Resulta paradójico que el sector europeo de las telecomunicaciones olvide su propia historia. Uno de los mayores éxitos industriales de Europa, el GSM, no nació de una gran fusión entre operadores, ni de la absorción de unos actores por otros, sino de un acuerdo de cooperación. En 1987, operadores y administraciones europeos firmaron el Memorando de Entendimiento GSM para impulsar una red móvil paneuropea basada en un estándar común. Aquel movimiento permitió superar la fragmentación de los sistemas nacionales, crear economías de escala para fabricantes y operadores, facilitar el roaming y convertir una solución europea en un estándar global. Es decir, Europa ganó escala no eliminando competidores, sino alineando reglas, tecnología, estándares y despliegues. La lección histórica es incómoda para el discurso actual de los directivos de las grandes telecos: cuando Europa lideró las comunicaciones móviles, lo hizo mediante coordinación industrial y cooperación estructurada (consorcio), no mediante una carrera de fusiones nacionales.
Esa anécdota encaja muy bien porque permite decir que el modelo consorcial no es ajeno al sector teleco. Al contrario: forma parte de su mejor tradición europea. El GSM fue una demostración temprana de que la escala podía construirse compartiendo estándares y objetivos, sin necesidad de concentrar toda la propiedad empresarial. Por eso, cuando hoy los directivos de las operadoras presentan la fusión como la única vía para ganar tamaño, la historia del propio sector les devuelve una contradicción evidente: Europa ya construyó una ventaja global en telecomunicaciones mediante cooperación consorcial, no mediante concentración por medio de fusión.
La noticia sobre el retraso del calendario europeo de las gigafactorías de inteligencia artificial (IA) permite observar una contradicción cada vez más evidente en la política tecnológica europea. Mientras la Comisión Europea articula el desarrollo de la IA estratégica mediante consorcios público-privados, financiación compartida, gobernanza común y acceso regulado a infraestructuras críticas, el sector europeo de las telecomunicaciones continúa defendiendo mayoritariamente la vía de las fusiones como respuesta a su falta de escala. La comparación no es menor. En ambos casos se habla de soberanía digital, competitividad frente a Estados Unidos y China, necesidad de inversión y creación de capacidades tecnológicas europeas. Sin embargo, la herramienta elegida no es la misma. En la IA, Bruselas está impulsando una lógica de cooperación industrial organizada; en las telecomunicaciones los directivos de buena parte de los grandes operadores de telecomunicaciones insisten en una lógica de concentración empresarial.
Esta diferencia abre un debate de fondo sobre qué entiende Europa por “escala”. Si la escala se construye mediante consorcios, puede traducirse en infraestructuras compartidas, interoperables y sometidas a objetivos de interés común. Si se construye mediante fusiones, puede derivar en menos competidores, más poder de mercado y una promesa de inversión que necesita ser corregida mediante condiciones regulatorias. Por eso, el caso de las gigafactorías de IA no solo es relevante por su impacto tecnológico, sino porque muestra un modelo alternativo de política industrial que contrasta con el camino que parte del sector teleco pretende imponer. Ahí está la contradicción central: Europa ya está demostrando que sabe crear escala sin eliminar competencia, pero los directivos de las telecomunicaciones siguen planteando la concentración como si fuera la única respuesta posible.
La noticia publicada ayer en el diario Vozpópuli cuenta que Bruselas y los Estados miembros están reajustando el calendario del plan europeo de gigafactorías de inteligencia artificial. La convocatoria formal a los consorcios empresariales, que inicialmente se esperaba para comienzos del año 2026, se ha retrasado mientras la Comisión Europea y los países participantes terminan de cerrar la arquitectura jurídica, presupuestaria y administrativa del proyecto dentro de EuroHPC. Según el artículo, Bruselas mantiene la intención de lanzar el proceso esta primavera, pero todavía no hay fecha definitiva https://bit.ly/4uwWC17
El proyecto forma parte de la estrategia europea para competir en capacidad de computación de IA frente a Estados Unidos y China. EuroHPC define estas gigafactorías como grandes instalaciones destinadas al desarrollo, entrenamiento e inferencia de modelos de IA de nueva generación, con infraestructura de computación optimizada, almacenamiento, redes, nube segura y servicios especializados. La Comisión Europea también ha explicado que estas instalaciones reunirán más de 100.000 procesadores avanzados de IA y estarán vinculadas al fondo InvestAI, con hasta 20.000 millones de euros para crear hasta cinco gigafactorías https://bit.ly/4tv35c9 , https://bit.ly/4tWiao3
En el caso español, la candidatura se articula alrededor de Móra la Nova, en Tarragona, y posteriormente se añadió San Fernando de Henares, en Madrid, como parte de una propuesta multisede. RTVE publicó en junio del año 2025 que el proyecto español estaba liderado por Telefónica y contaba con ACS, MasOrange, Nvidia, Submer, Multiverse Computing y la SETT, con una inversión aproximada de 5.000 millones de euros. El diario La Vanguardia informó en enero de 2026 de la incorporación de Madrid a la candidatura, con una inversión público-privada que el Gobierno situaba por encima de los 4.000 millones https://bit.ly/42swF74
El retraso que destaca Vozpópuli encaja con las condiciones formales del nuevo marco europeo. El Consejo de la UE aprobó en enero de 2026 la modificación del reglamento de EuroHPC para permitir el desarrollo y operación de gigafactorías de IA mediante colaboración público-privada entre la UE, los Estados miembros y la industria. Además, las FAQ oficiales de EuroHPC indican que los Estados deben aclarar su compromiso financiero antes de la convocatoria y que la firma del acuerdo de contratación conjunta es un requisito previo para lanzar el proceso https://bit.ly/4ttGQn1 , https://bit.ly/4fajrDq
La financiación es uno de los puntos centrales. Vozpópuli señala que la UE cubriría hasta el 17% del capex de la infraestructura computacional, que los Estados deberán al menos igualar esa contribución y que el resto recaería en los consorcios privados. Esa misma lógica aparece en la documentación de EuroHPC, que indica que los Estados deben igualar como mínimo la aportación de EuroHPC y que la contribución pública se vincula a la infraestructura informática, no al edificio físico del centro de datos https://bit.ly/4nfy5v4
Otros medios han publicado que el Gobierno español prevé aportar 250 millones de euros al proyecto liderado por ACS y Telefónica, con participación de la SETT, y que esa entrada pública todavía se estaba negociando en marzo de 2026. Forbes añadió que la candidatura española contempla las sedes de Móra la Nova y San Fernando de Henares, y que España y Portugal acordaron explorar una posible coordinación ibérica en el marco de la candidatura https://bit.ly/4uHgI9k
En conjunto, la noticia apunta a que el proyecto no está cancelado, sino p endiente de cerrar calendario, compromisos nacionales y fórmula financiera antes de que EuroHPC lance la convocatoria definitiva. Lo publicado hasta ahora sitúa a Telefónica y ACS como piezas principales del consorcio español, con apoyo público a través del Gobierno y la SETT, y con un calendario europeo que aspira a que las instalaciones seleccionadas estén operativas entre 2027 y 2028 https://bit.ly/4wkEF7J , https://bit.ly/4eBjwQy
La situación descrita en la noticia de Vozpópuli refleja que las gigafactorías europeas de IA no se están planteando como simples centros de datos, sino como una pieza de política industrial europea. El elemento central es el consorcio público-privado, porque el proyecto exige juntar tres capacidades que por separado serían insuficientes: financiación pública europea, compromiso financiero de los Estados miembros y ejecución industrial privada. Vozpópuli señala que Bruselas ha retrasado la convocatoria formal mientras negocia con los Estados dentro de EuroHPC, precisamente porque antes de lanzar el proceso deben quedar cerrados el calendario, la fórmula jurídica y la arquitectura financiera. Ese retraso no aparece como una cancelación del plan, sino como una consecuencia de la complejidad institucional de un proyecto en el que participan la Comisión, EuroHPC, los gobiernos nacionales y los consorcios empresariales.
El consorcio es importante porque la propia normativa europea lo convierte en la unidad operativa del proyecto. El Reglamento europeo 2026/150 establece que una gigafactoría de IA será apoyada por una asociación entre la Unión, uno o varios Estados participantes y un consorcio de gigafactoría de IA, que podrá incluir proveedores de infraestructuras tecnológicas y estará representado por un coordinador legal. También prevé que, si la gigafactoría tiene varios emplazamientos, estos funcionen como una entidad técnica integrada, interconectada por redes de alta velocidad. Por tanto, la lógica del proyecto no es que una sola empresa construya una instalación aislada, sino que varios actores industriales, tecnológicos, financieros y públicos presenten una propuesta común con capacidad de inversión, operación, conectividad, energía, computación y gobernanza https://bit.ly/4detKUv
En el caso español, esa lógica se ve con claridad. RTVE publicó que la candidatura inicial de Móra la Nova estaba impulsada por el Gobierno y un consorcio público-privado liderado por Telefónica, con presencia de ACS, MasOrange, Nvidia, Submer, Multiverse Computing y la SETT (SEPI digital). La función de cada tipo de actor encaja con la naturaleza del proyecto: Telefónica aporta posición en conectividad, redes y servicios digitales; ACS aparece vinculada a la dimensión de infraestructura; Nvidia al suministro tecnológico de computación avanzada; Submer a soluciones de refrigeración; Multiverse Computing al ecosistema de IA y computación; y la SETT representa la participación pública española. El dato relevante no es solo la lista de empresas, sino que la candidatura se presenta como una agregación de capacidades necesarias para competir por una infraestructura europea de gran escala https://bit.ly/4ubKnqY
La incorporación de Madrid a la candidatura catalana refuerza esa misma idea de consorcio e integración territorial. La Moncloa anunció en enero de 2026 que Madrid se sumaría a Cataluña en la propuesta española, con Móra la Nova y San Fernando de Henares como sedes, y vinculó la candidatura a una inversión público-privada que podría superar los 4.000 millones de euros. Además, el Gobierno afirmó que las gigafactorías seleccionadas deberían estar operativas entre 2027 y 2028 y que podrían acceder a financiación comunitaria. Esa estructura multi sede encaja con el reglamento europeo, que admite gigafactorías multi emplazamiento siempre que funcionen como una entidad técnica integrada https://bit.ly/4dfW6hc
La alineación entre la Comisión Europea y el Gobierno español aparece en el objetivo declarado: reducir la dependencia tecnológica y reforzar la soberanía digital europea. La Comisión Europea presenta las fábricas y gigafactorías de IA como instrumentos para reunir potencia de cálculo, datos y talento, con acceso para empresas, universidades, centros de investigación, pymes, startups y administraciones públicas. En el caso de las gigafactorías, la Comisión las define como instalaciones a gran escala para desarrollar y entrenar modelos de IA de nueva generación, con más de 100.000 procesadores avanzados de IA, capacidad energética, redes avanzadas, cadenas de suministro fiables y eficiencia energética https://bit.ly/48Ohets
España utiliza prácticamente el mismo marco conceptual. La Moncloa afirma que la candidatura busca posicionar al país como centro neurálgico del ecosistema europeo de IA combinando inversión público-privada, capacidad industrial, talento tecnológico y soberanía digital. También describe las gigafactorías como infraestructuras para entrenar modelos de IA de próxima generación con billones de parámetros y más de 100.000 procesadores avanzados. Por tanto, hay una coincidencia directa entre el lenguaje de Bruselas y el del Gobierno español: ambos presentan estas instalaciones como una infraestructura estratégica, no como una inversión tecnológica convencional https://bit.ly/4uGj9cc
La comparación con Estados Unidos y China es el marco geopolítico del proyecto. Vozpópuli sitúa las gigafactorías dentro del esfuerzo europeo para competir en capacidad computacional con esas dos potencias. La Comisión y el BEI también han presentado la iniciativa como una forma de reforzar la independencia tecnológica y la competitividad europeas. El memorando entre la Comisión y el Banco Europeo de Inversiones habla de crear hasta cinco grandes gigafactorías de IA y de complementar las subvenciones con financiación que estimule inversión privada para startups, investigadores e industria europea https://bit.ly/3RuVCMI
La razón de fondo es que la IA avanzada depende de una infraestructura extremadamente costosa. Entrenar modelos de gran tamaño exige chips especializados, centros de datos de alta densidad, almacenamiento, redes, refrigeración, energía estable y software especializado. Por eso, el proyecto europeo combina subvención pública, compromiso estatal y capital privado. El reglamento fija que la contribución financiera de la Unión cubrirá hasta el 17% del CAPEX de la infraestructura informática global, que los Estados participantes deberán igualar como mínimo esa aportación y que el consorcio privado cubrirá la inversión restante y los costes operativos https://bit.ly/4njkB1D
Este punto explica por qué el calendario se ha vuelto sensible. Antes de lanzar la convocatoria, los Estados miembros deben aclarar su compromiso financiero. Las FAQ de EuroHPC indican que el compromiso de los Estados debe presentarse antes de la convocatoria de manifestaciones de interés y que el acuerdo de contratación conjunta es requisito previo para lanzar la convocatoria oficial. También aclaran que los Estados no evaluarán las candidaturas una vez lanzado el proceso, para preservar la objetividad, pero sí deben hacer público si apoyan financieramente la iniciativa https://bit.ly/3PbDmas
En España, la participación pública se ha concretado en la previsión de una aportación de 250 millones de euros al consorcio liderado por ACS y Telefónica. Europa Press publicó que el Gobierno aportará esa cantidad y que la SETT entrará en el capital de la iniciativa, aunque esa entrada estaba todavía en negociación. La secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, María González Veracruz, señaló además que el proyecto se presentará cuando la Comisión Europea lance la convocatoria correspondiente. Este dato conecta directamente con el retraso señalado por Vozpópuli: la candidatura española existe, pero su formalización depende de que Bruselas active el procedimiento https://bit.ly/3PeIU4b
La centralidad del consorcio también tiene una dimensión de control estratégico. El reglamento europeo permite restringir o excluir la participación de entidades de terceros países cuando pueda afectar a activos estratégicos, intereses, autonomía o seguridad de la Unión. También exige que los convenios de acogida detallen la estructura de propiedad, gobernanza, condiciones de acceso, contribuciones financieras, calidad del servicio, uso de la infraestructura y salvaguardas frente a conflictos de interés. Esto muestra que Bruselas no solo busca construir capacidad técnica, sino controlar quién accede a ella, bajo qué condiciones y con qué garantías para los intereses europeos https://bit.ly/48SxQjL
El acceso a la capacidad computacional es otro elemento clave. El reglamento establece que el tiempo de acceso de la Unión y de los Estados participantes será proporcional a sus contribuciones financieras. También prevé acceso gratuito para determinados usuarios públicos, para actividades de investigación e innovación financiadas por programas europeos y para actividades privadas de innovación de pymes, startups y empresas en expansión. Esto convierte la gigafactoría en una infraestructura de uso compartido, no únicamente en un activo privado del consorcio ganador https://bit.ly/3P9r7eI
La candidatura española se enmarca, por tanto, en una doble estrategia. Para la Comisión Europea, las gigafactorías buscan crear capacidad de cómputo suficiente para desarrollar modelos avanzados en Europa y reforzar su competitividad tecnológica. Para España, la candidatura permite intentar atraer una infraestructura crítica que combina inversión, industria, talento, conectividad y posicionamiento dentro del mapa europeo de IA. Esa coincidencia de intereses explica que el Gobierno español apoye una candidatura con grandes empresas privadas, participación pública mediante la SETT y una propuesta territorial que ha pasado de Móra la Nova a un esquema con Cataluña y Madrid https://bit.ly/4ttNvO3
La posible coordinación con Portugal añade otra capa a esa lógica de escala. La Moncloa informó en marzo de 2026 de que España y Portugal acordaron explorar una candidatura ibérica. España ya trabajaba con Móra la Nova y San Fernando de Henares como sedes, y, si la colaboración portuguesa se concretaba, ambos países coordinarían sus proyectos. Ese planteamiento es coherente con la normativa europea, que permite proyectos multi emplazamiento y multinacionales, siempre que los Estados participantes presenten sus compromisos financieros y que la propuesta funcione como una entidad integrada https://bit.ly/4tTtCkm
La situación actual puede entenderse así: Bruselas está construyendo el marco común; los Estados miembros deben comprometer financiación y encajar sus presupuestos; y los consorcios privados deben preparar propuestas suficientemente sólidas en términos técnicos, financieros, energéticos y operativos. La selección se hará según criterios de calidad técnica, infraestructura física, informática y de red, seguridad, fiabilidad, sostenibilidad, eficiencia energética, experiencia del consorcio, impacto en el ecosistema europeo de IA, contribución a la autonomía estratégica y viabilidad financiera https://bit.ly/4ubNkYA
Por eso, el retraso del calendario no es un asunto menor, pero tampoco altera por sí mismo la dirección del proyecto. Lo que revela es que la gigafactoría de IA se está convirtiendo en una infraestructura estratégica sometida a reglas de financiación pública, contratación conjunta, control europeo, compromisos nacionales y ejecución empresarial. La noticia de Vozpópuli muestra ese momento intermedio: los consorcios, entre ellos el español vinculado a Telefónica y ACS, están posicionados, pero Bruselas y los Estados aún deben cerrar las condiciones exactas antes de abrir la competición formal https://bit.ly/4uHntYK
En conclusión, la imagen más nítida es la de una convergencia entre la política industrial europea y la estrategia digital española. La Comisión Europea busca reducir la brecha con Estados Unidos y China mediante infraestructuras de computación de escala continental; España intenta situarse dentro de esa red con una candidatura respaldada por empresas tecnológicas, constructoras, operadores de telecomunicaciones y capital público; y el consorcio aparece como la herramienta que permite reunir financiación, tecnología, obra civil, operación, energía, conectividad y control institucional. Sin ese modelo consorcial, el proyecto difícilmente podría alcanzar la escala financiera y técnica que exige una gigafactoría de IA europea.
La contradicción de fondo está en que Europa está utilizando dos lenguajes distintos para resolver un mismo problema: la falta de escala tecnológica. En la inteligencia artificial, la respuesta institucional se está construyendo alrededor del consorcio, es decir, una agregación de empresas, administraciones, capacidades técnicas, financiación pública y compromisos de acceso. En telecomunicaciones, en cambio, buena parte del discurso empresarial dominante está traduciendo la palabra “escala” como fusión, normalmente como reducción del número de operadores en cada mercado nacional. Esa diferencia no es menor: el consorcio crea escala compartida sin eliminar necesariamente competidores; la fusión crea escala concentrando propiedad, clientes, espectro, redes y poder de mercado en menos manos.
En las gigafactorías de IA, el modelo consorcial aparece de forma natural porque la infraestructura que se quiere construir es nueva, costosa, estratégica y de uso potencialmente compartido. La Comisión Europea describe estas infraestructuras como piezas necesarias para entrenar y desplegar modelos avanzados de IA, con computación, almacenamiento, redes, energía, nube segura y servicios especializados. Además, el esquema europeo exige coordinación entre la Unión, los Estados miembros y empresas privadas, con participación financiera pública y privada. Es decir, la política industrial no se limita a decir “dejemos que dos empresas se fusionen”, sino que diseña una estructura en la que distintos actores aportan capacidades complementarias y aceptan una gobernanza común. Ese es el punto que hace tan visible la figura del consorcio en IA: nadie por sí solo reúne todo el capital, la tecnología, la energía, la obra civil, la conectividad, los chips, la nube, la seguridad y la legitimidad pública necesarias para levantar una gigafactoría europea
En telecomunicaciones, el diagnóstico oficial europeo es muy parecido al de la IA: fragmentación, falta de escala, dificultades para invertir, retraso frente a Estados Unidos y China y necesidad de reforzar la soberanía digital. La propia Comisión, al presentar la Ley de Redes Digitales (DNA), afirma que los informes Draghi y Letta concluyeron que el sector europeo de comunicaciones electrónicas sigue fragmentado en 27 mercados nacionales, con barreras para operar de forma transfronteriza y ganar escala, lo que limita la capacidad de inversión, innovación y competencia global de los operadores europeos. La Comisión también dice que el objetivo de la Ley de Redes Digitales es crear un marco más simplificado y armonizado para impulsar inversión e innovación en infraestructuras avanzadas, necesarias para IA, nube, espacio y otras tecnologías https://bit.ly/4wpk9mK
Ahí aparece la primera contradicción: si el problema es europeo, transfronterizo y estratégico, la solución no puede agotarse en fusiones nacionales. Una fusión de cuatro a tres operadores en España, Francia, Alemania, Italia o Reino Unido puede mejorar la cuenta de resultados de las empresas fusionadas, pero no crea automáticamente un mercado único europeo de telecomunicaciones. Puede reducir duplicidades en un país concreto, pero no elimina por sí sola las diferencias nacionales de espectro, fiscalidad, regulación, permisos, obligaciones de cobertura, condiciones mayoristas o intervención de autoridades nacionales. La propia Ley de Redes Digitales va en otra dirección: habla de armonización, autorización única o “Single Passport”, simplificación y reglas comunes para facilitar operaciones paneuropeas. Ese enfoque se parece más a la lógica consorcial y de mercado único que a una simple suma de fusiones nacionales https://bit.ly/42pe4Zx
Los directivos del sector tienen razón en una parte del diagnóstico. Timotheus Höttges, consejero delegado de Deutsche Telekom, Marc Murtra, presidente ejecutivo de Telefónica, y Margherita Della Valle, consejera delegada de Vodafone, han defendido públicamente que Europa necesita más escala, menos fragmentación regulatoria y mejores condiciones de inversión. Höttges llegó a decir en el MWC que no hay razón para que cada mercado tenga tres o cuatro operadores y que Europa debería construir un mercado único; Murtra ha defendido que Europa necesita compañías más grandes, con más recursos y capacidad de inversión; y Della Valle ha pedido más oportunidades para crear escala y un horizonte regulatorio más favorable a la inversión https://bit.ly/4wdREIl
El problema está en la traducción política de ese diagnóstico. Cuando “escala” se convierte casi automáticamente en “fusiones”, se produce una reducción del debate. La escala puede conseguirse por varios caminos: integración del mercado único, armonización regulatoria, consorcios de infraestructura, coinversión, compartición de redes, compras conjuntas, plataformas comunes de edge computing, soberanía cloud, infraestructuras mayoristas neutrales, proyectos de 6G, alianzas para ciberseguridad o despliegues rurales compartidos. La fusión es solo una de esas vías, y además es la más delicada desde el punto de vista de competencia, porque altera directamente la estructura del mercado minorista.
La segunda contradicción es que el modelo de fusión privatiza los beneficios de la escala, mientras que el modelo de consorcio puede socializar una parte de esa escala. En una fusión, las sinergias suelen traducirse en ahorro de costes, reducción de duplicidades, integración de redes, racionalización comercial y mayor poder financiero de la empresa resultante. Eso puede ayudar a invertir, pero también puede aumentar el poder de mercado del operador fusionado. Por eso las autoridades de competencia suelen imponer condiciones. En la operación Orange-MásMóvil en España, la Comisión Europea autorizó la integración solo después de compromisos dirigidos a reforzar a Digi mediante espectro y roaming nacional, precisamente para que pudiera reproducir la presión competitiva que ejercía MásMóvil antes de la operación. Reuters recogió que la Comisión había advertido previamente de que la operación podía elevar precios a los consumidores en más de un 10% https://bit.ly/4ex6IKQ
El caso Vodafone-Three en Reino Unido muestra la misma tensión. La autoridad británica de competencia aprobó la operación, pero no como una carta blanca a la concentración. Lo hizo con compromisos legalmente vinculantes: despliegue del plan conjunto de red durante ocho años, topes a ciertas tarifas durante tres años y condiciones mayoristas prefijadas para operadores móviles virtuales. El regulador, la CMA, explicó que la operación había suscitado preocupaciones por posibles subidas de precios y peores condiciones para operadores virtuales, y que solo quedó satisfecha después de imponer medidas de protección https://bit.ly/4nebe32
Esto demuestra que la fusión no resuelve limpiamente la tensión entre inversión y competencia. Necesita remedios, vigilancia, compromisos, topes, obligaciones mayoristas y supervisión posterior. En cambio, un consorcio bien diseñado puede partir desde el principio de una arquitectura de acceso compartido: quién invierte, quién usa la infraestructura, qué capacidad se reserva para terceros, qué condiciones se aplican a pymes, administraciones o investigadores, qué obligaciones de cobertura existen, cómo se reparte el riesgo y qué retorno se permite. En otras palabras, el consorcio permite diseñar la escala como infraestructura común; la fusión suele crear escala como poder corporativo
La tercera contradicción es que las telecomunicaciones son precisamente el sector donde más sentido tendría separar la infraestructura estratégica de la batalla comercial. En IA, Europa no está diciendo que una sola empresa absorba a todas las demás para poder entrenar modelos grandes. Está diciendo que la escala computacional debe construirse mediante instalaciones compartidas, financiadas y gobernadas de forma conjunta. En telecomunicaciones podría aplicarse una lógica parecida en capas concretas: redes rurales, torres, fibra troncal, cables submarinos, edge computing, centros de datos soberanos, plataformas de seguridad, Open RAN, 6G, APIs industriales y servicios mayoristas paneuropeos. La competencia podría mantenerse en servicios, atención al cliente, paquetes, innovación comercial y soluciones empresariales, mientras la escala se obtiene en las capas donde duplicar infraestructura resulta más caro o ineficiente.
De hecho, la Unión Europea ya reconoce la utilidad de esa cooperación en infraestructuras. El Reglamento de Infraestructura Gigabit fomenta el uso compartido de conductos y postes, la coordinación de obras civiles, la simplificación administrativa y la reutilización de infraestructura física para acelerar redes de muy alta capacidad y reducir costes. Es una lógica de cooperación y eficiencia, no de absorción societaria https://bit.ly/4uC2JkO También en cloud y edge computing la Comisión ha aprobado fórmulas de colaboración industrial de varios países y empresas. El IPCEI de Infraestructura y Servicios Cloud de Nueva Generación reúne a 19 empresas de siete Estados miembros y busca crear un ecosistema europeo interoperable y abierto de procesamiento de datos cloud-to-edge, con 1.200 millones de euros de financiación pública prevista para movilizar 1.400 millones de euros de inversión privada. Esa estructura se parece mucho más a un consorcio estratégico que a una fusión clásica https://bit.ly/4uuQtTk
Por eso resulta llamativo que, en telecomunicaciones, el debate público esté tan dominado por el lenguaje del M&A. Telefónica ha situado la consolidación por medio de fusiones en el centro de su discurso estratégico: Murtra ha defendido que el sector necesita empresas más grandes y ha vinculado esa escala con soberanía tecnológica, inversión y competitividad. Reuters informó en febrero del 2026 de que Telefónica veía con optimismo posibles cambios regulatorios europeos y que su plan se centraba en mercados clave como España, Brasil, Reino Unido y Alemania, con operaciones dependientes de una política europea de fusiones más flexible https://bit.ly/3QTDk7T
Vodafone sigue una lógica parecida. Della Valle ha defendido que Europa debería aprender del enfoque británico en la aprobación de la fusión Vodafone-Three, ampliando el horizonte temporal de análisis de las fusiones y teniendo más en cuenta el mercado mayorista y los operadores virtuales. Además, en mayo de 2026 Vodafone acordó comprar el 49% que CK Hutchison mantenía en VodafoneThree, tomando el control total del mayor operador móvil británico, con una inversión de red de 11.000 millones de libras y sinergias previstas de 700 millones de libras para 2030 https://bit.ly/4fb5TYg
Deutsche Telekom también ha situado la crítica regulatoria en el centro de su discurso. Höttges ha denunciado exceso de burocracia y falta de respuestas suficientes en la Ley de Redes Digitales, mientras el sector presionaba para obtener más desregulación, más facilidades de consolidación y, en algunos casos, mecanismos para que las grandes tecnológicas contribuyan al coste de las redes. Reuters recogió que las grandes telecos europeas pidieron a Ursula von der Leyen relajar las reglas de fusiones para impulsar inversiones y competir con rivales estadounidenses y asiáticos https://bit.ly/4weSR2l
La respuesta de la Comisión introduce otra contradicción relevante. Un alto responsable de competencia de la Comisión, Guillaume Loriot, afirmó que el control de fusiones no va contra la escala como tal, sino contra el poder de mercado excesivo. Es decir, Bruselas distingue entre ganar tamaño y acumular una posición dominante que dañe la competencia. Esa distinción es esencial: el consorcio puede crear escala sin concentrar todo el poder económico en una sola empresa; la fusión, en cambio, tiende a convertir la escala en control societario https://bit.ly/3PwPkvw
Aquí está la diferencia conceptual más importante. El consorcio responde a una lógica de capacidad colectiva; la fusión responde a una lógica de concentración competitiva. En el consorcio, Telefónica, Orange, Vodafone, Deutsche Telekom, operadores neutros, proveedores de equipos, empresas de cloud, administraciones y centros tecnológicos podrían cooperar en infraestructuras comunes sin desaparecer como competidores minoristas. En la fusión, dos operadores dejan de competir entre sí y pasan a ser una sola empresa. En el primer caso, se puede aumentar la capacidad europea sin reducir necesariamente la pluralidad del mercado. En el segundo, se reduce el número de competidores con la promesa de que la empresa resultante invertirá más.
Esa promesa puede ser cierta en algunos casos, pero no es automática. Por eso los reguladores exigen compromisos. Si una fusión fuera por sí misma equivalente a más inversión, mejores redes y más soberanía, no harían falta topes de precios, obligaciones mayoristas, cesión de espectro, supervisión de planes de red ni vigilancia de competencia. La existencia de esos remedios demuestra que la fusión contiene un riesgo estructural: puede mejorar la eficiencia interna de la empresa fusionada, pero también puede debilitar la presión competitiva que mantiene precios, calidad y opciones para el consumidor.
El modelo consorcial, por el contrario, permite una arquitectura más compatible con los objetivos europeos declarados. Si Europa quiere soberanía digital, resiliencia, seguridad, despliegue de 5G avanzado, edge computing, IA industrial y reducción de dependencias, necesita infraestructuras comunes y gobernadas con criterios públicos. Eso no exige necesariamente que haya menos operadores comerciales. Exige que existan plataformas compartidas, estándares comunes, capacidad paneuropea, acceso no discriminatorio, financiación coordinada y obligaciones de inversión verificables. Esa es exactamente la lógica que aparece en las gigafactorías de IA y que, sin embargo, no ocupa el centro del discurso de reconstrucción del mercado europeo de telecomunicaciones.
La contradicción es todavía más visible si se compara el uso del dinero público. En IA, la participación pública se justifica porque la infraestructura resultante debe reforzar el ecosistema europeo y ofrecer capacidad a empresas, investigadores, pymes, administraciones y actores industriales. En telecomunicaciones, si el debate se reduce a facilitar fusiones, la política pública corre el riesgo de convertirse en una vía para mejorar retornos privados sin garantizar suficientemente que la nueva escala produzca beneficios públicos proporcionales. Para que una fusión se acerque al interés general, necesita compromisos de inversión, cobertura, precios, acceso mayorista y control ex post. Un consorcio puede incorporar esos compromisos desde su diseño inicial.
Por eso el modelo de fusiones presenta una contradicción política: se invoca la soberanía tecnológica europea, pero se propone una herramienta que puede desembocar en campeones nacionales o regionales más fuertes, no necesariamente en una infraestructura europea común. Se invoca el mercado único, pero muchas operaciones son fusiones dentro de mercados nacionales. Se invoca la inversión, pero buena parte de las sinergias de una fusión proceden de eliminar duplicidades y mejorar rentabilidad, no necesariamente de crear nuevas capacidades paneuropeas. Se invoca la competencia con Estados Unidos y China, pero el resultado puede ser una Europa con menos competidores en cada país y todavía sin verdaderas plataformas comunes de red, cloud, edge, ciberseguridad o IA.
La alternativa no es negar todo proceso de consolidación. Algunas integraciones pueden tener sentido si están bien justificadas, condicionadas y supervisadas. La cuestión es que la fusión no debería ser el eje intelectual de la reconstrucción del sector. El eje debería ser la creación de escala europea útil: infraestructura compartida, consorcios transfronterizos, coinversión, interoperabilidad, redes mayoristas abiertas, despliegues conjuntos donde la duplicación no aporte valor, y competencia viva allí donde sí aporta valor al usuario. Eso encaja mejor con Draghi y Letta cuando hablan de superar la fragmentación y ganar escala europea, porque ataca el problema estructural, no solo la rentabilidad de los operadores existentes.
En conclusión, la gran incoherencia es que Europa está demostrando en IA que sabe diseñar instrumentos industriales modernos basados en consorcios, gobernanza pública, financiación mixta y acceso compartido, mientras que en telecomunicaciones el discurso dominante de las grandes operadoras sigue atrapado en la lógica clásica de la fusión. El consorcio crea escala sin necesidad de eliminar rivales; la fusión elimina rivales con la promesa de crear escala. Para una Europa que quiere soberanía digital, resiliencia y capacidad tecnológica propia, la primera lógica parece más coherente con el interés general. La segunda puede ser útil en casos concretos, pero como modelo central de reconstrucción del mercado europeo de telecomunicaciones resulta incompleta, conflictiva y menos alineada con la arquitectura industrial que la propia Unión está aplicando ya en inteligencia artificial.
La contradicción de las telecomunicaciones europeas no es solo que prefieran hablar de fusiones, sino que lo hacen en un momento en el que la propia Comisión Europea está demostrando, en casi todos los sectores tecnológicos estratégicos, que su herramienta preferida para crear escala no es la absorción empresarial, sino la cooperación industrial organizada (el consorcio). Las gigafactorías de IA no son un caso aislado. EuroHPC, Chips JU, el IPCEI de cloud y edge, la Joint Undertaking de 5G/6G y la constelación IRIS² funcionan con una lógica parecida: varios Estados, empresas privadas, financiación pública, gobernanza común y objetivos estratégicos europeos. Esa comparación permite reforzar el post porque demuestra que el modelo consorcial no es una excepción, sino una pauta cada vez más visible de la política industrial europea. La Chips Joint Undertaking, por ejemplo, se presenta como una colaboración entre la UE, los Estados miembros y el sector privado para reforzar el ecosistema europeo de semiconductores; el IPCEI de cloud y edge reúne a siete Estados miembros y 19 empresas, con 1.200 millones de euros de financiación pública prevista para movilizar 1.400 millones de euros de inversión privada; y la SNS JU de redes inteligentes agrupa recursos europeos e industriales para 5G avanzado y 6G https://bit.ly/4cY8HGV
El sector de las telecomunicaciones no está siendo coherente ni siquiera con las fórmulas que Bruselas ya utiliza dentro del propio campo de la conectividad. La Smart Networks and Services Joint Undertaking, dedicada a 5G y 6G, es una asociación público-privada que agrupa recursos de la UE y de la industria, con un presupuesto europeo de 900 millones de euros para 2021-2027 y una contribución privada al menos equivalente. Es decir, para la investigación y desarrollo de las redes del futuro, Europa sí usa el consorcio; pero cuando se habla de reconstruir el mercado de operadores, el discurso empresarial del sector telco dominante vuelve a la fusión. Esa es una contradicción especialmente clara: para inventar el 6G se acepta la cooperación estructurada; para reorganizar el mercado comercial se insiste en reducir competidores https://bit.ly/4niOJtK
También se puede reforzar el argumento con IRIS², porque es un ejemplo todavía más cercano a las telecomunicaciones. La Comisión Europea firmó el contrato de concesión de la constelación europea de comunicaciones seguras con el consorcio SpaceRISE, formado por operadores satelitales europeos y socios industriales. IRIS² no se articula como la fusión de los grandes actores espaciales europeos, sino como un consorcio encargado de diseñar, desplegar y operar una infraestructura de conectividad estratégica para la UE. Esto muestra que, cuando Bruselas considera que una infraestructura de comunicación es crítica para la soberanía europea, no necesariamente elimina actores mediante fusiones, sino que los organiza en una estructura común de ejecución y gobernanza https://bit.ly/4fcdbuR
Otro elemento que se puede añadir es que el Reglamento de Infraestructura Gigabit ya reconoce una lógica cooperativa dentro de las redes fijas y móviles. Su objetivo es reducir costes y acelerar despliegues mediante el uso compartido de infraestructura física, la coordinación de obras civiles y la simplificación de permisos. Esto no equivale a fusionar operadores, sino a evitar duplicaciones ineficientes en capas de infraestructura donde la cooperación puede ser más racional que la competencia pura. Por tanto, la propia regulación europea ya admite que, en telecomunicaciones, la solución no siempre pasa por que haya menos empresas, sino por compartir mejor ciertas capas de red https://bit.ly/4d9jkp3
El verdadero debate no es escala sí o escala no, sino qué tipo de escala quiere construir Europa. La escala por fusión convierte la capacidad en propiedad concentrada; la escala por consorcio convierte la capacidad en infraestructura compartida bajo reglas comunes. En una fusión, dos operadores dejan de competir y el beneficio de la escala queda dentro de la empresa resultante. En un consorcio, los operadores pueden cooperar en elementos estratégicos sin desaparecer como competidores en el mercado minorista. Esa diferencia es esencial, porque permite distinguir entre una política industrial orientada a crear capacidad europea y una política de concentración orientada a reforzar balances empresariales.
También se puede añadir que las fusiones necesitan remedios precisamente porque generan riesgos que el consorcio puede evitar desde el diseño. En Orange-MásMóvil, la Comisión Europea aprobó la operación solo con compromisos, incluyendo medidas para reforzar a Digi mediante espectro y acceso mayorista. En Vodafone-Three, la autoridad británica de competencia permitió la fusión sujeta a compromisos legalmente vinculantes: inversión en red durante ocho años, límites temporales a ciertas tarifas y condiciones mayoristas para operadores virtuales. Estos casos no demuestran que toda fusión sea inválida, pero sí muestran que la fusión no resuelve por sí sola la tensión entre inversión, competencia y precios https://bit.ly/4djCIA1
Cuando una fusión requiere cesión de espectro, acceso mayorista, compromisos de inversión, control de precios y supervisión regulatoria, el regulador está intentando reconstruir artificialmente parte de lo que el modelo consorcial incorpora desde el principio: acceso, obligaciones, gobernanza y reparto de capacidad. Por eso, la fusión termina necesitando una arquitectura pública posterior para corregir los efectos de la concentración. El consorcio, en cambio, puede diseñarse desde el inicio con obligaciones de acceso, neutralidad, financiación, despliegue y control público.
También conviene matizar el uso de Draghi y Letta. Ambos informes hablan de escala, integración y superación de la fragmentación europea, pero esa necesidad no equivale automáticamente a convertir cada mercado nacional en un oligopolio de menos operadores. La Comisión, al presentar la Ley de Redes Digitales, recogió la preocupación por la fragmentación en 27 mercados nacionales y planteó modernizar el marco regulatorio para facilitar inversión, armonización y conectividad avanzada. Ese enfoque apunta a un mercado europeo más integrado, no únicamente a fusiones país por país https://bit.ly/4cYIb02
El error conceptual de parte del sector teleco es confundir integración europea con concentración nacional. Integrar el mercado europeo significa armonizar reglas, espectro, permisos, obligaciones, estándares, acceso mayorista y capacidad transfronteriza. Concentrar el mercado nacional significa reducir el número de operadores dentro de un país. Son procesos distintos. El primero crea mercado único; el segundo puede crear empresas nacionales más fuertes, pero no garantiza por sí mismo una infraestructura europea común.
En IA, cloud, chips, 6G o satélites, la participación pública va asociada a una arquitectura de interés común: objetivos europeos, acceso, gobernanza, compromisos de inversión y control institucional. Si en telecomunicaciones se reclama una regulación más permisiva con las fusiones en nombre de la soberanía digital, debería exigirse una contrapartida equivalente: compromisos verificables de inversión, acceso mayorista, despliegue rural, interoperabilidad, resiliencia, ciberseguridad y contribución a capacidades europeas comunes. Sin esas condiciones, la retórica de la soberanía puede acabar justificando una concentración de mercado sin suficiente retorno público.
Hay que introducir la separación entre infraestructura estratégica y competencia comercial. Las telecomunicaciones tienen capas distintas: torres, fibra troncal, conductos, espectro, redes de acceso, cloud, edge, ciberseguridad, APIs, servicios mayoristas y servicios al cliente final. No todas esas capas requieren el mismo grado de competencia. En algunas, como las redes rurales, los cables submarinos, el edge computing o determinadas infraestructuras críticas, la cooperación consorcial puede ser más eficiente. En otras, como precios, atención comercial, paquetes, servicios digitales y soluciones empresariales, la competencia sigue siendo necesaria. Esa separación permitiría construir escala europea sin sacrificar pluralidad en el mercado minorista.
La paradoja es que la Comisión Europea ya está utilizando el consorcio como herramienta de soberanía tecnológica en IA, chips, cloud, 6G y conectividad satelital, mientras que las grandes telecos siguen presentando la fusión como respuesta principal a la falta de escala. El contraste es evidente: en los sectores donde Europa quiere crear capacidades nuevas, la fórmula es cooperación público-privada, gobernanza común, financiación mixta y acceso regulado; en telecomunicaciones, el discurso empresarial dominante pretende que la escala nazca de reducir el número de competidores. Esa diferencia revela una contradicción profunda. Europa no necesita simplemente operadores más grandes, sino infraestructuras europeas más integradas, interoperables y abiertas. La fusión puede reforzar a una compañía; el consorcio puede reforzar un ecosistema. Esa es la diferencia política e industrial que el debate teleco está dejando en segundo plano.
Para terminar el post quiero manifestar que la manécdota del GSM sirve para cerrar el círculo. Europa no construyó uno de sus mayores éxitos tecnológicos fusionando operadores, sino alineando estándares, administraciones, fabricantes y compañías alrededor de una arquitectura común. Aquella Europa entendió que la escala no siempre nace de hacer desaparecer competidores, sino de coordinar reglas, tecnología e intereses industriales. Esa lección histórica resulta especialmente incómoda para una parte del actual de los directivos del sector telco, porque muestra que la cooperación estructurada no es una rareza importada de la inteligencia artificial, sino una fórmula que ya estuvo en el origen del liderazgo europeo en telecomunicaciones.
Por eso sorprende que, mientras la Comisión Europea impulsa en IA un modelo basado en consorcios, financiación público-privada, gobernanza común y acceso regulado a infraestructuras estratégicas, algunos de los principales directivos del sector telco como Marc Murtra sigan defendiendo la fusión como respuesta casi automática a la falta de escala. La Comisión está enviando una señal clara: para competir con Estados Unidos y China no basta con tener empresas más grandes, sino que hace falta construir capacidades europeas compartidas. Las gigafactorías de IA, EuroHPC, los proyectos de cloud, chips, 6G o conectividad segura apuntan en esa dirección. El mensaje de Bruselas no es “menos actores”, sino “más coordinación, más integración y más capacidad común”.
Ahí es donde el discurso de directivos como Marc Murtra queda desnudo respecto al momento europeo. Telefónica ha defendido públicamente que la consolidación del sector es necesaria para la soberanía tecnológica europea, y su plan estratégico Transform & Grow, presentado el 4 de noviembre de 2025, se orienta a reforzar la compañía, reducir deuda y prepararla para oportunidades de M&A (fusiones) con la ambición de liderar la consolidación del mercado europeo. Reuters recogió que ese plan buscaba preparar a Telefónica para oportunidades de fusiones y adquisiciones y para liderar la consolidación europea a largo plazo; la propia compañía ha reiterado después su compromiso con ese plan. El problema no es que una empresa defienda sus intereses corporativos. El problema es que esa estrategia se presenta como si coincidiera plenamente con el interés industrial europeo, cuando la propia Comisión está demostrando en IA que existe otra vía para ganar escala sin reducir necesariamente la competencia. En las gigafactorías, el consorcio permite reunir capital, tecnología, energía, computación, conectividad, obra civil y control público. En las fusiones telco, la escala se obtiene reduciendo operadores y concentrando activos en menos manos. Son modelos distintos y producen efectos distintos. El primero refuerza un ecosistema; el segundo refuerza una sociedad mercantil concreta.
La contradicción es especialmente visible porque la Comisión no está negando la necesidad de escala. Al contrario, la está convirtiendo en el eje de su política industrial. Pero la escala que está diseñando en IA no se basa en absorber rivales, sino en articular capacidades. EuroHPC define las gigafactorías como grandes instalaciones para entrenar y desplegar modelos de IA de nueva generación, y el Consejo de la UE ha adaptado el marco de EuroHPC para permitir su desarrollo mediante cooperación entre la Unión, los Estados miembros y la industria.
Desde esa perspectiva, el sector telco corre el riesgo de estar respondiendo a una pregunta antigua con una herramienta antigua. La pregunta actual no es solo cuántos operadores debe haber en cada país, sino cómo se construye una infraestructura europea común capaz de sostener IA, cloud, edge computing, ciberseguridad, 6G, industria conectada y soberanía digital. Reducir de cuatro a tres operadores en un mercado nacional puede mejorar sinergias, pero no crea por sí mismo un mercado único europeo, ni una infraestructura compartida, ni una gobernanza común, ni una capacidad tecnológica comparable a la que Bruselas está intentando construir en IA.
Para Telefónica, reconocer esta contradicción tendría un coste evidente. Su plan estratégico aprobado el 4 de noviembre del 2025 sitúa la consolidación y la búsqueda de escala en el centro de su relato. Renunciar ahora a esa lectura, o sustituirla por una defensa clara del modelo consorcial, no sería un simple ajuste táctico: supondría revisar uno de los pilares políticos e industriales con los que Murtra ha querido presentar la nueva etapa al frente de la compañía. En términos corporativos, sería una enmienda profunda a su propia hoja de ruta. Y para un presidente que ha hecho de la consolidación europea una bandera, aceptar que Bruselas está señalando otro camino equivaldría a cuestionar el núcleo de su mandato y a poco menos que invitarle a salir de la presidencia.
Pero esa es precisamente la cuestión que el debate no puede ocultar. Europa no necesita únicamente campeones empresariales más grandes; necesita capacidades tecnológicas comunes. No necesita solo balances más fuertes; necesita infraestructuras interoperables. No necesita solo menos competidores nacionales; necesita más integración europea real. La Comisión parece haberlo entendido en la IA. Las telecomunicaciones, en cambio, siguen atrapadas en un reflejo de concentración que ya no responde del todo a la nueva política industrial europea.
El GSM demostró que Europa podía liderar cuando coordinaba a sus operadores, fabricantes y administraciones alrededor de un estándar común. Las gigafactorías de IA vuelven a demostrar que Bruselas apuesta por el consorcio cuando la infraestructura es estratégica. El sector telco debería leer ambas señales con más atención. Porque la escala que Europa necesita hoy no es solo la de las cuentas de resultados de sus grandes operadores, sino la de una arquitectura común capaz de sostener su soberanía digital. Y ahí, la fusión puede ser una operación empresarial; el consorcio, en cambio, puede ser una política industrial.
Ya lo dijo Jean Monnet: “Nada es posible sin las personas, pero nada perdura sin las instituciones.”
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