Hay una vieja lección empresarial que encaja muy bien con este debate: durante años, las telecos fueron dueñas de las autopistas por las que circulaba Internet, pero muchas de las mayores fortunas digitales las hicieron quienes construyeron los servicios que viajaban por esas autopistas (hiperescaladores). Ahora, con la inteligencia artificial, puede estar ocurriendo algo parecido, pero al revés: la nueva autopista ya no es solo la red, sino la capacidad de cómputo. Y ahí la pregunta es evidente: ¿quiere Telefónica ser dueña de la nueva autopista o conformarse con poner señales en ella?
La candidatura española para albergar una de las futuras gigafactorías europeas de inteligencia artificial (IA) ha puesto sobre la mesa un debate que va mucho más allá de la propia infraestructura. Mientras la Comisión Europea considera estas instalaciones activos estratégicos para la soberanía tecnológica del continente, Telefónica ha optado por un papel de desarrollador tecnológico y accionista minoritario, con una participación prevista de entre el 10% y el 15%. La decisión resulta especialmente llamativa si se compara con otras inversiones recientes de la compañía, como los más de 2.600 millones de euros comprometidos en los derechos del fútbol, y plantea una pregunta de fondo: ¿Está Telefónica renunciando a una posición de mayor control en una de las infraestructuras tecnológicas más relevantes de las próximas décadas?
Hoy se han publicado dos noticias en un medio de comunicación donde se nos informa que España avanza en la creación de una gigafactoría europea de inteligencia artificial (IA) mediante un consorcio público-privado en el que Telefónica quiere actuar como desarrollador tecnológico, no como gran inversor. Según el consejero delegado de Telefónica, Emilio Gayo, la teleco aspira a tener entre un 10% y un 15% del capital y a participar sobre todo en la ingeniería, el desarrollo de infraestructuras, la comercialización posterior y la construcción tecnológica del proyecto, tal como recoge esta información sobre Telefónica.
El proyecto contará también con ACS, Multiverse, Submer y la SETT, conocida como “SEPI Digital”, además de una aportación pública de 250 millones de euros. La inversión total público-privada podría situarse alrededor de los 4.000 millones de euros. A este consorcio se sumará Banco Santander, previsiblemente mediante financiación vía deuda, reforzando así la estructura financiera de la candidatura española para albergar una de las grandes plantas europeas de IA, como detalla la noticia sobre la incorporación de Santander.
En conjunto, ambas noticias muestran una apuesta estratégica por convertir a España, junto con Portugal, en un polo europeo de inteligencia artificial. La candidatura ibérica contempla posibles ubicaciones en Móra la Nova, Tarragona, y San Fernando de Henares, Madrid, con el objetivo de crear no solo un gran centro de datos, sino un clúster tecnológico capaz de atraer talento, startups, investigación y empleo cualificado. Además, el proyecto se enmarca en la búsqueda de autonomía estratégica europea frente a la dependencia tecnológica de Estados Unidos y China.
El objetivo de la gigafactoría es desarrollar una infraestructura de gran capacidad para inteligencia artificial, supercomputación, almacenamiento de datos y servicios tecnológicos avanzados. Emilio Gayo destacó que este tipo de instalaciones representan una evolución de los centros de datos tradicionales, ya que requieren mucha más potencia de cálculo. Por eso defendió que Telefónica puede aportar valor desde su experiencia técnica en la construcción y desarrollo de data centers. En paralelo, el directivo relacionó este proyecto con la necesidad de que las telecomunicaciones europeas salgan de su zona de confort y participen en nuevos negocios tecnológicos de mayor valor añadido.
Ambas noticias también sitúan el proyecto dentro de una estrategia más amplia de autonomía tecnológica europea. España y Portugal han acordado impulsar una candidatura ibérica para albergar una de las primeras grandes plantas europeas de IA, en un contexto en el que Europa busca reducir su dependencia tecnológica de Estados Unidos y China en busca de la autonomía estratégica. La Comisión Europea considera estas instalaciones estratégicas por su importancia económica, industrial y geopolítica, comparable a la que en su día tuvieron las redes energéticas o las telecomunicaciones.
En conjunto, ambas informaciones presentan la gigafactoría de IA como un proyecto clave para posicionar a España en el mapa europeo de la inteligencia artificial. No se trataría únicamente de construir un gran centro de datos. Al mismo tiempo, el proyecto encaja con la nueva orientación estratégica de Telefónica, que busca concentrarse en mercados clave como España, Alemania, Reino Unido y Brasil, mientras culmina su salida de Hispanoamérica, y con su nterés por reforzar alianzas en sectores como la ciberseguridad, la defensa y las infraestructuras digitales.
Lo primero que llama la atención del consorcio formado en nuestro país es el escaso porcentaje que tiene Telefónica en el capital del mismo. Si miramos las bases del concurso que publicó la Comisión Europea y EuroHPC es que no existe una norma conocida que limite a una empresa privada a poseer el 51% del capital de una gigafactoría de IA. En las bases publicadas para la fase de manifestaciones de interés y en la regulación posterior no aparece ningún porcentaje máximo de participación para un socio privado concreto https://bit.ly/3S41LQi
Sin embargo, la ausencia de un límite formal no significa que una empresa como Telefónica pueda controlar la infraestructura sin condicionantes. La regulación establece que cada gigafactoría deberá contar con una estructura de gobernanza definida en el acuerdo de alojamiento "Hosting Agreement" (contrato de alojamiento web o contrato de hosting), donde se detallarán la propiedad, la gobernanza y los mecanismos de supervisión. Además, la Unión Europea exige que exista un órgano público de gobernanza formado por representantes de la Comisión Europea y de los Estados participantes que aporten financiación pública https://bit.ly/4v8awXR
La normativa también exige que la Unión Europea disponga de mecanismos de control y supervisión sobre activos considerados estratégicos para proteger los intereses, la autonomía tecnológica y la seguridad europea. Por tanto, aunque una empresa privada pudiera ser accionista mayoritaria, la infraestructura seguiría sometida a una gobernanza pública y a condiciones específicas fijadas por la Comisión y EuroHPC https://bit.ly/3RBjZZk
Otro aspecto relevante es la estructura financiera prevista para estas instalaciones. La Comisión plantea un modelo en el que la aportación pública europea está limitada y debe complementarse con financiación de los Estados miembros y del sector privado. Diversos documentos relacionados con la iniciativa indican que el sector privado deberá asumir la mayor parte de la inversión y la totalidad o la mayor parte de los costes operativos. En consecuencia, desde un punto de vista regulatorio, el problema para que Telefónica tuviese un 51% no parece ser jurídico, sino financiero: para alcanzar esa posición debería aportar una parte significativa del capital necesario para un proyecto valorado en 4.000 millones de euros. Pero curiosamente, sería menos de lo que pago por el fútbol en la ultima subasta de los derechos audiovisuales de LaLiga para el mercado residencial en España, correspondiente al ciclo 2027/28-2031/32, Telefónica (a través de Movistar Plus+) pagó 2.635,85 millones de euros por cinco temporadas. Esto equivale a unos 527,17 millones de euros por temporada https://bit.ly/3PHyJ8y
Precisamente por ello resulta llamativo que Telefónica haya manifestado públicamente su intención de situarse entre el 10% y el 15% del capital. Esa cifra no parece responder a una obligación impuesta por Bruselas, sino a una decisión estratégica de la propia compañía. Emilio Gayo ha declarado que Telefónica quiere desempeñar principalmente el papel de desarrollador tecnológico, ingeniero y operador de servicios asociados a la infraestructura, y no el de gran financiador del proyecto. Es decir, la empresa pretende capturar valor mediante su conocimiento en redes, centros de datos, computación y comercialización de servicios, evitando asumir el volumen de inversión y riesgo financiero que supondría una posición de control.
Por tanto, con la información pública disponible, no puede afirmarse que exista una restricción de las bases europeas que impida a Telefónica alcanzar una participación del 51%. Lo que sí establecen las reglas es una gobernanza compartida con supervisión pública europea y nacional, así como una estructura financiera en la que los recursos públicos conviven con la inversión privada. La participación anunciada por Telefónica parece obedecer a una decisión empresarial sobre el reparto de riesgos y capital, no a una limitación explícita impuesta por la Comisión Europea.
Con la información pública disponible, no puede afirmarse que sea un error estratégico que Telefónica no tenga una participación mayoritaria en la futura gigafactoría. Lo que sí puede hacerse es analizar qué gana y qué pierde la compañía al optar por una posición del 10%-15% en lugar de intentar controlar más del 50% de la infraestructura.
Lo primero que hay que tener en cuenta es que una gigafactoría de IA no es un negocio convencional de telecomunicaciones. Se trata de una infraestructura de miles de millones de euros, con un elevado consumo energético, largos plazos de amortización y una evolución tecnológica muy rápida. En este contexto, una participación minoritaria permite a Telefónica acceder al proyecto y participar en su desarrollo tecnológico sin asumir la mayor parte del riesgo financiero.
La principal ventaja de no tener una participación mayoritaria es precisamente la reducción del riesgo. Si el proyecto alcanza finalmente una inversión cercana a los 4.000 millones de euros, una participación del 10%-15% supone comprometer entre unos 400 y 600 millones de euros aproximadamente, mientras que una posición de control superior al 50% implicaría movilizar unos 2.000 millones de euros. Esto podría limitaría la capacidad de Telefónica para invertir en otras áreas estratégicas como redes, fibra, 5G, ciberseguridad, servicios digitales o adquisiciones.
Otro aspecto favorable es que Telefónica puede capturar parte del valor del proyecto sin necesidad de controlarlo. Emilio Gayo ha manifestado que la compañía quiere actuar como desarrollador tecnológico, ingeniero y comercializador. Si consigue contratos para diseñar, operar, conectar y comercializar servicios asociados a la infraestructura, una parte relevante de sus ingresos podría provenir de actividades operativas y tecnológicas más que de la mera propiedad del activo.
También existe una ventaja política e institucional. La Comisión Europea está impulsando estas infraestructuras como activos estratégicos de interés europeo. Una estructura accionarial diversificada, donde participen empresas industriales, tecnológicas, financieras y organismos públicos, puede resultar más fácil de gestionar desde el punto de vista regulatorio y de gobernanza que una infraestructura dominada por un único operador de telecomunicaciones.
Sin embargo, la renuncia a una posición mayoritaria sobre dicha infraestructura también tiene costes. El primero es la pérdida de capacidad de decisión. Con una participación del 10%-15%, Telefónica tendrá influencia, pero difícilmente podrá imponer por sí sola las decisiones estratégicas del proyecto. Las inversiones futuras, la política comercial, la ampliación de capacidad, la incorporación de nuevos socios o las prioridades tecnológicas dependerán de acuerdos entre varios accionistas.
Además, una participación minoritaria limita la captura de valor económico futuro. Si la gigafactoría se convierte en una infraestructura crítica para el desarrollo de la inteligencia artificial en Europa y genera importantes beneficios durante décadas, la mayor parte de ese valor corresponderá a quienes posean porcentajes más elevados del capital. Telefónica obtendrá beneficios proporcionales a su participación, pero no captará la mayoría de las rentas derivadas de la propiedad de la infraestructura.
Otro elemento relevante es el acceso privilegiado a la capacidad de computación. Una empresa que controle la infraestructura suele tener más capacidad para orientar la asignación de recursos, las prioridades de desarrollo y las relaciones con clientes estratégicos. Con una participación minoritaria, Telefónica tendrá acceso e influencia, pero no control absoluto sobre estos aspectos.
También existe una cuestión de posicionamiento estratégico. Durante décadas, las grandes telecos europeas controlaron las infraestructuras básicas de conectividad. Si la inteligencia artificial y la computación avanzada se convierten en la nueva infraestructura crítica de la economía digital, la propiedad de estos activos podría adquirir una importancia similar a la que tuvieron las redes de telecomunicaciones o los grandes centros de datos. Desde esa perspectiva, una participación reducida como la de Telefónica puede interpretarse como una menor exposición a un activo potencialmente estratégico para el futuro.
Por otra parte, hay que considerar que Telefónica ha estado reduciendo deuda, simplificando su presencia internacional y concentrándose en cuatro mercados principales: España, Alemania, Reino Unido y Brasil. Dentro de esa estrategia corporativa, asumir una inversión multimillonaria para controlar una gigafactoría podría no encajar con las prioridades actuales de la compañía. La decisión anunciada por la dirección sugiere que Telefónica considera más rentable y eficiente ser un socio tecnológico relevante que convertirse en el principal propietario financiero del proyecto.
En consecuencia, el principal beneficio de no tener una participación mayoritaria es la reducción del riesgo financiero y la posibilidad de obtener ingresos tecnológicos sin comprometer enormes cantidades de capital. El principal inconveniente es la pérdida de control sobre una infraestructura que, si cumple las expectativas de la Unión Europea, podría convertirse en uno de los activos tecnológicos más importantes del continente durante las próximas décadas. La valoración de si esta decisión es acertada o no dependerá en última instancia de la rentabilidad futura de la gigafactoría y del papel efectivo que Telefónica consiga desempeñar dentro de ella, aspectos que hoy todavía no pueden determinarse con certeza a partir de la información pública disponible.
Si miramos otros países europeos que optan a esta gigafactoria como Alemana y Francia tendremos la siguiente información. En ambos países no se han publicado porcentajes exactos de participación accionarial como en el caso español de Telefónica. En Francia y Alemania se conocen socios, importes y apoyos, pero no el reparto de capital:
· Francia: el consorcio se llama AION y está liderado por Scaleway, filial cloud de Iliad. En la versión más reciente participan o respaldan el proyecto Artefact, Bull/Eviden, Capgemini, Orange, Iliad/Scaleway, Ardian y EDF. El proyecto francés aspira a construir una gigafactoría de unos 10.000 millones de euros. Iliad ha declarado estar dispuesta a aportar 4.000 millones de euros, mientras que el resto se financiaría con inversión privada, préstamos bancarios y posible apoyo del fondo europeo. EDF aportaría sobre todo emplazamientos industriales y acceso eléctrico. No consta una participación directa del Estado francés en el capital, aunque EDF es una compañía pública y también han apoyado el ecosistema entidades públicas como GENCI e Inria https://bit.ly/4dIRksI
· Alemania: no hay un único consorcio cerrado. Primero se habló de una alianza entre Deutsche Telekom, SAP, Ionos y Schwarz Group, pero después Reuters informó de que Telekom, Ionos y Schwarz presentarían propuestas separadas, al no llegar a un concepto común; SAP no participaría en esa fase https://bit.ly/4vcJkXY La propuesta alemana más clara es la de Deutsche Telekom con Nvidia y Brookfield, orientada a una gigafactoría en Renania del Norte-Westfalia. Telekom actuaría como socio europeo e infraestructura, Nvidia aportaría tecnología/chips y Brookfield financiación/inversión. También se han mencionado conversaciones con RWE por el suministro energético. Tampoco aquí se han hecho públicos porcentajes de capital ni una participación estatal directa alemana https://bit.ly/3S67Mfi
Por tanto, comparado con España, donde se habla de Telefónica con un 10%-15% y de 250 millones de euros públicos, en Francia el dato concreto es Iliad: 4.000 millones dentro de un proyecto de 10.000 millones, y en Alemania el dato disponible es Telekom + Nvidia + Brookfield, sin reparto publicado
Además de España, Francia y Alemania, constan estos proyectos:
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País / zona |
Consorcio o propuesta |
Empresas / entidades citadas |
Participaciones publicadas |
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Finlandia / nórdico-báltico |
Consorcio liderado por Nokia |
Nokia y un consorcio empresarial; apoyo del Gobierno finlandés. Estonia se incorporó al proyecto nórdico con Nokia; también aparecen Finlandia, Estonia y Letonia, con negociaciones para Suecia y Dinamarca. |
No hay reparto por empresa. Sí se indica que, según los planes preliminares, el sector privado cubriría alrededor del 65% de la inversión y todos los costes operativos https://bit.ly/4e9wJ20 |
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Países Bajos |
AI Gigafactory.NL |
De Groot Family Office / Han de Groot como impulsor, Eneco, y una coalición con ING, ABN Amro, Picnic, Achmea, AMS-IX, SIDN, Invest-NL, Brainport Development, Unica y Schneider Electric, entre otros. |
No hay porcentajes por compañía publicados https://bit.ly/4wUeepU |
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Bálticos + Polonia |
Baltic AI Gigafactory |
Letonia, Lituania, Estonia y Polonia; se mencionan posibles centros en Polonia e integración con centros nacionales en Riga, Tallin, Vilna, Cracovia, Poznań, Gdańsk, Wrocław y Varsovia. |
Proyecto de unos 3.000 millones de euros. Se informa de que la mayoría vendría de inversión privada y que el 65% de la inversión procedería del sector privado. No hay porcentajes por empresa https://bit.ly/4uEe1Wi |
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Finlandia-Letonia |
Propuesta de DataCrunch |
DataCrunch Oy, República de Letonia, LIAA, Ministerio de Economía letón, Universidad Técnica de Riga, Universidad de Letonia, LIKTA e inversores como byFounders, Skaala Capital y Macquarie Specialised and Asset Finance. |
No hay porcentajes de capital publicados. Se plantea una infraestructura con unos 100.000 aceleradores de IA https://bit.ly/4dAiVO7 |
Dato general: la Comisión Europea recibió 76 propuestas para gigafactorías de IA en 16 Estados miembros y 60 ubicaciones, pero no publicó la lista completa por confidencialidad empresarial.
Hay una idea central visto y leído lo anterior: Telefónica está poniendo mucho más capital en derechos deportivos temporales que en una infraestructura tecnológica estructural. El dato es fuerte: para LaLiga 2027/28-2031/32, Telefónica comprometió 2.635,85 millones de euros, unos 527,17 millones al año; en cambio, si entra en la gigafactoría con un 10%-15% de un proyecto estimado en 4.000 millones, su exposición rondaría 400-600 millones https://bit.ly/4veqCiQ
La cuestión importante es que el fútbol es un activo de consumo: sirve para atraer y retener clientes mientras dura el contrato, pero al terminar el ciclo audiovisual el derecho desaparece y hay que volver a pujar. La gigafactoría, en cambio, sería un activo de infraestructura: capacidad de cómputo, almacenamiento, servicios de IA, conectividad, clientes empresariales, relación con administraciones, defensa, industria, investigación y startups. Por eso la comparación es relevante: no se trata solo de cuánto se invierte, sino de si el capital se destina a mantener una posición comercial de corto plazo o a controlar una infraestructura estratégica de largo plazo.
Lo que puede erosionar estratégicamente a Telefónica no es simplemente tener un porcentaje bajo, sino tener un porcentaje bajo en una infraestructura que puede convertirse en una capa básica de la economía digital. Durante años, las telecos controlaron redes, fibra, móvil y conectividad. Pero si la inteligencia artificial pasa a depender de grandes centros de computación, energía, chips, datos y cloud soberano, el centro de gravedad tecnológico puede desplazarse desde la conectividad hacia el cómputo. Si Telefónica participa solo de forma minoritaria, puede seguir siendo proveedor tecnológico, pero no necesariamente dueño principal del activo donde se generará parte del nuevo valor.
También conviene añadir que la Comisión Europea presenta estas fábricas de IA como una herramienta para reforzar la competitividad y la soberanía tecnológica europea, no como simples centros de datos. EuroHPC describe las gigafactorías como consorcios con industria europea, inversores privados o públicos y Estados participantes, destinados a establecer y operar estas infraestructuras https://bit.ly/430hfqU La Comisión, además, vincula su estrategia de IA con el objetivo de reforzar la competitividad y la soberanía tecnológica europea https://bit.ly/4dEoae8
Desde ese punto de vista, una participación minoritaria puede limitar a Telefónica en varios planos. El primero es el poder de decisión: con un 10%-15%, la compañía puede influir, pero no dirigir por sí sola la política de inversión, la ampliación de capacidad, la estrategia comercial, los precios, las alianzas o la prioridad de determinados clientes. El segundo es la captura de valor: si la infraestructura genera ingresos durante décadas, Telefónica solo recibirá la parte proporcional a su participación. El tercero es el posicionamiento industrial: si otros socios controlan más capital, serán ellos quienes puedan tener más peso en la orientación estratégica del activo.
El contraste con el fútbol refuerza el argumento. Los derechos audiovisuales pueden ser útiles para fidelizar clientes, reducir bajas y sostener paquetes convergentes, pero no crean una infraestructura propia permanente. La gigafactoría sí podría crear una ventaja competitiva acumulativa: más capacidad de IA, más clientes empresariales, más servicios cloud, más integración con ciberseguridad, defensa, industria, administración pública y automatización. Por eso puede plantearse que el equipo directivo de Telefónica está priorizando un activo defensivo y comercial, como el fútbol, frente a un activo potencialmente transformador, como el cómputo de IA.
La participación minoritaria reduce riesgo financiero de Telefónica, evita cargar demasiado balance y le permite participar como desarrollador, ingeniero y comercializador sin asumir el coste principal. Pero la crítica estratégica es clara: si la IA se convierte en la nueva infraestructura crítica de Europa, no controlar esa infraestructura puede dejar a Telefónica en una posición secundaria dentro de una cadena de valor que podría ser mucho más importante que los derechos audiovisuales en las próximas décadas.
Hay dos elementos de cierre para este post que conviene tener en cuenta desde el punto de vista estratégico y empresarial:
1. El primero es una comparación histórica. Durante décadas, Telefónica construyó su posición dominante porque controlaba la infraestructura crítica de cada época: primero la red fija, después la red móvil, posteriormente la fibra óptica y más tarde los grandes centros de datos. La cuestión que plantea la gigafactoría es si la capacidad de computación para IA será la siguiente infraestructura estratégica. Si la respuesta es afirmativa, la pregunta que queda abierta es si Telefónica quiere ser propietaria de esa infraestructura o simplemente uno de sus proveedores tecnológicos. Esta reflexión permite elevar el debate desde una mera cuestión financiera a una cuestión de posicionamiento industrial a largo plazo.
2. El segundo elemento es la comparación con los competidores europeos. En Francia, la operadora de telecomunicaciones Iliad ha manifestado su disposición a movilizar 4.000 millones de euros dentro de una gigafactoría de 10.000 millones, mientras que en Alemania Deutsche Telekom aparece vinculada a proyectos donde figura como uno de los socios centrales junto a Nvidia y Brookfield. Aunque no se conocen los porcentajes accionariales definitivos, en ninguno de esos casos se ha anunciado de forma pública una participación tan reducida como la que Telefónica ha planteado inicialmente para el proyecto español. Esto no demuestra que la estrategia española sea incorrecta, pero sí pone de manifiesto que otros grandes actores europeos parecen estar dispuestos a asumir un papel financiero más relevante en la construcción de las futuras infraestructuras de IA.
La cuestión de fondo no es si Telefónica debe invertir más o menos dinero en la gigafactoría, sino cuál quiere que sea su posición en la economía de la inteligencia artificial durante las próximas décadas. Las redes de telecomunicaciones fueron la infraestructura crítica de la economía digital del siglo XX y principios del XXI. La capacidad de computación para IA aspira a desempeñar un papel similar en las próximas décadas. Si esa hipótesis se confirma, la diferencia entre ser propietario mayoritario de la infraestructura o simplemente un socio tecnológico minoritario puede resultar tan relevante como lo fue en su día controlar las redes de telefonía, fibra o datos. La verdadera pregunta no es cuánto cuesta entrar en la gigafactoría, sino cuánto puede costar quedarse en una posición secundaria si la IA acaba convirtiéndose en el nuevo centro de gravedad tecnológico de Europa.
Para terminar el post quiero manifestar que la anécdota con la que comenzaba este análisis cobra ahora más sentido que nunca. Durante años, las telecos fueron propietarias de las autopistas por las que circulaba Internet, pero gran parte del valor económico terminó concentrándose en quienes construyeron los servicios que viajaban sobre ellas (hiperescaladores). Hoy la historia podría estar escribiéndose de nuevo, aunque con un matiz importante: la nueva autopista ya no es únicamente la conectividad, sino la capacidad de computación necesaria para desarrollar y operar la inteligencia artificial.
Telefónica se encuentra ante una decisión estratégica que trasciende el proyecto concreto de una gigafactoría. La compañía ha manifestado su voluntad de participar como desarrollador tecnológico, ingeniero y operador de servicios, pero no como accionista de referencia. Es una posición legítima desde el punto de vista financiero y de gestión del riesgo, especialmente para una empresa que ha dedicado los últimos años a reducir deuda, simplificar su estructura y concentrar recursos en sus mercados principales. Sin embargo, también supone aceptar que el control de una infraestructura que la propia Comisión Europea considera estratégica recaiga principalmente en otros actores.
Lo verdaderamente relevante no es el porcentaje concreto del 10% o del 15%, sino lo que ese porcentaje representa. Si las gigafactorías terminan convirtiéndose en la infraestructura básica sobre la que se desarrollarán la inteligencia artificial, la computación avanzada, la defensa, la industria conectada, la investigación científica y buena parte de los servicios digitales del futuro, la propiedad de esos activos tendrá una importancia comparable a la que tuvieron en su día las redes de telecomunicaciones, la fibra óptica o los grandes centros de datos.
Resulta difícil no observar el contraste entre la prudencia inversora mostrada ante una infraestructura potencialmente estratégica para las próximas décadas y los más de 2.600 millones de euros comprometidos en los derechos audiovisuales del fútbol, un activo que, por definición, desaparece al finalizar el contrato y obliga a volver a competir en cada renovación. La gigafactoría, por el contrario, es un activo susceptible de generar capacidad productiva, ingresos recurrentes, ventajas competitivas y valor industrial durante muchos años.
Quizá la cuestión más importante no sea si Telefónica obtendrá rentabilidad con su participación minoritaria, porque probablemente la obtendrá. La cuestión es si dentro de diez o quince años la compañía será uno de los propietarios de la infraestructura que sustente la economía europea de la inteligencia artificial o simplemente uno de los muchos proveedores que operen sobre ella. Porque, si la IA acaba convirtiéndose en el nuevo centro de gravedad tecnológico de Europa, la diferencia entre construir la autopista y limitarse a circular por ella podría resultar mucho más trascendental de lo que hoy parece.
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