El 5 de agosto de 1914, apenas un día después de que el Reino Unido declarase la guerra a Alemania, un buque cablero británico recibió una misión tan discreta como decisiva: cortar los cables telegráficos submarinos que conectaban directamente al Imperio alemán con América. No se trataba de hundir una flota ni de conquistar una posición militar. El objetivo era mucho más profundo: aislar a Alemania, obligarla a utilizar redes ajenas y convertir sus comunicaciones internacionales en una dependencia vulnerable.
La operación funcionó. Al perder sus rutas propias, Alemania tuvo que recurrir a sistemas pertenecientes a países neutrales para comunicarse con sus embajadas. Parte de aquellos mensajes terminó circulando por infraestructuras a las que los servicios británicos podían acceder. Entre ellos estuvo el telegrama Zimmermann, en el que Alemania proponía a México una alianza contra Estados Unidos. El mensaje fue interceptado, descifrado y posteriormente divulgado, convirtiéndose en uno de los acontecimientos que influyeron en la entrada estadounidense en la Primera Guerra Mundial.
Aquel episodio dejó una enseñanza que continúa vigente más de un siglo después: quien posee las rutas por las que circula la información conserva capacidad de decisión; quien pierde esas rutas queda obligado a confiar sus comunicaciones a terceros. Gran Bretaña había construido y protegido su red porque comprendía que los cables submarinos no eran simples activos comerciales, sino instrumentos de soberanía, inteligencia y poder internacional.
Hoy la tecnología ha cambiado, pero la lógica permanece. Los cables ya no transportan telegramas, sino datos financieros, comunicaciones gubernamentales, servicios digitales, tráfico empresarial y millones de conversaciones. Por eso resulta difícil explicar que, mientras las grandes potencias y los hiperescaladores invierten para controlar sus propias conexiones y reducir dependencias, Telefónica estudie vender la red submarina de Telxius. En 1914, Alemania descubrió demasiado tarde el precio de depender de infraestructuras ajenas. España no debería necesitar repetir aquella experiencia para comprender el valor estratégico de aquello que ahora se pretende convertir en liquidez.
La Telefónica presidida por Marc Murtra vuelve a poner en venta una de las infraestructuras más estratégicas que aún conserva: el negocio de cables submarinos de Telxius. La operación podría aportar hasta 1.200 millones de euros, pero su verdadera dimensión no puede medirse únicamente por el precio, el EBITDA o el múltiplo que esté dispuesto a pagar el mercado. Lo que está en juego es el control de una red de más de 100.000 kilómetros por la que circula una parte esencial del tráfico de datos entre Europa, Estados Unidos y Latinoamérica.
Mientras la Unión Europea refuerza la protección de los cables submarinos, Francia adquiere capacidades industriales para garantizar su soberanía y Alemania mantiene una presencia pública decisiva en sus principales infraestructuras, Telefónica estudia desprenderse de un activo rentable, crítico y difícilmente sustituible. La contradicción es evidente: los grandes hiperescaladores invierten miles de millones de euros para controlar sus propias redes y reducir su dependencia de terceros, mientras la operadora española parece avanzar en la dirección contraria.
Ante esta situación, la SEPI no puede guardar silencio. El Estado español regresó al capital de Telefónica para proteger sus capacidades estratégicas, no para contemplar pasivamente cómo se venden. La posible enajenación de Telxius obliga a preguntar quién controlará la infraestructura, qué derechos conservará Telefónica, qué dependencia se generará y qué intereses está defendiendo realmente la actual dirección de la compañía.
Hoy podemos leer en la prensa que Telefónica y Pontegadea, el vehículo inversor de Amancio Ortega, han reactivado la venta del negocio de cables submarinos de Telxius, cinco años después de que un primer proceso de desinversión terminara sin acuerdo. Según la información publicada este jueves 16 de julio de 2026, los dos accionistas han encargado a JP Morgan y Guggenheim la búsqueda de posibles compradores para un activo valorado en hasta 1.200 millones de euros https://tinyurl.com/ymcr85s9
El negocio puesto en el mercado genera actualmente alrededor de 150 millones de euros de EBITDA anual. Si se toma como referencia la valoración máxima de 1.200 millones, el precio equivaldría a ocho veces el EBITDA. Existe, por tanto, una diferencia aritmética respecto al múltiplo de 6,8 veces mencionado en la información publicada: dividir 1.200 millones entre 150 millones arroja exactamente ocho veces. Para que el múltiplo fuera de 6,8 veces, el EBITDA utilizado tendría que situarse aproximadamente en 176,5 millones o la valoración debería rondar los 1.020 millones de euros. Al no detallarse el origen de esta diferencia, las dos magnitudes deben presentarse por separado y sin atribuirles una explicación no confirmada.
La operación supone el segundo intento de Telefónica de vender esta infraestructura. En el año 2020, la compañía presidida entonces por Álvarez-Pallete ya había sondeado el mercado cuando el negocio generaba un EBITDA ligeramente superior a los 200 millones de euros. Entonces aspiraba a obtener entre nueve y diez veces ese resultado operativo, lo que situaba la valoración pretendida en una horquilla aproximada de entre 1.800 y 2.000 millones de euros. La comparación entre ambos procesos muestra un deterioro de las métricas utilizadas para valorar el activo. El EBITDA ha pasado de algo más de 200 millones a aproximadamente 150 millones, lo que representa una reducción mínima del 25%. Al mismo tiempo, la valoración máxima ha descendido desde los aproximadamente 2.000 millones pretendidos en 2020 hasta los 1.200 millones actuales, una diferencia de 800 millones de euros y una caída del 40%.
El primer proceso de venta fue dirigido por Société Générale y Greenhill y llegó a una fase avanzada. En el año 2021, Telefónica recibió ofertas vinculantes de I Squared Capital, EQT y Cerberus. I Squared se situó por delante de sus competidores con una propuesta próxima a los 1.600 millones de euros, aunque la transacción finalmente no llegó a cerrarse. La valoración máxima planteada ahora es 400 millones inferior a aquella oferta, lo que equivale a una reducción del 25%. Las informaciones publicadas durante aquel proceso confirmaron que I Squared competía directamente con EQT y Cerberus por el negocio de cable submarino.
Después de abandonar esa venta, Telefónica y Pontegadea optaron por adquirir el 40% de Telxius que permanecía en manos de KKR. La operación se acordó en febrero de 2022 por un importe estimado de 215,7 millones de euros y se completó en enero de 2023. Como consecuencia, Telefónica elevó su participación hasta el 70%, mientras que Pontegadea pasó a controlar el 30% restante.
KKR había pagado 1.275 millones de euros por ese mismo porcentaje en 2017. Aquella transacción valoró el conjunto de Telxius en 3.678 millones de euros en términos de valor de empresa y en 3.188 millones como valor de los fondos propios, con un múltiplo implícito de 11,4 veces el EBITDA previsto para 2017. La diferencia entre los 1.275 millones pagados por KKR y los 215,7 millones abonados posteriormente para recuperar su participación asciende a 1.059,3 millones, equivalente al 83,1%. Sin embargo, ambas cantidades no son directamente comparables porque el perímetro de Telxius había cambiado radicalmente entre las dos operaciones. La principal transformación se produjo en 2021, cuando Telxius vendió a American Tower su división de torres de telecomunicaciones (otra infraestructura crítica por la que está pagando un alquiler actualmente para operar en telefonía móvil en todos los mercados donde tiene presencia). La operación comprendió aproximadamente 30.722 emplazamientos situados en España, Alemania, Brasil, Perú, Chile y Argentina y fue valorada en 7.700 millones de euros. Esas torres formaban parte de Telxius cuando KKR adquirió su participación en 2017, pero ya no estaban dentro de la compañía cuando Telefónica y Pontegadea recuperaron ese 40% por 215,7 millones.
El proceso reactivado ahora se limita al negocio de conectividad y cables y no incluye aquellas torres. Telxius dispone actualmente de un ecosistema formado por nueve sistemas submarinos de fibra óptica de última generación y conexiones terrestres que superan conjuntamente los 100.000 kilómetros. La compañía cuenta además con alrededor de 100 puntos de presencia y 26 estaciones de amarre y centros de datos distribuidos principalmente entre Europa y América. Entre sus infraestructuras figuran sistemas como Marea, Brusa, Mistral y SAm-1.
La información publicada atribuye el descuento aplicado a la valoración a la elevada exposición del negocio a Latinoamérica. Una parte importante de la infraestructura conecta Estados Unidos con países latinoamericanos mediante sistemas como SAm-1, Brusa o Mistral. Según las fuentes financieras consultadas por el medio, los inversores aplicarían valoraciones superiores a los cables concentrados en las conexiones transatlánticas entre Estados Unidos y Europa.
El negocio exige inversiones constantes para ampliar capacidad, renovar equipos y adaptarse a una evolución tecnológica cada vez más acelerada. A esta elevada necesidad de capital se suma la entrada de los grandes hiperescaladores, como Alphabet —matriz de Google— o Meta —propietaria de Facebook—, que llevan años desplegando infraestructuras propias para reducir su dependencia de las operadoras de telecomunicaciones en la conexión y el transporte de su tráfico. Estos factores presionan la valoración del activo y obligan a mantener un esfuerzo inversor continuado, aunque Telefónica no ha realizado comentarios oficiales sobre el proceso. Sin embargo, una eventual venta alteraría la posición estratégica de la compañía: los hiperescaladores han invertido para depender cada vez menos de las operadoras, mientras que Telefónica podría terminar dependiendo de terceros y pagando por transportar sus propios datos allí donde ya no disponga de infraestructura propia (otro “éxito” estratégico en negro de Murtra en el diseño de la Telefónica que ha imaginado).
La reactivación de la venta coincide con una renovación de la dirección de Telxius. Javier de Paz ha asumido la presidencia de la sociedad en sustitución de Guillermo Ansaldo, mientras que Antonio Ledesma fue nombrado consejero delegado con efectos desde el 1 de marzo de 2026. El resultado final dependerá de las ofertas que reciban JP Morgan y Guggenheim y de que Telefónica y Pontegadea consideren que el precio compensa la pérdida de un activo de infraestructura que conecta Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. Por el momento, no existe un comprador anunciado, una oferta vinculante confirmada ni un acuerdo de venta cerrado.
La venta de Telxius frente a la estrategia de seguridad y soberanía digital de Europa
Para comprender la dimensión de la venta del negocio de cables submarinos de Telxius, no basta con analizar los 1.200 millones de euros en los que se valora el activo o los aproximadamente 150 millones de EBITDA que genera. La cuestión debe situarse en el contexto de la seguridad económica, la autonomía tecnológica y la protección de las infraestructuras críticas de España y de la Unión Europea.
El documento elaborado por Sauli Niinistö, el informe “Safer Together: Strengthening Europe’s Civilian and Military Preparedness and Readiness”, encargado por la Comisión Europea al expresidente finlandés, sus conclusiones sirvieron posteriormente como base para la Estrategia de Preparación de la Unión y para otros documentos europeos, incluido el Libro Blanco sobre el futuro de la defensa europea. El informe contiene alrededor de ochenta recomendaciones destinadas a garantizar que la Unión pueda seguir funcionando ante crisis, sabotajes, conflictos, ciberataques o interrupciones de sus infraestructuras esenciales.
Estrategia de seguridad de Sauli Niinistö https://tinyurl.com/2a6xud56
La magnitud del activo que ahora se pone en el mercado ayuda a entender el problema. Los cables submarinos transportan aproximadamente el 99% del tráfico intercontinental de internet. Por ellos circulan comunicaciones empresariales, operaciones financieras, servicios públicos, datos almacenados en la nube, comunicaciones gubernamentales y una parte esencial de la actividad económica europea. Por ese motivo, la Comisión Europea los considera una infraestructura indispensable para la economía, la conectividad y la seguridad de suministro de la Unión. Telxius no administra una infraestructura marginal. Según la información corporativa de Telefónica, su ecosistema está formado por nueve sistemas submarinos de última generación y redes terrestres que superan conjuntamente los 100.000 kilómetros, además de alrededor de cien puntos de presencia y veintiséis estaciones de amarre y centros de datos. Su red conecta Europa con Estados Unidos, Latinoamérica y el Caribe, ofreciendo capacidad, acceso a internet, interconexión de centros de datos y transporte internacional de tráfico.
España ocupa una posición relevante dentro de esa arquitectura. El cable Marea desembarca en Sopelana, en la costa de Bizkaia, y está conectado con el centro de datos de Derio, creado para canalizar su capacidad hacia los principales nodos de comunicaciones europeos. A esta infraestructura se suman conexiones desde territorio español hacia América, el norte de África y el Mediterráneo. Telxius participa igualmente en sistemas como Est-Tet, entre Estepona y Tetuán; Alpal-2, entre Mallorca y Argelia; y SAT-3, que conecta Canarias y Portugal con distintos países de la costa occidental africana.
La propia Estrategia Nacional de Seguridad Marítima 2024 reconoce expresamente la importancia de estas redes. El documento del Gobierno español establece la necesidad de analizar los riesgos de las infraestructuras marítimas situadas en espacios de soberanía nacional, elaborar planes de vigilancia para instalaciones ubicadas tanto dentro como fuera de esas aguas y prestar una atención especial a los cables submarinos de telecomunicaciones y a los gasoductos. También señala que la protección debe desarrollarse mediante colaboración público-privada porque una parte importante de estas infraestructuras críticas pertenece a compañías privadas.
La Unión Europea sigue exactamente la misma dirección. La Recomendación 2024/779 identifica los cables submarinos como infraestructuras críticas y reclama inversiones para asegurar su disponibilidad, integridad y resiliencia. Además, aclara que la infraestructura no se limita al cable depositado en el fondo marino: incluye también las estaciones de desembarque, los tramos terrestres que conducen a los centros de datos o puntos de presencia, las instalaciones de reparación y los buques necesarios para mantener y recuperar el servicio.
Posteriormente, el Plan de Acción Europeo sobre Seguridad de los Cables organizó la intervención comunitaria en cuatro ámbitos: prevención, detección, respuesta y reparación, y disuasión. En febrero del año 2026, la Comisión anunció una inversión de 347 millones de euros y una caja de herramientas europea para reducir riesgos, identificar dependencias y seleccionar proyectos de cables de interés europeo que puedan recibir financiación pública. Europa está dedicando recursos económicos, regulatorios y de seguridad a reforzar estas redes precisamente porque entiende que son una pieza de su autonomía estratégica.
El Informe de Niinistö refuerza esta conclusión. Su propuesta parte de que la seguridad constituye la base de la prosperidad y de que Europa debe asumir una mayor responsabilidad sobre sus propias capacidades. En relación directa con estas infraestructuras, el informe afirma que los proyectos críticos para la Unión, entre ellos los cables submarinos, deben ser examinados cuidadosamente para evitar la creación de nuevas vulnerabilidades. También reclama reducir las dependencias exteriores excesivas, realizar pruebas de resistencia y reforzar la cooperación entre las autoridades y las empresas que poseen u operan activos esenciales.
Esta política europea coincide con una transformación profunda del mercado. Alphabet, Meta, Microsoft y otros grandes hiperescaladores llevan años invirtiendo directamente en cables submarinos. Su objetivo empresarial es disponer de capacidad dedicada, rutas alternativas, menores latencias y mayor control sobre la conexión entre sus centros de datos, regiones de nube y usuarios. Google explica que sus cables conectan directamente su infraestructura mundial y que sistemas como Dunant aportan capacidad dedicada, diversidad de rutas y resiliencia. La compañía destaca asimismo que mantener el tráfico dentro de su propia red reduce los riesgos de latencia, seguridad y fiabilidad.
Meta ha seguido una estrategia semejante mediante proyectos como Marea, 2Africa y su nuevo sistema transatlántico. La compañía anunció que Marea, 2Africa y otro cable transatlántico desembarcarían en España, vinculando esas conexiones con sus inversiones en centros de datos y servicios digitales. Aunque en términos jurídicos no pueda hablarse de soberanía estatal, los hiperescaladores sí están construyendo una forma de autonomía operativa: controlan una parte creciente de la capacidad que necesitan y reducen su dependencia de las redes internacionales gestionadas exclusivamente por operadores tradicionales.
En este punto aparece la colisión estratégica. Mientras la Unión Europea y España consideran que los cables deben protegerse, diversificarse y someterse a evaluaciones de riesgos y dependencias, Telefónica y Pontegadea han abierto, según la información publicada hoy, un proceso para desprenderse del negocio de cables submarinos de Telxius. Al mismo tiempo que los hiperescaladores incorporan estas infraestructuras a sus redes para controlar mejor el transporte de su tráfico, Telefónica plantea convertir en liquidez un activo que le proporciona capacidad propia, presencia internacional y una posición directa en las comunicaciones entre Europa y América.
La venta no supondría necesariamente que Telefónica dejara de utilizar los cables. La operación podría incluir reservas de capacidad, derechos irrevocables de uso, acuerdos de servicio o contratos de transporte a largo plazo. Tampoco puede afirmarse, mientras no se conozcan el comprador y las condiciones, que España vaya a perder automáticamente el acceso a esas conexiones. Sin embargo, la propiedad determina quién decide las futuras inversiones, la ampliación de capacidad, la renovación tecnológica, las condiciones comerciales, la asignación de recursos y la gestión de la infraestructura. Telefónica podría pasar de ser copropietaria del activo a convertirse en cliente contractual de quien lo adquiriese.
La identidad del comprador será, por tanto, tan importante como el precio. No tendría las mismas consecuencias que el activo permaneciera bajo control de una compañía europea sometida a mecanismos reforzados de seguridad, que su adquisición por un fondo financiero, un operador extranjero o un hiperescalador con sus propios intereses comerciales. Precisamente por ello, Niinistö reclama examinar cuidadosamente los proyectos de cable y la normativa europea exige valorar amenazas, vulnerabilidades y dependencias con independencia de que la propiedad sea pública o privada.
La contradicción resulta todavía más visible porque el actual presidente de Telefónica, Marc Murtra, ha defendido públicamente que Europa debe desarrollar tecnología y capacidades propias para alcanzar una mayor autonomía estratégica https://tinyurl.com/38a5a73m También ha advertido sobre los riesgos de depender de software y tecnología de terceros. Es legítimo, por tanto, contrastar ese discurso con una eventual venta de una infraestructura que proporciona precisamente capacidad, conocimiento técnico y control sobre el transporte internacional de datos. No se trata de atribuir intenciones no demostradas, sino de señalar una incompatibilidad objetiva entre el propósito declarado de reducir dependencias tecnológicas y una operación que puede trasladar a un tercero el control de una red estratégica.
Javier de Paz —el hombre que parece estar presente en todas las estructuras de poder de Telefónica—, nombrado presidente de Telxius en febrero de 2026, ocupa una posición central en un proceso que afecta a una infraestructura estratégica para España y Europa. Su responsabilidad, junto con la de Marc Murtra y los órganos de gobierno de Telefónica y Pontegadea, no puede limitarse a obtener el mayor precio posible y presentar la operación como una simple desinversión financiera. Deben explicar quién controlará la red, qué capacidad conservará Telefónica, qué compromisos de inversión y mantenimiento asumirá el comprador, qué garantías existirán frente a futuras dependencias y cómo se protegerán los intereses estratégicos españoles y europeos. Sin embargo, sobre todas estas cuestiones decisivas no se ha ofrecido hasta ahora ninguna explicación pública. Según recoge la noticia, Telefónica fue requerida por el medio y declinó realizar comentarios. Ante una operación de esta magnitud, el silencio no es una respuesta: es una forma de eludir la rendición de cuentas mientras se pone en venta un activo crítico cuyas consecuencias pueden extenderse mucho más allá del balance de la compañía.
La cuestión de fondo no es, por tanto, si 1.200 millones constituyen un precio razonable atendiendo al EBITDA de Telxius. La verdadera cuestión es si una entrada inmediata de liquidez compensa la pérdida de control sobre una infraestructura que España identifica como crítica, que Europa está financiando y protegiendo, que Niinistö recomienda examinar para evitar nuevas vulnerabilidades y que los grandes hiperescaladores están incorporando a sus redes precisamente para depender cada vez menos de terceros. Antes de ejecutar cualquier operación, resultaría necesario conocer el comprador, su jurisdicción, las condiciones de acceso, los derechos que conservaría Telefónica, los compromisos inversores y la evaluación de seguridad realizada por las autoridades españolas y europeas… Pero sobre todo, lo que convendría es que dicha infraestructura critica permaneciera bajo el paraguas de Telefónica ya que la misma no es deficitaria.
La SEPI no puede permanecer en silencio mientras Telefónica pone en venta una infraestructura estratégica
Ante la posible venta del negocio de cables submarinos de Telxius, existe un actor que no puede limitarse a observar los acontecimientos desde la distancia: la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. La SEPI posee el 10% del capital de Telefónica y, según las cuentas de la compañía correspondientes a 2025, era su mayor accionista individual, ligeramente por delante de CriteriaCaixa, con un 9,99%, y de STC, con un 9,97%. No se trata, por tanto, de un inversor irrelevante ni de una presencia meramente testimonial dentro del accionariado.
La entrada del Estado en Telefónica tampoco se justificó como una inversión financiera ordinaria. Cuando la SEPI culminó la adquisición de su participación, explicó que esta tenía vocación de permanencia, pretendía aportar estabilidad accionarial y debía contribuir a proteger las capacidades estratégicas de la operadora. Por eso, ante la venta de los cables submarinos de Telxius, guardar silencio supondría desentenderse precisamente de la finalidad utilizada para justificar una inversión pública de más de 2.280 millones de euros.
Los cables submarinos no son un activo inmobiliario, una participación financiera prescindible ni una filial periférica. El propio Departamento de Seguridad Nacional afirma que por estas infraestructuras circula la práctica totalidad del tráfico de datos y que de su funcionamiento depende en gran medida la economía. La Estrategia Nacional de Seguridad Marítima 2024 les otorga un especial protagonismo dentro de la protección de las infraestructuras marítimas y de la respuesta frente a amenazas híbridas. El Estado español no puede reconocer oficialmente su carácter crítico y, al mismo tiempo, comportarse como un accionista indiferente cuando una de las principales redes vinculadas a su operador estratégico se pone en el mercado.
La Unión Europea ha llegado a la misma conclusión. La Comisión Europea considera que la seguridad de los cables submarinos debe reforzarse de manera significativa y ha articulado su actuación en torno a la prevención, la detección, la respuesta, la recuperación y la disuasión. También ha puesto en marcha evaluaciones coordinadas de riesgos, pruebas de resistencia y proyectos de interés europeo. Europa está destinando recursos y capacidad institucional a proteger estas redes porque las considera esenciales para su seguridad económica, digital y geopolítica.
En ese contexto, la SEPI está obligada políticamente a posicionarse. Debe exigir que Telefónica explique públicamente quiénes pueden comprar Telxius, bajo qué jurisdicción operarían, qué derechos de capacidad conservaría la compañía, qué inversiones se comprometería a realizar el comprador, cómo se garantizarían el mantenimiento y la reparación de los sistemas y qué mecanismos permitirían asegurar el transporte de datos en situaciones de crisis. También debe conocerse si Telefónica conservaría derechos irrevocables de uso o si pasaría a depender de contratos comerciales cuya renovación, precio y condiciones quedarían sometidos al nuevo propietario.
No basta con afirmar que la operación permitirá obtener hasta 1.200 millones de euros. El precio es solo una parte del problema. La cuestión decisiva es quién controlará durante las próximas décadas una red de aproximadamente 100.000 kilómetros que conecta Europa, Estados Unidos y Latinoamérica y quién decidirá sobre su ampliación, renovación tecnológica, disponibilidad, prioridades de tráfico y futuras inversiones. Vender el activo sin explicar estas condiciones supondría reducir una decisión de soberanía tecnológica a una simple operación de balance.
La SEPI debe declarar de manera nítida que no respaldará ninguna venta mientras no exista una evaluación independiente de sus consecuencias industriales, tecnológicas y de seguridad. Su participación del 10% no le concede por sí sola un poder jurídico de veto sobre todas las decisiones de Telefónica, pero sí le proporciona representación en el consejo, capacidad de influencia accionarial y una responsabilidad pública que no puede esconderse detrás de la autonomía formal de los administradores. El Estado dispone, además, de instrumentos políticos, regulatorios y de control de inversiones que deben activarse cuando una operación afecta a infraestructuras críticas.
El gobierno español tiene un buen ejemplo en Francia. El Estado francés demostró que existe otra forma de actuar con situaciones como la que hoy leemos en la prensa. El Estado francés adquirió a Nokia el 80% de Alcatel Submarine Networks, con la previsión de comprar posteriormente el 20% restante. ASN diseña, fabrica, instala y mantiene sistemas de cables submarinos y constituye uno de los escasos actores europeos capaces de cubrir toda la cadena industrial. La Agencia de Participaciones del Estado francés justificó expresamente la operación por el carácter crítico de estas infraestructuras para la soberanía nacional y europea. Francia no puso en venta esa capacidad para obtener liquidez: utilizó recursos públicos para asegurar que permaneciera bajo un propietario estable, con vocación de largo plazo y compromisos de inversión.
El contraste es difícil de ignorar. Mientras Telefónica estudia desprenderse de una red submarina estratégica, Francia ha comprado una de las principales compañías europeas capaces de diseñar, fabricar, instalar y reparar esos mismos cables. El informe más reciente de la Agencia de Participaciones del Estado francés presenta las inversiones en ASN y Orange como parte de su compromiso con la soberanía digital. Además, el Estado francés y Bpifrance mantienen conjuntamente el 23% del capital de Orange y el 29,1% de sus derechos de voto. Francia conserva una presencia pública relevante en su principal operador y refuerza el control sobre la tecnología submarina que sostiene las comunicaciones internacionales.
Alemania tampoco entiende la propiedad pública como una presencia decorativa. A finales de 2025, el Estado federal y el banco público KfW controlaban conjuntamente el 28,3% de Deutsche Telekom, convirtiéndose en su mayor accionista. Esa participación proporciona al Estado alemán una influencia estable en una de las principales operadoras europeas y demuestra que Berlín considera legítimo conservar una posición sustancial en compañías esenciales para sus comunicaciones y su economía.
Alemania también actuó directamente cuando consideró amenazada una infraestructura crítica. En el año 2018, KfW adquirió por mandato del Gobierno federal el 20% de Eurogrid, propietaria de la red eléctrica 50Hertz. Los derechos de accionista quedaron en manos del Gobierno alemán. La actuación evitó que esa participación terminara bajo el control de la empresa pública china State Grid y permitió conservar influencia sobre una infraestructura fundamental para el suministro eléctrico del país. Alemania no esperó a perder el activo para lamentar posteriormente la dependencia creada: intervino antes de que la operación se consumara.
Francia compra capacidades submarinas para proteger su soberanía. Alemania mantiene una participación próxima al 30% en Deutsche Telekom e interviene para impedir que infraestructuras esenciales caigan en manos que considera incompatibles con sus intereses nacionales. España, por el contrario, corre el riesgo de utilizar su participación pública en Telefónica como una presencia pasiva mientras Murtra continúa vendiendo activos y reduciendo su perímetro internacional.
La responsabilidad de la SEPI va más allá de pronunciarse sobre Telxius. También debe evaluar si la orientación adoptada desde la llegada de Marc Murtra es compatible con las razones estratégicas que llevaron al Estado a regresar al capital de Telefónica. El plan Transform & Grow fue presentado el 4 de noviembre de 2025 para el periodo 2026-2030, por lo que no sería riguroso declarar en julio de 2026 que ha fracasado definitivamente. Sin embargo, tampoco puede ignorarse que su presentación fue recibida con una fuerte caída bursátil, que incluyó la reducción a la mitad del dividendo previsto para 2026 y que su ejecución está acompañada por nuevas salidas de mercados, ajustes laborales y posibles ventas de infraestructuras que precarizan la soberanía nacional y europea.
La SEPI debe juzgar esa estrategia por hechos verificables, no por discursos corporativos. Debe analizar si Telefónica está reforzando sus capacidades tecnológicas o si, por el contrario, se está convirtiendo progresivamente en una compañía más pequeña, con menor control sobre sus infraestructuras y una dependencia creciente de proveedores, fondos e hiperescaladores. Si la venta de Telxius confirma una orientación incompatible con la protección de las capacidades estratégicas que motivó la entrada del Estado en su accionariado, la SEPI deberá retirar inmediatamente su respaldo a esa política y promover, sin dilación, los cambios necesarios en la dirección de la operadora.
El relevo de una presidencia no puede reclamarse únicamente por una caída puntual de la cotización ni por discrepancias personales. Pero sí debe plantearse cuando existe una divergencia persistente entre el interés estratégico declarado por el Estado y las decisiones tomadas por quienes administran la compañía. Si Marc Murtra propone vender activos que condicionan la autonomía tecnológica de Telefónica mientras reclama públicamente una mayor soberanía digital europea, corresponde a la SEPI exigirle que explique esa contradicción y que demuestre que la operación no aumenta la dependencia de la compañía y del país.
El Estado español bajo la presidencia de Pedro Sánchez no entró en Telefónica para asistir en silencio a una nueva etapa de desinversiones. Entró, según su propia explicación, para aportar estabilidad y proteger capacidades estratégicas. Ese compromiso debe traducirse ahora en decisiones. La SEPI debe exigir transparencia completa, una evaluación de seguridad, garantías de capacidad e inversión y un comprador compatible con los intereses europeos. Si esas condiciones no pueden asegurarse, debe oponerse a la venta.
Y si la actual dirección insiste en convertir en liquidez las infraestructuras que otros países están adquiriendo y protegiendo para garantizar su soberanía, la obligación de la SEPI no será justificar la operación, sino propiciar un relevo. Un Estado responsable no espera a perder el control de sus activos estratégicos para descubrir después el precio de la dependencia.
Para terminar el post quiero manifestar que en 1914, Alemania comprendió demasiado tarde que perder el control de sus cables submarinos significaba perder también la seguridad de sus comunicaciones. El Reino Unido no necesitó destruir sus ciudades ni hundir toda su flota para debilitarla: le bastó con cortar las rutas por las que circulaba su información y obligarla a depender de redes controladas por terceros. Más de un siglo después, la tecnología ha cambiado, pero la conclusión permanece intacta: quien controla las infraestructuras que transportan los datos conserva capacidad de decisión; quien renuncia a ellas acepta una dependencia cuyas condiciones terminarán fijando otros.
Por eso, la posible venta de los cables submarinos de Telxius no puede reducirse a una operación financiera de hasta 1.200 millones de euros. Bajo la presidencia de Marc Murtra en Telefónica y de Javier de Paz en Telxius, se pretende poner en el mercado una red rentable, difícilmente sustituible y vinculada directamente con las comunicaciones entre Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. No se vende únicamente fibra depositada en el fondo del océano: se transmite a un tercero la capacidad de decidir sobre las inversiones, la ampliación de la red, la renovación tecnológica, la disponibilidad del servicio y las condiciones económicas de acceso.
La contradicción con la estrategia europea resulta muy grave. Mientras la Unión Europea identifica los cables submarinos como infraestructuras críticas, destina recursos a protegerlos y reclama reducir dependencias exteriores, Telefónica estudia desprenderse de una capacidad que ya posee. Mientras Francia adquiere Alcatel Submarine Networks para reforzar su soberanía industrial y los grandes hiperescaladores invierten miles de millones para controlar sus propias rutas, Murtra y Javier de Paz avanzan en dirección contraria: convertir un activo estratégico en liquidez inmediata y exponer a Telefónica a la posibilidad de pasar de propietaria de la infraestructura a cliente de quien la compre.
Las consecuencias económicas tampoco terminan con el ingreso obtenido por la venta. La pérdida de propiedad puede traducirse en pagos futuros por capacidad, menor control sobre los costes, dependencia contractual, reducción del poder negociador y pérdida de una plataforma desde la que participar en el crecimiento del tráfico internacional de datos. Los 1.200 millones que hoy pueden mejorar una cuenta financiera no compensan necesariamente las rentas, la autonomía operativa y la capacidad estratégica que podrían perderse durante décadas. Vender es una decisión instantánea; recuperar una red semejante, una vez transmitida, puede resultar imposible o extraordinariamente costoso.
Ante esta operación, la pasividad de la SEPI sería incompatible con la finalidad que justificó el regreso del Estado al capital de Telefónica. El Estado no invirtió más de 2.280 millones de euros para ocupar una silla, observar las decisiones y guardar silencio. Su presencia solo tiene sentido si sirve para defender las capacidades estratégicas de la operadora y los intereses de España. Participar en el accionariado sin intervenir cuando se pretende vender una infraestructura crítica no es neutralidad: es renunciar a ejercer la responsabilidad que corresponde al mayor accionista individual de la compañía.
La SEPI debe exigir explicaciones completas a Marc Murtra y Javier de Paz, reclamar una evaluación independiente de las consecuencias industriales, económicas y de seguridad y dejar claro que no respaldará una operación que incremente la dependencia de Telefónica y de España. Si la actual dirección no puede demostrar que la venta protege el control europeo, garantiza la capacidad futura y mejora realmente la posición estratégica de la compañía, el Estado debe oponerse. Y si Murtra insiste en ejecutar una política incompatible con las razones que llevaron a la SEPI a entrar en Telefónica, la respuesta no puede limitarse a una nota de preocupación: debe traducirse en la retirada de su respaldo y en la promoción inmediata de un relevo.
Alemania perdió en 1914 sus comunicaciones directas porque un adversario cortó sus cables. España no puede aceptar en 2026 una dependencia semejante como consecuencia de una decisión voluntaria tomada desde un consejo de administración. Un país serio protege sus rutas estratégicas antes de necesitarlas; no las vende para descubrir, cuando ya pertenecen a otros, que el precio recibido era insignificante frente al coste de haber perdido el control.
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