Un empresario tenía una fábrica y, junto a ella, un enorme almacén. Durante años decidió que mantener aquel edificio inmovilizado en su balance no era el mejor uso de su capital. Lo vendió, cobró un buen precio y alquiló después el espacio que necesitaba. La operación fue presentada como racional: permitía liberar recursos y concentrarse en actividades más rentables.
Pasaron unos años y los almacenes se convirtieron en una infraestructura estratégica. El comercio había cambiado, todo el mundo necesitaba espacio y las grandes compañías comenzaron a construir enormes centros logísticos.
Entonces aquel mismo empresario acudió al regulador.
—Tiene usted que facilitar la construcción de almacenes —le dijo—. Hay demasiadas exigencias, demasiados trámites y corremos el peligro de quedarnos fuera de una industria estratégica.
El regulador podría haberle respondido:
—Es posible que tenga razón y que las normas deban cambiar. Pero usted tenía almacenes cuando todavía era posible conservarlos y decidió venderlos.
La contradicción no estaba necesariamente en las palabras del empresario. Tal vez la regulación fuese realmente mejorable. Tampoco era necesariamente un error haber vendido años antes: las circunstancias podían haber cambiado y aquella operación podía haber sido económicamente razonable.
La contradicción estaba en presentar como un problema provocado fundamentalmente por las decisiones del regulador una situación a la que sus propias decisiones empresariales también habían contribuido.
Hay formas de faltar a la verdad que no requieren pronunciar una frase falsa. A veces basta con explicar el presente omitiendo los actos propios que ayudaron a construirlo. No es exactamente una mentira en las palabras. Es una contradicción entre el relato y la conducta. Y esa es una buena perspectiva desde la que escuchar hoy a Telefónica hablar de centros de datos.
Las declaraciones de Emilio Gayo, consejero delegado de Telefónica, en el Foro La Toja ofrecen una buena oportunidad para analizar algunos de los grandes debates que determinarán el futuro tecnológico de España y Europa: centros de datos, energía, regulación, soberanía digital, concentración empresarial y dependencia de los gigantes tecnológicos estadounidenses. Pero también permiten confrontar el discurso actual de Telefónica con sus propias decisiones empresariales. Este post parte de las afirmaciones de Gayo y las contrasta con datos y antecedentes para plantear una cuestión más amplia: hasta qué punto los intereses legítimos de una gran compañía coinciden con el interés general y qué significa realmente construir soberanía tecnológica europea en una economía cada vez más dependiente de tecnologías desarrolladas fuera de Europa.
El consejero delegado de Telefónica, Emilio Gayo, ha advertido hoy de que el proyecto de regulación de los centros de datos en España contiene determinadas exigencias que, en su configuración actual, podrían limitar el desarrollo del sector, por lo que confía en que el texto experimente modificaciones durante su tramitación. Gayo realizó estas consideraciones durante su participación este viernes, 2 de octubre, en el Foro La Toja–Vínculo Atlántico, dentro de la mesa dedicada a «La economía española y sus retos de futuro», en la que también participaron Ana Torrens, presidenta de Deloitte España; Mario Ruiz-Tagle, CEO de Iberdrola España, y Josep Maria Recasens, CEO de Indra Group.
Según recogen Demócrata y PressDigital, el máximo ejecutivo de Telefónica considera que el futuro real decreto sobre centros de datos persigue objetivos razonables, entre ellos introducir un marco ordenado para el crecimiento de estas infraestructuras y reforzar la soberanía tecnológica, pero entiende que algunas de las condiciones previstas pueden convertirse en un obstáculo para las inversiones. Gayo señaló que existen «algunas exigencias» que limitarían actualmente el desarrollo del sector y defendió que empresas, Administración y demás actores implicados analicen qué aspectos de la reglamentación deberían modificarse durante su tramitación.
Uno de los elementos centrales del proyecto es su componente energético. El Gobierno plantea que los centros de datos respalden con nueva generación renovable, hora a hora, al menos el 80% de su consumo eléctrico, dentro de un marco destinado a establecer requisitos de sostenibilidad energética y medioambiental, resiliencia y soberanía digital. La cuestión resulta especialmente relevante por el fuerte crecimiento esperado de las infraestructuras asociadas a la computación en la nube y a la inteligencia artificial y por la competencia entre países europeos para captar las inversiones vinculadas a ellas.
Gayo, sin embargo, situó el principal cuello de botella en otro punto. «La disponibilidad eléctrica es 100% suficiente», sostuvo, para añadir que los problemas que pueden condicionar el despliegue de los centros de datos «tienen más que ver con la regulación». Su planteamiento desplaza así el foco desde una hipotética falta de energía hacia las condiciones administrativas y regulatorias que determinarán la capacidad de España para atraer y ejecutar nuevos proyectos.
En este contexto, el consejero delegado de Telefónica manifestó su expectativa de que la tramitación permita corregir aquellos aspectos que puedan dificultar las inversiones. Gayo confió expresamente en que se produzcan «cambios relevantes» en el texto definitivo y resumió el objetivo con una advertencia: «El interés de todos es que no nos quedemos fuera de esa industria». También reclamó rapidez en la elaboración de las normas: las regulaciones «tienen que ser ágiles», defendió, porque unos procedimientos excesivamente prolongados pueden provocar que una norma pierda parte de su eficacia antes incluso de aplicarse plenamente.
La posición expresada por Telefónica coincidió en el Foro La Toja con las advertencias realizadas desde el sector energético. Mario Ruiz-Tagle, consejero delegado de Iberdrola España, defendió que España debe establecer un marco capaz de atraer las inversiones en centros de datos en lugar de expulsarlas hacia otros países, argumentando que estas instalaciones acabarán construyéndose en algún lugar y que disponer de ellas en territorio español permitiría capturar inversión, empleo y actividad económica. El ejecutivo de Iberdrola resumió las necesidades del entorno económico y regulatorio en dos conceptos: «agilidad y ejecución».
Las declaraciones de Gayo fueron además más allá del debate estrictamente energético y enlazaron los centros de datos con la soberanía tecnológica europea. El CEO de Telefónica explicó que esta soberanía no debería interpretarse como la obligación de controlar o fabricar en Europa el «100% de todos los elementos que componen la cadena tecnológica», sino como la capacidad de disponer de «determinados grados de control» sobre los elementos estratégicos. Para concretar esa idea, planteó tres cuestiones fundamentales: quién controla los datos y las claves de acceso, quién opera las plataformas tecnológicas y qué alternativas de proveedores existen si una determinada solución tecnológica pasa a resultar «hostil».
Desde esta perspectiva, Gayo identificó tres grandes condiciones para reforzar la soberanía tecnológica europea: una regulación que facilite y acelere su construcción, una mayor escala empresarial —mediante fusiones o fórmulas de colaboración— y capacidad efectiva de ejecución por parte de las compañías. El directivo observó «brotes verdes» y un mayor impulso político en Europa para modificar el marco normativo, aunque reclamó un «pequeño empujón de los políticos de Europa» para transformar esa voluntad en medidas capaces de mejorar la competitividad tecnológica del continente.
El debate sobre los centros de datos se inserta, además, en una reflexión más amplia sobre la posición española ante la transformación digital. Gayo destacó que España dispone, a su juicio, de «las mejores redes de Europa y una de las mejores redes del mundo», con una cobertura de fibra cercana al 100% de los hogares y una penetración del 5G superior al 96%. Al mismo tiempo, advirtió de que el crecimiento económico debe traducirse en una mayor productividad y señaló la importancia de controlar factores como la inflación y los costes energéticos. Para ilustrar el peso de estos últimos en una gran operadora, explicó que el consumo eléctrico de Telefónica equivale aproximadamente al de «toda La Rioja», de manera que cualquier incremento de los precios energéticos tiene un efecto inmediato sobre sus costes.
En conjunto, el mensaje trasladado por el consejero delegado de Telefónica en La Toja combina el respaldo a que exista una regulación específica para los centros de datos con una petición de revisar aquellas exigencias que puedan reducir la capacidad de España para competir por estas inversiones. La cuestión adquiere una dimensión estratégica porque estas infraestructuras son esenciales para el despliegue de la inteligencia artificial, los servicios en la nube y el almacenamiento y procesamiento masivo de información. Para Gayo, el desafío no consiste únicamente en disponer de energía o infraestructura, sino en lograr que regulación, escala empresarial y velocidad de ejecución permitan a España y Europa desarrollar capacidad tecnológica propia sin quedar al margen de una industria que está concentrando una parte creciente de la inversión digital mundial.
Las contradicciones del discurso de Emilio Gayo: centros de datos, soberanía tecnológica, fusiones y regulación
Las declaraciones de Emilio Gayo en el Foro La Toja merecen analizarse no tanto por lo que afirman de manera aislada como por su contraste con las decisiones empresariales de Telefónica, la inversión que están realizando los hiperescaladores en España y la estrategia de soberanía tecnológica que está desarrollando la Unión Europea. Gayo sostiene que determinadas exigencias del futuro real decreto sobre centros de datos podrían limitar el desarrollo del sector, afirma que «la disponibilidad eléctrica es 100% suficiente» y sitúa el problema fundamental en una regulación que, en su opinión, debería ser más ágil. Es una posición empresarial legítima, pero su consistencia debe examinarse a la luz de algunos datos que introducen importantes matices.
La primera paradoja aparece al observar qué hizo Telefónica con sus propios centros de datos durante los años en los que Emilio Gayo presidía Telefónica España. En mayo de 2019, la compañía anunció la venta a Asterion Industrial Partners de 11 centros de datos —dos de ellos situados en España— por 550 millones de euros, con una capacidad instalada conjunta de 29 MW. Telefónica justificó entonces la operación como una fórmula para cristalizar el valor de estos activos, al tiempo que preservaba su oferta comercial y la relación con sus clientes mediante contratos de housing. La estrategia tuvo continuidad en 2021, cuando la operadora integró nuevos activos en Nabiax y pasó a mantener una participación del 20% en la compañía. En otras palabras, Telefónica tomó la decisión estratégica de reducir su exposición directa a la propiedad de unas infraestructuras que hoy considera fundamentales para la competitividad y la soberanía tecnológica de España y Europa, mientras conservaba la capacidad de comercializar servicios asociados a ellas. Este antecedente resulta especialmente relevante al analizar las actuales advertencias de Gayo sobre el riesgo de que España quede rezagada en esta industria: la compañía que ahora reclama un entorno más favorable al desarrollo de centros de datos había optado previamente por monetizar y desprenderse de una parte sustancial de sus propios activos en este ámbito. Los términos de aquella operación pueden comprobarse en la información corporativa publicada por Telefónica sobre la venta de los centros de datos.
El proceso fue todavía más lejos. En 2024, Asterion inició la venta de su participación del 80% en Nabiax y ejerció el derecho de arrastre sobre el 20% que todavía pertenecía a Telefónica Infra, de manera que el 7 de noviembre se firmó con Aermont Capital el acuerdo para la adquisición del 100% de la compañía. La transmisión efectiva de la participación de Telefónica se completaría posteriormente, el 27 de marzo de 2025, una vez obtenida la autorización regulatoria. En aquel momento Nabiax concentraba su actividad en España y disponía de centros de datos en Alcalá de Henares, Julián Camarillo y Terrassa, con 35 MW instalados y posibilidades de superar los 100 MW. La documentación financiera de la propia Telefónica permite reconstruir la operación y comprobar que la participación del 20% quedó clasificada en 2024 como activo mantenido para la venta.
El contexto directivo resulta relevante para interpretar aquella decisión. Cuando se acordó la venta en noviembre de 2024, Emilio Gayo llevaba desde 2018 al frente de Telefónica España y formaba parte del Comité Ejecutivo del Grupo, mientras José María Álvarez-Pallete ocupaba la presidencia ejecutiva de Telefónica. La propia compañía confirma en la biografía corporativa de Gayo que permaneció como presidente ejecutivo de Telefónica España hasta marzo de 2025. No consta en la información corporativa consultada que Gayo expresara entonces públicamente una objeción a la desinversión en Nabiax, pese a que los centros de datos ya constituían infraestructuras relevantes para la expansión del cloud y la digitalización. Conviene no convertir ese silencio documental en prueba de cuál era su posición personal: la operación era una decisión corporativa del Grupo y las fuentes disponibles no permiten determinar qué opinión manifestó Gayo en los procesos internos de decisión.
El contraste con su discurso posterior es, no obstante, significativo. En 2025, ya como máximo ejecutivo del Grupo, el propio Gayo reivindicó que Telefónica había sido pionera en centros de datos y recordó que había creado uno de los centros más relevantes de Europa antes de venderlo generando, según sus palabras, un «valor extraordinario», al tiempo que anunció que la compañía volvería a analizar qué papel debía desempeñar en este negocio. Por tanto, cuando ahora advierte del peligro de que España quede fuera de la industria de los centros de datos, existe un antecedente empresarial verificable que merece incorporarse al análisis: durante el periodo en que Gayo dirigía Telefónica España, y bajo la presidencia de Álvarez-Pallete en el Grupo, Telefónica culminó una estrategia destinada a monetizar sus centros de datos y acordó desprenderse de la participación que todavía conservaba en Nabiax. Eso no invalida su actual crítica regulatoria —la estrategia empresarial y las condiciones del mercado pueden cambiar—, pero sí introduce una pregunta pertinente: por qué el riesgo estratégico que hoy se atribuye a una regulación potencialmente restrictiva no impidió entonces que Telefónica redujera voluntariamente su exposición patrimonial a unas infraestructuras cuya importancia para la nube, la inteligencia artificial y la soberanía tecnológica ya era creciente.
La comparación con los hiperescaladores refuerza ese matiz. AWS (Amazon) anunció en marzo de 2026 una inversión de 33.700 millones de euros en España para ampliar infraestructura de centros de datos, nube e inteligencia artificial, después de haber anunciado 15.700 millones de euros en 2024. La compañía calcula que la nueva inversión apoyará unos 29.900 empleos anuales y aportará 31.700 millones de euros al PIB, cifras que son estimaciones de Amazon y deben entenderse como tales. Puede consultarse el anuncio directamente en AWS/Amazon sobre su inversión en España.
Microsoft, por su parte, anunció 2.100 millones de dólares de inversión en infraestructura de IA y nube en España durante 2024 y 2025, incluyendo su región cloud de Madrid y un campus de centros de datos en Aragón. La información puede consultarse en Microsoft España. La región Spain Central comenzó además a prestar servicios desde Madrid en 2024. Los grandes proveedores estadounidenses, por tanto, no solamente mantienen interés en España sino que están comprometiendo cantidades multimillonarias en infraestructura física, aunque ello no demuestra por sí mismo cuál será el efecto futuro del real decreto que critica Gayo.
Aquí aparece una cuestión particularmente significativa: Telefónica no compite únicamente con los grandes hiperescaladores estadounidenses, sino que una parte de su negocio digital se construye precisamente sobre las tecnologías y plataformas desarrolladas por ellos. Telefónica Tech mantiene alianzas estratégicas con Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure y Google Cloud, cuyas soluciones comercializa, integra y gestiona para clientes empresariales. El caso de Sacyr resulta ilustrativo: la propia Telefónica anunció que su filial tecnológica gestionaría de forma unificada los contratos de nube pública de la compañía con los tres hiperescaladores, presentándose como la capa encargada de simplificar la gestión de esos diferentes entornos tecnológicos. Telefónica reconoce expresamente que su propuesta multicloud descansa en sus alianzas con los principales proveedores mundiales, como puede comprobarse en el contrato de Telefónica Tech para gestionar la nube pública de Sacyr.
El ejemplo de Google Cloud resulta todavía más revelador para interpretar las palabras de Emilio Gayo sobre soberanía tecnológica. En mayo de 2026, Telefónica y Google anunciaron conjuntamente una solución de «nube soberana» para España destinada especialmente a administraciones públicas y sectores regulados. El diseño de la solución delimita con bastante claridad las funciones de cada compañía: los datos permanecen alojados en la infraestructura local de Google Cloud y Telefónica genera, almacena y administra desde su propia nube soberana las claves criptográficas utilizadas para protegerlos, además de proporcionar controles operativos, supervisión y auditoría. No se trata de una interpretación externa: así lo describe la propia Telefónica en la presentación de su alianza de nube soberana con Google Cloud.
Este modelo ayuda a comprender con mayor precisión qué significa la afirmación de Gayo de que la soberanía tecnológica europea no exige controlar el «100% de todos los elementos que componen la cadena tecnológica». Su planteamiento resulta plenamente compatible con el modelo comercial que Telefónica está desarrollando: utilizar la infraestructura y las tecnologías fundamentales de un proveedor estadounidense y superponer sobre ellas determinados mecanismos de control local sobre datos, cifrado, accesos, operación y cumplimiento normativo. De hecho, la propia Telefónica Tech define actualmente su oferta cloud mediante servicios multicloud, nube híbrida, migración, consultoría y servicios gestionados, apoyándose en un ecosistema de más de 60 alianzas con líderes tecnológicos internacionales.
En este punto conviene introducir una precisión económica. No existen datos públicos suficientes que permitan afirmar qué porcentaje de cada contrato conserva Telefónica y qué porcentaje termina correspondiendo a AWS, Microsoft o Google, por lo que sería especulativo asegurar que Telefónica obtiene una cantidad «residual» mientras el hiperescalador se lleva necesariamente «la parte del león». Lo que sí puede afirmarse documentalmente es algo distinto y estructuralmente más importante: en estos servicios, una parte esencial de la plataforma tecnológica subyacente —computación, servicios cloud, herramientas de datos y, crecientemente, capacidades de inteligencia artificial— procede de compañías estadounidenses, mientras Telefónica aporta integración, conectividad, servicios profesionales, gestión, seguridad y determinadas capas de soberanía y control. La diferencia entre ambas posiciones dentro de la cadena de valor resulta especialmente relevante cuando se contrasta con quién está financiando la investigación y el desarrollo que alimentará la siguiente generación tecnológica.
El EU Industrial R&D Investment Scoreboard 2025, elaborado por el Joint Research Centre de la Comisión Europea a partir de las cuentas empresariales, ofrece una medida particularmente contundente de esa diferencia. El estudio analiza las 2.000 compañías que más invierten en I+D del mundo, responsables de más del 90% de la I+D empresarial global. Sus datos muestran que la inversión tecnológica se encuentra crecientemente concentrada en cinco compañías estadounidenses: Amazon, Alphabet —matriz de Google—, Meta, Microsoft y Apple concentran aproximadamente el 15% de toda la inversión mundial en I+D incluida en el Scoreboard. La Comisión advierte además de que la participación conjunta de estas cinco compañías en la inversión mundial se ha duplicado durante la última década. Puede consultarse directamente el EU Industrial R&D Investment Scoreboard 2025 de la Comisión Europea.
Las magnitudes permiten apreciar la distancia. En el ejercicio 2024 utilizado por el Scoreboard, Amazon aparece por primera vez como primer inversor mundial en I+D, con unos 65.000 millones de euros. Alphabet alcanza aproximadamente 46.100 millones, mientras Microsoft se sitúa alrededor de 31.300 millones de euros. Es decir, tres de los principales socios tecnológicos sobre los que Telefónica construye parte de su oferta cloud se encuentran simultáneamente entre las empresas que más recursos destinan a desarrollar la tecnología mundial. La Comisión identifica precisamente el software y el hardware TIC entre los sectores donde Estados Unidos mantiene una posición dominante en inversión empresarial en I+D.
La comparación con Telefónica permite dimensionar el problema europeo. Como referencia inmediatamente anterior, los datos utilizados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual a partir del Scoreboard de la Comisión situaban la inversión en I+D de Telefónica en 785 millones de euros, equivalente aproximadamente al 2% de sus ventas, frente a magnitudes de decenas de miles de millones entre los gigantes tecnológicos estadounidenses. La comparación requiere cautela porque corresponde a ejercicios y estructuras empresariales diferentes, pero la diferencia de escala es suficientemente grande para identificar un fenómeno estructural: Telefónica puede disponer de enormes capacidades en redes, conectividad, ciberseguridad, integración y servicios digitales sin encontrarse en la misma escala de creación de tecnología básica que los hiperescaladores sobre los que construye parte de su oferta.
Es precisamente aquí donde las declaraciones de Gayo adquieren mayor profundidad. Aceptar que Europa no necesita controlar toda la cadena de valor puede resultar pragmático en el corto plazo, pero también puede consolidar una división del trabajo tecnológico en la que las plataformas, la computación y una parte creciente de la innovación fundamental se desarrollan fuera de Europa, mientras compañías europeas ocupan posiciones de integración, comercialización, conectividad, gestión y control regulatorio sobre tecnologías desarrolladas por terceros. El Scoreboard no demuestra que ese sea inevitablemente el futuro de Telefónica (afortunadamente) ni permite determinar qué compañía captura mayor margen en cada servicio, pero sí documenta dónde se está concentrando actualmente la capacidad financiera para desarrollar la siguiente generación de tecnologías digitales.
Esta evolución es la que analicé en el blog anteriormente a partir del Scoreboard en «Del palletismo 1.0 al 2.0: Telefónica y el declive tecnológico europeo». Más allá de la interpretación planteada allí, los datos originales de la Comisión permiten formular una conclusión más acotada: el problema de la soberanía tecnológica europea no consiste solamente en determinar dónde se almacenan los datos o quién conserva las claves que permiten acceder a ellos; también consiste en quién posee las plataformas, desarrolla la tecnología, acumula propiedad intelectual y dispone de decenas de miles de millones de euros anuales para financiar la siguiente generación tecnológica.
Desde esta perspectiva, la alianza entre Telefónica y Google Cloud constituye una buena representación de las dos concepciones que atraviesan actualmente el debate europeo sobre soberanía digital. Telefónica conserva elementos relevantes de control soberano —cifrado, gestión de claves, supervisión, cumplimiento y relación con el cliente—, pero la infraestructura cloud fundamental continúa siendo de Google. Por ello, cuando Gayo sostiene que Europa no necesita controlar el 100% de la cadena tecnológica, la cuestión decisiva no es si esa afirmación resulta formalmente correcta, sino qué partes de esa cadena está Europa dispuesta a no controlar y qué consecuencias económicas, industriales y estratégicas tendrá mantener esa dependencia cuando las empresas que proporcionan la tecnología subyacente son, al mismo tiempo, las que concentran una proporción creciente de la inversión mundial en I+D.
La Comisión Europea no ha establecido como principio que Europa deba poseer necesariamente el 100% de cada elemento de todas las cadenas tecnológicas estratégicas. Su formulación oficial es más precisa: define la soberanía tecnológica como la capacidad europea para actuar independientemente desarrollando y controlando tecnologías, datos e infraestructuras esenciales y reduciendo las dependencias respecto de proveedores extracomunitarios. La Comisión reconoce que actualmente la UE depende de terceros países para más del 80% de productos, servicios, infraestructuras y propiedad intelectual digitales clave. Puede consultarse su definición en la página oficial sobre soberanía tecnológica europea.
La diferencia con Gayo es, por tanto, más sutil y posiblemente más interesante. La Comisión está intentando reducir dependencias estructurales a lo largo de la cadena tecnológica —semiconductores, infraestructura, software, nube e inteligencia artificial—, mientras el modelo defendido por Gayo en Telefónica acepta determinadas dependencias externas siempre que Europa conserve controles considerados estratégicos. El paquete de soberanía tecnológica presentado por la Comisión en junio de 2026 habla expresamente de iniciativas conectadas «en cada etapa de la cadena de valor», desde chips hasta infraestructura, software, nube e IA. Eso no significa autarquía tecnológica europea, pero sí una política industrial considerablemente más amplia que limitar la soberanía al lugar donde se encuentran los datos o a quién conserva sus claves criptográficas.
La propia Comisión ha creado, además, un Cloud Sovereignty Framework que demuestra que el concepto no es binario. El sistema distingue distintos niveles: soberanía de los datos, autonomía tecnológica y un nivel superior denominado «full sovereignty». Evalúa 48 criterios repartidos entre dimensiones estratégicas, jurídicas, datos e IA, operación, cadena de suministro, tecnología, seguridad y sostenibilidad. Por tanto, la discusión relevante no consiste en elegir entre «soberanía total» y «ninguna soberanía», sino en determinar qué nivel de dependencia tecnológica resulta admisible para cada infraestructura estratégica.
La cuestión de las fusiones exige una precisión similar. No sería correcto presentar la defensa de una mayor consolidación realizada por Gayo como una contradicción directa con los informes Draghi y Letta. Mario Draghi sí defendió revisar la actitud europea frente a la escala y la consolidación en telecomunicaciones y dar mayor peso a la innovación y a los compromisos de inversión al evaluar concentraciones. El diagnóstico parte de una realidad: Europa mantiene numerosos operadores y mercados nacionales fragmentados, mientras Estados Unidos y China operan con compañías de mucha mayor escala. La propia Comisión resume actualmente que los informes Draghi y Letta concluyeron que el sector sigue fragmentado en 27 mercados nacionales.
Pero existe una diferencia esencial que a menudo desaparece del discurso empresarial: crear un mercado europeo integrado no es necesariamente equivalente a reducir el número de competidores dentro de cada país. Un documento de trabajo de la propia Comisión que analiza las recomendaciones de Draghi y Letta establece precisamente esa distinción: las fusiones transfronterizas entre operadores presentes en países diferentes suelen plantear menos problemas de competencia porque no eliminan necesariamente competidores directos dentro de un mismo mercado nacional; una concentración entre operadores que ya compiten en el mismo país, por el contrario, sí puede reducir la competencia efectiva. A esta cuestión económica se añade, además, una dimensión política que no puede ignorarse. Una verdadera consolidación transfronteriza europea puede provocar resistencias en aquellos Estados que vean cómo su principal operador histórico o incumbente pasa a estar controlado desde otro país, especialmente porque las telecomunicaciones constituyen una infraestructura crítica para el funcionamiento del Estado, la economía, la seguridad, las emergencias y las comunicaciones gubernamentales. Por ello, el debate sobre la creación de grandes operadores paneuropeos no puede reducirse exclusivamente a conseguir mayor escala empresarial: también plantea quién controla las redes estratégicas de cada país y hasta qué punto los Estados están dispuestos a transferir ese control a grupos cuya sede y centro de decisión se encuentren en otro Estado miembro. Esta tensión resulta particularmente significativa porque una Europa que reclama mayor soberanía tecnológica frente a dependencias exteriores tiene que resolver simultáneamente cómo compatibilizar esa soberanía europea con las legítimas preocupaciones nacionales sobre el control de infraestructuras críticas. De ahí que la consolidación transfronteriza pueda ser económicamente coherente con la construcción del mercado único y, al mismo tiempo, encontrar resistencias políticas cuando implique la pérdida de control nacional sobre un operador considerado estratégico. El análisis de la Comisión sobre las recomendaciones de Draghi y Letta puede consultarse en su documento de trabajo sobre el mercado único y las telecomunicaciones.
Letta es especialmente relevante porque su diagnóstico contiene las dos caras del problema. Su informe reconoce que la regulación europea favorable a la competencia consiguió beneficios claros para los consumidores, especialmente mediante precios inferiores, al mismo tiempo que considera que la fragmentación en mercados nacionales dificulta alcanzar escala europea, invertir e innovar. En otras palabras, Letta no propone sustituir competencia por tamaño empresarial: plantea completar el mercado único europeo. Su informe puede consultarse íntegramente en Much More Than a Market, de Enrico Letta.
La diferencia es fundamental para analizar el discurso de Telefónica. Una compañía puede alcanzar mayor escala europea expandiéndose entre mercados, compartiendo infraestructuras, creando plataformas tecnológicas comunes o fusionándose transfronterizamente; otra cosa diferente es sostener que la solución necesaria consiste en reducir sistemáticamente de cuatro a tres —o de tres a dos— los operadores que compiten directamente dentro de un mismo país. La Comisión recuerda que algunas fusiones generan eficiencias y mejores productos, pero otras pueden provocar precios superiores, menor elección y menor innovación. Por eso la política europea continúa evaluándolas individualmente.
Telefónica participa activamente en esta discusión. En febrero de 2026 publicó favorablemente un informe encargado por GSMA y Connect Europe que propone introducir un análisis más favorable a las eficiencias dinámicas en las fusiones. Y Connect Europe —organización sectorial en la que participa Telefónica— ha reclamado expresamente modificar las reglas europeas para facilitar la consolidación. Esto permite afirmar documentalmente que la flexibilización del control de concentraciones constituye una posición organizada y sostenida de la industria europea de telecomunicaciones, no únicamente una reflexión circunstancial realizada por Emilio Gayo en La Toja.
Algo parecido ocurre con su petición de un «pequeño empujón de los políticos de Europa». No existe evidencia que permita afirmar que Gayo estuviera utilizando esa expresión como sinónimo de lobby. Hacerlo sería atribuirle una intención que sus palabras no demuestran. Lo que sí puede documentarse es que Telefónica desarrolla una actividad institucional permanente destinada explícitamente a trasladar sus posiciones regulatorias a las instituciones europeas. La propia compañía reconoce en sus informes que realiza actividades de representación de intereses y figura en el Registro de Transparencia de la UE con el número 52431421-12. Entre las posiciones que Telefónica declara defender están crear estructuras de mercado favorables a la inversión, reducir regulación que considera obsoleta o excesivamente intrusiva, reequilibrar el ecosistema digital y modificar determinadas políticas de espectro.
La intensidad de esa actividad también puede medirse. Una recopilación basada en las declaraciones oficiales del Registro de Transparencia, de la Comisión y del Parlamento contabiliza 108 reuniones declaradas de Telefónica con instituciones europeas entre octubre de 2024 y julio de 2026: 53 con representantes de la Comisión y 55 con eurodiputados. Entre las materias tratadas aparecen tecnología, competencia y específicamente la Digital Networks Act (DNA). Es importante añadir la cautela metodológica: una reunión registrada demuestra actividad de representación de intereses, no demuestra que Telefónica haya determinado posteriormente una decisión política.
También hay antecedentes económicos públicos. En 2019 se situó el presupuesto declarado de Telefónica para actividades de lobby europeo en torno a 1,8 millones de euros, con seis representantes acreditados, según datos del Registro de Transparencia reproducidos entonces públicamente. Esa cifra es histórica y no debe presentarse como el presupuesto actual de 2026, ya que no he podido verificar en una fuente primaria accesible una cifra actualizada equivalente. Lo verificable actualmente es el registro de Telefónica, su actividad institucional declarada y las numerosas reuniones mantenidas con responsables europeos. Las normas del propio Registro establecen, además, que las compañías deben declarar como intervalo los costes anuales de personal, oficinas, campañas de public affairs, reuniones, consultores y cuotas de asociaciones relacionados con la representación de intereses.
Telefónica tampoco oculta esa interlocución. En mayo de 2026 organizó en su propia oficina de Bruselas un Telefónica Policy Lab sobre competitividad y soberanía digital al que asistieron representantes del Parlamento Europeo, de la Comisión —incluidos funcionarios de DG CONNECT— y del sector privado. Por tanto, cuando Gayo pide un mayor impulso político europeo, sí puede contextualizarse esa petición dentro de una estrategia corporativa pública y organizada para participar en la formación de las políticas digitales europeas; lo que no puede demostrarse es que aquella frase concreta estuviera aludiendo específicamente a esa actividad de lobby.
La reclamación de «agilidad» regulatoria permite otra comparación interesante. Pedir procedimientos administrativos rápidos es perfectamente coherente desde la perspectiva de una empresa que invierte en infraestructuras. Pero esa exigencia puede contrastarse con la capacidad de ejecución de la propia compañía. Un ejemplo documentado ocurrió el 20 de mayo de 2025, cuando una actualización de la red de Telefónica provocó una incidencia nacional en comunicaciones fijas que afectó durante varias horas incluso a servicios 112 de distintas comunidades autónomas. Telefónica explicó que el problema se produjo durante trabajos de actualización y que tuvo que aislar nodos y desplazar personal técnico. RTVE documentó el incidente y varios gobiernos autonómicos activaron mecanismos alternativos de emergencia.
No sería correcto deducir de una avería que Telefónica sea estructuralmente «poco ágil». Sí permite introducir una exigencia de coherencia: la velocidad de ejecución no depende exclusivamente del regulador; una infraestructura crítica necesita que la rapidez de actualización vaya acompañada de procedimientos de prueba, redundancia, contingencia y seguridad operacional capaces de evitar que una modificación propia afecte a servicios esenciales. La incidencia de 2025 demuestra que también existen riesgos derivados de decisiones técnicas cuya responsabilidad operativa corresponde a las compañías y no al regulador.
Existe otro indicador interno más reciente. El plan estratégico Transform & Grow, presentado por Telefónica en noviembre de 2025, convirtió precisamente la simplificación, eficiencia y transformación operativa en pilares de la compañía. Y en septiembre de 2026 Telefónica volvió a reorganizar su estructura en España en grandes áreas B2C, B2B y tecnología con el objetivo declarado de eliminar duplicidades, simplificar la organización y mejorar la coordinación y la velocidad de ejecución. El hecho de que la propia compañía considere todavía necesario reorganizarse para ganar eficiencia muestra que la agilidad que Gayo reclama al regulador constituye también un desafío reconocido dentro de Telefónica. Eso es más preciso que afirmar genéricamente que la empresa «no es ágil».
Conviene, al mismo tiempo, reconocer los datos que contradicen una lectura unilateralmente negativa. Telefónica ha ejecutado con rapidez proyectos tecnológicos importantes: en marzo de 2025 afirmaba disponer de 5G de altas prestaciones en más de 2.000 municipios y 5G SA activado en las localidades cubiertas por su 5G. También culminó en mayo de 2025 el cierre de una red de cobre que había llegado a superar las 8.500 centrales. Por tanto, los hechos no permiten caracterizar a Telefónica simplemente como una empresa incapaz de ejecutar; muestran más bien una organización capaz de realizar grandes transformaciones de red pero que continúa afrontando procesos internos de simplificación y episodios operativos relevantes.
Todo ello conduce al núcleo de la discusión sobre el real decreto de centros de datos. Una regulación pública no tiene únicamente la función de maximizar la velocidad con la que una empresa puede invertir. Debe simultáneamente ponderar inversión, competencia, seguridad energética, sostenibilidad ambiental, disponibilidad de red eléctrica, protección del territorio, resiliencia de infraestructuras críticas y soberanía tecnológica. Las empresas tienen razones económicas legítimas para reclamar que esos requisitos minimicen costes y plazos; el regulador tiene que incorporar además costes y riesgos que pueden recaer sobre terceros y sobre el conjunto de la sociedad.
Por eso, la afirmación de Gayo de que «el interés de todos es que no nos quedemos fuera de esa industria» contiene una premisa razonable —España tiene interés económico y estratégico en disponer de capacidad de computación—, pero no resuelve la cuestión regulatoria fundamental: en qué condiciones debe instalarse esa capacidad y quién debe asumir sus costes energéticos, ambientales, territoriales y sistémicos. Que AWS haya comprometido decenas de miles de millones en España, que Microsoft haya abierto su región española y que Telefónica comercialice los servicios de AWS, Azure y Google demuestra que España no está actualmente «fuera» de la industria. Otra cuestión distinta, todavía abierta, es si las condiciones del nuevo decreto reducirán, mantendrán o incrementarán las futuras inversiones.
La contradicción más interesante del discurso de Gayo no está, por tanto, en demostrar que cada una de sus afirmaciones sea falsa. Está en la posición simultánea que ocupa Telefónica dentro del ecosistema digital: reclama menos obstáculos regulatorios para los centros de datos después de haber monetizado sus propios activos de data centers; reivindica soberanía tecnológica mientras construye una parte importante de su oferta cloud mediante alianzas con AWS, Microsoft y Google; pide mayor escala empresarial mientras Europa intenta distinguir entre verdadera integración transfronteriza y eliminación de competencia nacional; y exige agilidad al regulador mientras su propio plan estratégico continúa identificando simplificación y eficiencia operativa como tareas pendientes.
Nada de ello demuestra por sí mismo que las propuestas regulatorias de Telefónica sean incorrectas. Sí demuestra que deben evaluarse como posiciones de un agente económico con intereses empresariales concretos y no confundirse automáticamente con el interés general. Precisamente esa separación es la función de una política pública bien diseñada: escuchar a Telefónica, a los hiperescaladores, a las eléctricas, a los operadores de centros de datos, a los consumidores y a los territorios afectados, pero decidir finalmente mediante evidencia qué combinación de inversión, competencia, sostenibilidad, seguridad y soberanía tecnológica proporciona mejores resultados colectivos. En ese punto se encuentra el verdadero debate que dejan abiertas las declaraciones de Emilio Gayo.
La electricidad disponible no equivale a capacidad ilimitada de red
Existe, además, una cuestión especialmente relevante a la hora de valorar la afirmación de Gayo de que «la disponibilidad eléctrica es 100% suficiente». La frase puede resultar cierta si se refiere de forma agregada a la capacidad de generación del sistema eléctrico español, pero generación disponible y capacidad efectiva para conectar grandes consumidores a la red eléctrica no son conceptos equivalentes. Un centro de datos no necesita únicamente que España produzca electricidad suficiente: necesita disponer de capacidad de acceso precisamente en el lugar donde pretende instalarse, y esa capacidad depende de la situación de los nudos de transporte y distribución y de las inversiones necesarias para reforzarlos.
Los datos publicados por Red Eléctrica el 1 de octubre de 2026, precisamente un día antes de las declaraciones de Gayo en el Foro La Toja, permiten dimensionar esta cuestión. Según el nuevo mapa de capacidades de demanda, los centros de procesamiento de datos acumulan ya 6.329 MW de capacidad de acceso concedida a la red de transporte, equivalentes al 34,2% de toda la capacidad otorgada a instalaciones de demanda, y ninguno de esos 6.329 MW se encuentra todavía en servicio. En conjunto, Red Eléctrica contabiliza 18,52 GW concedidos a instalaciones de demanda, de los cuales 11,05 GW corresponden a proyectos todavía no operativos. Los datos pueden comprobarse directamente en la información publicada por Red Eléctrica sobre el mapa de capacidades de demanda.
La comparación con la industria resulta especialmente significativa. Frente a los 6.329 MW concedidos a centros de datos, las instalaciones industriales disponen de 5.838 MW, pero en su caso 4.346 MW ya están en servicio. Los centros de datos, por tanto, no solamente representan una demanda potencial extraordinariamente elevada, sino que una parte importante de esa capacidad de red está comprometida con proyectos que todavía no consumen electricidad. Esto introduce un elemento que desaparece cuando el debate se reduce a determinar si España «tiene electricidad suficiente»: la capacidad reservada en determinados nudos puede condicionar la conexión de otras actividades económicas que pretendan instalarse posteriormente en esos mismos lugares.
El fenómeno resulta particularmente visible en Aragón, convertido en uno de los principales polos españoles de centros de datos, donde la capacidad comprometida para estas instalaciones supera los 2.400 MW, aproximadamente el 38% de toda la concedida al sector en España. Cuando diferentes proyectos —centros de datos, industria, almacenamiento, hidrógeno, transporte ferroviario o nuevos procesos de electrificación— pretenden utilizar simultáneamente una infraestructura cuya capacidad física es limitada, aparece inevitablemente una cuestión de asignación: quién accede primero a la red, durante cuánto tiempo puede reservar capacidad sin utilizarla y qué criterios deben aplicarse cuando varios proyectos compiten por el mismo recurso.
Por ello, la afirmación de que la disponibilidad eléctrica es suficiente necesita una precisión sustancial. España puede disponer de abundante generación renovable y, simultáneamente, afrontar restricciones de capacidad en determinados puntos de su red eléctrica. La discusión regulatoria no consiste únicamente en producir más electricidad, sino también en financiar y ejecutar las redes necesarias para transportarla, determinar quién soporta el coste de esos refuerzos y evitar que capacidad escasa permanezca bloqueada durante años por proyectos que finalmente no se materialicen. Desde esta perspectiva, atribuir a la regulación el principal obstáculo para los centros de datos simplifica un problema en el que también intervienen la planificación eléctrica, la localización de las inversiones, la capacidad física de las redes y la competencia entre diferentes usos industriales de la electricidad.
Epílogo: volver al almacén
Al terminar este recorrido conviene regresar al empresario y al almacén con los que comenzaba este post. El empresario había vendido una infraestructura que consideró más conveniente monetizar y, años después, cuando aquella misma infraestructura adquirió un carácter estratégico, acudió al regulador para advertirle de que sus exigencias podían impedir el desarrollo de la industria. La contradicción de aquella pequeña historia no consistía en demostrar que la regulación fuese adecuada ni que la venta hubiera sido equivocada. Consistía en explicar el problema presente poniendo el foco sobre las decisiones del regulador sin incorporar al relato las decisiones empresariales propias que habían conducido hasta allí.
El paralelismo con Telefónica tiene límites, pero los hechos documentados permiten plantearlo. Cuando la compañía como Telefónica inició en 2019 la monetización de sus centros de datos y cuando en 2024 acordó desprenderse finalmente de su participación en Nabiax, Emilio Gayo ocupaba la presidencia de Telefónica España y formaba parte del Comité Ejecutivo del Grupo. No consta en la información examinada una oposición pública suya a aquella estrategia, aunque tampoco conocemos cuál fue su posición en las deliberaciones internas. Años después, convertido en consejero delegado del Grupo, Gayo advierte de que determinadas exigencias regulatorias pueden dificultar el desarrollo de los centros de datos y reclama cambios para evitar que España quede fuera de una industria que considera estratégica. Entre ambos momentos existe una discontinuidad que merece ser señalada, aunque no permita atribuir intenciones que los documentos no prueban.
La cuestión resulta especialmente relevante porque Gayo no se limita a pedir modificaciones concretas del futuro real decreto. Sitúa una parte sustancial del problema en la regulación: sostiene que «la disponibilidad eléctrica es 100% suficiente», afirma que las dificultades «tienen más que ver con la regulación» y reclama normas más ágiles. Sin embargo, los datos analizados en este post muestran un escenario más complejo: existen restricciones de capacidad en determinados puntos de la red eléctrica, miles de megavatios concedidos a centros de datos que todavía no están en servicio y decisiones empresariales anteriores que redujeron voluntariamente la exposición patrimonial de Telefónica precisamente a esta clase de infraestructuras. La responsabilidad sobre la posición actual de España en esta industria difícilmente puede explicarse mirando únicamente hacia el regulador.
Y aquí la anécdota del almacén adquiere su verdadero sentido. Una contradicción no necesita que una de las dos afirmaciones sea falsa. Puede aparecer entre aquello que se reclama hoy y aquello que se hizo cuando se tuvo capacidad para actuar de otra manera. Telefónica estaba en su derecho de vender sus centros de datos si consideraba que aquella operación generaba valor para sus accionistas. Del mismo modo, su actual consejero delegado está en su derecho de considerar que determinadas normas dificultan la inversión. Lo que exige explicación es la transición entre ambas posiciones cuando la misma infraestructura que anteriormente se monetizó aparece ahora en el discurso corporativo vinculada a competitividad, inteligencia artificial y soberanía tecnológica.
Esto conduce a una cuestión que trasciende los centros de datos y alcanza directamente a la gestión de una compañía como Telefónica. Un directivo no puede evaluarse únicamente por la contundencia de sus declaraciones públicas, sino por la relación que existe entre el diagnóstico que formula, las decisiones adoptadas durante sus responsabilidades anteriores y la estrategia que propone para el futuro. En una empresa cotizada esa continuidad importa porque accionistas, trabajadores, clientes y mercado tienen que valorar no solamente los resultados obtenidos, sino también la credibilidad de quienes explican qué debe hacerse a continuación.
Sería excesivo deducir de este episodio que Gayo carece de esa capacidad o que las decisiones tomadas bajo la presidencia de Álvarez-Pallete fueron necesariamente equivocadas. Los datos disponibles no permiten semejante conclusión. Sí permiten exigir una explicación coherente de por qué una infraestructura cuya propiedad Telefónica decidió reducir hasta abandonar su participación accionarial ocupa ahora un lugar tan relevante en el diagnóstico estratégico de su máximo ejecutivo. Las circunstancias cambian, las tecnologías cambian y una compañía puede legítimamente modificar su estrategia. Precisamente por eso resulta importante explicar qué ha cambiado y por qué.
El problema aparece cuando la explicación del presente se desplaza casi exclusivamente hacia fuera. Hacia la regulación, hacia Europa, hacia la falta de escala o hacia la velocidad de las administraciones. El análisis de este post muestra que una parte de la historia también está dentro de Telefónica: en sus desinversiones, en su estrategia tecnológica, en su dependencia de plataformas desarrolladas por terceros, en sus necesidades de simplificación interna y en las decisiones adoptadas por sucesivos equipos directivos. Reconocer esa parte no debilitaría necesariamente las reclamaciones de Gayo ante el regulador; podría, por el contrario, hacerlas más creíbles al situarlas dentro de una explicación completa de cómo se ha llegado hasta aquí.
Porque la coherencia también tiene valor económico. No existe una partida contable denominada «credibilidad de la dirección», pero la confianza en la estrategia y en quienes deben ejecutarla forma parte de la relación de una empresa cotizada con sus accionistas, empleados, clientes y financiadores. Una contradicción puntual no determina por sí sola la valoración de una compañía ni la capacidad de un ejecutivo. Pero cuando una dirección pide al regulador que preserve aquello de lo que la propia empresa decidió desprenderse, resulta legítimo reconstruir esa trayectoria y pedir explicaciones.
Al comienzo de este post, el regulador imaginario respondía al empresario: «Pero usted tenía almacenes cuando todavía era posible conservarlos y decidió venderlos». Después de recorrer las decisiones de Telefónica, sus alianzas tecnológicas, su posición ante las fusiones, su actividad regulatoria y los datos reales de la red eléctrica, aquella frase sigue siendo útil, con una diferencia fundamental: ya no funciona como una acusación, sino como una pregunta.
Si los centros de datos son hoy una infraestructura estratégica para la soberanía tecnológica de España y Europa, ¿qué cambió desde el momento en que Telefónica consideró que desprenderse de ellos era la mejor decisión para la compañía?
Responder con precisión a esa pregunta por parte de Gayo, explicaría mucho más sobre el futuro de Telefónica que responsabilizar únicamente al regulador.
Ya lo dijo George Orwell: «La hipocresía es una consecuencia inevitable de la contradicción entre los valores proclamados y la conducta real.»
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