La víspera de Navidad del año 1979, Europa consiguió algo que parecía mucho más frágil de lo que luego contó la historia oficial. El primer lanzamiento de Ariane estaba previsto para el 15 de diciembre, pero hubo que abortarlo en el último momento; después llegaron nuevos retrasos por pequeños problemas técnicos y por el tiempo, hasta que finalmente el 24 de diciembre Ariane 1 despegó desde Kourou y abrió el camino del acceso europeo independiente al espacio. Un año después nacería Arianespace para convertir aquel éxito en una capacidad estable y comercial. La lección política de aquel episodio sigue siendo muy europea: la escala no llegó porque una empresa nacional absorbiera a las demás, sino porque varios países aceptaron coordinar industria, tecnología y estrategia en un mismo proyecto.
La adjudicación de 1.070 millones de euros a 57 proyectos del Fondo Europeo de Defensa (EDF) no solo confirma la voluntad de Bruselas de reforzar su base industrial y tecnológica en sectores estratégicos. También vuelve a poner sobre la mesa una cuestión de fondo que atraviesa hoy el debate económico europeo: cómo se construye realmente la escala en la Unión. Mientras el EDF demuestra, una vez más, que Europa sigue apostando por el consorcio, la cooperación transnacional y la agregación de capacidades como vía para ganar autonomía, en el sector de las telecomunicaciones crece al mismo tiempo la presión para que esa escala se busque sobre todo a través de fusiones y una lectura más flexible de las normas de competencia. Entre ambos movimientos se dibuja una tensión que no es menor, porque afecta no solo al futuro de las telecos, sino también al modelo mismo de integración económica sobre el que descansa el proyecto europeo.
Bruselas adjudica 1.070 millones de euros para 57 proyectos del EDF 2025. La Comisión Europea explica que los proyectos cubren áreas como inteligencia artificial, ciberdefensa, drones y sistemas antidrones, y que en esta ronda han sido seleccionadas 634 entidades de 26 Estados miembros y Noruega, tras recibir 410 propuestas. Además, más del 38% de las entidades seleccionadas son pymes y recibirán más del 21% de la financiación total. La propia plataforma de I+D+i del Ministerio de Defensa español ha recogido ya estos resultados y subraya que los acuerdos de subvención deben cerrarse antes de final de año https://bit.ly/4sWtiAh
En cuanto a España, la Comisión no ofrece en su nota general un desglose por país, pero la prensa española sí ha puesto cifras al peso español: más de 40 empresas y entidades nacionales estarían presentes en 40 de los 57 proyectos seleccionados. Economía Digital sitúa a Indra y Navantia a la cabeza de esa presencia, y añade a Telefónica, EM&E, Airbus España, Sener, además de universidades y organismos públicos. El dato relevante no es solo la cantidad, sino que España no aparece como socio marginal, sino en proyectos de gran volumen y, en varios casos, como coordinadora https://bit.ly/4csofkx
El caso más claro en el ámbito naval es Navantia. La empresa pública coordina E-DOMINION, un programa centrado en el “buque digital” y en una nube de combate naval para operaciones colaborativas. La ficha oficial del proyecto fija un coste total cercano a 79 millones de euros y una contribución máxima de la UE de 54 millones. En ese consorcio figuran también Indra y Telefónica Ingeniería de Seguridad, junto a grandes grupos europeos como Fincantieri, Leonardo, Naval Group o TKMS. La prensa económica española interpreta esta adjudicación como una nueva confirmación de Navantia como actor de referencia en la digitalización naval europea https://bit.ly/4mRNNg5
Indra, por su parte, gana peso sobre todo en ciberdefensa, sensores y espacio. Coordina ECC2, un sistema europeo de mando y control cibernético, con un coste total de 56,2 millones y una aportación europea de 34 millones; en él participan también GMV, la Universidad Politécnica de Madrid y la Universidad de Murcia. También coordina SHIMBAD, orientado a un radar naval multifunción multibanda plenamente europeo, con 42,6 millones de coste total y 29,4 millones de ayuda comunitaria, donde aparece además Tecnobit. Y participa en SPIDER2, uno de los proyectos emblemáticos del “escudo espacial europeo”, valorado en 83,7 millones, junto a Airbus Defence and Space España, Cipherbit, GMV, Indra Espacio, Hisdesat, Satlantis y Thales Alenia Space España https://bit.ly/4tbNjn5
La presencia española también alcanza el mayor proyecto de esta convocatoria, FAMOUS3, dedicado a plataformas blindadas de nueva generación. Su coste total supera los 115 millones de euros, con casi 79 millones de contribución europea, y en él participan Indra, EM&E y Piedrafita Systems, aunque la coordinación recae en la finlandesa Patria. Visto en conjunto, lo que deja esta ronda es una foto bastante clara: España se está haciendo fuerte en cinco campos muy concretos de la defensa europea financiada por Bruselas —naval, ciber, radares y guerra electrónica, espacio e integración de plataformas terrestres—, y lo hace no solo con grandes contratistas, sino también con filiales tecnológicas, pymes y universidades EDF21_Outcome_Template
Además, esto no llega de la nada. Indra ya había comunicado en mayo de 2025 que entraba en 12 proyectos del EDF y coordinaba uno, acumulando 76 iniciativas desde las fases preparatorias del fondo y el liderazgo en 10 de ellas. Navantia, por su parte, venía de participar en seis proyectos del EDF 2023 por valor de 520 millones y de liderar dos. La convocatoria conocida ahora no inaugura la presencia española en el Fondo Europeo de Defensa, pero sí la ensancha y la coloca en áreas centrales para la estrategia industrial y tecnológica de la UE.
Lo que se ha publicado desde febrero con respecto a la consolidación del mercado de las telecomunicaciones encaja con la idea de un giro real en Bruselas, pero no con una desregulación total. La Comisión lleva desde mayo de 2025 revisando sus directrices de control de concentraciones, las primeras desde 2004 en el caso de las horizontales y desde 2008 en las no horizontales. En esa revisión ha puesto sobre la mesa innovación, eficiencia, resiliencia, horizontes temporales más largos, intensidad inversora, sostenibilidad y el nuevo contexto de seguridad y defensa. Al mismo tiempo, la propia Comisión insiste en que la misión de fondo no cambia: preservar un mercado interior competitivo y seguir aplicando el test legal de si una operación “impide significativamente” la competencia efectiva https://bit.ly/4cvqBiE
Reuters adelantó el 12 de febrero que Bruselas estaba estudiando facilitar sobre todo las fusiones paneuropeas, es decir, operaciones transfronterizas que den tamaño a empresas europeas, y no tanto las concentraciones puramente nacionales que refuercen demasiado el poder de mercado dentro de un solo país. Esa orientación política quedó respaldada públicamente por António Costa, que tras la reunión informal de líderes del 12 de febrero habló de permitir “cierto grado” de consolidación en sectores estratégicos como las telecomunicaciones para alcanzar más inversión e innovación. En marzo la comisaria, Teresa Ribera, confirmó además que las nuevas directrices mirarán más allá de los efectos de precio a corto plazo y que, en sectores más innovadores o disruptivos, el plazo de análisis podría ampliarse, aunque sin dar “carta blanca” a la concentración https://bit.ly/4vDFics
La clave está en distinguir entre cambiar la ley y cambiar la manera de aplicar la ley. Lo que hoy está formalmente en revisión son las directrices, no el Reglamento europeo de concentraciones como tal. De hecho, la propia patronal europea de telecos, Connect Europe, sostiene que la revisión de directrices “no va lo bastante lejos” y reclama una reforma más amplia del marco; eso confirma que, por ahora, lo visible no es una rebaja del umbral jurídico, sino una reinterpretación más flexible del análisis económico y competitivo. En paralelo, el “Competitiveness Compass” de la Comisión ya había dejado escrito que la revisión debía dar “peso adecuado” a la innovación, la resiliencia y la intensidad inversora de la competencia en sectores estratégicos https://bit.ly/4dSonMH
Por eso, cuando se pregunta cómo serían esas fusiones, la respuesta más ajustada es esta: Bruselas parece más receptiva a operaciones que creen escala europea sin vaciar de competencia los mercados nacionales. Serían, sobre todo, adquisiciones o integraciones transfronterizas entre grupos presentes en varios Estados miembros, o acuerdos que permitan desplegar redes, tecnología o inversión con lógica europea. No parece que la idea central sea autorizar sin más cualquier fusión doméstica que reduzca de cuatro a tres operadores en un país; de hecho, Reuters subrayó que el enfoque iba precisamente a favorecer acuerdos paneuropeos antes que concentraciones nacionales que aumenten demasiado el poder de unos pocos actores. El propio Consejo Europeo ha ligado esta revisión a la necesidad de que las empresas puedan escalar dentro del mercado único https://bit.ly/4tSMI9X
El mejor indicador de cómo seguiría funcionando el sistema es que los remedios no desaparecen. En 2024, la Comisión autorizó la joint venture Orange/MásMóvil en España solo con condiciones: cesión de espectro a Digi y opción de acuerdo nacional de roaming, precisamente para que siguiera existiendo una presión competitiva suficiente. Es decir, incluso en un sector tan citado como telecomunicaciones, la lógica comunitaria siguió siendo la misma: si hay riesgo de subida de precios o pérdida de rivalidad, la operación solo pasa con correcciones estructurales. Y cuando en abril de 2026 la Comisión autorizó sin condiciones la toma de control total de MasOrange por Orange, lo hizo porque ya no veía un solapamiento competitivo nuevo, sino un cambio de control sobre una empresa que ya operaba solo en España https://bit.ly/4cMnNPr
La discusión europea, además, está lejos de estar cerrada. Las grandes telecos europeas, entre ellas Telefónica, Vodafone, Deutsche Telekom o TIM, llevan meses presionando para que Bruselas acepte una visión más favorable a la consolidación, alegando fragmentación, falta de escala y necesidad de invertir más en 5G, fibra y futuras redes. Pero enfrente hay resistencias claras. BEREC, que agrupa a los reguladores sectoriales, ha advertido de que una consolidación descontrolada en telecomunicaciones puede estrechar los oligopolios y deteriorar la competencia. BEUC, la gran organización europea de consumidores, sostiene que la competitividad europea necesita más competidores, no más concentración. Y la propia síntesis de la consulta pública de la Comisión recoge que muchos participantes aceptan estudiar mejor los efectos dinámicos de una fusión, pero recuerdan que las ventajas de escala solo cuentan si compensan de verdad los daños competitivos; además, varias autoridades nacionales de competencia se muestran escépticas ante la idea de que una fusión que crea poder de mercado genere por sí misma beneficios netos para la economía Los gigantes europeos de las telecomunicaciones instan a Ribera para que facilite las fusiones | Empresas | Cinco Días
En consecuencia, no parece correcto hablar, a día de hoy, de una “rebaja” simple de las normas de competitividad europea. Lo que sí se aprecia es un desplazamiento del enfoque: menos obsesión exclusiva por el precio en el muy corto plazo y más atención a innovación, inversión, resiliencia y escala, sobre todo en sectores estratégicos. Pero el armazón sigue siendo de control de competencia, no de política industrial sin límites. La prueba es que la Comisión sigue repitiendo que el objetivo principal es mantener un mercado interior vibrante y competitivo, que más del 95% de las operaciones ya se autorizan sin problemas y que la protección del consumidor y de la integridad del mercado debe preservarse. Dicho de forma llana: Bruselas no está diciendo “fusionaos sin trabas”, sino “si una operación europea aporta escala, innovación e inversión demostrables y no destruye la competencia efectiva, tendrá más opciones que antes” https://bit.ly/41xWguZ
Además, hay contestación política dentro de la propia UE. Reuters informó el 23 de febrero de que Irlanda, Finlandia, Chequia, Estonia y Letonia advirtieron contra una relajación de las reglas, defendiendo que el marco actual ya permite “campeones europeos” cuando la evidencia económica lo justifica y pidiendo que no se sustituya el análisis caso por caso por una preferencia automática por el tamaño. Eso refuerza la idea de que, por ahora, lo que está en marcha es una batalla sobre el criterio y el equilibrio del análisis, no una demolición del control de concentraciones https://bit.ly/4tQqkOi
El EDF 2025 demuestra que, cuando Bruselas fija una prioridad estratégica clara, pone dinero encima de la mesa y obliga a cooperar a múltiples actores, la figura del consorcio funciona. No es una impresión, sino un hecho institucional: la Comisión ha seleccionado 57 proyectos por 1.070 millones de euros, con 634 entidades de 26 Estados miembros y Noruega. Ese modelo prueba que la UE sí sabe crear escala industrial europea mediante cooperación organizada.
Ahora bien, trasladar esa conclusión al sector teleco exige un matiz importante. Decir que las telecos europeas están quietas o que no están construyendo consorcios sería demasiado rotundo. En marzo de 2026 la Comisión presentó EURO-3C como un proyecto de 75 millones para levantar una infraestructura federada Telco-Edge-Cloud con el objetivo explícito de reducir la dependencia de proveedores de terceros países, y Telefónica lo presentó como un consorcio de más de 70 entidades con nodos en más de 13 países europeos. Además, en el MWC 2026, Deutsche Telekom, Orange, Telefónica, TIM y Vodafone anunciaron la primera demostración operativa de una “federated edge” paneuropea en entornos de laboratorio y preproducción. Eso significa que la lógica consorcial sí existe en telecos, pero hoy se concentra sobre todo en capas de infraestructura compartida, edge, cloud y soberanía digital, no tanto en la estructura comercial clásica del mercado minorista.
También hay cooperación visible en la arquitectura de red. Los cinco grandes operadores europeos vienen trabajando juntos en Open RAN desde 2021 y en 2023 afirmaban que esa vía debía servir para mejorar madurez, seguridad, eficiencia energética y diversidad de proveedores; Orange y Vodafone incluso acordaron compartir Open RAN en zonas rurales europeas, presentándolo como una forma de construir una cadena de suministro más resiliente. En paralelo, Open Gateway se define como una iniciativa multi operador liderada por GSMA para exponer capacidades de red mediante APIs estandarizadas, y Aduna quedó formalmente constituida en 2025 como una ‘joint venture’ al 50% entre Ericsson y doce operadores, entre ellos Deutsche Telekom, Orange, Telefónica y Vodafone. Pero aquí aparece un dato decisivo, una parte de esa cooperación no está pensada para sustituir a las tecnológicas estadounidenses o chinas, sino para monetizar capacidades de red en un ecosistema global; Aduna, de hecho, incluye también a AT&T, Verizon y T-Mobile. Es decir, sí hay consorcio, pero no siempre con una lógica estrictamente soberanista europea.
Dicho eso, el centro de gravedad político del sector sí parece estar hoy más en la consolidación que en la construcción paciente de consorcios soberanos. Reuters informó en febrero de que Bruselas estudia facilitar fusiones paneuropeas, precisamente en un contexto de presión del sector teleco para suavizar el control de concentraciones. Ese mismo mes, Telefónica dijo que veía avances en esa dirección y dejó claro que sus movimientos corporativos dependerían de un cambio práctico en la política europea de M&A; y Deutsche Telekom criticó después el enfoque de la nueva Digital Networks Act por no ir suficientemente lejos en la desregulación ni imponer una contribución obligatoria a los grandes grupos tecnológicos estadounidenses. Al mismo tiempo, la propia patronal sectorial Connect Europe insiste en que el problema central sigue siendo la fragmentación y la debilidad inversora del sector. Todo eso da bastante base a tu observación de que la energía pública del lobby teleco está hoy más volcada en pedir un marco que facilite tamaño y rentabilidad que en exhibir grandes consorcios industriales europeos ya maduros.
Por eso, la crítica al poco trabajo que hoy están haciendo los principales responsables de las telecos europeas gana fuerza en un punto muy concreto: entre construir soberanía tecnológica y reclamar consolidación, muchas telecos están priorizando lo segundo porque ofrece un efecto más rápido sobre márgenes, capacidad inversora y valoración bursátil. Los consorcios europeos que existen en edge, cloud, APIs u Open RAN siguen estando, en varios casos, en fases de preproducción, despliegue gradual o estandarización; en cambio, la flexibilización regulatoria y las fusiones prometen una mejora más inmediata de escala y caja. A partir de los hechos publicados, la fotografía que sale es la de un sector que sí coopera tecnológicamente, pero que políticamente está apostando con mucha más claridad por una vía de consolidación.
Ahora bien, de ahí no se sigue automáticamente que lo que esté en marcha sea una simple rebaja de las normas de competencia para fabricar oligopolios. La Comisión distingue entre favorecer fusiones paneuropeas y permitir concentraciones puramente nacionales que disparen el poder de mercado en un solo país. Además, lo que está revisando formalmente son las directrices de análisis, no una derogación del control de concentraciones. La propia documentación oficial de la revisión muestra que la Comisión ha consultado sobre innovación, resiliencia, inversión y escala, pero también recoge que muchos participantes sostienen que las ganancias de escala solo cuentan si compensan de verdad los efectos anticompetitivos y que varias autoridades nacionales son escépticas ante la idea de que una fusión que crea poder de mercado beneficie por sí sola a la economía. Reuters también informó de que países como, Irlanda, Finlandia, Chequia, Estonia y Letonia han advertido contra una relajación de las reglas, y BEREC ha defendido que el marco actual ha aportado competencia, inversión, innovación y protección del consumidor. Así que el riesgo oligopolístico es real como preocupación, pero no puede presentarse, con la evidencia disponible, como el resultado ya asumido por Bruselas.
Sobre la dependencia exterior, además, conviene separar dos planos. Frente a China, la respuesta europea es más concreta: la Comisión ya advirtió en 2023 del riesgo de dependencia persistente respecto de proveedores 5G de alto riesgo y ha seguido empujando restricciones en ese terreno. Frente a Estados Unidos, el problema no se aborda tanto como una cuestión de seguridad de proveedores de red, sino como dependencia en cloud, plataformas, APIs, datos y capacidad de cómputo. Ahí sí existen respuestas europeas —EURO-3C, la edge federation, Open RAN, Open Gateway—, pero todavía no tienen el grado de madurez comercial, escala y visibilidad que tendría una alternativa plenamente asentada a los grandes actores estadounidenses. En otras palabras, la contestación europea existe, pero aún no compite de tú a tú en todos los niveles de la cadena de valor.
En suma la figura del consorcio no ha muerto en Europa y el EDF lo confirma con claridad, pero en telecomunicaciones esa lógica todavía no domina la estrategia del sector. Las telecos europeas sí están cooperando en varias capas tecnológicas, pero lo hacen de forma parcial, desigual y todavía poco visible para el gran mercado; mientras tanto, su presión política más intensa se dirige a obtener un marco que facilite consolidación, escala y menor fricción regulatoria. Por eso, lo que hoy se ve no es una ausencia total de consorcios, sino un desequilibrio: mucha más claridad y urgencia en la agenda de concentración que en la agenda de soberanía tecnológica compartida.
Para que la idea quede más nítida, en la UE el consorcio no es una solución ocasional, sino una forma de diseño institucional. En el EDF no es una metáfora, sino una regla de acceso: para optar a la financiación hay que formar un consorcio con entidades de al menos tres Estados miembros o asociados. Y ese mismo patrón reaparece fuera de defensa. La Década Digital prevé proyectos multinacionales para agrupar inversión europea y nacional y, cuando hace falta una estructura jurídica específica, utiliza el EDIC; los IPCEI se definen precisamente como instrumentos para reunir conocimiento, financiación y actores económicos de toda la Unión; EuroHPC se organiza como una iniciativa conjunta entre la UE, los países europeos y socios privados; Chips JU se presenta como una asociación tripartita europea; e IRIS² se ha adjudicado al consorcio SpaceRISE. Visto en conjunto, lo que aparece es una misma gramática: Europa crea escala coordinando capacidades, riesgo e inversión entre varios actores y varios países, no solo absorbiendo empresas mediante concentración societaria https://bit.ly/3OlhER9
Eso permite reforzar mucho mejor el contraste con el debate actual sobre fusiones teleco. La propia Comisión, al revisar las directrices de concentraciones, dice que quiere actualizar el análisis para tener en cuenta cambios económicos y nuevas realidades de mercado, pero también subraya que la misión principal del control de concentraciones sigue siendo preservar un mercado interior vibrante y competitivo. Incluso el Competitiveness Compass, que abre la puerta a dar más peso a innovación, resiliencia e intensidad inversora, lo formula como un ajuste del análisis de competencia, no como sustitución de la política industrial cooperativa por una política de concentración. Dicho de forma más clara: Bruselas puede estar revisando cómo examina ciertas fusiones, pero sus grandes instrumentos para construir soberanía industrial siguen descansando sobre fórmulas de cooperación transfronteriza https://bit.ly/4swGKdD
Además, remato la idea con un ejemplo que enlace directamente con telecomunicaciones, porque ahí es donde más me interesa cerrar el argumento. La Comisión ha presentado EURO-3C como la primera gran infraestructura federada Telco-Edge-Cloud europea, con 87 miembros de consorcio y el objetivo explícito de reducir la dependencia de proveedores de terceros países. Ese dato me sirve para sostener algo muy concreto: incluso en el sector donde más se habla hoy de consolidación, la propia respuesta estratégica europea sigue tomando forma de federación, consorcio y arquitectura compartida antes que de simple reducción del número de operadores https://bit.ly/4trG2zy
Europa no está improvisando con el consorcio, sino aplicando su método habitual para construir escala en sectores estratégicos. El EDF lo demuestra de forma literal, porque obliga a cooperar entre entidades de varios Estados; pero la misma lógica aparece en la Década Digital, en los IPCEI, en EuroHPC, en Chips JU, en IRIS² y ahora también en EURO-3C. La pauta es reconocible: la UE intenta ganar tamaño, autonomía y capacidad tecnológica compartiendo inversión, riesgo, estándares y gobernanza entre varios países y varios actores. Por eso, más que un modelo basado en grandes fusiones como vía principal para ordenar el mercado, lo que define a Europa es una tradición de escala construida mediante consorcios.
Mientras tanto, el encaje de Telefónica en este escenario es bastante claro: el discurso de Murtra y el de sus directivos no desmiente lo que Telefónica está haciendo, pero sí lo ordena jerárquicamente. En la práctica, la compañía está trabajando con consorcios, federaciones tecnológicas, APIs compartidas, automatización de red y proyectos de soberanía digital; en el plano político y regulatorio, en cambio, Murtra, Sebas Muriel y Borja Ochoa sitúan la consolidación como la condición estructural que, a su juicio, falta para que todo eso gane verdadera escala económica. No están diciendo que no sirvan los consorcios; están diciendo que, sin operadores más grandes y con más rentabilidad, esos consorcios no bastan. Eso se ve con nitidez en el propio discurso oficial de Murtra en el MWC, donde pidió “scale, pro-technology regulation and more speed”, y en la junta de accionistas, donde colocó la “consolidation and European leadership” como el primer pilar estratégico de la transformación de Telefónica https://bit.ly/3OubNJg
Ahí está la primera clave para leer la situación: Murtra no habla como si el consorcio fuera irrelevante, sino como si fuera insuficiente. Y eso encaja con el plan estratégico 2026-2030 de la propia empresa. El plan dice expresamente que no incluye oportunidades de consolidación, pero que quiere dejar a Telefónica preparada para ellas; al mismo tiempo, presenta como objetivos expandir B2B, evolucionar capacidades tecnológicas y simplificar el modelo operativo. Es decir, la compañía no está esperando parada a que Bruselas le permita fusionarse: está ejecutando una agenda industrial propia, pero su cúpula insiste en que esa agenda rendirá más si cambia el marco europeo de escala y una competencia menor https://bit.ly/3OjHG7j
El mejor ejemplo de esa doble lógica es EURO-3C. Telefónica lidera un consorcio de más de 70 entidades europeas para desplegar una infraestructura federada Telco-Edge-Cloud-IA, y la Comisión lo presenta como un proyecto de 75 millones de euros orientado a reducir la dependencia de proveedores de terceros países; además, la propia Comisión habla de 87 miembros de consorcio. Eso confirma justo la tesis de que Europa sabe construir escala mediante cooperación organizada. Pero, al mismo tiempo, Telefónica usa ese mismo proyecto para defender un relato más amplio: Juan Montero, desde la empresa, lo presentó como una “shared effort” para reforzar el liderazgo industrial europeo. Dicho de otra manera, Telefónica participa de lleno en la lógica del consorcio, pero su dirección no la presenta como alternativa cerrada a la consolidación, sino como una pieza dentro de un ecosistema que, según ellos, sigue necesitando operadores más grandes https://bit.ly/4vzHJN0
Lo mismo ocurre con Open Gateway y Aduna. Telefónica no está defendiendo la soberanía europea desde una autarquía tecnológica, sino desde una red de alianzas amplias. En sus resultados de 2025 afirmó que Open Gateway alcanzaba 292 operadores, más del 80% de las conexiones móviles globales y 59 socios de canal; además, Aduna se formalizó como una ‘joint venture’ al 50% entre Ericsson y doce operadores, entre ellos Telefónica, Deutsche Telekom, Orange y Vodafone, pero también AT&T, Verizon y T-Mobile. Eso muestra que la empresa sí está construyendo escala cooperativa, aunque no exclusivamente europea. Por eso el discurso de Murtra no niega esa cooperación: la reinterpreta. Viene a afirmar que las alianzas son útiles para desarrollar capacidades, pero que no resuelven por sí solas la debilidad estructural de márgenes, inversión y tamaño del sector europeo, cuestión que no es cierta si vemos el ejemplo de Airbus https://bit.ly/4vwdkPC
Las declaraciones de Borja Ochoa encajan exactamente en esa línea. Ochoa no plantea solo una rebaja de competencia, sino un marco con tres elementos permanentes: inversión constante en tecnologías críticas, alianzas entre grandes operadores y una regulación que favorezca ese escenario. También defendió la colaboración tecnológica con empresas no europeas. Por tanto, dentro de Telefónica no aparece un discurso puramente “fusionista” en sentido estrecho; aparece más bien una doctrina en la que alianza tecnológica y consolidación regulatoria se presentan como complementarias. La empresa no está diciendo “o consorcios o fusiones”, sino “consorcios sí, pero sobre una base sectorial menos fragmentada” https://bit.ly/484MSTa
Ahora bien, ahí es donde entra la tensión real que señalo, esa tensión no está en que Telefónica diga una cosa y haga la contraria, sino en que eleva la consolidación a categoría de necesidad histórica cuando su propia actividad demuestra que la cooperación paneuropea ya puede generar escala tecnológica, estandarización e infraestructuras compartidas. Telefónica ha cerrado 2025 con 12 casos de uso de nivel 4 en redes autónomas, fruto del trabajo conjunto de España, Brasil y Alemania, y avanza en plataformas comunes de red y software. Eso prueba que parte de la escala relevante hoy no depende de fusionar balances, sino de coordinar capacidades, estándares y despliegues. Por eso la crítica que realizo tiene un punto fuerte: el discurso de Murtra y sus directivos tiende a presentar la consolidación como condición casi previa de la soberanía tecnológica, cuando la propia práctica de Telefónica muestra que una parte de esa soberanía ya se está construyendo por otras vías https://bit.ly/486DcYt
En ese sentido, la posición de Murtra encaja mejor si se lee como una estrategia de presión institucional que como una descripción completa de la realidad industrial. Reuters recogió en febrero que Murtra veía avances en Bruselas, pero dejó claro que cualquier operación dependería de un “practical change” en la política europea de M&A. Eso sugiere que su discurso cumple una función muy concreta: aprovechar el momento político europeo para intentar mover el marco regulatorio a favor de una consolidación paneuropea. Mientras tanto, Telefónica sigue haciendo lo que sí puede hacer ya: consorcios, APIs, edge, cloud, ciberseguridad, automatización y concentración en sus cuatro mercados principales https://bit.ly/4ti1uY3
La conclusión, por tanto, no es que exista una contradicción frontal, sino un desequilibrio deliberado. La acción industrial de Telefónica se apoya hoy mucho más en la cooperación, la federación tecnológica y las alianzas de ecosistema de lo que su propia retórica pública suele reconocer. En cambio, el discurso de Murtra y de parte de su cúpula desplaza el foco hacia la consolidación porque es ahí donde la compañía quiere librar la batalla política en Bruselas. De ahí la fricción que intento señalar en los posts que escribo en el blog: Telefónica opera ya, en buena medida, dentro de la lógica europea del consorcio, pero su relato corporativo insiste en que el verdadero salto solo llegará si Europa acepta una mayor escala empresarial y una lectura más flexible de la concentración. En otras palabras, la empresa actúa como un actor de consorcio, pero se expresa como un actor que aspira a reformar las condiciones del mercado para que esa cooperación repose sobre operadores más grandes y más rentables, aun a costa de tensionar las reglas de competencia sobre las que descansa el propio proyecto europeo. Y esa vía, a la luz de los informes de Draghi y Letta, no parece ni sencilla ni plenamente coherente con la tradición integradora de la Unión https://bit.ly/4tfAND7
En el fondo, la cuestión no es solo qué herramienta resulta más útil para las telecos, sino qué idea de Europa se quiere consolidar. El EDF, los grandes proyectos tecnológicos europeos y la propia práctica reciente de Telefónica muestran que la Unión sigue construyendo escala, capacidad y soberanía, sobre todo, mediante cooperación organizada, consorcios, estándares compartidos y gobernanza transnacional. Las fusiones pueden tener un papel en determinados casos, pero no sustituyen por sí solas esa lógica ni deberían confundirse con una política industrial europea. Reducir la fragmentación no puede significar vaciar de contenido las reglas de competencia sobre las que descansa el mercado único. Porque, si algo enseña la experiencia europea, también en el caso de Airbus, es que la escala duradera no nace solo de concentrar capital, sino de coordinar capacidades. Y esa sigue siendo, hoy por hoy, la verdadera gramática de la integración europea.
Para terminar el post quiero manifestar que Ariane recuerda una lección que Europa no debería olvidar: la escala europea no nació de rebajar sus propias reglas para fabricar campeones a cualquier precio, sino de coordinar capacidades distintas dentro de un proyecto común. Esa ha sido, históricamente, la fuerza de la integración europea.
Por eso resulta tan llamativo lo que hoy hacen las grandes telecos, y en especial Telefónica. En la práctica participan en consorcios, federaciones tecnológicas y proyectos compartidos que responden exactamente a esa lógica europea de cooperación organizada. Pero, al mismo tiempo, siguen defendiendo en el plano político que la verdadera escala solo llegará con más fusiones y con una lectura más flexible de las reglas de competencia. Ahí está la fricción de fondo: actúan como actores de consorcio, pero hablan como si el consorcio no bastara.
En Telefónica esa tensión es especialmente visible. La empresa demuestra con sus propios movimientos que la cooperación paneuropea sí genera capacidades reales, pero insiste en presentar la consolidación como condición casi imprescindible para el futuro del sector. Con ello, desplaza el debate desde la construcción compartida de soberanía tecnológica hacia una agenda de concentración que corre el riesgo de debilitar precisamente una de las bases del proyecto europeo: la competencia dentro del mercado único.
La cuestión, en el fondo, es simple. Si Europa ya sabe construir escala mediante consorcios, lo discutible no es que Telefónica participe en ellos, sino que siga sosteniendo que el salto decisivo exige rebajar las barreras que todavía protegen la competitividad europea. Ariane demuestra justo lo contrario: en Europa, la escala duradera no nace de concentrar más poder, sino de organizar mejor lo que ya existe.
Ya lo dijo Jacques Delors: “Una Europa construida sobre una competencia que estimula, una cooperación que fortalece y una solidaridad que une.”
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