Hay una escena muy conocida en cualquier empresa, institución o incluso en cualquier equipo: se nombra deprisa a alguien para un puesto clave pensando más en la conveniencia inmediata que en las consecuencias del nombramiento, y durante un tiempo todo se sostiene por pura inercia. Pero llega un momento en que la realidad se impone, el error se vuelve imposible de ocultar y quienes lo promovieron se ven obligados a rectificar. El problema es que, cuando eso ocurre, el daño ya está hecho: no solo queda desautorizada la persona nombrada, sino también quien la eligió. Porque corregir un nombramiento no borra el error inicial, sino que lo confirma. Y eso es precisamente lo más grave: que la rectificación, lejos de cerrar la crisis, se convierte en la prueba más evidente de que el criterio aplicado al principio fue equivocado.
Lejos de reforzar a dos compañías estratégicas para España, la actuación del Gobierno a través de la SEPI ha acabado proyectando en Indra y Telefónica una combinación de intervencionismo político, desorden societario y desalineamiento con la lógica industrial que hoy impulsa la Unión Europea. Lo que debía servir para aportar estabilidad, visión de largo plazo y fortaleza competitiva ha terminado derivando en crisis de gobernanza, ambigüedad estratégica y destrucción de credibilidad ante los mercados. Los casos de Indra y Telefónica no son episodios aislados, sino la expresión de un mismo error de fondo: haber confundido la política industrial con el control político de empresas clave en un momento en que Europa exige justamente lo contrario.
El 1 de abril presentaba la dimisión de la presidencia de Indra, Ángel Escribano, así consta en la comunicación oficial remitida por Indra a la CNMV ese mismo día.
La continuidad de Ángel Escribano al frente de Indra quedó muy debilitada por el choque entre la dirección de la compañía y el Gobierno, a través de la SEPI, en torno a la frustrada operación con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), la empresa de la familia Escribano. El núcleo del problema fue el conflicto de interés que planteaba que Indra estudiara una operación con una empresa vinculada directamente a su propio presidente y a su entorno accionarial. En ese contexto, la presión institucional y societaria fue creciendo durante marzo, hasta el punto de que distintos medios informaron de que el Gobierno había instado a la SEPI, principal accionista de Indra, a propiciar la salida de Escribano de la presidencia.
La noticia, por tanto, presenta la dimisión como el desenlace de una crisis de gobernanza que ya venía abierta desde que se cuestionó la operación con EM&E. Primero se frenó esa integración y después quedó tocada la posición de Escribano dentro de Indra. Finalmente, el 1 de abril, Indra comunicó a la CNMV que el consejo había tomado razón de su renuncia formal. En la carta incorporada a esa comunicación, Escribano explicó que los acontecimientos de las últimas semanas le habían provocado un fuerte desgaste y que no quería que su continuidad comprometiera la estabilidad de la empresa, a sus profesionales ni la confianza de los inversores. Al día siguiente, Reuters informó además de que la salida se producía tras el fracaso del acuerdo con EM&E y después de la presión del entorno público accionarial, mientras Indra abría ya la sucesión en la presidencia https://bit.ly/3PIh409
Ángel Escribano se quedó sin los 2.000 millones de euros que, según ese planteamiento, pretendía obtener de Indra por EM&E en una operación presentada como claramente afectada por un conflicto de interés, y añade que intentó sacarla adelante ante el consejo de administración, del que cinco miembros habrían dimitido para no respaldarla, en un contexto en el que también se menciona la influencia de Joseph Oughourlian, presidente de Prisa y accionista con un 5% de Indra. Asimismo Escribano, ha sido recientemente distinguido como empresario del año por Cinco Días (PRISA), habría sido responsable de una caída cercana al 25% en la cotización de Indra, de modo que su enfrentamiento con el Gobierno se habría traducido en una pérdida de 2.500 millones de euros de capitalización bursátil, con un impacto personal estimado en casi 360 millones de euros por su participación del 14,3% en la compañía. El coste total de esta pugna en el capital de la compañía Indra ha costado 4.500 millones de euros para sus accionistas https://bit.ly/3POvKL5
La crisis de Indra se fue gestando durante casi dos años alrededor de la relación entre la compañía y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E). Primero, EM&E fue aumentando su peso en el capital de Indra: compró un 3 % en mayo de 2023, elevó su participación al 8 % en noviembre de ese año y la llevó al 14,3 % en diciembre de 2024, lo que la convirtió en el segundo accionista por detrás de la SEPI. En paralelo, la familia Escribano fue ganando presencia en la gobernanza de Indra: Javier Escribano pasó a representar a EM&E en el consejo y, ya en enero de 2025, Ángel Escribano fue elegido presidente de Indra; poco después, Javier lo relevó al frente de EM&E. Ese es el punto de partida de la crisis: la misma familia tenía un peso muy relevante tanto en la empresa compradora potencial como en la empresa objetivo.
A partir de ahí, durante 2025 la posible integración entre Indra y EM&E dejó de ser una idea informal y pasó a estructurarse de manera más seria. Indra encargó a KPMG un análisis preliminar, en julio aprobó un protocolo específico para ordenar una eventual operación y creó una comisión ad hoc para examinarla y vigilar si existían conflictos de interés. En otoño, la compañía insistió en que no tenía prisa por cerrar nada, pero en noviembre Javier Escribano llegó a decir que la fusión podría materializarse en el primer trimestre de 2026. El 10 de diciembre, el consejo de administración consideró que la operación era “coherente con la estrategia” del grupo, apoyándose en informes internos, en el trabajo de la comisión ad hoc y en asesores externos; además, Ángel y Javier Escribano quedaron apartados de esa deliberación por su evidente conflicto de interés https://bit.ly/4c0PQcu
La situación estalló ya en el año 2026. El 31 de enero, Indra autorizó a su consejero delegado, José Vicente de los Mozos, a negociar la estructura de la operación, y en febrero la CNMV hizo público, por indicación propia, el protocolo que regulaba ese posible acuerdo. Pero a mediados de marzo el foco dejó de estar en la lógica industrial y pasó a centrarse en la gobernanza. Reuters informó de que el Gobierno había instado a la SEPI, primer accionista de Indra con un 28 %, a promover la salida de Ángel Escribano por la disputa generada en torno a la compra de la empresa familiar. El 18 de marzo, la SEPI pidió expresamente a Indra que resolviera antes el conflicto de interés; al día siguiente, EM&E se retiró de la operación, Indra dio por concluido el proceso y la cotización llegó a sufrir un fuerte castigo en bolsa. Ese mismo día, además, la vicepresidenta María Jesús Montero sostuvo que el Gobierno no conocía que se estuviera explorando esa operación antes de que Ángel Escribano llegara a la presidencia https://bit.ly/4tttHe7
La noticia sitúa el desenlace en los últimos días de marzo y el 1 de abril. El 25 de marzo hubo un consejo de administración en medio de rumores sobre su relevo, pero Ángel Escribano se mantuvo en el cargo. Finalmente, el 1 de abril presentó su dimisión formal como consejero y presidente ejecutivo de Indra. En la carta remitida a la CNMV explicó que los acontecimientos de las últimas semanas le habían provocado “desgaste personal” y que su continuidad podía interferir en la estabilidad de la compañía, en sus profesionales y en la confianza de los inversores. El consejo tomó razón de la renuncia, agradeció su contribución y puso en marcha el proceso de sucesión. En otras palabras, la cronología concluye con que una operación que Indra había llegado a estudiar como estratégica terminó bloqueada por el conflicto de interés asociado a la doble condición de la familia Escribano: accionista y parte interesada en ambos lados de la posible transacción https://bit.ly/4bNcgPA
El error del Gobierno no fue solo mover nombres, sino convertir a la SEPI en una palanca de poder dentro de dos empresas estratégicas en un momento en que lo que exigían los mercados y Bruselas era justamente lo contrario: estabilidad, previsibilidad y una dirección empresarial nítida. En Telefónica, la SEPI culminó el 10% del capital el 20 de mayo de 2024 y, el 18 de enero de 2025, promovió el relevo de José María Álvarez-Pallete tras algo más de ocho años que fueron calamitosos para los 950.000 accionistas de la operadora, fue sustituido por Marc Murtra; dos días después, la agencia Reuters recogía que la acción caía en torno al 3% por el temor a la injerencia política. Ese movimiento ya dejaba una señal muy clara: el Gobierno había decidido que una gran cotizada española podía ser intervenida desde el accionista público con lógica política y no industrial, como sucede en países como Francia y Alemania con sus respectivos operadores, Orange y Deutsche Telekom.
Ese método chocaba de frente con la dirección que estaba marcando la Unión Europea para el sector de las telecomunicaciones. El Digital Networks Act (DNA), presentado por la Comisión, plantea modernizar el marco de conectividad para impulsar innovación e inversión en infraestructuras digitales avanzadas y resilientes. Sin embargo, en vez de reforzar esa lógica de confianza inversora, el Gobierno abrió un melón en Telefónica con la presidencia de Murtra que resultó ser más de lo mismo de lo que venía sucediendo con el “palletismo”. Y el desenlace estratégico tampoco ayudó: el 4 de noviembre del año 2025 la compañía presidida por Murtra presentó el plan estratégico, Transform & Grow, en el cual se contemplaba para el año 2026 un dividendo de solo 0,15 euros por acción y la cotización se desplomó casi un 10% en la misma sesión. La imagen final fue la de una Telefónica forzada a recomponer credibilidad con ajustes financieros, cuando Europa estaba pidiendo escala, inversión y certidumbre.
En Indra, el error fue todavía más grave porque afectó de lleno a la gobernanza de la principal referencia española en defensa. El 17 de marzo de 2026 Reuters informó de que el Gobierno había urgido a la SEPI a forzar la salida de Ángel Escribano por la disputa sobre la posible compra por parte de Indra de EM&E, la empresa de su propia familia. Dos días después, el 19 de marzo, la CNMV comunicó que EM&E se retiraba de la operación y que el proceso quedaba concluido; el 1 de abril, la propia CNMV publicó la dimisión formal de Escribano como consejero y presidente ejecutivo. Es decir, el Gobierno primero permitió que el problema creciera dentro de una empresa estratégica y después tuvo que intervenir de forma abrupta para apagar una crisis que ya estaba abierta y cada vez adquiría proporciones más graves.
Ese episodio también dejó a España desalineada con la hoja de ruta europea en defensa. La Comisión ha fijado con EDIS una visión de política industrial de defensa hasta 2035, y con el Libro Blanco Readiness 2030 ha subrayado la necesidad de identificar necesidades de inversión y promover un gasto más inteligente y conjunto para construir capacidades europeas. Justo cuando Europa exige acelerar proyectos, reforzar cadenas industriales y dar señales de estabilidad a largo plazo, España sumió a Indra en un choque de intereses, una operación frustrada y un relevo de urgencia en la presidencia. Visto en conjunto, el fallo del Gobierno no fue de detalle ni de comunicación: fue un error de concepción. En vez de proteger compañías estratégicas fortaleciendo su autonomía y alineándolas con la lógica industrial europea, las sometió a una lógica de control político que generó desorden, desconfianza y pérdida de rumbo.
El desalineamiento no está en reconocer que el sector europeo de las telecomunicaciones necesita más escala, más inversión y un marco menos fragmentado, porque ese diagnóstico también aparece en la propia Comisión Europea. En la consulta del Libro Blanco sobre las infraestructuras digitales, Bruselas identifica precisamente los problemas de inversión, la falta de un verdadero mercado único de telecomunicaciones, la fragmentación del espectro y la necesidad de reforzar la innovación y las capacidades industriales de toda la cadena de valor. Más aún, con el Digital Networks Act (DNA), la Comisión ha fijado como objetivo modernizar, simplificar y armonizar las reglas de conectividad para impulsar la inversión y la innovación en infraestructuras digitales avanzadas y resilientes. El problema, por tanto, no está en hablar de escala, sino en reducir esa escala casi exclusivamente a una agenda de fusiones que defiende Murtra https://bit.ly/4sQcdZu
Ahí es donde la posición de Marc Murtra aparece desalineada con total claridad. Reuters recogió que Telefónica vincula sus posibles movimientos estratégicos a que la Unión Europea adopte en la práctica una política más blanda en materia de fusiones y adquisiciones, y que el grupo contempla oportunidades de consolidación siempre que cambie esa política de M&A. Es decir, la lógica que se proyecta desde Telefónica presenta la consolidación societaria como la gran palanca para recuperar soberanía tecnológica y capacidad competitiva. Sin embargo, la respuesta que la Comisión está desplegando no se apoya solo ni principalmente en absorber competidores, sino en construir capacidades compartidas, interoperables a nivel continental https://bit.ly/41aISg4
La mejor prueba de ello es que la Comisión está impulsando instrumentos de cooperación industrial mucho más cercanos a la lógica de consorcio, federación tecnológica y coinversión que a la de una gran concentración empresarial clásica que defiende Murtra. La Alianza Europea para Datos, Edge y Cloud se creó precisamente para fomentar el desarrollo y despliegue de tecnologías de nueva generación mediante trabajo conjunto entre empresas, Estados y expertos. El IPCEI-CIS se define como el primer ecosistema europeo interoperable y abiertamente accesible de procesamiento de datos del cloud al edge por múltiples proveedores. Y en marzo de este 2026 la propia Comisión presentó EURO-3C, como una gran infraestructura Telco-Edge-Cloud federada, con 87 miembros de consorcio, alineada con el Digital Networks Act y concebida para reforzar el mercado único de telecomunicaciones y la soberanía tecnológica europea. Ese marco comunitario dibuja una escala basada en cooperación estructurada, interoperabilidad y plataformas comunes, no en una simple reducción del número de operadores por la vía accionarial https://bit.ly/4v6Jwsv
A ello se añade un elemento jurídico e industrial de gran relevancia: las directrices europeas sobre cooperación horizontal contemplan expresamente acuerdos de producción conjunta, especialización y otras fórmulas de colaboración entre empresas, mientras que las joint ventures con funciones plenas quedan sometidas al Reglamento de concentraciones. Dicho de otro modo, el ordenamiento europeo no obliga a elegir entre el inmovilismo y las grandes fusiones, sino que abre un amplio espacio para fórmulas intermedias de cooperación empresarial. Por eso conviene subrayar en el post que la lógica industrial de la Comisión deja margen para joint ventures, acuerdos de producción, plataformas compartidas y consorcios paneuropeos, mientras que el planteamiento defendido por Murtra desplaza el foco hacia una tesis mucho más estrecha y de muy difícil encaje en la Europa actual: una nueva ola de fusiones y adquisiciones. Esa visión choca con una realidad política evidente, marcada por el nacionalismo económico con el que muchos Estados protegen sus activos estratégicos. Ahí están, como ejemplos, el caso del Gobierno italiano con Telecom Italia o la tradicional defensa por parte del Estado francés de sectores considerados esenciales, como el ferroviario, frente a dinámicas de apertura que puedan reducir su control nacional. https://bit.ly/4v9dqwe
Visto así, el cortocircuito es nítido. Bruselas está intentando construir soberanía digital europea mediante infraestructuras federadas, cooperación industrial y marcos comunes que permitan compartir riesgo inversor y acelerar despliegues tecnológicos. Murtra, en cambio, ha situado el acento en la concentración corporativa como condición casi previa para ganar tamaño. Esa diferencia no es menor: una joint venture o un consorcio encajan mejor con la lógica comunitaria de interoperabilidad, reparto de inversión y construcción de capacidades comunes, mientras que una estrategia centrada en fusiones depende de cambios regulatorios inciertos, exige procesos más largos y traslada la idea de que el problema europeo se resolverá reduciendo operadores, cuando la Comisión está trabajando más bien en articular ecosistemas industriales compartidos https://bit.ly/3NEl4OE
El problema en Indra y Telefónica no fue solo el contenido de determinadas decisiones tomadas por la SEPI, sino la secuencia institucional con la que se actuó. En Telefónica, la entrada de la SEPI hasta el 10% culminó en mayo de 2024 y, pocos meses después, ese peso accionarial se tradujo en el relevo de José María Álvarez-Pallete por Marc Murtra a petición del accionista público. Poco después, el propio Murtra anunció que la revisión estratégica no concluiría hasta la segunda mitad del año 2025 y que, hasta entonces, Telefónica no daría guía de medio plazo. El resultado fue que una compañía intensiva en inversión, regulación y horizonte industrial quedó durante meses en una fase de transición estratégica precisamente cuando la Comisión estaba empujando una agenda de simplificación regulatoria, redes transfronterizas y refuerzo del mercado único digital https://bit.ly/48pnwzn
Ese contraste es relevante porque permite precisar mejor el desalineamiento. La Comisión Europea no niega que Europa necesite más escala en telecomunicaciones; al contrario, el Libro Blanco de 2024 y el Digital Networks Act parten del diagnóstico de que el sector sigue fragmentado en 27 mercados nacionales, con barreras para operar a escala europea y con dificultades para invertir e innovar. Pero la respuesta comunitaria no se formula como una simple invitación a que los operadores esperen una gran ola de fusiones, sino como un proceso más amplio de armonización normativa, eliminación de barreras transfronterizas y construcción de capacidades comunes. Por eso, el problema de la orientación marcada desde Telefónica no está en hablar de escala, sino en situar esa escala casi exclusivamente en el terreno de la consolidación corporativa, cuando la Comisión está trabajando con una caja de herramientas bastante más amplia https://bit.ly/4v3SjvD
A ello puede sumarse un argumento adicional: incluso en el debate europeo más reciente sobre competencia, la discusión no gira en torno a una desregulación general de las fusiones, sino a la posibilidad de facilitar determinados acuerdos paneuropeos bajo condiciones ligadas a la inversión, la innovación, la resiliencia y el empleo. Reuters informó en febrero de 2026 de que Bruselas estudiaba suavizar el camino para ciertas operaciones transfronterizas, pero no para cualquier concentración, sino en un marco donde el valor industrial del acuerdo tenga que ser acreditado. Ese matiz es importante, porque muestra que la propia discusión comunitaria es mucho más exigente y condicionada que la idea de que bastaría con abrir la puerta a una nueva oleada de M&A. En ese contexto, la apuesta de Murtra por ligar el futuro de Telefónica a un cambio “práctico” en la política europea de fusiones aparece como una estrategia dependiente de un factor externo e incierto, y no como una ejecución alineada con los instrumentos que Bruselas ya está activando https://bit.ly/416BO49
En paralelo, conviene remarcar que la política industrial europea en digital se está apoyando cada vez más en infraestructuras federadas y en mecanismos de cooperación tecnológica. La Comisión ha señalado que el DNA debe reforzar un mercado más integrado y competitivo, ha impulsado el IPCEI-CIS como primer ecosistema europeo interoperable y multi-proveedor de cloud-to-edge, y en marzo de 2026 presentó EURO-3C como una gran infraestructura Telco-Edge-Cloud federada, con 87 miembros de consorcio, alineada expresamente con el Digital Networks Act. Eso permite reforzar la tesis que mantengo con un dato muy concreto: la lógica industrial que hoy está desplegando Bruselas no se agota en la concentración accionarial, sino que descansa en interoperabilidad, coinversión, estándares comunes y consorcios de escala continental. Frente a eso, una estrategia centrada casi por completo en la expectativa de fusiones queda objetivamente más estrecha que el marco europeo realmente existente https://bit.ly/4dqW7Rg
En Indra, lo que puede añadirse es que el desalineamiento no solo fue estratégico, sino también orgánico. Mientras la Unión Europea, a través de EDIS, pide más inversión europea, más cooperación entre Estados y una industria de defensa más ágil y preparada, la principal empresa española del sector se vio absorbida por un conflicto de interés que terminó en una crisis de gobernanza. La CNMV comunicó el 1 de abril de 2026 la dimisión formal de Ángel Escribano y, al día siguiente, Indra tuvo que corregir su arquitectura de poder con el nombramiento de un presidente no ejecutivo, manteniendo a José Vicente de los Mozos como consejero delegado y primer ejecutivo. Esa rectificación institucional es un dato muy importante, porque demuestra que el modelo previo no solo generó ruido político y bursátil, sino que además tuvo que ser corregido de inmediato para aproximarse a un esquema más ortodoxo de gobierno corporativo https://bit.ly/4c1DCQJ
El Gobierno español no solo intervino en dos compañías estratégicas, sino que lo hizo de una forma que terminó obligándole a gestionar las consecuencias de su propia intervención. En Telefónica, esa actuación desembocó en una etapa de ambigüedad estratégica que dio paso a un plan centrado en el desapalancamiento y en la preparación de eventuales operaciones corporativas, acompañado además de un recorte del dividendo en el año 2026 que provocó una intensa destrucción de valor bursátil. En Indra, el efecto fue aún más grave: una crisis de gobernanza en toda regla, la retirada de una operación societaria marcada por el conflicto de interés y una rectificación urgente de la estructura de mando. Mientras Bruselas trata de aportar estabilidad regulatoria, coordinar inversiones y articular capacidades europeas compartidas, en España tanto Indra como Telefónica han acabado proyectando una pauta de actuación mucho más errática: primero se utiliza la SEPI para alterar el equilibrio interno de ambas compañías y, después, se intenta recomponer la situación cuando afloran los costes en términos de gobernanza, credibilidad y alineamiento estratégico https://bit.ly/4m7LRzv
En el fondo, el problema no termina en la crisis de Indra ni en la ambigüedad estratégica de Telefónica, sino en el coste de oportunidad que todo ello ha supuesto para España. Justo cuando la Unión Europea está redefiniendo sus prioridades en defensa, soberanía tecnológica, conectividad e infraestructuras críticas, el Gobierno español ha llevado a sus dos principales compañías estratégicas a escenarios de inestabilidad interna, ruido político y correcciones de urgencia. El resultado no es solo un deterioro de la gobernanza o una pérdida de credibilidad ante el mercado, sino también una menor capacidad para situar a España en condiciones de liderazgo dentro del nuevo ciclo industrial europeo. Ese es el verdadero alcance del error: haber confundido la dirección estratégica de empresas esenciales con una lógica de intervención política que, lejos de reforzar su papel, las debilitó precisamente cuando más estabilidad, autonomía y claridad industrial necesitaban.
No ha sido una política industrial de Estado, sino una política de control que ha terminado erosionando justo aquello que decía proteger.
Para terminar el post quiero manifestar que al final, la anécdota del principio se cierra sola: cuando un nombramiento obliga a ser corregido en tan poco tiempo, la rectificación no borra el error, sino que lo confirma. Eso es exactamente lo que ha ocurrido en Indra. La salida de Ángel Escribano el 1 de abril y la rápida recomposición del modelo de gobierno al día siguiente, con un presidente no ejecutivo y José Vicente de los Mozos como primer ejecutivo, evidencian que el esquema anterior había dejado de ser sostenible. La crisis no se resolvió defendiendo el nombramiento inicial, sino corrigiéndolo.
El problema es que, si en Indra el error ya ha sido enmendado, en Telefónica el desalineamiento estratégico persiste. La compañía sigue vinculando buena parte de su horizonte a una relajación práctica de la política europea de fusiones, mientras Bruselas está formulando su respuesta competitiva en términos bastante más amplios: una visión común que combine política industrial, inversión y reformas, un esfuerzo conjunto entre instituciones, Estados y empresas, y una superación de la fragmentación que no dependa solo de esperar una gran ola de M&A. Eso encaja mucho más con lo que plantean Draghi y Letta que con una lectura estrecha y casi exclusivamente corporativa de la escala. Por eso, el balance político es difícil de disimular: en Indra ya se ha corregido una dirección fallida; en Telefónica, en cambio, sigue pendiente la corrección de un rumbo que continúa más cerca de la lógica política con la que fue impulsado que de la lógica industrial que hoy reclama Europa. Cabe esperar, por tanto, que ahora que el Gobierno ha terminado su trabajo en Indra encuentre también tiempo para Telefónica, porque los informes de Mario Draghi y Enrico Letta insisten precisamente en lo contrario de lo que aquí se ha hecho: menos fragmentación, más coordinación, una visión común y una estrategia industrial de verdad alineada a nivel continental, no una cadena de decisiones políticas que luego haya que rectificar.
Ya lo dijo Peter Drucker: “No hay nada tan inútil como hacer con gran eficiencia algo que no debería haberse hecho en absoluto”.