La historia reciente del Partido Popular ofrece un episodio especialmente revelador para valorar las promesas económicas que Alberto Núñez Feijóo presenta ahora como garantía de una gestión más eficaz y favorable a los ciudadanos. Durante la campaña de las elecciones generales de noviembre de 2011, Mariano Rajoy Brey defendió la necesidad de evitar subidas de impuestos que perjudicaran a las familias y dificultaran la recuperación económica. Sin embargo, apenas cinco semanas después de ganar las elecciones y solo nueve días después de tomar posesión como presidente del Gobierno, su Ejecutivo aprobó una subida del IRPF y del IBI que contradecía el mensaje fiscal con el que el Partido Popular había concurrido a las urnas. La decisión se adoptó el 30 de diciembre de 2011 mediante el Real Decreto-ley 20/2011, publicado en el Boletín Oficial del Estado, que estableció un gravamen complementario temporal sobre las rentas del trabajo y del ahorro y un incremento del impuesto sobre bienes inmuebles para determinados inmuebles urbanos. El Gobierno justificó aquellas medidas por la situación de las cuentas públicas y por la desviación del déficit que afirmaba haber encontrado. Esa explicación forma parte del contexto y debe tenerse en cuenta, pero no elimina el hecho fundamental: el PP llegó al Gobierno defendiendo una orientación fiscal y, antes de terminar el año electoral, aprobó medidas que iban en sentido contrario. El episodio resulta especialmente pertinente cuando Feijóo vuelve a anunciar rebajas fiscales y presenta sus propuestas como prueba de credibilidad económica. La experiencia de Rajoy demuestra que una promesa electoral no constituye una garantía de cumplimiento y que los ciudadanos tienen derecho a exigir, antes de votar, explicaciones sobre cómo se financiarán las medidas anunciadas y qué decisiones se adoptarían si las circunstancias económicas fueran distintas de las previstas. No es necesario afirmar que Rajoy conocía de antemano que incumpliría su compromiso para señalar la contradicción: basta con confrontar el discurso de campaña con la primera gran decisión tributaria de su Gobierno. Porque la confianza política no se construye únicamente prometiendo lo que los ciudadanos desean escuchar, sino demostrando que existe un programa viable y que las palabras pronunciadas antes de las elecciones mantienen su valor después de alcanzar el poder.
FEIJÓO PROMETE ARREGLAR ESPAÑA, PERO LA HISTORIA DEL PP EN EL GOBIERNO CUESTIONA SUS RECETAS
De las privatizaciones de Aznar al rescate bancario de Rajoy, pasando por el impuesto al sol y las inversiones ferroviarias: las propuestas del líder popular se enfrentan a los antecedentes de su propio partido.
Las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo en la entrevista concedida al diario EXPANSIÓN, difundida el 9 de noviembre de 2026, constituyen un amplio catálogo de promesas sobre cómo pretende gestionar España si alcanza la Presidencia del Gobierno. El líder del Partido Popular anuncia que revisará la presencia del Estado en empresas estratégicas como Telefónica e Indra, que exigirá gestores profesionales y alejados de las influencias políticas, que abaratará la electricidad, prolongará la vida de las centrales nucleares, reforzará las redes eléctricas, recuperará la seguridad ferroviaria y facilitará el desarrollo de grandes inversiones tecnológicas. Escuchándole, podría parecer que el Partido Popular llega por primera vez a la política española, sin pasado, sin responsabilidades y sin haber tenido oportunidad de aplicar las soluciones que ahora presenta como imprescindibles. Pero Feijóo no dirige un partido recién llegado a la vida pública: dirige una formación que gobernó España durante catorce años bajo las presidencias de José María Aznar y Mariano Rajoy, que protagonizó algunas de las decisiones económicas y empresariales más trascendentales de las últimas décadas y que continúa gobernando comunidades autónomas y numerosos ayuntamientos con competencias directas sobre algunos de los problemas que hoy denuncia. Por eso, sus propuestas no pueden examinarse únicamente por lo que prometen, sino también por lo que su partido hizo cuando dispuso del poder para actuar.
La memoria política resulta especialmente incómoda cuando se confrontan las actuales exigencias de Feijóo con determinados antecedentes del Partido Popular. Habla de profesionalizar la dirección de las empresas estratégicas, pero durante el Gobierno de Aznar llegó a la presidencia de Telefónica Juan Villalonga, amigo personal y antiguo compañero de colegio del presidente, cuya gestión terminó envuelta en una enorme controversia por las remuneraciones mediante opciones sobre acciones y las condiciones económicas de su salida. Cuestiona ahora la intervención del Estado en determinadas compañías, pero su partido defendió durante la crisis financiera una operación de rescate bancario que comprometió decenas de miles de millones de euros de recursos públicos. Promete electricidad más barata y una política energética eficiente, mientras que el Gobierno de Rajoy aprobó la regulación conocida como «impuesto al sol» y modificó el régimen retributivo de las renovables mediante decisiones que desembocaron en numerosos arbitrajes internacionales. Denuncia el deterioro de las infraestructuras ferroviarias y reclama inversiones urgentes, pero los datos oficiales de mantenimiento muestran que en 2017, último ejercicio completo del Gobierno de Rajoy, se destinaron 721,8 millones de euros a esa finalidad, frente a aproximadamente 1.120 millones en 2025, durante el Gobierno socialista, un incremento nominal cercano al 55% que no demuestra por sí solo que el mantenimiento actual sea suficiente, pero sí impide borrar del análisis las decisiones presupuestarias anteriores. No se trata de atribuir al Partido Popular todos los problemas actuales ni de eximir al Gobierno de Pedro Sánchez de sus responsabilidades, sino de impedir que quienes ya gobernaron se presenten como simples observadores de una situación a cuya evolución también contribuyeron sus decisiones.
La misma exigencia de coherencia debe aplicarse a las comunidades autónomas gobernadas por el PP. Feijóo denuncia que la insuficiencia de las redes eléctricas impide desarrollar cientos de miles de viviendas, pero sus gobiernos autonómicos también tienen responsabilidades sobre la promoción de vivienda protegida, la ordenación territorial y las políticas residenciales. Reclama garantías de suministro para los hogares y las empresas, mientras administraciones dirigidas por su partido impulsan grandes proyectos de centros de datos que necesitan importantes cantidades de electricidad y, según su tecnología de refrigeración, recursos hídricos. La contradicción no consiste en defender inversiones tecnológicas, exigir mejores infraestructuras o reclamar una gestión más eficaz; consiste en presentar esas necesidades como responsabilidades exclusivas del adversario político sin someter las decisiones de los propios gobiernos al mismo examen. Si Feijóo considera que España necesita una transformación profunda de su gestión económica y de sus servicios públicos, debería explicar también qué aprendió su partido de las privatizaciones, los nombramientos empresariales, las reformas energéticas, el rescate bancario y las políticas de inversión aplicadas durante sus anteriores etapas de gobierno.
Este análisis parte de una premisa sencilla: Feijóo tiene pleno derecho a proponer cambios, pero no a exigir que sus propuestas sean juzgadas al margen de la trayectoria política del Partido Popular. La credibilidad de un proyecto de gobierno no depende únicamente de la contundencia con la que se denuncian los errores ajenos, sino de su capacidad para reconocer los propios, aportar datos verificables y explicar cómo se evitará repetir decisiones que tuvieron consecuencias económicas, sociales o institucionales relevantes. Por ello, las declaraciones del líder popular merecen algo más que una reproducción de sus promesas: un examen de sus contradicciones, de los antecedentes documentados de los gobiernos de Aznar y Rajoy y de los resultados de las administraciones autonómicas del PP. Porque para valorar lo que Feijóo dice que hará mañana, también es necesario recordar lo que su partido hizo cuando gobernó ayer.
FEIJÓO ANTE SU PROPIO HISTORIAL: LAS PROMESAS DE GESTIÓN Y LA HERENCIA DE LOS GOBIERNOS DEL PP
El líder popular propone revisar las participaciones del Estado, prolongar la vida de las nucleares, rebajar impuestos y auditar las infraestructuras. Sus declaraciones, sin embargo, también invitan a examinar las decisiones adoptadas por los gobiernos de Aznar y Rajoy y los resultados de las comunidades autónomas gobernadas por su partido.
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha expuesto en una entrevista concedida este 10 de noviembre de 2026 al diario EXPANSIÓN sus principales propuestas sobre política económica, gestión empresarial, energía, infraestructuras ferroviarias, vivienda y desarrollo tecnológico. Sus declaraciones permiten conocer algunas de las decisiones que estudiaría si llegara a la Presidencia del Gobierno: revisar la presencia del Estado en compañías como Telefónica, Indra y CaixaBank, prolongar la actividad de las centrales nucleares, reducir determinados impuestos eléctricos, impulsar inversiones en las redes y realizar auditorías de las infraestructuras ferroviarias. El dirigente popular presenta estas iniciativas bajo una idea recurrente: mejorar la gestión, reforzar la eficiencia y garantizar que las decisiones respondan al interés general. Pero el análisis de sus propuestas no puede limitarse a las intenciones anunciadas. También exige contrastarlas con los antecedentes de los gobiernos del Partido Popular, tanto en la Administración central como en las comunidades autónomas, y determinar qué problemas pretende corregir, cuáles proceden de decisiones anteriores y qué garantías ofrece para evitar que se repitan.
1. TELEFÓNICA E INDRA: LA SOBERANÍA NACIONAL FRENTE A LA RETIRADA DEL ESTADO
Feijóo establece como principio general devolver al ámbito privado las empresas que anteriormente funcionaban sin participación pública, aunque introduce una excepción: aquellas que pertenezcan a sectores relevantes para la soberanía nacional. Su planteamiento queda resumido en una de las afirmaciones centrales de la entrevista: «Nuestro principio es devolver aquellas empresas que antes funcionaban sin capital público a su estado natural, salvo que sea un sector relevante para la soberanía de nuestro país». En relación con Telefónica, sostiene que «no hay ninguna explicación en la participación de Telefónica, salvo hacerse con el control de la compañía», mientras que sobre Indra anuncia una revisión de sus contratos y de las decisiones adoptadas por el Gobierno. La crítica es legítima como posición política, pero plantea una cuestión que no queda resuelta en sus declaraciones: si las telecomunicaciones, las infraestructuras digitales y las tecnologías de defensa no justifican una consideración estratégica especial, resulta necesario explicar qué actividades cumplen realmente los requisitos de soberanía nacional que el propio Feijóo establece como excepción.
Telefónica e Indra desarrollan actividades que tienen consecuencias directas para las comunicaciones, la seguridad, la tecnología y la autonomía industrial de España. Esto no significa que la participación accionarial pública sea imprescindible en todos los casos, pero sí que cualquier propuesta de reducirla debería acompañarse de una explicación sobre los mecanismos alternativos de protección. La soberanía nacional no depende exclusivamente de las fronteras o de las Fuerzas Armadas: también está relacionada con la capacidad de proteger las comunicaciones, las infraestructuras críticas y determinadas tecnologías esenciales frente a riesgos económicos y geopolíticos. Feijóo puede defender que estos objetivos se alcancen mediante regulación, supervisión administrativa o controles sobre inversiones extranjeras, pero en la entrevista no concreta qué instrumentos sustituirían a la participación accionarial del Estado. Tampoco demuestra que la entrada de capital público en Telefónica responda exclusivamente a una voluntad de control político. Para sostener esa acusación sería necesario examinar los derechos de voto, la composición de los órganos de administración, los acuerdos entre accionistas y las decisiones empresariales efectivamente condicionadas por la participación estatal.
La comparación internacional permite situar este debate en un contexto más amplio. Francia mantiene una participación pública significativa en Orange, próxima al 23% según las referencias accionariales utilizadas en este análisis, mientras que en Alemania la participación conjunta del Estado federal y del banco público KfW en Deutsche Telekom se sitúa alrededor del 28%. Los porcentajes pueden variar con las operaciones de capital, pero el hecho relevante es que dos de las principales economías europeas conservan participaciones públicas importantes en sus operadores históricos de telecomunicaciones, una política que ha coexistido con gobiernos conservadores, liberales y socialdemócratas. La documentación puede consultarse en la Agence des participations de l'État, en la información corporativa de Orange, en las relaciones con inversores de Deutsche Telekom y en los informes del banco público KfW. Estas experiencias demuestran que la presencia estatal en empresas estratégicas no constituye una práctica exclusiva de gobiernos de izquierda ni resulta necesariamente incompatible con la economía de mercado.
El precedente estadounidense resulta igualmente significativo. En marzo de 2018, Donald Trump bloqueó mediante una orden presidencial la adquisición de Qualcomm por Broadcom, una operación valorada en aproximadamente 117.000 millones de dólares. La decisión respondió a preocupaciones de seguridad nacional examinadas por el Comité de Inversiones Extranjeras en Estados Unidos, ante los posibles efectos de la operación sobre el liderazgo tecnológico estadounidense. La medida quedó recogida en la orden presidencial de 12 de marzo de 2018. Es importante distinguir entre impedir una adquisición extranjera y mantener acciones públicas en una empresa, porque se trata de instrumentos diferentes. Sin embargo, ambos responden a una preocupación común: proteger actividades consideradas esenciales para la seguridad y la autonomía económica del país. La comparación plantea una pregunta pertinente para Feijóo: si incluso una Administración estadounidense favorable a la iniciativa privada consideró necesario intervenir para preservar una compañía tecnológica estratégica, ¿qué instrumentos concretos utilizaría España para proteger sus comunicaciones y sus tecnologías de defensa si decidiera reducir su participación accionarial en Telefónica o Indra?
2. LA PROFESIONALIZACIÓN EMPRESARIAL Y EL PRECEDENTE DE JUAN VILLALONGA
Feijóo insiste en que los responsables de las empresas participadas por el Estado deben ser seleccionados por su experiencia y capacidad de gestión. «Yo no voy a medir la idoneidad de sus responsables por su afiliación al PP sino por la trazabilidad que tienen como gestores, por el rigor y la honestidad», afirma en la entrevista. El principio es defendible: las empresas públicas y participadas necesitan directivos cualificados, procedimientos transparentes y mecanismos que reduzcan la influencia partidista sobre sus decisiones. Sin embargo, la credibilidad de esta propuesta también debe examinarse a la luz de los nombramientos realizados durante anteriores gobiernos del Partido Popular, especialmente cuando el propio Feijóo utiliza la profesionalización como argumento para cuestionar las decisiones del Ejecutivo actual.
Uno de los precedentes más conocidos es el nombramiento de Juan Villalonga como presidente de Telefónica en 1996, durante el primer Gobierno de José María Aznar. Villalonga mantenía una relación personal con Aznar desde su etapa escolar en el colegio Nuestra Señora del Pilar de Madrid. Su designación al frente de una compañía que todavía se encontraba bajo control mayoritario del Estado abrió un debate sobre la influencia de las relaciones personales y políticas en la dirección de empresas estratégicas. La amistad con un presidente del Gobierno no demuestra por sí sola falta de capacidad profesional, pero sí constituye una circunstancia que exige especial transparencia cuando se produce un nombramiento de semejante relevancia. Precisamente por eso, las garantías que ahora reclama Feijóo deberían impedir que la selección de directivos dependa de la confianza personal de quienes ejercen el poder.
La etapa de Villalonga estuvo marcada, además, por una importante controversia relacionada con las remuneraciones mediante opciones sobre acciones, las conocidas stock options. Según las informaciones publicadas por El Mundo sobre la polémica de las opciones y Última Hora sobre las remuneraciones de la cúpula de Telefónica, el denominado Plan Rise contemplaba un volumen aproximado de 491 millones de euros, equivalentes a 81.695 millones de pesetas, asociado a incentivos para un centenar de altos ejecutivos. Esta cantidad no debe confundirse con dinero efectivamente percibido en su totalidad, puesto que el valor de las opciones y su ejercicio dependían de determinadas condiciones. No obstante, la magnitud del programa explica la controversia que provocó sobre la transparencia, el gobierno corporativo y los incentivos de los responsables de la compañía.
En el caso de Villalonga, Servimedia informó sobre los 1.527 millones de pesetas que el directivo declaró que cobraría por el primer tramo del plan, equivalentes a aproximadamente 9,18 millones de euros. Otras estimaciones periodísticas elevaron el valor atribuido al conjunto de sus derechos sobre opciones por encima de los 23 millones de euros, aunque resulta necesario distinguir entre beneficios realizados, derechos pendientes y valoraciones potenciales. A estas controversias se añadieron las condiciones económicas de su salida de Telefónica en julio de 2000. Según publicó La Voz de Galicia el 26 de julio de 2000, la compensación pactada ascendía a unos 4.500 millones de pesetas, aproximadamente 27 millones de euros. No sería correcto sumar automáticamente todas estas cifras ni afirmar que las stock options fueron la única causa de su salida, pero el conjunto de los antecedentes demuestra por qué los mecanismos de nombramiento, remuneración y supervisión empresarial deben ser objeto de controles rigurosos.
Cuando Villalonga fue nombrado presidente de Telefónica, Feijóo ya desempeñaba responsabilidades en la Administración pública y posteriormente presidió el Insalud durante el Gobierno de Aznar. No se ha acreditado aquí que se pronunciara sobre aquel nombramiento ni sobre las controversias posteriores, por lo que sería improcedente atribuirle una posición concreta sin revisar la hemeroteca. Lo que sí puede exigírsele es coherencia institucional: si considera que la profesionalidad debe prevalecer sobre la afiliación política, debería explicar qué procedimientos establecería para impedir que la cercanía personal al poder influya en la selección de los responsables de empresas estratégicas. La despolitización no consiste únicamente en sustituir a los directivos nombrados por otro Gobierno, sino en crear reglas de selección, evaluación y rendición de cuentas que sean aplicables con independencia del partido que ocupe el Ejecutivo.
3. CAIXABANK Y EL RESCATE BANCARIO: EL COSTE QUE NO PUEDE DESAPARECER DEL BALANCE
La posición de Feijóo respecto a CaixaBank presenta un matiz diferente. En este caso, no cuestiona frontalmente el origen de la participación pública, sino que la vincula a la crisis financiera y al proceso de reestructuración bancaria. «Procede de la crisis bancaria y de la reestructuración bancaria que tuvimos que hacer», afirma, antes de defender aquellas actuaciones con el argumento de que permitieron garantizar los depósitos. La explicación recoge una parte importante del contexto: el rescate de entidades financieras, especialmente cajas de ahorros, se desarrolló en un escenario de grave inestabilidad económica y riesgo para el sistema financiero. Sin embargo, una evaluación completa de aquella intervención también debe incluir su coste para las arcas públicas y distinguir entre la protección de los depositantes, las ayudas concedidas y las cantidades finalmente recuperadas.
Según las cifras del Tribunal de Cuentas recogidas en el material de este reportaje, el coste estimado del rescate bancario derivado de la crisis de 2008 ascendió a 66.617 millones de euros, de los cuales 43.272 millones —aproximadamente el 65%— correspondieron al Tesoro Público y 23.345 millones —el 35%— al sector bancario. Estas magnitudes deben contrastarse con el informe original y con la definición contable utilizada, pero permiten comprender por qué la reestructuración bancaria no puede presentarse exclusivamente como una actuación de protección del ahorro sin mencionar su dimensión presupuestaria. La participación estatal en CaixaBank procede de la integración de Bankia y de la posición pública que se había mantenido en esta última entidad. Por tanto, cualquier decisión sobre su futuro debería considerar no solo el valor actual de las acciones, sino también el interés público, la estabilidad financiera y la recuperación de los recursos comprometidos durante el rescate. Feijóo anuncia que revisará las cuentas antes de adoptar una decisión, pero no concreta si mantendría la participación ni bajo qué condiciones consideraría conveniente venderla.
4. ENERGÍA NUCLEAR Y PRECIO DE LA ELECTRICIDAD: ENTRE LAS PROMESAS Y LOS COSTES REALES
En materia energética, Feijóo identifica dos prioridades: garantizar el suministro y reducir los precios. Para ello propone prolongar entre cinco y diez años la vida operativa de las centrales nucleares, previa consulta al Consejo de Seguridad Nuclear, y reducir el impuesto del 7% sobre el valor de la producción de energía eléctrica. Ambas medidas merecen un análisis económico y técnico que vaya más allá de sus objetivos declarados. Las centrales nucleares aportan generación estable y bajas emisiones directas de dióxido de carbono durante su funcionamiento, pero la prolongación de su actividad exige comprobar el estado de las instalaciones, las inversiones necesarias para mantener los estándares de seguridad y los costes asociados a la gestión de residuos y al desmantelamiento futuro. La decisión no puede basarse exclusivamente en la conveniencia de disponer de generación continua: debe determinarse si la ampliación resulta técnicamente segura y económicamente razonable frente a las alternativas disponibles.
La rebaja del impuesto del 7% plantea otra cuestión. Este tributo grava el valor de la producción de electricidad y no constituye un recargo directo del 7% sobre la factura de todos los consumidores. Su reducción podría influir en los costes de generación y, dependiendo del funcionamiento del mercado y de los contratos de suministro, trasladarse parcialmente a los precios finales. Sin embargo, suprimir o reducir un impuesto sobre la producción no equivale automáticamente a abaratar en ese mismo porcentaje el recibo doméstico. Para valorar la propuesta sería necesario conocer el ahorro estimado para hogares y empresas, el efecto sobre los precios mayoristas y la pérdida de recaudación pública. También habría que explicar cómo se financiarían las inversiones energéticas anunciadas si simultáneamente se reducen determinados ingresos fiscales.
El análisis de estas propuestas debe incorporar los antecedentes del Gobierno de Mariano Rajoy. En 2015, su Ejecutivo aprobó el Real Decreto 900/2015, que estableció cargos y condiciones administrativas para determinadas modalidades de autoconsumo eléctrico y dio lugar a la polémica conocida como el «impuesto al sol». La expresión popular simplificaba una regulación más compleja, pues no toda la generación solar estaba sometida a esos cargos y existían exenciones. Aun así, el modelo fue criticado por introducir obstáculos al desarrollo del autoconsumo. El marco cambió con el Real Decreto-ley 15/2018, aprobado durante el Gobierno de Pedro Sánchez, que eliminó los cargos sobre la energía autoconsumida de origen renovable. Este antecedente es relevante porque el Partido Popular propone ahora facilitar el abaratamiento de la electricidad, mientras que una de sus decisiones regulatorias anteriores dificultó determinadas modalidades de producción y consumo eléctrico por parte de hogares y empresas.
Más profundas fueron las controversias derivadas de la reforma de la retribución de las energías renovables. Los cambios introducidos a partir de 2013 y desarrollados mediante la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico y el Real Decreto 413/2014 modificaron las condiciones económicas aplicables a numerosas instalaciones. Diversos inversores extranjeros iniciaron procedimientos arbitrales al considerar que España había vulnerado las garantías de protección de sus inversiones. Algunos laudos reconocieron indemnizaciones millonarias, mientras que otros procedimientos tuvieron resultados distintos o fueron objeto de impugnación. No debe confundirse esta controversia con el denominado impuesto al sol: los arbitrajes internacionales estuvieron relacionados principalmente con los cambios en el régimen retributivo de las inversiones renovables, no con los cargos al autoconsumo establecidos en 2015. La experiencia plantea una exigencia aplicable a cualquier futuro Gobierno: las decisiones energéticas deben combinar objetivos de precio y suministro con estabilidad regulatoria, seguridad jurídica y una evaluación transparente de sus consecuencias económicas.
5. REDEIA Y LAS REDES ELÉCTRICAS: LAS INVERSIONES QUE NECESITAN EXPLICACIÓN
Feijóo realiza una valoración muy negativa del funcionamiento de Redeia y sostiene que serían necesarias inversiones de entre 10.000 y 13.000 millones de euros para reforzar las redes y facilitar la evacuación de electricidad renovable. La preocupación por la capacidad de las infraestructuras eléctricas tiene fundamento: el crecimiento de la generación eólica y fotovoltaica, la electrificación de la economía y la aparición de nuevos consumidores de gran potencia requieren redes capaces de transportar y distribuir la electricidad de forma segura. Sin embargo, la cifra anunciada por Feijóo necesita una explicación detallada sobre los proyectos incluidos, su calendario, su financiación y la parte que corresponde a inversiones ya previstas. También conviene distinguir entre la red de transporte, gestionada por Red Eléctrica, y las redes de distribución, operadas por distintas compañías, porque las responsabilidades de inversión, mantenimiento y conexión no son idénticas.
La planificación eléctrica ofrece un antecedente útil para examinar las decisiones de los distintos gobiernos. Durante la etapa de Rajoy se aprobó la planificación de la red de transporte 2015-2020, con inversiones previstas próximas a 4.554 millones de euros. Posteriormente, durante el Gobierno de Sánchez, se aprobó la planificación 2021-2026, con una inversión inicial prevista de aproximadamente 6.964 millones de euros. La documentación puede consultarse en el Ministerio para la Transición Ecológica y en la información institucional de Red Eléctrica. Los periodos no son idénticos y las inversiones previstas no equivalen a las efectivamente ejecutadas, por lo que estas cifras no permiten establecer por sí solas qué Gobierno realizó un mayor esfuerzo inversor real. No obstante, muestran que la capacidad de las redes depende de decisiones de planificación adoptadas a lo largo de varios ejercicios. Feijóo puede reclamar una aceleración de las inversiones, pero una evaluación rigurosa de las insuficiencias actuales también debe examinar la planificación aprobada durante los gobiernos de su partido y los proyectos que quedaron pendientes de ejecución.
6. LAS 200.000 VIVIENDAS: EL PROBLEMA ELÉCTRICO Y LAS COMPETENCIAS DE LAS AUTONOMÍAS
Feijóo sostiene que al menos 200.000 viviendas no se han entregado o promovido por falta de energía. La afirmación relaciona dos problemas de gran importancia: las limitaciones de las infraestructuras eléctricas y la escasez de vivienda asequible. Es cierto que la saturación de determinadas redes puede retrasar promociones residenciales, especialmente en grandes desarrollos urbanísticos que necesitan nuevas subestaciones o ampliaciones de capacidad. Sin embargo, la cifra anunciada no permite conocer por sí sola cuántas viviendas están terminadas y pendientes de conexión, cuántas disponen de licencia y cuántas forman parte de proyectos todavía sujetos a trámites urbanísticos o decisiones de inversión. La diferencia es fundamental: una vivienda construida que no puede entregarse por falta de electricidad no se encuentra en la misma situación que una promoción futura cuya ejecución depende de numerosas condiciones todavía pendientes.
Un análisis de BBVA Research publicado en agosto de 2026 señalaba que más de 80.000 viviendas previstas dependían de nuevas infraestructuras eléctricas y advertía de que determinados desarrollos podían afrontar plazos prolongados de ejecución. El dato confirma que existe un problema que requiere soluciones, pero no demuestra que haya 200.000 viviendas terminadas y pendientes de entrega. Además, según informó Europa Press en marzo de 2026, el propio Partido Popular reclamó un informe detallado para cuantificar los desarrollos afectados. Por tanto, la cifra utilizada por Feijóo debería acompañarse de una metodología verificable, una relación de proyectos y una explicación de las causas concretas que impiden su ejecución. Sin esa documentación, no puede determinarse qué parte del déficit residencial responde a la falta de electricidad y cuál procede de otros obstáculos.
El análisis también debe tener en cuenta las responsabilidades autonómicas y municipales. Las comunidades autónomas disponen de amplias competencias en vivienda y ordenación territorial, mientras que los ayuntamientos intervienen en el planeamiento, la gestión del suelo y las licencias. Por ello, las declaraciones de Feijóo deben contrastarse con los resultados de las administraciones gobernadas por su propio partido. Según los indicadores territoriales de viviendas iniciadas y terminadas correspondientes a 2025 utilizados en este análisis, en Castilla y León se terminaron 240 viviendas protegidas frente a 3.846 libres. En Cantabria y Canarias, donde el PP participaba en los respectivos gobiernos autonómicos, la serie consultada registró cero viviendas protegidas terminadas durante ese ejercicio, frente a 1.273 y 3.152 viviendas libres, respectivamente. Estos datos no significan que no existieran proyectos públicos en ejecución ni permiten atribuir toda la responsabilidad a un único partido, pero sí muestran la necesidad de examinar la producción efectiva de vivienda protegida en territorios donde el PP participa en las decisiones de gobierno.
En Andalucía, gobernada por el Partido Popular desde 2019, la misma estadística recoge 19.898 viviendas terminadas en 2025, de las cuales 17.633 fueron libres y 2.265 protegidas. Las viviendas protegidas representaron, por tanto, aproximadamente el 11,4% de las terminadas. En la Comunidad de Madrid, la serie estadística oficial de viviendas protegidas con calificación definitiva recoge 3.458 viviendas en 2024 y 3.802 en 2025. Estos resultados impiden afirmar que los gobiernos del PP no hayan promovido vivienda protegida, pero también obligan a distinguir entre vivienda protegida y vivienda pública de titularidad permanente. No toda vivienda sometida a algún régimen de protección amplía el parque público de alquiler asequible, y esa diferencia resulta esencial para evaluar si las políticas residenciales ofrecen soluciones duraderas a los hogares con mayores dificultades de acceso.
La Comunidad de Madrid también ha advertido de las posibles consecuencias de la falta de capacidad eléctrica sobre sus desarrollos urbanísticos. Según informó Europa Press en febrero de 2026, el Gobierno autonómico señaló que 166.000 viviendas previstas hasta 2030 podrían verse afectadas por estas limitaciones. La advertencia merece atención, pero se refiere a proyectos futuros y no acredita que todas esas viviendas estén actualmente paralizadas por una única causa. La crisis de vivienda no puede explicarse exclusivamente mediante las deficiencias eléctricas sin analizar simultáneamente las políticas de suelo, las licencias, la financiación y los resultados de la promoción residencial en cada territorio. Feijóo puede reclamar inversiones urgentes en las redes, pero también debería explicar qué medidas han adoptado las administraciones de su partido para ampliar la oferta pública y asequible y qué obstáculos concretos han impedido obtener mejores resultados.
7. FERROCARRIL: LA SEGURIDAD, LAS AUDITORÍAS Y EL HISTORIAL DE INVERSIONES
Las declaraciones de Feijóo sobre el ferrocarril constituyen una de las partes más graves de la entrevista. El dirigente popular sostiene que los problemas de seguridad no proceden de la liberalización del transporte de viajeros, sino del estado de las infraestructuras, y acusa al Gobierno de no haber ejecutado determinadas auditorías y medidas de choque. También menciona incrementos del 90% en indicadores precursores de accidentes en alta velocidad, del 30% en Cercanías y del 212% en descarrilamientos desde 2018. Son cifras que, de confirmarse y resultar comparables, justificarían un examen detallado. Sin embargo, para interpretarlas correctamente es imprescindible conocer sus definiciones, los periodos de referencia, los valores absolutos y la evolución del tráfico ferroviario. Un aumento porcentual no demuestra automáticamente una determinada probabilidad de accidente ni permite atribuir responsabilidades sin una investigación técnica.
Feijóo utiliza la expresión «negligencia continuada» para referirse a la actuación del Gobierno. Se trata de una acusación política de especial gravedad que debe distinguirse de la determinación de responsabilidades jurídicas. La existencia de negligencia exige acreditar hechos concretos, obligaciones incumplidas y, cuando corresponda, una relación causal con los daños producidos. Del mismo modo, su afirmación de que no se han producido fallos de los trenes constituye una valoración que no sustituye las conclusiones de los organismos investigadores. La seguridad ferroviaria exige conocer las causas técnicas de cada incidente y las responsabilidades de los distintos agentes, incluidos el administrador de infraestructuras, los operadores, los responsables del mantenimiento y los organismos supervisores. Las auditorías pueden ser instrumentos útiles para detectar deficiencias, pero su eficacia depende de la calidad de las inspecciones, de las medidas adoptadas posteriormente y de los recursos destinados a ejecutarlas.
La comparación del gasto de mantenimiento ferroviario durante los gobiernos de Rajoy y Sánchez introduce un elemento relevante en este debate. Según el informe del Ministerio de Transportes sobre inversiones y mantenimiento ferroviario entre 2011 y 2025, en 2017, último ejercicio completo del Gobierno de Rajoy, el gasto de mantenimiento de la red ferroviaria fue de 721,8 millones de euros, mientras que en 2024 ascendió a 1.062,5 millones y en 2025 se situó en torno a 1.120 millones, según los datos provisionales publicados. La comparación entre 2017 y 2025 representa un incremento nominal cercano al 55%. También aumentó el gasto por kilómetro de infraestructura, desde aproximadamente 45.150 euros en 2017 hasta 71.200 euros en 2025, de acuerdo con las cifras difundidas por Adif y recogidas por Europa Press.
Estos datos muestran un incremento nominal de los recursos destinados al mantenimiento, pero no permiten concluir automáticamente que las necesidades de conservación estén completamente cubiertas. La utilización de la red también ha aumentado, especialmente en alta velocidad, y ese crecimiento puede incrementar el desgaste de las infraestructuras y las exigencias de mantenimiento. Un análisis de RTVE publicado en febrero de 2026 examinó precisamente la evolución del gasto en relación con la actividad ferroviaria. Por tanto, la comparación presupuestaria permite cuestionar cualquier afirmación que ignore el aumento nominal del mantenimiento durante los gobiernos socialistas, pero tampoco exonera al Ejecutivo actual de explicar si ese gasto ha sido suficiente, cómo se ha distribuido y qué deficiencias continúan pendientes. La misma exigencia debe aplicarse a los gobiernos anteriores: las infraestructuras ferroviarias requieren inversiones sostenidas durante décadas y sus problemas no pueden evaluarse prescindiendo del historial de conservación y renovación.
Feijóo propone realizar auditorías urgentes, actuar corredor a corredor y aceptar interrupciones temporales del servicio cuando resulten necesarias para garantizar la seguridad. También anuncia su intención de recuperar compensaciones económicas por retrasos. Estas medidas pueden responder a preocupaciones legítimas de los viajeros, pero requieren una planificación técnica y presupuestaria detallada. Algunas deficiencias pueden corregirse mediante actuaciones inmediatas, mientras que otras necesitan proyectos de renovación, contratación pública, materiales especializados y periodos prolongados de ejecución. La eficacia de un plan ferroviario debe medirse por la reducción de riesgos, la mejora de la fiabilidad y la recuperación de la confianza de los usuarios, no únicamente por el número de auditorías anunciadas. Y para valorar las responsabilidades políticas resulta imprescindible examinar tanto las decisiones del Gobierno actual como las adoptadas durante los anteriores ejecutivos del Partido Popular.
8. CENTROS DE DATOS: INVERSIÓN TECNOLÓGICA, AGUA Y CAPACIDAD ELÉCTRICA
Feijóo se muestra favorable a la implantación de centros de datos y propone establecer obligaciones de reutilización del agua para reducir su impacto ambiental. Su posición parte de una realidad económica: estas instalaciones son esenciales para los servicios digitales, la computación en la nube y la inteligencia artificial, y pueden atraer inversiones importantes. Sin embargo, también requieren grandes cantidades de electricidad y, dependiendo de los sistemas de refrigeración utilizados, pueden consumir recursos hídricos significativos. La compatibilidad entre desarrollo tecnológico y sostenibilidad no depende únicamente de anunciar medidas de reutilización, sino de establecer condiciones ambientales verificables, supervisar su cumplimiento y garantizar que las nuevas instalaciones no comprometan otros usos esenciales del agua y de la electricidad.
Aragón constituye uno de los principales ejemplos de esta expansión. La comunidad, gobernada por el Partido Popular desde 2023, ha concentrado anuncios de inversión de gran dimensión. En mayo de 2024, Amazon Web Services anunció una ampliación de sus inversiones en centros de datos en Aragón, con una previsión de 15.700 millones de euros durante diez años. También Microsoft ha anunciado proyectos de infraestructuras digitales en la comunidad. La Comunidad de Madrid, gobernada por el PP desde hace décadas, también se ha consolidado como un importante centro de actividad para este sector. Estos proyectos muestran que los gobiernos autonómicos del Partido Popular participan activamente en la promoción de infraestructuras tecnológicas cuya demanda energética y, en determinados casos, hídrica exige una planificación especialmente cuidadosa. No obstante, debe distinguirse entre inversiones anunciadas, proyectos declarados de interés autonómico, autorizaciones ambientales concedidas y centros efectivamente construidos. La existencia de un proyecto no demuestra por sí sola que se haya autorizado sin garantías ambientales.
La cuestión adquiere especial importancia al relacionarla con las declaraciones de Feijóo sobre la insuficiencia de las redes eléctricas para atender nuevos desarrollos residenciales. Si la capacidad de conexión constituye un obstáculo para determinadas promociones de vivienda, resulta necesario explicar cómo se está planificando simultáneamente la incorporación de centros de datos que también pueden necesitar suministros eléctricos de elevada potencia. Esta pregunta no implica que ambas actividades compitan necesariamente por la misma capacidad ni que los centros de datos estén desplazando a las viviendas, algo que requeriría pruebas específicas. Lo que pone de manifiesto es la necesidad de coordinar la planificación energética, las autorizaciones de nuevas instalaciones y las inversiones en infraestructuras.
En materia de agua, la evaluación debe realizarse proyecto por proyecto. Algunos centros utilizan sistemas de refrigeración evaporativa, mientras que otros recurren a circuitos cerrados o tecnologías que reducen considerablemente el consumo directo. Las condiciones climáticas, la potencia instalada y el diseño determinan las necesidades de cada instalación. Si Feijóo considera imprescindible establecer obligaciones de reutilización, debería concretar cómo se aplicarían a los proyectos impulsados en comunidades gobernadas por su partido y qué mecanismos garantizarían su cumplimiento. La exigencia debe ser la misma para todas las administraciones: información pública sobre consumos previstos, autorizaciones ambientales transparentes, seguimiento de los recursos utilizados y medidas correctoras cuando resulten necesarias.
9. EL BALANCE DE LAS PROPUESTAS: LO QUE ANUNCIA FEIJÓO Y LO QUE TODAVÍA DEBE CONCRETAR
La entrevista permite identificar una orientación política centrada en la revisión de la intervención empresarial del Estado, la profesionalización de la gestión, la reducción de determinados costes energéticos y la mejora de las infraestructuras. Sin embargo, las propuestas presentan distintos grados de concreción. La revisión de las participaciones públicas necesita definir qué sectores considera estratégicos y qué instrumentos garantizarían la soberanía nacional. La prolongación nuclear requiere informes técnicos, autorizaciones y evaluaciones económicas. La rebaja del impuesto eléctrico debe acompañarse de estimaciones sobre el ahorro efectivo para los consumidores. Las inversiones en redes necesitan proyectos, financiación y calendarios. Las auditorías ferroviarias deben traducirse en actuaciones de mantenimiento y renovación, mientras que la expansión de centros de datos exige garantías sobre el consumo de agua y electricidad.
Los antecedentes de los gobiernos de Aznar y Rajoy aportan elementos relevantes para evaluar estas propuestas. El nombramiento de Juan Villalonga y las controversias sobre sus remuneraciones muestran la importancia de establecer garantías de independencia empresarial. El rescate bancario recuerda que determinadas decisiones de intervención pública pueden tener consecuencias presupuestarias prolongadas. Las reformas energéticas de la etapa de Rajoy permiten examinar los efectos de la regulación sobre el autoconsumo y la seguridad jurídica de las inversiones renovables. Los datos de mantenimiento ferroviario obligan a considerar la evolución del gasto durante diferentes gobiernos, mientras que las estadísticas de vivienda muestran la necesidad de evaluar los resultados de las políticas autonómicas y municipales. Estos antecedentes no invalidan automáticamente las propuestas actuales de Feijóo, pero sí impiden analizarlas como si el Partido Popular careciera de experiencia de gobierno o de responsabilidades históricas en los sectores sobre los que ahora plantea reformas.
La comparación también debe evitar una conclusión simplificadora: que una inversión sea mayor no demuestra por sí sola una gestión más eficaz; que exista vivienda protegida no significa necesariamente que aumente el parque público permanente; que una empresa sea estratégica no obliga automáticamente a mantener participación estatal; y que una política haya provocado controversias judiciales no permite atribuir todos sus costes a una única decisión. La exigencia de rigor consiste precisamente en comparar magnitudes equivalentes, identificar las competencias de cada administración y distinguir entre resultados acreditados, compromisos anunciados y responsabilidades pendientes de determinar.
CONCLUSIÓN: LA COHERENCIA ENTRE LAS PROMESAS Y LA EXPERIENCIA DE GOBIERNO
Las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo contienen propuestas de considerable alcance económico y estratégico. La revisión de las participaciones del Estado en empresas relevantes, la prolongación de la actividad nuclear, la reducción de impuestos eléctricos, las inversiones en redes, las auditorías ferroviarias y el apoyo a los centros de datos afectarían a sectores esenciales para el funcionamiento de España. Sin embargo, el alcance real de estas iniciativas dependerá de las decisiones concretas que se adopten, de los recursos disponibles y de los mecanismos establecidos para garantizar su eficacia y transparencia.
La trayectoria del Partido Popular en el Gobierno central y en distintas comunidades autónomas constituye una parte necesaria de ese análisis. Los antecedentes de Telefónica durante la etapa de Aznar, las reformas energéticas y el rescate bancario durante el Gobierno de Rajoy, las inversiones históricas en mantenimiento ferroviario y los resultados autonómicos en materia de vivienda ofrecen información relevante para contrastar el discurso actual con la experiencia de gestión. La coherencia política exige que las propuestas de reforma se acompañen de una explicación sobre los errores y aciertos de las políticas anteriores, especialmente cuando quienes las defienden pertenecen a una formación que ya ha ejercido responsabilidades de gobierno en esos mismos ámbitos.
Feijóo reclama profesionalidad, seguridad, eficiencia y rigor económico. Son objetivos que pueden evaluarse mediante criterios verificables: procedimientos transparentes de nombramiento, costes públicos documentados, inversiones ejecutadas, indicadores de seguridad, viviendas efectivamente incorporadas al parque asequible y condiciones ambientales exigibles. El debate de fondo no debería resolverse mediante promesas generales ni mediante la atribución automática de todos los problemas al adversario político, sino mediante una comparación documentada entre lo que cada Gobierno anunció, lo que realmente hizo y los resultados que obtuvo. Ese es el examen al que deben someterse tanto las propuestas de Feijóo como las actuaciones del Ejecutivo actual.
EPÍLOGO: EL PROBLEMA NO ES LO QUE FEIJÓO PROMETE, SINO LO QUE EL PARTIDO POPULAR YA HIZO
Conviene terminar este recorrido regresando al episodio con el que comenzó: Mariano Rajoy llegó a las elecciones generales de noviembre de 2011 defendiendo que subir los impuestos perjudicaría a las familias y dificultaría la recuperación económica. Ganó las elecciones por mayoría absoluta y, apenas nueve días después de tomar posesión como presidente del Gobierno, aprobó una subida del IRPF y del IBI mediante el Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, publicado en el Boletín Oficial del Estado. Su Ejecutivo justificó la decisión por la situación presupuestaria que afirmaba haber encontrado. Pero la explicación no borra la contradicción entre lo prometido y lo aprobado. Aquella fue una demostración temprana de que el discurso electoral del Partido Popular podía quedar desmentido por sus primeras decisiones de gobierno. No hace falta atribuir a Rajoy una intención previa de engañar que no está demostrada. Los hechos son suficientemente elocuentes: pidió el voto defendiendo una orientación fiscal y, una vez alcanzado el poder, adoptó medidas contrarias a ella. Y ese precedente resulta particularmente incómodo cuando Alberto Núñez Feijóo vuelve a presentarse ante los españoles con promesas de rebajas fiscales, eficiencia económica y soluciones aparentemente sencillas para problemas que su propio partido tampoco resolvió cuando tuvo la oportunidad de hacerlo.
Lo verdaderamente preocupante del discurso de Feijóo no es que un dirigente de la oposición critique al Gobierno —una función legítima y necesaria en democracia—, sino la facilidad con la que pretende separar sus propuestas del historial político de la formación que preside. El Partido Popular no es una organización sin experiencia de gobierno, ni Aznar y Rajoy son personajes ajenos a su trayectoria. Durante sus mandatos se adoptaron decisiones de enorme trascendencia para el patrimonio público, el sistema financiero, la regulación energética y las infraestructuras. La privatización de grandes empresas durante la etapa de Aznar transformó la presencia del Estado en sectores estratégicos; el rescate bancario desarrollado durante la crisis financiera comprometió cuantiosos recursos públicos; las reformas energéticas de Rajoy introdujeron restricciones al autoconsumo y modificaciones retributivas que desembocaron en litigios internacionales; y las cifras de mantenimiento ferroviario muestran un esfuerzo presupuestario nominalmente inferior al registrado en ejercicios posteriores. Ninguno de estos antecedentes puede desaparecer del debate porque ahora resulte electoralmente conveniente hablar de soberanía nacional, profesionalidad, electricidad barata o seguridad ferroviaria. La responsabilidad política no prescribe cuando cambia el presidente de un partido, y la memoria de las decisiones de gobierno no puede sustituirse por una colección de promesas cuidadosamente formuladas.
Existe, además, una contradicción especialmente reveladora cuando se compara la orientación de Feijóo con la de otros gobiernos europeos de centroderecha. Francia y Alemania han mantenido participaciones públicas relevantes en sus grandes operadores históricos de telecomunicaciones, porque consideran que determinadas infraestructuras poseen una dimensión estratégica que trasciende la rentabilidad inmediata. No se trata de afirmar que la propiedad pública sea siempre la mejor solución, sino de reconocer que la intervención del Estado puede constituir una herramienta legítima para proteger intereses nacionales. Resulta difícil comprender que Feijóo invoque constantemente la soberanía española mientras cuestiona la presencia pública en compañías estratégicas sin explicar qué instrumentos ofrecerían una protección equivalente. La derecha europea no responde a un modelo económico único, y precisamente por eso sorprende que el Partido Popular presente determinadas preferencias privatizadoras como si fueran consecuencias inevitables de la buena gestión. Gobernar exige distinguir entre lo que puede dejarse al mercado y aquello cuya importancia para la seguridad, la autonomía tecnológica o los servicios esenciales justifica una intervención pública. Confundir la reducción de la presencia del Estado con una mejora automática de la eficiencia no constituye una política económica rigurosa, sino una simplificación ideológica que necesita pruebas.
El debate conduce inevitablemente a una cuestión más profunda: ¿a quién benefician realmente las decisiones económicas de un Gobierno y quién termina soportando sus costes? La vieja crítica a una España en la que un reducido número de familias y grandes intereses económicos ejercía una influencia desproporcionada sobre el poder político sigue siendo una referencia útil para examinar la relación entre riqueza, empresas estratégicas y decisiones públicas. La imagen de las «200 familias» puede funcionar como una metáfora de esa concentración de influencia, pero no debe presentarse como una descripción estadística de la España actual ni como una cita literal de Emilio Romero sin una fuente que la acredite https://tinyurl.com/w4th9en2 La cuestión importante no es demostrar que España esté gobernada por un número determinado de familias, sino exigir transparencia sobre quién gana, quién pierde y quién paga cuando se privatizan activos, se rescatan entidades financieras, se modifican las reglas de inversión o se decide reducir la participación del Estado en sectores estratégicos. Defender la iniciativa privada es legítimo; convertir los intereses particulares en criterio suficiente para orientar las decisiones públicas sería incompatible con la obligación de gobernar para el conjunto de la ciudadanía. Y esa exigencia debe aplicarse con idéntico rigor a cualquier partido que ejerza el poder.
Las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular tampoco pueden quedar fuera de este examen. Feijóo denuncia problemas de vivienda, suministro eléctrico y desarrollo económico mientras gobiernos de su formación administran competencias decisivas sobre suelo, urbanismo, vivienda protegida y autorizaciones de grandes proyectos. Los datos analizados en este post muestran diferencias significativas entre la construcción de vivienda libre y protegida en determinados territorios, al tiempo que comunidades como Aragón y Madrid impulsan importantes inversiones en centros de datos que requieren planificación energética y garantías ambientales. Nada de ello demuestra por sí solo una actuación irregular ni permite atribuir todos los problemas a los gobiernos autonómicos. Pero sí impide sostener que las responsabilidades se concentran exclusivamente en la Administración central. La coherencia política exige aplicar a los propios gobiernos las mismas preguntas que se dirigen al adversario: qué se prometió, qué se autorizó, cuánto se invirtió, qué resultados se obtuvieron y qué problemas continúan sin resolver.
El mayor riesgo para la calidad de nuestra democracia aparece cuando las promesas sustituyen a los programas verificables, las consignas reemplazan a las explicaciones económicas y la memoria de los gobiernos anteriores se convierte en un estorbo que conviene ocultar. La experiencia de Rajoy en 2011 recuerda que una promesa fiscal puede incumplirse casi inmediatamente después de ganar unas elecciones. La experiencia de las reformas energéticas demuestra que modificar las reglas de un sector puede generar consecuencias jurídicas y económicas durante años. La historia del rescate bancario obliga a preguntarse por el destino del dinero público, mientras que los debates sobre vivienda, redes eléctricas y ferrocarril muestran que las infraestructuras y los servicios esenciales no se transforman mediante declaraciones grandilocuentes. Gobernar no consiste en anunciar que todo funcionará mejor porque cambien las personas que ocupan los despachos. Consiste en tomar decisiones, financiar sus consecuencias y responder por los resultados.
Feijóo tiene derecho a defender su proyecto político y los ciudadanos tienen derecho a apoyarlo o rechazarlo. Pero también tienen derecho a exigirle que explique por qué deberían considerar novedosas unas recetas que proceden de una formación con una larga trayectoria de gobierno, qué errores reconoce de las etapas de Aznar y Rajoy y qué garantías ofrece para no repetirlos. Una propuesta no se convierte en creíble por presentarse con solemnidad, ni una crítica al Gobierno adquiere automáticamente autoridad porque se pronuncie desde la oposición. La credibilidad se construye con coherencia, documentación, capacidad de rectificación y resultados comprobables. Y en ese terreno, el Partido Popular tiene un historial que merece ser examinado sin indulgencia, pero también sin exageraciones que debiliten la fuerza de los hechos.
La lección que deja este recorrido es contundente: antes de entregar nuevamente el poder a quienes prometen corregir todos los males del país, resulta imprescindible examinar qué hicieron cuando ya lo tuvieron. La hemeroteca no demuestra que todos los dirigentes del Partido Popular actúen con las mismas intenciones, ni permite afirmar que una ideología sea responsable de todos los problemas de España. Lo que sí documenta son decisiones, incumplimientos, controversias y consecuencias que ningún análisis serio debería ignorar. Y esa es precisamente la debilidad del discurso de Feijóo: pretende convencer a los españoles de que conoce las soluciones sin ofrecer una explicación suficiente sobre las responsabilidades y los errores de su propio partido.
Mariano Rajoy prometió no subir los impuestos y los subió nada más llegar al Gobierno. Alberto Núñez Feijóo vuelve a prometer una gestión más eficaz, una energía más barata, mejores infraestructuras y un Estado administrado con rigor. Entre ambas escenas median años de historia política que no pueden borrarse con una entrevista ni con un cambio de liderazgo. Porque las promesas pertenecen al futuro, pero los antecedentes están escritos. Y cuando un partido vuelve a pedir la confianza de los ciudadanos, tiene la obligación de responder no solo por lo que dice que hará, sino también por lo que hizo cuando gobernó.
Ya lo dijo Aristóteles: «El castigo de los embusteros es no ser creídos, aun cuando digan la verdad».