A finales del siglo XX, Europa descubrió una paradoja que sigue teniendo plena vigencia: podía utilizar una tecnología extraordinariamente eficaz sin tener capacidad para decidir sobre su funcionamiento. El sistema estadounidense GPS se había convertido en una herramienta fundamental para la navegación y numerosas actividades económicas, pero su control permanecía en manos del Gobierno de Estados Unidos. La cuestión no era que el GPS funcionara mal, sino que Europa dependía de una infraestructura estratégica sobre la que no tenía la última palabra. Esa preocupación contribuyó al desarrollo de Galileo, el sistema europeo de navegación por satélite, concebido para dotar a la Unión de una capacidad propia y bajo control civil. La experiencia dejó una enseñanza que trasciende la navegación: contratar un servicio tecnológico puede resolver una necesidad inmediata, pero no equivale a disponer de autonomía sobre la infraestructura que lo hace posible. Europa no impulsó Galileo porque el GPS careciera de utilidad, sino porque comprendió que la eficacia comercial de una solución externa no sustituye la capacidad de decisión propia. La soberanía tecnológica comienza precisamente donde termina la dependencia inevitable de las decisiones ajenas.
La estrategia de Telefónica bajo la presidencia de Marc Murtra empieza a mostrar una preocupante distancia entre lo que proclama en Europa y lo que decide en sus negocios internacionales. Mientras se suma a una iniciativa de grandes operadores europeos para reforzar la soberanía tecnológica frente al avance de Starlink, apenas siete días después anuncia en Brasil una alianza comercial con la misma compañía cuya creciente influencia pretende contrarrestar. En Europa, autonomía estratégica; en Brasil, dependencia de la infraestructura de Elon Musk. La contradicción no demuestra ninguna ilegalidad, pero sí pone en cuestión la consistencia de una dirección empresarial que invoca la seguridad, la resiliencia y la independencia tecnológica sin explicar suficientemente cómo encajan esos principios con sus decisiones comerciales. A la luz de las recomendaciones del informe Niinistö, el problema no es que Telefónica pueda hacer ambas cosas, sino que pretenda defender una estrategia de soberanía tecnológica sin aclarar qué dependencias está dispuesta a reducir y cuáles acepta reforzar.
TELEFÓNICA Y STARLINK: LA INCONSISTENCIA ESTRATÉGICA DE LA COMPAÑÍA DE MARC MURTRA ANTE EL DESAFÍO DE LA SOBERANÍA TECNOLÓGICA EUROPEA
Dos acuerdos anunciados en apenas siete días revelan la distancia entre el discurso europeo de autonomía tecnológica y las decisiones comerciales de Telefónica. El informe Niinistö permite examinar una contradicción que, sin constituir una infracción legal demostrada, plantea importantes cuestiones sobre la coherencia de la estrategia empresarial, las dependencias tecnológicas y el control de las comunicaciones del futuro.
En apenas una semana, Telefónica, presidida por Marc Murtra, ha protagonizado dos movimientos empresariales que merecen un análisis conjunto por sus implicaciones para la soberanía tecnológica europea. El 19 de octubre de 2026, el diario económico Cinco Días informaba de que Telefónica, Deutsche Telekom, Orange y Vodafone habían firmado una carta de intenciones para estudiar una candidatura conjunta a la futura asignación europea de frecuencias destinadas a los servicios móviles por satélite. La iniciativa se presentaba como una respuesta al creciente protagonismo de Starlink, la infraestructura satelital de SpaceX, y perseguía reforzar la capacidad europea de decisión sobre una tecnología llamada a desempeñar un papel relevante en las telecomunicaciones. Sin embargo, el 26 de octubre, el mismo periódico publicaba que Telefónica Brasil había alcanzado un acuerdo con Starlink Mobile para ofrecer conectividad satelital directa a teléfonos móviles mediante su servicio Vivo Satélite, con una base potencial de aproximadamente 50 millones de clientes elegibles. La cuestión que surge de ambos anuncios no es si Telefónica puede legalmente colaborar con SpaceX en Brasil mientras participa en una iniciativa europea de conectividad satelital, sino si existe una estrategia industrial coherente detrás de dos decisiones que, contempladas conjuntamente, parecen responder a objetivos difícilmente conciliables: reducir la dependencia europea de proveedores tecnológicos externos y, simultáneamente, ampliar la presencia comercial de uno de esos proveedores mediante una filial del propio grupo. La diferencia entre ambos mercados y la distinta naturaleza de los acuerdos son circunstancias relevantes, pero no bastan para disipar una contradicción que afecta al discurso estratégico de la compañía.
La iniciativa anunciada el 19 de octubre tenía una finalidad que iba más allá de ampliar la cobertura móvil en territorios donde las redes terrestres resultan insuficientes. Telefónica, Deutsche Telekom, Orange y Vodafone pretendían estudiar una candidatura conjunta para acceder al espectro europeo de servicios móviles por satélite, particularmente en la banda de 2 GHz, y desarrollar un modelo de conectividad Direct-to-Device que permitiera establecer comunicaciones entre satélites y teléfonos móviles compatibles. En su comunicado oficial sobre la carta de intenciones, las cuatro compañías vincularon expresamente la propuesta con la soberanía tecnológica, la seguridad y la resiliencia de las comunicaciones europeas, así como con el propósito de ofrecer acceso abierto y no discriminatorio a otros operadores. La finalidad estratégica consistía en que Europa dispusiera de mayor capacidad de actuación sobre un servicio emergente que puede resultar importante tanto para la actividad económica como para la continuidad de las comunicaciones en situaciones de emergencia. No obstante, es necesario precisar que las empresas no anunciaron la constitución definitiva de un consorcio, la adjudicación de frecuencias ni la puesta en funcionamiento de una constelación europea. Lo comunicado fue una carta de intenciones para estudiar una candidatura conjunta. Tampoco se comprometieron a construir y lanzar sus propios satélites: el modelo previsto combinaba infraestructuras terrestres y funciones de coordinación gestionadas por operadores europeos con capacidad espacial suministrada por un socio especializado todavía pendiente de selección. Esta circunstancia resulta esencial para valorar el alcance real de la autonomía anunciada, porque la participación de empresas europeas en la gestión de un servicio no garantiza, por sí sola, el control europeo de la infraestructura espacial de la que depende.
Siete días después, Telefónica optaba en Brasil por una solución comercial basada precisamente en la infraestructura de Starlink. A través de Vivo, el grupo anunciaba un servicio que permitiría a determinados teléfonos compatibles conectarse directamente con satélites cuando no dispusieran de cobertura terrestre. La decisión tiene una justificación comercial comprensible: Brasil presenta enormes extensiones de territorio donde desplegar redes convencionales resulta complejo y costoso, y las comunicaciones por satélite pueden mejorar la disponibilidad de servicios básicos en zonas rurales, carreteras y regiones remotas. El lanzamiento contempla inicialmente determinadas aplicaciones de mensajería, mapas y comunicaciones mediante servicios compatibles, pero no equivale a ofrecer acceso generalizado a internet con las prestaciones de una red terrestre 4G o 5G. Asimismo, los aproximadamente 50 millones de clientes mencionados representan una base potencial de usuarios elegibles, no 50 millones de conexiones satelitales activas ni un volumen de utilización ya acreditado. Reconocer la utilidad de la operación para los consumidores brasileños es indispensable para un análisis equilibrado. Sin embargo, esa utilidad no resuelve la cuestión estratégica de fondo: Telefónica recurre comercialmente a la capacidad espacial de Starlink en un mercado de gran dimensión mientras participa en Europa en una iniciativa cuya justificación pública incluye reforzar la autonomía frente a las dependencias tecnológicas externas.
La contradicción adquiere especial relevancia por el momento en que se producen los anuncios y por el discurso utilizado para justificar la iniciativa europea. No estamos ante dos acuerdos desconectados de una misma tecnología, sino ante decisiones relativas al desarrollo de servicios móviles directos por satélite, un ámbito en el que los operadores tradicionales necesitan relacionarse con empresas que controlan infraestructuras espaciales. La inconsistencia que merece reprocharse a la Telefónica de Marc Murtra no consiste en que haya firmado un contrato prohibido, sino en que no haya explicado públicamente cómo se integra una colaboración de gran alcance con Starlink dentro de una estrategia que, al mismo tiempo, invoca la soberanía y la reducción de dependencias como razones para impulsar una alternativa europea. La crítica no exige sostener que ambas decisiones sean incompatibles en términos jurídicos ni que una perjudique necesariamente a la otra. Exige algo más concreto: que la dirección del grupo aclare cuáles son sus prioridades industriales, qué capacidades pretende desarrollar bajo control europeo y qué papel asigna a proveedores extranjeros que también compiten por la prestación de esos servicios. Sin esa explicación, la soberanía tecnológica corre el riesgo de convertirse en un argumento utilizado para justificar determinadas iniciativas, pero sin una traducción suficientemente clara en el conjunto de las decisiones empresariales.
El marco más relevante para examinar esta cuestión lo proporciona el informe Safer Together: Strengthening Europe’s Civilian and Military Preparedness and Readiness, elaborado por el expresidente finlandés Sauli Niinistö por encargo de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y publicado el 30 de octubre de 2024. El documento, disponible en su integridad en el portal oficial de la Comisión Europea, propone reforzar la preparación civil y militar de la Unión ante amenazas híbridas, conflictos, crisis económicas, interrupciones de suministros y daños a infraestructuras esenciales. Su aportación fundamental consiste en ampliar el concepto de seguridad: no basta con disponer de capacidades militares si la sociedad depende de sistemas de comunicación, tecnologías o cadenas de suministro cuya interrupción puede comprometer el funcionamiento de los servicios esenciales. El informe Niinistö sitúa las dependencias tecnológicas y la resiliencia de las infraestructuras digitales dentro del ámbito de la seguridad europea, lo que obliga a considerar las telecomunicaciones no solo como un negocio, sino también como una capacidad estratégica. Esta perspectiva resulta particularmente pertinente para el debate sobre las comunicaciones satelitales, porque la disponibilidad de un servicio comercial no equivale necesariamente a disponer de capacidad propia para mantenerlo, supervisarlo o sustituirlo cuando las circunstancias lo exijan.
El documento advierte de los riesgos derivados de dependencias económicas y tecnológicas que pueden convertirse en vulnerabilidades ante situaciones de crisis o presión externa. En sus recomendaciones sobre seguridad económica y amenazas híbridas, Niinistö insiste en la necesidad de identificar y reducir vulnerabilidades relacionadas con tecnologías estratégicas, cadenas de suministro e infraestructuras digitales. También concede especial importancia a la preparación de los operadores privados, a la continuidad de los servicios esenciales y a la cooperación entre empresas y administraciones públicas. La enseñanza aplicable al caso de Telefónica es que la resiliencia no puede medirse exclusivamente por el aumento de cobertura o por la rapidez con la que una empresa incorpora una tecnología comercialmente disponible; también debe examinarse quién controla los elementos esenciales del servicio, qué dependencias introduce su utilización y qué alternativas existen ante una interrupción. Este principio no significa que toda contratación de tecnología extranjera constituya una amenaza, ni permite atribuir a SpaceX comportamientos que no estén acreditados. Significa que las decisiones relativas a infraestructuras de comunicación deben evaluarse atendiendo tanto a sus ventajas inmediatas como a las condiciones de control y continuidad que las acompañan.
Precisamente por ello, el contraste entre los dos anuncios de Telefónica plantea un problema de consistencia estratégica que la compañía debería abordar con mayor claridad. En Europa, el grupo participa en una iniciativa que pretende reforzar la gobernanza comunitaria sobre determinados elementos de la conectividad satelital. En Brasil, incorpora a su oferta comercial una tecnología cuya infraestructura espacial pertenece a Starlink. Las dos operaciones responden a mercados y necesidades diferentes, pero comparten una cuestión decisiva: el grado de dependencia respecto del proveedor de capacidad satelital. Si la autonomía tecnológica se considera suficientemente importante como para justificar una iniciativa conjunta de cuatro grandes operadores europeos, resulta razonable exigir que Telefónica explique cómo evalúa ese mismo factor cuando adopta acuerdos comerciales con proveedores externos en otros mercados. No se trata de trasladar automáticamente las exigencias de la política europea a Brasil, ni de negar a Vivo la posibilidad de mejorar sus servicios mediante una tecnología disponible. Se trata de comprobar si la dirección de Telefónica aplica criterios estratégicos consistentes o si el objetivo de autonomía queda subordinado, sin una explicación suficiente, a las oportunidades comerciales de cada filial.
Hay un aspecto adicional que merece atención: la evolución tecnológica de los servicios directos al móvil. Starlink ha desarrollado una infraestructura capaz de prestar determinadas comunicaciones mediante satélites de órbita baja, pero las prestaciones iniciales de este tipo de servicios continúan siendo más limitadas que las de las redes terrestres convencionales. La cobertura depende de factores como la compatibilidad de los terminales, la disponibilidad de capacidad y las condiciones de recepción, incluida la visibilidad del cielo. En consecuencia, el despliegue comercial requiere supervisión técnica para comprobar el funcionamiento de la red, detectar incidencias y evaluar la calidad del servicio. La incorporación de una base potencial de millones de clientes a una oferta de conectividad satelital suscita una pregunta legítima sobre qué información operativa se genera, quién puede utilizarla y qué derechos corresponden a cada empresa sobre los resultados técnicos de la prestación. Ahora bien, la información publicada no permite afirmar que Telefónica haya puesto a disposición de SpaceX a 50 millones de usuarios para realizar pruebas tecnológicas ni que la finalidad del acuerdo sea resolver problemas de funcionamiento de Starlink. Tampoco acredita una transferencia indebida de conocimientos o datos. Es necesario distinguir entre el aprendizaje técnico que puede acompañar a la explotación de cualquier servicio y la existencia de un programa específico de experimentación, que solo podría afirmarse mediante documentación que identificara sus objetivos y condiciones.
Esta cuestión no pierde relevancia por el hecho de que Brasil disponga de mecanismos regulatorios para ensayar las comunicaciones directas entre satélites y dispositivos móviles. La existencia de autorizaciones experimentales para una tecnología emergente no significa que todos los clientes de un servicio comercial participen en pruebas ni que sus comunicaciones se utilicen para fines distintos de los establecidos contractualmente. Lo que sí resulta exigible desde una perspectiva de transparencia es conocer las responsabilidades de Vivo y Starlink en la operación del servicio, las condiciones de utilización de la información técnica, las garantías de seguridad y los mecanismos previstos para mantener la continuidad de las comunicaciones. La relevancia de estas cuestiones aumenta cuando la tecnología se incorpora a la oferta de un operador de gran dimensión, aunque su valoración debe realizarse conforme a la normativa aplicable y a las condiciones efectivamente pactadas. Sin acceso a esa información no sería riguroso afirmar que existe un riesgo concreto ya materializado, pero tampoco puede presentarse como demostrada una autonomía tecnológica cuya extensión real no se ha explicado.
El informe Niinistö aporta, además, una referencia particularmente importante al abordar las capacidades espaciales europeas. El documento subraya que los sistemas satelitales son relevantes para las comunicaciones, la observación, la navegación y otras funciones esenciales, y advierte de las consecuencias que podría tener una interrupción grave de los servicios espaciales. En ese contexto, concede importancia al programa europeo IRIS², concebido para reforzar las capacidades de conectividad segura de la Unión y reducir determinadas dependencias estratégicas. La información institucional sobre esta iniciativa puede consultarse en la documentación de la Comisión Europea sobre IRIS². La existencia de IRIS² confirma que las instituciones europeas consideran necesario disponer de infraestructuras y capacidades espaciales sometidas a requisitos propios de seguridad y gobernanza. Sin embargo, debe evitarse una comparación incorrecta: IRIS² no es equivalente al servicio comercial directo al teléfono móvil anunciado por Vivo, ni su desarrollo implica que Europa disponga ya de una alternativa operativa con idénticas prestaciones. Ambos proyectos responden a necesidades parcialmente distintas. Lo que los conecta es una preocupación común por la disponibilidad, la seguridad y el control de las comunicaciones.
Esta perspectiva permite identificar una limitación de la iniciativa europea del 19 de octubre que también merece un examen crítico. Las cuatro operadoras anunciaron su intención de establecer una gobernanza europea y desarrollar determinadas infraestructuras terrestres y funciones de coordinación, pero dejaron pendiente la selección del proveedor de capacidad espacial. La soberanía tecnológica anunciada será necesariamente parcial si las funciones esenciales de la infraestructura orbital continúan dependiendo de decisiones que los operadores europeos no pueden controlar o sustituir de manera efectiva. Ello no invalida la cooperación entre las compañías, pero obliga a distinguir entre controlar la relación comercial con los clientes, gestionar determinadas funciones de red y disponer de autonomía sobre los satélites que hacen posible el servicio. La diferencia es sustancial: un modelo de gobernanza europea puede mejorar la posición de los operadores sin eliminar todas las dependencias externas. Por eso, la dirección de Telefónica debería precisar qué entiende por soberanía tecnológica y qué capacidades concretas pretende asegurar mediante su participación en el proyecto. La autonomía estratégica no se acredita mediante declaraciones de intención, sino mediante capacidades verificables de decisión, supervisión, continuidad y sustitución de proveedores.
Conviene introducir aquí una distinción jurídica imprescindible para que la crítica conserve toda su solidez. El informe Niinistö es un documento de recomendaciones estratégicas elaborado para orientar las políticas de la Unión Europea; no constituye un reglamento, una directiva ni una norma que prohíba a Telefónica contratar servicios satelitales con SpaceX. Por tanto, no sería correcto afirmar que el acuerdo de Vivo con Starlink incumple una disposición obligatoria del informe. Tampoco puede deducirse automáticamente una infracción de las normas europeas de seguridad de las telecomunicaciones por una operación comercial desarrollada en Brasil. La identificación de un eventual incumplimiento exigiría señalar una obligación jurídica concreta, establecer su ámbito de aplicación y comprobar documentalmente que la actuación empresarial vulnera sus requisitos. La información examinada no permite llegar a esa conclusión. Lo que sí permite el informe es valorar críticamente la coherencia de las decisiones de Telefónica con los objetivos europeos de reducción de dependencias, autonomía tecnológica y protección de las infraestructuras esenciales, especialmente cuando la propia compañía invoca esos objetivos para justificar su participación en una iniciativa satelital europea. Esta valoración pertenece al ámbito del análisis estratégico, la responsabilidad empresarial y la rendición de cuentas, no al de una infracción legal demostrada. La inexistencia de una prohibición jurídica expresa no elimina la obligación de explicar la coherencia de una estrategia que utiliza la soberanía tecnológica como argumento en Europa mientras amplía su colaboración comercial con Starlink en Brasil.
Existe, además, una precisión que debe incorporarse para evitar una crítica basada en compromisos que las compañías no asumieron. El comunicado del 19 de octubre señalaba expresamente que la carta de intenciones no sustituía las colaboraciones satelitales individuales que los operadores ya mantenían. Por consiguiente, la iniciativa europea no fue presentada como una ruptura con todos los proveedores extranjeros ni como un compromiso de exclusividad. También debe recordarse que otros operadores participantes mantienen relaciones con distintas empresas del sector satelital. Esta compatibilidad contractual puede explicar por qué Telefónica considera posibles ambas decisiones, pero no resuelve por sí sola la cuestión de su consistencia estratégica. Una cosa es que una empresa pueda desarrollar alianzas diferentes sin incumplir sus compromisos y otra que esas alianzas respondan a una orientación industrial suficientemente definida. Si la finalidad europea es reforzar capacidades propias y disminuir vulnerabilidades, resulta pertinente conocer cómo contribuyen las inversiones, las relaciones comerciales y la selección de proveedores del grupo a ese objetivo. La respuesta no puede obtenerse únicamente de la cláusula que permite mantener acuerdos individuales, porque la compatibilidad jurídica de las operaciones no equivale a demostrar su coherencia estratégica.
La cuestión se relaciona también con el debate sobre el futuro de las telecomunicaciones europeas y la necesidad de cooperación industrial entre operadores. En el artículo «Telefónica y Murtra: a la fuerza ahorcan… ¡El lobo vino del espacio!», publicado el 19 de octubre en el blog Modelo Innovador de Gestión, ya se planteaba la posibilidad de que los grandes grupos europeos desarrollasen capacidades tecnológicas compartidas sin recurrir necesariamente a procesos de concentración empresarial. La reflexión incorporaba el precedente de la alianza AIM, formada por Apple, IBM y Motorola en 1991, como ejemplo de cooperación entre compañías independientes para afrontar desafíos industriales comunes. También conectaba esa posibilidad con el debate regulatorio europeo sobre la concentración del sector y la relación entre tamaño empresarial, inversión e innovación. La iniciativa satelital de Telefónica, Deutsche Telekom, Orange y Vodafone demuestra, al menos en su planteamiento inicial, que la cooperación tecnológica puede explorarse sin necesidad de fusionar a los operadores participantes. Pero el anuncio posterior de la alianza brasileña introduce una pregunta adicional: si Telefónica considera prioritario reforzar las capacidades industriales europeas, ¿qué lugar ocupa ese objetivo en sus decisiones comerciales internacionales y cómo se evita que quede reducido a una declaración de principios?
Esta pregunta resulta especialmente pertinente para la gestión de Marc Murtra porque afecta a la orientación estratégica del grupo, no a una decisión operativa aislada. Telefónica puede justificar el acuerdo brasileño por las necesidades de cobertura de Vivo y por la disponibilidad de la infraestructura de Starlink. También puede defender su participación en el proyecto europeo por la conveniencia de reforzar la posición de los operadores comunitarios ante el desarrollo de los servicios móviles por satélite. Ambas explicaciones son compatibles consideradas por separado. Lo que falta en la información pública es una explicación conjunta que permita comprender cómo se relacionan esas decisiones, qué objetivos tienen prioridad cuando entran en tensión y qué compromisos concretos asume Telefónica para contribuir al desarrollo de capacidades tecnológicas europeas. La crítica a la dirección de la compañía debe situarse precisamente en ese terreno. No hay fundamento para atribuirle intenciones ocultas, pero sí para señalar que los anuncios conocidos no ofrecen una visión suficientemente articulada de la relación entre las oportunidades comerciales inmediatas y los objetivos de autonomía que la empresa respalda públicamente.
La dimensión del acuerdo brasileño hace todavía más necesaria esa explicación. La posibilidad de ofrecer determinados servicios satelitales a una base potencial de aproximadamente 50 millones de clientes representa una operación comercial de considerable alcance, aunque no permita anticipar el número de usuarios efectivos ni los ingresos futuros. Al mismo tiempo, el proyecto europeo se encuentra todavía en una fase preparatoria, pendiente de decisiones regulatorias, empresariales y tecnológicas fundamentales. El contraste es significativo: mientras la iniciativa europea destinada a reforzar la autonomía permanece en el terreno de los compromisos preliminares, la colaboración brasileña con Starlink se presenta como una oferta comercial concreta. Esta diferencia no demuestra que Telefónica esté abandonando sus objetivos europeos ni que el acuerdo de Brasil perjudique materialmente al futuro proyecto. Sin embargo, evidencia que la empresa está incorporando una solución extranjera disponible en uno de sus principales mercados mientras la alternativa europea aún debe definir su estructura y su proveedor espacial. Para una compañía que participa en el debate sobre la soberanía tecnológica, esta situación merece una explicación más precisa que la simple referencia a las particularidades de cada mercado.
Desde la perspectiva de los ciudadanos europeos, el asunto trasciende las decisiones de una empresa concreta. Las comunicaciones móviles y satelitales forman parte de un ecosistema tecnológico del que dependen actividades económicas, servicios públicos y mecanismos de respuesta ante emergencias. Las políticas comunitarias de seguridad económica y autonomía estratégica persiguen reducir vulnerabilidades que pueden afectar al conjunto de la sociedad. Por ello, cuando un gran operador europeo utiliza públicamente el argumento de la soberanía tecnológica, resulta legítimo exigir que precise qué significa ese compromiso en términos de inversión, control de infraestructuras, diversificación de proveedores y continuidad de los servicios. No se trata de imponer a una empresa una obligación inexistente de contratar exclusivamente tecnología europea ni de negar las ventajas que puede ofrecer una colaboración internacional. Se trata de evitar que conceptos de gran importancia política e industrial se utilicen sin explicar sus consecuencias prácticas. La transparencia resulta especialmente necesaria cuando las decisiones empresariales afectan a tecnologías que las instituciones europeas consideran estratégicas para la seguridad y la resiliencia.
También debe distinguirse entre diversificar proveedores y reducir dependencias. Una compañía puede mantener acuerdos con varias empresas satelitales para atender necesidades diferentes y, de ese modo, ampliar sus opciones comerciales. Pero la existencia de múltiples contratos no demuestra automáticamente que disponga de alternativas capaces de sustituirse entre sí. Los servicios pueden utilizar tecnologías distintas, depender de frecuencias diferentes o encontrarse en fases de desarrollo que impidan considerarlos equivalentes. La diversificación solo contribuye efectivamente a la autonomía cuando las alternativas disponibles permiten mantener las funciones necesarias ante la pérdida de un proveedor o de una infraestructura. Este criterio, coherente con las recomendaciones de Niinistö, debería formar parte de cualquier evaluación seria de las alianzas satelitales de Telefónica. En el caso brasileño, la información pública identifica a Starlink como proveedor de la capacidad espacial del servicio anunciado, pero no detalla suficientemente las condiciones de sustitución, las garantías contractuales de continuidad o la posibilidad de recurrir a otras infraestructuras para ofrecer prestaciones equivalentes. La ausencia de esos datos impide medir con precisión la dependencia introducida por el acuerdo.
La evaluación crítica debe evitar, asimismo, atribuir a la operación consecuencias tecnológicas que todavía no se han demostrado. No consta en las informaciones examinadas que la colaboración de Vivo con Starlink haya sido concebida para proporcionar a SpaceX un entorno de experimentación destinado a perfeccionar su tecnología. Tampoco puede afirmarse que la operación comprometa los resultados de la futura iniciativa europea o que se haya producido una transferencia de capacidades estratégicas. Lo acreditado es la coexistencia de una colaboración comercial con Starlink y una iniciativa europea que invoca objetivos de soberanía; lo que permanece sin esclarecer es cómo ha evaluado Telefónica las implicaciones estratégicas de esa coexistencia. Mantener esta distinción fortalece la crítica, porque permite concentrarla en hechos comprobables y en explicaciones empresariales que razonablemente pueden exigirse, sin convertir hipótesis sobre las consecuencias futuras de los acuerdos en afirmaciones categóricas.
En definitiva, los anuncios del 19 y el 26 de octubre de 2026 ponen de manifiesto una tensión que la dirección de Telefónica no debería despachar como una mera diferencia entre mercados. El primero sitúa al grupo entre los promotores de una iniciativa europea que pretende reforzar la capacidad de decisión sobre las comunicaciones móviles por satélite; el segundo incorpora a Starlink a la oferta de su filial brasileña en una operación de considerable dimensión potencial. El informe Niinistö no convierte esta combinación en ilegal, pero sí aporta criterios para examinarla desde la perspectiva de las dependencias tecnológicas, la continuidad de los servicios esenciales y el control de infraestructuras estratégicas. La principal objeción a la Telefónica de Marc Murtra es, por tanto, de consistencia estratégica: la compañía ha explicado los beneficios y objetivos de cada iniciativa por separado, pero no ha ofrecido una justificación pública suficientemente precisa de cómo encajan ambas dentro de una política coherente de autonomía tecnológica. Esa falta de articulación resulta especialmente llamativa cuando la soberanía europea figura entre las razones expresamente invocadas para impulsar uno de los proyectos.
La soberanía tecnológica europea no se construye únicamente mediante comunicados, cartas de intenciones o declaraciones sobre la necesidad de competir con los grandes proveedores internacionales. Requiere decisiones industriales verificables, inversiones sostenidas, control efectivo sobre funciones esenciales y una gestión transparente de las dependencias que se mantienen o se incorporan. Telefónica tiene derecho a desarrollar acuerdos comerciales con Starlink en Brasil y a participar simultáneamente en una iniciativa europea, siempre que respete las obligaciones aplicables. Pero también debe asumir que ambas decisiones pueden ser examinadas conjuntamente y que la legalidad de una operación no constituye, por sí misma, una respuesta suficiente a las dudas sobre su coherencia estratégica. La pregunta que queda sobre la mesa es qué alcance real tiene el compromiso de Telefónica con la autonomía tecnológica europea cuando, al mismo tiempo que contribuye a diseñar una alternativa a la dependencia de proveedores espaciales externos, refuerza comercialmente su relación con uno de los protagonistas de ese mercado. No se necesita especular sobre las intenciones de Marc Murtra ni atribuir perjuicios todavía no acreditados para formular esta crítica. Basta con confrontar los objetivos anunciados, las decisiones adoptadas y las recomendaciones de Niinistö. La responsabilidad de ofrecer una explicación convincente corresponde a la dirección de Telefónica, porque la consistencia de una estrategia no se demuestra proclamando sus principios, sino explicando cómo se aplican cuando las decisiones empresariales ponen esos principios a prueba.
En este contexto, la cuestión que debería trasladarse a la dirección de Telefónica no es si una empresa europea puede mantener acuerdos comerciales con proveedores estadounidenses, sino qué compromisos concretos está dispuesta a asumir para que la autonomía tecnológica que defiende en Europa no quede reducida a una declaración de intenciones mientras sus decisiones comerciales internacionales consolidan relaciones con proveedores cuya posición pretende contrarrestar. Sería razonable que la compañía explicara qué inversiones contempla para desarrollar capacidades satelitales europeas, qué grado de control tecnológico y operativo aspira a alcanzar mediante la iniciativa anunciada el 19 de octubre, qué criterios utiliza para evaluar las dependencias derivadas de sus alianzas internacionales y qué garantías de continuidad, seguridad y sustitución de proveedores contempla en el acuerdo brasileño. También sería relevante conocer si la colaboración con Starlink incluye compromisos de desarrollo tecnológico, intercambio de información operativa o condiciones que puedan limitar futuras alternativas comerciales, sin presuponer que tales cláusulas existan. Estas cuestiones afectan a la credibilidad de una estrategia empresarial que pretende presentarse como comprometida con la soberanía tecnológica europea y, por tanto, merecen respuestas verificables, no únicamente declaraciones generales sobre innovación, competitividad o expansión de la cobertura. La transparencia sobre estos extremos permitiría distinguir entre una política industrial orientada efectivamente a reducir dependencias estratégicas y una sucesión de acuerdos comerciales cuya coherencia global todavía no ha sido suficientemente explicada.
EPÍLOGO. MURTRA: LA SOBERANÍA QUE SE PROCLAMA EN EUROPA Y SE SUBORDINA AL NEGOCIO EN BRASIL
La contradicción entre la iniciativa satelital europea y el acuerdo brasileño con Starlink constituye una expresión particularmente reveladora de las dudas que suscita la orientación estratégica de Telefónica bajo la presidencia de Marc Murtra. En Europa, la compañía reivindica la soberanía tecnológica, la autonomía estratégica y la necesidad de reducir las dependencias respecto de los grandes proveedores internacionales; en Brasil, cuando aparece una oportunidad comercial concreta, recurre precisamente a la infraestructura de uno de esos proveedores. Es cierto que los mercados son diferentes, que la colaboración con Starlink puede responder a necesidades reales de cobertura y que ambas decisiones no son jurídicamente incompatibles. Pero esas circunstancias no eliminan la responsabilidad de explicar cómo se concilian. La crítica es todavía más pertinente porque la iniciativa europea permanece en una fase preliminar, mientras que el acuerdo brasileño representa una decisión comercial específica. La soberanía tecnológica aparece así como un objetivo anunciado en Europa, mientras que la utilización de la infraestructura de Starlink constituye una decisión adoptada en Brasil. No puede afirmarse, sin conocer las condiciones económicas y estratégicas del contrato, que Murtra haya antepuesto deliberadamente el beneficio comercial a la autonomía europea. Lo que sí puede reprochársele es que la dirección del grupo no haya ofrecido, en la información examinada, una explicación suficientemente convincente de cómo compatibiliza ambas prioridades.
Esta falta de claridad adquiere una dimensión mayor cuando se contempla la trayectoria de la presidencia de Murtra desde su llegada a Telefónica el 18 de enero de 2025. Transcurridos aproximadamente veintiún meses, resulta legítimo exigir algo más que anuncios de transformación, compromisos estratégicos y declaraciones sobre las oportunidades de crecimiento de la compañía. Una presidencia empresarial no se mide por la ambición de sus promesas, sino por su traducción en decisiones consistentes, objetivos verificables y resultados contrastables. Sería excesivo afirmar, sin un examen exhaustivo de todos los compromisos anunciados y ejecutados durante este periodo, que ninguna de las promesas de Murtra se ha materializado. Sin embargo, el contraste entre las dos iniciativas satelitales ilustra un problema concreto: la dificultad de identificar una línea estratégica común que permita comprender qué dependencias tecnológicas pretende reducir Telefónica, cuáles considera aceptables y qué inversiones está dispuesta a realizar para desarrollar capacidades propias. Cuando los principios proclamados por una dirección no se acompañan de criterios transparentes para aplicarlos, la estrategia corre el riesgo de convertirse en una sucesión de anuncios cuya coherencia solo se intenta justificar después de adoptar las decisiones. Ese es el problema de gobernanza que merece una crítica especialmente severa.
Las consecuencias de esa incertidumbre no se limitan al debate sobre la soberanía europea. Afectan a los distintos grupos de interés de Telefónica: accionistas que esperan una asignación eficiente del capital y una estrategia capaz de sostener el valor de su inversión; trabajadores que necesitan perspectivas claras sobre el futuro industrial y laboral de la empresa; clientes que dependen de la calidad y continuidad de sus servicios; proveedores cuyas inversiones están condicionadas por las decisiones del grupo, e instituciones que consideran las telecomunicaciones una infraestructura estratégica. La falta de una orientación empresarial suficientemente explicada tiene un coste potencial para todos ellos, porque dificulta evaluar los riesgos asumidos, la rentabilidad esperada de las inversiones y la solidez de los compromisos anunciados. Ese coste no debe confundirse con pérdidas económicas concretas que no hayan sido cuantificadas, pero tampoco puede ignorarse como si la incertidumbre estratégica careciera de consecuencias. La gobernanza de una gran compañía exige algo más que gestionar operaciones individualmente rentables: requiere demostrar que esas operaciones forman parte de una política empresarial reconocible, estable y sometida a mecanismos efectivos de rendición de cuentas.
La evolución bursátil añade un elemento de preocupación que la dirección tampoco puede eludir. El análisis técnico publicado por Bolsamanía bajo el expresivo título «Telefónica implosiona y se lanza a por los mínimos anuales» refleja una valoración especialmente negativa de la trayectoria reciente del precio de la acción. Conviene precisar que el término «implosiona» pertenece al titular periodístico y no constituye, por sí mismo, una categoría financiera que permita establecer las causas del comportamiento bursátil. Tampoco sería riguroso atribuir toda la evolución de la cotización desde enero de 2025 a las decisiones de Murtra, porque el precio de una acción depende de múltiples factores, incluidos los resultados empresariales, las expectativas de los inversores, el endeudamiento, los tipos de interés y las condiciones generales del mercado. Pero la imposibilidad de establecer una causalidad exclusiva no exime a la presidencia de responder por la creación de valor, la credibilidad de sus objetivos y la capacidad de su estrategia para generar confianza entre los accionistas. Una dirección que reclama tiempo para ejecutar sus planes debe ofrecer indicadores verificables de progreso y explicar con precisión qué resultados justifican mantener la confianza en ellos. Cuando la cotización atraviesa una fase de debilidad, esa obligación de transparencia adquiere todavía mayor importancia.
El problema de fondo es que Telefónica no puede pedir confianza indefinida en una transformación estratégica cuya coherencia resulta difícil de apreciar en decisiones tan próximas y relevantes como las anunciadas en Europa y Brasil. La dirección de Murtra tiene derecho a defender que ambas operaciones responden a circunstancias comerciales diferentes y que la colaboración con Starlink no impide desarrollar capacidades europeas. Pero esa defensa debe sustentarse en compromisos, inversiones, condiciones de gobernanza y resultados comprobables. La Unión Europea necesita operadores capaces de contribuir a su autonomía tecnológica, no únicamente compañías que invoquen ese objetivo cuando resulta conveniente para presentar una alianza. Los accionistas necesitan perspectivas de creación de valor, no solo expectativas de transformación. Los trabajadores necesitan conocer el proyecto industrial que dará continuidad a sus actividades, y los clientes precisan garantías de calidad, seguridad y estabilidad de los servicios. Cuando la dirección no explica de manera convincente cómo se articulan esas responsabilidades, la cuestión deja de ser una simple discrepancia entre decisiones comerciales y se convierte en un problema de credibilidad de la gobernanza.
Veintiún meses después de su llegada a la presidencia, Marc Murtra debe ser evaluado por las decisiones adoptadas y los resultados obtenidos, no por la contundencia de sus declaraciones ni por la capacidad de sus anuncios para generar expectativas. La contradicción satelital no demuestra por sí sola el fracaso de su gestión, pero ofrece motivos suficientes para cuestionar la consistencia de una parte relevante de su discurso estratégico. Una compañía que proclama en Europa la necesidad de reducir dependencias tecnológicas mientras amplía en Brasil su relación comercial con Starlink tiene que explicar qué significa realmente para ella la soberanía estratégica y hasta dónde está dispuesta a comprometerse con ese objetivo. También debe explicar cómo pretende recuperar o consolidar la confianza de sus accionistas y qué resultados concretos respaldan su proyecto empresarial. No es posible anticipar cuándo terminará una etapa de debilidad bursátil, ni corresponde presentar como inevitable una recuperación o un deterioro adicional. Lo exigible es que la presidencia ofrezca información suficiente para que los inversores y los demás grupos de interés puedan valorar la situación sin depender exclusivamente de nuevas promesas.
La soberanía tecnológica no puede ser un principio solemne en Bruselas y una consideración secundaria cuando llega el momento de decidir en otros mercados. Tampoco puede la estrategia empresarial convertirse en un ejercicio permanente de declaraciones ambiciosas cuya ejecución y coherencia quedan pendientes de explicación. La Telefónica de Murtra necesita demostrar que sus acuerdos, sus inversiones y sus compromisos responden a una dirección reconocible y no únicamente a oportunidades comerciales examinadas de forma aislada. Esa demostración es especialmente necesaria cuando la evolución de la acción alimenta la inquietud de los inversores y la transformación anunciada todavía debe acreditar sus resultados. La cuestión ya no es cuántas veces puede Telefónica prometer autonomía, transformación o creación de valor, sino cuándo podrá demostrar, con hechos verificables, que esas promesas forman parte de una estrategia coherente. Porque la confianza de los accionistas, de los trabajadores, de los clientes y de las instituciones europeas no se sostiene indefinidamente sobre anuncios: se gana con resultados y se conserva con consistencia.
Ya lo dijo Peter Drucker: «No hay nada tan inútil como hacer con gran eficiencia algo que no debería haberse hecho».