Un
constructor llegó a una ciudad prometiendo levantar el edificio más alto de la
región. Presentó planos, anunció nuevas plantas y aseguró que su obra cambiaría
para siempre el horizonte. Mientras hablaba de crecer, comenzó a vender los
terrenos, los almacenes y parte de los materiales con los que debía construir.
Cuando llegó el momento de colocar los nuevos pisos, descubrió que no tenía
recursos suficientes y culpó al ayuntamiento por exigirle permisos y normas de
seguridad. Al final, de todas sus promesas solo quedaron los planos sobre
la mesa y las cenizas de unos compromisos que nunca llegaron a convertirse en
obra.
Telefónica afronta una etapa decisiva en la que su ambición de liderar la consolidación europea choca con los límites regulatorios, financieros y estratégicos de la compañía. Los resultados del primer semestre de 2026 muestran que la operadora es hoy más pequeña, mantiene una deuda elevada y dispone de menos margen para ejecutar grandes adquisiciones, lo que obliga a revisar el discurso defendido por Marc Murtra desde su llegada a la presidencia.
Hoy podemos leer en la prensa que Telefónica mantiene su intención de participar activamente en la consolidación del mercado europeo de las telecomunicaciones, aunque reconoce que las decisiones de las autoridades de competencia pueden dificultar o incluso impedir determinadas operaciones corporativas. Así lo recoge la compañía en la documentación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores tras la presentación de sus resultados correspondientes al primer semestre del año.
La operadora presidida por Marc Murtra aspira a convertirse en uno de los principales agentes de la reorganización del sector. El presidente de Telefónica ha defendido públicamente en varias ocasiones la necesidad de que las grandes compañías europeas puedan fusionarse, ganar tamaño y reforzar su capacidad tecnológica frente a sus competidores internacionales.
Según la información del diario, la situación financiera de la empresa le proporciona cierto margen para estudiar posibles adquisiciones o fusiones. Durante el primer semestre, el flujo de caja libre procedente de las operaciones continuadas alcanzó los 944 millones de euros. Esta cifra representa el efectivo generado por la actividad ordinaria después de descontar las inversiones necesarias para mantener el negocio y excluir las actividades consideradas discontinuadas.
La generación de caja permite a Telefónica afrontar diferentes prioridades, entre ellas la reducción de su deuda, la remuneración de los accionistas y la posible financiación de operaciones corporativas. Sin embargo, la empresa señala que la disponibilidad de recursos económicos no elimina los obstáculos regulatorios que podrían surgir ante cualquier movimiento de consolidación.
En el documento enviado a la CNMV, Telefónica advierte de que su actividad puede verse afectada por las decisiones de los organismos encargados de proteger la competencia. Según la compañía, las autoridades podrían prohibir o complicar procesos de concentración en mercados locales, lo que dificultaría alcanzar una escala suficiente para competir de forma eficiente, obtener ahorros operativos y optimizar las inversiones en infraestructuras y nuevas tecnologías.
Marc Murtra ha expresado una posición crítica respecto al marco normativo europeo. El presidente de Telefónica considera que la Comisión Europea, los Estados miembros y los diferentes reguladores deben revisar sus criterios para facilitar la consolidación de las empresas tecnológicas y de telecomunicaciones. En su opinión, las grandes compañías europeas necesitan aumentar su tamaño para desarrollar una mayor capacidad tecnológica.
Telefónica también alerta de que los organismos de competencia podrían limitar determinadas prácticas comerciales y aplicar sanciones económicas de elevada cuantía en caso de considerar que alguna actuación vulnera la normativa vigente. En España, una de las posibles operaciones señaladas es la adquisición de Vodafone España, actualmente controlada por Zegona. Según la información publicada, Telefónica habría mantenido contactos informales para estudiar la operación. No obstante, Marc Murtra no estaría dispuesto a asumir una valoración cercana a los 8.000 millones de euros. Las conversaciones se encuentran en una fase preliminar y no se ha comunicado la existencia de ningún acuerdo. Además de las dificultades relacionadas con el precio y la regulación, la incertidumbre geopolítica ha contribuido a frenar distintas operaciones empresariales en varios mercados, incluido el español.
Telefónica también advierte de que la estructura competitiva del sector puede experimentar cambios relevantes durante los próximos años. La entrada de nuevos operadores en sus mercados principales, favorecida por las obligaciones regulatorias que permiten el acceso mayorista a las redes de las compañías tradicionales, podría aumentar la competencia y la presión comercial sobre los grandes grupos.
A esta situación se podrían sumar fusiones entre empresas rivales o cambios de control en operadores relevantes. Telefónica reconoce que estas transformaciones podrían afectar a su posición competitiva, a la evolución de sus ingresos y a su cuota de mercado, especialmente cuando los nuevos participantes adopten estrategias agresivas de precios y captación de clientes https://tinyurl.com/y38yhmb3
La escala europea de las telecomunicaciones no puede reducirse a la compra de operadores nacionales
La posición expresada por Marc Murtra sobre la necesidad de facilitar la consolidación del sector europeo de las telecomunicaciones debe analizarse dentro del marco que están construyendo las instituciones comunitarias. La noticia de referencia presenta a Telefónica como un posible agente comprador dentro de ese proceso y señala las objeciones de su presidente frente a las autoridades de competencia. Sin embargo, la política europea que se desprende de la propuesta de Digital Networks Act (DNA), del informe de Enrico Letta y del informe de Mario Draghi es más amplia que una simple relajación de los controles sobre fusiones y adquisiciones.
Conviene realizar, en primer lugar, una precisión documental. La Digital Networks Act todavía no es una norma definitivamente aprobada. La Comisión Europea presentó la propuesta el 21 de enero de 2026 y el expediente continúa tramitándose mediante el procedimiento legislativo ordinario. En agosto de 2026, el Parlamento Europeo todavía se encuentra pendiente de la decisión de la comisión parlamentaria competente, mientras que el Consejo ha seguido examinando técnicamente el proyecto y ha identificado varios aspectos que necesitan mayor desarrollo. Por tanto, debe hablarse de la propuesta de DNA y no de una regulación ya plenamente vigente https://tinyurl.com/mup5kjd5
La propuesta parte de un diagnóstico claro: las comunicaciones electrónicas europeas continúan fragmentadas en veintisiete mercados nacionales y los operadores encuentran obstáculos regulatorios para prestar servicios, invertir y desarrollar actividades transfronterizas. La respuesta principal de la DNA no consiste en ordenar que los operadores históricos compren a sus competidores, sino en crear un marco jurídico más homogéneo que permita operar en diferentes Estados miembros sin reproducir en cada uno de ellos todos los trámites, autorizaciones y obligaciones administrativas. La Comisión señala expresamente que su propósito es facilitar las operaciones paneuropeas, reducir las barreras de entrada y hacer posible que las empresas crezcan dentro de un verdadero mercado único de conectividad https://tinyurl.com/2s3j2fsm
En este punto resulta especialmente relevante la distinción efectuada por el informe Letta, Much More Than a Market, entre las infraestructuras físicas y los servicios de telecomunicaciones. Letta explica que las redes tienen necesariamente una dimensión territorial. La construcción de fibra, torres, centros de procesamiento o redes móviles depende de la geografía, la densidad de población, las necesidades tecnológicas locales, las normas administrativas y las condiciones competitivas de cada mercado. Según el informe, la expansión internacional de una red física no genera automáticamente grandes ahorros, porque cada despliegue debe adaptarse a las características del territorio y necesita una base suficiente de clientes para resultar económicamente viable https://tinyurl.com/2kf8m4r8
Los servicios digitales presentan una realidad diferente. Pueden prestarse sobre varias redes, utilizar plataformas comunes y alcanzar una dimensión europea mediante la virtualización, la computación en el borde, las interfaces de programación de aplicaciones, la inteligencia artificial, la nube y las futuras redes 6G. Por eso, Letta sostiene que los servicios necesitan el mercado más amplio posible y un marco regulatorio común. La escala europea no depende necesariamente de que una sola compañía sea propietaria de todas las redes nacionales, sino de que diferentes operadores puedan ofrecer servicios interoperables sobre una infraestructura territorialmente distribuida https://tinyurl.com/2kf8m4r8
Esta distinción permite cuestionar una concepción exclusivamente patrimonial de la consolidación. Comprar una empresa nacional proporciona activos, clientes y cuota de mercado, pero no elimina por sí mismo las diferencias regulatorias, las distintas condiciones de uso del espectro, los requisitos de seguridad, las obligaciones de interceptación legal, los procedimientos administrativos o las particularidades de los mercados minoristas. Una compañía puede ser propietaria de operadores en varios países y continuar funcionando como una suma de negocios nacionales, sometidos a normas, frecuencias, autorizaciones y sistemas técnicos diferentes. La escala societaria no equivale automáticamente a una verdadera escala operativa paneuropea.
El propio informe Letta no excluye las fusiones de operadores menores, por lo que no sería documentalmente correcto afirmar que propone sustituirlas por completo por consorcios. Letta contempla la posibilidad de cierta consolidación dentro de los mercados nacionales y de operaciones transfronterizas, siempre que se respete el Derecho de la competencia. Pero sitúa junto a esa posibilidad las alianzas estratégicas entre operadores y el reparto favorable a la competencia de inversiones en elementos esenciales de las redes. Por tanto, el informe no establece una única vía. Reconoce que la escala puede alcanzarse mediante consolidación empresarial, pero también mediante cooperación industrial, inversión compartida y asociaciones estables entre agentes que conservan su independencia jurídica.
Este segundo camino resulta especialmente importante en un sector compuesto por activos vinculados a la seguridad, la continuidad de los servicios esenciales y la soberanía tecnológica. Las redes de telecomunicaciones forman parte de las infraestructuras críticas de los Estados, pero de ello no se deriva una prohibición europea general que impida toda adquisición por parte de un operador de otro Estado miembro. La normativa europea sobre control de inversiones extranjeras se refiere fundamentalmente a inversiones procedentes de terceros países y permite examinarlas por razones de seguridad y orden público. Las operaciones entre empresas europeas siguen sometidas al control de concentraciones, a las normas nacionales de protección de activos estratégicos y, cuando corresponda, a otros mecanismos de seguridad. Por ello, es más preciso hablar de una fuerte sensibilidad política y regulatoria que de una imposibilidad absoluta https://tinyurl.com/2crzk67b
La protección de la soberanía estratégica no exige necesariamente mantener aislados veintisiete mercados. Puede compatibilizarse con estructuras europeas de cooperación que permitan a los Estados conservar la protección de las infraestructuras esenciales situadas en su territorio y, al mismo tiempo, compartir inversiones, tecnología y servicios (esto Murtra no lo ve). Un consorcio, una sociedad conjunta o joint venture, una alianza de compartición de redes o una plataforma común pueden distribuir los costes y riesgos de una nueva infraestructura sin imponer que un único operador absorba a todos los demás.
Esa cooperación podría desarrollarse, por ejemplo, en redes mayoristas de fibra, despliegues rurales, infraestructuras pasivas, redes móviles compartidas, plataformas de computación en el borde, sistemas europeos de interfaces de red, soluciones de ciberseguridad, servicios empresariales transfronterizos, conectividad por satélite o proyectos de investigación y despliegue de 6G. La propiedad de las redes nacionales podría continuar separada, mientras que la inversión, las especificaciones técnicas, la capacidad mayorista o la prestación de determinados servicios se organizarían conjuntamente. Esta fórmula preservaría la pluralidad de operadores y permitiría obtener economías de escala allí donde realmente existen: en la tecnología, la investigación, las compras, los estándares, las plataformas y los servicios comunes.
El informe Draghi obliga a introducir otra precisión. El informe sobre el futuro de la competitividad europea sí se muestra favorable a facilitar determinadas fusiones transfronterizas. Draghi propone que los mercados de telecomunicaciones puedan analizarse desde una perspectiva europea cuando ello favorezca la integración transfronteriza y la creación de operadores con presencia en toda la Unión. También recomienda que, al evaluar una concentración, se conceda mayor importancia a los compromisos de inversión, innovación y mejora de la calidad. No puede utilizarse, por tanto, el informe Draghi para sostener que la escala europea debe alcanzarse exclusivamente mediante consorcios y nunca mediante adquisiciones https://tinyurl.com/5zhamb56
Sin embargo, reducir las recomendaciones de Draghi a la autorización de fusiones sería igualmente incorrecto. Junto a las operaciones corporativas, el informe propone la armonización europea de las licencias de espectro, la coordinación de las condiciones de las subastas, la creación de servicios empresariales prestados en varios países mediante un sistema de pasaporte, la adopción de estándares técnicos comunes y la cooperación entre operadores en interfaces de red, computación en el borde e internet de las cosas. Draghi considera esencial la coordinación industrial, porque un mercado formado por numerosos operadores solo puede alcanzar una masa crítica si adopta tecnologías y estándares compatibles https://tinyurl.com/5zhamb56
La propuesta de DNA recoge una parte sustancial de esta arquitectura. El llamado Pasaporte Único —Single Passport— permitiría que un proveedor notificara su actividad en un Estado miembro y utilizara esa autorización para prestar redes o servicios en otros países de la Unión. No se trata de un pasaporte para adquirir empresas, sino de un mecanismo regulatorio para facilitar la actividad transfronteriza. Su objetivo es que un operador pueda ganar presencia europea prestando servicios en varios Estados sin tener que superar veintisiete procedimientos generales de autorización distintos.
Este mecanismo es particularmente relevante para operadores empresariales, proveedores de redes virtualizadas, plataformas de conectividad, servicios de internet de las cosas y soluciones digitales dirigidas a compañías que trabajan simultáneamente en varios países. Permite obtener escala comercial y operativa sin que resulte imprescindible comprar al operador histórico de cada Estado. La empresa puede mantener su sede y su estructura societaria, asociarse con redes locales o contratar capacidad mayorista y ofrecer un producto común en toda la Unión.
La segunda pieza es la política europea de espectro. La DNA propone reforzar la armonización de las condiciones de asignación, ampliar la duración y previsibilidad de los derechos de uso, facilitar su renovación y promover la compartición eficiente de frecuencias. También introduce mecanismos europeos para comprobar la coherencia de las condiciones nacionales y evitar que las decisiones de un Estado obstaculicen inversiones o servicios de dimensión continental. La propuesta no elimina completamente las competencias nacionales sobre el espectro terrestre, pero pretende reducir las divergencias que dificultan el desarrollo simultáneo de tecnologías y ofertas comerciales en varios países https://tinyurl.com/2s3j2fsm
En el ámbito satelital, la integración es más profunda. La DNA contempla una autorización de espectro a escala de la Unión para facilitar servicios satelitales paneuropeos. Este planteamiento responde a la naturaleza de unas redes que no se adaptan fácilmente a fronteras nacionales y que necesitan una autorización coordinada para competir con constelaciones no europeas. La escala procede aquí de un procedimiento europeo, de estándares comunes y de la posibilidad de cubrir todo el territorio comunitario, no de la adquisición de veintisiete operadores nacionales https://tinyurl.com/2s3j2fsm
La propuesta también incorpora un mecanismo voluntario de cooperación dentro del ecosistema digital para abordar cuestiones relacionadas con la interconexión IP, la eficiencia del tráfico y otras materias emergentes. Aunque este instrumento no obliga a constituir consorcios o sociedades conjuntas, muestra que la cooperación entre operadores, proveedores de infraestructura y otros agentes digitales forma parte del modelo regulatorio previsto. La DNA busca facilitar relaciones empresariales más flexibles y crear espacios de coordinación allí donde la actuación aislada de cada operador resulta insuficiente.
Desde esta perspectiva, la posición de Murtra puede considerarse incompleta cuando identifica a las autoridades de competencia como el principal obstáculo para ganar escala. Las autoridades no solo deciden si una compañía puede comprar a otra. También deben proteger la competencia efectiva, evitar posiciones dominantes, preservar la capacidad de elección de los usuarios y garantizar que las eficiencias anunciadas se traduzcan en inversión, cobertura, calidad e innovación. La Digital Networks Act no concede a los grandes operadores un derecho a absorber competidores; intenta crear las condiciones para que puedan operar, invertir y asociarse a escala europea.
La alternativa más coherente con el conjunto de la documentación europea consiste en entender la escala como una realidad regulatoria, tecnológica, financiera y operativa, y no exclusivamente como una concentración de la propiedad. Telefónica, Orange, Deutsche Telekom y los demás operadores europeos pueden cooperar en proyectos continentales, constituir sociedades conjuntas, compartir elementos de red, desarrollar plataformas mayoristas comunes, coordinar estándares, agregar compras tecnológicas o crear servicios digitales interoperables. Estas asociaciones permitirían repartir inversiones y riesgos y, al mismo tiempo, conservar una competencia diferenciada en precios, atención al cliente, productos y servicios nacionales.
En conclusión, los informes Letta y Draghi y la propuesta de Digital Networks Act no establecen una oposición absoluta entre fusiones y cooperación. Draghi y Letta admiten que determinadas concentraciones de operadores menores pueden formar parte del proceso, especialmente cuando sean transfronterizas, respeten la competencia y generen compromisos verificables de inversión. Pero la arquitectura regulatoria que propone la Unión demuestra que comprar operadores no es la única manera, ni necesariamente la más eficaz, de construir escala paneuropea. El Pasaporte Único, la armonización del espectro, la autorización europea para los servicios satelitales, los estándares comunes, la compartición favorable a la competencia y las alianzas estratégicas permiten que empresas jurídicamente independientes actúen como una capacidad industrial europea coordinada.
El objetivo final no debería ser sustituir numerosos monopolios nacionales por unos pocos grupos privados de gran tamaño, sino convertir las redes nacionales en la base interoperable de un mercado continental. La escala europea surgiría así de la capacidad para invertir conjuntamente, compartir tecnología y prestar servicios en toda la Unión, manteniendo la seguridad de las infraestructuras, la pluralidad empresarial y la protección de los consumidores. Esa es la lectura más completa y documentalmente sostenible de la DNA y de los informes Letta y Draghi.
La defensa de la competencia no es un obstáculo imprevisto, sino uno de los fundamentos jurídicos de la Unión Europea
La advertencia formulada por Telefónica acerca de que las autoridades de competencia podrían limitar determinadas prácticas comerciales e imponer sanciones económicas elevadas debe situarse dentro del marco jurídico sobre el que se construye la Unión Europea. La posibilidad de que una empresa sea investigada, obligada a modificar su conducta o sancionada cuando vulnera las normas de competencia no constituye una circunstancia excepcional ni una novedad regulatoria. Se trata de una consecuencia directa de los Tratados europeos y de las normas aprobadas para garantizar su cumplimiento.
Por esta razón, la advertencia de Telefónica puede ser pertinente como información sobre los riesgos jurídicos de su actividad, pero no puede presentarse como la aparición de un obstáculo inesperado para la empresa. Las normas europeas de competencia existen desde los tratados fundacionales y obligan a todas las compañías que operan dentro del mercado interior, incluidas las grandes operadoras de telecomunicaciones.
El punto de partida se encuentra en el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea. Este artículo establece que la Unión implantará un mercado interior y que trabajará por el desarrollo sostenible de Europa sobre la base, entre otros elementos, de una «economía social de mercado altamente competitiva». La competencia no aparece, por tanto, como una cuestión secundaria, sino como uno de los componentes del modelo económico definido por el propio Tratado.
Esta previsión se completa con el Protocolo número 27 sobre mercado interior y competencia, que forma parte del Derecho primario de la Unión. El protocolo declara expresamente que el mercado interior incluye un sistema destinado a garantizar que la competencia no sea falseada. La existencia de grandes empresas europeas y la búsqueda de una mayor capacidad industrial no eliminan esta exigencia. Cualquier política dirigida a favorecer la inversión, la innovación o la escala empresarial debe desarrollarse dentro de un sistema que preserve una competencia efectiva.
El artículo 3.1.b del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea atribuye, además, a la Unión competencia exclusiva para establecer las normas sobre competencia necesarias para el funcionamiento del mercado interior. Esto significa que la defensa de la competencia no depende únicamente de las decisiones de cada Estado miembro ni constituye una facultad discrecional de los reguladores nacionales. Es una competencia propia de la Unión, ejercida mediante los Tratados, los reglamentos europeos, la actuación de la Comisión y la aplicación coordinada del Derecho europeo por parte de las autoridades nacionales.
El mercado interior europeo no se limita a permitir que las empresas operen, inviertan o adquieran activos en otros Estados. También exige impedir que una compañía, un grupo de compañías o una concentración empresarial reduzcan de manera significativa la presión competitiva. La libertad de empresa y la libertad de prestación de servicios no implican una libertad para actuar al margen de las normas de competencia. Las empresas pueden crecer, innovar, competir y alcanzar posiciones importantes, pero deben hacerlo respetando los límites establecidos para proteger el funcionamiento del mercado.
Esta regulación se concreta principalmente en los artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. El artículo 101 del TFUE prohíbe los acuerdos entre empresas, las decisiones de asociaciones empresariales y las prácticas concertadas que puedan afectar al comercio entre los Estados miembros y que tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear la competencia dentro del mercado interior.
Entre las conductas mencionadas por el propio artículo 101 se encuentran la fijación directa o indirecta de precios, la limitación o el control de la producción, el reparto de mercados o fuentes de abastecimiento, la aplicación de condiciones desiguales a prestaciones equivalentes y la subordinación de contratos a obligaciones adicionales que no guardan relación con su objeto. Las autoridades de competencia pueden, por tanto, limitar o prohibir determinadas prácticas comerciales cuando estas encajen en alguno de los supuestos previstos por el Tratado.
La prohibición no significa que toda forma de cooperación entre empresas sea ilícita. El apartado tercero del artículo 101 permite declarar compatibles determinados acuerdos cuando contribuyen a mejorar la producción o la distribución, fomentan el progreso técnico o económico, reservan a los consumidores una participación equitativa en los beneficios y no imponen restricciones innecesarias ni permiten eliminar la competencia en una parte sustancial del mercado. El sistema europeo admite, por tanto, acuerdos empresariales, alianzas y proyectos conjuntos cuando producen eficiencias demostrables y mantienen una competencia suficiente.
Esta cuestión resulta relevante para el sector de las telecomunicaciones. Los acuerdos de compartición de redes, los consorcios tecnológicos, las sociedades conjuntas y otros mecanismos de cooperación pueden ser compatibles con el Derecho europeo, pero deben analizarse atendiendo a sus efectos reales sobre el mercado. La calificación no depende únicamente de que las empresas invoquen objetivos de inversión, digitalización o escala. Es necesario comprobar que la cooperación no se utiliza para coordinar precios, repartirse clientes, excluir competidores o reducir injustificadamente la capacidad de elección de los usuarios.
Por su parte, el artículo 102 del TFUE prohíbe la explotación abusiva de una posición dominante cuando pueda afectar al comercio entre los Estados miembros. La norma no prohíbe que una empresa alcance una posición dominante ni sanciona automáticamente su tamaño. Lo que prohíbe es el uso abusivo del poder de mercado adquirido. El propio artículo 102 identifica como posibles abusos la imposición de precios o condiciones comerciales no equitativas, la limitación de la producción, los mercados o el desarrollo técnico en perjuicio de los consumidores, la aplicación de condiciones distintas a operaciones equivalentes y la imposición de prestaciones suplementarias sin relación con el contrato principal. Estas previsiones explican por qué una autoridad de competencia puede intervenir sobre determinadas condiciones comerciales aplicadas por un operador con una posición especialmente fuerte.
El Tribunal de Justicia ha aclarado que el artículo 102 no pretende impedir que una empresa consiga una posición dominante mediante sus propios méritos, sus capacidades o la calidad de sus servicios. Tampoco tiene como finalidad proteger artificialmente a competidores menos eficientes. La intervención se produce cuando la empresa dominante utiliza medios distintos de una competencia basada en los méritos y su comportamiento puede restringir la competencia existente o impedir su desarrollo.
Esta distinción es fundamental. El Derecho europeo no penaliza el éxito empresarial, la innovación, la inversión o el crecimiento. Tampoco establece que todas las empresas deban tener el mismo tamaño. Lo que impide es que una posición de poder económico se utilice para excluir competidores, cerrar el acceso a infraestructuras indispensables, imponer condiciones injustificadas, discriminar a determinados operadores o limitar el desarrollo tecnológico en perjuicio de los usuarios.
Las telecomunicaciones tienen además una importancia especial porque durante décadas numerosos mercados estuvieron vinculados a antiguos monopolios públicos o a empresas dotadas de derechos exclusivos. El artículo 106 del TFUE dispone que los Estados miembros no pueden mantener respecto de empresas públicas o compañías con derechos especiales medidas contrarias a las normas de los Tratados, especialmente a los artículos 101 a 109. Incluso las empresas encargadas de servicios de interés económico general quedan sometidas a las reglas de competencia, salvo en la medida en que su aplicación impida el cumplimiento de la misión específica que se les haya atribuido.
Por tanto, la relevancia estratégica de una red de telecomunicaciones no excluye automáticamente la aplicación del Derecho de la competencia. El carácter esencial del servicio puede justificar obligaciones específicas de cobertura, continuidad, seguridad o acceso universal, pero no concede a su titular una exención general frente a las normas del mercado interior.
Las sanciones están previstas expresamente en los Tratados
La posibilidad de aplicar sanciones económicas tampoco es una creación reciente de los organismos reguladores. El artículo 103 del TFUE ordena adoptar los reglamentos y directivas necesarios para aplicar los artículos 101 y 102. Entre sus objetivos menciona expresamente garantizar el cumplimiento de estas prohibiciones mediante el establecimiento de multas y multas coercitivas.
El artículo 105 del TFUE encomienda a la Comisión Europea la vigilancia de la aplicación de los principios recogidos en los artículos 101 y 102. La Comisión no actúa, por tanto, fuera de las competencias atribuidas por los Estados miembros. Su facultad para investigar infracciones y exigir el respeto de las normas procede directamente de los Tratados.
El desarrollo principal de estas facultades se encuentra en el Reglamento 1/2003, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia. Este reglamento permite a la Comisión ordenar el cese de una infracción, imponer medidas correctivas y sancionar a las empresas responsables. Su artículo 23 establece que, en las infracciones de los artículos 101 y 102, la multa puede alcanzar como límite máximo el 10% del volumen de negocios total de la empresa durante el ejercicio social anterior.
El porcentaje del 10% es un límite máximo y no una sanción automática. La cuantía concreta debe determinarse teniendo en cuenta las circunstancias del caso, especialmente la gravedad y la duración de la infracción. La existencia de este máximo elevado responde a la necesidad de que las sanciones sean suficientemente eficaces y disuasorias, particularmente cuando se aplican a compañías con una gran capacidad económica.
Sin una facultad sancionadora efectiva, la prohibición de los acuerdos restrictivos y del abuso de posición dominante tendría un alcance meramente declarativo. Una empresa podría considerar económicamente rentable vulnerar las normas si el beneficio obtenido mediante la conducta anticompetitiva fuera superior al coste de la sanción. Por ello, los Tratados no solo establecen prohibiciones, sino que ordenan crear instrumentos para hacerlas cumplir.
Las fusiones tampoco están al margen de la competencia
La misma lógica se aplica a las fusiones y adquisiciones. El Reglamento 139/2004 sobre el control de las concentraciones entre empresas establece que una concentración debe declararse incompatible cuando sea susceptible de obstaculizar significativamente la competencia efectiva en el mercado interior o en una parte sustancial de este, especialmente como consecuencia de la creación o el refuerzo de una posición dominante.
El reglamento no contiene una prohibición general de las fusiones. Por el contrario, dispone que deben declararse compatibles aquellas operaciones que no obstaculicen significativamente la competencia efectiva. También permite considerar las eficiencias que pueda generar una concentración cuando estas sean capaces de contrarrestar los efectos perjudiciales y beneficiar a los consumidores.
Por tanto, las autoridades europeas no están obligadas a bloquear toda operación que reduzca el número de operadores, pero tampoco pueden autorizarla únicamente porque las empresas participantes invoquen la necesidad de ganar escala. Deben analizar sus efectos sobre los precios, la calidad, la inversión, la innovación, la cobertura, el acceso mayorista y la capacidad de elección de los clientes.
Cuando una operación plantea problemas de competencia, las autoridades pueden exigir compromisos o medidas correctivas. Estas pueden consistir, según las circunstancias del caso, en la venta de determinados activos, la cesión de espectro, la garantía de acceso mayorista, la eliminación de cláusulas restrictivas o la adopción de otras medidas destinadas a preservar una presión competitiva suficiente. La finalidad no es proteger a un competidor concreto, sino mantener el funcionamiento competitivo del mercado.
La competencia debe beneficiar a los consumidores europeos
La protección de los ciudadanos y consumidores completa esta estructura jurídica. El artículo 169 del TFUE dispone que la Unión contribuirá a proteger la salud, la seguridad y los intereses económicos de los consumidores y a garantizarles un alto nivel de protección.
En el sector de las telecomunicaciones, estos intereses económicos se relacionan directamente con los precios, la calidad de las conexiones, la cobertura, la innovación, la variedad de ofertas, la transparencia contractual y la posibilidad de cambiar de proveedor. Una reducción significativa de la competencia puede afectar a alguno de estos elementos, por lo que las autoridades deben comprobar que las operaciones empresariales y las prácticas comerciales no trasladen sus costes a los usuarios.
La defensa de la competencia no tiene como misión garantizar la rentabilidad de cada operador ni proteger una determinada estructura empresarial. Su función es impedir que las decisiones privadas reduzcan de manera indebida la rivalidad necesaria para disciplinar precios, incentivar inversiones, mejorar los servicios y ofrecer alternativas reales a los consumidores.
Desde esta perspectiva, la afirmación de Telefónica debe leerse correctamente. Es jurídicamente cierto que las autoridades pueden limitar prácticas comerciales e imponer sanciones importantes cuando exista una infracción. Sin embargo, esa posibilidad no representa una desviación de los objetivos de la Unión ni una reacción excepcional contra la consolidación de las telecomunicaciones. Es precisamente la aplicación del sistema establecido por los Tratados.
La creación de operadores europeos más fuertes puede ser un objetivo legítimo de política industrial, pero no anula los artículos 101 y 102 del TFUE, el control de concentraciones ni la protección de los consumidores. La escala empresarial debe demostrar que produce eficiencias reales, inversiones adicionales, innovación y mejoras verificables, sin eliminar una competencia efectiva.
En consecuencia, lo llamativo no es que Telefónica advierta de posibles limitaciones y sanciones, pues estas se encuentran expresamente previstas en el Derecho de la Unión. Lo cuestionable sería presentar la actuación de las autoridades de competencia como un impedimento ajeno al proyecto europeo. La Unión se fundamenta en un mercado interior abierto a la actividad empresarial, pero acompañado de reglas destinadas a evitar que la concentración de poder económico perjudique a otros operadores, a las empresas usuarias y, especialmente, a los ciudadanos europeos.
El principio puede resumirse de forma clara: el ordenamiento europeo protege el derecho de las empresas a competir y crecer, pero no reconoce un derecho a eliminar la competencia, abusar de una posición dominante o ejecutar cualquier concentración con independencia de sus consecuencias. Las limitaciones y sanciones no contradicen el mercado interior; constituyen uno de los instrumentos jurídicos creados para que ese mercado funcione en beneficio de Europa y de sus consumidores.
La consolidación deja de ser la solución inmediata con la que Murtra presentó el futuro de Telefónica
Las declaraciones realizadas por Marc Murtra sobre las dificultades regulatorias que puede encontrar Telefónica para participar en la consolidación del sector representan un cambio relevante respecto al discurso mantenido desde su llegada a la presidencia. No existe una declaración expresa en la que el directivo reconozca el fracaso de su estrategia, pero los datos financieros y las propias comunicaciones de la compañía permiten afirmar que la consolidación no está disponible actualmente como la solución inmediata y suficiente con la que se había presentado ante el mercado.
El marco previo de análisis ya relacionaba esa estrategia de consolidación con los límites regulatorios, la defensa europea de la competencia y la reducción del perímetro de Telefónica. La cuestión adquiere ahora una dimensión adicional tras conocerse los resultados del primer semestre de 2026 y la información recogida en la noticia de referencia.
Desde que asumió la presidencia, Murtra ha situado la escala empresarial en el centro de su discurso. En marzo de 2026 afirmó durante el Mobile World Congress que Europa necesitaba compañías de telecomunicaciones más grandes, con más recursos y capacidad para invertir en tecnología. También defendió las fusiones y adquisiciones como parte de un supuesto contrato mediante el cual los reguladores permitirían ganar tamaño y, a cambio, los operadores incrementarían su inversión tecnológica. Estas declaraciones pueden consultarse en la comunicación oficial publicada por Telefónica.
La consolidación se convirtió así en una de las respuestas principales ofrecidas para afrontar los problemas históricos de Telefónica: el elevado endeudamiento, la limitada capacidad de crecimiento, la presión competitiva, la fragmentación de los mercados europeos y la necesidad de financiar nuevas redes y servicios digitales. El planteamiento consistía en concentrar la actividad en España, Alemania, Reino Unido y Brasil, abandonar una parte importante de Hispanoamérica y utilizar la futura consolidación europea para recuperar escala y mejorar la rentabilidad.
Los resultados del primer semestre de 2026 muestran, sin embargo, que la reducción del perímetro ya se ha producido, mientras que la operación corporativa que debía proporcionar una nueva escala no aparece todavía en las cuentas. La compañía ha vendido activos y ha dejado de consolidar varias filiales, pero no ha incorporado otro negocio que sustituya el volumen de ingresos que aportaban esas operaciones.
La expresión según la cual Telefónica ha perdido aproximadamente un 20% de su perímetro debe explicarse con precisión. En el primer semestre de 2024 con todas las filiales del grupo en Latinoamérica, el grupo comunicó unos ingresos de 20.395 millones de euros. En el primer semestre de 2026, la facturación correspondiente al perímetro presentado se situó en 16.392 millones de euros. La diferencia entre ambas cifras es de 4.003 millones de euros, equivalente a una reducción aproximada del 19,6 %.
Esta comparación no significa que el negocio ordinario de Telefónica haya sufrido una caída operativa del 20%. Los perímetros no son equivalentes. Los resultados de 2026 ya reflejan la desconsolidación de Telefónica Colombia desde el 5 de febrero y de Telefónica Móviles Chile desde el 10 de febrero, mientras que los activos y pasivos de México fueron clasificados como mantenidos para la venta. Estas compañías figuran como actividades discontinuadas desde el 1 de enero de 2026 y las cifras comparativas de 2025 fueron reformuladas de acuerdo con ese criterio contable.
Dentro del nuevo perímetro, los ingresos del primer semestre crecieron un 1,7% en términos corrientes y un 0,4% a tipo de cambio y perímetro constantes. Por tanto, el núcleo que permanece en Telefónica no está registrando una contracción del 20%. Lo que muestran las cuentas es una empresa con un perímetro corporativo mucho menor, cuyos negocios continuados crecen modestamente, pero cuyo crecimiento todavía no compensa el volumen de facturación eliminado mediante las desinversiones.
Esta distinción es esencial. La compañía puede presentar una evolución positiva de España y Brasil, así como mejoras en determinadas magnitudes operativas, pero continúa siendo una empresa más pequeña en términos de ingresos consolidados que la Telefónica de dos años antes. La reducción geográfica puede disminuir riesgos regulatorios, cambiarios y operativos, pero también elimina clientes, activos, facturación y capacidad de generación de resultados. Hasta junio de 2026 no se había incorporado al perímetro una operación transformadora que reemplazara esa pérdida de tamaño.
Los resultados también obligan a matizar la utilización del flujo de caja como demostración de capacidad para financiar adquisiciones. Telefónica generó 944 millones de euros de flujo de caja libre procedente de las operaciones continuadas durante el primer semestre. Sin embargo, esa cifra fue un 35,1 % inferior a los 1.456 millones obtenidos en el mismo periodo de 2025. Después de considerar las actividades discontinuadas, el flujo de caja libre total del semestre fue negativo en 185 millones, frente a los 106 millones positivos registrados un año antes.
El resultado neto ofrece una imagen similar. Las operaciones continuadas aportaron un beneficio neto de 474 millones de euros, pero las actividades discontinuadas generaron un resultado negativo de 812 millones. Como consecuencia, Telefónica cerró el semestre con unas pérdidas atribuibles de 338 millones. El beneficio neto ajustado de las operaciones continuadas se situó en 954 millones, un 21% menos que un año antes. Estas cifras no anulan la mejora experimentada por algunos negocios, pero impiden presentar los 944 millones de flujo de caja como si estuvieran íntegramente disponibles para acometer una gran adquisición.
La deuda constituye el segundo límite. A 30 de junio de 2026, Telefónica mantenía una deuda financiera neta de 25.278 millones de euros. Al incorporar los pasivos por arrendamientos, la cifra ascendía a 33.282 millones. La deuda neta se redujo en 1.546 millones respecto a diciembre de 2025, pero la propia compañía explica que el principal factor de reducción fueron 2.614 millones de desinversiones financieras netas, fundamentalmente vinculadas a las ventas de Colombia y Chile. En sentido contrario actuaron la generación total negativa de caja, incluyendo los pagos por espectro, y 890 millones destinados a la remuneración de los accionistas.
Esto significa que el descenso de la deuda durante el semestre procedió principalmente de la venta de activos y no de una generación de caja suficientemente elevada para financiar simultáneamente la reducción del endeudamiento, el dividendo, las inversiones y una gran adquisición. Las desinversiones mejoraron el balance, pero al mismo tiempo redujeron el perímetro y los ingresos consolidados. El grupo ha empleado la venta de negocios para disminuir deuda, sin que esa operación haya creado por sí misma una nueva fuente de ingresos equivalente.
La ratio de apalancamiento se situó en 2,68 veces la deuda financiera neta sobre el EBITDAaL. Telefónica mantiene como objetivo reducirla hasta aproximadamente 2,5 veces en 2028 y declara expresamente su compromiso de conservar el grado de inversión. La presentación oficial del primer semestre de 2026 reúne esos tres elementos: reducción del apalancamiento, objetivo de 2,5 veces y mantenimiento de la calificación crediticia de grado de inversión.
Las calificaciones vigentes publicadas por la propia Telefónica son Baa3 con perspectiva estable por Moody’s, BBB con perspectiva estable por Fitch y BBB− con perspectiva estable por S&P. La página de calificaciones crediticias de Telefónica identifica las tres notas como grado de inversión.
No obstante, BBB− representa el nivel más bajo del grado de inversión dentro de la escala de S&P. La propia agencia explica que las calificaciones inferiores a BBB− se consideran de carácter especulativo. Moody’s sitúa las obligaciones Baa dentro del grado medio y sujetas a un riesgo crediticio moderado; el modificador 3 coloca a Baa3 en la parte inferior de esa categoría. Las definiciones pueden consultarse en la guía de S&P sobre las calificaciones crediticias y en la explicación de la escala de Moody’s.
Estas notas no significan que Telefónica vaya a perder automáticamente el grado de inversión si realiza una adquisición. Las agencias valoran numerosos factores y cualquier operación podría financiarse mediante una combinación de deuda, acciones, venta de activos, entrada de socios o estructuras compartidas. Lo que sí puede afirmarse es que una compra de gran tamaño financiada principalmente con nueva deuda tendría que ser compatible con el objetivo de desapalancamiento y con el compromiso público de conservar el grado de inversión.
La propia compañía reconoce esta limitación. En su información para inversores, Telefónica presenta el mantenimiento de un grado de inversión “anclado” y el desapalancamiento como prioridades. Solo después incorpora las fusiones y adquisiciones, que deben concentrarse en los mercados principales, generar sinergias, crear valor y respetar una estricta disciplina financiera.
Por tanto, Telefónica no está financieramente imposibilitada para participar en cualquier operación de consolidación, pero tampoco dispone de libertad para ejecutar una adquisición relevante con independencia del precio y de su financiación. Una operación como la eventual compra de Vodafone España tendría que superar simultáneamente el control de competencia, justificar sus sinergias, obtener un precio asumible y preservar los objetivos de deuda y calificación crediticia.
El propio Murtra reconoció estos condicionantes durante la conferencia de resultados del primer semestre. Al ser preguntado por la consolidación, afirmó que cualquier operación debía producir sinergias específicas de costes y red, tener el precio correcto y encontrar un encaje con las autoridades regulatorias. Su respuesta rebaja la idea de que la consolidación pueda ejecutarse simplemente porque Telefónica la considere necesaria. El acuerdo debe ser económicamente viable, financieramente sostenible y jurídicamente autorizable.
En este contexto deben interpretarse las advertencias incluidas en la documentación remitida al mercado sobre las decisiones de las autoridades de competencia. Telefónica señala que los reguladores pueden prohibir o dificultar concentraciones, limitar determinadas prácticas comerciales e imponer sanciones. Esa información cumple una función de transparencia sobre los riesgos de la compañía, pero también confirma que el escenario defendido por Murtra depende de decisiones que Telefónica no controla.
La advertencia puede describirse como la colocación de una tirita antes de que se produzca la herida siempre que esa expresión se entienda como una valoración editorial y no como la atribución de una intención personal que no está documentada. El hecho verificable es que Telefónica ha comenzado a explicar públicamente por qué la consolidación puede no materializarse, puede retrasarse o puede aprobarse bajo condiciones que reduzcan su atractivo económico.
De esta forma, el discurso deja de concentrarse exclusivamente en los beneficios de la consolidación y empieza a incorporar sus obstáculos: el precio de los activos, la defensa de la competencia, las posibles condiciones regulatorias, el endeudamiento y la necesidad de proteger la calificación crediticia. El cambio no equivale a una renuncia formal, pero sí supone el reconocimiento de que la consolidación no depende únicamente de la voluntad de Murtra ni puede emplearse como respuesta automática a todos los problemas de Telefónica.
El fracaso que puede sostenerse con los datos no es todavía el fracaso definitivo de cualquier posible fusión. Es el fracaso de la consolidación como solución inmediata, asegurada y capaz de corregir por sí sola la situación de la operadora. Telefónica ha reducido cerca de un 20% su volumen de ingresos consolidados respecto al primer semestre de 2024, mantiene más de 25.000 millones de deuda financiera neta, ha registrado un flujo de caja total negativo en el semestre y debe continuar reduciendo su apalancamiento para proteger el grado de inversión.
Tampoco puede afirmarse únicamente a partir de las cuentas que Murtra sea personalmente más débil de lo que necesita Telefónica. Los estados financieros no miden la fortaleza de un presidente. Lo que sí demuestran es que su estrategia dispone de menos grados de libertad de los que sugería el discurso inicial. Debe reducir deuda, generar caja, recuperar crecimiento, reestructurar Alemania, gestionar la salida de Hispanoamérica, mantener la remuneración al accionista y, al mismo tiempo, conservar capacidad para aprovechar una posible operación corporativa.
La situación final es, por tanto, más exigente que la propuesta original. Murtra presentó la consolidación como una vía para ganar tamaño, elevar la inversión y recuperar competitividad. Los resultados del primer semestre de 2026 muestran que Telefónica ya ha perdido una parte sustancial de su antiguo perímetro, que sus negocios continuados todavía no han reemplazado todo el volumen eliminado y que el balance obliga a actuar con disciplina. Las advertencias sobre los reguladores no resuelven esos problemas; únicamente explican que una de las soluciones anunciadas también está condicionada por factores jurídicos y financieros que la compañía no puede ignorar.
En definitiva, el problema de Telefónica no reside únicamente en que los reguladores puedan dificultar una operación de consolidación. La cuestión de fondo es que la compañía ha reducido de manera significativa su perímetro, mantiene un endeudamiento elevado y todavía no ha incorporado nuevos negocios capaces de sustituir los ingresos perdidos. En estas condiciones, la consolidación deja de ser una solución inmediata y pasa a ser una posibilidad sometida al precio de las operaciones, a la disciplina financiera, al mantenimiento del grado de inversión y al cumplimiento de las normas europeas de competencia. Murtra presentó la escala como la respuesta a los problemas de Telefónica, pero los resultados del primer semestre de 2026 muestran que la recuperación de la operadora dependerá de fortalecer sus negocios actuales, generar caja de forma sostenible y reducir deuda. Las advertencias sobre los reguladores no modifican esa realidad: únicamente confirman que la estrategia anunciada depende de factores que Telefónica no controla.
Para terminar el post quiero manifestar que al final, Marc Murtra se parece demasiado al constructor de la historia con la que comienza este análisis. Llegó con planos ambiciosos, prometió levantar una Telefónica más grande y presentó la consolidación como el pilar sobre el que reconstruir la compañía. Sin embargo, mientras anunciaba nuevas plantas, la operadora reducía su perímetro, vendía activos y perdía una parte sustancial de los ingresos que componían su antigua dimensión. El edificio prometido no ha comenzado a levantarse y los materiales disponibles son hoy menores que cuando se presentó el proyecto.
Los resultados del primer semestre de 2026 dejan poco espacio para el relato. Telefónica factura aproximadamente un 20% menos que en el primer semestre de 2024 debido al cambio de perímetro, mantiene más de 25.000 millones de euros de deuda financiera neta, registró un flujo de caja libre total negativo durante el semestre y debe continuar reduciendo su apalancamiento para conservar el grado de inversión. Estos datos no describen a una compañía preparada para ejecutar sin restricciones una gran ofensiva compradora, sino a una operadora obligada a administrar cuidadosamente cada inversión y cada euro de deuda.
La responsabilidad de la gestión no puede trasladarse ahora a las autoridades de competencia. Los reguladores no han cambiado inesperadamente las reglas ni han levantado una barrera que antes no existiera. La protección de la competencia, el control de las concentraciones y la vigilancia de las prácticas comerciales forman parte de los Tratados europeos y del funcionamiento ordinario del mercado interior. Presentarlos como el impedimento principal para cumplir una estrategia significa reconocer que esa estrategia se construyó sin asumir plenamente unos límites jurídicos que eran conocidos desde el principio.
Tampoco puede atribuirse exclusivamente al entorno regulatorio la falta de capacidad financiera para acometer una gran adquisición. La deuda, la reducción del perímetro, la limitada generación total de caja y la obligación de proteger la calificación crediticia son restricciones internas de Telefónica. Murtra podía defender la consolidación como una posibilidad, pero convertirla en la respuesta central a los problemas de la operadora exigía demostrar previamente que la compañía disponía de recursos, alternativas y un margen financiero suficiente para ejecutarla.
La dureza de los hechos reside precisamente ahí. Murtra prometió escala antes de garantizar crecimiento, habló de adquisiciones mientras Telefónica vendía negocios y presentó a la regulación como el problema cuando el balance ya imponía sus propios límites. La consolidación no ha desaparecido como posibilidad futura, pero ha quedado reducida a una operación hipotética, condicionada por el precio, la financiación, la competencia y la voluntad de terceros. Demasiadas condiciones para una estrategia que se presentó como inevitable.
El constructor terminó delante de unos planos que no podía ejecutar. Murtra se encuentra ahora ante una situación comparable: el proyecto continúa sobre la mesa, pero Telefónica es más pequeña, sigue endeudada y no controla las decisiones esenciales para convertirlo en realidad. Ambos quedaron en pañales frente a unas circunstancias que sus promesas no podían dominar. La diferencia es que, en Telefónica, las consecuencias no recaen sobre una metáfora, sino sobre una compañía estratégica, sus accionistas, sus trabajadores y su capacidad para competir en Europa.
La gestión de Murtra deberá juzgarse por lo que consiga construir, no por la altura de los edificios anunciados. Hasta ahora, la consolidación ha funcionado más como argumento que como resultado, más como promesa que como estrategia ejecutada. Y cuando una dirección sustituye los avances verificables por expectativas que dependen de reguladores, vendedores, agencias de calificación y operaciones todavía inexistentes, los planos dejan de representar el futuro y comienzan a documentar el fracaso de lo prometido.
Ya lo dijo Aldous Huxley: «Los hechos no dejan de existir porque se los ignore».