Se cuenta que un propietario contrató a un gerente para dirigir su empresa y le ofreció un contrato con una elevada indemnización garantizada si algún día era despedido. Durante los primeros años el gerente tomó varias decisiones arriesgadas que no mejoraron los resultados de la compañía. Cuando finalmente el propietario decidió sustituirlo, descubrió que debía pagar una indemnización muy elevada pactada en el contrato. El gerente abandonó la empresa con una compensación millonaria, mientras que el propietario y los accionistas tuvieron que asumir las pérdidas acumuladas.
La historia es sencilla, pero ilustra un problema clásico del gobierno corporativo: cuando quien toma las decisiones no asume plenamente las consecuencias económicas de esas decisiones, los incentivos pueden quedar desalineados. En ese momento, el sistema deja de premiar la creación de valor y comienza a trasladar el riesgo desde la dirección hacia los propietarios.
En los últimos años, el debate sobre la remuneración de los altos directivos en las grandes empresas cotizadas del IBEX-35 se ha convertido en una cuestión central dentro del análisis del gobierno corporativo. La creciente distancia entre la propiedad accionarial y la gestión ejecutiva ha planteado interrogantes sobre hasta qué punto los sistemas de incentivos están realmente alineados con la creación de valor para los accionistas. Cuando los mecanismos de supervisión y control no funcionan con la intensidad necesaria, pueden aparecer situaciones en las que la dirección obtiene recompensas económicas significativas incluso en contextos de resultados empresariales negativos para los propietarios (accionistas).
El reciente caso de las indemnizaciones percibidas por dos de los principales directivos de Telefónica tras su salida de la compañía ha reavivado este debate. Las compensaciones económicas concedidas, que ascienden a más de 78 millones de euros, han generado críticas en el ámbito económico y mediático, especialmente si se consideran junto a la evolución bursátil de la empresa y a los resultados financieros obtenidos en los últimos años. Más allá de la polémica puntual, este episodio ofrece una oportunidad para reflexionar sobre un problema más amplio: el diseño institucional del gobierno corporativo y la forma en que se distribuyen los incentivos, los riesgos y las responsabilidades dentro de las grandes corporaciones.
A partir de este contexto, el presente análisis examina el caso de Telefónica desde la perspectiva de la teoría económica del gobierno corporativo, abordando cuestiones como la separación entre propiedad y control, los costes de agencia y el papel de los sistemas de remuneración en la alineación de intereses entre directivos y accionistas.
Hoy se ha publicado en la prensa un artículo que analiza la polémica salida de dos de los principales directivos de Telefónica y critica duramente la forma en que se gestionó su cese. Hace algo más de un año se produjo la salida del entonces presidente, José María Álvarez‑Pallete, y poco después, en febrero de 2025, fue despedido el consejero delegado Ángel Vilá. Según la información publicada por El País, ambos directivos recibieron indemnizaciones millonarias: Álvarez-Pallete obtuvo 44,5 millones de euros y Vilá 33,8 millones, lo que suma un total de 78,3 millones de euros pagados por los accionistas pese a que, durante los ocho años en que dirigieron la empresa, la cotización de la compañía cayó más de un 60% https://bit.ly/4r7BVa8
La noticia critica que estas condiciones económicas se pactaron previamente y fueron aprobadas por los órganos internos de la empresa, con independencia de los resultados obtenidos por la compañía. También se menciona que los servicios jurídicos estudiaron si era compatible cobrar simultáneamente la indemnización por cese y el plan de previsión, concluyendo que debían abonarse ambos conceptos. El diario sugiere que estas decisiones reflejan un problema serio de gobierno corporativo, ya que los directivos reciben grandes compensaciones incluso cuando la empresa no ha generado valor para los accionistas.
La tesis de este análisis es sencilla: el problema no reside únicamente en la magnitud de las indemnizaciones, sino en la arquitectura institucional que permite que la salida de los directivos tenga un coste tan elevado con independencia de los resultados obtenidos. Cuando el diseño contractual reduce el riesgo económico personal de la alta dirección y lo traslada a los accionistas, el sistema deja de ser un mecanismo de alineación de incentivos y se convierte en un mecanismo de transferencia de riesgo desde la propiedad hacia la gestión.
Para entender mejor esta situación conviene recordar brevemente la secuencia de los hechos. Primero el 18 de enero del año 2025 se produce el relevo del presidente de la compañía. Poco después, en febrero de 2025, se anuncia el cese del consejero delegado. Posteriormente se conocen las condiciones económicas de ambas salidas, que suman 78,3 millones de euros. Paralelamente, la empresa cerró el ejercicio 2025 con pérdidas de 4.318 millones de euros, derivadas en gran medida de costes extraordinarios vinculados a reestructuraciones y desinversiones. En ese mismo periodo, la cotización de Telefónica continuó mostrando un comportamiento débil frente al mercado, mientras el IBEX 35 registraba una evolución mucho más favorable.
Este caso recuerda de forma bastante precisa a una idea clásica desarrollada por Adolf Berle y Gardiner Means en su obra “The Modern Corporation and Private Property”: la separación entre propiedad y control en las grandes empresas cotizadas. Cuando el capital está muy disperso, los accionistas carecen de capacidad real para ejercer un control continuo sobre la dirección. En ese contexto, el poder efectivo se desplaza hacia los gestores y hacia los órganos de gobierno que deberían supervisarlos. Si esos órganos no ejercen una supervisión suficientemente exigente como ha sucedido en Telefónica, la dirección puede operar con un margen considerable para definir sus propias condiciones contractuales.
En esta misma línea se sitúa la teoría de la agencia desarrollada por Michael Jensen y William Meckling. Según este enfoque, el directivo actúa como agente del accionista, que es el principal. El objetivo del gobierno corporativo consiste precisamente en reducir el llamado “coste de agencia”, es decir, la divergencia potencial entre los intereses del directivo y los de los propietarios de la empresa. Cuando los contratos y los incentivos no están diseñados adecuadamente, el agente (directivo) puede maximizar sus propios intereses —estabilidad, prestigio, remuneración o crecimiento organizativo— sin que ello coincida necesariamente con la creación de valor para el accionista.
En el caso que nos ocupa, el punto más delicado es que una parte importante de las compensaciones por cese estaba previamente pactada y era exigible con independencia de la evolución bursátil o de los resultados de la compañía. En consecuencia, el momento en el que el accionista debería tener mayor capacidad disciplinaria —la salida del directivo— se convierte en un episodio económicamente costoso para la propia empresa. Desde el punto de vista del diseño institucional, esto debilita el mecanismo fundamental de responsabilidad de la dirección.
Otra perspectiva útil es la que proponen Lucian Bebchuk y Jesse Fried en su teoría del “managerial power”. Según estos autores, en determinadas circunstancias las políticas retributivas pueden reflejar más el equilibrio de poder interno dentro de la empresa que una evaluación rigurosa del rendimiento directivo. Cuando las comisiones de retribuciones se apoyan en comparables de mercado, en informes de consultoras o en precedentes internos, existe el riesgo de que se “normalicen” paquetes salariales muy elevados, incluso cuando la creación de valor para el accionista no sea especialmente destacable.
A este marco se añade un elemento adicional en el caso de Telefónica: la presencia del Estado en el capital a través de SEPI, que posee alrededor del 10% de la compañía. La entrada de un accionista público relevante introduce una complejidad adicional en el sistema de gobierno corporativo. Mientras que los inversores privados tienden a priorizar el rendimiento financiero, un accionista público puede perseguir objetivos más amplios, como; la estabilidad del empleo, la política industrial o la seguridad estratégica. La coexistencia de objetivos distintos no implica necesariamente un problema, pero sí puede generar una mayor ambigüedad en la rendición de cuentas si no se definen claramente los criterios con los que se evalúa la gestión.
En este contexto, el debate sobre las indemnizaciones adquiere también una dimensión reputacional. Cuando una compañía atraviesa procesos de reestructuración importantes, como los que ha afrontado Telefónica en los últimos años, la percepción de que los directivos salientes reciben compensaciones muy elevadas puede erosionar la confianza tanto de los empleados como de los inversores. No se trata únicamente de una cuestión simbólica. La reputación corporativa influye en variables muy concretas como el coste de capital, la capacidad de atraer talento o la credibilidad de los planes estratégicos ante el mercado.
Para analizar de forma objetiva este tipo de situaciones puede resultar útil formular algunas preguntas sencillas que funcionan como un pequeño “test” de buen gobierno corporativo. En primer lugar, conviene preguntarse si las indemnizaciones por cese están razonablemente limitadas y condicionadas al desempeño. En segundo lugar, si los planes de previsión o de ahorro a largo plazo actúan realmente como instrumentos de alineación con el accionista o si terminan funcionando, en la práctica, como un segundo componente de la indemnización de salida. En tercer lugar, si existen mecanismos efectivos de corrección —como las cláusulas de malus o clawback— que permitan reducir o recuperar remuneraciones cuando se producen errores graves de gestión o deterioros significativos del valor de la compañía. Y, por último, si las comisiones de retribuciones actúan como auténticos órganos de negociación en defensa del accionista o si se limitan a validar propuestas previamente estructuradas.
Desde esta perspectiva, el problema fundamental que pone de relieve el caso analizado no es necesariamente la existencia de irregularidades legales. Lo que aparece es algo más estructural: un diseño institucional que permite que la dirección capture rentas relevantes incluso cuando la percepción de creación de valor para el accionista es negativa. En otras palabras, la salida de directivos con compensaciones muy elevadas no constituye por sí misma una prueba concluyente de mal gobierno corporativo, pero sí puede ser un síntoma significativo cuando coincide con una evolución bursátil desfavorable y con resultados financieros débiles.
Si el objetivo es reforzar la confianza de los inversores y mejorar la calidad del gobierno corporativo, las soluciones tampoco son especialmente misteriosas. En primer lugar, resulta necesario diseñar contratos de alta dirección con límites claros a las indemnizaciones por cese y con condiciones estrictas que diferencien adecuadamente los distintos tipos de salida. En segundo lugar, las políticas retributivas deberían incorporar mecanismos de recuperación de remuneraciones (malus y clawback) realmente operativos. En tercer lugar, las métricas de desempeño deberían tener un horizonte temporal más amplio y vincular una parte significativa de la remuneración a la evolución del valor para el accionista a largo plazo. Y, finalmente, los órganos encargados de supervisar estas decisiones deberían garantizar un nivel real de independencia y de exigencia que en la mayorías de los casos no tienen.
Todo ello resulta especialmente importante en empresas con participación pública relevante como en Telefónica, donde la coexistencia de objetivos financieros y estratégicos exige un nivel aún mayor de transparencia en la definición de metas y en la evaluación de la gestión.
En definitiva, Telefónica se encuentra actualmente en una fase de reordenación estratégica que incluye ajustes operativos, desinversiones y cambios en su estructura directiva. Ese proceso puede ser necesario para adaptar la compañía a un entorno competitivo complejo. Sin embargo, lo que determinará si esa transición consigue realmente generar valor no será únicamente el plan estratégico o la evolución del negocio, sino la capacidad de reconstruir un sistema de gobierno corporativo que vuelva a conectar de manera clara las decisiones de la dirección con sus consecuencias económicas. Cuando esa conexión existe, el capitalismo funciona como un sistema de responsabilidad compartida. Cuando se rompe como sucedió con el “palletismo 1.0”, la empresa corre el riesgo de convertirse en una estructura donde los costes se socializan sobre los accionistas mientras las rentas de la dirección permanecen bien protegidas.
Para comprender adecuadamente el problema que plantea este episodio conviene situarlo en un contexto más amplio. Las cifras que se han hecho públicas son, por sí mismas, muy elevadas. Los 78,3 millones de euros pagados por la salida de los dos principales directivos de la compañía representan una cantidad suficientemente significativa como para convertirse en un elemento relevante dentro del debate sobre el gobierno corporativo. Para tener una referencia aproximada de su magnitud, basta señalar que cantidades de este orden equivalen al presupuesto anual de muchas pequeñas y medianas empresas o al salario acumulado de varios miles de trabajadores medios durante un año. Esta comparación no pretende introducir un juicio moral, sino simplemente ofrecer una perspectiva que permita dimensionar económicamente el problema.
También es importante recordar que Telefónica no es una empresa cualquiera dentro del tejido empresarial español. Se trata de una de las mayores multinacionales del país, con presencia en numerosos mercados internacionales y con un peso histórico relevante en el desarrollo del sector de las telecomunicaciones. Durante décadas ha sido una de las compañías emblemáticas de la economía española, tanto por su dimensión como por su papel estratégico en infraestructuras de comunicación. Además, su estructura accionarial combina capital privado con participación pública a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), lo que introduce una dimensión adicional en el debate sobre su gobierno corporativo y sobre los criterios con los que se evalúa la gestión de la empresa.
En este contexto, la cuestión fundamental que plantea este episodio puede formularse de manera bastante directa: ¿Es adecuado un sistema de gobierno corporativo en el que los principales directivos reciben compensaciones extraordinarias incluso cuando la evolución de la empresa no ha generado un incremento significativo del valor para el accionista? Esta pregunta no implica necesariamente una acusación de irregularidad o de mala fe, pero sí invita a reflexionar sobre el diseño institucional de las grandes corporaciones y sobre la forma en que se distribuyen los riesgos y las recompensas dentro de ellas.
Conviene señalar además que este tipo de debates no es exclusivo de España. En numerosos países, especialmente en Estados Unidos y en el Reino Unido, las indemnizaciones elevadas de directivos han generado controversias similares desde hace décadas. En la literatura económica y financiera estas compensaciones suelen denominarse “golden parachutes” o “paracaídas dorados”, una expresión que describe los paquetes de indemnización diseñados para garantizar una salida económicamente favorable a los directivos cuando abandonan la empresa. El objetivo original de estos mecanismos era facilitar cambios en la dirección sin generar conflictos contractuales y, al mismo tiempo, atraer talento directivo de alto nivel. Sin embargo, en algunos casos estos instrumentos han terminado generando críticas cuando las cantidades pagadas parecen desproporcionadas en relación con los resultados obtenidos por la empresa.
Otro aspecto que conviene tener en cuenta es la posición del accionista minoritario. A diferencia de los grandes inversores institucionales, los pequeños accionistas tienen una capacidad muy limitada para influir directamente en las decisiones del consejo de administración. Su participación en la gobernanza de la empresa se ejerce fundamentalmente a través de mecanismos indirectos, como el voto en las juntas generales o la confianza en que los órganos de supervisión interna —especialmente el consejo de administración y las comisiones de retribuciones— actúen efectivamente en defensa del interés de todos los accionistas. Cuando se producen episodios como el que aquí se analiza, es inevitable que surjan dudas sobre hasta qué punto esos mecanismos de control están funcionando con la eficacia prevista.
En última instancia, el debate que plantea este caso trasciende el episodio concreto de Telefónica. La cuestión central afecta al funcionamiento general del capitalismo corporativo contemporáneo y, en particular, al modo en que se articula la relación entre propiedad y gestión en las grandes empresas cotizadas. El sistema económico funciona con mayor estabilidad cuando quienes toman decisiones estratégicas también asumen una parte significativa de las consecuencias económicas de esas decisiones. Cuando esa conexión se debilita y las recompensas quedan parcialmente desligadas de los resultados, los incentivos pueden distorsionarse y el sistema de gobierno corporativo pierde parte de su capacidad disciplinaria. Precisamente por ello, episodios como el que se analiza en este artículo constituyen una oportunidad para reflexionar sobre la necesidad de reforzar los mecanismos que garantizan una relación más equilibrada entre responsabilidad, incentivos y creación de valor a largo plazo.
En este contexto, la llegada de Marc Murtra a la presidencia de Telefónica introduce un nuevo capítulo en la evolución reciente de la compañía, aunque hasta el momento no parece que se haya producido una modificación sustancial en los elementos estructurales del sistema de gobierno corporativo que han sido objeto de crítica en los últimos años. El relevo en la cúpula directiva puede interpretarse como un cambio relevante desde el punto de vista organizativo y estratégico, pero los datos disponibles no permiten afirmar que se haya producido una revisión profunda de los procedimientos que regulan la relación entre remuneración directiva, rendición de cuentas y creación de valor para los accionistas.
En particular, el debate suscitado tras las indemnizaciones percibidas por José María Álvarez-Pallete y Ángel Vilá pone de relieve un problema de carácter estructural que no depende únicamente de las personas que ocupan los cargos directivos, sino del diseño institucional que regula su relación contractual con la empresa. El hecho de que dichas compensaciones estuvieran previstas contractualmente y fueran aprobadas por los órganos de gobierno de la compañía indica que el problema no se encuentra tanto en una decisión puntual como en el marco de incentivos que permite que ese tipo de situaciones se produzcan.
Desde esta perspectiva, la llegada de un nuevo equipo directivo sólo puede interpretarse como un cambio efectivo si va acompañada de una revisión de ese marco institucional. Sin embargo, hasta el momento no se han observado modificaciones significativas en los procedimientos que determinan la política retributiva de la alta dirección, ni en la estructura de incentivos que regula su relación con el desempeño a largo plazo de la empresa. En ausencia de cambios en esos mecanismos, el sistema de gobierno corporativo continúa funcionando con los mismos parámetros que permitieron que se produjera la situación anterior de todo punto punitivo para los accionistas de la compañía.
Esto resulta especialmente relevante si se considera que el episodio de las indemnizaciones de salida generó un debate público significativo sobre la relación entre resultados empresariales, remuneración directiva y responsabilidad ante los distintos grupos de interés vinculados a la compañía. En las grandes empresas cotizadas, las decisiones relacionadas con la retribución de la alta dirección no afectan únicamente a los directivos y a los accionistas mayoritarios. También tienen implicaciones para los accionistas minoritarios, los empleados, los inversores institucionales y, en el caso de empresas con participación pública, para el conjunto de la sociedad.
Por esta razón, la cuestión fundamental no es simplemente si el nuevo presidente percibe una remuneración determinada o si la empresa adopta una estrategia empresarial distinta. El elemento central del debate consiste en determinar si el sistema de gobierno corporativo evoluciona hacia un modelo en el que los incentivos de la dirección estén más estrechamente vinculados a la creación de valor sostenible para la compañía y a la responsabilidad frente a los distintos grupos de interés. Mientras no se produzca una revisión explícita de los mecanismos que regulan esa relación —incluyendo las políticas de retribución, las cláusulas de salida y los sistemas de supervisión interna— el riesgo es que el problema que se ha puesto de manifiesto en el caso de las indemnizaciones de salida no desaparezca realmente, sino que permanezca latente dentro de la estructura institucional de la empresa.
En definitiva, el relevo en la dirección puede representar una oportunidad para introducir mejoras en el funcionamiento del gobierno corporativo de la compañía. Sin embargo, el análisis de la situación actual de Telefónica sugiere que, por el momento, el cambio se ha producido principalmente en el plano de las personas y no necesariamente en el de las reglas que estructuran la relación entre dirección, propiedad y responsabilidad empresarial. En este sentido, el verdadero indicador de transformación no será la sustitución de unos directivos por otros, sino la capacidad de la empresa para revisar y fortalecer los mecanismos institucionales que garantizan una relación equilibrada entre incentivos, resultados y rendición de cuentas.
Para reforzar la claridad del análisis conviene señalar que las reflexiones anteriores se apoyan exclusivamente en los hechos publicados por la prensa económica y en los marcos teóricos desarrollados en la literatura sobre gobierno corporativo. El objetivo de este texto no es atribuir motivaciones personales ni especular sobre decisiones políticas o empresariales concretas, sino analizar una situación a partir de datos conocidos y de los instrumentos conceptuales que la economía y la teoría de la empresa han desarrollado para estudiar la relación entre propiedad, dirección y sistemas de incentivos.
Desde la perspectiva de los mercados de capitales, episodios como el que se ha analizado pueden tener implicaciones que van más allá del debate puntual sobre las indemnizaciones. En las empresas cotizadas, la calidad del gobierno corporativo constituye un elemento fundamental para la valoración que los inversores hacen de una compañía. Los grandes inversores institucionales, como fondos de inversión o fondos de pensiones, prestan una atención creciente a la relación entre resultados empresariales y remuneración directiva. Cuando esa relación aparece debilitada o poco clara, pueden surgir dudas sobre la eficacia de los mecanismos de supervisión interna, lo que a su vez puede influir en la percepción del riesgo asociado a la empresa. En determinadas circunstancias, esa percepción puede traducirse en una menor disposición a invertir en el capital de la compañía o en la exigencia de mayores retornos para compensar la incertidumbre.
En este sentido, el debate suscitado por la salida de los anteriores directivos de Telefónica no debe interpretarse únicamente como una controversia puntual sobre indemnizaciones elevadas. Más bien constituye un ejemplo ilustrativo de los desafíos que plantea el gobierno corporativo en las grandes empresas contemporáneas. A medida que las organizaciones empresariales crecen en tamaño y complejidad, la distancia entre quienes poseen el capital y quienes toman las decisiones estratégicas tiende a ampliarse. Cuando esa distancia aumenta, la eficacia de los mecanismos de supervisión y de los sistemas de incentivos se vuelve especialmente importante.
Precisamente por ello, el funcionamiento adecuado del capitalismo corporativo depende en gran medida de que exista una conexión clara entre responsabilidad, resultados y recompensas. Cuando los directivos participan en los beneficios derivados de una buena gestión, pero también asumen parte de las consecuencias económicas de decisiones que no generan valor, el sistema de incentivos tiende a funcionar de manera más equilibrada. Por el contrario, cuando esa relación se debilita y las recompensas quedan parcialmente desvinculadas de los resultados obtenidos, el sistema de gobierno corporativo pierde parte de su capacidad disciplinaria.
El caso analizado en este artículo invita, por tanto, a que las sociedad reflexione sobre la importancia de reforzar los mecanismos institucionales que garantizan esa conexión entre decisiones y consecuencias, que tanto se ignoran como sucedió en Telefónica desde la llegada a la presidencia de directivos como: Villalonga, Alierta o Álvarez-Pallete. Con la situación descrita anteriormente puedo decir que, no se trata únicamente de evaluar un episodio concreto dentro de una empresa determinada, sino de recordar que la credibilidad del sistema de gobierno corporativo constituye uno de los pilares fundamentales sobre los que se sostiene el funcionamiento eficiente de las grandes empresas en las economías modernas. Fortalecer esa credibilidad, mediante reglas claras, incentivos bien diseñados y una supervisión efectiva, constituye uno de los retos centrales del capitalismo corporativo en el siglo XXI.
Para terminar el post quiero manifestar que el caso de Telefónica deja una conclusión difícil de eludir. La empresa ha pagado 78,3 millones de euros en indemnizaciones a dos de sus máximos directivos en un periodo en el que la cotización acumulaba una pérdida de valor superior al 60%. No se trata de una interpretación subjetiva ni de una valoración moral: son simplemente los datos que definen la situación. Las condiciones contractuales estaban pactadas, fueron aprobadas por los órganos internos correspondientes y, por tanto, se ejecutaron conforme a las reglas existentes. Precisamente por eso el problema no reside en una irregularidad concreta, sino en el diseño del propio sistema.
En la práctica, el resultado es muy claro. Los accionistas han soportado el deterioro del valor de la compañía mientras que la salida de los principales responsables de la gestión ha tenido un coste extraordinariamente elevado para la propia empresa. Cuando un sistema de gobierno corporativo permite que se produzca una combinación así —destrucción significativa de valor para el accionista y compensaciones extraordinarias para la dirección saliente— la conclusión inevitable es que el mecanismo de alineación de incentivos no está funcionando como debería.
En este punto resulta inevitable recordar la anécdota mencionada al inicio: el gerente que abandona la empresa con una indemnización millonaria después de una etapa de resultados decepcionantes, mientras el propietario asume las pérdidas. En Telefónica no se trata de una historia didáctica utilizada en un manual de economía. Es una situación real que se ha materializado dentro de una de las mayores compañías cotizadas del país. La diferencia es únicamente de escala.
La llegada de Marc Murtra a la presidencia podría haber representado una oportunidad para revisar en profundidad los mecanismos que han permitido que esta situación se produjera. Sin embargo, hasta el momento no se han observado cambios sustanciales en la arquitectura del gobierno corporativo de la compañía. El relevo se ha producido en las personas, pero no en las reglas que estructuran la relación entre remuneración, responsabilidad y resultados. Las políticas retributivas, la lógica de los incentivos y la estructura de supervisión interna continúan funcionando bajo los mismos parámetros institucionales que hicieron posible el episodio anterior.
Esta continuidad resulta especialmente preocupante porque el debate sobre las indemnizaciones no es únicamente una cuestión que afecte a los directivos o a los accionistas mayoritarios. También incide en los accionistas minoritarios, en los empleados, en los inversores institucionales y, en el caso de Telefónica, en una sociedad que participa indirectamente en el capital a través de la SEPI. Cuando una empresa con ese peso económico y simbólico mantiene un sistema en el que la relación entre resultados y recompensas aparece debilitada, la credibilidad del propio gobierno corporativo queda inevitablemente cuestionada.
La literatura económica lleva décadas insistiendo en la importancia de alinear incentivos, establecer mecanismos efectivos de responsabilidad y vincular la remuneración directiva a la creación de valor a largo plazo. Sin embargo, el episodio analizado demuestra hasta qué punto esas recomendaciones teóricas pueden quedar diluidas cuando el equilibrio de poder dentro de la organización permite que las reglas se diseñen de manera distinta.
Por esa razón, el problema que ha quedado al descubierto en Telefónica no pertenece únicamente al pasado reciente de la compañía. Mientras no se revisen los mecanismos institucionales que regulan la relación entre dirección, resultados y remuneración, el sistema seguirá funcionando exactamente igual que antes. Y cuando un sistema permanece intacto después de haber producido resultados como los que se han descrito, lo que se mantiene no es simplemente una estructura organizativa, sino un modelo de incentivos que traslada los costes a los accionistas y protege las rentas de la dirección. Para todos los demás grupos de interés (stakeholders) vinculados a la empresa, esa continuidad difícilmente puede interpretarse como una buena noticia.
Ya lo dijo Peter Drucker: “La remuneración de la dirección debe reflejar responsabilidad por los resultados; cuando la recompensa se separa del desempeño, el sistema de gestión deja de servir a la empresa.”
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