacional que el Gobierno, a través de la SEPI, quiere dotarse de un estudio amplio y técnicamente fundamentado para demostrar el impacto económico y social del holding público y de las grandes empresas que controla de forma mayoritaria. La finalidad de ese “macroinforme” sería defender la presencia del sector público empresarial en actividades consideradas críticas, acreditando con datos la aportación de la SEPI y de sus filiales a la economía, al empleo, al territorio y a la cohesión social. El planteamiento no se presenta como una mera memoria corporativa, sino como una herramienta de legitimación institucional y económica del papel de la SEPI como brazo inversor del Estado.
El texto sitúa esta iniciativa en un contexto político concreto. Los trabajos previos coinciden con la comisión de investigación impulsada por el PP en el Senado sobre determinadas actuaciones de la SEPI, entre ellas el rescate de Air Europa y Plus Ultra durante la pandemia. En ese marco, la intención del holding público es disponer de una base “científica” y “técnica” que permita argumentar con precisión cuál es su contribución real, no solo en términos empresariales, sino también en generación de valor y mantenimiento de población en las zonas donde operan sus compañías.
Para ello, la SEPI ha puesto en marcha una licitación dirigida a consultoras privadas, a las que pide ayuda para diseñar la metodología de cálculo y desarrollar el esquema del informe. La empresa adjudicataria no solo tendrá que proponer un plan de trabajo y una guía metodológica, sino también dejar preparadas las tablas de cálculo y las fuentes de información necesarias para que la propia SEPI pueda repetir este tipo de análisis en ejercicios posteriores. Es decir, no se busca únicamente un informe puntual, sino un sistema estable que permita medir periódicamente el impacto socioeconómico del grupo público.
El resumen deja claro también cuál será el perímetro del estudio. El análisis se centrará en la propia SEPI como matriz y en las empresas en las que posee el control total o una participación mayoritaria. Entre ellas figuran Navantia, Correos, Tragsa, Enusa, Ensa, Mayasa, Cetarsa, Hunosa, Mercasa o Cofivacasa. En cambio, quedarán fuera grandes participadas donde la presencia estatal no es mayoritaria, como Telefónica, Indra, Redeia o Enagás. Por tanto, el objetivo no es evaluar todo el universo de participaciones públicas, sino justificar específicamente el peso y la función de las compañías que forman el núcleo duro del grupo empresarial estatal.
Además, el encargo no se limitará a medir cifras de actividad o empleo. La SEPI quiere que la consultora identifique los principales retos y ámbitos relevantes de sus empresas mayoritarias, y que ese trabajo sirva también para futuros análisis sobre el papel institucional del holding público. A ello se añadirá un examen de la coyuntura geopolítica y de mercado en la que operan estas compañías, la detección de riesgos y tendencias que pueden condicionar su aportación económica y la identificación de los puntos críticos a los que habrá que responder para mantener o reforzar esa contribución en el tiempo.
En conjunto, la noticia describe una operación de doble alcance: por un lado, cuantificar de manera exhaustiva el impacto socioeconómico de la SEPI y sus principales empresas; por otro, construir un instrumento técnico y argumental con el que el Gobierno pueda defender el valor estratégico del sector público empresarial en sectores sensibles de la economía española https://bit.ly/3QQiyFU
La llegada de Marc Murtra a la presidencia de Telefónica tampoco permite hablar, por ahora, de un alineamiento claro con la nueva agenda europea, todavía es demasiado reciente para un balance definitivo, sin embargo, ya proyecta una línea preocupante: ha convertido la búsqueda de escala en una defensa insistente de la consolidación y de las fusiones como eje casi excluyente de la respuesta europea, cuando la propia agenda comunitaria de Letta y Draghi no se limita a crear operadores más grandes, sino que exige construir un verdadero mercado único de telecomunicaciones, armonizar reglas, eliminar barreras nacionales y ligar cualquier ganancia de tamaño a más inversión y más capacidad tecnológica.
La crítica más sólida no es que Murtra pida escala —porque Draghi también reclama facilitar la consolidación—, sino que reduzca la respuesta europea a una lógica de fusiones, cuando Letta y Draghi la vinculan a algo más amplio: mercado único real, armonización regulatoria, eliminación de barreras transfronterizas y compromisos efectivos de inversión e innovación.
Al mismo tiempo, Telefónica ha mantenido una apuesta continuista por el fútbol, adjudicándose la Champions hasta 2031 por 1.464 millones de euros, un 14% más que en el ciclo anterior, mientras la Comisión Europea sigue advirtiendo de que la UE continúa rezagada en IA, semiconductores y 5G autónomo, y el EU Industrial R&D Investment Scoreboard 2025 constata que el liderazgo mundial de la I+D digital sigue concentrándose en las grandes tecnológicas estadounidenses. A ello se ha sumado un plan de ajuste que prevé recortar unos 3.000 millones de euros de costes hasta 2030 y que se tradujo en un ERE pactado con una salida mínima de 4.539 trabajadores, de modo que, en un sector cada vez más feroz y más intensivo en conocimiento, la prioridad parece haberse desplazado hacia la poda de plantilla y la contención del gasto antes que hacia la construcción de una verdadera capacidad propia de innovación.
En definitiva, lo que está en juego ya no es solo el control accionarial de una compañía concreta, sino la idea misma de país que España quiere defender en un momento de cambio profundo en Europa. Mientras la Unión Europea refuerza su agenda de soberanía tecnológica, protege infraestructuras críticas y reclama más capacidad pública para sostener activos estratégicos, en España el PP vuelve a proyectar, según la hoja de ruta que se le atribuye, una lógica de retirada del Estado que remite a los viejos reflejos privatizadores de los años noventa. Frente a ello, el movimiento de la SEPI para cuantificar y justificar con rigor el valor económico y social del sector público empresarial apunta en la dirección contraria: demostrar que lo estratégico no puede abandonarse a la inercia del mercado ni al reparto partidista, sino que debe ponerse al servicio del interés general, de la capacidad industrial del país y del bienestar colectivo. La coincidencia temporal entre ambas posiciones deja así dibujadas dos concepciones opuestas sobre qué debe hacerse con los activos estratégicos en la España de hoy, y también cuál de ellas encaja mejor con la Europa que ya está en marcha.
Para terminar el post quiero manifestar que si se confirma la hoja de ruta que Vozpópuli atribuye al PP de Alberto Núñez Feijóo para Telefónica, España estaría ante la reaparición de la peor tradición de la derecha española en materia económica: la de poner los activos estratégicos del país al servicio de una lógica de poder, de afinidades y de negocio a corto plazo, en lugar de defenderlos como instrumentos de soberanía, capacidad industrial y autonomía tecnológica. No sería nada nuevo: el precedente está en 1996, cuando Aznar colocó al frente de Telefónica a Juan Villalonga, amigo personal y compañero suyo de pupitre, convirtiendo una empresa clave en símbolo de un capitalismo de cercanías que confundió modernización con privatización y poder con reparto. Lo verdaderamente grave es que ese reflejo reaparece hoy en abierto desalineamiento con la Europa real: mientras los informes de Letta y Draghi y la propia Comisión Europea empujan hacia más integración del mercado, más escala europea, más inversión y más capacidad estratégica propia, el PP vuelve a insinuar para España la vieja receta de desmantelar la presencia pública justo en una infraestructura crítica. Ese planteamiento no representa ni regeneración ni competencia bien entendida: representa empobrecimiento estratégico, renuncia nacional y una forma de gobernar en la que se privatiza lo valioso cuando genera influencia y rentabilidad, mientras lo costoso, lo estructural y lo problemático acaba quedando en manos del Estado y, por tanto, de los ciudadanos. En Francia y Alemania, incluso con gobiernos de distinto signo al español, el sector público sigue conservando posiciones de peso en Orange y Deutsche Telekom; aquí en España el partido afín, el PP, vuelve a ofrecer como horizonte una España más débil, con menos capacidad de decisión y más expuesta a que unos pocos dispongan de lo que es de todos.
Ya lo dijo Antonio Machado: “En España, de cada diez cabezas, nueve embisten y una piensa.”