FEIJÓO Y EL PP, ¿ANTIPATRIOTAS? LA POLÉMICA VENTA DEL 10% PÚBLICO DE TELEFÓNICA

¿PATRIOTAS O ANTIPATRIOTAS? Alberto Núñez Feijóo y el Partido Popular vuelven a situar en el centro del debate la venta del 10% de Telefónica en manos del Estado, una participación estratégica que pertenece, en última instancia, a todos los españoles. ¿De qué sirve envolverse en la bandera de España si después se propone reducir la presencia pública en una de sus empresas más importantes? Mientras Francia y Alemania protegen sus intereses industriales y tecnológicos, España se enfrenta de nuevo a una pregunta incómoda: ¿vamos a defender nuestro patrimonio estratégico o a desprendernos de él? La historia de las privatizaciones y sus consecuencias merece algo más que eslóganes: exige memoria, transparencia y explicaciones.

El PP planea vender las participaciones del Estado en Telefónica y Talgo mientras la banca de inversión analiza el alcance de un cambio de Gobierno

El Partido Popular tiene previsto desprenderse de las participaciones públicas en Telefónica y Talgo si Alberto Núñez Feijóo llega a la presidencia del Gobierno tras las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. La intención, trasladada por fuentes próximas a la formación política, supondría un cambio significativo respecto a la estrategia empresarial desarrollada durante el mandato de Pedro Sánchez, caracterizada por el incremento de la presencia del Estado en determinadas compañías consideradas estratégicas. La operación afectaría especialmente a Telefónica, donde la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) controla aproximadamente el 10% del capital, y a Talgo, en cuyo accionariado el organismo público adquirió un 7,8% adicional durante el proceso de reorganización de la propiedad de la compañía ferroviaria. Ambas empresas ocupan posiciones relevantes en sectores esenciales para la economía española: las telecomunicaciones, las infraestructuras digitales y los servicios tecnológicos, en el caso de Telefónica, y la fabricación de material ferroviario y el desarrollo de tecnología industrial, en el de Talgo. Sin embargo, la eventual desinversión no se extendería indiscriminadamente a todas las sociedades participadas por el Estado, puesto que el PP contempla mantener su presencia en otras compañías como Indra, Redeia y Enagás, atendiendo a la importancia de sus actividades en ámbitos como la defensa y las infraestructuras energéticas https://tinyurl.com/mwea929b

La posible venta de la participación estatal en Telefónica constituye uno de los elementos centrales de los planes que las fuentes consultadas atribuyen al Partido Popular, tanto por el volumen económico de la inversión pública como por las circunstancias que rodearon la entrada del Estado en el accionariado de la operadora. En diciembre de 2023, el Gobierno anunció, a través de la SEPI, su intención de adquirir hasta el 10% del capital de Telefónica, una decisión que se materializó durante 2024 y que supuso el regreso del Estado a la propiedad de la compañía después de 24 años fuera de su accionariado. La operación se produjo después de que el grupo saudí Saudi Telecom Company (STC) anunciara una inversión destinada a alcanzar una participación cercana al 10%, circunstancia que llevó al Ejecutivo español a reforzar la presencia pública en una empresa considerada fundamental para las comunicaciones y la seguridad tecnológica del país. La adquisición de las acciones de Telefónica representó un desembolso aproximado de 2.300 millones de euros de fondos públicos, con los que el Estado pasó a convertirse en uno de los principales accionistas de la operadora. La participación permitió asimismo reforzar su representación institucional en los órganos de gobierno de la sociedad, donde Carlos Ocaña, representante de la SEPI, asumió la vicepresidencia.

La entrada del Estado en Telefónica estuvo acompañada posteriormente de importantes cambios en la dirección de la compañía. En enero de 2025 se acordó la sustitución de José María Álvarez-Pallete por Marc Murtra, hasta entonces presidente de Indra, en una operación respaldada por accionistas relevantes de la operadora, entre ellos Criteria, BBVA, BlackRock y STC. El relevo de Álvarez-Pallete y la llegada de Murtra a la presidencia de Telefónica constituyen uno de los principales antecedentes de las críticas del Partido Popular a la intervención del Gobierno en empresas privadas. Alberto Núñez Feijóo se ha mostrado especialmente crítico con las actuaciones del Ejecutivo en la operadora, que ha llegado a calificar de antidemocráticas, y la intención de vender la participación estatal se enmarca en esa posición política. No obstante, conviene distinguir entre la influencia que proporciona al Estado una participación accionarial relevante y el control jurídico de una sociedad cotizada, puesto que la propiedad de aproximadamente el 10% del capital no equivale, por sí sola, al control absoluto de Telefónica. La importancia de la inversión pública reside en su peso dentro de la estructura accionarial y en la capacidad de influencia que puede ejercer en determinadas decisiones societarias.

Talgo constituye el segundo gran objetivo de desinversión identificado por las fuentes próximas al PP, aunque su situación accionarial y las circunstancias que motivaron la intervención pública presentan diferencias sustanciales respecto a Telefónica. La compañía ferroviaria atravesó un complejo proceso de reorganización de su propiedad después de que el Gobierno español vetara la oferta pública de adquisición presentada por el consorcio húngaro Ganz Mavag. El Ejecutivo justificó aquella decisión por razones de seguridad nacional, vinculadas a las relaciones atribuidas al grupo inversor con Rusia y al carácter estratégico de determinadas tecnologías y patentes de la empresa española. Tampoco prosperó una posible operación protagonizada por la compañía polaca PESA. Finalmente, el Gobierno vasco impulsó una solución empresarial articulada mediante un consorcio encabezado por Sidenor y participado por fundaciones vinculadas a las antiguas cajas de ahorro vascas, que adquirió el 27,4% del capital de Talgo. La operación permitió configurar una alternativa de propiedad con presencia industrial e institucional española, aunque no resolvió por sí sola la salida del principal accionista de la ferroviaria, el fondo de inversión Trilantic.

Para completar esa reorganización accionarial, la SEPI adquirió una participación adicional del 7,8% en Talgo, reforzando la presencia pública en una empresa cuya actividad se concentra en el diseño y fabricación de trenes y soluciones ferroviarias de alta tecnología. Talgo es una de las compañías pioneras y líderes mundiales en el desarrollo de sistemas automáticos de cambio de ancho de vía, una tecnología de especial relevancia estratégica en el sector ferroviario internacional. La empresa española fue la primera del mundo en desarrollar un sistema de estas características y dispone de su propia tecnología patentada, denominada Talgo RD (Rodadura Desplazable), que permite a los trenes adaptar automáticamente la separación entre sus ruedas para circular por redes ferroviarias con diferentes anchos de vía, sin necesidad de detenerse ni sustituir los bogies o conjuntos de rodadura. Este procedimiento se realiza mediante instalaciones específicas por las que los trenes circulan a una velocidad aproximada de 15 kilómetros por hora, permitiendo pasar, por ejemplo, del ancho ibérico de 1.668 milímetros al ancho internacional de 1.435 milímetros. Aunque existen otros fabricantes con sistemas propios de cambio automático de ancho, como la también española CAF, la tecnología Talgo RD constituye un desarrollo patentado de la compañía, fruto de décadas de investigación y experiencia industrial, que la sitúa entre los referentes internacionales en interoperabilidad ferroviaria. Su importancia reside en que permite conectar redes ferroviarias técnicamente diferentes sin obligar a los viajeros a cambiar de tren y sin recurrir a complejas operaciones de sustitución de los elementos de rodadura, una capacidad especialmente relevante para las comunicaciones ferroviarias entre España y el resto de Europa. Esta especialización tecnológica, junto con sus patentes y conocimientos industriales, constituye uno de los principales activos estratégicos de Talgo y ayuda a explicar la importancia que el Gobierno español atribuyó a la preservación de sus capacidades tecnológicas durante el proceso de reorganización accionarial. La operación de entrada de la SEPI se desarrolló sin que la Comisión Nacional del Mercado de Valores exigiera el lanzamiento de una oferta pública de adquisición por una eventual actuación concertada entre el organismo estatal y el consorcio liderado por Sidenor. La intervención pública en Talgo respondió, por tanto, a un contexto diferente al de Telefónica: mientras que en la operadora de telecomunicaciones el Gobierno justificó su inversión por la entrada de un accionista extranjero de gran relevancia, en la ferroviaria la participación estatal se incorporó a una solución destinada a reorganizar la propiedad después del bloqueo de la oferta húngara. La intención del PP de poner en el mercado las acciones públicas de Talgo supondría revertir esta participación de la Administración central en una compañía que posee tecnología ferroviaria propia y patentada de relevancia internacional, pero no implicaría necesariamente la desaparición del consorcio liderado por Sidenor ni la salida de los restantes accionistas institucionales. Las informaciones disponibles tampoco precisan las condiciones económicas, el calendario o el procedimiento mediante el cual se realizaría una eventual venta de las acciones.

La decisión de desprenderse de las participaciones de Telefónica y Talgo se relaciona con la orientación económica que el Partido Popular pretende aplicar a las empresas privadas en las que el Estado ha incrementado recientemente su presencia. El objetivo atribuido a la formación de Feijóo es reducir la intervención directa del Ejecutivo en determinadas sociedades cotizadas, sin renunciar a mantener participaciones públicas en compañías consideradas esenciales para la defensa o el funcionamiento de infraestructuras críticas. Esta distinción explica que la estrategia descrita por las fuentes no contemple una retirada generalizada del Estado del sector empresarial, sino una revisión selectiva de sus inversiones. La posición enlaza con la política de privatizaciones tan lesiva para los españoles desarrollada durante los gobiernos de José María Aznar, aunque las informaciones publicadas no permiten establecer todavía el alcance definitivo de las operaciones que podría impulsar un futuro Ejecutivo del PP.

La banca de inversión también está analizando las consecuencias de una eventual victoria del Partido Popular, aunque sus conclusiones introducen matices importantes respecto a la posibilidad de una retirada inmediata del Estado de las principales empresas estratégicas. Los informes examinados por EL ESPAÑOL-Invertia coinciden en identificar a Telefónica, Indra y Redeia entre las compañías cotizadas que podrían experimentar cambios relevantes en su relación con el poder político. Sin embargo, los analistas distinguen entre una modificación de la orientación del Gobierno como accionista, una posible venta de participaciones públicas y la sustitución de los equipos directivos. Estas tres actuaciones no tienen por qué producirse simultáneamente ni responder necesariamente a los mismos criterios. En el caso concreto de Telefónica, los análisis señalan que la llegada del PP al Gobierno no tendría por qué traducirse automáticamente en el relevo de Marc Murtra, pese a que su nombramiento estuvo estrechamente vinculado a la reorganización de la influencia estatal en la operadora https://tinyurl.com/2wsdbdn5

Alantra considera que un Gobierno del Partido Popular podría adoptar una política menos intervencionista y conceder mayor importancia a los resultados económicos y a la creación de valor para los accionistas. Esta orientación supondría una diferencia respecto al enfoque atribuido al Ejecutivo socialista, que ha reforzado la participación pública en determinadas empresas estratégicas. No obstante, el banco de inversión también considera improbable que un cambio político desemboque en una reversión completa de las ampliaciones de participación realizadas por la SEPI en las grandes compañías. Esta valoración introduce una diferencia entre las intenciones de venta atribuidas al PP por las fuentes políticas y las expectativas de los analistas financieros, que no anticipan necesariamente una retirada generalizada del Estado. En Telefónica, esa cautela responde también a la relevancia de la operadora en las redes digitales, las comunicaciones vinculadas a la defensa y otras actividades tecnológicas de importancia estratégica.

Los análisis de CaixaBank apuntan en una dirección semejante en lo que respecta a la continuidad de la dirección de Telefónica. La entidad reconoce la existencia de un riesgo de sustitución de Marc Murtra, pero considera que las circunstancias operativas y financieras de la compañía limitan el margen para introducir grandes modificaciones en su estrategia. Entre los factores destacados figuran la posición de Telefónica en España, su estructura corporativa y la situación de su balance. Desde su llegada a la presidencia, Murtra ha impulsado una reorganización de la operadora y ha puesto en marcha el plan estratégico Transform & Grow, presentado el 4 de noviembre de 2025, que persigue reforzar el crecimiento orgánico, estudiar posibles operaciones de concentración empresarial y mantener la disciplina financiera. La estrategia incluye asimismo una reducción de la exposición a determinados mercados latinoamericanos considerados menos rentables y una simplificación de la estructura operativa mediante tres grandes áreas de negocio: servicios a empresas, servicios a consumidores e infraestructuras.

La continuidad de este plan estratégico constituye uno de los argumentos que los analistas utilizan para cuestionar la conveniencia de un cambio inmediato en la presidencia de Telefónica. La reorganización desarrollada por Murtra ha supuesto la renovación de una parte importante del equipo directivo heredado de Álvarez-Pallete, aunque se han mantenido determinados responsables, entre ellos Emilio Gayo, actual consejero delegado. La compañía continúa ejecutando su transformación empresarial y contempla recuperar los beneficios en 2027, después de asumir los efectos contables de la depreciación y de las operaciones de salida de determinados negocios latinoamericanos. CaixaBank recuerda, además, que existen antecedentes de empresas con una presencia relevante del Estado cuyos máximos responsables han continuado en sus cargos tras cambios de signo político en el Gobierno. El ejemplo señalado es Enagás, presidida por Antonio Llardén durante etapas de gobiernos tanto del Partido Popular como del PSOE. Por tanto, la posible venta de las acciones estatales de Telefónica y la continuidad de Marc Murtra deben analizarse como cuestiones distintas, ya que las informaciones disponibles no acreditan que una eventual desinversión implique necesariamente su sustitución.

La revisión de las participaciones públicas que estudia el PP también alcanzaría a otras compañías, aunque con criterios diferentes. Indra representa el principal ejemplo de una empresa en la que el Partido Popular pretende mantener la presencia del Estado, debido a su actividad en el sector de la defensa y a su papel en el desarrollo de capacidades tecnológicas e industriales vinculadas a la seguridad nacional. La participación pública en Indra tiene antecedentes anteriores al Gobierno de Pedro Sánchez. Durante el mandato de Mariano Rajoy, la SEPI volvió a entrar en el capital de la compañía y posteriormente, en 2022, el Ejecutivo socialista elevó su posición desde aproximadamente el 18% hasta el 28%. Los análisis financieros sitúan actualmente la participación estatal en torno al 29%. Las fuentes próximas al PP justifican su continuidad por el papel de Indra como instrumento de inversión en defensa, especialmente en un contexto de incremento del gasto militar y de mayores compromisos presupuestarios de los países miembros de la OTAN.

La posición del Partido Popular respecto a Indra no implica, sin embargo, una valoración favorable de todas las decisiones adoptadas por el actual Gobierno en su gestión. La compañía ha protagonizado importantes conflictos accionariales y de gobierno corporativo, especialmente durante la etapa de Ángel Escribano en la presidencia. Su empresa familiar, Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), llegó a controlar el 14,3% del capital de Indra, mientras se planteaba una operación para integrar esa compañía industrial en el grupo tecnológico y de defensa. La posible adquisición provocó tensiones entre los principales accionistas, especialmente por las consecuencias que tendría sobre el equilibrio de poder dentro de Indra y por la relación de Escribano con el fondo Amber Capital, vinculado a Joseph Oughourlian. El conflicto terminó con la salida de Escribano de la presidencia y del accionariado, mientras que la posible compra de EM&E quedó paralizada. Las fuentes del PP distinguen así entre la necesidad de conservar una participación estatal relevante en Indra y las críticas a la forma en que el Ejecutivo socialista ha ejercido su influencia sobre la compañía.

La continuidad de la presencia pública también se extendería a Redeia, matriz de Red Eléctrica, y a Enagás, aunque en este último caso se contempla la posibilidad de reducir la participación estatal. En Red Eléctrica, las fuentes próximas al PP consideran imprescindible mantener la posición del Estado debido a la importancia de las infraestructuras de transporte de electricidad para el funcionamiento del sistema energético español. Su argumento se basa en la necesidad de conservar una participación pública que permita preservar la influencia institucional en una actividad regulada y esencial. En Enagás, responsable de infraestructuras fundamentales para el sistema gasista, la posición sería más flexible. El Estado mantiene actualmente una participación del 5% y las fuentes consultadas admiten que podría reducirse para facilitar una mayor entrada de capital privado, aunque descartan una retirada completa. De esta manera, la estrategia atribuida al PP establece diferencias entre las participaciones adquiridas recientemente en Telefónica y Talgo y aquellas que considera necesarias para mantener la presencia pública en sectores como la defensa y las redes energéticas.

Más allá de las compañías directamente participadas por el Estado, la banca de inversión identifica otros sectores que podrían verse afectados por un cambio en la orientación económica y regulatoria del Gobierno. En el ámbito energético, los análisis consideran que un Ejecutivo del Partido Popular podría adoptar una posición más favorable a la continuidad de la generación nuclear, una circunstancia que, según estas valoraciones, beneficiaría especialmente a empresas como Endesa y Naturgy. Por el contrario, una menor prioridad política de determinadas tecnologías renovables podría tener efectos diferentes sobre compañías como Iberdrola y Solaria. Enagás también aparece en estos análisis por su participación en proyectos vinculados al desarrollo de infraestructuras de hidrógeno verde, cuya evolución depende en parte de las decisiones regulatorias y de las políticas de apoyo a esta tecnología. En el sector petrolero, los informes contemplan posibles efectos favorables para Repsol y Galp si un futuro Gobierno decidiera no continuar con determinadas iniciativas fiscales extraordinarias sobre la actividad.

               Foto: cotización de Telefónica hoy en el mercado bursátil

El sector inmobiliario y las infraestructuras digitales constituyen otros dos ámbitos examinados por los analistas. En las compañías dedicadas a la promoción residencial, como Neinor e Insur, los informes consideran que una política económica más restrictiva podría influir sobre la demanda de vivienda, aunque una regulación más favorable al alquiler y una mayor seguridad jurídica podrían favorecer la inversión institucional en proyectos residenciales destinados al arrendamiento. Los análisis también contemplan la posibilidad de que un nuevo Gobierno impulse modificaciones normativas dirigidas a facilitar el desarrollo urbanístico y la construcción de viviendas, incluida la aprobación de una nueva regulación del suelo. En el caso de los centros de datos, una eventual revisión de los proyectos regulatorios actualmente en tramitación podría modificar las condiciones de inversión de empresas como Merlin Properties. Los informes recuerdan que los gobiernos autonómicos del PP en Madrid y Aragón, dos territorios con una importante concentración de proyectos de centros de datos, han impulsado políticas dirigidas a facilitar el desarrollo de estas infraestructuras.

La banca figura igualmente entre los sectores en los que los analistas anticipan posibles cambios en la relación con el poder político y en el tratamiento fiscal de su actividad. Los informes apuntan a la posibilidad de que un Gobierno del PP revise o elimine el gravamen extraordinario aplicado a las entidades financieras, una medida que tendría consecuencias para grupos como Santander, BBVA, Sabadell y CaixaBank. En esta última entidad, los bancos de inversión también contemplan una posible reducción de la presencia pública mediante una desinversión ordenada de la participación que mantiene el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Por su parte, Citi considera que un Ejecutivo presidido por Feijóo podría adoptar una posición menos intervencionista ante los procesos de concentración bancaria, dejando mayor margen a las decisiones empresariales. Este planteamiento afectaría al contexto regulatorio de eventuales operaciones corporativas, incluida la posibilidad de nuevas iniciativas de consolidación entre BBVA y Banco Sabadell, aunque los análisis no acreditan que exista una operación concreta vinculada a un futuro cambio de Gobierno.

La principal conclusión que se desprende de ambas informaciones es que el Partido Popular contempla una retirada selectiva del Estado de determinadas empresas, con Telefónica y Talgo como objetivos prioritarios, mientras que la banca de inversión considera que la transformación de las relaciones entre el Gobierno y las grandes compañías españolas podría ser más gradual y limitada de lo que sugiere una interpretación generalizada de esa política. Las fuentes próximas al PP atribuyen a la formación la intención de vender las participaciones adquiridas durante el mandato de Pedro Sánchez en las dos compañías, pero defienden la continuidad de la presencia estatal en Indra, Red Eléctrica y, al menos parcialmente, Enagás. Los analistas financieros, por su parte, diferencian los posibles cambios accionariales de las decisiones sobre la continuidad de los equipos directivos y advierten de que las circunstancias estratégicas, operativas y financieras de empresas como Telefónica condicionan el margen de actuación de cualquier nuevo Ejecutivo.

En consecuencia, la eventual venta de las acciones públicas de Telefónica y Talgo representa una intención política atribuida al PP, no una decisión empresarial aprobada ni una operación con condiciones económicas y calendario definidos. Su ejecución dependería, en primer lugar, del resultado electoral del 29 de noviembre y de la formación de un Gobierno encabezado por Alberto Núñez Feijóo. Hasta entonces, las participaciones estatales continúan formando parte de la estructura accionarial de ambas compañías y los planes de desinversión permanecen en el terreno de las propuestas políticas recogidas por las informaciones publicadas. Lo que sí reflejan las dos noticias es la existencia de un debate sobre el alcance de la presencia pública en empresas estratégicas españolas y sobre la distinción entre aquellas inversiones que un futuro Gobierno considera susceptibles de venta y las que entiende necesarias para mantener la influencia del Estado en sectores esenciales para el país.

El patrimonio estratégico de España ante una nueva etapa de privatizaciones: las lecciones de 1996 con el PP en el gobierno español y los modelos de Francia y Alemania para sus empresas estratégicas

España vuelve a encontrarse ante un debate de gran trascendencia económica y política: qué debe hacer el Estado con sus participaciones en empresas estratégicas y hasta qué punto resulta conveniente reducir su presencia en sectores fundamentales para la soberanía industrial, tecnológica y energética del país. Las informaciones publicadas sobre la intención del Partido Popular de vender las participaciones estatales en Telefónica y Talgo, si Alberto Núñez Feijóo llega al Gobierno después de las elecciones generales del 29 de noviembre, recuperan una discusión que marcó profundamente la política económica española durante la segunda mitad de los años noventa. La cuestión no consiste únicamente en determinar si determinadas empresas deben tener accionistas públicos o privados, sino en establecer qué instrumentos necesita conservar el Estado para proteger intereses estratégicos, influir en decisiones industriales de largo plazo y evitar que capacidades tecnológicas esenciales queden sometidas exclusivamente a las prioridades de sus accionistas. El antecedente de las privatizaciones impulsadas por José María Aznar a partir del año 1996 y la comparación con las políticas desarrolladas en Francia y Alemania permiten examinar las consecuencias económicas e institucionales de una eventual nueva reducción del patrimonio empresarial público español.

La experiencia histórica demuestra que las privatizaciones de grandes empresas españolas no comenzaron con la llegada del Partido Popular al Gobierno. Durante los años ochenta y la primera mitad de los noventa, los gobiernos socialistas ya habían desarrollado operaciones de venta parcial de participaciones públicas en compañías como Repsol, Endesa y Telefónica. Sin embargo, la llegada de José María Aznar a la presidencia del Gobierno en mayo de 1996 supuso una aceleración decisiva y un cambio de alcance en aquella política, que pasó a orientarse hacia la privatización completa de numerosas sociedades. El 28 de junio de 1996, el Ejecutivo aprobó el Programa de Modernización del Sector Público Empresarial, que estableció las bases de un amplio proceso de desinversiones. Según el balance oficial de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, durante aquella etapa salieron completamente del ámbito público alrededor de cincuenta empresas pertenecientes a sectores tan importantes como la electricidad, los hidrocarburos, las telecomunicaciones, el transporte, la siderurgia y otras actividades industriales. Los ingresos obtenidos mediante aquellas operaciones alcanzaron aproximadamente los 30.000 millones de euros, una cantidad considerable que se destinó fundamentalmente a atender necesidades financieras del sector público empresarial y cancelar buena parte de la deuda histórica del antiguo Instituto Nacional de Industria. La magnitud de aquel proceso está documentada por la propia SEPI en su balance histórico de privatizaciones.

 Foto: estos son los tres "lumbreras" del equipo económico del PP: Alberto Nadal, Núñez Feijóo y Juan Bravo

Telefónica constituye uno de los ejemplos más representativos de aquella transformación del patrimonio empresarial público. En febrero de 1997, el Gobierno de Aznar puso a la venta el 20,9% del capital que permanecía en manos del Estado, culminando así la privatización de una compañía que desempeñaba una función central en las telecomunicaciones españolas. La operación comprendió aproximadamente 196 millones de acciones y generó unos ingresos brutos de 3.786 millones de euros, según los registros oficiales de la SEPI. Más de 1,2 millones de particulares solicitaron participar en la oferta pública de venta, lo que refleja la dimensión financiera y social de la operación. Ese mismo año se completó la privatización de Repsol, mientras que Endesa perdió su mayoría pública en 1997 y culminó su privatización durante 1998. En el caso de la eléctrica, las grandes ofertas públicas de venta realizadas en aquellos dos ejercicios permitieron ingresar más de 10.000 millones de euros. El Estado obtuvo recursos financieros inmediatos, pero renunció a mantener posiciones accionariales relevantes en algunas de las mayores empresas energéticas y de telecomunicaciones del país. Aquella decisión modificó de manera duradera la estructura de propiedad de sectores esenciales y redujo las posibilidades de que los sucesivos gobiernos influyeran directamente en sus estrategias empresariales mediante los derechos asociados a la propiedad de acciones.

La valoración económica de aquel proceso exige distinguir entre sus objetivos declarados y sus consecuencias patrimoniales. Las privatizaciones permitieron obtener ingresos, reducir obligaciones financieras y ampliar la participación de inversores privados en compañías anteriormente controladas por el Estado. Sus defensores sostuvieron que la apertura del capital podía favorecer la eficiencia empresarial, la competencia y el acceso a financiación. Sin embargo, la venta de una participación pública también implica renunciar a los dividendos futuros asociados a esas acciones y a los derechos políticos que permiten intervenir en las decisiones de la sociedad. Por tanto, el balance no puede limitarse a contabilizar el dinero ingresado en el momento de la operación. También deben examinarse el valor de los activos transmitidos, los beneficios que habrían generado durante los años posteriores, las inversiones que exigían, los riesgos asumidos por el Estado y las consecuencias de perder influencia en sectores estratégicos. Este es uno de los principales problemas de las decisiones de privatización: un ingreso presupuestario inmediato es perfectamente cuantificable, mientras que el valor económico e institucional de conservar una participación durante varias décadas resulta más complejo de medir. Ello no significa que toda privatización produzca necesariamente pérdidas, pero sí que una venta no puede considerarse beneficiosa únicamente porque proporcione liquidez a corto plazo.

Tres décadas después, Telefónica vuelve a ocupar el centro de esta discusión. En diciembre de 2023, el Gobierno de Pedro Sánchez anunció su decisión de regresar al accionariado de la operadora mediante la adquisición de hasta el 10% de su capital a través de la SEPI. La operación se completó durante 2024, después de que el grupo saudí STC anunciara una inversión destinada a alcanzar una participación cercana al 10% de Telefónica. La compra de las acciones supuso un desembolso público aproximado de 2.300 millones de euros y permitió al Estado recuperar una posición relevante en una empresa de importancia estratégica para las comunicaciones, las redes digitales y determinados servicios vinculados a la seguridad nacional. La participación no otorgó al Gobierno el control absoluto de la sociedad, pero sí le proporcionó derechos de voto y capacidad de influencia dentro de su estructura accionarial. El nombramiento de Carlos Ocaña como vicepresidente y la posterior llegada de Marc Murtra a la presidencia reflejaron la nueva configuración de relaciones entre los principales accionistas de la operadora.

La intención de vender ese 10% de Telefónica, atribuida al Partido Popular por fuentes próximas a la formación, plantea una cuestión fundamental: qué obtiene el Estado a cambio de abandonar una posición accionarial que decidió recuperar precisamente por razones estratégicas. Si la participación se vendiera, la Administración recibiría el importe correspondiente a las acciones transmitidas y dejaría de soportar los riesgos financieros asociados a su propiedad. Pero también perdería los dividendos futuros de esos títulos y la capacidad de influencia que le proporciona su condición de accionista relevante. Además, una venta en el mercado podría modificar el equilibrio entre los principales propietarios de la compañía, aunque no existe información suficiente para determinar quién adquiriría las acciones ni cómo quedaría distribuido el capital. Tampoco puede afirmarse que una desinversión implique automáticamente la pérdida de control español sobre las redes de telecomunicaciones, porque la propiedad accionarial, la titularidad de las infraestructuras y las competencias regulatorias del Estado son cuestiones diferentes. Lo que sí desaparecería sería un instrumento concreto de intervención pública: la posibilidad de participar directamente, como propietario, en las decisiones societarias de una de las principales operadoras españolas.

La importancia de esta distinción aumenta cuando se examina el papel de las telecomunicaciones en la economía contemporánea. Las redes de fibra óptica, las comunicaciones móviles, los centros de procesamiento de datos, la ciberseguridad y los servicios digitales constituyen infraestructuras esenciales para las empresas, las administraciones públicas y los ciudadanos. Su funcionamiento afecta a la actividad bancaria, los servicios sanitarios, el transporte, las comunicaciones de emergencia y numerosos procesos industriales. Disponer de una participación pública relevante en una compañía de telecomunicaciones no garantiza por sí solo la seguridad de estas infraestructuras, pero puede proporcionar al Estado una vía adicional de conocimiento e influencia sobre decisiones empresariales que afectan a intereses generales. La protección efectiva de esos intereses también depende de la regulación sectorial, de las obligaciones de servicio, de los mecanismos de supervisión de inversiones extranjeras y de las normas de seguridad. Por eso, la cuestión que debería acompañar cualquier propuesta de venta no es únicamente cuánto dinero se obtendría por las acciones, sino qué mecanismos alternativos permitirían preservar los intereses estratégicos que justificaron su adquisición. De esta cuestión el PP y Vox, no sabe no contesta como de costumbre.

El caso de Talgo presenta una dimensión industrial y tecnológica igualmente relevante. La compañía española ocupa una posición destacada en el diseño y fabricación de trenes y en el desarrollo de sistemas de rodadura desplazable, una tecnología que permite adaptar determinados vehículos ferroviarios a redes con diferentes anchos de vía. Su sistema patentado Talgo RD constituye uno de sus principales activos tecnológicos y es resultado de décadas de investigación y experiencia industrial. Aunque no es la única empresa que dispone de tecnologías de cambio automático de ancho —la también española CAF ha desarrollado su propio sistema—, Talgo figura entre los fabricantes pioneros en este ámbito. Su especialización tiene especial importancia en España, donde conviven el ancho ibérico de 1.668 milímetros y el ancho internacional de 1.435 milímetros utilizado en las líneas de alta velocidad y en buena parte de Europa. La capacidad de desarrollar y fabricar tecnología ferroviaria propia representa un activo industrial que va más allá de la valoración bursátil de una empresa, porque incorpora patentes, conocimientos técnicos, experiencia productiva y capacidades de ingeniería acumuladas durante décadas.

La entrada de la SEPI en Talgo se produjo después del complejo proceso de reorganización accionarial que siguió al veto gubernamental de la oferta presentada por el consorcio húngaro Ganz Mavag. El Ejecutivo justificó aquella decisión por razones de seguridad nacional y por la importancia estratégica de determinadas capacidades tecnológicas de la ferroviaria. Posteriormente, un consorcio encabezado por Sidenor y participado por fundaciones vinculadas a antiguas cajas de ahorro vascas adquirió el 27,4% del capital, mientras que la SEPI incorporó una participación adicional del 7,8%. Esta estructura permitió articular una solución accionarial con presencia industrial e institucional española. La intención atribuida al PP de vender las acciones de la Administración central supondría retirar esa participación pública, aunque no implicaría necesariamente la desaparición del consorcio encabezado por Sidenor. El riesgo estratégico que debe examinarse no consiste en afirmar que la venta del 7,8% provocaría automáticamente la pérdida de las patentes o el traslado de la producción al extranjero, sino en determinar si la reducción de la presencia pública debilitaría la capacidad del Estado para influir en decisiones futuras sobre inversiones, tecnología, empleo y localización industrial. Sin conocer el comprador, las condiciones de la operación y los mecanismos de protección aplicables, no es posible cuantificar ese riesgo ni presentarlo como una consecuencia inevitable.

La comparación internacional resulta especialmente significativa porque demuestra que las principales economías europeas no han renunciado de manera generalizada a utilizar la propiedad pública como instrumento de política industrial. Francia constituye uno de los ejemplos más claros de intervención estatal en sectores considerados esenciales para la soberanía económica y energética. En junio de 2023, el Estado francés completó la adquisición de las acciones de Électricité de France (EDF) que todavía permanecían en manos privadas, pasando a controlar el 100% de su capital y de sus derechos de voto. La operación culminó un proceso de renacionalización que devolvió al Estado la propiedad íntegra de uno de los principales grupos eléctricos europeos. El Gobierno francés vinculó esta decisión a la importancia de EDF para la producción eléctrica, la transición energética y la seguridad del suministro. Mientras España había completado durante los años noventa la privatización de Endesa, Francia decidió en 2023 recuperar la totalidad del capital de su principal compañía eléctrica. Son decisiones adoptadas en momentos y circunstancias diferentes, pero ilustran dos formas distintas de utilizar la propiedad empresarial como instrumento de política económica, lo curioso es que se hizo bajo la presidencia de un gobierno de la derecha francesa. La documentación oficial de EDF sobre su renacionalización acredita que el Estado francés pasó a controlar la totalidad de la sociedad el 8 de junio de 2023.

La política francesa de protección de sus empresas estratégicas no se limita al sector energético, sino que también alcanza a la industria ferroviaria, donde Alstom constituye un ejemplo especialmente significativo por su semejanza con la española Talgo. El Estado francés mantiene una presencia institucional en Alstom a través de Bpifrance, su organismo público de inversión y financiación empresarial, que, mediante el fondo Lac1, gestionado por esta entidad, contaba a 31 de marzo de 2025 con una participación del 7,57% del capital del fabricante ferroviario, equivalente a 34.930.254 acciones, además de representación en su consejo de administración. Aunque esta inversión se canaliza mediante un fondo que reúne capital de distintos inversores y no debe confundirse íntegramente con una participación directa del Tesoro francés, constituye un instrumento de influencia institucional en una empresa considerada relevante para su industria. La comparación con España resulta especialmente ilustrativa: mientras Francia mantiene una participación del 7,57% en Alstom, las informaciones publicadas atribuyen al Partido Popular la intención de vender el 7,8% que la SEPI posee en Talgo, dos porcentajes prácticamente idénticos en compañías que desarrollan actividades industriales estratégicas dentro del sector ferroviario europeo. Alstom es uno de los grandes fabricantes internacionales de trenes, sistemas de señalización y soluciones de movilidad ferroviaria, mientras que Talgo destaca por sus desarrollos tecnológicos propios, particularmente su sistema patentado de rodadura desplazable, que permite adaptar los trenes a diferentes anchos de vía. La diferencia entre ambas situaciones no reside en la naturaleza estratégica de sus actividades, sino en la orientación de las decisiones accionariales que se están examinando: Francia conserva una presencia institucional en su fabricante ferroviario, mientras que en España se plantea la retirada de la participación estatal en Talgo. El caso francés demuestra que una economía avanzada puede combinar la propiedad privada, la competencia internacional y la presencia de inversores institucionales vinculados al sector público en empresas de alto valor tecnológico. También pone de manifiesto que la venta de participaciones públicas no constituye una condición indispensable para el desarrollo de una industria ferroviaria competitiva, aunque la conveniencia económica de mantenerlas deba evaluarse atendiendo a las circunstancias de cada empresa. Esta comparación adquiere especial relevancia cuando se recuerda que el Gobierno español justificó su intervención en Talgo por razones de seguridad nacional y por la necesidad de proteger capacidades tecnológicas consideradas estratégicas para el país.

Alemania ofrece otro ejemplo relevante, especialmente por la presencia pública en su principal operador de telecomunicaciones. Según el informe de participaciones empresariales del Gobierno federal alemán correspondiente a 2025, la Federación mantenía directamente el 13,83% del capital de Deutsche Telekom, mientras que el banco público de desarrollo KfW poseía otro 13,97%. En conjunto, ambas participaciones representaban aproximadamente el 27,8% del capital de la operadora alemana, una proporción considerablemente superior al 10% adquirido por el Estado español en Telefónica. La compañía alemana cotiza en bolsa y desarrolla su actividad en un entorno competitivo, pero conserva una presencia pública relevante dentro de su estructura accionarial. Este modelo demuestra que la participación estatal y la actividad empresarial privada no son necesariamente incompatibles. Alemania combina la presencia de inversores privados con una posición accionarial pública significativa en una compañía esencial para sus comunicaciones y su infraestructura digital. Los porcentajes figuran en el informe oficial de participaciones del Gobierno federal alemán de 2025.

La política alemana también mantiene una presencia pública determinante en el transporte ferroviario. Deutsche Bahn, el gran grupo ferroviario alemán, pertenece íntegramente a la República Federal de Alemania, según la información publicada en su informe anual de 2025. Esta estructura permite al Estado conservar la propiedad del grupo y participar en las decisiones relativas a sus principales actividades ferroviarias. No obstante, la experiencia alemana también muestra que la titularidad pública no elimina los problemas de gestión, inversión o funcionamiento del servicio. La propiedad estatal constituye un instrumento de actuación, no una garantía automática de eficiencia. Lo relevante para la comparación con España es que Alemania ha considerado compatible su economía de mercado con la conservación de participaciones públicas muy importantes en las telecomunicaciones y la propiedad completa de su principal grupo ferroviario. Así lo acredita la documentación corporativa de Deutsche Bahn.

La comparación con Francia y Alemania permite extraer una conclusión importante: no existe una obligación económica general de privatizar las empresas estratégicas para garantizar su competitividad. Las dos mayores economías de la Unión Europea utilizan distintos instrumentos de participación pública, aunque también cuentan con numerosas empresas privadas en sectores estratégicos. No puede afirmarse que todos sus gobiernos mantengan siempre intactas las mismas participaciones, ni que ambos países apliquen una política uniforme de nacionalización. Sus decisiones varían según la compañía, las necesidades financieras y los objetivos industriales. Sin embargo, los ejemplos de EDF, Deutsche Telekom y Deutsche Bahn demuestran que la propiedad pública continúa formando parte de las herramientas utilizadas por los Estados europeos para intervenir en actividades consideradas esenciales. En este contexto, cualquier propuesta española de desinversión debería explicar por qué resulta conveniente reducir la presencia pública en una compañía determinada, qué beneficios económicos se esperan y qué mecanismos permitirán conservar la protección de los intereses estratégicos nacionales.

Las consecuencias para los ciudadanos españoles de una eventual venta de las participaciones en Telefónica y Talgo deben analizarse desde varias perspectivas. La primera es patrimonial: las acciones propiedad de la SEPI forman parte de los activos financieros del sector público y, por tanto, del patrimonio económico administrado por el Estado. Su venta transformaría un activo financiero en dinero, por lo que no supondría automáticamente una pérdida de patrimonio neto. Esa pérdida podría producirse si las acciones se transmitieran por debajo de su valor económico razonable, si los recursos obtenidos se utilizaran de manera ineficiente o si la operación privara al Estado de rendimientos futuros superiores a los beneficios derivados de la venta. Por el contrario, una desinversión podría resultar financieramente favorable si se realizara a un precio adecuado y sus ingresos se destinarán a reducir deuda costosa o a financiar inversiones públicas de mayor rentabilidad económica y social. Por eso, una evaluación rigurosa exige conocer el precio de adquisición, el valor de mercado en el momento de la venta, los dividendos previstos, los riesgos financieros y el destino de los ingresos. Sin estos datos no puede afirmarse que los españoles ganarían o perderían una cantidad determinada.

La segunda consecuencia se relaciona con la capacidad del Estado para intervenir en sectores estratégicos. Cuando una Administración vende sus acciones, pierde los derechos económicos y políticos asociados a ellas, incluidos los dividendos y los votos en las juntas de accionistas. Esta pérdida puede resultar especialmente relevante cuando la participación pública contribuye a formar mayorías accionariales o a influir en decisiones sobre inversiones, adquisiciones, reorganizaciones y nombramientos. Sin embargo, su importancia depende de la estructura de propiedad de cada empresa y de los derechos efectivos de los accionistas. En Telefónica, la presencia del Estado representa aproximadamente el 10% del capital; en Talgo, la participación de la SEPI alcanza el 7,8%. Ninguna de estas posiciones supone por sí sola un control mayoritario. La cuestión central es si la influencia que proporcionan esas participaciones resulta necesaria para proteger intereses públicos que no pueden garantizarse con la misma eficacia mediante la legislación y los organismos reguladores. Esa evaluación debería realizarse antes de decidir una venta y no después de haberla ejecutado.

La tercera dimensión afecta al empleo, la investigación y el tejido industrial. Las decisiones de inversión de grandes empresas tecnológicas e industriales pueden influir sobre sus trabajadores, sus proveedores y los territorios donde desarrollan sus actividades. Talgo concentra conocimientos especializados en ingeniería ferroviaria y Telefónica desempeña un papel relevante en la infraestructura digital española. La pérdida de participación pública podría reducir la capacidad del Estado para intervenir como accionista en determinadas decisiones industriales, pero no demuestra que vayan a producirse despidos, deslocalizaciones o reducciones de inversión. Tales consecuencias dependerían de la estrategia empresarial, de las condiciones económicas, de los compromisos asumidos por los accionistas y del marco regulatorio. La experiencia europea aconseja prestar especial atención a la protección de capacidades tecnológicas, porque su reconstrucción puede exigir largos periodos de inversión y formación. En consecuencia, cualquier operación de desinversión debería examinar también sus efectos sobre la investigación, el desarrollo tecnológico y la continuidad de actividades industriales consideradas estratégicas.

Este debate sobre la propiedad pública coincide, además, con una controversia creciente sobre el futuro del sistema español de pensiones. Las declaraciones realizadas por dirigentes del Partido Popular y las propuestas de Vox han situado la sostenibilidad y la estructura del sistema entre los principales asuntos de la precampaña electoral. El 14 de octubre, la portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, advirtió de un posible colapso del modelo actual y defendió la necesidad de introducir cambios, aunque sin concretar las medidas que deberían adoptarse. Alberto Núñez Feijóo, por su parte, ha manifestado su compromiso con el mantenimiento de las pensiones y su revalorización conforme al índice de precios de consumo. Vox plantea una transformación de mayor alcance mediante un sistema mixto que incorporaría mecanismos de capitalización privada junto a la protección pública. Estas posiciones no son idénticas y tampoco permiten afirmar que exista ya un acuerdo cerrado entre ambas formaciones para aplicar una reforma concreta. Sin embargo, muestran que la discusión no se limita a las participaciones empresariales, sino que alcanza también a la organización de uno de los principales instrumentos de protección social del país.

El alcance social de esta controversia es considerable. El sistema público de pensiones proporciona ingresos a millones de ciudadanos y constituye una pieza esencial de la distribución de renta entre generaciones. En 2025, el gasto en pensiones contributivas alcanzó aproximadamente los 189.598 millones de euros, según los datos recogidos en las informaciones publicadas sobre el debate actual. La discusión sobre su sostenibilidad debe considerar el envejecimiento demográfico, la evolución del empleo, los salarios, la productividad, las cotizaciones y las transferencias presupuestarias. También debe distinguir entre el sistema público de reparto, en el que las cotizaciones actuales contribuyen a financiar las prestaciones presentes, y los sistemas de capitalización, donde se acumulan activos financieros destinados a financiar prestaciones futuras. La introducción de un componente privado obligatorio podría modificar la distribución de riesgos entre el Estado, los trabajadores y los mercados financieros, pero sus consecuencias concretas dependerían de cómo se diseñará la transición, de qué garantías se establecieran y de cómo se financiara el pago de las pensiones ya reconocidas. No existe información suficiente para atribuir a un eventual Gobierno de coalición una reforma definitiva ni para cuantificar sus efectos sobre las prestaciones individuales,  pero la piedra ya esta lanzada sobre los españoles.

 

Mariano Rajoy: de las promesas electorales a las subidas de impuestos y los recortes sociales

La llegada de Mariano Rajoy a la presidencia del Gobierno, en diciembre de 2011, constituye uno de los antecedentes más significativos para analizar la distancia que puede existir entre los compromisos electorales de un partido y las decisiones que adopta cuando asume el poder. El Partido Popular había construido buena parte de su discurso económico sobre la crítica a las subidas de impuestos del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero y sobre el compromiso de no aumentar la presión fiscal. Durante la campaña de las elecciones generales del 20 de noviembre de 2011, Rajoy insistió en que no contemplaba subir el IVA y defendió que la recuperación económica debía apoyarse en la reducción del gasto público, las reformas estructurales y el crecimiento. En una entrevista concedida a Televisión Española el 16 de noviembre, apenas cuatro días antes de las elecciones, respondió expresamente que no estaba previsto aumentar el IVA y aseguró que no habría recortes en sanidad ni en educación. Aquellas declaraciones pueden comprobarse en la entrevista íntegra publicada por RTVE el 16 de noviembre de 2011. Sin embargo, el 30 de diciembre de 2011, apenas diez días después de su toma de posesión, su Gobierno aprobó una importante subida de impuestos y un primer paquete de ajustes presupuestarios, inaugurando una legislatura en la que se modificaron sustancialmente la fiscalidad, las prestaciones sanitarias, la protección por desempleo, las condiciones laborales y el sistema de revalorización de las pensiones.

La primera gran contradicción entre el discurso electoral y la acción de gobierno quedó documentada en el Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, aprobado en el segundo Consejo de Ministros de la legislatura. La norma estableció un gravamen complementario sobre el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aplicable a todos los tramos de renta, con incrementos que oscilaban entre 0,75 y 7 puntos porcentuales, además de elevar la tributación de las rentas del ahorro y determinados tipos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. La subida afectó a millones de contribuyentes y el Ejecutivo estimó una recaudación adicional superior a 6.000 millones de euros. El propio Rajoy reconoció posteriormente que había anunciado durante la campaña que no tenía intención de subir los impuestos. En una entrevista oficial concedida a la Agencia EFE el 10 de enero de 2012, publicada por La Moncloa, justificó el cambio por la desviación del déficit público, que su Gobierno situaba alrededor del 8% del PIB, frente al 6% inicialmente previsto. Aquella explicación permite conocer las razones alegadas por el Ejecutivo, pero no altera el hecho comprobable de que el Partido Popular comenzó su mandato aplicando una subida tributaria contraria a las expectativas que había generado durante la campaña electoral. La medida quedó recogida en el Boletín Oficial del Estado del 31 de diciembre de 2011.

La contradicción se hizo todavía más evidente durante el verano de 2012, cuando el Gobierno aprobó una nueva subida del Impuesto sobre el Valor Añadido. El tipo general del IVA pasó del 18% al 21%, mientras que el reducido aumentó del 8% al 10%, con efectos desde el 1 de septiembre de aquel año. Además, determinados bienes y servicios dejaron de tributar al tipo reducido y pasaron al general, lo que incrementó su carga fiscal. La decisión afectó al consumo de los hogares y a los costes de numerosas actividades económicas en un momento en el que España atravesaba una profunda recesión y soportaba tasas de desempleo extraordinariamente elevadas. La relevancia política de aquella decisión reside en que Rajoy no solo había criticado las subidas del IVA realizadas por el anterior Gobierno, sino que había afirmado expresamente que no contemplaba incrementarlo. Incluso después de llegar a La Moncloa, en enero de 2012, defendió que elevar el IVA provocaría un aumento inmediato de los precios y afectaría a todos los consumidores. Ocho meses después, su Ejecutivo aplicó precisamente la medida cuyos efectos sobre los precios había reconocido públicamente. En septiembre de 2012, durante una entrevista televisiva, Rajoy admitió que había dicho que no subiría el IVA, aunque defendió que la situación económica hacía necesarias las nuevas decisiones. Su reconocimiento figura en la transcripción oficial publicada por La Moncloa el 10 de septiembre de 2012.

La política de austeridad del Gobierno de Rajoy también modificó profundamente la financiación y las condiciones de acceso a determinadas prestaciones del Sistema Nacional de Salud. El cambio normativo más importante se produjo mediante el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, presentado oficialmente como una reforma destinada a garantizar la sostenibilidad sanitaria. La norma sustituyó el anterior enfoque de cobertura sanitaria por un sistema articulado alrededor de las condiciones de asegurado y beneficiario, introdujo nuevas reglas de aportación farmacéutica y reorganizó la cartera común de servicios. Una de sus consecuencias más conocidas fue la introducción del copago farmacéutico para los pensionistas, que hasta entonces, con carácter general, estaban exentos de pagar por los medicamentos financiados dispensados mediante receta. Desde la aplicación de la reforma, los pensionistas pasaron a contribuir habitualmente con el 10% del precio de los medicamentos, con determinados límites mensuales y excepciones, mientras que los trabajadores en activo quedaron sujetos a porcentajes de aportación del 40%, 50% o 60%, según su nivel de renta. El cambio tuvo una repercusión directa en la economía de numerosos hogares, especialmente entre las personas mayores y quienes necesitaban tratamientos continuados. El hecho esencial es que una parte del coste de la prestación farmacéutica que anteriormente asumía el sistema público pasó a recaer directamente sobre los pacientes. Estas modificaciones pueden consultarse en el Real Decreto-ley 16/2012, publicado en el BOE.

La reforma sanitaria de 2012 también afectó a la definición y financiación de las prestaciones. El Gobierno reorganizó la cartera común del Sistema Nacional de Salud, diferenciando entre servicios asistenciales básicos, prestaciones suplementarias y servicios accesorios, con distintos regímenes de financiación y aportación económica. Asimismo, el nuevo sistema de aseguramiento restringió el acceso ordinario a la asistencia sanitaria pública para determinados colectivos que no cumplían las condiciones establecidas, especialmente algunas personas extranjeras en situación administrativa irregular, aunque se mantuvieron excepciones legales para determinadas situaciones. Estas medidas modificaron el alcance efectivo de la cobertura sanitaria pública y fueron objeto de una intensa controversia política, profesional y social. Conviene precisar, no obstante, que no existe fundamento para afirmar que el Gobierno de Rajoy eliminó de manera generalizada las pruebas diagnósticas del sistema público. Lo documentado es una modificación de las condiciones de cobertura y financiación de determinadas prestaciones, junto con ajustes presupuestarios que afectaron a los recursos disponibles en el conjunto del sistema sanitario. Las decisiones concretas sobre tiempos de espera, disponibilidad de pruebas y organización asistencial también dependían de las comunidades autónomas, responsables de la gestión de buena parte de los servicios sanitarios. La crítica a aquellas reformas puede apoyarse en cambios normativos verificables, sin necesidad de atribuirles prohibiciones generales que la legislación no estableció.

 

La reducción del gasto público afectó igualmente a los empleados de las administraciones y a otros ámbitos de la protección social. El Gobierno mantuvo congelaciones salariales en el sector público y, mediante el paquete de ajustes aprobado en julio de 2012, suprimió la paga extraordinaria de diciembre de aquel año para numerosos empleados públicos, aunque posteriormente se aprobaron mecanismos para recuperar las cantidades correspondientes. En el ámbito de la protección por desempleo, se redujo del 60% al 50% de la base reguladora el porcentaje aplicable a la prestación contributiva a partir del séptimo mes para los nuevos beneficiarios afectados por la reforma. También se modificaron las condiciones de acceso a determinadas ayudas y subsidios. Estas decisiones trasladaron parte del esfuerzo de consolidación presupuestaria a trabajadores, desempleados y perceptores de prestaciones sociales, en un contexto marcado por una crisis económica profunda, la destrucción de empleo y las dificultades de financiación del Estado. El Gobierno defendió que aquellas medidas eran necesarias para reducir el déficit y recuperar la confianza financiera, mientras que sus críticos cuestionaron sus efectos sobre la renta disponible y la protección de los colectivos vulnerables. El contenido de las reformas permite constatar que no se trató únicamente de una reducción del gasto administrativo, sino de modificaciones con consecuencias directas sobre ingresos y prestaciones de los ciudadanos.

La reforma laboral aprobada en febrero de 2012 constituye otro elemento central de aquella legislatura. Mediante el Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, el Gobierno introdujo cambios sustanciales en las condiciones de contratación, despido y negociación colectiva. La indemnización general por despido improcedente para los nuevos contratos pasó de 45 a 33 días de salario por año trabajado, con un máximo de 24 mensualidades, mientras que para los contratos anteriores se estableció un régimen transitorio. La reforma también facilitó determinados mecanismos de modificación de condiciones laborales, reforzó la prioridad aplicativa de los convenios de empresa en materias concretas y modificó las reglas de negociación colectiva. Sus defensores argumentaron que una mayor flexibilidad permitiría mejorar la capacidad de adaptación de las empresas y favorecer la creación de empleo cuando se recuperara la actividad económica. Sus críticos sostuvieron que la reforma debilitaba la posición negociadora de los trabajadores y facilitaba el ajuste de las plantillas y de las condiciones salariales. Lo indiscutible es que el Gobierno modificó de manera significativa el equilibrio jurídico entre empresas y trabajadores, en una de las reformas laborales más importantes de la democracia española.

El sistema público de pensiones tampoco permaneció al margen de las reformas del Ejecutivo de Mariano Rajoy. En diciembre de 2013 se aprobó la Ley 23/2013, que introdujo el denominado índice de revalorización y reguló el factor de sostenibilidad. El nuevo índice sustituyó la referencia tradicional al IPC por una fórmula vinculada a la evolución financiera del sistema y estableció un incremento mínimo anual del 0,25%. En los años en los que la inflación superaba esa revalorización, las pensiones podían perder poder adquisitivo. La misma ley introdujo un factor de sostenibilidad destinado a relacionar la cuantía inicial de las nuevas pensiones con la evolución de la esperanza de vida, aunque su aplicación efectiva fue aplazada y finalmente quedó derogado antes de entrar en funcionamiento. La reforma de 2013 no privatizó las pensiones, pero sí modificó las garantías de actualización de las prestaciones y estableció mecanismos de contención del gasto que podían afectar a su suficiencia futura. Este antecedente es especialmente importante porque permite analizar el historial del Partido Popular en materia de pensiones a partir de una ley efectivamente aprobada, sin necesidad de especular sobre decisiones que pudiera adoptar un futuro Gobierno. El contenido íntegro de la reforma figura en la Ley 23/2013, de 23 de diciembre, publicada en el BOE.

La política social del Gobierno de Mariano Rajoy debe situarse, no obstante, en el contexto económico excepcional de aquellos años. España atravesaba las consecuencias de la crisis financiera internacional, el estallido de la burbuja inmobiliaria, una intensa recesión y graves dificultades de financiación. El déficit público era elevado y el sistema bancario necesitó un proceso de reestructuración que incluyó asistencia financiera europea. Aquella crisis bancaria dejó, además, una factura extraordinariamente elevada para las arcas públicas españolas, derivada fundamentalmente del saneamiento y la reestructuración de numerosas cajas de ahorros que habían acumulado una exposición excesiva al sector inmobiliario y cuyos órganos de gobierno contaban, en muchos casos, con representantes políticos vinculados al Partido Popular, al PSOE y a otras formaciones, además de representantes sindicales y de distintas instituciones. Según el balance publicado por el Banco de España en 2020, las ayudas públicas destinadas a la recapitalización de entidades financieras alcanzaron 64.953 millones de euros, de los cuales 54.353 millones fueron aportados por el FROB y 10.600 millones por el Fondo de Garantía de Depósitos. De acuerdo con aquella evaluación, el importe recuperado hasta ese momento ascendía a 5.225 millones de euros, mientras que las estimaciones de recuperación futura estaban sujetas a la evolución de las participaciones y activos pendientes. Por tanto, la mayor parte de los recursos comprometidos en el rescate no había sido recuperada, aunque resulta necesario precisar que no todos los 64.953 millones procedían directamente de los Presupuestos Generales del Estado, puesto que una parte fue financiada mediante el Fondo de Garantía de Depósitos, sostenido por las propias entidades financieras. Las cifras oficiales pueden consultarse en el informe del Banco de España sobre las ayudas financieras en el proceso de reestructuración bancaria. El rescate permitió evitar una crisis financiera potencialmente más grave y proteger la estabilidad del sistema y los depósitos, pero también supuso la utilización de enormes recursos públicos para absorber pérdidas originadas en entidades financieras cuya gestión y supervisión habían presentado graves deficiencias. Esta circunstancia adquiere especial relevancia al recordar que, mientras se destinaban miles de millones de euros al saneamiento bancario, el Gobierno del PP aprobaba subidas de impuestos, restricciones en determinadas prestaciones sanitarias, recortes en las condiciones de protección por desempleo y medidas de contención del gasto público. Las circunstancias económicas ayudan a explicar las razones invocadas por el Ejecutivo para aprobar aquellos ajustes, pero no eliminan la responsabilidad política sobre la elección de las medidas ni sobre la distribución de sus costes entre los distintos sectores de la población. La necesidad de reducir desequilibrios presupuestarios no determina por sí sola qué impuestos deben elevarse, qué partidas deben reducirse o cómo deben repartirse los esfuerzos. Esas decisiones incorporan prioridades políticas y económicas que deben examinarse mediante sus efectos concretos. Por eso, una valoración rigurosa de aquella etapa debe reconocer tanto la gravedad de la crisis heredada como las consecuencias de las políticas aplicadas para afrontarla, incluido el elevado coste de una reestructuración bancaria cuya factura fue asumida en gran medida por el sector público y de la que solo se recuperó una parte limitada de los fondos inicialmente desembolsados.

La principal conclusión histórica que puede extraerse del mandato de Mariano Rajoy al frente de un gobierno del PP, es que las promesas electorales de no subir impuestos y preservar determinadas prestaciones no impidieron que su Gobierno aprobara importantes aumentos tributarios y reformas restrictivas de la protección social. La subida del IRPF de diciembre de 2011, el incremento del IVA de septiembre de 2012, el copago farmacéutico para los pensionistas, la reorganización de la cobertura sanitaria, los ajustes en las prestaciones por desempleo, la reforma laboral y el nuevo sistema de revalorización de las pensiones son decisiones documentadas en normas oficiales. Su existencia no depende de interpretaciones partidistas: figuran en el Boletín Oficial del Estado y forman parte del historial legislativo del Partido Popular durante aquella etapa. La discusión legítima se encuentra en la valoración de su necesidad, proporcionalidad y efectos económicos y sociales, no en si llegaron a aprobarse.

Este antecedente resulta pertinente para el debate actual sobre las propuestas económicas del Partido Popular, incluidas las informaciones relativas a una posible venta de participaciones públicas en empresas estratégicas como Telefónica y Talgo. La experiencia de 2011 y 2012 demuestra la importancia de exigir concreción a los compromisos electorales, conocer las medidas previstas y distinguir entre las promesas de campaña y las decisiones que finalmente se adoptan desde el Gobierno. No permite afirmar que un futuro Ejecutivo vaya a reproducir automáticamente las mismas políticas, porque las circunstancias económicas y los programas pueden ser diferentes. Sí proporciona, en cambio, una base histórica verificable para examinar la trayectoria de una formación política que, al acceder al poder en 2011, adoptó decisiones fiscales y sociales sustancialmente distintas de algunas de las que había anunciado ante los electores. El análisis de esa trayectoria es especialmente relevante cuando están en discusión la financiación de los servicios públicos, la protección de las pensiones y el futuro de las participaciones estatales en empresas estratégicas para la economía española.

La relación entre ambos debates reside en una cuestión de fondo: qué funciones económicas y sociales deben permanecer bajo responsabilidad directa del Estado y cuáles pueden organizarse mediante mecanismos privados sin comprometer el interés general. Las participaciones públicas en empresas y el sistema de pensiones son instrumentos diferentes, con objetivos, fuentes de financiación y marcos jurídicos distintos. No obstante, ambos obligan a decidir cómo se distribuyen los riesgos económicos y qué capacidad de intervención conserva el poder público. En el caso de las empresas estratégicas, el problema consiste en determinar si la Administración necesita mantener derechos de propiedad para proteger determinados intereses nacionales. En el de las pensiones, la cuestión es cómo garantizar prestaciones suficientes y financieramente sostenibles para las generaciones presentes y futuras. La comparación no demuestra que una política de privatización empresarial conduzca necesariamente a una privatización de las pensiones, pero sí permite examinar las distintas concepciones del papel económico del Estado que están presentes en el debate político.

La experiencia de 1996 también obliga a considerar las consecuencias a largo plazo de decisiones que pueden resultar difíciles de revertir. La privatización de una empresa no impide que el Estado vuelva a adquirir participaciones en ella, pero recuperar una posición accionarial puede exigir desembolsos públicos considerables y depender de las condiciones del mercado. Telefónica ofrece precisamente un ejemplo de esta circunstancia: después de culminar su privatización en 1997 por el PP de José María Aznar, el Estado decidió regresar a su capital en 2024 mediante una inversión aproximada de 2.300 millones de euros. Esta sucesión de decisiones demuestra que las prioridades de política industrial pueden cambiar y que reconstruir una participación pública exige disponer nuevamente de recursos financieros. Francia ofrece el ejemplo inverso con EDF, cuya propiedad íntegra recuperó en 2023. Ambos casos ilustran que las decisiones sobre la titularidad de empresas estratégicas tienen consecuencias que pueden prolongarse durante décadas y que su revisión posterior puede resultar costosa.

La principal enseñanza de los modelos francés y alemán no es que todas las empresas estratégicas deban ser públicas, sino que los Estados conservan instrumentos de propiedad e intervención cuando consideran que determinados intereses económicos, industriales o de seguridad lo justifican. España debe decidir qué combinación de propiedad pública, regulación y supervisión resulta adecuada para sus circunstancias. Esa decisión exige valorar las necesidades de inversión de las empresas, la protección de sus capacidades tecnológicas, la seguridad de las infraestructuras, la competencia y el coste de oportunidad de mantener recursos públicos inmovilizados en participaciones accionariales. También requiere transparencia sobre los objetivos de cualquier desinversión. Si un futuro Gobierno considera conveniente vender acciones de Telefónica o Talgo, debería explicar de manera verificable qué problemas pretende resolver, qué beneficios espera obtener y cómo garantizará que los intereses estratégicos que motivaron la entrada del Estado continúen protegidos.

A fecha de 14 de octubre de 2026, la venta de las participaciones estatales en Telefónica y Talgo no constituye una operación aprobada ni dispone de condiciones económicas y calendario conocidos. Se trata de una intención atribuida al Partido Popular por fuentes próximas a la formación, cuya ejecución dependería de la configuración del próximo Gobierno. Tampoco existe una decisión gubernamental de PP y Vox sobre estas empresas, puesto que ambas formaciones no han constituido el Ejecutivo al que se refieren las informaciones. Además, las fuentes consultadas atribuyen al PP la intención de conservar participaciones públicas en Indra, Redeia y Enagás, lo que impide describir sus planes como una privatización indiscriminada de todas las empresas estratégicas. Los análisis de la banca de inversión también consideran posible que una modificación de la orientación política no se traduzca inmediatamente en la venta de todas las participaciones ni en la sustitución de los actuales equipos directivos.

El verdadero alcance del debate, por tanto, no reside en dar por consumadas decisiones que todavía no se han adoptado, sino en exigir una evaluación rigurosa de las consecuencias que tendría reducir la presencia del Estado en empresas esenciales para la economía española. Las privatizaciones de los años noventa demostraron que es posible transformar profundamente la estructura de propiedad del sector público empresarial en un periodo relativamente breve. Las experiencias de Francia y Alemania muestran, por su parte, que la conservación de participaciones públicas relevantes sigue siendo una opción utilizada por grandes economías europeas. Entre ambos modelos existe un amplio espacio de decisiones posibles, pero todas deberían someterse a una exigencia común: justificar su conveniencia económica, su impacto patrimonial y sus efectos sobre los intereses estratégicos del país.

El próximo 29 de noviembre, los españoles están llamados a decidir la composición de las instituciones que deberán afrontar estas cuestiones. Para que el debate público sea útil, resulta imprescindible conocer las propuestas concretas de cada formación, distinguir las declaraciones políticas de los compromisos verificables y exigir que cualquier operación sobre el patrimonio empresarial del Estado se acompañe de información suficiente. Las acciones públicas de Telefónica y Talgo tienen un valor económico, pero también representan una capacidad de influencia institucional cuya utilidad debe evaluarse con criterios de largo plazo. Determinar si conviene conservarlas o venderlas exige algo más que una preferencia ideológica por la propiedad pública o privada: requiere demostrar qué decisión protege mejor los recursos públicos, la competitividad de las empresas, capacidades industriales y los intereses generales de los ciudadanos.

Telefónica bajo Murtra y Gayo: menos perímetro internacional, presión bursátil y un plan estratégico que debe responder a la evidencia de BEREC

Los análisis de la banca de inversión que consideran inconveniente sustituir a Marc Murtra y Emilio Gayo al frente de Telefónica merecen ser contrastados con los resultados de su gestión, la evolución de la cotización y las perspectivas reales del negocio. La continuidad de un equipo directivo puede ser aconsejable cuando proporciona estabilidad y permite ejecutar una estrategia cuyos resultados comienzan a materializarse. Sin embargo, esa estabilidad no constituye un objetivo en sí mismo: debe estar respaldada por una creación de valor verificable y por un proyecto empresarial capaz de responder a las condiciones del mercado. Desde que Murtra asumió la presidencia en enero de 2025, Telefónica ha acelerado la salida de diversos mercados latinoamericanos, ha reducido considerablemente su perímetro internacional y ha presentado el plan estratégico Transform & Grow, orientado hacia sus principales mercados europeos y Brasil, la disciplina financiera y la búsqueda de oportunidades de consolidación. La cuestión decisiva no es si ese plan ha sido anunciado con ambición, sino si sus resultados justifican mantenerlo sin modificaciones y si la dirección actual es la más adecuada para ejecutarlo.

El punto de partida ofrece una referencia objetiva. Telefónica cerró 2024 con unos ingresos de 41.315 millones de euros, aproximadamente 390 millones de accesos, un EBITDA ajustado de 13.276 millones, un flujo de caja libre de 2.634 millones y una deuda financiera neta de 27.161 millones de euros. La compañía comunicó entonces que había cumplido todos sus objetivos financieros del ejercicio. Sus ingresos habían aumentado un 1,6%, el EBITDA un 1,2% y la generación de caja libre un 14,1%. Estos datos corresponden al último ejercicio completo anterior a la presidencia de Murtra y están recogidos en los resultados oficiales de Telefónica correspondientes a 2024. No debe ocultarse que aquel ejercicio también registró pérdidas contables atribuidas al grupo de 49 millones de euros, debido principalmente a deterioros de activos, mientras que el beneficio neto ajustado ascendió a 2.304 millones. La Telefónica que recibió Murtra no estaba exenta de problemas financieros, pero tampoco era una compañía que hubiera dejado de crecer en ingresos, EBITDA o generación de caja durante 2024.

Al cierre de 2025, Telefónica comunicó unos ingresos de 35.120 millones de euros y una base de 326,1 millones de accesos. La comparación directa con 2024 arroja una reducción de 6.195 millones de euros en ingresos, equivalente aproximadamente al 15%, y de unos 63,9 millones de accesos, alrededor del 16,4%. Son diferencias importantes que permiten constatar una reducción considerable del tamaño del grupo. Sin embargo, deben interpretarse correctamente: no representan una caída orgánica del 15% de las ventas ni una pérdida comercial de casi 64 millones de clientes en los negocios que permanecieron dentro de Telefónica. Una parte fundamental de la variación procede de la salida de sociedades latinoamericanas y de la modificación del perímetro de consolidación. De hecho, las cuentas consolidadas de 2025 presentan una cifra de ingresos de 2024 re expresada en términos comparables de 35.671 millones de euros, frente a los 35.120 millones de 2025, una disminución de aproximadamente el 1,5% sobre esa base contable. Por tanto, hay dos realidades simultáneas: Telefónica terminó 2025 siendo un grupo sensiblemente más pequeño que el de 2024, mientras que la evolución de sus operaciones continuadas fue considerablemente menos negativa que la comparación bruta entre ambos ejercicios. Ambas circunstancias deben formar parte de cualquier evaluación rigurosa de la estrategia. Los datos figuran en las cuentas consolidadas de Telefónica correspondientes a 2025.

La reducción del perímetro internacional constituye una de las decisiones empresariales más relevantes de esta etapa. Durante 2025, Telefónica ejecutó las salidas de Argentina, Perú, Uruguay y Ecuador, y posteriormente completó las operaciones de Colombia y Chile. En abril de 2026 anunció también un acuerdo para vender su negocio mexicano, sujeto a las condiciones de cierre correspondientes. La consecuencia verificable es que Telefónica ha abandonado una parte importante de su antigua implantación latinoamericana y ha concentrado sus recursos en un número menor de mercados. La dirección justifica esta estrategia por la necesidad de simplificar el grupo, reducir riesgos, concentrar las inversiones y reforzar su posición financiera. Esos objetivos son legítimos desde el punto de vista empresarial, pero no eliminan las preguntas que plantea la reducción de escala internacional: qué capacidad de crecimiento futuro se pierde, qué oportunidades de expansión desaparecen y si los recursos obtenidos mediante las ventas compensan suficientemente el negocio y los activos transmitidos. Una compañía más pequeña puede ser más rentable y financieramente sólida, pero también puede disponer de menos oportunidades de diversificación y crecimiento. Para determinar cuál de esas dos situaciones prevalece en Telefónica, es necesario examinar los resultados posteriores de los negocios que conserva.

Los últimos datos publicados antes del 14 de octubre de 2026 corresponden al primer semestre del año y ofrecen una imagen que exige matices. Telefónica obtuvo 16.392 millones de euros de ingresos entre enero y junio de 2026, un crecimiento interanual del 1,7%, y un EBITDA ajustado de 5.768 millones, un 3,8% superior al del mismo periodo del ejercicio anterior. El beneficio neto ajustado de las operaciones continuadas alcanzó los 954 millones de euros. La compañía también comunicó una evolución positiva de sus principales indicadores operativos en España y Brasil y revisó al alza su previsión de crecimiento del flujo de caja operativo ajustado después de arrendamientos. Estos resultados impiden sostener que todos los indicadores de gestión se hayan deteriorado bajo Murtra y Gayo. Existen señales de mejora en los negocios que permanecen dentro del grupo, aunque todavía no permiten determinar si la nueva estructura empresarial será capaz de generar, a largo plazo, un valor superior al de la organización anterior. La información procede de la presentación oficial de resultados del primer semestre de 2026.

La evolución de los accesos constituye otro indicador especialmente revelador de la transformación de Telefónica, pero debe analizarse evitando comparaciones entre perímetros empresariales diferentes. El grupo cerró 2024 con unos 390 millones de accesos y 2025 con 326,1 millones. En el primer trimestre de 2025, cuando ya se habían iniciado las operaciones de desinversión, contabilizaba aproximadamente 354 millones. Al cierre del primer semestre de 2026, la cifra publicada era de 299,8 millones de accesos, un 5,3% más que un año antes sobre la base comparable utilizada por la compañía. La diferencia entre los 390 millones de diciembre de 2024 y los 299,8 millones de junio de 2026 asciende a 90,2 millones de accesos, aproximadamente el 23,1% del total inicial. Este dato refleja la importante contracción del perímetro consolidado, pero no demuestra que Telefónica haya perdido comercialmente 90 millones de accesos por una deficiente gestión de sus redes o de sus clientes. La mayor parte de la diferencia está relacionada con la salida de operadores anteriormente integrados en el grupo. Al mismo tiempo, los negocios que permanecen en España y Brasil muestran indicadores comerciales positivos: Telefónica Brasil alcanzó casi 119 millones de accesos en junio de 2026 y Telefónica España mantuvo más de 16 millones de líneas móviles de contrato. La crítica empresarial más sólida no consiste en confundir ventas de filiales con pérdidas de clientes, sino en preguntarse si la reducción deliberada de la dimensión internacional está generando suficiente valor para compensar los negocios abandonados.

La cotización bursátil introduce una dimensión particularmente incómoda para cualquier defensa de la continuidad de la dirección actual basada exclusivamente en las expectativas del plan estratégico. En enero de 2025, coincidiendo con el relevo en la presidencia, Telefónica cotizaba en el entorno de los 3,9 euros por acción. En las sesiones de octubre de 2026, la acción ha negociado alrededor de los 3,2-3,4 euros, con un cierre de aproximadamente 3,26 euros el 13 de octubre, según los históricos de mercado consultados. La comparación entre una referencia de 3,94 euros y otra de 3,26 euros supone un retroceso del precio cercano al 17%. El mercado bursátil no ha reflejado, en ese intervalo, una revalorización sostenida de la acción que permita presentar la transformación empresarial como un éxito inequívoco para el accionista. Ahora bien, para evaluar correctamente la rentabilidad de una inversión es necesario incorporar los dividendos cobrados, las posibles operaciones sobre el capital y la evolución del sector. La caída del precio de la acción no equivale automáticamente a una pérdida idéntica en rentabilidad total para todos los inversores. Tampoco demuestra que cada variación bursátil sea consecuencia exclusiva de las decisiones de Murtra o Gayo, porque la cotización también responde a los tipos de interés, la competencia, las expectativas económicas y los acontecimientos que afectan al conjunto del sector. Aun con estas precauciones, la evolución bursátil constituye un dato objetivo que la dirección debe explicar y que los analistas no deberían relegar frente a las promesas de creación de valor futuro. La serie histórica puede consultarse en la página de cotizaciones de Telefónica.

La remuneración al accionista añade otro elemento al balance. Telefónica mantuvo para 2025 un dividendo de 0,30 euros por acción, mientras que para 2026 comunicó una remuneración de 0,15 euros por acción (850 millones de euros), pagadera en junio de 2027. La reducción a la mitad del dividendo anunciado constituye un cambio significativo en la política de retribución al accionista, aunque debe interpretarse junto con las necesidades de inversión, la generación de caja y los objetivos de reducción de deuda. Una menor distribución de dividendos no es necesariamente perjudicial si los recursos retenidos permiten financiar inversiones rentables o fortalecer de forma duradera el balance. Sin embargo, la medida exige que la dirección explique con claridad qué rendimiento espera obtener del capital que deja de distribuir. Para el accionista, la combinación de una cotización inferior a la observada al inicio de 2025 y una remuneración anual anunciada más reducida plantea preguntas legítimas sobre la velocidad y la eficacia de la creación de valor prometida. La política de dividendos y los principales resultados del ejercicio aparecen recogidos en la infografía oficial de resultados de 2025.

El informe publicado el 6 de octubre de 2026 por BEREC, el Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones, introduce un serio cuestionamiento de uno de los principales argumentos que las grandes operadoras de telecomunicaciones europeas vienen defendiendo para justificar sus estrategias de crecimiento: que aumentar su dimensión mediante fusiones y procesos de concentración empresarial resulta imprescindible para incrementar la inversión, impulsar la innovación y mejorar la competitividad del sector. Tras analizar el funcionamiento del mercado europeo y contrastar sus resultados con los de otras grandes economías, entre ellas Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, China y Canadá, BEREC concluye que la evidencia disponible no permite establecer una relación automática entre una mayor escala empresarial y niveles superiores de inversión, innovación o competitividad. Se trata de una conclusión especialmente relevante porque cuestiona la premisa de que reducir el número de operadores constituya, por sí mismo, una solución a los desafíos estructurales de las telecomunicaciones europeas y obliga a quienes defienden estas operaciones, como Marc Murtra, a demostrar, con datos concretos, que sus beneficios compensarían los posibles efectos negativos sobre la competencia y los consumidores.

BEREC también advierte de que las fusiones pueden generar incrementos de precios a corto y medio plazo y recuerda que una mayor competencia suele estar asociada con tarifas más bajas. El organismo constata que los consumidores europeos disfrutan de precios de banda ancha fija y móvil significativamente inferiores a los observados en Estados Unidos y Corea del Sur, sin que ello haya impedido que el sector europeo mantenga una situación financiera globalmente resistente y continúe invirtiendo. Estas conclusiones pueden comprobarse en el comunicado oficial de BEREC del 6 de octubre de 2026.

La importancia de este informe para Telefónica es evidente, porque cuestiona que la consolidación empresarial pueda presentarse como una solución universal a los problemas de rentabilidad e inversión de las telecomunicaciones europeas. El plan Transform & Grow, presentado por Murtra el 4 noviembre de 2025, contempla el fortalecimiento de las posiciones de Telefónica en sus mercados principales y la posibilidad de participar en operaciones de concentración. Sin embargo, BEREC sostiene que el marco regulatorio europeo ya permite realizar fusiones cuando no perjudican la competencia y que no existe evidencia clara de que la concentración, por sí sola, mejore los resultados de inversión e innovación. El regulador no ha declarado inválido el plan estratégico de Telefónica ni ha evaluado específicamente la gestión de Murtra y Gayo, por lo que sería inexacto afirmar que lo ha anulado. Lo que sí ha hecho es debilitar uno de los razonamientos generales utilizados para defender la necesidad de una mayor consolidación del mercado europeo. Si una estrategia empresarial depende de que las autoridades permitan determinadas fusiones o de que una menor competencia se traduzca en mayores ingresos, la dirección debe demostrar con datos propios que esas operaciones crearían valor sin perjudicar a los consumidores y que existen alternativas viables si no llegan a materializarse.

La comparación internacional desarrollada por BEREC resulta especialmente importante porque sitúa los intereses de los accionistas y los de los consumidores en una misma discusión. El organismo reconoce que Europa presenta tarifas relativamente bajas y un entorno competitivo que ha favorecido el acceso a los servicios digitales, aunque también identifica carencias en determinadas velocidades de descarga, en el despliegue de redes de nueva generación y en la reducción de la brecha digital. Por tanto, su conclusión no es que el sector europeo carezca de problemas ni que todas sus empresas dispongan de recursos suficientes para cualquier inversión futura. Su conclusión es más precisa: la concentración empresarial no garantiza automáticamente una mejora de la inversión y puede introducir costes para los consumidores. Esta evidencia obliga a evaluar las estrategias de crecimiento mediante adquisiciones con mayor exigencia. Para Telefónica, significa que el éxito de Transform & Grow no puede descansar exclusivamente en una futura reorganización del mercado europeo; debe apoyarse también en mejoras verificables de productividad, ingresos, rentabilidad, innovación y generación de caja dentro de los negocios que ya controla.

La deuda y la capacidad de generación de caja constituyen otras dos variables imprescindibles para valorar la gestión actual. Telefónica cerró 2024 con una deuda financiera neta de 27.161 millones de euros y terminó 2025 con aproximadamente 26.824 millones, según sus comunicaciones corporativas. La reducción demuestra un avance, pero también indica que la compañía continuaba soportando un endeudamiento considerable después de ejecutar buena parte de su programa de desinversiones. Los datos del primer semestre de 2026 muestran mejoras operativas y una revisión al alza de las expectativas de flujo de caja, circunstancias que deben incorporarse al análisis. La cuestión que sigue abierta es si la combinación de ventas de activos, reducción del dividendo y crecimiento orgánico permitirá mejorar de manera suficiente la estructura financiera sin sacrificar oportunidades de expansión futura. Una reducción de deuda obtenida mediante la venta de negocios puede ser positiva, pero debe valorarse junto con la rentabilidad y el flujo de caja que esos negocios habrían generado si hubieran permanecido dentro del grupo. El análisis de una transformación empresarial exige observar simultáneamente el balance, la cuenta de resultados y el valor de los activos que dejan de formar parte de la compañía.

La trayectoria bursátil, la reducción del perímetro internacional y las conclusiones de BEREC proporcionan motivos objetivos para someter la gestión de Murtra y Gayo a una revisión exigente. No obstante, estos elementos no bastan para demostrar que su sustitución inmediata sea una necesidad empresarial indiscutible. Para sostener esa conclusión sería necesario comparar los resultados obtenidos con los objetivos comprometidos, evaluar las alternativas estratégicas disponibles, determinar qué decisiones corresponden a cada ejecutivo y examinar si existe un equipo capaz de ofrecer un proyecto superior. Tampoco hay pruebas que permitan afirmar que ambos directivos estén buscando el apoyo del Partido Popular para conservar sus cargos aunque tampoco se puede descartar. La crítica a su gestión resulta más sólida cuando se concentra en las decisiones adoptadas, los resultados publicados y la rentabilidad ofrecida a los accionistas, sin atribuirles motivaciones personales o políticas que no están acreditadas.

Los bancos de inversión que recomiendan cautela ante un eventual relevo directivo pueden alegar razones legítimas de estabilidad, continuidad operativa y ejecución del plan. Sin embargo, la estabilidad no debería convertirse en un argumento que impida exigir responsabilidades por los resultados ni en una justificación automática para mantener una estrategia cuya rentabilidad futura todavía debe demostrarse. La reducción del tamaño de Telefónica es un hecho; la caída del precio bursátil respecto al inicio de 2025 también lo es; la disminución del dividendo anunciado constituye otra decisión verificable; y BEREC ha cuestionado expresamente que la consolidación empresarial garantice mayores inversiones. Frente a estos datos, también deben reconocerse las mejoras de ingresos, EBITDA y actividad comercial de las operaciones continuadas durante el primer semestre de 2026. El balance de gestión es, por tanto, más complejo que una simple oposición entre éxito y fracaso, pero contiene suficientes elementos para justificar un examen profundo de la estrategia y de la actuación de sus responsables.

La decisión sobre la continuidad de Marc Murtra y Emilio Gayo debería corresponder a los órganos de gobierno de Telefónica y a sus accionistas, sobre la base de criterios empresariales transparentes y verificables. Entre esos criterios deben figurar la rentabilidad total para el accionista, la evolución de la generación de caja, el endeudamiento, el crecimiento orgánico, la calidad de las inversiones, el valor obtenido por las desinversiones y la capacidad del plan estratégico para desenvolverse en el marco regulatorio europeo. Telefónica necesita demostrar que su menor dimensión internacional se traduce en una empresa más rentable, más sólida y con mejores perspectivas de crecimiento; mientras esa demostración no resulte concluyente, la continuidad de su actual dirección debe permanecer abierta al escrutinio de los accionistas y del mercado. Ese es el terreno en el que puede desarrollarse una evaluación rigurosa de su gestión: no en la especulación sobre alianzas políticas, sino en la exigencia de resultados, transparencia y responsabilidad empresarial. 

EPÍLOGO. EL PATRIMONIO DE LOS ESPAÑOLES NO PUEDE CONVERTIRSE EN MONEDA DE CAMBIO POLÍTICO

Hay una cuestión que debería situarse por encima de cualquier confrontación partidista: el patrimonio público pertenece a los ciudadanos, no a los gobiernos que lo administran temporalmente ni a los partidos que aspiran a ocupar el poder. Las participaciones del Estado en empresas estratégicas, las infraestructuras esenciales, los servicios públicos y los instrumentos de protección social son el resultado de decisiones colectivas, inversiones acumuladas y recursos aportados por generaciones de contribuyentes. Por eso, cualquier propuesta de desprenderse de activos públicos debe someterse a una exigencia elemental: demostrar qué gana el conjunto de la sociedad, qué pierde el Estado en capacidad de influencia y quiénes serán los beneficiarios económicos de la operación. Vender una participación pública no significa necesariamente empobrecer al país, porque las acciones se intercambian por dinero; pero tampoco puede presentarse como una decisión inocua cuando implica renunciar a dividendos futuros, derechos de voto y presencia institucional en sectores estratégicos. Lo verdaderamente inadmisible sería convertir esas operaciones en una cuestión de revancha política, ejecutarlas sin una justificación económica suficiente o anteponer las preferencias ideológicas sobre la propiedad empresarial a una evaluación rigurosa del interés general.

El historial económico del Partido Popular obliga a examinar sus propuestas con especial atención, porque España ya conoce las consecuencias de determinadas decisiones adoptadas por sus gobiernos. Durante la presidencia de José María Aznar se culminó la privatización de grandes compañías como Telefónica, Repsol y Endesa, reduciendo de manera duradera la presencia accionarial del Estado en sectores fundamentales. Durante la presidencia de Mariano Rajoy, el Gobierno aprobó subidas de impuestos después de haberlas rechazado en campaña, introdujo el copago farmacéutico para los pensionistas, modificó las condiciones de acceso a determinadas prestaciones sanitarias, redujo la protección por desempleo y reformó el sistema de revalorización de las pensiones mediante un mecanismo que podía provocar pérdidas de poder adquisitivo. No son acusaciones ni conjeturas: son decisiones legislativas verificables, recogidas, entre otras disposiciones, en el Real Decreto-ley 20/2011, el Real Decreto-ley 16/2012 y la Ley 23/2013 sobre pensiones. Aquellas medidas se adoptaron en circunstancias económicas extraordinariamente difíciles, pero la gravedad de una crisis no elimina la responsabilidad política de decidir cómo se distribuyen sus costes. La experiencia demuestra que las grandes decisiones económicas no son socialmente neutrales: pueden reforzar la protección colectiva o trasladar una mayor parte de los riesgos y sacrificios a los hogares como así sucedió con el PP.

La comparación con Francia y Alemania deja en evidencia la debilidad de cualquier discurso que pretenda presentar la retirada del Estado de las empresas estratégicas como una exigencia inevitable de la economía moderna. Francia recuperó en 2023 el control íntegro de EDF, su gran compañía eléctrica, y mantiene instrumentos de inversión institucional vinculados a Bpifrance, incluido el fondo Lac1, con presencia accionarial en el fabricante de trenes Alstom. Alemania conserva una participación pública conjunta cercana al 28% en Deutsche Telekom, a través del Gobierno federal y del banco público KfW, y mantiene la propiedad íntegra de Deutsche Bahn. Ninguno de esos países considera que la economía de mercado sea incompatible con la presencia pública en compañías esenciales para su seguridad, sus comunicaciones, su energía o su capacidad industrial, tanto con gobiernos de la derecha como de la izquierda. Tampoco puede afirmarse que la propiedad estatal garantice por sí sola una gestión eficiente, pero sí queda demostrado que privatizar no es una obligación económica ni una condición indispensable para competir internacionalmente. Por eso resulta legítimo exigir al Partido Popular y Vox que den explicaciones por qué, si considera conveniente vender las participaciones de la SEPI en Telefónica y Talgo, España debería renunciar a instrumentos de influencia que otras grandes economías europeas han decidido conservar. La carga de la prueba corresponde a quien propone desprenderse de esos activos, no a los ciudadanos que reclaman conocer las consecuencias de la venta.

El debate adquiere una gravedad especial cuando se pretende vincular la posible venta de la participación estatal en Telefónica con el futuro de su equipo directivo. Marc Murtra y Emilio Gayo no deberían permanecer en sus cargos por razones de afinidad política, pero tampoco deberían ser sustituidos únicamente porque cambie el partido que gobierna España. Su continuidad debe decidirse por criterios empresariales: creación de valor, rentabilidad para los accionistas, evolución bursátil, generación de caja, endeudamiento, crecimiento orgánico y resultados del plan estratégico. Los datos examinados en este artículo ofrecen razones suficientes para exigir una evaluación profunda de su gestión y si como parece procede, también su sustitución como indican las magnitudes económicas. Telefónica ha reducido considerablemente su perímetro internacional, ha pasado de aproximadamente 390 millones de accesos al cierre de 2024 a 299,8 millones en junio de 2026, y sus ingresos anuales publicados descendieron de 41.315 millones de euros en 2024 a 35.120 millones en 2025. Estas variaciones responden en buena medida a las ventas de filiales y no deben confundirse con pérdidas orgánicas de clientes o facturación. Pero la reducción deliberada de la dimensión internacional exige demostrar que la nueva Telefónica, más concentrada geográficamente, será capaz de generar un valor superior al de la compañía que se está desmantelando por partes, de momento tras veinte meses no lo ha conseguido. A ello se añade la evolución de la cotización y la necesidad de acreditar que las promesas del plan estratégico se están convirtiendo en resultados sostenibles.

El informe de BEREC del 6 de octubre de 2026 añade una advertencia que no debería pasar inadvertida: una mayor concentración del mercado de telecomunicaciones no garantiza automáticamente más inversión, más innovación ni mayor competitividad. Esa conclusión no invalida por sí sola el plan estratégico de Telefónica, pero sí cuestiona que las fusiones y el aumento de escala puedan presentarse como una respuesta inevitable a los problemas del sector. Si la dirección de una gran compañía solicita confianza para desarrollar una estrategia, debe aportar pruebas de que esa estrategia funciona; y si los accionistas consideran que los resultados no son satisfactorios, tienen pleno derecho a promover cambios conforme a las reglas de gobierno corporativo. Lo que no resulta aceptable es sustituir ese examen por una disputa sobre quién nombró a cada directivo, qué partido podría protegerlo o qué Gobierno tendría mayor interés en apartarlo. Telefónica necesita decisiones empresariales justificadas, no una guerra de lealtades políticas.

En cuanto a Vox, sus planteamientos económicos y sociales deben someterse al mismo escrutinio, especialmente cuando afectan a la estructura de las pensiones y al reparto de responsabilidades entre el sistema público y los mecanismos privados de capitalización. Sin embargo, no sería riguroso atribuir al PP y a Vox un programa conjunto de privatizaciones o una reforma concreta de las pensiones mientras no exista un acuerdo formal que lo establezca. La crítica política no necesita inventar pactos para ser contundente. Basta con exigir a ambas formaciones que expliquen, antes de pedir el voto, qué pretenden hacer con el patrimonio empresarial público, cómo financiarían sus compromisos fiscales, qué protección ofrecerían a los pensionistas y qué consecuencias tendrían sus propuestas sobre los servicios que utilizan millones de ciudadanos. Si una política reduce ingresos públicos, modifica derechos sociales o transfiere activos al sector privado, sus promotores deben explicar quién obtiene el beneficio, quién asume el riesgo y cómo se protege a quienes no disponen de grandes patrimonios ni de capacidad para influir en las decisiones económicas. Esa es la verdadera discusión distributiva que no debería quedar sepultada bajo los eslóganes electorales.

La experiencia internacional también advierte de los riesgos de convertir la confrontación permanente en un método de gobierno. Estados Unidos ofrece ejemplos de cómo la polarización política puede dificultar los acuerdos institucionales y transformar cuestiones económicas y sociales complejas en disputas identitarias. Pero las consecuencias de esa polarización no pueden atribuirse a una única causa ni trasladarse mecánicamente a España. La enseñanza relevante es otra: cuando la descalificación del adversario sustituye al análisis de las políticas públicas, los ciudadanos pierden información esencial para valorar las decisiones que afectan a su bienestar. La defensa de los intereses generales exige instituciones sólidas, transparencia, rendición de cuentas y capacidad para corregir errores, con independencia del signo político del Gobierno. Una democracia no se fortalece convirtiendo cada empresa estratégica en un trofeo partidista ni cada nombramiento en una batalla de poder.

España no necesita una nueva confrontación ideológica sobre Telefónica y Talgo; necesita respuestas económicas concretas y verificables. Si el Partido Popular pretende vender las participaciones públicas en ambas compañías, debe explicar el precio esperado, el destino de los ingresos, los derechos de influencia que desaparecerían y las garantías alternativas que protegerían los intereses estratégicos españoles. Si considera que la dirección de Telefónica debe cambiar, debe justificarlo mediante resultados y ofrecer una alternativa empresarial creíble. Y si Vox propone transformaciones profundas del sistema de protección social, debe detallar cómo afectarían a las prestaciones, a su financiación y a los riesgos que asumirían los trabajadores y pensionistas. Lo que está en juego no es la comodidad de un equipo directivo ni la oportunidad de obtener una victoria partidista: es la calidad de las decisiones con las que se administra un patrimonio que pertenece a todos.

El patrimonio público no es un botín electoral, la política industrial no puede convertirse en una liquidación de los activos estratégicos del país y el interés general de los españoles jamás debería confundirse con los intereses particulares de los grandes accionistas. Francia y Alemania demuestran, con hechos y no con discursos, que mantener participaciones públicas en empresas estratégicas es perfectamente compatible con una economía de mercado competitiva, moderna y capaz de generar riqueza. La historia de las privatizaciones españolas demuestra que desprenderse de empresas y participaciones estratégicas supone renunciar a instrumentos de influencia económica, industrial y tecnológica que han costado décadas construir. Y la experiencia de los gobiernos de Mariano Rajoy recuerda que las decisiones económicas tienen consecuencias muy concretas sobre la vida de millones de ciudadanos: impuestos más elevados, recortes en prestaciones sociales y sacrificios exigidos a quienes menos capacidad tienen para soportarlos. Por eso, frente al ruido, la confrontación y las propuestas económicas de una derecha cada vez más radicalizada, representada por el Partido Popular, y de la ultraderecha de Vox, la exigencia democrática debe ser inequívoca: transparencia absoluta, cuentas claras, compromisos verificables y decisiones que puedan justificarse ante los millones de contribuyentes que sostienen el Estado, no únicamente ante los mercados financieros y los grandes patrimonios. Porque los gobiernos pasan, los presidentes cambian, los equipos directivos pueden ser sustituidos y las estrategias empresariales pueden rectificarse; pero recuperar una posición industrial, tecnológica o accionarial perdida puede exigir décadas de esfuerzo y miles de millones de euros que volverían a salir, una vez más, del bolsillo de los españoles. Esa es la responsabilidad histórica que debería asumir cualquier dirigente que aspire a gobernar España. Y resulta difícil encontrar motivos para confiar en que Alberto Núñez Feijóo haya aprendido las lecciones de aquella etapa cuando sus propuestas recuperan una orientación económica que ya conocemos. A mi juicio, Feijóo corre el riesgo de convertirse en una pésima copia política de su referente, Mariano Rajoy: repetir las recetas de siempre, pero sin ofrecer una respuesta convincente a los problemas económicos, industriales y sociales de la España de hoy. Porque gobernar no consiste en vender lo que pertenece a todos para satisfacer una determinada concepción ideológica de la economía, sino en administrar, proteger y fortalecer el patrimonio común para que sus beneficios alcancen al mayor número posible de ciudadanos.

Ya lo dijo Bertolt Brecht: «El peor analfabeto es el analfabeto político».