Existe una paradoja en el gobierno de las grandes empresas: cuanto más importante es la función de vigilancia de un consejero independiente, menos sabe el accionista sobre cómo la ejerce realmente. Es como contratar a un vigilante para proteger un edificio y descubrir que, después de una sucesión de incidentes, nadie puede explicar si detectó los riesgos, si advirtió a los responsables o si recomendó medidas para evitarlos. Que no haya sonado la alarma no demuestra que el vigilante estuviera dormido, pero tampoco garantiza que estuviera cumpliendo eficazmente su cometido.
¿Quién supervisa realmente las decisiones de quienes dirigen Telefónica? La pregunta cobra especial relevancia cuando la CNMV prepara una reforma del Código de Buen Gobierno destinada a reforzar la independencia de los consejos de administración. Tras 22 meses de presidencia de Marc Murtra, Telefónica afronta una profunda transformación marcada por las desinversiones internacionales, las pérdidas de 2025 y las dificultades persistentes en Alemania y Reino Unido, aunque también registra avances en la reducción de deuda y en determinados indicadores financieros. El análisis de este post examina los resultados de esa transformación y, sobre todo, el papel de los consejeros independientes: quién interviene en su nombramiento, qué capacidad real tienen para cuestionar las decisiones de la presidencia y qué garantías existen de que ejercen una supervisión efectiva. Porque el verdadero desafío de la reforma no es únicamente que los consejos cumplan las normas, sino que su independencia pueda demostrarse con hechos, transparencia y rendición de cuentas ante los accionistas.
Telefónica ante la reforma de la CNMV: 22 meses de Marc Murtra, una compañía en transformación y la independencia de un consejo que debe demostrar su capacidad de supervisión
La reducción del negocio internacional, las pérdidas de 2025, las dificultades de Alemania y Reino Unido y el nuevo Código de Buen Gobierno sitúan a Telefónica ante una cuestión decisiva: si la independencia formal de sus consejeros se traduce en un control efectivo de la presidencia ejecutiva y de las decisiones estratégicas.
La reforma del Código de Buen Gobierno que prepara la Comisión Nacional del Mercado de Valores llega en un momento especialmente delicado para Telefónica. La compañía, presidida por Marc Murtra desde el 18 de enero de 2025, atraviesa una transformación que está modificando su dimensión internacional, su estructura operativa y sus prioridades financieras. En estos 22 meses, el grupo ha avanzado en su retirada de varios mercados latinoamericanos, ha reconocido pérdidas extraordinarias, ha reducido su endeudamiento y ha impulsado reorganizaciones destinadas a mejorar la eficiencia. Sin embargo, la recuperación de dos negocios europeos de importancia estratégica, Alemania y Reino Unido, continúa sin estar acreditada por sus resultados operativos. Telefónica es hoy una empresa con menos presencia internacional y una deuda absoluta inferior, pero todavía tiene que demostrar que esa transformación permitirá recuperar de forma sostenida el crecimiento, la rentabilidad y el valor para sus accionistas.
La situación plantea una cuestión que trasciende las cifras. Telefónica dispone de un consejo de administración con consejeros ejecutivos, dominicales e independientes, además de comisiones especializadas y un consejero independiente coordinador. Sobre el papel, cuenta con los instrumentos de supervisión previstos por el gobierno corporativo español. Pero la magnitud de las decisiones adoptadas y los problemas que persisten obligan a examinar algo más que su composición formal: ¿qué capacidad real tienen los consejeros independientes para cuestionar la estrategia impulsada por Murtra, evaluar sus resultados y exigir correcciones cuando las decisiones no producen los efectos esperados?
Esta pregunta adquiere especial relevancia porque, en la documentación pública examinada, no se han identificado pronunciamientos individuales de consejeros independientes que permitan conocer discrepancias concretas con las principales decisiones de la presidencia durante este periodo. La ausencia de manifestaciones públicas no demuestra que esas discrepancias no hayan existido, puesto que las deliberaciones del consejo son confidenciales y sus miembros no están obligados a divulgar sus posiciones individuales. Tampoco acredita una falta de diligencia. No obstante, sí pone de manifiesto una limitación importante para los accionistas: resulta difícil valorar la eficacia de la supervisión independiente cuando apenas existen elementos públicos que permitan conocer cómo se han examinado las decisiones más trascendentes.
La propuesta de la CNMV, sometida a consulta pública hasta el 15 de diciembre de 2026, vuelve a colocar precisamente esta cuestión en el centro del debate. El supervisor pretende reforzar la separación entre presidencia y dirección ejecutiva, revisar los criterios de independencia y mejorar los contrapesos internos de las sociedades cotizadas. Su alcance resulta especialmente significativo para Telefónica porque Marc Murtra mantiene una presidencia ejecutiva, aunque el grupo dispone de un consejero delegado diferente, Emilio Gayo. Por tanto, el problema no consiste en que ambos cargos estén concentrados formalmente en una sola persona, sino en determinar si existe una distribución efectiva de facultades y una supervisión suficientemente autónoma.
Una reforma que recupera el debate sobre el poder de los presidentes ejecutivos
El proyecto de la CNMV tiene un precedente directo en el Código Unificado de Buen Gobierno de 2006, promovido durante la presidencia de Manuel Conthe. Aquel proceso ya puso de manifiesto las dificultades para establecer contrapesos eficaces frente a los presidentes que concentraban importantes facultades ejecutivas. La propuesta inicial contemplaba reforzar la posición de un administrador independiente con capacidad para coordinar a los consejeros externos, promover reuniones y participar en la evaluación del presidente. Las resistencias empresariales contribuyeron a modificar su formulación definitiva, aunque el principio de introducir mecanismos de control sobre las presidencias ejecutivas permaneció en la recomendación 17 del Código Unificado de Buen Gobierno aprobado por la CNMV en 2006.
Dos décadas después, la preocupación sigue siendo reconocible. La propuesta de 2026 plantea que el presidente del consejo y el consejero delegado sean personas distintas y que este último disponga de facultades amplias y principales para dirigir y ejecutar las políticas y estrategias generales de la compañía. La novedad más relevante no es exigir dos nombres diferentes en el organigrama, sino evitar que la separación de cargos se convierta en una formalidad mientras las principales facultades ejecutivas continúan concentradas en la presidencia. La iniciativa también endurece determinados criterios de independencia de los administradores, introduce nuevas exigencias de supervisión y refuerza la transparencia sobre remuneraciones y riesgos empresariales.
Según el calendario contemplado en el proyecto, las nuevas recomendaciones comenzarían a aplicarse, con carácter general, a los ejercicios cerrados a partir del 31 de diciembre de 2028, mientras que algunas medidas dispondrían de periodos transitorios hasta 2030. Es importante precisar que el texto se encuentra todavía en fase de consulta y que su contenido definitivo puede modificarse. Además, se trata de recomendaciones articuladas mediante el principio de «cumplir o explicar», por lo que no todas sus previsiones constituyen obligaciones legales de aplicación automática. Las sociedades deberán informar de su grado de cumplimiento y justificar las desviaciones, una exigencia que puede tener consecuencias relevantes para su reputación y para la evaluación que realizan los inversores institucionales.
El debate afecta a una parte considerable del mercado español. Según los datos recogidos en la información que acompaña al proyecto, el 46,9% de las sociedades cotizadas mantiene presidentes con carácter ejecutivo. Las diferencias retributivas también ayudan a comprender la importancia del cambio: la remuneración media anual de los presidentes ejecutivos del Ibex 35 se sitúa en torno a 8,87 millones de euros, frente a los 4,58 millones de los consejeros delegados y los aproximadamente 720.000 euros de los presidentes no ejecutivos. Son medias del conjunto de compañías, no remuneraciones atribuibles a Murtra. La separación efectiva de funciones puede modificar tanto el reparto de poder como los incentivos económicos asociados a las presidencias ejecutivas, lo que explica la trascendencia de una reforma que va mucho más allá de los organigramas.
Tabla 1. Qué plantea la CNMV y por qué importa a Telefónica
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Ámbito |
Orientación del proyecto de la CNMV |
Situación y desafío para Telefónica |
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Separación de cargos |
Presidente y consejero delegado distintos, con funciones efectivamente diferenciadas. |
Murtra y Gayo ocupan cargos distintos; debe examinarse el reparto real de competencias. |
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Facultades ejecutivas |
El consejero delegado debe disponer de amplias facultades de dirección y ejecución. |
Es necesario evaluar las facultades delegadas y las reservadas a la presidencia. |
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Independencia de consejeros |
Revisión más exigente de vínculos económicos y profesionales. |
Debe acreditarse que la independencia formal se corresponde con autonomía efectiva. |
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Nombramientos |
Refuerzo de la supervisión y de los criterios de independencia. |
Importa conocer la autonomía real de la comisión que propone a los independientes. |
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Consejero coordinador |
Mayor capacidad de contrapeso frente a presidencias ejecutivas. |
Debe valorarse la eficacia práctica de las funciones atribuidas a Peter Löscher. |
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Remuneraciones |
Mayor vinculación de incentivos a objetivos verificables y de largo plazo. |
Conviene evaluar si los incentivos favorecen resultados sostenibles. |
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Transparencia |
Mayor exigencia de explicación sobre el funcionamiento del gobierno corporativo. |
Los accionistas necesitan información suficiente para valorar la supervisión del consejo. |
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Aplicación |
Recomendaciones previstas desde 2028, con determinadas transiciones hasta 2030. |
Telefónica puede anticipar mejoras sin esperar a la aprobación definitiva. |
El cuadro distingue las orientaciones del proyecto de las medidas que sería conveniente examinar en Telefónica. Estas últimas no deben interpretarse como obligaciones específicas ya aprobadas.
Telefónica, 22 meses después: una transformación que todavía debe demostrar sus resultados
La llegada de Murtra a la presidencia el 18 de enero de 2025 abrió una etapa de revisión estratégica en una compañía que ya acumulaba importantes desafíos estructurales. El negocio de las telecomunicaciones exige inversiones elevadas y recurrentes, mientras que la competencia presiona los precios y dificulta obtener rentabilidades suficientes sobre las infraestructuras desplegadas. En ese contexto, Telefónica ha optado por concentrar sus recursos en mercados considerados prioritarios, simplificar estructuras y reducir exposición internacional. La estrategia puede tener fundamento económico, pero su éxito no debería medirse únicamente por el número de operaciones vendidas o por la disminución del endeudamiento nominal. La cuestión esencial es cuánto valor obtiene Telefónica por los activos de los que se desprende, qué capacidad de generar ingresos y caja pierde con esas operaciones y si el negocio restante ofrece mejores perspectivas de rentabilidad.
La evolución de los ingresos publicados muestra la magnitud de los cambios. Telefónica cerró 2024 con 41.315 millones de euros de facturación y registró aproximadamente 35.120 millones en 2025, una reducción de 6.195 millones, cercana al 15%. Sin embargo, sería incorrecto presentar esa diferencia como una caída equivalente de las ventas de los negocios que permanecieron dentro del grupo. Una parte sustancial responde a las desinversiones y a la modificación del perímetro de consolidación. Durante 2025 y 2026, Telefónica avanzó en su salida de mercados latinoamericanos como Argentina, Perú, Uruguay, Ecuador, Colombia y Chile, dentro de una estrategia de concentración geográfica. Las cuentas anuales y presentaciones financieras de Telefónica permiten distinguir las cifras publicadas de las magnitudes correspondientes a operaciones continuadas.
La reducción de la plantilla consolidada refleja igualmente ese cambio de dimensión. El grupo pasó de 100.870 empleados al cierre de 2024 a 82.655 al finalizar 2025, una disminución de 18.215 trabajadores, equivalente aproximadamente al 18,1%. Esa diferencia no debe confundirse con el número de despidos, ya que está condicionada por la salida de sociedades del perímetro empresarial. En las operaciones continuadas, la plantilla pasó de 78.248 a 77.252 personas, una reducción mucho más moderada. La relevancia de estos datos no reside en atribuir automáticamente a la nueva presidencia una destrucción de empleo, sino en constatar que Telefónica ha reducido considerablemente su dimensión internacional y debe demostrar que esa reorganización mejora su eficiencia y su posición competitiva.
Tabla 2. Evolución de Telefónica desde la llegada de Murtra
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Indicador |
Cierre de 2024 |
Cierre de 2025 |
Septiembre de 2026 |
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Ingresos publicados |
41.315 M€ |
35.120 M€ |
24.825 M€ en nueve meses |
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Resultado atribuido a la matriz |
−49 M€ |
−4.318 M€ |
+464 M€ en nueve meses |
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Deuda financiera neta |
27.161 M€ |
26.824 M€ |
25.186 M€ |
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Ratio de apalancamiento |
2,58 veces |
2,78 veces |
2,63 veces |
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Plantilla consolidada |
100.870 |
82.655 |
Sin cifra homogénea contrastada |
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Plantilla de operaciones continuadas |
78.248 |
77.252 |
— |
*Fuentes: información financiera y cuentas anuales de Telefónica y detalle oficial de la evolución de la deuda. Los datos de septiembre de 2026 corresponden a nueve meses y no deben compararse directamente con ejercicios completos. Las variaciones de ingresos y plantilla están afectadas por cambios de perímetro.*
Las pérdidas de 2025 constituyen otro elemento central de la evaluación. Telefónica registró un resultado atribuido a la sociedad dominante de 4.318 millones de euros negativos, frente a los 49 millones de pérdidas del ejercicio anterior. La diferencia es significativa, pero exige interpretar correctamente su composición. Parte de las pérdidas procede de deterioros contables, operaciones discontinuadas y costes de reestructuración; algunas de esas circunstancias reflejan problemas acumulados durante ejercicios anteriores y no pueden atribuirse íntegramente a decisiones adoptadas desde enero de 2025. Tampoco debe confundirse una pérdida contable con una salida de efectivo de la misma cuantía, ni sumarse indiscriminadamente a variaciones bursátiles para calcular una supuesta destrucción total de valor.
Ahora bien, que una parte de las pérdidas tenga su origen en problemas heredados no exime al consejo actual de examinar sus causas, evaluar las alternativas y justificar la racionalidad económica de las decisiones adoptadas para afrontarlos. El consejo no puede garantizar que todas las operaciones produzcan beneficios, pero sí debe supervisar la calidad de la información utilizada, los riesgos asumidos y los mecanismos de seguimiento. En una empresa que está vendiendo activos, reorganizando negocios y redefiniendo su presencia internacional, la calidad de esa supervisión resulta determinante.
Alemania: el deterioro operativo que sigue sin encontrar una recuperación consolidada
Alemania constituye uno de los principales focos de preocupación. Telefónica Deutschland continúa afrontando las consecuencias de la pérdida del negocio mayorista asociado a 1&1, un cambio que ha afectado a su actividad comercial y a su estructura de ingresos. Según los resultados financieros de Telefónica correspondientes al tercer trimestre de 2026, la filial alemana obtuvo 1.903 millones de euros de ingresos entre julio y septiembre, un 2,9% menos que un año antes. La caída fue inferior al 11% registrado en el segundo trimestre, lo que indica una moderación del deterioro comercial, aunque todavía no una recuperación de las ventas.
La evolución de la rentabilidad resulta más exigente. El EBITDA ajustado del tercer trimestre descendió un 9,9%, hasta 566 millones de euros, mientras que el margen se redujo 2,3 puntos porcentuales, hasta el 29,8%. Durante los nueve primeros meses de 2026, los ingresos alcanzaron los 5.597 millones, un 7,6% menos que en el mismo periodo del año anterior, y el EBITDA ajustado cayó un 8,5%, hasta 1.745 millones. La generación operativa de caja ajustada después de arrendamientos disminuyó un 15,1%, hasta 559 millones, pese a que las inversiones se redujeron un 13%. El principal problema alemán no consiste únicamente en que Telefónica Deutschland facture menos, sino en que su rentabilidad y su generación operativa de caja también están retrocediendo, lo que dificulta acreditar una recuperación sostenible.
Tabla 3. Evolución de Telefónica Deutschland
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Indicador |
Periodo |
Resultado |
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Ingresos |
Tercer trimestre de 2026 |
1.903 M€ |
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Variación interanual de ingresos |
Tercer trimestre |
−2,9% |
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Variación interanual de ingresos |
Segundo trimestre |
−11,0% |
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EBITDA ajustado |
Tercer trimestre |
566 M€ |
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Variación del EBITDA ajustado |
Tercer trimestre |
−9,9% |
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Margen EBITDA ajustado |
Tercer trimestre |
29,8% |
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Variación del margen |
Tercer trimestre |
−2,3 puntos |
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Ingresos |
Enero-septiembre |
5.597 M€ |
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Variación de ingresos |
Enero-septiembre |
−7,6% |
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EBITDA ajustado |
Enero-septiembre |
1.745 M€ |
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Variación del EBITDA ajustado |
Enero-septiembre |
−8,5% |
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Flujo operativo ajustado después de arrendamientos |
Enero-septiembre |
559 M€ |
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Variación de ese flujo |
Enero-septiembre |
−15,1% |
*Fuente: información financiera de Telefónica del tercer trimestre de 2026.*
La compañía está intentando responder mediante reorganizaciones comerciales, ajustes operativos y nuevos acuerdos de acceso a infraestructuras. Entre las iniciativas anunciadas figura la alianza con Deutsche Glasfaser, comunicada el 11 de noviembre de 2026, que ampliaría la capacidad comercial de O2 para ofrecer fibra óptica a aproximadamente tres millones de hogares adicionales y elevaría hasta unos 19 millones su mercado potencial. La operación, recogida en las comunicaciones oficiales de Telefónica Deutschland, puede favorecer el crecimiento sin asumir directamente todo el coste de despliegue de nuevas redes. Sin embargo, el acceso potencial a más hogares no equivale a clientes contratados ni garantiza ingresos o márgenes determinados. Su rentabilidad dependerá de la captación comercial, de los precios, de los costes mayoristas y de la evolución de la competencia.
Para el consejo de Telefónica, el desafío consiste en comprobar si las medidas anunciadas están corrigiendo las causas del deterioro o simplemente compensando parcialmente sus efectos. Una supervisión independiente debería exigir objetivos verificables de recuperación de ingresos, márgenes y caja, además de evaluar si las inversiones y acuerdos comerciales generan una rentabilidad suficiente. La evolución de Alemania no demuestra por sí sola un fallo del gobierno corporativo, pero constituye un motivo objetivo para reclamar un seguimiento especialmente riguroso de la estrategia.
Reino Unido: una reestructuración de 800 millones de libras que todavía debe demostrar su eficacia
Virgin Media O2 representa el segundo gran foco de presión. La compañía británica es una empresa conjunta participada al 50% por Telefónica y Liberty Global, por lo que sus magnitudes operativas deben distinguirse de las cifras consolidadas del grupo español. Durante el tercer trimestre de 2026, sus ingresos descendieron un 5,7% interanual y el EBITDA ajustado retrocedió un 2,6%, aunque el margen mejoró hasta el 41%. Esa evolución muestra que la rentabilidad operativa ha resistido mejor que en Alemania, pero también evidencia dificultades para sostener el volumen de negocio. A ello se añade una intensidad inversora elevada: entre enero y septiembre, el CapEx representó aproximadamente el 21% de los ingresos, frente al 10,3% de Telefónica Deutschland.
La respuesta de Virgin Media O2 consiste en un programa de transformación que persigue alcanzar 800 millones de libras de ahorro anualizado en 2029, acompañado de una reducción prevista del 30% de los costes de personal y de una revisión de determinadas inversiones en redes. Es importante distinguir el gasto laboral del número de trabajadores: una reducción del 30% de los costes de personal no significa necesariamente una disminución equivalente de la plantilla. La compañía pretende adaptar su estructura operativa y financiera a las condiciones del mercado, según sus comunicaciones corporativas oficiales.
Tabla 4. Alemania y Reino Unido: comparación de los principales indicadores
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Indicador |
Alemania |
Reino Unido: Virgin Media O2 |
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Variación de ingresos, tercer trimestre de 2026 |
−2,9% |
−5,7% |
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Variación del EBITDA ajustado, tercer trimestre |
−9,9% |
−2,6% |
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Margen EBITDA ajustado, tercer trimestre |
29,8% |
41,0% |
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Variación del margen EBITDA |
−2,3 puntos |
+1,3 puntos |
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CapEx / ingresos, enero-septiembre |
10,3% |
21,0% |
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Variación de generación operativa de caja, enero-septiembre |
−15,1% |
−2,5% |
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Principal medida anunciada |
Reorganización y acceso mayorista a fibra |
Reestructuración y revisión de inversiones |
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Objetivo de ahorro cuantificado |
No identificado en las fuentes examinadas |
800 millones de libras anuales en 2029 |
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Horizonte estratégico anunciado |
Crecimiento rentable en 2027 |
Objetivo de ahorro en 2029 |
*Fuente: resultados financieros de Telefónica del tercer trimestre de 2026. Las cifras británicas corresponden al 100% de Virgin Media O2, participada al 50% por Telefónica. Los indicadores de generación operativa de caja no son estrictamente homogéneos entre ambas compañías.*
La reestructuración presenta oportunidades, pero también riesgos. Reducir costes puede mejorar los márgenes y liberar recursos financieros; disminuir inversiones puede favorecer la generación de caja a corto plazo. Sin embargo, una reducción excesiva del esfuerzo inversor también podría limitar el crecimiento futuro o perjudicar la competitividad de las infraestructuras. Además, determinadas operaciones estratégicas están sometidas al escrutinio de las autoridades de competencia, como sucede con la adquisición de Netomnia por Nexfibre, examinada por la Competition and Markets Authority del Reino Unido. Las objeciones provisionales formuladas durante un procedimiento de competencia no equivalen a una prohibición definitiva, pero constituyen un factor de incertidumbre que debe incorporarse al análisis de riesgos.
Los 800 millones de libras anunciados representan un objetivo futuro, no un ahorro ya conseguido ni una mejora garantizada del flujo de caja libre. La supervisión del consejo debe centrarse en los costes de ejecución, los plazos, la repercusión sobre el negocio y la capacidad de la empresa conjunta para recuperar el crecimiento. En Reino Unido, como en Alemania, lo decisivo no es la existencia de un plan, sino la evidencia de que ese plan está funcionando.
El análisis de ambos mercados, desarrollado también en «Telefónica entre dos icebergs: Alemania y Reino Unido», publicado en Clima Laboral y Comunicación, permite comprender por qué las dificultades de Telefónica no pueden explicarse únicamente por las desinversiones latinoamericanas. Los problemas de rentabilidad y crecimiento persisten en negocios europeos relevantes, aunque con causas y respuestas diferentes.
Menos deuda, pero una posición financiera que todavía exige disciplina
La evolución del endeudamiento ofrece una señal positiva que debe incorporarse al balance. La deuda financiera neta de Telefónica pasó de 27.161 millones de euros al cierre de 2024 a 26.824 millones en diciembre de 2025 y a 25.186 millones en septiembre de 2026. La reducción acumulada desde finales de 2024 asciende a 1.975 millones, aproximadamente un 7,3%. No obstante, la ratio de apalancamiento evolucionó desde 2,58 veces en 2024 hasta 2,78 veces en 2025, antes de mejorar hasta 2,63 veces en septiembre de 2026. Según el detalle oficial de la evolución de la deuda publicado por Telefónica, la empresa ha conseguido reducir su endeudamiento absoluto, aunque el apalancamiento todavía se situaba ligeramente por encima del registrado antes del cambio de presidencia.
Esta diferencia es importante porque la solvencia no depende únicamente de cuánto debe una compañía, sino también de su capacidad para generar resultados y caja con los activos que conserva. Cuando una empresa vende negocios y reduce su perímetro, puede disminuir la deuda y, simultáneamente, perder parte de la capacidad operativa que contribuía a atenderla. Por ello, el consejo debería evaluar las desinversiones atendiendo conjuntamente al precio obtenido, a la deuda eliminada, a los resultados que dejan de consolidarse y a la rentabilidad esperada del grupo resultante.
Los resultados del tercer trimestre de 2026 muestran, además, que la evolución de Telefónica no es uniformemente negativa. El grupo comunicó ingresos trimestrales de 8.433 millones de euros, con un crecimiento del 2,2% a tipos de cambio constantes, y un EBITDA ajustado de 3.078 millones, un 2,8% superior en términos constantes. El flujo operativo ajustado después de arrendamientos alcanzó los 1.364 millones y el flujo de caja libre de las operaciones continuadas se situó en 1.018 millones. La mejora consolidada, apoyada especialmente en España y Brasil, constituye un avance que debe reconocerse.
Sin embargo, Telefónica revisó a la baja su previsión de crecimiento de ingresos para 2026, desde un intervalo del 1,5%-2,5% hasta otro del 1%-1,5%, al tiempo que elevó sus expectativas de EBITDA ajustado y generación de caja. La revisión combina un menor crecimiento esperado de ventas con mejores previsiones de rentabilidad y caja, lo que revela una estrategia centrada en la eficiencia financiera cuya sostenibilidad dependerá también de recuperar el crecimiento comercial. El consejo debe supervisar ese equilibrio: mejorar los márgenes mediante ajustes de costes puede ser necesario, pero una recuperación duradera exige mantener la competitividad y generar ingresos suficientes para financiar las inversiones futuras.
Marc Murtra y Emilio Gayo: dos cargos diferentes no garantizan por sí solos una separación efectiva del poder
La reforma de la CNMV adquiere una dimensión concreta al examinar la estructura de dirección de Telefónica. Marc Murtra ocupa la presidencia ejecutiva y Emilio Gayo desempeña el cargo de consejero delegado. La composición oficial del consejo de administración de Telefónica permite comprobar esta separación personal, que distingue al grupo de las sociedades donde una sola persona acumula formalmente ambas funciones. No obstante, la separación de cargos no permite determinar automáticamente cómo se distribuye el poder efectivo.
La cuestión debe examinarse a partir de las facultades delegadas, las competencias reservadas a la presidencia, las atribuciones del consejo y los procedimientos de aprobación de las principales decisiones. Un ejemplo de su importancia es la reorganización del modelo operativo español anunciada el 30 de septiembre de 2026, aprobada por el consejo a propuesta de Murtra y orientada a simplificar estructuras mediante tres grandes áreas: B2B España, B2C España y Mayorista España. La intervención del presidente en una propuesta estratégica no constituye una irregularidad ni demuestra que haya invadido las competencias del consejero delegado. Sin embargo, sí hace especialmente relevante identificar quién formula las decisiones, quién dispone de las facultades necesarias para ejecutarlas, qué órgano supervisa sus resultados y cómo se corrigen las desviaciones.
La dirección empresarial necesita capacidad de iniciativa, especialmente durante una transformación compleja. Pero la eficacia del gobierno corporativo depende de que el liderazgo no reduzca la autonomía del consejo. En Telefónica, el desafío consiste en compatibilizar una presidencia ejecutiva con una dirección operativa suficientemente definida y unos órganos de supervisión capaces de actuar sin condicionamientos indebidos. Esa es la diferencia entre una separación meramente organizativa y el equilibrio de poderes que pretende impulsar la CNMV.
Los consejeros independientes: quién los propone, quién influye y quién supervisa a quienes dirigen la empresa
La independencia de los consejeros constituye probablemente el aspecto más importante del debate sobre la gobernanza de Telefónica. La legislación española establece condiciones para clasificar a un administrador como independiente, pero esa consideración jurídica no permite conocer por sí sola la autonomía con la que actúa. La independencia efectiva requiere capacidad para solicitar información, examinar alternativas, cuestionar propuestas y adoptar decisiones conforme al interés social, incluso cuando esas decisiones no coincidan con las preferencias de la presidencia o de los principales accionistas.
El procedimiento de nombramiento resulta decisivo. El artículo 529 decies de la Ley de Sociedades de Capital atribuye a la comisión de nombramientos la propuesta de nombramiento o reelección de los consejeros independientes, mientras que su designación corresponde ordinariamente a la junta general, sin perjuicio de los mecanismos legales de cooptación. Este procedimiento aparece reflejado en el informe de Telefónica sobre nombramientos, reelecciones y ratificaciones sometidos a la junta general de 2026. Por tanto, no sería correcto afirmar que Marc Murtra nombra legalmente y de forma unilateral a los consejeros independientes.
Sin embargo, la existencia de una garantía formal no resuelve completamente el problema de la influencia. Antes de que una comisión apruebe una propuesta, pueden producirse conversaciones, identificarse candidatos, valorarse trayectorias profesionales y analizarse posibilidades de renovación. La cuestión relevante es quién participa en esas fases, qué autonomía tiene la comisión para seleccionar personas que no cuenten inicialmente con el respaldo de la presidencia y qué criterios se aplican para evitar dependencias personales o profesionales. El riesgo que debe prevenirse es que quienes tienen la responsabilidad de supervisar a los ejecutivos terminen dependiendo, en la práctica, de la influencia de esas mismas personas para acceder al consejo o conservar su puesto. Se trata de un riesgo general de gobierno corporativo, no de una conducta concreta acreditada en Telefónica.
La compañía dispone de garantías organizativas relevantes. Su Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno está configurada como un órgano integrado por consejeros no ejecutivos, con mayoría de independientes y presidencia independiente. Estas condiciones son importantes, pero la eficacia de la comisión depende de su capacidad real para actuar. Una evaluación rigurosa debería examinar cómo se identifican los candidatos, qué intervención tienen los asesores externos, cómo se comprueban las posibles relaciones previas con los ejecutivos y de qué manera se revisa la independencia antes de proponer una renovación.
La composición accionarial añade otra dimensión al problema. En el consejo de Telefónica existen representantes vinculados a accionistas significativos como CriteriaCaixa, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales y STC. Su presencia responde a mecanismos habituales de representación de los grandes accionistas y no constituye por sí misma una anomalía. No obstante, los intereses de un accionista público, de un inversor financiero y de un accionista industrial pueden no coincidir siempre. Precisamente por esa diversidad de intereses, los consejeros independientes deben disponer de autonomía suficiente para valorar las decisiones conforme al interés de Telefónica como sociedad y no exclusivamente a las preferencias de alguno de sus principales accionistas.
Peter Löscher y el papel del consejero independiente coordinador
La figura del consejero independiente coordinador adquiere especial relevancia cuando el presidente mantiene responsabilidades ejecutivas. En Telefónica, esta función corresponde a Peter Löscher, según la información corporativa sobre la composición del consejo. Su papel consiste en contribuir al equilibrio interno mediante las facultades de coordinación y supervisión previstas en la normativa y en las reglas de gobierno de la compañía.
La existencia de esta figura representa una garantía, pero su utilidad depende de las atribuciones efectivas y de la capacidad para ejercerlas. Un consejero coordinador debe poder promover deliberaciones entre administradores no ejecutivos, canalizar preocupaciones, contribuir a la evaluación del presidente y facilitar que el consejo examine las decisiones estratégicas con suficiente autonomía. Para valorar su eficacia sería útil conocer, dentro de los límites de confidencialidad aplicables, cómo se desarrollan las evaluaciones del consejo, qué procedimientos se emplean para supervisar la ejecución del plan estratégico y qué mecanismos permiten trasladar discrepancias o solicitar revisiones independientes.
El antecedente de 2006 demuestra que esta preocupación no es nueva. La CNMV ya intentó reforzar los contrapesos frente a los presidentes ejecutivos mediante figuras independientes con facultades de iniciativa y supervisión. La reforma de 2026 recupera ese objetivo en un contexto en el que la complejidad empresarial y las exigencias de los mercados hacen todavía más importante disponer de órganos capaces de revisar las decisiones de la dirección.
Las remuneraciones y la independencia económica: un problema que exige más que cumplir requisitos formales
El proyecto de la CNMV también plantea un examen más exigente de las relaciones económicas que pueden afectar a la independencia de los administradores. Entre las circunstancias recogidas en el borrador figura la percepción, durante el periodo de referencia de 36 meses, de ingresos procedentes del grupo que superen el 35% de la renta total anual del consejero, con las exclusiones previstas para las remuneraciones de la propia sociedad cotizada. La finalidad es identificar situaciones en las que determinados vínculos económicos puedan comprometer la autonomía de criterio.
Este criterio introduce una exigencia adicional de análisis, pero no permite concluir que un consejero concreto de Telefónica pierda automáticamente su independencia. Para determinarlo sería necesario examinar individualmente sus circunstancias económicas y profesionales, aplicar correctamente las definiciones del texto y valorar las explicaciones correspondientes. Además, el proyecto todavía puede modificarse durante su tramitación.
Existe, sin embargo, una cuestión que merece atención: la importancia económica del propio cargo. Según los datos de la CNMV correspondientes a 2025 recogidos en la información sobre la reforma, la remuneración media anual por pertenecer al consejo de una compañía del Ibex supera los 230.000 euros. Esa cifra no demuestra dependencia ni falta de independencia; una remuneración elevada puede ser legítima y compatible con un desempeño plenamente autónomo. Pero la relevancia económica del puesto hace razonable examinar si las expectativas de renovación, la continuidad en el consejo o las relaciones con quienes intervienen en los nombramientos pueden influir en la disposición de un administrador a expresar discrepancias.
La independencia efectiva exige, por tanto, procedimientos de selección y evaluación que reduzcan esos riesgos. No se trata de presumir que los consejeros actúan condicionados, sino de establecer garantías verificables para que puedan ejercer su función sin depender de la aprobación de quienes deben supervisar.
El silencio público de los independientes y los límites de la transparencia
La situación financiera y operativa de Telefónica permite formular una pregunta especialmente relevante: ¿qué información tienen los 950.000 accionistas para comprobar que el consejo ha sometido a una revisión exigente las desinversiones, las pérdidas reconocidas, las reorganizaciones y las dificultades de Alemania y Reino Unido?
La documentación pública permite conocer la composición del consejo, sus comisiones, determinadas decisiones adoptadas y los resultados empresariales. Sin embargo, no permite reconstruir íntegramente las deliberaciones internas ni establecer qué consejeros cuestionaron propuestas, qué alternativas se estudiaron o qué modificaciones se introdujeron como consecuencia de la supervisión. Tampoco se han identificado en el material examinado declaraciones públicas individuales de consejeros independientes que expresen discrepancias concretas con la estrategia de Murtra.
Es fundamental mantener la distinción entre ausencia de información y ausencia de actuación. Los consejeros pueden ejercer una supervisión rigurosa sin convertir sus deliberaciones en un debate público. De hecho, la confidencialidad es necesaria para proteger determinados intereses empresariales y permitir discusiones internas francas. Pero esa confidencialidad no debería impedir que el consejo explique de manera suficiente sus procedimientos de evaluación, los criterios empleados para aprobar decisiones relevantes y los mecanismos utilizados para supervisar sus resultados.
El silencio público no demuestra pasividad, pero tampoco constituye una prueba de control efectivo. La cuestión de fondo es si Telefónica ofrece información suficientemente clara para que sus accionistas puedan valorar la calidad de la supervisión sin necesidad de conocer las posiciones individuales expresadas en cada reunión.
Qué debería cambiar Telefónica para reforzar la independencia efectiva
La reforma de la CNMV ofrece una oportunidad para revisar el funcionamiento del consejo, pero no resolverá automáticamente los problemas que puedan derivarse de la concentración de influencia o de la insuficiente transparencia. A partir de la estructura de gobierno publicada y de las cuestiones planteadas por el proyecto, pueden identificarse varias mejoras que contribuirían a reforzar la supervisión. Deben entenderse como propuestas de buen gobierno, no como obligaciones específicas que el borrador ya imponga a Telefónica.
Tabla 5. Medidas para reforzar la gobernanza de Telefónica
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Ámbito de gobernanza |
Riesgo que debe prevenirse |
Reforma recomendable |
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Presidencia ejecutiva |
Concentración excesiva de influencia sobre la gestión y la supervisión. |
Delimitar y publicar con claridad las competencias del presidente, del consejero delegado y del consejo. |
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Nombramiento de independientes |
Influencia informal de la presidencia o de accionistas significativos. |
Procesos de selección transparentes, competitivos y apoyados por asesores externos independientes. |
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Comisión de nombramientos |
Dependencia práctica respecto de quienes deben ser supervisados. |
Garantizar autonomía de iniciativa, recursos propios y capacidad para proponer candidatos sin intervención ejecutiva indebida. |
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Consejero coordinador |
Insuficiencia de facultades efectivas de contrapeso. |
Reforzar su capacidad para promover reuniones, coordinar evaluaciones y canalizar discrepancias. |
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Evaluación del presidente |
Supervisión condicionada por relaciones personales o jerárquicas. |
Evaluaciones periódicas dirigidas por independientes y apoyadas, cuando proceda, por expertos externos. |
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Remuneraciones |
Incentivos que favorezcan resultados a corto plazo o la conservación del cargo. |
Vincular la remuneración ejecutiva a resultados plurianuales y reforzar la transparencia de los criterios retributivos. |
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Supervisión estratégica |
Insuficiente capacidad para cuestionar decisiones relevantes. |
Evaluaciones independientes de inversiones, reorganizaciones y operaciones corporativas significativas. |
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Transparencia |
Dificultad para conocer la eficacia real del consejo. |
Informar sobre procedimientos, evaluaciones y medidas correctoras, respetando la confidencialidad necesaria. |
La medida más importante probablemente sería reforzar la autonomía práctica de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno. La comisión debería disponer de capacidad para identificar candidatos, contratar asesores de su elección y justificar los criterios de selección y renovación. Asimismo, la evaluación de la presidencia ejecutiva debería desarrollarse mediante procedimientos en los que los consejeros independientes pudieran formular conclusiones sin condicionamientos indebidos. La independencia no se garantiza únicamente atribuyendo determinadas competencias a una comisión; también exige que ese órgano disponga de los recursos, la información y la libertad necesarios para ejercerlas.
La supervisión estratégica debería incorporar, además, indicadores concretos sobre los resultados de las decisiones adoptadas. En Alemania, la evolución de los ingresos, los márgenes y la generación de caja permitiría comprobar si la reorganización está dando resultados. En Reino Unido, los costes de ejecución de la reestructuración, el ahorro realmente conseguido y la evolución comercial servirían para evaluar el plan anunciado. En el conjunto del grupo, las desinversiones deberían analizarse a partir del valor obtenido, la reducción de deuda y la capacidad futura de generar resultados. Una supervisión eficaz no consiste en impedir que la dirección adopte decisiones difíciles, sino en exigir que esas decisiones estén justificadas, sean evaluables y puedan corregirse cuando sus resultados se aparten de las previsiones.
Las preguntas que el consejo debería poder responder a los accionistas
El balance de estos 22 meses de presidencia de Murtra permite concretar las principales cuestiones de supervisión. No se trata de exigir la divulgación de deliberaciones confidenciales ni de presumir incumplimientos, sino de identificar la información que ayudaría a evaluar el funcionamiento del consejo.
Tabla 6. Decisiones y resultados que justifican una explicación del consejo
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Hecho documentado |
Pregunta relevante para el consejo |
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Reducción de ingresos publicados de 41.315 a 35.120 M€ entre 2024 y 2025 |
¿Qué capacidad futura de generar ingresos y caja se ha perdido con las desinversiones y qué rentabilidad se espera del perímetro restante? |
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Pérdidas atribuidas de 4.318 M€ en 2025 |
¿Qué parte corresponde a deterioros históricos y qué parte a decisiones adoptadas durante la nueva estrategia? |
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Salida de seis mercados latinoamericanos |
¿Qué alternativas se analizaron antes de las ventas y qué criterios determinaron las condiciones económicas aceptadas? |
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Reducción de 18.215 empleados del perímetro consolidado |
¿Qué capacidades operativas y comerciales ha dejado de controlar directamente Telefónica? |
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Alemania: caída del EBITDA ajustado del 9,9% en el tercer trimestre |
¿Qué medidas concretas permitirán recuperar los márgenes y en qué plazos verificables? |
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Alemania: descenso del flujo operativo ajustado del 15,1% hasta septiembre |
¿Cómo se espera recuperar la generación de caja si la reducción de inversiones todavía no ha impedido su deterioro? |
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Reino Unido: caída de ingresos del 5,7% |
¿Qué actuaciones permitirán estabilizar el negocio sin depender exclusivamente de recortes? |
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Reino Unido: objetivo de ahorro de 800 millones de libras en 2029 |
¿Qué costes de ejecución tendrá la reestructuración y qué parte de los ahorros se traducirá en caja? |
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Deuda financiera neta de 25.186 M€ |
¿Es suficiente la reducción del endeudamiento en relación con la disminución del tamaño del grupo? |
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Ratio de apalancamiento de 2,63 veces |
¿Qué objetivos permitirán recuperar y mejorar de forma sostenible los niveles anteriores? |
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Ausencia de discrepancias públicas identificadas de independientes |
¿Qué información puede ofrecerse para acreditar la eficacia de la supervisión sin vulnerar la confidencialidad del consejo? |
Estas preguntas se desprenden de los resultados y decisiones recogidos en la documentación analizada. No presuponen que los consejeros independientes hayan incumplido sus obligaciones, pero sí permiten delimitar qué explicaciones contribuirían a demostrar que la supervisión está siendo proporcional a la magnitud de los riesgos y de la transformación empresarial.
Conclusión: Telefónica necesita liderazgo, pero también un consejo capaz de supervisarlo
La reforma de la CNMV llega cuando Telefónica necesita consolidar una transformación cuyo resultado todavía no puede considerarse definitivo. La compañía ha reducido su perímetro internacional, ha reconocido pérdidas extraordinarias y continúa afrontando problemas operativos en Alemania y Reino Unido. Al mismo tiempo, ha disminuido su deuda financiera neta y ha mejorado determinadas magnitudes consolidadas durante 2026. Una evaluación rigurosa debe reconocer ambas realidades: ni todos los resultados negativos pueden atribuirse a la gestión iniciada por Marc Murtra, ni los avances financieros permiten dar por resueltos los problemas estructurales del grupo.
La función del consejo de administración consiste en supervisar esa transformación con criterios independientes, exigir información suficiente, evaluar alternativas y comprobar que las decisiones responden al interés social. Telefónica cuenta con instrumentos formales para hacerlo: un consejero delegado distinto del presidente, una representación significativa de consejeros independientes, comisiones especializadas y un consejero coordinador. Pero la existencia de esas figuras no demuestra automáticamente que la supervisión sea eficaz, del mismo modo que las dificultades empresariales tampoco prueban que haya fallado.
El verdadero desafío es garantizar que los mecanismos de control funcionen con autonomía y que los accionistas dispongan de información suficiente para valorar su eficacia. La independencia no debería medirse por la ausencia de discrepancias públicas con la presidencia, sino por la capacidad real de los consejeros para examinar decisiones, cuestionar propuestas y exigir responsabilidades cuando los resultados lo requieran.
En este sentido, la reforma que prepara la CNMV representa una oportunidad para avanzar desde el cumplimiento formal hacia una gobernanza más transparente y exigente. Telefónica no necesita necesariamente una presidencia incapaz de impulsar cambios; necesita una dirección con facultades bien delimitadas y un consejo que pueda supervisarla sin depender de su voluntad. La fortaleza del gobierno corporativo no reside en impedir el liderazgo, sino en evitar que ese liderazgo quede insuficientemente sometido a evaluación.
Veintidós meses después de la llegada de Marc Murtra, la pregunta más importante no es si los consejeros independientes han discrepado públicamente de sus decisiones. Es qué garantías y qué evidencias pueden ofrecer a los accionistas de que las han examinado con el rigor que requieren las pérdidas reconocidas, las desinversiones y las dificultades persistentes de Alemania y Reino Unido.
Porque una compañía puede tener un consejo formalmente independiente y, aun así, necesitar demostrar que esa independencia se ejerce de manera efectiva. Y una transformación empresarial de la magnitud que afronta Telefónica exige precisamente eso: no solo decisiones estratégicas, sino una supervisión capaz de comprobar sus resultados y corregirlas cuando sea necesario.
Epílogo: abrir las ventanas antes de que sea obligatorioLa paradoja del vigilante que no hace sonar la alarma adquiere especial significado en una compañía centenaria como Telefónica. Tras 22 meses de presidencia de Marc Murtra, las pérdidas reconocidas, las desinversiones internacionales y las dificultades persistentes en Alemania y Reino Unido justifican que los accionistas reclamen algo más que explicaciones sobre los resultados. Tienen derecho a conocer qué mecanismos de supervisión se han utilizado, cómo se han evaluado los riesgos y qué garantías existen de que los consejeros independientes pueden cuestionar las decisiones de la presidencia ejecutiva. La ausencia de discrepancias públicas no demuestra que haya faltado vigilancia, pero tampoco permite acreditar por sí sola que esa vigilancia haya sido suficientemente exigente. Y cuando está en juego el futuro de una empresa de la dimensión, trayectoria e importancia económica de Telefónica, la confianza de los accionistas no debería descansar exclusivamente en la presunción de que los controles internos funcionan.
Precisamente por ello, Telefónica debería adelantarse voluntariamente a la aplicación de las recomendaciones que finalmente apruebe la CNMV, sin esperar a los plazos previstos para su entrada en vigor. Delimitar con mayor transparencia las facultades del presidente y del consejero delegado, reforzar la autonomía de los consejeros independientes, hacer más verificables los procedimientos de evaluación del consejo y explicar cómo se supervisan las principales decisiones estratégicas serían medidas concretas para mejorar la rendición de cuentas. No se trata de divulgar deliberaciones confidenciales ni de exigir unanimidades imposibles, sino de ofrecer información suficiente para que el accionista pueda distinguir entre una independencia reconocida formalmente y una supervisión ejercida de manera efectiva. La transparencia no debería llegar únicamente cuando la exige una norma; debería formar parte de la responsabilidad de quienes administran el patrimonio de cientos de miles de accionistas.
Hay, además, una circunstancia que conviene no olvidar. No existe garantía de que Marc Murtra y Emilio Gayo continúen al frente de Telefónica cuando las nuevas recomendaciones deban aplicarse, dado el calendario previsto en el proyecto de la CNMV. Precisamente por eso, anticiparlas tendría un significado que trasciende sus mandatos: demostraría que la voluntad de reforzar los controles no depende de una obligación futura ni de quién ocupe circunstancialmente los principales despachos. Sería una decisión institucional, orientada a fortalecer la compañía y a dejar mecanismos de supervisión más sólidos para quienes vengan después. No es necesario esperar a que una reforma obligue a explicar mejor cómo se ejerce el poder para empezar a hacerlo.
Porque, en definitiva, el verdadero compromiso con el buen gobierno no se demuestra proclamando la independencia de los consejeros, sino facilitando las condiciones para que puedan ejercerla y ofreciendo evidencias suficientes de su funcionamiento. Telefónica tiene ante sí la oportunidad de anticiparse a una reforma que pretende precisamente reforzar esos contrapesos. Hacerlo no demostraría que todas sus decisiones hayan sido acertadas, ni eliminaría los riesgos empresariales, pero sí constituiría una señal inequívoca de voluntad de transparencia.
Una compañía centenaria no debería tener que esperar a que el regulador le exija abrir las ventanas para dejar entrar la luz. Y quienes hoy la dirigen tienen la oportunidad de demostrar, con decisiones concretas y verificables, que no temen hacerlo.
Ya lo dijo Louis D. Brandeis: «La luz del sol es el mejor de los desinfectantes».


