Poco antes de la quiebra del gigante energético norteamericano Enron, el entonces director ejecutivo Jeffrey Skilling y el presidente de la compañía Kenneth Lay habían percibido durante años remuneraciones multimillonarias en salarios, bonus y venta de acciones, mientras la situación financiera real de la empresa se deterioraba rápidamente. Según investigaciones posteriores del Congreso de Estados Unidos, varios altos ejecutivos vendieron acciones por valor de cientos de millones de dólares antes de que se revelara la magnitud de las pérdidas ocultas en la contabilidad de la empresa.
El contraste fue especialmente llamativo porque, mientras los directivos obtenían enormes beneficios personales, miles de empleados de Enron perdieron sus ahorros y sus planes de pensiones, que estaban invertidos mayoritariamente en acciones de la compañía. El colapso provocó pérdidas estimadas en más de 60.000 millones de dólares en valor bursátil y desencadenó una profunda crisis de confianza en el gobierno corporativo de las empresas estadounidenses.
El escándalo de Enron se convirtió en un caso paradigmático de desalineación entre remuneración y desempeño, y fue uno de los factores que impulsaron reformas regulatorias posteriores en materia de transparencia y control corporativo, como la Sarbanes-Oxley Act, destinada a reforzar la supervisión de las compañías cotizadas y la responsabilidad de sus directivos.
La próxima Junta General de Accionistas de Telefónica vuelve a situar en el centro del debate una cuestión clásica del gobierno corporativo en las grandes sociedades cotizadas: hasta qué punto la política de remuneraciones de la alta dirección está verdaderamente alineada con los intereses de los accionistas y con la evolución real de la compañía. La controversia suscitada por las elevadas compensaciones abonadas a antiguos directivos cesados, unida a la recomendación de voto en contra emitida por destacados asesores de voto internacionales, ha reabierto la discusión sobre los límites de la discrecionalidad retributiva, la eficacia de los mecanismos de supervisión del consejo de administración y el papel disciplinario que pueden desempeñar los accionistas institucionales y el mercado.
El caso Telefónica resulta especialmente significativo porque llueve sobre mojado y permite observar, en un supuesto concreto, varios de los problemas más estudiados por la doctrina sobre gobernanza corporativa: la separación entre propiedad y control, los costes de agencia, la insuficiente vinculación entre remuneración y desempeño, la influencia de los proxy advisors en las decisiones de voto y el alcance real de los instrumentos consultivos de control societario. A partir de este contexto, el presente análisis examina no solo la controversia concreta sobre las retribuciones sometidas a escrutinio en la próxima junta, sino también el marco doctrinal y normativo que permite comprender por qué este tipo de conflictos sigue ocupando un lugar central en el debate sobre la gestión y el control de las grandes empresas cotizadas.
Los grandes fondos de inversión internacionales con participación en Telefónica afrontan la próxima junta general de accionistas del próximo 26 de marzo con una nueva recomendación de voto en contra del informe de remuneraciones correspondiente al año 2025. Al posicionamiento inicial en contra de Institutional Shareholder Services (ISS) se ha sumado ahora el asesor de voto Glass Lewis, que cuestiona las compensaciones económicas pagadas a la antigua cúpula directiva de la compañía y considera que dichas cantidades se sitúan por encima de los estándares actuales de buen gobierno corporativo https://bit.ly/4s189VH
El foco de las críticas se encuentra en los 78,4 millones de euros destinados a las salidas del expresidente José María Álvarez-Pallete y del exconsejero delegado Ángel Vilá, quienes abandonaron sus cargos ejecutivos en enero de 2025 tras el relevo en la presidencia. Según los informes analizados por los asesores de voto, Álvarez-Pallete recibió 44,5 millones de euros, incluyendo una indemnización de 23,5 millones equivalente a cuatro anualidades y otros 13,1 millones procedentes de su plan de previsión social. Por su parte, Vilá percibió 33,9 millones, de los cuales 17,7 millones correspondían a la rescisión contractual y cerca de 9,7 millones a derechos de jubilación y otros incentivos acumulados.
Estas cifras han sido calificadas por los asesores como excesivas en comparación con las prácticas de remuneración habituales en las grandes cotizadas europeas. ISS ya había advertido que el volumen de las indemnizaciones y la estructura de los pagos planteaban dudas sobre la alineación entre la remuneración de los directivos y la evolución de la compañía, recomendando a los inversores rechazar el informe retributivo en la próxima junta.
El debate sobre las remuneraciones se produce además en un momento en el que la política salarial de Telefónica está bajo especial escrutinio. El actual presidente, Marc Murtra, que asumió la presidencia el 18 de enero del año 2025, percibió en su primer ejercicio completo una remuneración total de algo más de cinco millones de euros, alrededor de un 45 % menos que su antecesor en su último año al frente de la compañía. Cuando llegó a la presidencia la cotización de Telefónica en bolsa estaba a 3,97 € y hoy cotiza a 3,61€, esto supone una pérdida de valor en poco más de un año del valor de las acciones del 9%.
Por otro lado, Glass Lewis también ha mostrado reservas respecto al nivel de salario fijo asignado al presidente ejecutivo, que se sitúa cerca de los 1,9 millones de euros anuales, al considerar que una parte relevante de la remuneración debería estar vinculada al desempeño empresarial y a la evolución bursátil.
El equipo directivo de Telefónica ha defendido que las indemnizaciones pagadas responden a compromisos contractuales firmados con anterioridad a la reforma de su política retributiva del año 2023 y que sus servicios jurídicos confirmaron el derecho de los directivos a percibir tanto la indemnización como los beneficios asociados a los planes de previsión social. La empresa también ha subrayado que el modelo retributivo ha sido revisado para evitar situaciones similares en el futuro.
Entre las propuestas que se someterán a votación en la junta figura una nueva política de remuneraciones más restrictiva, que entrará en vigor en 2027. El nuevo esquema establece que los directivos no podrán cobrar simultáneamente una indemnización por cese y los derechos derivados del plan de previsión social. Además, la compensación máxima por salida del presidente se reducirá a dos anualidades, mientras que la estructura salarial dará mayor peso a los incentivos variables ligados a resultados y creación de valor para el accionista. Es curioso, que todos estas medidas correctivas llegan siempre cuando el daño ya está hecho a los dueños de la propiedad (accionistas) y los supuestos beneficiarios (directivos que son asalariados de la propiedad) se han llevado dichas retribuciones como sucedió con los implicados, Álvarez-Pallete y Ángel Vila el 8 de abril del año 2022:
- Punto votado: el informe anual de remuneraciones del consejo correspondiente al ejercicio 2021.
- Quién votó en contra: entre otros inversores institucionales, BlackRock, ISS y Glass Lewis el mayor gestor de activos del mundo y uno de los principales accionistas de Telefónica.
Motivo del voto negativo
El fondo justificó su oposición principalmente por:
- Bonus discrecionales y aumento de la remuneración del presidente y del consejero delegado.
- Dudas sobre la alineación entre el pago a los directivos y la evolución del negocio.
- El contexto estratégico de la compañía, marcado por desinversiones y reducción del perímetro (venta de activos y reorganización del grupo para reducir deuda).
El informe de remuneraciones se aprobó, pero con una oposición relevante:
- A favor: aproximadamente 64 % – 66 % de los votos.
- En contra: alrededor de 34 % – 36 % de los votos.
- Este nivel de oposición fue considerado alto para una gran empresa del IBEX, ya que normalmente el rechazo suele ser inferior al 10-15 %.
Por qué votaron en contra
Los fondos criticaban principalmente:
- Bonus discrecionales otorgados a la cúpula directiva.
- Falta de alineación entre remuneración y resultados bursátiles.
- El contexto estratégico de la compañía:
- venta de activos
- reducción del perímetro del grupo
- desinversiones para bajar deuda.
En la Junta General de Accionistas también se someterá a votación una nueva política de remuneraciones más restrictiva que comenzará a aplicarse a partir del año 2027. El cambio principal introduce una incompatibilidad estricta entre indemnización por cese y cobro del Plan de Previsión Social: desde esa fecha, los directivos no podrán percibir ambas compensaciones al mismo tiempo. Asimismo, la indemnización máxima para el presidente en caso de salida se reduce a dos anualidades.
El nuevo modelo también define la estructura salarial fija de la cúpula directiva. El presidente, Marc Murtra, tendrá un salario fijo anual de 1,93 millones de euros, mientras que el consejero delegado contará con un sueldo fijo de 1,45 millones de euros.
La política retributiva otorga mayor peso a la remuneración variable ligada al desempeño. En escenarios de máximo cumplimiento de objetivos, el presidente podrá alcanzar hasta un 240 % de su salario fijo en incentivos variables a largo plazo y hasta un 216 % en incentivos a corto plazo.
El asesor de voto Glass Lewis ha mostrado su apoyo al plan de remuneración para el periodo 2026-2029, así como al resto de puntos incluidos en el orden del día de la junta.
La decisión final corresponderá a los principales accionistas de la compañía, entre los que se encuentran Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, CriteriaCaixa, Saudi Telecom Company, BlackRock y BBVA, que en conjunto controlan alrededor del 40 % del capital. El punto relativo a las remuneraciones del año 2025 tiene carácter consultivo, aunque las recomendaciones de los asesores de voto suelen movilizar aproximadamente el 10 % del capital social, reflejando el grado de aceptación de la política retributiva entre los inversores institucionales.
Que el punto relativo a las remuneraciones tenga carácter consultivo significa que la votación de la Junta General de Accionistas sirve únicamente para expresar la opinión de los accionistas, pero no tiene efectos jurídicamente vinculantes sobre la compañía. Es decir, aunque una parte significativa o mayoritaria del accionariado vote en contra del informe de remuneraciones, el consejo de administración puede mantener su aplicación, ya que la ley no obliga a modificarlo ni a retirarlo tras el resultado de la votación. Si el informe anual de remuneraciones fuese rechazado mayoritariamente en la Junta General de Accionistas de Telefónica, las consecuencias serían principalmente reputacionales y de gobierno corporativo, pero no jurídicas inmediatas, ya que el voto es consultivo.
Este carácter consultivo responde al modelo de gobierno corporativo previsto en la normativa española para el informe anual de remuneraciones de los consejeros, que se somete a la junta para reforzar la transparencia y permitir a los accionistas pronunciarse sobre la política retributiva, pero sin que su aprobación o rechazo determine automáticamente la validez de los pagos ya realizados o los que se proponen realizar a futuro.
Para que la decisión fuese obligatoria o vinculante, sería necesario que el punto sometido a votación fuese una política de remuneraciones del consejo en sentido formal, cuya aprobación por la junta sí tiene carácter vinculante según la legislación societaria. En ese caso, la empresa solo podría aplicar las remuneraciones conforme a la política aprobada por los accionistas, y cualquier modificación relevante requeriría una nueva aprobación en la Junta General. En él consejo es donde la SEPI tendría que hacer valer su estatus dentro de la compañía. para que retribuciones millonarias a algunos directivos que llevaron a la compañía a la situación actual, no se fuesen para su casa con los bolsillos llenos pese a la defectuosa gestión realizada.
La situación descrita en el caso de Telefónica, donde los proxis y accionistas cuestionan las elevadas retribuciones de directivos pese a resultados empresariales discutidos, encaja con un problema clásico de la gobernanza corporativa moderna: la separación entre propiedad y control dentro de las grandes sociedades cotizadas.
Uno de los primeros autores que analizó esta cuestión fue Adolf Augustus Berle junto con Gardiner Means en su obra “The Modern Corporation and Private Property” (1932). Estos autores explicaron que, en las grandes corporaciones, el capital se encuentra muy disperso entre miles de accionistas, mientras que el poder efectivo de gestión queda concentrado en un grupo reducido de directivos profesionales. Esta separación genera el riesgo de que los gestores tomen decisiones que favorezcan sus propios intereses en lugar de los de los propietarios de la empresa https://bit.ly/46SpSGn
Posteriormente, el problema fue desarrollado en términos económicos por Michael C. Jensen y William H. Meckling en el artículo “Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure” (1976). Estos autores formularon la Teoría de la Agencia, según la cual los directivos actúan como “agentes” que gestionan recursos que pertenecen a los accionistas “principales”. Cuando los intereses de ambos no están alineados aparecen los llamados costes de agencia, que incluyen decisiones estratégicas ineficientes, remuneraciones excesivas o incentivos mal diseñados https://bit.ly/4sBBp5k
En el ámbito específico de las remuneraciones directivas, Lucian Bebchuk y Jesse Fried sostienen en su obra “Pay Without Performance” (2004) que en muchas grandes empresas las compensaciones de los ejecutivos no reflejan realmente la creación de valor para el accionista. Según estos autores, los consejos de administración pueden acabar aprobando paquetes salariales muy elevados debido a la influencia de los propios directivos o a mecanismos de supervisión insuficientes https://bit.ly/4rVjA18
La literatura académica también señala que esta brecha entre propiedad y dirección puede generar varios problemas para la empresa. En primer lugar, puede producir desalineación de incentivos, cuando las recompensas de los directivos no dependen suficientemente del desempeño económico o bursátil. En segundo lugar, puede generar pérdida de confianza de los inversores institucionales, lo que puede traducirse en presión en las juntas de accionistas, recomendaciones negativas de asesores de voto o deterioro de la reputación corporativa. Finalmente, la falta de control efectivo sobre las decisiones de la dirección puede conducir a estrategias empresariales ineficientes, uso subóptimo de recursos o decisiones orientadas a maximizar beneficios personales a corto plazo en lugar del valor de la empresa a largo plazo.
Para reducir estos problemas, la doctrina de gobierno corporativo propone mecanismos como políticas retributivas vinculadas al rendimiento, mayor presencia de consejeros independientes, supervisión activa de accionistas institucionales y mayor transparencia en los informes de remuneraciones. Estos instrumentos buscan precisamente reducir los costes de agencia y acercar los intereses de los directivos a los de los propietarios de la empresa (accionistas).
Por otro lado conviene
añadir algunos elementos doctrinales que suelen utilizarse en el estudio del gobierno
corporativo moderno. En primer lugar, es relevante mencionar el papel
del consejo de administración como mecanismo de control interno.
La literatura académica señala que la efectividad del consejo depende
en gran medida de la presencia de consejeros independientes capaces de
supervisar realmente a la dirección ejecutiva. John C. Coffee
ha señalado que el consejo debe actuar como un órgano de vigilancia que
represente los intereses de los accionistas frente al poder de los directivos,
evitando que estos influyan en la fijación de sus propias compensaciones.
Cuando el consejo carece de suficiente independencia o capacidad de control,
se incrementa el riesgo de que se aprueben paquetes retributivos que no
reflejen adecuadamente el desempeño empresarial.
https://bit.ly/4lid2XP
En segundo lugar, también
conviene considerar el concepto de “say on pay”,
ampliamente analizado en la literatura de gobierno corporativo. Este
mecanismo permite a los accionistas pronunciarse sobre las remuneraciones de
los directivos mediante votaciones en la junta. Randall S. Thomas
y Christina Sautter explican que estas votaciones, incluso
cuando son consultivas, funcionan como una herramienta de disciplina del
mercado, ya que un rechazo significativo puede generar presión reputacional y
obligar al consejo a revisar su política salarial.
https://bit.ly/4syMRi1
Otro aspecto relevante es el papel del activismo de los inversores institucionales. Autores como Ronald J. Gilson y Jeffrey N. Gordon han analizado cómo los grandes gestores de activos pueden actuar como mecanismos de control sobre las compañías cotizadas cuando consideran que la gestión no está alineada con los intereses de los accionistas. La presión ejercida por fondos institucionales y asesores de voto puede provocar cambios en la política retributiva o en la composición del consejo de administración https://bit.ly/3P1CS6v
Asimismo, la doctrina sobre gobierno corporativo subraya la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas. Según Organisation for Economic Co-operation and Development, las empresas cotizadas deben garantizar que las remuneraciones de los directivos estén claramente vinculadas al rendimiento y que los accionistas dispongan de información suficiente para evaluar la relación entre compensación y resultados empresariales https://bit.ly/4rr7g7Z
Finalmente, algunos estudios señalan que cuando existe una percepción persistente de desalineación entre remuneración y resultados pueden aparecer efectos adicionales para la empresa, como deterioro de la confianza del mercado, presión de inversores activistas, incremento del escrutinio regulatorio o dificultades para atraer capital en el largo plazo. Estos riesgos se vinculan directamente con los llamados costes de agencia, concepto desarrollado por Michael C. Jensen y William H. Meckling, según el cual la falta de alineación entre propietarios y gestores puede generar decisiones empresariales ineficientes y pérdida de valor para el accionista https://bit.ly/4bzHI3B
En conjunto, estos elementos permiten contextualizar el debate sobre las remuneraciones en Telefónica dentro de un marco más amplio de gobernanza corporativa, en el que intervienen: el consejo de administración, los accionistas institucionales, los mecanismos de control del mercado y las políticas de transparencia destinadas a reducir la brecha entre propiedad y dirección.
Para completar este análisis conviene añadir un elemento relevante relacionado específicamente con el papel de los asesores de voto (proxy advisors) como Glass Lewis y Institutional Shareholder Services, que en el caso descrito han recomendado votar en contra del informe de remuneraciones en la junta de Telefónica. La literatura académica de gobierno corporativo considera a estos intermediarios como actores relevantes en la supervisión de las compañías cotizadas.
Los asesores de voto analizan las propuestas que se someten a las juntas generales —remuneraciones, nombramientos del consejo o políticas de gobierno corporativo— y emiten recomendaciones de voto dirigidas a los inversores institucionales. Según estudios de Stephen Choi, Jill Fisch y Marcel Kahan, estas recomendaciones pueden influir de forma significativa en el comportamiento de los accionistas institucionales, especialmente en grandes fondos que gestionan carteras diversificadas y delegan parte del análisis en estos intermediarios https://bit.ly/4bhE2SP
En este contexto, el voto en contra recomendado por Glass Lewis adquiere relevancia porque los proxy advisors actúan como intermediarios informativos entre la empresa y los inversores institucionales. La literatura señala que, en muchas juntas de grandes compañías, las recomendaciones de estas firmas pueden influir sobre entre un 10 % y un 30 % del capital votante, lo que convierte sus informes en un elemento importante del proceso de gobierno corporativo https://bit.ly/40ZLBbS
Además, los estudios sobre
gobernanza corporativa indican que las recomendaciones negativas de los
asesores de voto suelen centrarse en situaciones en las que existe desalineación
entre remuneración y desempeño, indemnizaciones
consideradas excesivas o incentivos poco vinculados a la creación de valor para
el accionista. En esos casos, el objetivo de la recomendación es reforzar
la disciplina del mercado sobre el consejo de administración, presionando
para que revise sus políticas retributivas o mejore la transparencia del
sistema de incentivos.
https://bit.ly/4ufru73
Por tanto, el posicionamiento de Glass Lewis y de Institutional Shareholder Services (ISS) en el caso de Telefónica puede interpretarse como parte del mecanismo de control externo del mercado, en el que intervienen analistas independientes, inversores institucionales y accionistas minoritarios. Aunque el voto sobre el informe de remuneraciones tenga carácter consultivo, la recomendación de los proxy advisors puede influir en la percepción del mercado sobre la calidad del gobierno corporativo de la compañía y aumentar la presión para revisar o modificar su política retributiva en ejercicios posteriores.
Para completar este análisis conviene incorporar también el marco normativo que regula la participación de los accionistas en la aprobación de las remuneraciones de los directivos en las sociedades cotizadas. En el ámbito europeo, la Directiva (UE) 2017/828, que modifica la Directiva sobre derechos de los accionistas, introdujo mecanismos destinados a reforzar la implicación de los accionistas en el gobierno corporativo de las empresas cotizadas. Entre sus medidas se encuentra la obligación de que las compañías sometan a la junta general la política de remuneraciones de los consejeros y publiquen un informe anual detallado sobre las compensaciones percibidas por la alta dirección. El objetivo de esta regulación es aumentar la transparencia y permitir que los accionistas ejerzan un mayor control sobre la relación entre remuneración y desempeño empresarial https://bit.ly/4bcAjWv
En España, esta normativa se incorporó al ordenamiento jurídico a través de modificaciones en la Ley de Sociedades de Capital, que establece que la política de remuneraciones de los consejeros debe ser aprobada por la junta general con carácter vinculante, mientras que el informe anual de remuneraciones se somete a votación consultiva de los accionistas. Este sistema busca reforzar la rendición de cuentas del consejo de administración sin alterar la validez jurídica de las remuneraciones ya percibidas por los directivos https://bit.ly/3PagDLC
En este contexto regulatorio, el debate sobre las remuneraciones en Telefónica puede interpretarse como un ejemplo de cómo funcionan en la práctica los mecanismos contemporáneos de supervisión del gobierno corporativo. Las recomendaciones emitidas por los asesores de voto, el posicionamiento de los inversores institucionales y la votación de los accionistas en la junta general constituyen instrumentos destinados a reforzar la disciplina del mercado sobre el consejo de administración. Aunque el voto sobre el informe de remuneraciones tenga carácter consultivo, un rechazo significativo puede afectar a la percepción del mercado sobre la calidad del gobierno corporativo de la compañía y aumentar la presión para que el consejo revise su política retributiva o modifique la estructura de incentivos de la alta dirección en ejercicios posteriores.
De este modo, el caso analizado refleja la interacción entre distintos mecanismos de control característicos de las grandes sociedades cotizadas: el consejo de administración como órgano interno de supervisión, los accionistas institucionales como agentes de disciplina del mercado, los asesores de voto como intermediarios informativos y el marco regulatorio europeo destinado a mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en materia de remuneración de los directivos. En conjunto, estos elementos buscan reducir los problemas derivados de la separación entre propiedad y control y favorecer una mayor alineación entre los intereses de los gestores y los de los accionistas propietarios de la compañía.
Para terminar el post quiero manifestar que el caso descrito al inicio del post sobre las retribuciones percibidas por los directivos de Enron ilustra hasta qué punto la falta de alineación entre remuneración y desempeño puede convertirse en un problema estructural de gobierno corporativo. En aquella ocasión, los incentivos económicos de la alta dirección no reflejaban la situación real de la empresa ni la evolución de su valor para los accionistas. Aunque el contexto y la gravedad del caso son distintos, el debate actual sobre las retribuciones en Telefónica vuelve a poner de manifiesto una cuestión similar: la necesidad de garantizar que la compensación de los directivos esté verdaderamente vinculada a la creación de valor para los propietarios de la empresa.
Los datos conocidos muestran que la salida de los antiguos máximos ejecutivos, José María Álvarez-Pallete y Ángel Vilá, implicó compensaciones cercanas a 78,4 millones de euros entre indemnizaciones, derechos de previsión social y otros incentivos acumulados. Estas cifras han sido cuestionadas por asesores de voto y por inversores institucionales al considerar que no reflejan adecuadamente la evolución de la compañía ni la creación de valor para el accionista. Este tipo de situaciones es precisamente el que la literatura de gobierno corporativo identifica como un ejemplo de desalineación entre remuneración y desempeño, uno de los problemas centrales de la denominada Teoría de la Agencia.
En este contexto cobra especial relevancia el papel de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) como accionista relevante dentro del capital de Telefónica. La entrada del Estado en el accionariado de la compañía se justificó públicamente por razones estratégicas y por la necesidad de reforzar la estabilidad de una empresa considerada clave para las infraestructuras de telecomunicaciones del país. Sin embargo, esa posición implica también una responsabilidad adicional: la SEPI no actúa como un inversor financiero más, sino como representante indirecto de millones de ciudadanos. Su presencia en el capital debería traducirse en una actitud activa dentro de los órganos de gobierno de la empresa, especialmente cuando se someten a votación decisiones relacionadas con remuneraciones directivas que han generado un evidente debate entre los accionistas.
La cuestión adquiere aún mayor relevancia cuando se analiza la evolución reciente de la compañía bajo la presidencia de Marc Murtra. Desde su llegada a la presidencia en enero de 2025, la cotización de Telefónica ha pasado aproximadamente de 3,97 euros por acción a 3,61 euros, lo que supone una caída cercana al 9 % del valor bursátil en ese periodo. Aunque la evolución del mercado depende de múltiples factores, estos datos muestran que, al menos durante su primer año de gestión, no se ha producido una creación de valor clara para los accionistas en términos de cotización bursátil. En este contexto, el debate sobre la estructura retributiva vuelve a situarse en el centro de la discusión sobre gobierno corporativo.
La literatura económica y jurídica coincide en que las remuneraciones de los directivos deben estar estrechamente vinculadas a indicadores objetivos de desempeño y creación de valor. Cuando esta relación se debilita, se corre el riesgo de que los incentivos se perciban como recompensas desvinculadas de los resultados empresariales. Precisamente por ello, la introducción de mecanismos de control como el voto de los accionistas, la supervisión del consejo de administración o las recomendaciones de los asesores de voto pretende reforzar la disciplina del mercado sobre la dirección de las compañías.
En definitiva, el caso actual de Telefónica pone de relieve que el debate sobre las remuneraciones directivas no es únicamente una cuestión salarial, sino un problema de credibilidad del gobierno corporativo. Si la creación de valor para los accionistas se convierte en el criterio central de evaluación de la gestión empresarial, resulta imprescindible que las políticas retributivas reflejen de forma coherente esa realidad. De lo contrario, el riesgo es que las promesas estratégicas y los planes de transformación se perciban como compromisos retóricos, mientras los incentivos económicos de la dirección permanecen desconectados de los resultados efectivos de la compañía.
Ya lo dijo Michael C.
Jensen: “El problema fundamental del gobierno corporativo es cómo
asegurar que los directivos actúen en interés de los accionistas.”