Hay una máxima clásica en los mercados que dice que “el accionista que no exige, acaba pagando”. En las grandes cotizadas europeas, cuando la cotización cae de forma sostenida o el mercado cuestiona la estrategia, son precisamente los accionistas de referencia los primeros en mover ficha, exigir explicaciones o forzar cambios. No hacerlo no es neutral: es una decisión en sí misma.
La intervención del Estado en empresas cotizadas debería responder a criterios objetivos, coherentes y alineados con la protección del conjunto de los accionistas. Sin embargo, los últimos movimientos evidencian una realidad incómoda: el Gobierno no actúa con el mismo nivel de exigencia en todas las compañías en las que participa. Mientras en Indra ha reaccionado con rapidez ante un riesgo de gobernanza, en Telefónica ha optado por una pasividad prolongada pese al deterioro del valor, la falta de validación del mercado y las dudas sobre la ejecución estratégica.
Esta disparidad no es menor. Introduce un mensaje claro: el umbral de intervención del Estado no viene determinado por la defensa del accionista, sino por otros intereses que no siempre coinciden con la creación de valor. Y eso, en una economía de mercado, no solo afecta a dos compañías concretas, sino que cuestiona la coherencia del propio papel del Estado como inversor y su compromiso real con la disciplina del mercado.
Hoy se publica en la prensa la noticia donde se recoge que el Gobierno ha pedido a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) que proponga de forma inminente la destitución de Ángel Escribano como presidente de Indra. Una decisión con la que el Ejecutivo pretende poner fin a la crisis interna provocada por el intento del empresario madrileño de que la compañía controlada por el ente público adquiriese su propia empresa familiar, Escribano Mechanical and Engineering (EM&E), valorada, según sus cálculos, en más de 2.000 millones de euros https://bit.ly/3NobCPa
Varias fuentes confirman que el Gobierno quiere que la salida de Ángel Escribano como primer ejecutivo de Indra se produzca antes de la celebración del próximo consejo de administración, previsto para el 25 de marzo. Por ello, la semana pasada, Manuel de la Rocha, responsable de Asuntos Económicos de la Moncloa, se reunió con Belén Gualda, presidenta de la SEPI, a la que solicitó que activara de forma inmediata el relevo en la cúpula de la compañía. A dicha reunión también fue invitado José Vicente de los Mozos, consejero delegado.
La crisis actual en Indra tiene su origen en el desembarco de la familia Escribano en el capital de la compañía y su progresiva consolidación como actor relevante dentro de su estructura accionarial y de gestión. Los hermanos Escribano, propietarios de EM&E, alcanzaron una participación del 14,3% del capital de Indra, adquirida en gran parte mediante financiación externa, lo que les situó como uno de los principales accionistas privados.
Desde su entrada, el contexto de Indra ha estado marcado por una fuerte presencia pública, dado que la SEPI controla aproximadamente un 28% del capital, lo que otorga al Gobierno una capacidad decisiva en la orientación estratégica de la empresa. En este marco, el Ejecutivo impulsó una política de consolidación del sector de defensa en España, situando a Indra como eje central.
En este proceso, Ángel Escribano fue designado presidente de la compañía dentro de una reconfiguración impulsada desde el entorno gubernamental. Paralelamente, se planteó una operación estratégica clave: la posible integración de EM&E en Indra. Esta operación generó desde el inicio una controversia significativa debido al conflicto de interés existente, al coincidir en la misma figura el papel de comprador (Indra) y vendedor (los propios Escribano).
El Gobierno, que inicialmente había favorecido la creación de un gran grupo nacional de defensa, comenzó a mostrar reticencias conforme avanzaba el proceso. Estas dudas se intensificaron tras las advertencias de accionistas y consejeros independientes sobre posibles implicaciones legales, así como el riesgo de demandas contra el consejo de administración. Como consecuencia, algunos consejeros llegaron a dimitir.
En este contexto, la Comisión Nacional del Mercado de Valores solicitó información sobre la comisión interna creada en Indra para analizar el conflicto de interés. De forma paralela, la SEPI trasladó la necesidad de paralizar las negociaciones, aunque el proceso continuó durante un tiempo dentro de la compañía.
El punto de máxima tensión se alcanzó cuando el Gobierno condicionó la aprobación de la operación a la salida de Ángel Escribano de la presidencia. Ante su negativa inicial y su defensa de la integración como elemento estratégico para el futuro de la empresa, el Ejecutivo optó por solicitar formalmente su destitución con el objetivo de cerrar la crisis interna.
En cuanto a la evolución económica de Indra durante este periodo, la compañía ha experimentado una revalorización bursátil significativa, llegando a multiplicar por más de tres su valor en bolsa en los últimos doce meses, en un contexto de fuerte crecimiento del gasto en defensa tanto a nivel nacional como europeo.
Este crecimiento ha estado acompañado de un aumento relevante en la cartera de contratos públicos. Según los datos, el Gobierno ha adjudicado a Indra contratos por valor superior a 7.000 millones de euros, muchos de ellos vinculados a programas estratégicos de defensa y tecnología. Estos contratos han contribuido a reforzar la posición de la compañía dentro del sector.
Además, en el ámbito europeo, Indra participa en proyectos de gran envergadura, entre los que destaca el FCAS (Future Combat Air System), un programa conjunto impulsado por varios países europeos para el desarrollo del sistema de combate aéreo del futuro. Este proyecto sitúa a la compañía como un actor relevante en la industria de defensa europea, especialmente en áreas como sensores, sistemas electrónicos y digitalización. Asimismo, participa en otras iniciativas tecnológicas en colaboración con consorcios internacionales.
En conjunto, la crisis en Indra responde a un conflicto de gobernanza corporativa derivado de la operación de integración con EM&E, que ha enfrentado los intereses de los accionistas privados con los criterios de control institucional del accionista público mayoritario. La entrada de la familia Escribano en el capital, hasta alcanzar una participación del 14,3% a través de Escribano Mechanical and Engineering (EM&E), coincidió con el objetivo del Gobierno de convertir a Indra en el principal actor nacional en el ámbito de la defensa. En este contexto, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, con un 28% del capital, ha ejercido un papel determinante en la orientación estratégica de la empresa.
El elemento que desencadena la crisis es la propuesta de integración de EM&E en Indra, una operación que, desde el punto de vista industrial, se planteaba como un paso más en la consolidación del sector, pero que generó un conflicto de interés evidente al coincidir en la misma figura el papel de comprador y vendedor. Esta situación provocó tensiones dentro del consejo de administración, el rechazo de parte de los accionistas y la intervención de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que solicitó información sobre los mecanismos internos de control del conflicto.
Paralelamente, el contexto en el que se produce esta crisis es el de un fuerte crecimiento del sector de defensa en Europa. La guerra en Ucrania y el incremento del gasto militar de los países europeos, en el marco de la OTAN, han reforzado la posición de compañías como Indra. Este entorno ha favorecido una evolución muy positiva de la empresa, tanto en términos operativos como bursátiles.
Durante el periodo en el que Ángel Escribano ha estado al frente de Indra, la compañía ha experimentado una revalorización significativa en bolsa, llegando a multiplicar su valor por más de tres en aproximadamente un año. Este comportamiento se ha apoyado en el crecimiento de su negocio, en el aumento de su cartera y en su posicionamiento como actor estratégico dentro del nuevo ciclo de inversión en defensa en Europa, más que en factores exclusivamente ligados a la gestión individual. En este mismo periodo, Indra ha reforzado su cartera de contratos, impulsada en gran medida por programas vinculados al Estado español y al desarrollo de capacidades estratégicas.
En conjunto, la situación actual de Indra no responde a un deterioro económico o industrial, sino a un conflicto de gobernanza corporativa derivado de la operación de integración con EM&E. Este conflicto ha enfrentado la estrategia de consolidación impulsada desde el ámbito público con la necesidad de garantizar la transparencia, la separación de intereses y el adecuado funcionamiento de una sociedad cotizada.
La comparación sobre los problemas detectados en Indra y Telefónica permite sostener que la SEPI y el Gobierno han aplicado dos criterios de intervención muy distintos porque los problemas detectados en una y otra compañía no son de la misma naturaleza. En Indra, la reacción fue rápida porque el riesgo era inmediato y de gobierno corporativo: la posible compra de EM&E colocaba al presidente de la compradora en la posición de propietario de la vendedora, un conflicto de interés evidente en una cotizada estratégica con la SEPI como accionista de referencia. En Telefónica, en cambio, no ha aflorado un conflicto equivalente de esa clase, sino un problema de validación estratégica y de recepción de mercado de la nueva etapa abierta con la llegada de Marc Murtra el 18 de enero de 2025. Ese relevo fue promovido por la SEPI y formalizado por el consejo de la operadora ese mismo día https://bit.ly/3NxM3Lo
Desde su llegada, la principal crítica objetiva a la nueva presidencia de Murtra no ha sido una irregularidad de gobierno, sino la ausencia durante meses de un marco estratégico definido. Reuters recogió a finales de febrero del año 2025 que Murtra aplazaba la revisión de la estrategia a la segunda mitad del año y evitaba dar una guía a medio plazo hasta entonces. Finalmente, el plan estratégico “Transform & Grow” no se presentó hasta el 4 de noviembre de 2025. Es decir, la compañía pasó cerca de diez meses con un cambio de presidencia ya consumado, pero sin un plan de mercado formalmente expuesto a los inversores https://bit.ly/4rAeYwi
Cuando ese plan llegó, la reacción bursátil fue claramente negativa. Reuters informó de que, el mismo 4 de noviembre de 2025, los inversores borraron alrededor de 3.000 millones de euros de valor bursátil de Telefónica y la acción cayó un 13% al cierre, su mayor descenso diario desde la pandemia. El mercado no recibió el plan como una hoja de ruta capaz de generar confianza inmediata, sino como una propuesta que combinaba recorte de dividendo, disciplina de deuda y preparación para futuras operaciones corporativas, pero sin una evidencia suficiente de creación de valor a corto plazo. Ese dato es importante porque muestra que la “sentencia del mercado” sobre la nueva etapa no fue de respaldo, sino de escepticismo https://bit.ly/4sner2k
La razón de fondo parece estar en el núcleo del mensaje defendido por Murtra. Tanto en sus declaraciones públicas como en el propio plan de Telefónica, la tesis central ha sido que Europa necesita mayor escala en telecomunicaciones y que la consolidación es condición necesaria para invertir mejor, competir con Estados Unidos y China y reforzar la autonomía tecnológica. Reuters resumió esa posición al señalar que Murtra quería preparar a Telefónica para oportunidades de M&A y liderar la consolidación del mercado europeo; la propia Telefónica afirmó en su Capital Markets Day que la falta de consolidación había provocado inversiones ineficientes y que el grupo debía estar listo para aprovechar cualquier operación que surgiera https://bit.ly/4bz6lw9
Sin embargo, ese planteamiento ha chocado con un límite regulatorio y estructural que el mercado no parece haber considerado resuelto. Teresa Ribera, comisaria europea de Competencia, dijo en marzo de 2026 que la revisión de las normas de fusiones no supondrá un “cheque en blanco” para la consolidación. Esa afirmación no niega que Bruselas esté dispuesta a revisar criterios, pero sí desmiente la idea de que baste con esperar una relajación regulatoria para que las grandes telecos europeas puedan crecer por concentración sin mayores obstáculos. Al mismo tiempo, distintas referencias sobre el sector vienen insistiendo en que el gran problema europeo no es solo el tamaño de cada operador, sino la fragmentación del mercado por marcos nacionales distintos, algo que limita las sinergias transfronterizas. En ese punto, la apuesta de Murtra por la consolidación dentro de los mercados existentes puede considerarse incompleta: el diagnóstico de escala puede ser correcto, pero la solución no depende solo de menos operadores, sino también de una integración más profunda del mercado europeo https://bit.ly/47DTmIl
Por eso, el contraste con Indra resulta tan llamativo. En Indra, el Gobierno actuó porque detectó un riesgo de captura del proceso corporativo por parte de un accionista privado en una empresa estratégica. En Telefónica, pese a que la cotización no ha premiado la nueva etapa y pese al rechazo explícito del mercado al plan del 4 de noviembre, no ha habido una reacción equivalente de la SEPI. La explicación es que el Estado no está corrigiendo en Telefónica un problema de legalidad o de conflicto de interés, sino observando una apuesta empresarial que de momento no ha convencido al mercado, pero que sigue se sigue defendiendo dentro del ámbito de la discrecionalidad estratégica del consejo. Eso no elimina la contradicción política aparente: en una compañía el Estado actúa con contundencia para impedir una deriva de control; en la otra tolera una etapa cuyo balance bursátil inicial ha sido desfavorable para los accionistas https://bit.ly/4bP7TDq
Tampoco el resultado contable del primer ejercicio completo de Murtra ayuda a reforzar el relato del relevo. Telefónica registró unas pérdidas de 4.318 millones de euros en el año 2025. La propia empresa explicó que esas pérdidas se debieron a factores no recurrentes: 2.049 millones de pérdidas en operaciones continuadas por reestructuración y deterioros de activos, más 2.269 millones asociados a las desinversiones de Hispam en Argentina, Perú, Uruguay y Ecuador. Al mismo tiempo, la compañía subrayó que el beneficio neto ajustado de las operaciones continuadas fue de 2.122 millones de € y que cumplió sus objetivos financieros de 2025. Por tanto, la fotografía es doble: el resultado reportado fue muy malo, pero la empresa sostiene que el negocio que permanece en el perímetro sigue generando caja y rentabilidad operativa. Esa matización es esencial para no confundir una pérdida contable muy severa con un colapso operativo integral https://bit.ly/4uB9S5J
Aquí entra la cuestión latinoamericana. La salida acelerada de parte de Hispanoamérica formó parte de la reorientación de Telefónica hacia sus cuatro mercados principales: España, Brasil, Alemania y Reino Unido. Reuters informó en septiembre del año 2025 de que Murtra buscaba liberar recursos vendiendo activos de la América hispanohablante y concentrarse en mercados considerados núcleo. Esa es una decisión estratégica legítima desde el punto de vista financiero y de rating, pero no queda plenamente validada por el hecho de que otros grupos presentes en la región sigan obteniendo beneficios. América Móvil, por ejemplo, reportó un fuerte aumento de su beneficio tanto en el tercer trimestre de 2025 como en el cuarto trimestre de 2025, y Reuters también recoge beneficios anuales netos relevantes para el año 2025. Eso no prueba por sí mismo que Telefónica se equivocara al salir, porque el perímetro, la estructura de capital, las geografías y la exposición cambiaria no son idénticos; pero sí impide aceptar sin más que Latinoamérica fuese un espacio estructuralmente inviable para cualquier operador. Más bien sugiere que Telefónica optó por abandonar parte de ese frente para simplificar balance y concentrar recursos, no porque toda la región hubiese dejado de ser capaz de generar valor económico https://bit.ly/4sHLuxu
En conjunto, el balance comparado es severo para la SEPI. En Indra, el Estado se ha mostrado hiperactivo para evitar que una compañía estratégica quede condicionada por el interés particular de un accionista minoritario con un conflicto de interés manifiesto. En Telefónica, donde el problema no es de conflicto sino de estrategia, tiempos de ejecución y recepción de mercado, la SEPI ha mantenido una posición mucho más pasiva, aunque el relevo que impulsó no haya producido hasta ahora una mejora bursátil clara ni una acogida positiva del plan estratégico. A día de hoy, lo que reflejan los hechos públicos es que Murtra ha articulado un discurso de escala, consolidación y autonomía tecnológica europea, pero el mercado no lo ha premiado de forma concluyente, y la propia Comisión Europea, a través de Teresa Ribera, ha dejado claro que la revisión de las reglas de competencia no equivaldrá a una autorización automática de esa agenda https://bit.ly/3NtBwRp
La consecuencia política de esa diferencia de trato es evidente: mientras en Indra la SEPI ha actuado como garante activo del interés institucional, en Telefónica aparece más bien como accionista de acompañamiento de una presidencia a la que ella misma dio paso y cuyo primer año ha quedado marcado por una espera prolongada del plan, una fuerte desaprobación bursátil cuando ese plan se presentó y unas pérdidas contables históricamente muy elevadas, aunque explicadas en gran parte por extraordinarios. Ese contraste no demuestra por sí mismo un error jurídico o societario en Telefónica, pero sí dibuja una asimetría clara en la intensidad con la que el Estado decide intervenir cuando percibe riesgo de gobernanza frente a cuando el problema es de ejecución estratégica y de destrucción de valor bursátil https://bit.ly/419uXXr
A partir de estos hechos, la comparación deja de ser únicamente técnica para convertirse en una cuestión de credibilidad institucional. El Estado, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), ha demostrado en Indra que es capaz de intervenir con rapidez, decisión y sin ambigüedades cuando considera que existe un riesgo para el control, la gobernanza o la integridad del proceso corporativo. Sin embargo, esa misma determinación desaparece en Telefónica, donde el problema no es jurídico, sino económico y estratégico, pero igualmente relevante para el conjunto de los accionistas.
El contraste es difícil de justificar. En Indra, se actúa para evitar un conflicto de interés potencial; en Telefónica, se tolera una pérdida de valor sostenida, una ejecución estratégica cuestionada por el mercado y una falta de respuesta proporcional del accionista público. No se trata de que ambos casos sean idénticos, sino de que en ambos existe un elemento común: el impacto directo sobre el interés del accionista. Y, sin embargo, solo en uno de ellos se despliega toda la capacidad de intervención del Estado.
Este doble rasero evidencia que el criterio de actuación no está alineado con la defensa del accionista ni con la disciplina de mercado, sino con una jerarquía implícita de prioridades donde el riesgo institucional pesa más que el daño económico. En otras palabras, el Estado actúa cuando percibe que puede perder control o credibilidad política, pero no cuando los accionistas pierden valor. Esa distinción no es neutra: introduce una señal preocupante sobre cuál es realmente el papel del Estado dentro de las compañías cotizadas en las que participa.
Porque si la presencia pública se justificó para entrar en Telefónica por el gobierno cuando volvió al capital de la operadora, difícilmente se puede justificar la inacción del gobierno a través de la SEPI para proteger el interés de un millón de accionistas en el caso de Telefónica. La ausencia de una reacción proporcional transmite la idea de que el accionista público no ejerce como inversor exigente, sino como un actor selectivo que interviene solo cuando el problema afecta a la estructura de poder, pero no cuando afecta al rendimiento.
En este contexto, la diferencia de trato entre Indra y Telefónica no es solo una cuestión de matiz, sino un síntoma de fondo: el Estado actúa con contundencia cuando hay riesgo de control, pero permanece pasivo cuando el mercado emite una señal negativa clara. Esa asimetría no solo debilita la posición de la SEPI como accionista, sino que cuestiona la coherencia del propio modelo de participación pública en empresas cotizadas.
Hoy se publica en la prensa que Deutsche Bank rebaja del precio objetivo de Telefónica hasta los 3,20 euros por acción, manteniendo además una recomendación explícita de venta https://bit.ly/4sfHx3n No es un hecho aislado, sino la confirmación de una percepción de mercado que se ha ido consolidando en los últimos meses. A escasos días de la Junta General de Accionistas del 26 de marzo, esta revisión introduce un elemento de presión adicional sobre los órganos de gobierno de la compañía y, especialmente, sobre sus accionistas dominicales.
El mercado ya había emitido señales claras tras la presentación del plan estratégico, con caídas significativas en la cotización y una pérdida de miles de millones de euros en capitalización bursátil en una sola sesión . A ello se suma ahora el posicionamiento de una entidad como Deutsche Bank, que no solo ajusta su valoración, sino que insiste en una recomendación negativa, lo que apunta a una falta de confianza sostenida en la capacidad de la compañía para generar valor en el corto y medio plazo.
En este contexto, la proximidad de la Junta General de Accionistas adquiere una relevancia especial, porque pone el foco en el papel de los accionistas dominicales. Estos accionistas —entre ellos el Estado a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales— no son meros inversores financieros, sino actores con capacidad real de influencia sobre la estrategia, el gobierno corporativo y la rendición de cuentas de la compañía. Sin embargo, hasta la fecha, no se ha producido una manifestación pública clara ni una exigencia visible de corrección del rumbo, a pesar de que la evolución bursátil y las valoraciones de los analistas han sido consistentemente negativas.
Esta pasividad resulta especialmente significativa porque se produce en un momento en el que el mercado está cuestionando abiertamente el relato estratégico de la compañía. La insistencia en la consolidación como eje central no ha sido validada por los inversores, mientras que otros factores como el recorte del dividendo, el nivel de endeudamiento o la falta de catalizadores claros de crecimiento han pesado más en la valoración.
La cuestión de fondo, por tanto, no es únicamente la rebaja puntual de un precio objetivo, sino la ausencia de una respuesta proporcional por parte de quienes tienen la capacidad de exigir cambios. La Junta del 26 de marzo debería ser el foro natural para ese ejercicio de responsabilidad. Si los accionistas dominicales no trasladan una posición clara ante una situación en la que el mercado ha emitido reiteradamente una señal negativa, se consolidará la percepción de que su papel es más pasivo que activo, incluso en escenarios donde el valor para el accionista se ve deteriorado de forma continuada.
En ese sentido, la rebaja de Deutsche Bank no solo ajusta una valoración, sino que actúa como un recordatorio previo a la Junta: el mercado ya ha tomado posición; falta por ver si quienes controlan la compañía están dispuestos a hacerlo también.
En última instancia, lo que está en juego no es solo la gestión de dos compañías concretas, sino la credibilidad del marco de participación pública en empresas cotizadas en España. Cuando el Estado interviene de forma selectiva, actuando con contundencia en unos casos y mostrando pasividad en otros, introduce un factor de incertidumbre que el mercado no ignora. La previsibilidad, la coherencia y la alineación con el interés del accionista son elementos clave en cualquier economía avanzada. Si estos principios se perciben como subordinados a decisiones discrecionales, el efecto no se limita a Indra o Telefónica, sino que afecta a la percepción global de España como destino de inversión.
Por ello, la Junta General de Accionistas de Telefónica no solo será una cita corporativa, sino también una prueba de hasta qué punto los accionistas dominicales —y especialmente la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales— están dispuestos a ejercer su responsabilidad con el mismo nivel de exigencia que han demostrado en otros casos. Porque, a estas alturas, la cuestión ya no es si el mercado ha emitido su veredicto, sino si quienes tienen capacidad de decisión están dispuestos a escucharlo.
Para terminar el post, conviene volver al punto de partida. Hay una máxima clásica en los mercados que dice que “el accionista que no exige, acaba pagando”. No es una frase retórica, es una realidad observable. Y hay una anécdota que lo ilustra bien: en una gran cotizada europea, tras varios trimestres de caída sostenida en bolsa, un accionista relevante tomó la palabra en junta y formuló una pregunta simple: “¿Quién está defendiendo aquí nuestro dinero?”. No hubo respuesta clara. Meses después, el valor había seguido deteriorándose. Nadie había actuado, y el mercado ya había hecho su trabajo.
Ese mismo patrón es el que hoy se reproduce en la comparación entre Indra y Telefónica. La conclusión es incómoda pero evidente: la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales no está aplicando un criterio homogéneo en la defensa del interés general ni del conjunto de los accionistas. En Indra, el Estado ha intervenido con rapidez y determinación para evitar un conflicto de gobernanza potencial; en Telefónica, ha optado por una posición pasiva pese a una señal reiterada del mercado en forma de caída de la cotización, pérdida de capitalización y rechazo explícito al plan estratégico presentado.
Esta diferencia no puede justificarse únicamente por la distinta naturaleza de los problemas. Porque si el interés general incluye preservar la credibilidad del mercado, garantizar la disciplina en la gestión y proteger el valor para los accionistas, resulta difícil sostener que esa función se ejerce con la misma intensidad en ambos casos. En la práctica, lo que se observa es una actuación selectiva: se interviene cuando hay riesgo de control o de conflicto formal, pero no cuando el deterioro es económico y afecta directamente al valor de la compañía.
A estas alturas, el contexto ya no admite ambigüedades. El mercado ha emitido una señal clara y rotunda tras la gestión y el plan estratégico impulsado bajo la presidencia de Marc Murtra. La rebaja de valoraciones, la reacción bursátil negativa y la falta de confianza reflejada por los analistas no son interpretaciones, son hechos. Y frente a esos hechos, la ausencia de una posición clara por parte de la SEPI deja de ser prudencia para convertirse en una forma de inacción.
Por ello, la próxima Junta General de Accionistas de Telefónica no es solo una cita corporativa más, sino un momento de definición. Ha llegado el momento de que el accionista público se retrate: o ejerce como un inversor exigente, alineado con la defensa del valor y del interés de todos los accionistas, o consolida la percepción de que su papel responde a criterios distintos a los del mercado.
Porque, como en aquella junta del comienzo del post en la que nadie supo responder quién defendía el dinero de los accionistas, cuando el mercado ya ha dictado sentencia, no posicionarse también es, en sí mismo, una decisión… Y siempre tiene consecuencias.
Ya lo dijo Warren Buffett: “La primera regla es no perder dinero. La segunda regla es no olvidar la primera.”
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