Hay una pequeña historia en la trayectoria de Carlos Cuerpo que ayuda a entender mejor el perfil del economista que hoy se encuentra al frente de estas decisiones. Cuando cursaba el MSc in Economics en la London School of Economics durante 2003-2004, compartió promoción con Rachel Reeves, actual Chancellor of the Exchequer británica, el equivalente a la ministra de Hacienda del Reino Unido. Más de veinte años después, ambos regresaron a la LSE, ya como responsables económicos de sus respectivos gobiernos, para participar juntos en un debate sobre crecimiento equilibrado. La propia London School of Economics recuerda que Cuerpo y Reeves fueron compañeros del máster de Economía y señala que durante aquel reencuentro evocaron brevemente sus años como estudiantes y una de las enseñanzas que trasladarían a sus versiones más jóvenes: la necesidad de cuestionar las ideas convencionales.
Foto: Carlos Cuerpo y Rachel Reeves
La reunión celebrada en el Ministerio de Economía entre Carlos Cuerpo y Marc Murtra puede terminar teniendo una importancia mucho mayor de la que inicialmente sugería una agenda centrada en las telecomunicaciones y la inteligencia artificial. El encuentro se produce cuando el Estado posee el 10% de Telefónica, está representado en su Consejo de Administración y la compañía afronta una profunda transformación de su perímetro mientras continúa soportando un elevado endeudamiento. Frente a esta realidad aparece Carlos Cuerpo, economista del Estado con una larga trayectoria profesional vinculada al análisis macroeconómico, la deuda y las finanzas. En este post analizamos qué Telefónica recibió Murtra, cuál es su situación veinte meses después, qué capacidad tiene el Estado para conocerla y actuar como accionista y qué puede enseñarnos el precedente de France Télécom, donde una grave crisis financiera terminó provocando una intervención decisiva del Estado francés y una transformación profunda de la operadora. No se trata de anticipar decisiones que todavía no conocemos, sino de ordenar los hechos y las cifras para comprender por qué la reunión entre Cuerpo y Murtra puede haber abierto una etapa diferente para Telefónica.
Cuerpo y Murtra abordan el futuro de las telecomunicaciones y la IA y Telefónica reivindica una mayor escala tecnológica europea
El 20 de septiembre se conocía que el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, recibiría al día siguiente, lunes 21, al presidente de Telefónica, Marc Murtra, en la sede del Ministerio para mantener un encuentro destinado a conocer el pulso del sector de las telecomunicaciones y abordar cuestiones relacionadas con la inteligencia artificial. La reunión, fijada para las 11.30 horas, figuraba en la agenda oficial de Cuerpo, que señalaba expresamente que el ministro se reuniría con el presidente de Telefónica en la sede de su departamento. Por tanto, aunque las informaciones publicadas no precisaban que Murtra hubiera sido formalmente «citado» o «convocado» por el ministro, sí confirmaban que el presidente de Telefónica acudiría al Ministerio de Economía para mantener la reunión con Cuerpo incluida en la agenda oficial del vicepresidente primero. Según la información publicada por Europa Press el 20 de septiembre, el encuentro tendría como principales asuntos la situación de las telecomunicaciones y los desarrollos relacionados con la IA. La reunión se celebraría, además, en una jornada especialmente vinculada a esta tecnología, ya que Cuerpo tenía previsto participar previamente en la presentación de IA360: plan para un despliegue responsable de la IA, encabezada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Complejo de la Moncloa.
La convocatoria se producía además en un momento marcado por las actuaciones del Ejecutivo en torno a la inteligencia artificial. Precisamente el lunes 21 de septiembre, pocas horas antes del encuentro entre el ministro y el presidente de Telefónica, tuvo lugar la presentación oficial del plan estatal IA360, presidida por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La reunión anunciada entre Cuerpo y Murtra quedaba así situada en una jornada en la que la inteligencia artificial ocupaba un lugar destacado dentro de la agenda institucional y en la que el Gobierno presentaba sus líneas de actuación en este ámbito.
El 22 de septiembre se conocen los asuntos tratados en la reunión y la voluntad de Telefónica de participar en los planes institucionales de inteligencia artificial
Una vez celebrado el encuentro, el 22 de septiembre se conocieron nuevos detalles sobre los asuntos abordados por Cuerpo y Murtra. El presidente de Telefónica trasladó al ministro la voluntad de la multinacional española de participar activamente en las iniciativas y planes institucionales de despliegue de inteligencia artificial impulsados por el Ejecutivo. La reunión, celebrada en la sede del Ministerio pocas horas después de la presentación del plan IA360, permitió repasar la coyuntura del sector de las telecomunicaciones y abordar las capacidades tecnológicas de la operadora en relación con las prioridades públicas en materia digital. Según las fuentes del departamento de Economía recogidas en la información publicada después de la cita, el encuentro tenía como objetivo analizar la evolución del mercado de las telecomunicaciones y abordar la implementación responsable de tecnologías avanzadas.
Marc Murtra reivindica ante el ministro la necesidad de que Europa disponga de empresas tecnológicas con capacidad de escala y soluciones propias
Durante la reunión, Murtra reiteró una posición que ya había defendido públicamente en distintos foros sectoriales internacionales: la necesidad de que Europa cuente con empresas capaces de alcanzar suficiente escala y de desarrollar infraestructuras, productos y capacidades tecnológicas propias. El presidente de Telefónica había expuesto anteriormente este planteamiento en escenarios como el Mobile World Congress de Barcelona, dentro del debate sobre la soberanía europea en inteligencia artificial frente al peso tecnológico de las compañías estadounidenses. En esa misma línea, Murtra había advertido de la necesidad de disponer de capacidad propia y suficiente escala en Europa, vinculando esta cuestión con la soberanía tecnológica, el desarrollo de inteligencia artificial propia y la presencia de hiperescaladores europeos.
El planteamiento trasladado por Murtra comprende también la necesidad de que el tejido industrial europeo mantenga capacidad sobre las herramientas de inteligencia artificial que utilizarán durante los próximos años sectores considerados relevantes, entre ellos la industria farmacéutica y la manufactura. A ello se suma la importancia que Telefónica concede a disponer de soluciones propias de ciberseguridad para proteger sistemas, usuarios e instituciones y reforzar las capacidades tecnológicas europeas.
Telefónica presenta sus proyectos de inteligencia artificial como parte de las capacidades tecnológicas que puede aportar a los nuevos planes institucionales
La voluntad manifestada por Telefónica de participar en los planes estatales de inteligencia artificial se apoya en los diferentes proyectos de IA aplicada que la compañía viene desarrollando en sus áreas de negocio y mediante alianzas con otras empresas tecnológicas. Entre ellos se encuentra la evolución de su plataforma de observabilidad de redes, vinculada a Titan Connect y a su aplicación inicial en el ámbito empresarial, que permite a clientes corporativos de sectores como banca, retail, logística y centros de atención al cliente supervisar y gestionar en tiempo real sus infraestructuras de comunicaciones frente a variaciones y picos de demanda.
En el ámbito de la automatización comercial y los servicios de atención al cliente, Telefónica Tech ha desarrollado asistentes virtuales con inteligencia artificial generativa para plataformas como Bizum, destinados a la atención a través de la web y WhatsApp Business. Telefónica también ha incorporado funciones de IA generativa a su oferta de voz para empresas, entre ellas la transcripción de conversaciones, la generación automática de resúmenes de llamadas y la incorporación de agentes virtuales tanto en líneas fijas como móviles.
Telefónica extiende la aplicación de la inteligencia artificial a las Administraciones Públicas, la sanidad y los servicios empresariales
Dentro de las soluciones dirigidas a las Administraciones Públicas, Telefónica ha desarrollado junto con IBM la herramienta TEMIS, basada en la plataforma IBM watsonx y destinada al análisis de antecedentes jurídicos y demandas en la Abogacía del Estado. En el sector sanitario, Telefónica Tech alcanzó un acuerdo con Harrison.ai para comercializar en España sistemas de diagnóstico por imagen capaces de identificar más de un centenar de hallazgos clínicos en radiografías de tórax. Estos proyectos se incorporan al catálogo de soluciones digitales que la operadora está desarrollando para empresas y organismos públicos y que complementan sus actividades tradicionales de conectividad.
Telefónica prueba la aplicación de agentes de inteligencia artificial a las redes y explora nuevas soluciones de computación avanzada e IA cuántica
En materia de infraestructuras y redes, Telefónica mantiene un laboratorio de innovación con Mavenir centrado en aplicar inteligencia artificial al núcleo o core de las redes con el objetivo de avanzar en su orquestación autónoma. Paralelamente, la operadora realiza junto con Nokia pruebas de los protocolos A2A (Agent-to-Agent) y MCP (Model Context Protocol) para facilitar la interacción de agentes de inteligencia artificial con las API de red en el marco de la iniciativa internacional GSMA Open Gateway. A estas actuaciones se añaden los acuerdos alcanzados con Qilimanjaro Quantum Tech, QCentroid y Multiverse Computing para explorar la convergencia entre computación avanzada e inteligencia artificial y desarrollar ofertas comerciales de IA cuántica destinadas a entornos empresariales complejos.
Telefónica integra operativamente Telefónica Tech en Telefónica España dentro de su proceso de simplificación corporativa y comercial
Los proyectos tecnológicos abordados en el contexto de la reunión coinciden con la reorganización corporativa que Telefónica está llevando a cabo para integrar sus servicios digitales con el resto de su oferta empresarial. La compañía ha decidido integrar operativamente Telefónica Tech dentro de Telefónica España, aunque la filial conservará su independencia jurídica. Su gestión pasará a depender de la división nacional presidida por Borja Ochoa, con el objetivo de integrar comercialmente sus capacidades de inteligencia artificial, ciberseguridad, cloud y otros servicios digitales con la oferta de conectividad destinada a grandes empresas y Administraciones Públicas.
La decisión se encuadra en el proceso de simplificación de la estructura de la compañía y continúa la línea marcada por la reorganización de las marcas de Telefónica bajo una referencia corporativa común. Telefónica está concentrando bajo su identidad corporativa la relación comercial con empresas y Administraciones Públicas y reduciendo el peso visible de denominaciones específicas como Tech, Infra, Empresas o Global Solutions. Aunque Telefónica Tech mantiene su personalidad jurídica, su gestión desde Telefónica España persigue que las capacidades digitales y la conectividad se comercialicen mediante una propuesta más integrada.
La reunión concluye con la voluntad de Telefónica de participar en las iniciativas públicas de IA y con la reivindicación de una mayor escala tecnológica europea
La información conocida el 22 de septiembre completa así la noticia publicada dos días antes sobre la convocatoria del encuentro entre Cuerpo y Murtra. Si el 20 de septiembre se había informado de que la reunión serviría para abordar cuestiones relacionadas con las telecomunicaciones y la inteligencia artificial, tras su celebración se conoció que Murtra había trasladado al ministro la voluntad de Telefónica de participar activamente en las iniciativas y planes institucionales de despliegue de la IA promovidos por el Ejecutivo. El encuentro permitió igualmente repasar la situación del mercado de las telecomunicaciones y los desarrollos tecnológicos de la operadora, incluidos sus proyectos relacionados con inteligencia artificial, automatización, redes, ciberseguridad y servicios digitales.
Junto a esa disposición para participar en las iniciativas institucionales, Murtra aprovechó el encuentro para reiterar su posición sobre la necesidad de que Europa disponga de empresas tecnológicas con capacidad suficiente para alcanzar escala y desarrollar infraestructuras y productos propios. La reunión anunciada el 20 de septiembre y celebrada al día siguiente queda de este modo completada con la información conocida posteriormente sobre su contenido: el análisis de la situación de las telecomunicaciones, la presentación de las capacidades y proyectos tecnológicos de Telefónica, la voluntad de la compañía de participar en los planes públicos relacionados con la inteligencia artificial y la defensa de una mayor capacidad tecnológica propia en Europa.
El perfil profesional de Carlos Cuerpo sitúa su especialización en la economía, el análisis macroeconómico y las finanzas públicas, no específicamente en la inteligencia artificial
El encuentro con Marc Murtra debe situarse también dentro de las competencias institucionales y del perfil profesional de Carlos Cuerpo, vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa. Si se atiende estrictamente a su currículo oficial, su formación y su trayectoria profesional muestran una especialización fundamentalmente económica, macroeconómica y financiera. Cuerpo es licenciado en Economía por la Universidad de Extremadura, máster en Economía por la London School of Economics y doctor en Economía por la Universidad Autónoma de Madrid, y desde 2008 pertenece al Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado. La biografía oficial publicada por el Ministerio de Economía no recoge titulaciones en inteligencia artificial, informática, ingeniería de telecomunicaciones o disciplinas tecnológicas equivalentes, por lo que, sobre la base de la documentación curricular disponible, no puede calificársele como experto técnico o académico en inteligencia artificial. Su condición de ministro y su participación en las políticas públicas relacionadas con esta tecnología constituyen una responsabilidad institucional distinta de una especialización técnica acreditada en IA.
Su trayectoria dentro de la Administración confirma dónde se ha concentrado principalmente esa especialización. Entre 2008 y 2011 trabajó como analista en la Dirección General de Análisis Macroeconómico y Economía Internacional, desarrollando responsabilidades relacionadas con la modelización y estimación del impacto de medidas de política económica. Posteriormente trabajó en la Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros de la Comisión Europea, donde se ocupó del seguimiento y análisis del mercado inmobiliario y de los patrones de endeudamiento del sector privado dentro del Procedimiento de Desequilibrios Macroeconómicos. Más adelante pasó a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), primero como subdirector general de Endeudamiento Público y posteriormente como director de su División de Análisis Económico. Entre febrero de 2020 y agosto de 2021 fue director general de Análisis Macroeconómico y posteriormente ocupó la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, responsabilidad desde la que se ocupó de materias como la deuda pública, la regulación del sector financiero y la representación española ante instituciones económicas y financieras internacionales.
Por tanto, la experiencia profesional acreditada de Cuerpo se encuentra especialmente vinculada al análisis macroeconómico, las previsiones económicas, la deuda pública, la estabilidad financiera, la regulación del sector financiero y la política económica nacional y europea. La propia Asociación de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado destaca su especialización en la elaboración y evaluación de previsiones macroeconómicas para España y en el análisis de sostenibilidad de la deuda. Es precisamente en estas materias donde existe una trayectoria profesional prolongada y documentada que permite hablar de un elevado grado de especialización.
Este dato permite precisar el contexto de la reunión mantenida con el presidente de Telefónica sin atribuirle conocimientos que su currículo no acredita. El hecho de que Cuerpo abordase con Murtra cuestiones relacionadas con la inteligencia artificial no significa por sí mismo que el ministro sea un especialista técnico en IA. Como ministro de Economía, Comercio y Empresa, entre sus funciones oficiales se encuentran: la propuesta y ejecución de la política económica del Gobierno y las reformas destinadas a mejorar la competitividad, materias en las que el desarrollo y la adopción empresarial de la inteligencia artificial tienen implicaciones económicas directas. Desde marzo de 2026, además, Cuerpo es vicepresidente primero del Gobierno y preside la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. Estas responsabilidades explican institucionalmente su participación en las políticas relacionadas con la dimensión económica de la transformación tecnológica.
De hecho, el mismo 21 de septiembre, antes de su encuentro con Murtra, Cuerpo participó en la presentación de «IA360: Plan para un despliegue responsable de la IA». La agenda oficial del Gobierno recoge que el presidente Pedro Sánchez clausuró el acto y que Carlos Cuerpo lo inauguró, junto con la participación de otros miembros del Ejecutivo. El plan aborda, entre otras cuestiones, el aumento de la capacidad tecnológica, la computación, la incorporación de la IA a los procesos productivos, la formación, la ciberseguridad y la gobernanza de esta tecnología. La presencia de Cuerpo se corresponde, por tanto, con su posición dentro del Gobierno y con la dimensión económica, empresarial y de competitividad asociada al despliegue de la inteligencia artificial, sin que ello modifique lo que refleja su currículo acerca de su especialización profesional.
La distinción entre conocimiento económico de los efectos de la IA y especialización técnica en inteligencia artificial
A partir de la documentación oficial consultada conviene, por ello, diferenciar dos planos distintos. Carlos Cuerpo cuenta con una extensa formación y experiencia profesional para abordar las consecuencias económicas, financieras, empresariales y de competitividad relacionadas con una transformación tecnológica, puesto que esos ámbitos enlazan directamente con su formación como economista y con los puestos que ha desempeñado en la Administración española, la Comisión Europea, la AIReF y el Tesoro. Sin embargo, su currículo público no documenta formación especializada en el desarrollo técnico de sistemas de inteligencia artificial, modelos de aprendizaje automático, arquitectura de sistemas de IA, ingeniería informática o redes de telecomunicaciones. No sería correcto, por tanto, presentar a Cuerpo como un experto técnico en IA basándose únicamente en su participación en reuniones, planes gubernamentales o actuaciones institucionales relacionadas con esta tecnología.
Esta diferenciación resulta especialmente relevante al analizar la información publicada sobre el encuentro entre Carlos Cuerpo y Marc Murtra. La reunión se produjo entre el responsable gubernamental de la política económica —con una trayectoria profesional especialmente concentrada en macroeconomía, análisis económico, deuda pública y finanzas— y el presidente de Telefónica, compañía cuya actividad comprende las telecomunicaciones, las infraestructuras digitales y el desarrollo y comercialización de servicios tecnológicos, entre ellos los relacionados con la inteligencia artificial. Las fuentes permiten afirmar que Cuerpo abordó las cuestiones conocidas de la reunión desde sus responsabilidades como vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, cargo desde el que tiene atribuida la formulación y ejecución de la política económica y de las reformas dirigidas a mejorar la competitividad. A partir de este punto, y al examinar posteriormente otras cuestiones que pudieran resultar relevantes, deberá distinguirse entre los asuntos cuya presencia en la reunión esté documentalmente acreditada y aquellos que puedan analizarse a la luz de la especialización económica de Cuerpo, sin presuponer que fueron efectivamente tratados durante el encuentro. Su currículo oficial acredita una extensa experiencia en análisis macroeconómico, previsiones económicas, endeudamiento público, Tesoro y asuntos económicos y financieros, mientras que no recoge una especialización académica o profesional específica en inteligencia artificial. Por ello, atribuirle la condición de experto técnico en IA no estaría respaldado por la formación y la experiencia profesional que constan en su currículo oficial, algo distinto de las responsabilidades institucionales que, como vicepresidente primero y ministro de Economía, ejerce sobre cuestiones económicas y de competitividad relacionadas con el desarrollo tecnológico.
La situación económica de Telefónica veinte meses después de la llegada de Marc Murtra a la presidencia permite comparar la compañía actual con la que recibió de José María Álvarez-Pallete
La reunión entre Carlos Cuerpo y Marc Murtra se produce aproximadamente veinte meses después de un cambio de presidencia que modificó la dirección de Telefónica. Marc Murtra fue nombrado presidente ejecutivo de Telefónica el 18 de enero de 2025 en sustitución de José María Álvarez-Pallete, que abandonó la presidencia después de casi nueve años al frente de la compañía. Por ello, para establecer una fotografía objetiva de la situación de Telefónica en septiembre de 2026 resulta útil comparar las principales magnitudes que presentaba la operadora al cierre de 2024 —el último ejercicio gestionado por Álvarez-Pallete— con las disponibles después de aproximadamente veinte meses de presidencia de Murtra. Esta comparación permite observar cambios relevantes en endeudamiento, perímetro geográfico, resultados, generación de caja, inversión y estructura de la compañía, sin necesidad de atribuirlos en su totalidad a una sola persona, puesto que en esas magnitudes también intervienen operaciones iniciadas anteriormente, condiciones de mercado, tipos de cambio, decisiones del consejo de administración y efectos contables derivados de las desinversiones.
Murtra recibió una Telefónica con 27.161 millones de deuda financiera neta y 35.436 millones si se incorporaban los arrendamientos
Uno de los indicadores más relevantes para analizar la situación financiera de Telefónica es su endeudamiento. Al finalizar 2024, último ejercicio completo anterior a la llegada de Murtra, Telefónica registraba una deuda financiera neta de 27.161 millones de euros, después de haberla reducido en 1.537 millones durante aquel ejercicio. Sin embargo, esta magnitud no recoge por sí sola todas las obligaciones asociadas a la financiación de la actividad. Las cuentas anuales consolidadas de Telefónica correspondientes a 2024 muestran que a esos 27.161 millones de deuda financiera neta había que añadir 8.275 millones de arrendamientos netos, por lo que la denominada deuda financiera neta más arrendamientos alcanzaba los 35.436 millones de euros. Si se incorporaban además los compromisos netos por prestaciones a empleados, la magnitud ascendía a 39.225 millones de euros. Esta es una referencia especialmente útil para conocer la situación financiera que existía inmediatamente antes del relevo de Álvarez-Pallete y evitar que la comparación se limite únicamente a la cifra convencional de deuda financiera neta.
La deuda financiera neta se sitúa en 25.278 millones en junio de 2026, aunque incluyendo los arrendamientos la obligación financiera continúa por encima de los 33.000 millones
La última fotografía financiera semestral disponible muestra una reducción respecto de aquel punto de partida. En los resultados correspondientes al primer semestre de 2026, Telefónica situó su deuda financiera neta en 25.278 millones de euros, un 8,4% menos que en junio de 2025, mientras que la ratio de endeudamiento se redujo hasta 2,68 veces, frente a las 2,78 veces registradas al cierre de 2025. La comparación con los 27.161 millones de diciembre de 2024 supone una disminución de aproximadamente 1.883 millones de euros, equivalente a cerca del 6,9%, entre el cierre inmediatamente anterior a la llegada de Murtra y junio de 2026. No obstante, para mantener el mismo criterio utilizado al analizar la herencia financiera recibida por Murtra es necesario incorporar los arrendamientos: la información financiera de Telefónica sobre la evolución de su deuda sitúa esta magnitud en torno a 33.282 millones de euros incluyendo arrendamientos, frente a los 35.436 millones registrados al cierre de 2024. La reducción existe, por tanto, tanto en la deuda financiera neta como en la magnitud ampliada que incorpora los alquileres, aunque Telefónica continúa soportando un volumen de obligaciones financieras superior a 33.000 millones de euros cuando se incluyen los arrendamientos.
El primer ejercicio completo de Murtra estuvo marcado por unas pérdidas de 4.318 millones, condicionadas por las desinversiones en Hispanoamérica y la reestructuración de plantilla
La evolución del beneficio ofrece una imagen diferente y requiere distinguir entre resultado contable y evolución recurrente del negocio. Telefónica cerró 2025 con unas pérdidas netas atribuidas de 4.318 millones de euros, frente a las pérdidas de 49 millones registradas en 2024. La cifra estuvo determinada fundamentalmente por factores extraordinarios: 2.269 millones de euros relacionados con las desinversiones en Latinoamérica y 2.049 millones asociados a reestructuraciones, entre ellas el expediente de regulación de empleo en España. Por esta razón, los 4.318 millones de pérdidas no pueden interpretarse aisladamente como la evolución ordinaria del negocio. En las operaciones continuadas, la compañía registró un beneficio neto ajustado de 2.122 millones de euros, aunque esta cifra fue un 19% inferior a la comparable anterior. Los ingresos de 2025 alcanzaron 35.120 millones de euros, con un crecimiento del 1,5% en términos constantes, mientras que el EBITDA ajustado ascendió a 11.918 millones y el flujo de caja libre de las operaciones continuadas alcanzó 2.069 millones. Los resultados completos de Telefónica correspondientes a 2025 permiten separar estos indicadores recurrentes de los impactos extraordinarios.
El perímetro de Telefónica se ha reducido de forma sustancial durante la presidencia de Murtra por la salida de distintos mercados de Hispanoamérica
Donde se aprecia uno de los cambios más visibles respecto de la Telefónica que recibió Murtra es en el perímetro geográfico del grupo. La compañía ha acelerado su retirada de Hispanoamérica y ha concentrado progresivamente su estructura alrededor de sus cuatro mercados considerados principales: España, Brasil, Alemania y Reino Unido, este último mediante Virgin Media O2. El propio histórico corporativo de Telefónica recoge durante 2025 las ventas de Argentina, Perú, Uruguay y Ecuador y durante 2026 las de Colombia y Chile. Las cuentas anuales de 2025 reflejan además el efecto que este proceso tuvo sobre la estructura utilizada para presentar los resultados: Telefónica dejó de presentar «Telefónica Hispam» como un segmento reportable independiente, mientras que España, Brasil, Alemania y VMO2 continuaron figurando como sus segmentos principales. Por tanto, la Telefónica de septiembre de 2026 tiene un perímetro geográfico sensiblemente menor que la compañía que Murtra recibió en enero de 2025, especialmente por el repliegue latinoamericano.
La reducción del perímetro explica parte de la caída nominal de los ingresos y obliga a evitar comparaciones directas sin ajustar las operaciones vendidas
La reducción del perímetro introduce además una dificultad importante cuando se comparan los ingresos de la etapa Álvarez-Pallete con los registrados durante la presidencia de Murtra. Telefónica cerró 2024 con unos ingresos de 41.315 millones de euros, mientras que en 2025 reportó 35.120 millones. Una lectura puramente nominal reflejaría una reducción superior a 6.000 millones de euros, pero esa comparación no representa por sí sola un deterioro equivalente del negocio porque durante este periodo se produjeron importantes cambios de perímetro y varias operaciones latinoamericanas pasaron a contabilizarse como actividades discontinuadas. Por esta razón, Telefónica utiliza en sus resultados medidas en términos constantes y perímetro comparable. El dato relevante es que, pese a la reducción de tamaño contable derivada de las desinversiones, los ingresos de 2025 aumentaron un 1,5% en términos constantes. La comparación entre 41.315 y 35.120 millones sirve para mostrar que Telefónica es actualmente un grupo de menor perímetro consolidado, pero no debe presentarse como una caída equivalente de la actividad ordinaria.
La generación de caja continúa siendo una de las métricas fundamentales para valorar la capacidad de Telefónica para reducir su endeudamiento
Otro indicador particularmente importante es la generación de efectivo. En el último ejercicio de Álvarez-Pallete, Telefónica había alcanzado un flujo de caja libre de 2.634 millones de euros en 2024, un 14,1% superior al de 2023. En 2025, ya bajo la presidencia de Murtra, el flujo de caja libre de las operaciones continuadas se situó en 2.069 millones, mientras que durante el primer semestre de 2026 el flujo de caja libre de las operaciones continuadas alcanzó los 944 millones de euros. En este último periodo, Telefónica obtuvo además un EBITDA ajustado de 5.768 millones, un 3,8% más en términos constantes. Estas cifras permiten observar que la operadora mantiene capacidad de generación de caja al mismo tiempo que ejecuta el proceso de reducción de perímetro y de endeudamiento.
La inversión se ha reducido mientras Telefónica concentra recursos en sus cuatro grandes mercados y reorganiza su estructura
También se ha producido una reducción de la inversión. En 2024 Telefónica destinó 5.318 millones de euros a inversiones, equivalentes al 12,9% de los ingresos. En 2025, la inversión descendió hasta 4.340 millones de euros, un 7,2% menos en términos comparables, según los resultados anuales publicados por Telefónica. Este movimiento se produce paralelamente a la concentración del grupo en sus mercados principales y a la salida de distintas filiales latinoamericanas, por lo que la reducción absoluta de inversión debe interpretarse teniendo también en cuenta que el perímetro empresarial sobre el que Telefónica invierte es ahora menor.
El balance de estos veinte meses muestra una Telefónica de menor perímetro, con menos deuda, pero sometida a un fuerte proceso de reestructuración
Tomadas en conjunto, las cifras permiten obtener una fotografía bastante precisa sin necesidad de atribuir intenciones ni establecer relaciones causales que las fuentes no demuestran. Murtra recibió una Telefónica que al cierre de 2024 tenía 27.161 millones de euros de deuda financiera neta, 35.436 millones incluyendo arrendamientos, 41.315 millones de ingresos, 2.634 millones de flujo de caja libre y 5.318 millones de inversión. Aproximadamente veinte meses después de su nombramiento, la última información financiera disponible muestra 25.278 millones de deuda financiera neta en junio de 2026 y una deuda que, incorporando los arrendamientos, se mantiene por encima de los 33.000 millones, junto con un perímetro empresarial considerablemente más reducido como consecuencia de las desinversiones latinoamericanas. Los resultados del primer semestre de 2026 constituyen la referencia financiera más reciente publicada por Telefónica para realizar esta comparación.
Al mismo tiempo, el primer ejercicio completo bajo la presidencia de Murtra dejó 4.318 millones de pérdidas contables, fundamentalmente vinculadas a las desinversiones y a los costes de reestructuración, mientras las operaciones continuadas mantuvieron resultados positivos en términos ajustados. El proceso ha supuesto asimismo la venta de buena parte del antiguo perímetro de Telefónica Hispanoamérica y una reducción de la inversión absoluta. El resultado observable es, por tanto, una Telefónica más concentrada geográficamente y con menor deuda que la existente al término de 2024, pero también una compañía que ha asumido importantes costes contables y laborales para ejecutar esa transformación y cuyo endeudamiento continúa siendo elevado cuando se incorporan los arrendamientos.
Esta es la situación empresarial que sirve de contexto al encuentro entre Marc Murtra y Carlos Cuerpo. Dado que el currículo de Cuerpo acredita precisamente una prolongada especialización en análisis macroeconómico, endeudamiento, finanzas y evaluación económica, resulta pertinente disponer de estas magnitudes para comprender el contexto económico en el que se produjo la reunión. Sin embargo, mientras no exista documentación adicional sobre el contenido de la conversación, estas cifras deben presentarse como el contexto financiero objetivo de Telefónica en el momento del encuentro y no como prueba de que cada una de ellas fuese examinada expresamente por Cuerpo y Murtra.
El precedente de France Télécom: qué hizo Francia ante la crisis de su operador incumbente y qué enseña aquel proceso sobre la situación actual de Telefónica
El pasado 31 de julio analizaba en este blog el precedente de France Télécom —actual Orange— y las diferencias con la evolución reciente de Telefónica. Aquel episodio constituye una referencia histórica particularmente interesante porque permite observar cómo actuó un Estado europeo como Francia cuando su principal operador de telecomunicaciones acumuló un nivel de endeudamiento que comprometía seriamente su estructura financiera. Como explicaba entonces en «France Telecom reaccionó; Telefónica se encoge: Murtra, un 20% menos de ingresos y la obligación de SEPI de actuar», la respuesta francesa no consistió únicamente en aportar dinero público ni en esperar que la recuperación del negocio resolviera por sí sola el problema. El Estado francés, como accionista mayoritario, respaldó un programa simultáneo de recapitalización, refinanciación y generación interna de caja, acompañado por un cambio en la dirección de la empresa y por objetivos financieros cuantificados. La documentación oficial francesa y comunitaria permite reconstruir aquel proceso y, al mismo tiempo, delimitar hasta dónde puede llegar la comparación con la Telefónica de 2026.
France Télécom llegó a 2002 con una deuda cercana a 70.000 millones de euros, pérdidas extraordinarias y un grave problema financiero
La situación de France Télécom a comienzos de la década de 2000 había sido consecuencia, entre otros factores, del fuerte proceso de expansión y adquisiciones realizado por el presidente Michel Bon durante el auge de las telecomunicaciones. Cuando la situación se deterioró, las magnitudes adquirieron una dimensión extraordinaria. Una respuesta oficial del Gobierno francés ante la Asamblea Nacional recoge que a 30 de junio de 2002 France Télécom presentaba 12.200 millones de euros de pérdidas semestrales y unos fondos propios consolidados negativos de 440 millones, mientras la cotización había sufrido una fuerte caída y las agencias habían rebajado la calificación crediticia de la compañía. Otra documentación pública francesa sitúa el endeudamiento de la empresa cerca de los 70.000 millones de euros y señala además que el problema no era solamente el volumen de deuda, sino su calendario: la compañía debía afrontar aproximadamente 15.000 millones de vencimientos en 2004 y otros 20.000 millones en 2005.
Ese punto es esencial para comprender el precedente. France Télécom no tenía simplemente mucha deuda: afrontaba simultáneamente un problema de endeudamiento, capital, vencimientos y confianza de los mercados. La respuesta del Estado francés comenzó también por la gobernanza. El Gobierno nombró el 2 de octubre de 2002 a Thierry Breton como nuevo presidente de France Télécom, y dos meses después, el 5 de diciembre, el consejo de administración aprobó con respaldo estatal el programa Ambition FT 2005. El objetivo declarado era restablecer una estructura financiera sostenible y recuperar la capacidad de financiación de la empresa.
Francia respondió con el programa «15 + 15 + 15»: caja generada por la empresa, capital aportado por los accionistas y refinanciación de la deuda
La arquitectura financiera de Ambition FT 2005 permite entender por qué la actuación francesa fue bastante más compleja que un simple rescate público. El programa quedó estructurado alrededor de la fórmula «15 + 15 + 15». France Télécom debía generar internamente 15.000 millones de euros adicionales de flujo de caja mediante el programa operativo TOP y destinarlos a reducir deuda; otros 15.000 millones debían proceder de un reforzamiento de los fondos propios mediante una ampliación de capital; y aproximadamente 15.000 millones adicionales debían obtenerse mediante refinanciación bancaria y en los mercados de deuda, desplazando vencimientos y reduciendo la presión financiera inmediata. El objetivo final era llevar la relación entre deuda financiera neta y EBITDA aproximadamente a entre 1,5 y 2 veces en 2005. Este diseño aparece tanto en la documentación de France Télécom presentada entonces a los mercados como en la posterior reconstrucción realizada por las autoridades francesas y europeas.
El Estado francés intervino precisamente porque era el accionista mayoritario. En la ampliación de capital de 15.000 millones, se comprometió a participar proporcionalmente a su participación accionarial, lo que representaba aproximadamente 9.000 millones de euros, mientras los restantes 6.000 millones debían ser aportados por los accionistas privados y el mercado. Paralelamente, France Télécom consiguió emitir 9.000 millones de euros en obligaciones entre diciembre de 2002 y enero de 2003, algunas con vencimientos de hasta treinta años, y reestructuró otros 5.000 millones de un crédito sindicado. La empresa asumía, por su parte, el esfuerzo operativo necesario para producir los otros 15.000 millones de euros. Estado, accionistas privados, acreedores y propia compañía participaron así en el saneamiento financiero; el dinero público no sustituyó al esfuerzo empresarial ni al mercado de capitales.
El saneamiento de France Télécom produjo resultados financieros visibles en un periodo relativamente corto
Los resultados posteriores permiten comprobar que aquel programa tuvo efectos cuantificables. La documentación oficial francesa señala que France Télécom obtuvo en el año 2003 unos 6.400 millones de euros de flujo de caja disponible, excluyendo ventas de activos, y regresó a beneficios, con 3.200 millones de resultado neto, después de haber registrado pérdidas de 20.700 millones de euros en el año 2002. Los fondos propios, que habían sido negativos en aproximadamente 10.000 millones al cierre de 2002, pasaron a 12.000 millones positivos en el año 2003, fundamentalmente como consecuencia de la ampliación de capital, mientras que la deuda financiera neta descendió hasta 44.200 millones de euros, una reducción del 24% en un solo ejercicio.
La actuación tampoco se limitó al balance. France Télécom adoptó una estrategia industrial basada en un operador integrado de telefonía fija, móvil e Internet, reforzó la coordinación de sus negocios y reorganizó determinados activos. Las autoridades francesas señalaron posteriormente que la combinación de reestructuración de deuda, ampliación de capital, generación de caja y reorganización empresarial permitió recuperar la liquidez y mejorar la percepción de la compañía en los mercados.
Telefónica comparte con aquel precedente el problema del elevado endeudamiento, pero su situación financiera actual no es equivalente a la de France Télécom en 2002
La comparación con Telefónica debe detenerse precisamente en este punto para evitar una equivalencia que los datos no sostienen. La Telefónica de septiembre de 2026 no presenta las mismas condiciones financieras que France Télécom en 2002. Telefónica cerró junio de 2026 con 25.278 millones de euros de deuda financiera neta, un 8,4% menos que un año antes, y una ratio de endeudamiento de 2,68 veces. Durante el primer semestre obtuvo 5.768 millones de EBITDA ajustado, 954 millones de beneficio neto ajustado de las operaciones continuadas y 944 millones de flujo de caja libre de las operaciones continuadas. Además, la compañía revisó al alza su previsión anual de crecimiento del flujo de caja operativo ajustado después de arrendamientos. Son cifras incompatibles con afirmar, a partir de la información disponible, que Telefónica se encuentre actualmente ante una suspensión de pagos o una crisis inmediata de liquidez semejante a la de France Télécom.
Esto no elimina el problema financiero que muestra el balance. Telefónica continúa soportando un endeudamiento elevado, que supera los 33.000 millones de euros cuando se incorporan los arrendamientos, mientras su perímetro geográfico se ha reducido mediante las desinversiones realizadas en Hispanoamérica. La compañía que recibió Murtra al finalizar 2024 tenía 27.161 millones de deuda financiera neta y 35.436 millones incluyendo arrendamientos; en junio de 2026 la deuda financiera neta había descendido a 25.278 millones. Por tanto, existe reducción de deuda, pero el proceso es gradual y se está produciendo al mismo tiempo que Telefónica reduce su perímetro empresarial. El primer semestre de 2026 muestra, además, que la empresa continúa generando caja y EBITDA, circunstancia que la diferencia sustancialmente del punto crítico alcanzado por France Télécom en 2002.
España ya ha realizado una intervención relevante en Telefónica mediante la entrada de SEPI en el 10% del capital
Existe además otra diferencia fundamental respecto del comienzo de la crisis francesa: el Estado español ya está dentro del capital de Telefónica. En diciembre de 2023, el Consejo de Ministros ordenó a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) adquirir hasta el 10% de Telefónica, justificando la decisión por el carácter estratégico de la compañía en telecomunicaciones, seguridad y defensa y por la conveniencia de reforzar su estabilidad accionarial. A fecha de 2026, los datos oficiales de las propias operadoras muestran una diferencia importante respecto al 10% que SEPI mantiene en Telefónica:
- Francia – Orange (antigua France
Télécom): 22,95% de participación pública total.
Orange agrupa en su información accionarial la participación del Estado
francés y Bpifrance Participations, que conjuntamente poseen el
22,95% del capital. La propia Orange mantiene ese porcentaje en sus
datos de 2025.
Accionariado oficial de Orange - Alemania – Deutsche Telekom:
aproximadamente 28,5% de participación pública total a 30 de junio de
2026. El Estado federal alemán posee directamente
aproximadamente el 14,1% y el banco público KfW posee actualmente
el 14,37%, lo que sitúa conjuntamente la participación pública
alrededor del 28,5%. Deutsche Telekom confirma expresamente que
Alemania participa de forma directa y también indirectamente mediante KfW;
además, KfW pertenece en un 80% al Estado federal alemán.
Accionariado oficial de Deutsche Telekom
España controla actualmente el 10% de Telefónica mediante SEPI; Francia mantiene el 22,95% de Orange sumando Estado y Bpifrance; y Alemania mantiene aproximadamente el 28,5% de Deutsche Telekom sumando la participación directa federal y la de KfW. En otras palabras, la participación pública francesa es más del doble de la española en Telefónica, mientras que la alemana se aproxima al triple.
Un matiz importante: Bpifrance y KfW no son exactamente equivalentes a SEPI ni entre sí, por lo que para un análisis riguroso conviene hablar de participación pública directa e indirecta a través de entidades públicas, en lugar de denominarlas simplemente «bancos públicos». En el caso alemán, Deutsche Telekom identifica expresamente a la República Federal como accionista directo y a KfW como participación indirecta del Estado.
SEPI culminó la adquisición del 10% de Telefónica en mayo de 2024, después de adquirir 567.016.155 acciones a un precio medio de 4,0295 euros por acción. La propia sociedad estatal definió su posición como una inversión con «vocación de permanencia» destinada a proporcionar estabilidad accionarial y proteger las capacidades estratégicas de Telefónica. Por ello, cualquier comparación entre ambos casos debe partir de que España ya ha utilizado uno de los instrumentos en menor medida que caracterizan al modelo francés: la presencia directa del Estado en el accionariado de su principal operador de telecomunicaciones.
El precedente francés muestra qué instrumentos existen, pero no permite concluir que España deba reproducir automáticamente el rescate de France Télécom
Si Telefónica llegara en algún momento a presentar un problema financiero de una dimensión que exigiera una actuación adicional de su accionista público, el precedente francés muestra varias categorías de instrumentos posibles, pero no determina automáticamente cuál debería utilizar España. Una eventual actuación podría adoptar, dependiendo de las circunstancias, la forma de participación de SEPI en una ampliación de capital junto con accionistas privados, inversión pública realizada en condiciones de mercado, garantías o instrumentos financieros sujetos a la normativa europea, mientras que la compañía podría combinar esas actuaciones con refinanciación de vencimientos, generación de flujo de caja y medidas operativas. Precisamente la principal enseñanza financiera de France Télécom es que el saneamiento no descansó sobre una única fuente de recursos: combinó capital, refinanciación y generación interna de caja.
Existe además una diferencia jurídica importante entre 2002 y 2026. Una eventual intervención española tendría que respetar plenamente las actuales reglas europeas sobre ayudas de Estado. El artículo 107 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establece, con las excepciones previstas en el propio Tratado, la incompatibilidad con el mercado interior de las ayudas estatales selectivas que falseen o amenacen con falsear la competencia y afecten al comercio entre Estados miembros. La Comisión Europea explica además que una inversión realizada por un organismo público en las mismas condiciones que aceptaría un inversor privado racional en una economía de mercado puede no constituir ayuda de Estado. Por el contrario, una aportación que proporcionase a Telefónica una ventaja que el mercado no concedería tendría que examinarse conforme al régimen europeo correspondiente y, cuando procediese, notificarse previamente a la Comisión.
La experiencia francesa permite identificar las condiciones financieras que justificarían plantear una intervención adicional, no afirmar anticipadamente que esa intervención sea inevitable
Por eso, la comparación más rigurosa no consiste en afirmar que Telefónica necesita hoy el mismo rescate que France Télécom necesitó en 2002, sino en observar qué indicadores llevaron al Estado francés a actuar y vigilar si esas condiciones aparecen en España. En Francia coincidieron una deuda cercana a 70.000 millones, enormes vencimientos próximos, pérdidas extraordinarias, deterioro de los fondos propios, caída bursátil, rebajas de calificación crediticia y dificultades para asegurar la financiación futura. La respuesta llegó cuando esas variables formaban conjuntamente un problema financiero que amenazaba la viabilidad del operador.
En Telefónica, las variables que permiten evaluar objetivamente esa cuestión son igualmente identificables: deuda financiera neta y deuda incluyendo arrendamientos, ratio deuda/EBITDA, flujo de caja libre, coste y calendario de vencimientos, calificación crediticia, capacidad de refinanciación, evolución del EBITDA, inversión necesaria para mantener la competitividad, valor de los activos y evolución del perímetro empresarial. A septiembre de 2026, algunas muestran presión —especialmente el volumen absoluto de deuda y la reducción del perímetro—, mientras otras muestran capacidad financiera: la deuda neta está descendiendo, la compañía genera flujo de caja positivo y el EBITDA ajustado continúa creciendo en términos comparables.
La diferencia decisiva entre France Télécom y Telefónica estará en si la reducción de deuda puede lograrse mediante la generación ordinaria de caja sin seguir debilitando el perímetro empresarial
El precedente francés aporta finalmente una referencia especialmente útil para analizar los próximos ejercicios de Telefónica. France Télécom consiguió reducir su deuda combinando generación de caja procedente del negocio, reforzamiento de los fondos propios y refinanciación de los vencimientos. El programa TOP pretendía obtener 15.000 millones de euros de recursos internos sin depender de las ventas de activos para alcanzar ese objetivo. Telefónica, por su parte, está reduciendo deuda mientras ejecuta simultáneamente un importante repliegue geográfico. La cuestión financiera verificable en los próximos ejercicios será, por tanto, comprobar qué proporción del desapalancamiento procede de la capacidad recurrente del negocio para producir caja y qué proporción depende de desinversiones, reducción del perímetro u otras operaciones extraordinarias. Esa distinción permitirá evaluar con datos si la estructura financiera mejora por fortalecimiento del negocio operativo o fundamentalmente por reducción del tamaño del grupo.
France Télécom demuestra que un Estado accionista dispone de instrumentos para intervenir cuando una empresa estratégica alcanza una situación financiera crítica, pero también demuestra que la aportación pública por sí sola no constituye un plan de saneamiento. Francia vinculó su actuación a una recapitalización compartida con accionistas privados, una profunda refinanciación, objetivos concretos de generación de caja y una reorganización empresarial. España ya posee actualmente el 10% de Telefónica a través de SEPI, por lo que dispone de una posición accionarial desde la que puede seguir la evolución de una empresa que el propio Gobierno ha calificado oficialmente de estratégica. Lo que determinará si alguna vez resulta necesario plantear instrumentos adicionales no será la comparación histórica por sí misma, sino la evolución verificable de la deuda, la caja, los vencimientos, el EBITDA, la inversión, el acceso a financiación y la capacidad de Telefónica para reducir su apalancamiento sin continuar disminuyendo de manera sustancial su base empresarial.
La presencia de Carlos Ocaña Orbis proporciona al Estado representación directa en los órganos que supervisan la información financiera y los riesgos de Telefónica
Existe otro elemento que debe incorporarse al análisis de la relación entre el Estado y Telefónica porque permite determinar con precisión qué capacidad de conocimiento institucional tiene el accionista público sobre la situación económica y financiera de la compañía. Desde el 8 de mayo de 2024, Carlos Ocaña Orbis ocupa un puesto en el Consejo de Administración de Telefónica como consejero dominical en representación de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Su incorporación se produjo cuando el Estado estaba ejecutando la adquisición de una participación que posteriormente alcanzaría el 10% del capital de la operadora. No se trató únicamente de incorporar un representante al pleno del Consejo: Telefónica acordó simultáneamente nombrar a Ocaña vocal de la Comisión Delegada y de la Comisión de Auditoría y Control, circunstancia que fue comunicada públicamente por la compañía y recogida en la información sobre su nombramiento. El entonces ministro de Economía, Carlos Cuerpo, defendió públicamente la idoneidad del perfil de Ocaña para representar a SEPI en Telefónica.
La posición de Ocaña adquirió posteriormente todavía mayor relevancia dentro de la estructura de gobierno de Telefónica. La documentación societaria acredita que continúa siendo consejero dominical a propuesta de SEPI, accionista titular del 10% del capital, y que forma parte de la Comisión de Auditoría y Control. Además, su nombramiento fue posteriormente ratificado y actualmente ocupa también la Vicepresidencia del Consejo de Administración de Telefónica. Por tanto, la representación pública no consiste simplemente en que SEPI posea acciones de la compañía: el Estado cuenta con un representante dentro del máximo órgano de administración de Telefónica y ese representante participa específicamente en uno de los órganos encargados de supervisar su información financiera, sus sistemas de control y sus riesgos.
Este último aspecto es particularmente relevante para analizar hasta qué punto la situación financiera de Telefónica puede ser conocida institucionalmente por el Estado. Según las funciones que la propia Telefónica atribuye oficialmente a su Comisión de Auditoría y Control, este órgano sirve de apoyo al Consejo de Administración en sus funciones de supervisión y tiene entre sus competencias supervisar el proceso de elaboración y presentación de la información financiera y no financiera, velar por su integridad, supervisar la eficacia del control interno y de los sistemas de gestión de riesgos y mantener la relación con el auditor externo. No estamos, por tanto, ante un órgano meramente representativo. Es precisamente una de las estructuras societarias desde las que se examinan materias directamente relacionadas con las cuentas, los riesgos, los controles internos y la fiabilidad de la información financiera de Telefónica.
La propia compañía dejó constancia de esta responsabilidad en el Informe Anual de la Comisión de Auditoría y Control de Telefónica correspondiente a 2024. En ese documento aparece Carlos Ocaña Orbis como vocal dominical de la Comisión de Auditoría y Control desde el 8 de mayo de 2024 y a propuesta de SEPI. Telefónica señala asimismo que, antes de su incorporación, el Consejo evaluó su experiencia, formación, perfil profesional, méritos y competencia para desempeñar, entre otros, ese puesto. Esto permite afirmar documentalmente que el representante del accionista público participa desde mayo de 2024 en el órgano especializado del Consejo que supervisa algunas de las materias financieras y de control más relevantes de la compañía.
La importancia de esta posición aumenta cuando se observa el perfil profesional elegido por el Estado. Ocaña es licenciado en Economía, con especialidad en Análisis Económico por la Universidad Complutense de Madrid, y su trayectoria incluye responsabilidades dentro de la Administración General del Estado. La documentación de Telefónica utilizada para justificar posteriormente su ratificación como consejero destaca también su formación en transformación digital y tecnología. En consecuencia, SEPI no designó únicamente a una persona para ocupar formalmente un asiento correspondiente a su participación accionarial, sino a un economista que posteriormente ha alcanzado la Vicepresidencia del Consejo y que participa en la Comisión de Auditoría y Control.
Este hecho debe ponerse en relación con las magnitudes financieras analizadas anteriormente. El Estado español no necesita conocer la situación de Telefónica exclusivamente a través de las informaciones publicadas en prensa o de las explicaciones públicas de su presidente Marc Murtra. SEPI es propietaria del 10% del capital y dispone de un consejero dominical dentro del Consejo de Administración que, además, forma parte de la Comisión de Auditoría y Control. Eso significa que el accionista público está representado institucionalmente dentro de los órganos de gobierno en los que se supervisa la información económica y financiera de la sociedad. Esta realidad adquiere especial importancia en una compañía que, al cierre de 2024, presentaba 27.161 millones de euros de deuda financiera neta y 35.436 millones incluyendo arrendamientos, y que en junio de 2026 mantenía 25.278 millones de deuda financiera neta y más de 33.000 millones cuando se incorporaban los arrendamientos, además de encontrarse inmersa en una profunda reducción de su perímetro empresarial.
Conviene, sin embargo, establecer una precisión para mantener el análisis estrictamente dentro de los hechos acreditados. La pertenencia de Ocaña al Consejo y a la Comisión de Auditoría y Control permite afirmar que SEPI, como accionista representado en esos órganos, dispone de una posición institucional desde la que conocer y supervisar información relevante sobre la situación de Telefónica. No permite afirmar, sin documentación adicional, qué información concreta ha trasladado Ocaña al Gobierno, a SEPI o personalmente a Carlos Cuerpo, ni el contenido de eventuales conversaciones entre ellos. Las obligaciones de los administradores y las reglas de gobierno corporativo impiden equiparar automáticamente la información conocida por un consejero en el ejercicio de sus funciones con una comunicación libre de toda esa información a quien propuso su nombramiento.
Esta distinción no disminuye la relevancia del hecho, sino que permite expresarlo con mayor precisión: el Estado español no es un observador externo de Telefónica. Es propietario del 10% de su capital a través de SEPI, cuenta con Carlos Ocaña Orbis como consejero dominical y vicepresidente del Consejo de Administración, y su representante participa en la Comisión de Auditoría y Control, uno de los órganos esenciales para la supervisión de las cuentas, la información financiera, los controles y los riesgos empresariales. La información financiera que posteriormente se hace pública —deuda, generación de caja, resultados, inversiones, provisiones, desinversiones o evolución del balance— se encuentra precisamente dentro del ámbito general de supervisión financiera y de riesgos que corresponde al Consejo y a sus órganos especializados.
Este elemento aporta además contexto al encuentro mantenido entre Carlos Cuerpo y Marc Murtra. Las informaciones conocidas después de aquella reunión señalaban que uno de sus objetivos era analizar la evolución del mercado de las telecomunicaciones, como ya se ha señalado anteriormente en este análisis. La Administración dispone paralelamente de una participación significativa en Telefónica y de representación en sus órganos de gobierno. Por ello, lo que puede afirmarse documentalmente es que el Estado dispone de mecanismos societarios e institucionales que le proporcionan una posición cualificada para seguir la evolución económica y financiera de Telefónica, además de la información pública que recibe cualquier accionista o inversor. Afirmar exactamente qué datos financieros fueron discutidos entre Cuerpo y Murtra exigiría conocer el contenido detallado de la reunión; afirmar que el Estado carece de presencia o de mecanismos institucionales para conocer la situación de la compañía sería incompatible con la estructura de gobierno corporativo actualmente existente.
Carlos Cuerpo ante Telefónica: cuando las métricas de una empresa estratégica llegan a la mesa del responsable de la política económica
Hay un elemento que ayuda a comprender por qué la reunión entre Carlos Cuerpo y Marc Murtra no puede analizarse únicamente desde la inteligencia artificial o desde la política general de telecomunicaciones. Cuerpo no llegó al Ministerio de Economía desde una trayectoria ajena al análisis financiero. Es funcionario de carrera del Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado desde 2008, fue director general de Análisis Macroeconómico y posteriormente secretario general del Tesoro y Financiación Internacional. La propia Comisión Europea resume su trayectoria profesional señalando que, antes de convertirse en ministro, estuvo encargado de la gestión de la deuda pública española desde el Tesoro y anteriormente dirigió la unidad responsable de las previsiones y el análisis económico. Desde marzo de 2026 es vicepresidente primero del Gobierno, además de ministro de Economía, Comercio y Empresa.
Ese perfil resulta particularmente significativo cuando se coloca delante de las cifras actuales de Telefónica. Cuerpo pertenece precisamente a un cuerpo superior de la Administración especializado en economía y ha desarrollado buena parte de su carrera trabajando con previsiones, deuda, estabilidad financiera, modelos económicos y magnitudes cuantificables. Por eso, para analizar su encuentro con Murtra no hace falta atribuirle opiniones, estados de ánimo o conversaciones que desconocemos. Basta con colocar sobre la mesa las cifras que cualquier análisis financiero de Telefónica necesariamente tiene que considerar: una deuda financiera neta de 25.278 millones de euros a junio de 2026, superior a 33.000 millones cuando se incorporan los arrendamientos, una reducción importante del perímetro internacional después de las desinversiones latinoamericanas y un primer ejercicio completo de Murtra condicionado contablemente por 4.318 millones de euros de pérdidas atribuidas en 2025, aunque las operaciones continuadas siguieran generando EBITDA, beneficio ajustado y caja. Son magnitudes que requieren ser leídas conjuntamente y no permiten equiparar automáticamente la situación de Telefónica con una empresa insolvente, pero que tampoco permiten ignorar el peso que el endeudamiento, las desinversiones y la reducción del perímetro continúan teniendo en la transformación del grupo.
El contexto resulta todavía más interesante porque Cuerpo llega a este problema empresarial mientras la economía española recibe valoraciones favorables de los principales organismos económicos internacionales. En mayo de 2026, el Fondo Monetario Internacional, al concluir su consulta del Artículo IV sobre España, señaló que la economía española había continuado comportándose mejor que la zona euro y que los directores ejecutivos del Fondo elogiaban su fuerte desempeño económico, al tiempo que advertían de riesgos y reclamaban acelerar la consolidación fiscal, reconstruir márgenes presupuestarios y continuar las reformas estructurales. El FMI no estaba concediendo un reconocimiento personal a Carlos Cuerpo: estaba realizando una valoración institucional de la economía española y de sus políticas. Pero esa valoración se produce durante su etapa al frente del Ministerio de Economía y constituye, por ello, un elemento objetivo del contexto en el que ejerce sus responsabilidades.
La OCDE ha realizado una valoración igualmente favorable, aunque acompañada de advertencias. En noviembre de 2025, al presentar en Madrid su Estudio Económico de España precisamente junto a Carlos Cuerpo, la organización señaló que la economía española había registrado un fuerte comportamiento durante los años anteriores, con una expansión acumulada del 10% desde el cuarto trimestre de 2019 y un crecimiento significativamente superior al de sus homólogos europeos. La OCDE advertía al mismo tiempo de la necesidad de acelerar la consolidación fiscal, afrontar el aumento futuro del gasto en pensiones, elevar la productividad y reducir determinadas cargas administrativas. Sus perspectivas de junio de 2026 continuaban describiendo el crecimiento español como «sólido», aunque anticipaban una moderación desde el 2,8% registrado en 2025 hasta el 2,2% en 2026.
La Comisión Europea ofrece una fotografía semejante en sus previsiones económicas de mayo de 2026. Bruselas estimaba entonces que el crecimiento real de España seguiría siendo fuerte en 2026, impulsado principalmente por la demanda interna, el comportamiento robusto del mercado laboral y el crecimiento de la inversión. La Comisión proyectaba un avance del PIB del 2,4% en 2026, un desempleo que descendería al 9,9% y una deuda pública que bajaría del 100% del PIB durante el horizonte de previsión, aunque también anticipaba una inflación del 3% y señalaba las consecuencias económicas del deterioro del escenario internacional. Nuevamente, se trata de una evaluación de la economía española y no de un elogio personal al ministro, pero constituye el entorno macroeconómico en el que Cuerpo ejerce actualmente sus responsabilidades.
Existe incluso un documento especialmente revelador para entender cómo el propio Cuerpo interpreta la economía que gestiona. En junio de 2025, la revista Finance & Development del FMI publicó un artículo firmado por el ministro bajo el título «Nuestro giro hacia el éxito». Cuerpo defendía allí que España había desarrollado un modelo de crecimiento más equilibrado y resistente, apoyándose en creación de empleo, productividad, inversión, superávit exterior y mejora de las finanzas públicas. El propio FMI advierte expresamente que las opiniones contenidas en ese artículo corresponden a su autor y no representan necesariamente la posición institucional del Fondo, distinción imprescindible para no presentar como un elogio del FMI lo que en realidad era un artículo escrito por el ministro.
Es precisamente aquí donde Telefónica introduce un contraste relevante. Mientras FMI, OCDE y Comisión Europea describen una economía española que ha crecido por encima de buena parte de sus socios europeos, el Estado mantiene desde 2024 una inversión directa del 10% en una de las compañías estratégicas más importantes del país como es Telefónica, cuya evolución presenta un conjunto de desafíos financieros y empresariales muy diferente. Y el Gobierno no contempla esa situación exclusivamente desde fuera. SEPI está presente en el capital de Telefónica y Carlos Ocaña Orbis representa al accionista público dentro del Consejo de Administración, además de formar parte de la Comisión de Auditoría y Control. Por tanto, existe una estructura institucional que proporciona al accionista público una posición cualificada para seguir la evolución de la compañía, aunque de esa circunstancia no pueda deducirse qué información confidencial concreta ha llegado personalmente a Cuerpo ni qué asuntos específicos se han trasladado desde el Consejo al Ministerio.
Para alguien con la trayectoria profesional de Cuerpo, el problema puede expresarse sin necesidad de recurrir a caracterizaciones personales sobre su supuesta «flema británica» o sobre si la situación le produce mayor o menor incomodidad. Los números hablan por sí mismos y pertenecen precisamente al terreno profesional en el que Cuerpo ha desarrollado su carrera. Deuda, flujo de caja, EBITDA, vencimientos, coste financiero, inversión, desinversiones, rentabilidad y evolución del perímetro no son cuestiones tecnológicas sino variables económicas y financieras. El hecho de que Telefónica desarrolle inteligencia artificial no modifica esta realidad: cuando se analiza la capacidad de una empresa para financiar inversiones, reducir deuda, mantener activos estratégicos o competir frente a operadores de mayor escala, se está entrando directamente en el ámbito del análisis económico, financiero y de competitividad.
Esto permite interpretar con mayor precisión la reunión con Marc Murtra. No sabemos si Cuerpo puso encima de la mesa cada una de estas métricas, ni conocemos el contenido íntegro de la conversación, por lo que no sería riguroso reconstruir un diálogo que las fuentes no han hecho público. Sí sabemos que el encuentro tenía entre sus objetivos conocidos analizar la evolución del mercado de las telecomunicaciones; sabemos que el Estado posee el 10% de Telefónica; sabemos que cuenta con representación en su Consejo y en su Comisión de Auditoría y Control; conocemos las cuentas publicadas por la compañía; y sabemos que el vicepresidente primero responsable de la política económica es un economista del Estado cuya carrera profesional se ha desarrollado precisamente alrededor del análisis macroeconómico, la deuda y las finanzas.
Ahí reside probablemente el contraste más sólido que puede presentar este análisis sin abandonar los hechos comprobables. Carlos Cuerpo llega a la cuestión de Telefónica desde una etapa en la que FMI, OCDE y Comisión Europea describen favorablemente buena parte del comportamiento agregado de la economía española, aunque también señalan problemas pendientes y reformas necesarias. Telefónica, mientras tanto, presenta un desafío empresarial específico bajo la presidencia de Marc Murtra: reducir un endeudamiento todavía elevado, generar suficiente caja, financiar las inversiones necesarias para competir y determinar hasta dónde puede continuar simplificando su estructura sin comprometer su capacidad industrial futura. Una cosa es la evolución agregada de una economía nacional y otra la situación de una compañía concreta, por estratégica que sea. Precisamente por ello, las buenas cifras macroeconómicas de España no resuelven automáticamente los problemas empresariales de Telefónica.
Y hay una última diferencia que conviene conservar porque aporta rigor al relato. No puede afirmarse que Telefónica constituya un fracaso de la gestión económica de Cuerpo, del mismo modo que tampoco puede atribuirse personalmente al ministro todo el buen comportamiento macroeconómico reconocido por las instituciones internacionales. Telefónica es una sociedad cotizada gestionada por sus órganos societarios y el Estado es actualmente uno de sus accionistas a través de SEPI. Lo que sí puede afirmarse es que la evolución de una empresa estratégica en la que el Estado posee un 10% ha pasado a formar parte de las cuestiones que el responsable de la política económica española tiene que seguir, y que Cuerpo dispone de una formación y una trayectoria profesional especialmente adecuadas para leer esa situación en el lenguaje que finalmente determina su gravedad: las métricas, los balances, la deuda, la caja, la inversión y los resultados.
La reunión de Cuerpo y Murtra abre una nueva etapa en la relación entre el Estado y Telefónica
Desconocemos si la suerte está echada para el actual equipo directivo de Telefónica ya que no existe información pública que permita afirmarlo, aunque tampoco se debe descartar. Tampoco conocemos si el encuentro celebrado en el Ministerio de Economía entre Carlos Cuerpo y Marc Murtra tendrá consecuencias sobre la futura estructura de dirección de la compañía. Lo que sí puede afirmarse es que la reunión introduce un elemento que difícilmente puede ignorarse al analizar lo que suceda a partir de ahora: el responsable de la política económica española ha mantenido directamente con el presidente de Telefónica un encuentro cuyo objetivo declarado incluía tomar el pulso al sector de las telecomunicaciones y analizar la evolución de ese mercado. La información publicada posteriormente confirma además que Murtra expuso al ministro los planteamientos estratégicos y tecnológicos de la operadora y su voluntad de participar en las iniciativas públicas relacionadas con la inteligencia artificial.
La relevancia de ese encuentro aumenta cuando se considera quién estaba sentado al otro lado de la mesa. Carlos Cuerpo no solamente es vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa; es economista y funcionario de carrera del Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado, y buena parte de su trayectoria profesional se ha desarrollado precisamente alrededor del análisis macroeconómico, las previsiones, el endeudamiento y las finanzas. A ello se añade una circunstancia fundamental desarrollada anteriormente: el Estado posee el 10% de Telefónica a través de SEPI y está representado en su Consejo de Administración por Carlos Ocaña Orbis, que participa asimismo en la Comisión de Auditoría y Control. Por tanto, la reunión entre Cuerpo y Murtra no se produce entre un Gobierno completamente ajeno a Telefónica y el presidente de una empresa privada sobre la que carece de presencia institucional; se produce cuando el Estado es uno de sus principales accionistas y dispone de representación dentro de sus órganos de gobierno.
Es aquí donde el precedente de France Télécom resulta particularmente ilustrativo, siempre que se respeten las diferencias entre ambos casos. Cuando el operador francés alcanzó su situación crítica en 2002, el Estado no se limitó a esperar una recuperación espontánea de la empresa. La documentación de la Asamblea Nacional francesa acredita que el Gobierno nombró a Thierry Breton nuevo presidente el 2 de octubre de 2002 después de que France Télécom hubiera registrado unas pérdidas semestrales de 12.200 millones de euros, fondos propios consolidados negativos y un importante deterioro de su cotización y calificación crediticia. Dos meses después, el Consejo aprobaba con respaldo estatal Ambition FT 2005, el programa destinado a restablecer financieramente la compañía.
La documentación parlamentaria francesa permite precisar todavía más cómo se produjo aquel cambio. El Estado pidió a los nuevos dirigentes de France Télécom que presentaran un plan para restablecer la situación financiera y la nueva dirección realizó una auditoría profunda de la empresa antes de elaborar el programa de recuperación. No es necesario describir aquello como una purga o una limpieza generalizada de directivos, porque las fuentes permiten realizar una afirmación más precisa: Francia cambió la presidencia, situó una nueva dirección al frente del diagnóstico y vinculó el respaldo del accionista público a la presentación de un plan global y cuantificado de saneamiento. El resultado fue el conocido programa «15 + 15 + 15»: más de 15.000 millones de generación adicional de caja mediante mejoras operativas, 15.000 millones de reforzamiento de los fondos propios y otros 15.000 millones de refinanciación mediante los mercados bancarios y de deuda.
La diferencia con Telefónica es fundamental. Telefónica no se encuentra documentalmente en la situación financiera extrema que presentaba France Télécom en 2002. La operadora española continúa generando EBITDA y flujo de caja y ha reducido su deuda financiera neta hasta 25.278 millones de euros en junio de 2026. Incluso incorporando los arrendamientos, aunque las obligaciones financieras continúan por encima de los 33.000 millones, se ha producido una reducción respecto de los 35.436 millones existentes al finalizar 2024. Los propios datos de Telefónica permiten comprobar la evolución de sus pasivos financieros y de su endeudamiento. Por ello, no existen elementos suficientes para afirmar que España se encuentre ante un escenario de rescate equivalente al francés ni que resulte inevitable sustituir al actual equipo directivo.
Pero precisamente el precedente francés enseña algo diferente y quizá más importante: cuando un Estado es accionista de una compañía estratégica y considera insuficiente la trayectoria seguida hasta ese momento, la cuestión deja de limitarse a aportar capital y puede extenderse a la estrategia, la gobernanza y la dirección encargada de ejecutarla. En Francia, el cambio de presidente precedió al diagnóstico profundo y al programa de saneamiento. Fue el Gobierno quien designó a Thierry Breton con la misión expresa de restablecer la situación financiera y recuperar la confianza, y fue posteriormente la nueva dirección la que presentó el plan integral. Así lo recogen tanto la documentación de la Asamblea Nacional como la del Senado francés sobre el proceso de recuperación de France Télécom.
Esta experiencia histórica permite formular una pregunta legítima sobre Telefónica, pero todavía no responderla: si las medidas actualmente en marcha no consiguieran producir la recuperación económica, financiera y competitiva que busca la compañía, ¿consideraría el Estado, como accionista del 10%, que el siguiente estadio debe afectar también a la estrategia o a la gobernanza? No existe hoy información pública que permita contestar afirmativamente. Tampoco existe información que permita anticipar destituciones, sustituciones o una remodelación determinada del organigrama. Hacerlo supondría abandonar los hechos y entrar precisamente en la especulación que este análisis pretende evitar.
Por eso, la reunión entre Cuerpo y Murtra puede entenderse mejor como un punto de inflexión institucional que como la prueba de una decisión ya adoptada. Hasta ahora hemos podido seguir la transformación de Telefónica principalmente a través de decisiones societarias: desinversiones, reducción del perímetro latinoamericano, reorganización interna, integración operativa de Telefónica Tech en Telefónica España, reducción de deuda y modificaciones en la estructura de dirección. Ahora aparece de manera explícita el vicepresidente primero y ministro de Economía sentado frente al presidente de una empresa de la que el Estado posee el 10%, analizando la evolución de un sector que el propio Gobierno considera estratégico. Ese hecho no demuestra qué ocurrirá después, pero modifica el contexto en el que deberán interpretarse las decisiones posteriores.
Podríamos hablar, en sentido estrictamente editorial, de un cruce del Rubicón, siempre que se entienda correctamente el alcance de la expresión. El Rubicón no consiste en que Cuerpo haya decidido sustituir a Murtra o modificar el equipo directivo —no existe prueba alguna de ello—, sino en que la evolución de Telefónica ha llegado directamente a la mesa del responsable de la política económica del Gobierno mientras el Estado se encuentra simultáneamente dentro de su capital y representado en su Consejo. A partir de ese momento, cualquier modificación relevante de la estrategia, del perímetro, de la estructura financiera o de la gobernanza tendrá inevitablemente que analizarse teniendo presente también la posición de SEPI como accionista significativo.
La Bolsa constituye otro elemento de esa fotografía, pero debe utilizarse con precisión. La cotización no dicta por sí misma si una estrategia empresarial es acertada ni determina quién debe dirigir una compañía. Sí proporciona diariamente una valoración agregada del mercado sobre las expectativas que rodean a Telefónica, y la propia compañía ofrece a sus accionistas tanto la cotización actual como su histórico oficial de precios y toda la información financiera relevante. Por ello, la evolución bursátil debe leerse junto a la deuda, el flujo de caja, el EBITDA, las inversiones, el dividendo, el coste de financiación y la evolución del negocio. Será la combinación de esas métricas, y no una sesión concreta de Bolsa, la que permitirá determinar si la transformación emprendida está creando el resultado económico que pretende conseguir.
Y esa es probablemente la cuestión con la que debe cerrarse este análisis. No sabemos todavía hasta dónde llegará el nuevo escenario abierto alrededor de Telefónica. No sabemos si terminará exclusivamente en modificaciones operativas y estratégicas, si requerirá nuevas decisiones financieras del accionista público o si en algún momento alcanzará también a la estructura de gobierno y al equipo encargado de dirigir la compañía. Lo que conocemos son los hechos: el Estado posee el 10%, dispone de representación en el Consejo y en Auditoría y Control, Telefónica continúa afrontando un endeudamiento elevado y una profunda transformación de su perímetro, y Carlos Cuerpo ha recibido personalmente a Marc Murtra en el Ministerio para analizar, entre otras cuestiones conocidas, la evolución del mercado de las telecomunicaciones.
France Télécom demuestra que los cambios profundos de una compañía estratégica pueden comenzar mucho antes de que se conozca su alcance definitivo. En 2002, Francia empezó sustituyendo la presidencia, encargando a una nueva dirección una auditoría profunda y exigiendo después un programa cuantificado de recuperación; sólo posteriormente pudo observarse la verdadera dimensión de aquella transformación. En Telefónica no estamos hoy en aquella situación y no sabemos si el camino será comparable. Pero la reunión de Carlos Cuerpo y Marc Murtra introduce un elemento nuevo que ya forma parte de la historia de este proceso: el accionista público y el responsable de la política económica española están directamente presentes en el seguimiento de una compañía que necesita demostrar, mediante resultados, caja, reducción sostenible de deuda, inversión y creación de valor, que la transformación emprendida es capaz de devolverle el impulso que el mercado y su posición estratégica exigen. El Rubicón que puede afirmarse que se ha cruzado es ese; lo que exista al otro lado todavía tendrá que demostrarlo el tiempo y, sobre todo, las cifras.
Para terminar el post quiero manifestar que comenzábamos este post con una pequeña anécdota ocurrida muy lejos de Telefónica. Carlos Cuerpo y Rachel Reeves compartieron las aulas del máster de Economía de la London School of Economics en 2003-2004 y, más de veinte años después, regresaron juntos a aquella universidad convertidos en responsables económicos de España y Reino Unido. Al recordar sus años de estudiantes hablaron, entre otras cosas, de una enseñanza que trasladarían a sus versiones más jóvenes: la necesidad de cuestionar las ideas convencionales.
Quizá esa sea también una buena forma de terminar este análisis.
Porque después de recorrer las cifras, la deuda, las desinversiones, la reducción del perímetro, la generación de caja, la presencia de SEPI, el papel de Carlos Ocaña en el Consejo y en la Comisión de Auditoría y Control y, finalmente, el precedente de France Télécom, resulta difícil contemplar la reunión entre Carlos Cuerpo y Marc Murtra como un episodio aislado sin importancia. No sabemos qué decisiones seguirán a aquel encuentro y sería especulativo anticiparlas. Lo que sí sabemos es que el responsable de la política económica española se ha sentado personalmente con el presidente de una compañía de la que el Estado posee el 10% para analizar, entre otras cuestiones conocidas, la evolución del mercado de las telecomunicaciones. A partir de ahí se abre un escenario diferente, aunque todavía desconozcamos su profundidad.
Y el perfil de quien se sentó frente a Murtra importa para comprenderlo. Cuerpo no procede del sector de las telecomunicaciones ni puede presentarse como un especialista técnico en inteligencia artificial. Su especialidad acreditada es otra: economía, análisis macroeconómico, previsiones, endeudamiento y finanzas. Ingresó por oposición en el Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado, trabajó en la Comisión Europea, pasó por la AIReF, dirigió Análisis Macroeconómico y posteriormente ocupó la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional. La documentación oficial del Gobierno destaca expresamente su especialización en el desarrollo y utilización de herramientas y modelos de análisis y previsión económica.
Eso no permite afirmar que Cuerpo haya llegado al Ministerio con una decisión previamente adoptada sobre Telefónica. Sí permite afirmar que el interlocutor que ahora tiene delante Murtra pertenece profesionalmente al mundo de las métricas, la deuda, la financiación, las previsiones y la evaluación económica. Y las preguntas que plantea actualmente Telefónica son, en buena medida, preguntas que pueden medirse: cuánto debe, cuánta caja genera, cuánto invierte, cuánto vale, qué activos conserva, qué mercados abandona, qué capacidad tiene para financiar su transformación y hasta qué punto puede reducir deuda sin continuar reduciendo al mismo tiempo el tamaño de la compañía.
Por eso el cambio ya está aquí en un sentido perfectamente verificable: ha cambiado el escenario institucional alrededor de Telefónica. El Estado dejó de ser un espectador cuando adquirió el 10% mediante SEPI; tiene representación en el Consejo de Administración y en la Comisión de Auditoría y Control; y ahora el vicepresidente primero y ministro responsable de la política económica ha abordado directamente con el presidente de Telefónica la evolución de un sector considerado estratégico. Eso no significa que conozcamos cuál será el siguiente movimiento. Significa algo más elemental: la situación de Telefónica ya no puede analizarse exclusivamente como un asunto interno de su equipo directivo.
Tampoco conviene confundir la necesidad de transformación con una crisis equivalente a la que sufrió France Télécom en 2002. Los números no permiten hacerlo. Telefónica genera EBITDA y flujo de caja, está reduciendo su deuda financiera neta y no presenta la situación de emergencia financiera que entonces padecía el operador francés. Pero tampoco sería razonable utilizar esa diferencia para minimizar sus problemas: continúa soportando más de 33.000 millones de euros de deuda cuando se incorporan los arrendamientos, ha reducido sustancialmente su perímetro internacional y debe demostrar que el desapalancamiento puede continuar apoyándose en la generación recurrente del negocio y no fundamentalmente en seguir vendiendo partes de la compañía.
Ahí es donde el precedente francés conserva toda su utilidad. No porque España deba copiarlo mecánicamente, sino porque demuestra que cuando una gran operadora estratégica necesita una transformación profunda, cambiar nombres, vender activos o aportar capital no constituye por sí mismo una estrategia. France Télécom combinó nueva dirección, diagnóstico, generación de caja, recapitalización, refinanciación y objetivos financieros concretos. El resultado pudo medirse después: en 2003 volvió a beneficios y redujo su deuda financiera neta hasta 44.200 millones, un 24% menos en un ejercicio. El propio análisis de este artículo muestra también la diferencia fundamental con Telefónica: la operadora española no se encuentra hoy en aquel punto crítico.
Por eso el tiempo de los experimentos debería entenderse aquí como el tiempo de exigir resultados medibles a cualquier estrategia que se adopte, no como una petición de sustituir anticipadamente a personas concretas. Telefónica necesita demostrar que su transformación fortalece la empresa y no solamente que la hace más pequeña; que la reducción de deuda puede convivir con inversión suficiente; que la generación de caja permite financiar el futuro; y que la simplificación de su estructura termina produciendo una compañía más competitiva. Quién deba ejecutar esa estrategia corresponde decidirlo a sus órganos de gobierno y a sus accionistas dentro del marco societario aplicable; lo que los números permitirán comprobar es si funciona.
Porque hay algo que trasciende a Murtra, a Cuerpo e incluso a cualquier Gobierno concreto. Telefónica es un activo estratégico para España, condición que el propio Gobierno invocó al justificar la entrada de SEPI en su capital. Su relevancia en telecomunicaciones, infraestructuras digitales, seguridad y defensa hace que un deterioro prolongado de su capacidad industrial plantee una cuestión que va más allá de la evolución de una cotización bursátil. Por eso el Estado decidió convertirse nuevamente en accionista y otorgó a aquella inversión una vocación de permanencia.
Nada de lo conocido permite asegurar que vaya a producirse una sustitución del actual equipo directivo ni tampoco se descarta, una ampliación de la participación pública o una operación semejante a la francesa. Tampoco sabemos hasta dónde llegará la nueva etapa. Pero desde la reunión celebrada en el Ministerio existe un dato adicional que ya no puede borrarse de la fotografía: Carlos Cuerpo y Marc Murtra se han sentado frente a frente cuando el Estado es accionista significativo de Telefónica y cuando la operadora tiene que demostrar con resultados que su transformación conduce a una posición financiera e industrial más sólida.
Y quizá por eso aquella anécdota de la London School of Economics adquiere al final del artículo un significado que al principio parecía simplemente biográfico. Cuestionar las ideas convencionales no significa cambiar por cambiar. Significa someter y textar lo que se está haciendo a la prueba de los resultados y estar dispuesto a modificar aquello que los resultados no respalden.
Eso es precisamente lo que ahora puede exigirse en Telefónica: menos novelas de caballería y más métricas; menos experimentos difíciles de medir y más objetivos comprobables; menos confianza en que el paso del tiempo resolverá los problemas y más capacidad para demostrar que deuda, caja, inversión, escala y competitividad avanzan en la dirección prevista.
El cambio, entendido como la necesidad de someter la estrategia a esa prueba, ya ha entrado en la habitación. No sabemos todavía qué profundidad alcanzará ni qué decisiones producirá. Pero al otro lado de la mesa se encuentra un economista del Estado cuya trayectoria profesional se ha construido precisamente alrededor de analizar números, previsiones y deuda. Y frente a él se encuentra el presidente de una de las empresas estratégicas más importantes del país.
A partir de ahora serán las cifras las que digan si Telefónica está cambiando lo suficiente. Y, si no lo está, serán sus órganos de gobierno y sus accionistas —entre ellos el Estado— quienes tendrán que decidir qué debe cambiar después.
Ya lo dijo William Bruce Cameron: «No todo lo que puede contarse cuenta, y no todo lo que cuenta puede ser contado».