Cuando Europa decidió plantar cara a la industria aeronáutica estadounidense, no empezó preguntándose qué fabricante nacional debía comprar a los demás. Francia, Alemania y posteriormente otros países aceptaron algo bastante más complejo: conservar intereses industriales nacionales mientras compartían tecnología, inversiones, producción y riesgos en un proyecto común. De aquella cooperación nació Airbus, que terminó convirtiéndose en uno de los dos grandes fabricantes mundiales de aviación comercial. La lección no es que las telecomunicaciones deban copiar a Airbus, sino que Europa ya ha demostrado que puede alcanzar escala mundial sin comenzar necesariamente por la absorción de unos campeones nacionales por otros. Quizá, medio siglo después, el debate sobre las telecomunicaciones vuelva a plantear una pregunta parecida: ¿para ser más fuertes necesitamos ser menos, o necesitamos aprender a hacer juntos aquello que por separado ya no tiene sentido?
Europa se encuentra ante una decisión estratégica que marcará el futuro de sus telecomunicaciones y, con ellas, una parte sustancial de su soberanía digital. Existe un consenso creciente sobre el diagnóstico: el mercado europeo está fragmentado, necesita más inversión y sus operadores carecen de la escala de algunos de sus competidores estadounidenses y asiáticos. El verdadero desacuerdo comienza al decidir cómo debe conseguir Europa esa escala. El Instituto Coordenadas y buena parte del discurso de la Telefónica de Marc Murtra ponen el acento en la consolidación y en la necesidad de operadores de mayor dimensión.
Pero ¿son las grandes fusiones la única respuesta, o siquiera la más adecuada para la particular realidad política, industrial y estratégica europea? Este análisis plantea una alternativa que empieza a adquirir forma mediante proyectos concretos: consolidar capacidades sin tener necesariamente que consolidar la propiedad, utilizando consorcios, joint ventures, infraestructuras federadas y plataformas tecnológicas comunes. Porque quizá la cuestión decisiva para Europa ya no sea cuántos operadores deben sobrevivir, sino qué deben hacer juntos para alcanzar escala mundial sin renunciar a las capacidades estratégicas que los Estados consideran esenciales.
El sector europeo de las telecomunicaciones se encuentra en un momento decisivo. La aceleración de la inteligencia artificial, el cloud, la ciberseguridad, el edge computing, la gestión avanzada de datos y las redes 5G y 6G está elevando las necesidades de inversión y situando la capacidad de las infraestructuras digitales entre los principales factores de competitividad internacional. En este contexto, el Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada considera que Europa necesita revisar con urgencia el marco regulatorio de las telecomunicaciones y favorecer que sus operadores dispongan de mayor escala, capacidad financiera y dimensión transfronteriza para competir en la economía digital global. La posición del Instituto puede consultarse en la información publicada por Crónica Global sobre la necesidad de grandes operadores europeos de telecomunicaciones y en el análisis recogido por Vozpópuli.
El análisis publicado por el Instituto Coordenadas el 17 de agosto de 2026 parte de una tesis fundamental: la fragmentación del mercado europeo está reduciendo la capacidad de los operadores para invertir, innovar y competir internacionalmente. Frente a mercados como Estados Unidos, China o India, caracterizados por la presencia de un número reducido de grandes grupos, Europa mantiene numerosos operadores cuyas actividades continúan concentrándose fundamentalmente en mercados nacionales. Según el Instituto, esta atomización reduce las economías de escala, limita la capacidad financiera y dificulta las inversiones industriales de largo plazo.
La cuestión adquiere especial importancia porque la competencia en telecomunicaciones ya no puede analizarse exclusivamente desde una perspectiva nacional. Los operadores europeos participan en una carrera tecnológica global en la que se enfrentan a grandes actores estadounidenses y asiáticos con mayor dimensión financiera y ecosistemas tecnológicos más integrados. El Instituto sostiene, por ello, que Europa necesita operadores de mayor tamaño y dimensión transfronteriza, con capacidad para acometer simultáneamente las inversiones asociadas al 5G y las futuras generaciones de redes, la inteligencia artificial, el cloud, el edge computing, la ciberseguridad y la explotación avanzada de los datos.
Este planteamiento no supone una propuesta expresa para crear consorcios europeos de telecomunicaciones. El Instituto defiende avanzar hacia operadores capaces de actuar con una lógica continental, pero no determina una fórmula empresarial concreta para conseguirlo. Por tanto, fusiones, adquisiciones, alianzas, empresas conjuntas o consorcios no deben presentarse como recomendaciones expresas del informe, sino como posibles fórmulas empresariales que quedan fuera de sus conclusiones explícitas.
Otro elemento central del diagnóstico es la necesidad de ampliar la forma en la que se evalúa la competencia. El número de operadores y los precios continúan siendo variables importantes, pero el Instituto considera que deben valorarse igualmente la inversión, la innovación, la calidad y resiliencia de las redes, la capacidad tecnológica y la sostenibilidad de las infraestructuras. Desde esta perspectiva, mantener precios reducidos no garantiza por sí mismo que Europa disponga de los recursos necesarios para construir y modernizar las redes digitales que necesitará durante las próximas décadas.
La posición del Instituto coincide con un debate que se ha intensificado dentro de las instituciones comunitarias. La propia Comisión Europea reconoce que el mercado de las telecomunicaciones continúa fragmentado en 27 mercados nacionales y que persisten obstáculos que dificultan a las empresas crecer y prestar servicios de forma transfronteriza. En enero de 2026, Bruselas presentó la propuesta de Digital Networks Act (DNA), destinada a modernizar y armonizar las reglas aplicables a las redes de comunicaciones electrónicas, facilitar la inversión y favorecer el funcionamiento de un mercado más integrado. La propuesta y sus objetivos pueden consultarse directamente en la Comisión Europea — Digital Networks Act.
La futura regulación contempla, entre otras medidas, un sistema de autorización mediante un “pasaporte único” europeo, una mayor armonización regulatoria, licencias de espectro más duraderas y previsibles, simplificación administrativa y medidas orientadas a reforzar la seguridad y resiliencia de las redes. El objetivo es crear mejores condiciones para el desarrollo de las infraestructuras sobre las que deberán funcionar la inteligencia artificial, los servicios cloud, las comunicaciones avanzadas y las futuras aplicaciones digitales europeas.
El problema de escala adquiere una dimensión concreta cuando se observa la estructura del mercado. En la Unión Europea existen alrededor de 50 operadores móviles y más de 100 operadores de redes fijas, mientras que relativamente pocos grupos mantienen una presencia significativa en varios Estados miembros. Esta estructura ha contribuido a mantener precios competitivos, pero no ha producido con la misma eficacia el despliegue generalizado de infraestructuras avanzadas como el 5G Standalone (5G SA) y determinados servicios digitales e industriales de nueva generación.
Precisamente, los últimos datos sobre el desarrollo del 5G permiten observar con mayor claridad la dimensión del desafío. Las conclusiones recogidas durante un encuentro del European 5G Observatory, respaldado por la Unión Europea, muestran que Europa ha conseguido extender ampliamente la cobertura 5G, pero mantiene un considerable retraso en la evolución hacia redes 5G Standalone y en la inversión destinada al núcleo de las redes. El documento original puede consultarse en el informe del workshop de 2026 del European 5G Observatory. La información también ha sido analizada por SDxCentral en su artículo sobre la inversión europea en cobertura 5G y redes core.
La diferencia es especialmente visible en la distribución de la inversión. Según los datos presentados, Europa destina únicamente el 18% de la inversión al core o núcleo de las redes, frente al 40% de China y el 34% de Estados Unidos, Corea y Japón. Aunque la inversión europea en este segmento ha aumentado un 31% respecto a 2024, los representantes de la industria participantes en el encuentro coincidieron en que, tras los esfuerzos realizados para ampliar la cobertura básica, es necesario prestar mayor atención a la modernización del core de las redes.
La inversión general en 5G presenta también diferencias con otras regiones. El indicador recogido para la Unión Europea se sitúa en el 50,6%, mientras que China alcanza el 72%, Estados Unidos el 62% y Japón el 58%. Los datos muestran así una distancia entre Europa y sus principales competidores tecnológicos en la evolución de las redes de nueva generación.
Esta situación contrasta con los elevados niveles de cobertura alcanzados. El 5G básico llega al 96,8% de los hogares europeos y al 88,9% de los hogares rurales, por lo que prácticamente toda la población dispone ya de algún tipo de cobertura 5G. Sin embargo, cuando se analiza el 5G Standalone, Europa presenta un desarrollo significativamente menor.
De media, el 21,6% de las estaciones base europeas opera en modalidad 5G SA, frente al 36% de Estados Unidos y el 35% de China. La diferencia resulta todavía mayor cuando se analiza su disponibilidad comercial: solo el 2,8% del 5G Standalone está realmente disponible comercialmente para los usuarios finales en Europa. Es una de las cifras más significativas del informe porque muestra que una elevada cobertura nominal de 5G no equivale necesariamente a una implantación amplia de las funcionalidades avanzadas asociadas al 5G SA.
La comparación con India permite observar esta diferencia entre infraestructura y disponibilidad comercial. Según los datos recogidos, India tiene aproximadamente un 10% de sus estaciones base funcionando en 5G SA, una proporción inferior al 21,6% europeo, pero alcanza una disponibilidad comercial del 50%, frente al 2,8% de Europa.
Dentro de la Unión Europea también existen diferencias importantes. Alemania presenta la mayor proporción de estaciones base 5G SA, con un 63,2%, pero su disponibilidad comercial se limita al 2,5%. Austria registra la mayor disponibilidad comercial de 5G SA dentro de la Unión, aunque esta alcanza solamente el 8,7%. Según lo recogido en el encuentro, una de las razones de estos bajos porcentajes es que el 5G Standalone europeo continúa concentrándose principalmente en el mercado empresarial B2B.
Los participantes en el encuentro del European 5G Observatory coincidieron en señalar que el 5G Standalone y las redes privadas serán fundamentales para generar nuevas oportunidades de creación de valor. Una mayor inversión y una extensión de su disponibilidad comercial permitirían aprovechar de forma más completa las capacidades económicas del 5G y avanzar hacia su plena monetización.
En paralelo, Europa ha avanzado en la disponibilidad del espectro necesario para estas redes. La Comisión Europea señala que en 2025 la Unión había alcanzado un 75,3% de asignación del espectro armonizado, mientras que varios Estados miembros se encontraban próximos a completar su asignación o ya la habían completado.
El principal desafío continúa siendo la capacidad para financiar la modernización de las redes durante la próxima década. Un estudio de la GSMA estima que serían necesarios alrededor de 550.000 millones de dólares para conseguir que las redes europeas alcancen niveles comparables con las infraestructuras más avanzadas internacionalmente. Frente a esa necesidad, se calcula que los operadores podrían disponer de aproximadamente 312.000 millones de dólares, lo que dejaría una brecha de inversión cercana a 238.000 millones de dólares. El estudio completo puede consultarse en GSMA — Mobile Investment Needs in Europe.
Los datos sobre inversión general del sector apuntan en la misma dirección. Según Connect Europe, la inversión europea en telecomunicaciones descendió un 2% en 2024, hasta aproximadamente 64.600 millones de euros, mientras que la inversión por habitante se situó en unos 118 euros, frente a 217 euros en Estados Unidos. La organización contabiliza además 44 operadores móviles europeos con más de 500.000 abonados, frente a ocho en Estados Unidos. Estos datos pueden consultarse en Connect Europe — State of Digital Communications 2026.
Estos indicadores aportan contexto al diagnóstico formulado por el Instituto Coordenadas. Por una parte, Europa dispone de una cobertura 5G muy elevada; por otra, mantiene niveles significativamente inferiores en 5G Standalone, disponibilidad comercial e inversión en el núcleo de las redes. No se trata, por tanto, únicamente de extender geográficamente el 5G, sino de financiar la evolución de las infraestructuras hacia arquitecturas capaces de soportar servicios más avanzados.
Para el Instituto Coordenadas, este problema está directamente relacionado con la escala y la capacidad inversora de los operadores europeos. Su análisis sostiene que la pérdida de valor relativo del sector no debe interpretarse únicamente como una cuestión empresarial o bursátil, porque una menor capacidad financiera puede traducirse en menos recursos destinados a redes, innovación, talento y desarrollo tecnológico propio.
En este debate también participa Telefónica, que en su documentación de política pública para 2026 vincula la fragmentación del mercado con las dificultades para obtener escala y mantener la capacidad de inversión y desarrollo tecnológico. La posición de la compañía puede consultarse en su Digital Public Policy Playbook 2026.
De ahí que el Instituto vincule el futuro de las telecomunicaciones con la soberanía tecnológica europea. Europa puede fijarse objetivos ambiciosos en inteligencia artificial, cloud, ciberseguridad, datos o redes de nueva generación, pero necesita infraestructuras capaces de sostenerlos y operadores con recursos suficientes para financiarlas. Su conclusión es que la soberanía tecnológica necesita una base industrial y unas infraestructuras de telecomunicaciones suficientemente sólidas.
En este escenario, el debate europeo está desplazándose desde la simple extensión de la cobertura hacia la capacidad de financiar redes más avanzadas y convertirlas en servicios comercialmente disponibles. La elevada cobertura 5G alcanzada demuestra el esfuerzo realizado en el despliegue inicial, mientras que los datos sobre el core y el 5G Standalone muestran los ámbitos en los que persiste una diferencia respecto de otras grandes economías.
La conclusión conjunta de
los datos disponibles y del análisis del Instituto Coordenadas es clara
en sus respectivos ámbitos: Europa afronta un problema de inversión y escala
en un momento en el que las telecomunicaciones requieren nuevos ciclos de gasto
intensivo. El Instituto reclama operadores de mayor dimensión y
capacidad financiera; el European 5G Observatory muestra un retraso
específico en inversión en core y disponibilidad de 5G Standalone; y la GSMA
cuantifica una considerable diferencia entre las necesidades de inversión
previstas y los recursos que podrían movilizar los operadores.
Por tanto, el desafío europeo consiste en compatibilizar competencia,
inversión, innovación y capacidad de actuación transfronteriza, mientras se
acomete la evolución tecnológica desde una cobertura 5G ya ampliamente
extendida hacia redes 5G Standalone, nuevos núcleos de red y futuras
generaciones de conectividad. En ese proceso, la capacidad financiera de los
operadores y la evolución del marco regulatorio europeo serán elementos
centrales para determinar la posición de Europa en la economía digital global.
El diagnóstico del Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada sobre la fragmentación de las telecomunicaciones europeas identifica correctamente uno de los principales problemas estructurales del sector: Europa cuenta con operadores de menor escala, mercados nacionales fragmentados y una capacidad de inversión inferior a la de algunos de sus grandes competidores internacionales. Sin embargo, cuando ese diagnóstico se proyecta sobre la necesidad de favorecer una consolidación del sector, surge una cuestión que merece un análisis mucho más profundo: ganar escala empresarial no equivale necesariamente a resolver el problema de competitividad europeo mediante grandes fusiones transfronterizas.
Esta distinción es particularmente importante porque las telecomunicaciones no constituyen un sector industrial ordinario. Las redes de comunicaciones son infraestructuras críticas sobre las que se vertebran una parte creciente de la actividad económica, la Administración pública, la seguridad, los servicios financieros, la industria, la defensa, la energía y la circulación de datos de un país. La propia política europea de seguridad del 5G reconoce esa dimensión estratégica y vincula expresamente la seguridad de las redes con la soberanía, la autonomía estratégica y la resiliencia de la Unión Europea.
Aquí aparece una primera limitación en el planteamiento del Instituto Coordenadas. Su análisis resulta convincente cuando señala que Europa necesita operadores con mayor capacidad inversora y dimensión transfronteriza, pero es mucho menos completo si de esa premisa se deriva que las fusiones corporativas constituyen la vía natural o principal para obtener esa escala. En el texto publicado por el Instituto, de hecho, no se establece detalladamente cómo deberían resolverse las consecuencias políticas, regulatorias y estratégicas que producirían esas grandes integraciones empresariales. El propio análisis previo del documento señala que se defiende una dimensión continental, pero no se establece una fórmula concreta entre fusiones, adquisiciones, alianzas, empresas conjuntas o consorcios.
Este vacío es importante porque la fragmentación empresarial y la fragmentación tecnológica no son exactamente el mismo problema. Europa puede aumentar enormemente la escala de determinadas inversiones, plataformas, tecnologías y servicios sin necesidad de que desaparezcan los principales operadores nacionales. Una infraestructura compartida, una plataforma tecnológica federada o una empresa conjunta puede alcanzar dimensión continental manteniendo al mismo tiempo la personalidad jurídica y el control estratégico de los operadores nacionales.
Precisamente aquí debe introducirse una corrección importante respecto a los informes Draghi y Letta. Ambos documentos son muy relevantes para este debate, pero no puede afirmarse rigurosamente que se opongan a las fusiones de telecomunicaciones para proteger la soberanía nacional de los Estados miembros. En realidad, ocurre más bien lo contrario.
El Informe Draghi sobre el futuro de la competitividad europea es explícito al considerar que facilitar la consolidación del sector de las telecomunicaciones puede ser necesario para incrementar las inversiones en conectividad. Draghi propone modificar la posición europea respecto de la escala y la consolidación e incluso recomienda que, a efectos de determinadas operaciones, los mercados de telecomunicaciones puedan analizarse desde una perspectiva europea y no exclusivamente nacional. También plantea aumentar el peso de los compromisos de inversión e innovación en el análisis de las fusiones.
Por tanto, Draghi no constituye un argumento contra la consolidación mediante fusiones; constituye, en realidad, uno de los principales respaldos intelectuales de esa política. Su posición consiste en que Europa necesita empresas de mayor escala para sostener la inversión, aunque condiciona esa transformación a que no se sacrifiquen el bienestar del consumidor ni la calidad del servicio.
Algo semejante ocurre con el Informe Letta, “Much More Than a Market”. Letta realiza una observación especialmente interesante para esta discusión: recuerda que cuando se construyó originalmente el mercado único determinadas actividades —entre ellas las telecomunicaciones, la energía y las finanzas— conservaron una fuerte dimensión nacional porque se consideraba que mantener el control doméstico protegía mejor determinados intereses estratégicos. Pero su conclusión no es que esa situación deba preservarse indefinidamente; sostiene que esa fragmentación nacional se ha convertido actualmente en un obstáculo para el crecimiento y la innovación.
El propio Letta afirma que Europa sigue teniendo 27 mercados nacionales de comunicaciones electrónicas y considera que esa situación dificulta la creación de operadores paneuropeos, limita la inversión y reduce la capacidad para competir con actores internacionales. También señala que el desarrollo de los servicios digitales del futuro requiere operadores con presencia paneuropea y un verdadero mercado único de comunicaciones electrónicas.
Además, el informe dedica expresamente un apartado a la consolidación. Su planteamiento contempla que la consolidación transfronteriza pueda incluir operaciones dentro de los mercados nacionales, siempre respetando el Derecho de la competencia, y señala que las necesidades de inversión en edge/cloud, 6G e inteligencia artificial justifican considerar cierto grado de consolidación nacional, pero también alianzas estratégicas y mecanismos de compartición de inversiones en elementos esenciales de las redes.
Este último elemento es decisivo. Letta no reduce la obtención de escala a las fusiones empresariales. Su enfoque es más amplio y permite precisamente plantear la alternativa que queda insuficientemente desarrollada en el análisis del Instituto Coordenadas: Europa podría construir escala tecnológica y financiera mediante estructuras cooperativas paneuropeas sin necesidad de eliminar los centros nacionales de control empresarial.
De hecho, el propio informe Letta introduce una distinción que resulta fundamental. Señala que la infraestructura de telecomunicaciones mantiene una vinculación estricta con el territorio, con sus características geográficas, densidad de población, necesidades tecnológicas y normas administrativas nacionales, mientras que la prestación de servicios digitales puede adquirir una dimensión mucho más amplia y paneuropea.
Esta diferencia pone de manifiesto uno de los principales riesgos de trasladar automáticamente al sector europeo el modelo estadounidense o chino. Las telecomunicaciones europeas no parten de un único Estado, una única arquitectura institucional, una única política de seguridad nacional ni una única tradición industrial. Europa está formada por Estados que mantienen competencias propias en seguridad, orden público, infraestructuras críticas, espectro y otras materias vinculadas directa o indirectamente con las telecomunicaciones.
Por ello, una hipotética gran fusión entre operadores históricos europeos plantea preguntas que el simple argumento de las economías de escala no resuelve. ¿Dónde quedaría situado el centro de decisión? ¿Qué Estado tendría capacidad de influencia sobre las inversiones? ¿Quién determinaría las prioridades de despliegue en situaciones de crisis? ¿Dónde se ubicarían los centros tecnológicos, los datos sensibles y determinadas capacidades de ciberseguridad? ¿Cómo se garantizaría que las inversiones no se concentrasen en los mercados más rentables en perjuicio de otros territorios? Estas cuestiones no son secundarias cuando se habla de infraestructuras de comunicaciones críticas.
La propia Unión Europea mantiene un marco de control de inversiones extranjeras precisamente porque reconoce que determinadas inversiones pueden afectar a la seguridad, al orden público y a proyectos estratégicos de uno o varios Estados miembros. El sistema europeo permite la intervención de los gobiernos nacionales y de la Comisión cuando una inversión pueda comprometer intereses estratégicos.
La cuestión no es únicamente jurídica. Existe también una resistencia política estructural a desprenderse completamente de la influencia nacional sobre determinados operadores históricos. Ese factor ayuda a explicar por qué la consolidación transfronteriza de las telecomunicaciones europeas ha avanzado mucho más lentamente de lo que sugeriría una simple comparación económica con Estados Unidos.
Por tanto, uno de los puntos débiles de cualquier análisis que presente la consolidación empresarial como solución casi automática es confundir una necesidad económica —obtener escala— con una determinada arquitectura societaria —la fusión—. La primera está ampliamente respaldada por los datos. La segunda es únicamente una de las herramientas disponibles.
El verdadero problema: escala sin concentración absoluta del control
Existe una alternativa intermedia que merece mucha más atención: mantener operadores nacionales capaces de cumplir funciones estratégicas en sus respectivos países y, simultáneamente, crear estructuras paneuropeas comunes para aquellas inversiones en las que la escala continental sea verdaderamente necesaria.
Este modelo permitiría distinguir entre dos niveles. Por un lado permanecerían las redes de acceso, la relación con los clientes, determinadas infraestructuras críticas, las obligaciones nacionales de cobertura y las funciones de seguridad. Por otro podrían desarrollarse a escala europea plataformas de edge computing, cloud soberano, inteligencia artificial aplicada a redes, APIs comunes, ciberseguridad, investigación 6G, redes privadas industriales, satélites, compras tecnológicas, centros de datos y determinados elementos del core.
Y esto no es únicamente una posibilidad teórica. La propia política tecnológica europea está avanzando en esa dirección.
En marzo de 2026, la Comisión anunció EURO-3C, un proyecto de 75 millones de euros y 87 miembros destinado a desarrollar una infraestructura europea federada Telco-Edge-Cloud. El proyecto reúne operadores de telecomunicaciones, empresas cloud, desarrolladores de software, fabricantes de equipos, centros de investigación e integradores sin exigir que todos ellos desaparezcan dentro de una única empresa. La propia Comisión vincula esta infraestructura federada con la soberanía tecnológica europea.
Existe incluso un ejemplo todavía más ilustrativo dentro del propio sector. Deutsche Telekom, Orange, Telefónica, TIM y Vodafone realizaron en 2026 una demostración conjunta de un European Edge Continuum federado, conectando infraestructuras de cinco de los principales operadores europeos. En este modelo cada compañía mantiene su propia estructura empresarial, pero determinados recursos tecnológicos pueden funcionar conjuntamente a escala europea.
Tampoco se trata de una experiencia aislada. Deutsche Telekom, Orange, Telefónica y Vodafone ya habían creado anteriormente una joint venture paneuropea, participada a partes iguales por los cuatro operadores. Es decir, algunas de las mayores compañías europeas han demostrado que es posible cooperar en nuevas plataformas digitales sin necesidad de fusionar sus negocios nacionales completos.
Estos ejemplos permiten formular una crítica más precisa al planteamiento del Instituto Coordenadas: si el objetivo es conseguir escala tecnológica europea, la discusión no debería centrarse solamente en cuántos operadores existen, sino en qué partes de la cadena de valor necesitan realmente consolidación societaria y cuáles pueden alcanzar escala mediante federación, estandarización, interoperabilidad, inversión compartida o empresas conjuntas.
Airbus: un precedente útil, pero no trasladable mecánicamente
El caso de Airbus resulta especialmente relevante, aunque debe utilizarse con cierta precisión histórica. Airbus nació en 1970 a partir de una cooperación transnacional entre industrias europeas que buscaban alcanzar la escala necesaria para competir con los fabricantes estadounidenses. Posteriormente aquel modelo evolucionó hacia una estructura corporativa mucho más integrada. Por tanto, Airbus demuestra tanto la utilidad de la cooperación europea como la posibilidad de que una estructura inicialmente consorcial termine evolucionando hacia una empresa continental integrada.
El propio informe Letta menciona expresamente Airbus y MBDA como modelos de los que pueden extraerse experiencias para sectores estratégicos europeos, especialmente cuando son necesarias grandes economías de escala pero los Estados mantienen intereses industriales y de seguridad propios.
Sin embargo, utilizar Airbus como argumento no significa que las telecomunicaciones deban copiar exactamente su estructura. Las diferencias son importantes. Una fábrica de aeronaves y una red nacional de comunicaciones no presentan la misma relación con el territorio, los ciudadanos y la seguridad pública. Las redes de telecomunicaciones funcionan permanentemente dentro de cada país y constituyen la infraestructura de funcionamiento de miles de servicios públicos y privados, por lo que la sensibilidad política sobre su control es necesariamente mayor.
El precedente Airbus debería interpretarse, por tanto, de otra forma: Europa tiene experiencia en construir escala continental mediante estructuras que permiten combinar intereses nacionales, cooperación industrial, especialización tecnológica y dirección común. Esa filosofía puede ser mucho más relevante para las telecomunicaciones que copiar mecánicamente el número de operadores existente en Estados Unidos o China.
La comparación con Estados Unidos y China es insuficiente
Otro problema frecuente en el razonamiento de la consolidación consiste en comparar el número de operadores europeos con el existente en Estados Unidos o China y concluir que Europa debería aproximarse automáticamente a esas estructuras.
La comparación proporciona información útil sobre la diferencia de escala, pero no determina cuál es la estructura empresarial óptima para Europa.
Estados Unidos constituye un único Estado federal, con un mercado de telecomunicaciones construido alrededor de un marco político y de seguridad común. China presenta una estructura todavía más diferente, con una participación estatal decisiva en sus principales operadores. Europa es una unión de Estados con competencias nacionales propias, distintas estructuras de propiedad, diferentes geografías, políticas industriales y sensibilidades de seguridad.
De ahí que el número bruto de operadores pueda resultar engañoso. Lo relevante no es únicamente cuántas empresas existen, sino cuánto de su inversión debe repetirse necesariamente en cada país y cuánto podría compartirse a escala continental.
Por ejemplo, si cinco operadores europeos desarrollan individualmente cinco plataformas tecnológicas similares para edge computing, APIs, IA aplicada a redes o ciberseguridad, existe duplicación de costes. Pero la respuesta económica no tiene por qué consistir en fusionar los cinco operadores. Puede consistir en que los cinco utilicen una plataforma común paneuropea, como ya comienza a ocurrir en algunos proyectos.
Aquí reside probablemente la crítica económica más sólida al enfoque puramente fusional: las verdaderas economías de escala del futuro de las telecomunicaciones pueden encontrarse cada vez más en las capas tecnológicas superiores y no necesariamente en fusionar las redes físicas nacionales.
Las economías de escala de una fusión transfronteriza tampoco son automáticas
El propio informe Letta introduce otra cautela relevante que en ocasiones queda fuera del debate. La infraestructura física presenta fuertes particularidades nacionales. Construir fibra o estaciones móviles en España, Alemania, Finlandia o Grecia exige inversiones adaptadas a la geografía, la densidad de población, las normas locales y la estructura competitiva de cada mercado.
Esto significa que fusionar dos operadores situados en países diferentes no elimina automáticamente las dos redes físicas ni permite compartir una gran parte de sus costes de acceso. Las antenas españolas continúan siendo necesarias en España y la fibra alemana continúa siendo necesaria en Alemania. Las mayores sinergias pueden aparecer en compras, financiación, software, investigación, plataformas digitales, servicios empresariales, cloud, ciberseguridad y tecnología de red. Pero precisamente muchas de esas economías pueden conseguirse también mediante cooperación, sin necesidad de integrar completamente la propiedad de las empresas.
Por ello, el análisis económico debería comparar dos posibilidades y no asumir una única solución:
· consolidación de propiedad frente a consolidación funcional y tecnológica.
La primera se consigue mediante fusiones y adquisiciones. La segunda puede conseguirse mediante joint ventures, redes compartidas, plataformas federadas, consorcios de I+D, compras comunes, estándares compartidos y cooperación en infraestructura.
El riesgo de sustituir fragmentación por oligopolización
Existe además una segunda dimensión que tampoco debe minimizarse. La reducción del número de operadores puede aumentar la rentabilidad y la capacidad inversora, pero también puede reducir la presión competitiva. Este dilema explica la prudencia histórica de las autoridades europeas de competencia. No basta con demostrar que una empresa resultante de una fusión sería mayor; es necesario demostrar que las economías obtenidas producen beneficios verificables en inversión, calidad, innovación o precios.
El propio Draghi introduce esta cautela cuando condiciona su propuesta de consolidación a no sacrificar el bienestar del consumidor y la calidad del servicio. Letta, por su parte, insiste en que el desarrollo de operadores paneuropeos debe ser compatible con mercados abiertos y competitivos.
Por tanto, plantear el debate en términos de “fragmentación mala frente a consolidación buena” resulta excesivamente simplificador. Existe un punto a partir del cual una reducción adicional de competidores puede generar poder de mercado sin producir un aumento proporcional de la inversión.
La política correcta debería preguntarse para cada operación cuánto CAPEX adicional se produciría, qué costes se reducirían realmente, qué tecnologías serían desarrolladas conjuntamente y qué compromisos asumiría la nueva empresa. Esto coincide parcialmente con Draghi, que propone conceder mayor peso a los compromisos verificables de inversión e innovación cuando se analicen fusiones.
La soberanía nacional y la soberanía europea no son necesariamente incompatibles
Existe además un error conceptual frecuente en este debate: presentar soberanía nacional y soberanía europea como dos objetivos necesariamente contrapuestos. Una arquitectura federada permitiría mantener capacidades nacionales críticas y al mismo tiempo construir soberanía europea en aquellas tecnologías donde ningún Estado posee individualmente escala suficiente. Esto sería particularmente aplicable a 6G, cloud-edge, IA para telecomunicaciones, ciberseguridad, tecnologías cuánticas, satélites y plataformas de servicios paneuropeas.
Europa podría, por ejemplo, mantener operadores nacionales responsables de sus infraestructuras territoriales y construir al mismo tiempo una capa tecnológica europea compartida. Esa capa podría gestionar estándares, investigación, servicios de edge computing, determinados recursos cloud, APIs, roaming avanzado o capacidades de ciberseguridad.
De hecho, la orientación de proyectos como EURO-3C, descrito por la Comisión como una infraestructura federada Telco-Edge-Cloud para reforzar la soberanía digital europea, demuestra que esta arquitectura no es una construcción puramente académica.
Una omisión especialmente importante: el concepto de federación
Esta puede ser la principal carencia del planteamiento del Instituto Coordenadas. Su diagnóstico habla acertadamente de escala, pero dedica mucha menos atención a la posibilidad de conseguir esa escala mediante federación. La diferencia es fundamental. Una fusión persigue:
una empresa + una propiedad + una dirección + múltiples mercados.
Una federación permite:
múltiples empresas + control nacional + infraestructura tecnológica común + estándares comunes + mercado continental.
Para determinadas capas de las telecomunicaciones europeas, esta segunda fórmula podría proporcionar buena parte de las economías de escala sin provocar el conflicto político y estratégico asociado a la desaparición de operadores nacionales.
Y precisamente el avance de la virtualización de las redes hace cada vez más relevante esa posibilidad. Cuanto mayor es el peso del software, del cloud, del edge y de las APIs dentro de las telecomunicaciones, más factible resulta separar la escala tecnológica de la propiedad de la infraestructura física.
Lo que realmente aportan Draghi y Letta a esta discusión
Una lectura completa de Draghi y Letta conduce, por tanto, a una conclusión bastante más matizada que la de utilizar ambos informes simplemente a favor o en contra de las fusiones.
Draghi es claramente favorable a facilitar la consolidación, siempre que existan beneficios en inversión e innovación y se preserve el bienestar del consumidor.
Letta también considera necesaria una mayor consolidación e integración europea, pero introduce elementos particularmente útiles para un modelo alternativo: reconoce las peculiaridades territoriales de las infraestructuras, contempla alianzas estratégicas y compartición de inversiones y distingue entre infraestructura nacional y servicios potencialmente paneuropeos. Además, Letta utiliza expresamente Airbus y MBDA como referencias de cooperación industrial europea en sectores estratégicos.
La conclusión correcta, por tanto, no sería que Draghi y Letta rechazan las fusiones para proteger a los operadores nacionales. No lo hacen. Lo que sí permiten sus informes es construir un argumento mucho más sofisticado: Europa necesita escala, pero dispone de más instrumentos para conseguirla que la concentración de la propiedad empresarial.
Una estrategia posiblemente más adaptada a la realidad europea
Desde esta perspectiva, una política europea más ajustada a la realidad institucional del continente podría basarse en tres niveles complementarios de integración:
· En primer lugar, mantener allí donde resulte necesario operadores nacionales sólidos, responsables de infraestructuras territoriales estratégicas y sometidos a obligaciones nacionales de seguridad, cobertura y resiliencia.
· En segundo lugar, permitir consolidaciones nacionales o transfronterizas cuando puedan acreditarse verdaderas economías de escala, mayores inversiones y beneficios para los usuarios, en línea con las recomendaciones de Draghi y Letta.
· En tercer lugar —probablemente el elemento menos desarrollado en el debate—, construir grandes consorcios, joint ventures y plataformas federadas europeas para desarrollar aquellas tecnologías donde la escala continental sea imprescindible: 6G, inteligencia artificial, cloud-edge, ciberseguridad, APIs de red, satélites, redes privadas e infraestructura digital soberana.
Este tercer nivel permitiría que Telefónica, Deutsche Telekom, Orange, TIM, Vodafone y otros operadores pudieran competir comercialmente entre sí en sus mercados y cooperar simultáneamente en las infraestructuras tecnológicas donde competir individualmente destruye escala europea.
Y existen ya precedentes concretos de esa cooperación. El European Edge Continuum desarrollado conjuntamente por cinco grandes operadores europeos y el proyecto EURO-3C muestran que la federación tecnológica puede crear una infraestructura paneuropea sin exigir previamente una gigantesca operación de concentración societaria.
Conclusión
La principal debilidad del análisis del Instituto Coordenadas no está en su diagnóstico de partida. Europa sí presenta un problema de fragmentación, escala e inversión en telecomunicaciones, y tanto Draghi como Letta coinciden en gran medida con esa valoración. Negarlo sería difícilmente sostenible a la vista de los datos y de los propios documentos europeos. El problema aparece si se identifica demasiado rápidamente “mayor escala” con “mayores fusiones”.
Las telecomunicaciones poseen una particularidad que obliga a introducir una dimensión política que no aparece con la misma intensidad en otros sectores: las redes nacionales forman parte de la infraestructura estratégica sobre la que funciona la economía digital de cada Estado. Seguridad, comunicaciones públicas, emergencias, industria, servicios financieros, defensa, energía y circulación de datos dependen de ellas. La política europea del 5G reconoce expresamente esa dimensión estratégica.
Por esa razón, la resistencia de los Estados a perder completamente la capacidad de influencia sobre sus grandes operadores no puede tratarse simplemente como una anomalía regulatoria que desaparecerá cuando avance el mercado único. Es una característica estructural de la construcción europea y deberá integrarse en cualquier solución realista.
Al mismo tiempo, sería igualmente incorrecto utilizar esa soberanía nacional para perpetuar 27 mercados tecnológicos aislados, porque ese modelo tampoco proporciona la escala necesaria para competir con Estados Unidos y Asia.
El desafío consiste en superar esa falsa alternativa.
Europa no tiene que elegir necesariamente entre 27 campeones nacionales aislados y tres o cuatro gigantes empresariales que absorban el resto del mercado. Existe una tercera posibilidad: crear una arquitectura europea federada en la que los operadores mantengan determinadas funciones estratégicas nacionales mientras comparten a escala continental tecnologías, plataformas, inversiones e infraestructuras comunes.
El precedente de Airbus demuestra que Europa puede organizar proyectos industriales de gran escala a partir de la cooperación entre Estados y empresas, aunque su modelo no deba trasladarse mecánicamente a las telecomunicaciones. La aparición de EURO-3C, del European Edge Continuum y de otras joint ventures entre operadores demuestra, además, que esa lógica federativa ya ha empezado a penetrar en el propio sector digital.
De ahí que la pregunta fundamental para Europa no debería ser simplemente “¿cuántos operadores deben quedar?”, sino otra mucho más importante: “¿qué funciones necesitan escala continental y cuáles deben permanecer vinculadas a capacidades nacionales estratégicas?”
Esa distinción permitiría construir un modelo europeo propio, diferente tanto del estadounidense como del chino: competencia donde la competencia genera innovación; cooperación donde la escala resulta imprescindible; integración tecnológica donde la fragmentación destruye valor; y preservación de capacidades estratégicas nacionales donde la seguridad y la resiliencia lo exijan.
La estrategia de la Telefónica presidida por Marc Murtra corre el riesgo de quedar situada en una posición incómoda dentro del debate que comienza a dibujarse en Europa. La compañía ha colocado la consolidación del sector y las fusiones entre grandes operadores entre los elementos centrales de su discurso estratégico, una tesis que coincide parcialmente con el diagnóstico del Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada, que reclama operadores europeos de mayor tamaño, capacidad financiera y dimensión transfronteriza. Sin embargo, el debate europeo empieza a demostrar que ganar escala no significa necesariamente fusionar operadores ni concentrar su propiedad. El propio análisis del Instituto identifica correctamente el problema de escala, pero no desarrolla suficientemente las consecuencias políticas y estratégicas que tendrían grandes integraciones empresariales.
La cuestión es especialmente importante porque Europa no es Estados Unidos ni China. Está formada por Estados que mantienen competencias, intereses estratégicos y sensibilidades propias sobre unas redes de telecomunicaciones que constituyen infraestructuras críticas. Por ellas circulan los datos y servicios sobre los que funcionan administraciones públicas, empresas, banca, energía, industria, emergencias y seguridad. Pretender resolver la fragmentación europea únicamente reduciendo el número de operadores puede confundir la necesidad de conseguir escala con la necesidad de concentrar la propiedad de las compañías.
Los informes de Mario Draghi sobre la competitividad europea y Enrico Letta, “Much More Than a Market” respaldan una mayor integración del mercado europeo y contemplan la consolidación, por lo que sería incorrecto utilizarlos como argumentos contrarios a las fusiones. Pero Letta introduce una dimensión bastante más amplia: junto a la consolidación contempla alianzas estratégicas y mecanismos para compartir inversiones, reconoce la vinculación territorial de las infraestructuras de telecomunicaciones y utiliza experiencias como Airbus y MBDA como referencias de cooperación industrial europea.
Y precisamente es ahí donde empiezan a aparecer señales que deberían preocupar a cualquier estrategia basada excesivamente en las fusiones. Europa está experimentando con federación tecnológica, consorcios, joint ventures e infraestructuras comunes, mecanismos capaces de conseguir escala continental sin obligar a los operadores nacionales a desaparecer dentro de unas pocas multinacionales. La Comisión Europea anunció en 2026 EURO-3C, una iniciativa de 75 millones de euros y 87 participantes para desarrollar una infraestructura Telco-Edge-Cloud federada europea.
Más significativo todavía es que la propia Telefónica participa en la demostración práctica de que existe otro camino. Deutsche Telekom, Orange, Telefónica, TIM y Vodafone han desarrollado un European Edge Continuum federado, conectando capacidades de diferentes operadores sin necesidad de fusionarlos. Cada compañía conserva su estructura y sus activos mientras determinadas capacidades tecnológicas adquieren dimensión paneuropea. Es decir, la propia evolución tecnológica está demostrando que puede separarse la escala de la propiedad.
Aquí aparece la contradicción estratégica para Telefónica. Mientras el discurso corporativo que abandera Murtra insiste en la consolidación como respuesta fundamental a la fragmentación, algunos de los proyectos tecnológicos en los que participa la propia compañía muestran que la escala europea también puede construirse mediante federación, interoperabilidad y cooperación. El avance del cloud, edge, inteligencia artificial, APIs y virtualización de redes hace además cada vez más posible compartir capas tecnológicas sin integrar completamente las redes físicas y la propiedad de los operadores.
El precedente de Airbus resulta particularmente ilustrativo, aunque no pueda trasladarse mecánicamente a las telecomunicaciones. Europa ha demostrado que puede construir escala mundial combinando intereses nacionales, especialización industrial, cooperación tecnológica y estructuras comunes. El propio Letta menciona Airbus y MBDA al analizar modelos europeos para sectores estratégicos.
Por ello, el verdadero dilema que empieza a perfilarse no parece ser simplemente consolidación frente a fragmentación, sino consolidación de la propiedad frente a consolidación de capacidades. La primera conduce fundamentalmente hacia fusiones y adquisiciones; la segunda permite utilizar joint ventures, consorcios de I+D, redes compartidas, plataformas federadas, compras comunes y estándares tecnológicos compartidos.
Si esta segunda vía gana peso en la política industrial europea, Telefónica tendrá que evitar quedar atrapada en un diagnóstico correcto acompañado de una solución demasiado estrecha. Murtra acierta cuando identifica que la fragmentación limita la escala y que Europa necesita movilizar mucha más inversión. La cuestión discutible es asumir que la respuesta prioritaria debe encontrarse en grandes operaciones corporativas. Las verdaderas economías de escala de las telecomunicaciones del futuro pueden encontrarse crecientemente en las capas tecnológicas —IA, cloud, edge, ciberseguridad, APIs y 6G— y no necesariamente en fusionar las redes físicas nacionales.
Por eso sería excesivo afirmar hoy como hecho que “Murtra está en el lado equivocado”: Draghi, Letta y parte de la Comisión comparten precisamente algunos argumentos favorables a facilitar la consolidación. Pero sí puede formularse una crítica estratégica más profunda: si Telefónica interpreta la transformación europea únicamente a través de las fusiones, corre el riesgo de no advertir que Europa está desarrollando simultáneamente un modelo de escala basado en cooperación, federación tecnológica y soberanía compartida.
Y para quien dirige una compañía de la dimensión y relevancia estratégica de Telefónica, esa diferencia resulta fundamental. Dirigir Telefónica no consiste solamente en anticipar qué empresa puede comprarse o con quién puede fusionarse, sino en comprender qué arquitectura industrial está construyendo Europa para los próximos veinte años. Los proyectos federados que ya están apareciendo indican que la respuesta europea podría ser bastante más sofisticada que reducir cincuenta operadores a cuatro o cinco grandes grupos.
La cuestión que debería plantearse Telefónica es, por tanto, menos “¿con quién debemos fusionarnos para ser más grandes?” y más “¿qué capacidades debemos liderar y compartir para convertirnos en una pieza imprescindible de la infraestructura digital europea?”. Si el futuro termina orientándose hacia grandes plataformas federadas de 6G, inteligencia artificial, cloud-edge, ciberseguridad y servicios digitales paneuropeos, la ventaja competitiva no pertenecerá necesariamente al operador que más compañías haya absorbido, sino al que haya entendido antes cómo ocupar una posición central dentro de esa nueva arquitectura.
Ese es el verdadero riesgo para la Telefónica de Murtra: no equivocarse en el diagnóstico de que Europa necesita escala, sino equivocarse sobre la forma en que Europa puede decidir construirla. Y cuando se dirige una infraestructura empresarial estratégica de la importancia de Telefónica, anticipar esa diferencia forma parte esencial de la capacidad exigible a quien ocupa el puente de mando.
Por otro lado quiero manifestar que en la web el Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada, se define como una institución de pensamiento e investigación dedicada a la interacción entre gobernanza y economía aplicada y afirma regirse por principios de “independencia, apartidismo y pluralidad”. También manifiesta una orientación favorable a la liberalización económica. Sin embargo, en las páginas públicas que he revisado no aparece una sección de transparencia financiera que identifique de forma clara sus fuentes de ingresos, principales financiadores, donantes, patrocinadores o clientes. Tampoco he localizado públicamente un desglose de aportaciones que permita saber qué porcentaje de sus recursos procede de cuotas, empresas privadas, encargos de estudios, administraciones públicas, colaboraciones institucionales u otras fuentes.
Lo que sí puede afirmarse de forma fundamentada es algo más limitado pero importante: la financiación del Instituto no resulta transparente en las fuentes públicas que he podido localizar. Para evaluar plenamente la independencia de un think tank que interviene en debates regulatorios sería deseable conocer, como mínimo, sus principales fuentes de financiación, donantes o socios corporativos, posibles ingresos por estudios encargados y quién financia cada investigación relevante.
Esto cobra especial interés en el caso que estamos analizando. El informe del Instituto sobre telecomunicaciones sostiene posiciones que coinciden en varios aspectos con las reivindicaciones públicas de grandes operadores europeos acerca de consolidación, escala, regulación e inversión. Esa coincidencia, por sí sola, no demuestra ninguna relación financiera, pero sí hace razonable exigir transparencia sobre financiación y conflictos de interés antes de utilizar el análisis como una fuente independiente de autoridad.
En definitiva, Europa parece estar entrando en una fase en la que la escala dejará de medirse exclusivamente por el tamaño de las empresas y comenzará a medirse también por su capacidad para compartir tecnología, inversión e infraestructuras estratégicas sin renunciar necesariamente a los centros nacionales de decisión. Telefónica todavía está a tiempo de interpretar correctamente ese cambio. Pero si continúa contemplando las grandes fusiones como la respuesta predominante al problema europeo, puede descubrir que el continente está construyendo delante de sus ojos una solución diferente: menos basada en concentrar la propiedad y mucho más en federar capacidades. Para una compañía que aspira a desempeñar un papel central en la soberanía digital europea, comprender esa diferencia no es una cuestión menor: es una cuestión de estrategia.
Para terminar el post quiero manifestar que el verdadero riesgo para la Telefónica de Marc Murtra quizá no sea haber diagnosticado mal el problema europeo, sino haber apostado demasiado pronto por una solución concreta: las grandes fusiones. Europa necesita escala, inversión y capacidad tecnológica, pero las señales que empiezan a aparecer apuntan también hacia otra dirección: consorcios, joint ventures, infraestructuras federadas y cooperación tecnológica paneuropea, capaces de sumar capacidades sin obligar necesariamente a los Estados a desprenderse del control estratégico de sus grandes redes nacionales. El propio post recoge ya ejemplos como EURO-3C y el European Edge Continuum, este último con participación de la propia Telefónica.
Ahí puede encontrarse el error estratégico de Murtra: confundir la necesidad indiscutible de consolidar capacidades europeas con la necesidad de consolidar la propiedad de los operadores. Mientras Telefónica mira hacia posibles combinaciones corporativas, empieza a dibujarse una Europa en la que el valor puede estar en compartir 6G, inteligencia artificial, cloud-edge, ciberseguridad, APIs e infraestructuras críticas, conservando al mismo tiempo centros nacionales de decisión.
Todavía es pronto para saber cuál de los dos modelos terminará imponiéndose y sería excesivo dar por derrotada la vía de las fusiones, que cuenta además con argumentos favorables en Draghi y Letta. Pero la función de quien dirige una compañía como Telefónica no consiste únicamente en reaccionar cuando el rumbo europeo ya está decidido, sino en anticiparlo. Si Europa termina construyendo su escala mediante una combinación de soberanía nacional y capacidades tecnológicas federadas, la pregunta será inevitable: ¿estaba Telefónica intentando construir el operador europeo más grande mientras Europa empezaba a construir algo mucho más importante, una infraestructura digital común?
Los grandes errores estratégicos rara vez consisten en no ver el problema. Consisten en ver correctamente el problema y equivocarse en la solución. Ese es, precisamente, el riesgo que hoy se atisba en el horizonte para la Telefónica de Murtra.
Ya lo dijo Jean Monnet: «Nada es posible sin los hombres; nada es duradero sin las instituciones.»