Durante las dos décadas en las que Jack Welch presidió General Electric, entre 1981 y 2001, el conglomerado estadounidense se convirtió en uno de los grandes referentes internacionales de la gestión empresarial. Su estrategia combinó desinversiones, adquisiciones, reducción de costes y una exigente disciplina financiera, mientras el valor bursátil de la compañía experimentaba un crecimiento extraordinario. Sin embargo, una parte creciente de su actividad terminó vinculada a los servicios financieros a través de GE Capital, lo que incrementó su exposición a riesgos que se hicieron especialmente visibles durante la crisis financiera de 2008. La posterior trayectoria de General Electric estuvo marcada por dificultades financieras, ventas de activos y una profunda reorganización que culminó en 2024 con su división en tres compañías cotizadas independientes. La paradoja es que una empresa puede alcanzar una valoración extraordinaria, presentar durante años resultados aparentemente sólidos y, sin embargo, desarrollar vulnerabilidades estratégicas que solo se manifiestan plenamente cuando cambian las condiciones económicas. La experiencia de General Electric demuestra que las desinversiones, los ajustes de costes y las reestructuraciones no constituyen por sí mismos una garantía de competitividad: el verdadero éxito de una dirección empresarial debe medirse por la calidad de los negocios que construye, los riesgos que asume y su capacidad para generar valor sostenible a largo plazo.
Telefónica atraviesa uno de los momentos más delicados de su trayectoria reciente. Bajo la presidencia de Marc Murtra, la operadora afronta una profunda reestructuración empresarial, desinversiones internacionales, ajustes de plantilla y una persistente pérdida de valor bursátil que mantiene a sus tres principales accionistas —CriteriaCaixa, la SEPI y Saudi Telecom Company— con 1.047 millones de euros en minusvalías latentes acumuladas. Aunque estas depreciaciones no pueden atribuirse íntegramente a la actual presidencia, su magnitud plantea serios interrogantes sobre la eficacia de la estrategia emprendida y la capacidad de Telefónica para recuperar crecimiento y rentabilidad. La cuestión ya no es únicamente cuánto valor han perdido las participaciones de sus accionistas, sino si la dirección está construyendo una compañía más competitiva o simplemente una Telefónica cada vez más pequeña. Ante este escenario, resulta imprescindible exigir a Marc Murtra y al consejo de administración explicaciones rigurosas sobre sus decisiones, sus resultados y la creación de valor que deberían garantizar a largo plazo.
TELEFÓNICA: LA CAIXA, LA SEPI Y LOS SAUDÍES ACUMULAN 1.047 MILLONES DE EUROS EN MINUSVALÍAS MIENTRAS PERSISTE EL DETERIORO BURSÁTIL BAJO LA PRESIDENCIA DE MARC MURTRA
Los tres grandes accionistas de la operadora, que controlan conjuntamente cerca del 30% de su capital, afrontan una importante depreciación de sus inversiones bursátiles en un periodo marcado por los resultados negativos de Telefónica y por una profunda transformación empresarial.
La evolución bursátil de Telefónica ha situado a sus tres principales accionistas de referencia ante un deterioro considerable del valor de sus participaciones. CriteriaCaixa, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y la compañía saudí Saudi Telecom Company (STC) acumulan conjuntamente unas minusvalías latentes superiores a los 1.000 millones de euros, según los datos publicados el 25 de octubre de 2026 por el periodista Aurelio Medel Vicente en elDiario.es. Esta situación se mantiene durante la presidencia de Marc Murtra, que asumió la dirección del consejo de administración el 18 de enero de 2025, tras el relevo de José María Álvarez-Pallete. La depreciación de las participaciones debe analizarse teniendo en cuenta que las inversiones fueron realizadas en diferentes momentos, anteriores al nombramiento del actual presidente, y que las cantidades señaladas corresponden a diferencias entre el coste de adquisición de las acciones y su valoración bursátil en la fecha examinada. Se trata, por tanto, de minusvalías latentes y no de pérdidas necesariamente materializadas mediante la venta de títulos, además de no incorporar los dividendos que los accionistas hayan podido percibir. La información procede del artículo publicado por elDiario.es, «La Caixa, Sepi y los saudíes palman 1.000 millones con Telefónica», cuya información económica constituye la referencia principal de este análisis.
El origen de esta estructura accionarial se encuentra en septiembre de 2023, cuando Saudi Telecom Company comunicó la adquisición de una participación del 9,9% en Telefónica. La entrada del grupo saudí en el capital de una de las principales compañías españolas de telecomunicaciones provocó una reacción del Gobierno, que consideró necesario reforzar la presencia institucional española en una empresa estratégica por su papel en las infraestructuras digitales y las comunicaciones. Como consecuencia, el Ejecutivo impulsó la entrada de la SEPI en el accionariado hasta alcanzar una participación del 10%, mientras CriteriaCaixa, sociedad de inversiones vinculada a la Fundación Bancaria La Caixa, incrementó su presencia hasta situarse igualmente alrededor del 10%. La configuración de este núcleo accionarial supuso que tres grandes inversores concentraran aproximadamente el 30 % del capital de Telefónica, con inversiones conjuntas cercanas a los 6.800 millones de euros. Estas operaciones consolidaron una estructura de propiedad que posteriormente adquiriría especial relevancia en la composición del consejo de administración y en el relevo de la presidencia de la compañía. No obstante, los importes invertidos y las fechas de adquisición fueron diferentes para cada accionista, circunstancia que resulta determinante para calcular sus respectivas minusvalías bursátiles.
Las cifras publicadas permiten establecer una estimación del deterioro del valor de mercado de las participaciones de cada uno de estos accionistas, tomando como referencia sus respectivos costes de adquisición. CriteriaCaixa es el inversor que presenta la mayor minusvalía latente en términos absolutos, estimada en aproximadamente 500 millones de euros. Su inversión total en Telefónica se sitúa en unos 2.410 millones de euros, de los cuales aproximadamente 1.680 millones corresponden a nuevas adquisiciones realizadas durante el proceso de ampliación de su participación, mientras que el importe restante procede de acciones que ya figuraban anteriormente en su cartera. El precio medio de adquisición del conjunto de sus títulos alcanza los 4,39 euros por acción, una cifra que incorpora participaciones históricas adquiridas a precios superiores a los cinco euros, según la información atribuida a la documentación comunicada por la entidad al regulador estadounidense del mercado de valores. Con la cotización de Telefónica situada alrededor de los 3,40 euros por acción en el periodo analizado, la diferencia respecto al coste medio de adquisición explica la depreciación estimada. Esta circunstancia convierte a CriteriaCaixa en el accionista de referencia con mayor deterioro bursátil acumulado en términos absolutos entre los tres grandes inversores analizados, aunque la cifra representa una valoración aproximada y no una pérdida financiera definitivamente realizada.
La situación de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales también presenta un deterioro relevante en la valoración de su inversión. La SEPI, entidad pública dependiente del Ministerio de Hacienda, destinó aproximadamente 2.285 millones de euros a la adquisición del 10% del capital de Telefónica, con un precio medio de compra de 4,03 euros por acción. La posterior evolución de la cotización ha reducido el valor de mercado de esa participación y ha generado unas minusvalías latentes estimadas en 357 millones de euros. La importancia de esta depreciación reside también en la naturaleza pública del accionista, puesto que la inversión fue realizada a través de una entidad empresarial del Estado. Sin embargo, resulta necesario distinguir entre la pérdida de valor bursátil de la participación y una pérdida efectiva derivada de la venta de las acciones. Mientras la SEPI mantenga los títulos en su cartera, la diferencia entre el precio de adquisición y su cotización constituye una minusvalía no realizada, cuyo importe puede aumentar o disminuir conforme evolucione el mercado. El dato relevante es que, en la fecha tomada como referencia por la información periodística, el valor bursátil de la inversión estatal se encontraba significativamente por debajo de su coste de adquisición, con una depreciación estimada de 357 millones de euros. Esta circunstancia refleja el deterioro de la valoración de la participación pública, sin que pueda identificarse automáticamente con una pérdida realizada por las cuentas del Estado.
Por su parte, Saudi Telecom Company, cuya entrada en Telefónica precedió a la reorganización del accionariado de referencia, tampoco ha quedado al margen de la depreciación bursátil. El grupo saudí realizó una inversión aproximada de 2.100 millones de euros para adquirir el 9,9% de la operadora española, a un precio medio de adquisición cercano a los 3,70 euros por título. Con la acción situada alrededor de los 3,40 euros, STC presenta unas minusvalías latentes estimadas en más de 190 millones de euros. Aunque esta cantidad resulta inferior a la atribuida a CriteriaCaixa y a la SEPI, confirma que las participaciones de los tres principales accionistas tenían, en la fecha examinada, un valor bursátil inferior al importe de sus respectivas inversiones. La suma de las cantidades publicadas permite situar la depreciación conjunta por encima de los 1.000 millones de euros, con una estimación que supera aproximadamente los 1.047 millones si se toman como referencia las cifras redondeadas de cada accionista. Este importe no debe interpretarse como una cantidad exacta o definitiva, puesto que procede de estimaciones realizadas sobre precios de adquisición diferentes y una cotización bursátil sometida a variaciones continuas. La información refleja, por tanto, el deterioro acumulado del valor de las participaciones y no necesariamente las pérdidas generadas durante un periodo concreto de gestión empresarial.
El deterioro bursátil de las participaciones de los tres grandes accionistas se mantiene durante la presidencia de Marc Murtra, nombrado el 18 de enero de 2025 en el contexto de la nueva configuración del accionariado de Telefónica. Su llegada a la presidencia representó un cambio en la dirección institucional de la compañía, aunque la evolución posterior de la operadora ha seguido condicionada por las dificultades de rentabilidad, la reorganización de sus negocios internacionales y la transformación del sector de las telecomunicaciones. Según la información publicada por elDiario.es, durante esta etapa se ha avanzado en la reducción de la presencia internacional del grupo y en un proceso de ajuste de plantilla que ha afectado a más de 6.000 trabajadores. También se han desarrollado operaciones de desinversión en distintos mercados latinoamericanos, con la excepción de Brasil, dentro de una estrategia de concentración de actividades y revisión de la estructura empresarial. Estas decisiones forman parte de la gestión desarrollada durante la presidencia de Murtra, aunque las minusvalías acumuladas por los accionistas no pueden atribuirse íntegramente a su mandato, puesto que las inversiones se realizaron con anterioridad y la valoración bursátil depende de factores empresariales, financieros y de mercado. La coincidencia temporal entre la actual presidencia y la persistencia de la depreciación constituye un hecho relevante, pero no permite establecer por sí sola una relación causal exclusiva entre ambas circunstancias.
La evolución de los resultados económicos de Telefónica constituye otro de los elementos centrales para comprender la situación que atraviesa la operadora. La compañía cerró el ejercicio 2025 con unas pérdidas contables de 4.318 millones de euros y registró un resultado negativo de 338 millones durante el primer semestre de 2026, según las cifras recogidas en la información publicada. Estos importes muestran que el proceso de transformación empresarial ha coincidido con resultados contables negativos, en un contexto marcado por la revisión de la presencia internacional del grupo y por el reconocimiento de efectos económicos derivados de determinadas operaciones corporativas. La salida de distintos mercados latinoamericanos ha tenido consecuencias en las cuentas de Telefónica, especialmente por los resultados asociados a las operaciones de desinversión. En consecuencia, la depreciación bursátil de las participaciones de sus principales accionistas se produce en un periodo en el que la operadora también presenta pérdidas en sus resultados consolidados. No obstante, ambos conceptos deben mantenerse claramente diferenciados: las pérdidas contables de Telefónica corresponden al resultado económico registrado por la compañía, mientras que las minusvalías latentes de sus accionistas reflejan la diferencia entre el coste de adquisición de sus acciones y su valoración en bolsa. Se trata de magnitudes distintas que no deben sumarse ni interpretarse como una misma pérdida patrimonial.
La estrategia empresarial impulsada durante la presidencia de Marc Murtra contempla asimismo una mayor integración del sector europeo de las telecomunicaciones. El planteamiento expuesto por la dirección de Telefónica consiste en favorecer la creación de operadores de mayor dimensión, capaces de competir con los grandes grupos internacionales, especialmente los estadounidenses y chinos. Esta orientación se desarrolla en un escenario caracterizado por las elevadas necesidades de inversión en infraestructuras, la expansión de nuevas tecnologías y la competencia de empresas que operan a escala global. Telefónica dispone de una extensa infraestructura de fibra óptica en España, con más de 31 millones de puntos de suministro, cuyo despliegue ha requerido importantes recursos financieros. Paralelamente, la evolución de las comunicaciones por satélite introduce nuevos elementos competitivos en el sector. En este ámbito, Telefónica, Orange, Deutsche Telekom y Vodafone han anunciado iniciativas de colaboración relacionadas con el desarrollo de servicios de conectividad satelital directa a dispositivos móviles, en un mercado en el que también opera Starlink. Estos movimientos forman parte del contexto industrial en el que se desarrolla la estrategia de la operadora española, aunque no permiten establecer por sí mismos una relación directa y cuantificable con las minusvalías bursátiles acumuladas por CriteriaCaixa, la SEPI y STC.
La posición de CriteriaCaixa y de la SEPI adquiere especial relevancia porque ambas entidades representan intereses institucionales distintos dentro del accionariado. CriteriaCaixa administra una cartera de participaciones empresariales vinculada al patrimonio de la Fundación Bancaria La Caixa, mientras que la SEPI gestiona inversiones y participaciones empresariales del Estado. En ambos casos, la evolución de la cotización de Telefónica tiene consecuencias sobre la valoración de sus respectivos activos financieros. Los aproximadamente 500 millones de euros de minusvalías atribuidos a CriteriaCaixa y los 357 millones correspondientes a la SEPI suman alrededor de 857 millones de euros de depreciación bursátil estimada. Esta cifra permite dimensionar la exposición conjunta de ambas entidades al comportamiento de la operadora, aunque no representa necesariamente una pérdida realizada ni incorpora el rendimiento derivado de los dividendos percibidos. La inversión saudí completa el núcleo de los tres grandes accionistas y eleva el deterioro agregado por encima de los 1.000 millones de euros. La relevancia de estas cantidades reside en que reflejan la pérdida de valor de mercado de participaciones significativas en una de las principales empresas españolas, adquiridas con distintos objetivos y en momentos diferentes, pero sometidas a la misma evolución bursátil de Telefónica.
También debe tenerse presente que el valor de mercado de una participación accionarial cambia de forma continua en función de la cotización y que las minusvalías calculadas dependen del precio utilizado como referencia. Las cantidades recogidas en el análisis publicado el 25 de octubre de 2026 constituyen, por tanto, una estimación de la situación bursátil correspondiente al periodo examinado y no un balance definitivo del resultado económico de las inversiones. La pérdida de valor calculada no equivale a una salida efectiva de dinero por ese importe ni permite concluir que los tres accionistas hayan materializado esas pérdidas mediante la venta de sus acciones. Para determinar el rendimiento económico completo de cada inversión sería necesario incorporar, además de la valoración bursátil, los dividendos percibidos, las posibles operaciones sobre los títulos y cualquier otro elemento que hubiera modificado el coste de adquisición o el número de acciones mantenidas en cartera. Esta precisión resulta fundamental para interpretar correctamente las cifras y evitar confundir una minusvalía potencial con una pérdida financiera definitivamente realizada. Por ese motivo, las cantidades publicadas deben presentarse como estimaciones de depreciación bursátil y no como pérdidas definitivas o importes auditados de manera independiente.
La evolución de Telefónica bajo la presidencia de Marc Murtra presenta así dos dimensiones que conviene analizar de manera diferenciada. Por una parte, se encuentra la transformación de la compañía, caracterizada por la reorganización de sus negocios internacionales, los ajustes laborales, el reconocimiento de pérdidas contables y la búsqueda de una mayor dimensión empresarial en Europa. Por otra, aparece la situación patrimonial de sus principales accionistas, cuyas participaciones han experimentado una importante depreciación respecto a sus respectivos precios de adquisición. Ambas realidades coinciden temporalmente y forman parte de la situación económica de Telefónica, pero no deben confundirse ni establecer entre ellas relaciones causales que los datos publicados no acreditan. La depreciación acumulada de las participaciones constituye un indicador del deterioro de su valor bursátil respecto al coste de adquisición, mientras que la valoración de la gestión desarrollada desde enero de 2025 requiere examinar específicamente la evolución empresarial y financiera registrada durante ese periodo. Esta diferenciación permite situar las cifras en su contexto y evita atribuir a una presidencia pérdidas cuya acumulación comenzó antes de su nombramiento.
El balance bursátil de los tres accionistas de referencia muestra que, en la fecha analizada, CriteriaCaixa acumulaba alrededor de 500 millones de euros en minusvalías latentes, la SEPI aproximadamente 357 millones y Saudi Telecom Company más de 190 millones, hasta superar conjuntamente los 1.000 millones de euros de depreciación estimada. La cotización de Telefónica, situada en torno a los 3,40 euros por acción y próxima durante la semana anterior a sus niveles mínimos de los últimos cinco años, explica la magnitud del deterioro respecto a los precios medios de adquisición de los tres inversores. Las entidades que consolidaron el actual núcleo accionarial mantienen, según las cifras publicadas, participaciones cuyo valor bursátil resulta inferior al importe invertido, aunque el resultado financiero definitivo dependerá de la evolución posterior de la cotización, de los dividendos percibidos y de las operaciones que puedan realizar sobre sus títulos. La presidencia de Marc Murtra transcurre, por tanto, en un periodo en el que Telefónica continúa afrontando resultados contables negativos y sus tres principales accionistas soportan una depreciación bursátil conjunta superior a los mil millones de euros, sin que ello signifique que esas minusvalías se hayan materializado ni que puedan atribuirse íntegramente a la gestión desarrollada desde enero de 2025. Esta es la dimensión económica que reflejan los datos publicados y el alcance que puede atribuirse a las cifras sin introducir conclusiones que excedan la información disponible.
FUENTE PERIODÍSTICA: Aurelio Medel Vicente, elDiario.es, 25 de octubre de 2026. Artículo: «La Caixa, Sepi y los saudíes palman 1.000 millones con Telefónica».
NOTA SOBRE LAS CIFRAS: Los importes de inversión, precios medios de adquisición, minusvalías y resultados económicos reproducen las magnitudes atribuidas a la información periodística citada. Las minusvalías son estimaciones bursátiles y no representan necesariamente pérdidas realizadas. La reproducción de estas cifras no constituye una verificación contable independiente de los estados financieros ni de las operaciones de adquisición de cada accionista.
TELEFÓNICA: MÁS DE 1.000 MILLONES DE EUROS EN MINUSVALÍAS Y TRES GRANDES ACCIONISTAS CON RAZONES PARA EXIGIR CUENTAS A MARC MURTRA
La SEPI, CriteriaCaixa y Saudi Telecom Company acumulan una depreciación bursátil conjunta estimada en más de 1.000 millones de euros sobre sus inversiones en Telefónica. El deterioro de estas participaciones, unido a la transformación empresarial desarrollada durante la presidencia de Marc Murtra, plantea una cuestión que trasciende la evolución de la cotización: cómo se están utilizando los recursos de la compañía, qué rentabilidad generan sus inversiones y qué resultados pueden exigir los accionistas que concentran aproximadamente el 30% de su capital.
Ayer analizábamos en el blog Modelo Innovador de Gestión, bajo el título «Telefónica: el Gobierno español tiene 313 millones de razones para exigir cuentas a Marc Murtra», el deterioro bursátil de la participación que el Estado español mantiene en Telefónica a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Aquel análisis partía de una inversión pública aproximada de 2.285 millones de euros para adquirir el 10% del capital de una compañía considerada estratégica, cuya valoración bursátil se encontraba significativamente por debajo de su coste de adquisición. Tomando como referencia el cierre del 23 de octubre de 2026, la participación estatal acumulaba una minusvalía latente estimada en 347,30 millones de euros, de los cuales aproximadamente 313,56 millones correspondían a la pérdida adicional de valor de mercado registrada desde la última sesión bursátil anterior al nombramiento de Marc Murtra. Esta comparación permitía dimensionar el deterioro producido durante el periodo examinado, aunque no demostrar que su causa exclusiva fueran las decisiones adoptadas por la nueva presidencia. La cuestión de fondo era la necesidad de exigir una explicación documentada sobre la evolución de una inversión pública de semejante magnitud, sus resultados financieros y el cumplimiento de los objetivos estratégicos que justificaron su adquisición. La información publicada posteriormente sobre CriteriaCaixa y Saudi Telecom Company permite ampliar aquella reflexión al conjunto de los principales accionistas de referencia de Telefónica.
El análisis publicado el 25 de octubre de 2026 por Aurelio Medel Vicente en elDiario.es, sobre las pérdidas de valor de las participaciones de La Caixa, la SEPI y los saudíes en Telefónica aporta una dimensión económica adicional. Según las estimaciones recogidas en esa información, CriteriaCaixa acumula unas minusvalías latentes próximas a los 500 millones de euros, la SEPI registra una depreciación estimada en 357 millones y Saudi Telecom Company soporta una pérdida de valor bursátil superior a los 190 millones. La suma de estas magnitudes sitúa el deterioro conjunto por encima de los 1.000 millones de euros, sobre unas inversiones cuyo coste agregado se aproxima a los 6.795 millones. Las cifras representan diferencias entre el coste de adquisición de las acciones y su valoración bursátil, por lo que no equivalen necesariamente a pérdidas realizadas mediante la venta de títulos ni incorporan por sí solas los dividendos percibidos. Además, las inversiones fueron efectuadas en momentos diferentes y a precios distintos, circunstancia que impide atribuir íntegramente esas minusvalías a la presidencia iniciada en enero de 2025. Lo relevante es que los tres grandes inversores mantienen participaciones depreciadas respecto a sus respectivos costes de adquisición, una situación que justifica examinar la rentabilidad de sus inversiones y la evolución económica de la compañía.
La configuración de este núcleo accionarial respondió a circunstancias que excedían una operación convencional de inversión financiera. En septiembre de 2023, Saudi Telecom Company anunció una inversión aproximada de 2.100 millones de euros para alcanzar una participación del 9,9% en Telefónica. La entrada de un operador controlado por el Estado saudí en el capital de una empresa estratégica para las comunicaciones españolas provocó una respuesta del Gobierno, que decidió recuperar una presencia accionarial significativa mediante la SEPI. Paralelamente, CriteriaCaixa reforzó su participación hasta situarse alrededor del 10%, consolidando una estructura en la que tres grandes inversores pasaron a disponer de posiciones de dimensiones semejantes. El 20 de mayo de 2024, la SEPI anunció que había alcanzado el 10% del capital, culminando una operación autorizada por el Consejo de Ministros en diciembre de 2023. La entidad pública justificó su participación por el carácter estratégico de Telefónica y su importancia para las capacidades industriales y tecnológicas españolas, como recoge el comunicado oficial de la SEPI sobre la adquisición del 10 % de la operadora. La singularidad de esta estructura accionarial reside en que reúne a un inversor público español, una sociedad de inversiones vinculada a una fundación bancaria y un operador internacional de telecomunicaciones controlado por un Estado extranjero, con objetivos institucionales diferentes, pero expuestos a una misma evolución empresarial y bursátil.
En el caso de la SEPI, las cifras permiten establecer una comparación temporal precisa. El organismo público adquirió aproximadamente 567 millones de acciones de Telefónica a un precio medio de 4,0295 euros por título, mediante un desembolso cercano a los 2.285 millones de euros. Al cierre del 17 de enero de 2025, última sesión bursátil anterior al nombramiento de Marc Murtra, las acciones cotizaban a 3,970 euros, lo que representaba una depreciación aproximada de 33,74 millones respecto al coste medio de adquisición de la participación estatal. El 23 de octubre de 2026, con una cotización de 3,417 euros, la minusvalía latente total ascendía aproximadamente a 347,30 millones de euros. La diferencia entre ambas valoraciones permite calcular una pérdida adicional de valor bursátil de aproximadamente 313,56 millones de euros durante el periodo transcurrido desde el relevo presidencial, equivalente al 90,3% de la depreciación acumulada por la inversión estatal hasta esa fecha. Estas magnitudes describen la evolución temporal de la participación, pero no constituyen una medición del rendimiento total para el accionista ni demuestran una relación causal exclusiva con las decisiones del presidente. Para realizar esa atribución sería necesario incorporar los dividendos, comparar la evolución de Telefónica con la de otras operadoras europeas y examinar las condiciones generales del mercado. La estimación de 357 millones publicada por elDiario.es responde a una referencia de valoración diferente y no debe confundirse con el cálculo efectuado a partir del cierre del 23 de octubre.
La situación de CriteriaCaixa presenta características diferentes, aunque su deterioro resulta superior en términos absolutos. La sociedad de inversiones vinculada a la Fundación Bancaria La Caixa mantiene una participación cercana al 10 % de Telefónica, cuyo coste de adquisición agregado se sitúa, según la información publicada, alrededor de los 2.410 millones de euros. De ese importe, aproximadamente 1.680 millones corresponden a adquisiciones realizadas durante el proceso de ampliación de su presencia accionarial, mientras que el resto procede de títulos que ya formaban parte de su cartera. El precio medio de adquisición del conjunto de la participación alcanza los 4,39 euros por acción, superior al coste medio de la inversión estatal y al atribuido al grupo saudí. Con una cotización situada alrededor de los 3,40 euros, CriteriaCaixa soporta una minusvalía latente estimada en aproximadamente 500 millones de euros, la mayor de los tres accionistas analizados. La diferencia entre ambos precios equivale a una depreciación aproximada del 22,6% por acción, porcentaje calculado sobre referencias redondeadas que no debe interpretarse como una medición exacta del rendimiento total de la inversión. Parte de esa minusvalía procede de acciones adquiridas antes del nombramiento de Marc Murtra, por lo que tampoco sería correcto atribuir a su presidencia la totalidad del deterioro acumulado.
La relevancia de esta situación aumenta cuando se considera la naturaleza institucional de CriteriaCaixa y su vinculación con la Fundación Bancaria La Caixa. La sociedad administra una cartera de participaciones empresariales orientada a la preservación y generación de valor patrimonial a largo plazo, dentro de una estructura que contribuye a sostener la actividad de la fundación. Esta orientación permite mantener inversiones durante periodos prolongados y aceptar fluctuaciones bursátiles sin que cada movimiento de la cotización determine necesariamente una decisión de compra o venta. Tampoco significa que una minusvalía latente implique automáticamente una reducción equivalente de los recursos disponibles para la actividad fundacional. Sin embargo, una depreciación estimada en 500 millones de euros constituye una magnitud suficientemente relevante para evaluar la rentabilidad total de la participación, su coste de oportunidad y las perspectivas económicas de recuperación del valor invertido. La cuestión no consiste en reclamar una desinversión precipitada, sino en determinar qué objetivos justifican mantener una posición de esa dimensión, qué rendimiento está proporcionando una vez incorporados los dividendos y cómo contribuye al conjunto de la cartera. Una estrategia patrimonial de largo plazo puede asumir volatilidad, pero necesita criterios verificables para medir sus resultados y contrastarlos con otras alternativas de inversión.
El tercer componente de esta estructura accionarial es Saudi Telecom Company, cuya entrada en Telefónica precedió a los movimientos que configuraron el actual núcleo de accionistas de referencia. STC destinó aproximadamente 2.100 millones de euros a adquirir una participación del 9,9%, con un precio medio de compra cercano a los 3,70 euros por acción. Según el análisis publicado por elDiario.es, la caída de la cotización hasta el entorno de los 3,40 euros ha provocado una minusvalía latente superior a los 190 millones de euros, equivalente a una depreciación aproximada del 8,1% por acción si se comparan los precios medios redondeados de adquisición y valoración. Aunque el deterioro porcentual estimado resulta inferior al de CriteriaCaixa y la SEPI, su importancia económica debe analizarse en relación con el carácter industrial del inversor. STC desarrolla su actividad en el sector de las telecomunicaciones, por lo que su participación en Telefónica puede evaluarse tanto desde una perspectiva financiera como desde sus posibles implicaciones estratégicas, siempre dentro de los objetivos que el grupo haya comunicado públicamente. Sin información suficiente sobre sus criterios internos de inversión, no sería riguroso atribuirle motivaciones adicionales. Lo verificable es que mantiene una participación significativa cuyo valor bursátil se encuentra por debajo de su coste de adquisición y cuya rentabilidad deberá examinarse considerando tanto la evolución de la cotización como los dividendos y los resultados económicos de la inversión.
La comparación de los tres accionistas muestra diferencias relevantes que no deberían quedar ocultas detrás de la cifra agregada de los 1.000 millones de euros. CriteriaCaixa presenta una minusvalía estimada de aproximadamente 500 millones sobre una inversión de 2.410 millones, equivalente a una depreciación cercana al 20,7% del capital contabilizado como coste de adquisición. La SEPI registra, utilizando las cifras de nuestro análisis del 23 de octubre, una minusvalía de 347,30 millones sobre 2.285 millones invertidos, aproximadamente el 15,2%, mientras que STC soporta una depreciación superior a 190 millones sobre una inversión cercana a 2.100 millones, alrededor del 9% en términos de importe invertido. Estas diferencias responden fundamentalmente a los distintos precios y momentos de adquisición de las participaciones. También debe advertirse que las estimaciones de CriteriaCaixa y STC proceden de cifras redondeadas publicadas por elDiario.es, mientras que el cálculo de la SEPI utiliza un precio de cierre y un número de acciones concretos. Por tanto, los porcentajes permiten comparar el deterioro aproximado de las inversiones, pero no constituyen una reconstrucción auditada de la rentabilidad total de cada accionista. Para determinar qué parte de las minusvalías de CriteriaCaixa y STC corresponde específicamente al periodo iniciado en enero de 2025 sería necesario conocer sus posiciones exactas en aquella fecha y las operaciones realizadas posteriormente.
El cambio de presidencia acordado el 18 de enero de 2025 situó a Marc Murtra al frente de Telefónica en un momento marcado por la nueva configuración accionarial y por la necesidad de revisar las prioridades estratégicas del grupo. Durante la etapa anterior, presidida por José María Álvarez-Pallete, la compañía había desarrollado una transformación de sus infraestructuras, ampliado el despliegue de fibra óptica y redes móviles, reorganizado parte de sus negocios internacionales e impulsado actividades tecnológicas a través de Telefónica Tech. Los resultados de 2024 mostraban una empresa con ingresos de 41.315 millones de euros, un beneficio neto ajustado de 2.304 millones, un flujo de caja libre de 2.634 millones y una inversión de capital de 5.318 millones, mientras su deuda financiera neta alcanzaba los 27.161 millones. Estas magnitudes, recogidas en la información financiera oficial de Telefónica, reflejaban una compañía con una importante capacidad de generación de ingresos, pero también con elevadas necesidades de inversión y dificultades para trasladar su transformación tecnológica a una mejora sostenida de la valoración bursátil. El desafío de la nueva presidencia no consistía únicamente en reducir costes o simplificar la estructura empresarial, sino en conseguir que los recursos invertidos en infraestructuras, tecnología y nuevos negocios generasen una rentabilidad suficiente para sostener el valor económico de Telefónica.
La nueva dirección presentó el 4 de noviembre de 2025 el plan estratégico Transform & Grow, orientado a simplificar la estructura del grupo, mejorar su eficiencia, reforzar la disciplina financiera y concentrar sus actividades en España, Brasil, Alemania y Reino Unido. La reducción de la presencia en otros mercados latinoamericanos profundizó una estrategia de reorganización internacional iniciada durante la presidencia anterior. Sin embargo, la valoración de sus resultados exige distinguir entre la mejora de determinados indicadores financieros y la creación efectiva de valor para los accionistas. Telefónica cerró 2025 con unas pérdidas netas consolidadas de 4.318 millones de euros, condicionadas por resultados negativos asociados, entre otros factores, a operaciones discontinuadas y desinversiones, mientras que el beneficio neto ajustado de las operaciones continuadas alcanzó los 2.122 millones. La deuda financiera neta descendió desde los 27.161 millones de euros al cierre de 2024 hasta 26.824 millones al finalizar 2025 y 25.278 millones en junio de 2026. La reducción del endeudamiento constituye una mejora financiera verificable, pero no demuestra por sí sola que la reorganización esté generando más valor, especialmente cuando parte del desapalancamiento procede de operaciones de desinversión que también modifican la dimensión y la capacidad futura de generación de ingresos del grupo. Una evaluación completa requiere considerar los precios obtenidos por los activos vendidos, los resultados contables reconocidos, la generación de caja y la rentabilidad de los negocios que permanecen en la compañía.
La reducción de la dimensión empresarial constituye otro elemento relevante de esta evaluación. Según las magnitudes recogidas en nuestro análisis anterior, los ingresos históricos publicados por Telefónica pasaron de 41.315 millones de euros en 2024 a 35.120 millones en 2025, mientras el número de accesos se redujo de 390 millones a 326,1 millones y la plantilla consolidada descendió de 100.870 a 82.655 trabajadores. Estas diferencias no pueden atribuirse íntegramente a una contracción orgánica de los negocios que continúan operando dentro del grupo, puesto que una parte significativa responde a las ventas de filiales y a los cambios en el perímetro de consolidación. Por ello, la comparación de los ingresos debe distinguir entre las cifras históricas publicadas y las correspondientes a perímetros homogéneos. No obstante, la reducción de la dimensión internacional de Telefónica es una realidad empresarial que debe incorporarse al análisis de la estrategia, porque la mejora de determinados indicadores financieros puede coincidir con una disminución de activos, clientes, trabajadores y fuentes potenciales de ingresos. La cuestión para los accionistas consiste en determinar si la compañía resultante de esta reorganización será capaz de obtener una rentabilidad superior sobre el capital empleado, mantener una generación de caja suficiente y desarrollar nuevas actividades que compensen la menor diversificación geográfica.
La transformación de Telefónica tampoco puede evaluarse exclusivamente mediante indicadores financieros. Una empresa que aspira a desempeñar un papel relevante en la soberanía digital española y europea necesita conservar capacidades tecnológicas propias, desarrollar conocimiento especializado y disponer de profesionales capaces de diseñar, operar y proteger infraestructuras críticas. Las redes de fibra óptica, las comunicaciones móviles, la ciberseguridad, la gestión de datos y los servicios digitales son actividades intensivas tanto en inversión como en conocimiento acumulado. Por ello, los procesos de reestructuración y reducción de plantilla deberían acompañarse de indicadores que permitan evaluar su impacto sobre el empleo cualificado, la formación, la investigación aplicada y la capacidad de innovación. Una reducción de costes laborales puede mejorar determinados resultados a corto plazo, pero la creación de valor sostenible exige comprobar que los ajustes no debilitan las capacidades tecnológicas necesarias para competir en mercados de mayor crecimiento y rentabilidad. Esta evaluación resulta especialmente importante para una compañía cuya actividad depende de la fiabilidad de sus infraestructuras, de la actualización permanente de sus redes y de su capacidad para desarrollar servicios tecnológicos que permitan obtener mayores ingresos sobre las inversiones realizadas.
Entre las decisiones de asignación de capital que merecen una evaluación particularmente exigente figura la continuidad de los compromisos multimillonarios en derechos audiovisuales deportivos. Como señalábamos en nuestro análisis anterior, el fútbol constituye un componente relevante de la estrategia comercial de Movistar Plus+, especialmente por su capacidad para atraer clientes, reducir las bajas y reforzar la contratación de paquetes que combinan conectividad, telefonía y televisión. Sin embargo, la utilidad comercial de esos contenidos no demuestra automáticamente que su rentabilidad económica compense el coste de adquisición de los derechos y los gastos asociados a su explotación. Los compromisos correspondientes a las competiciones de la UEFA para el ciclo 2024/2025-2026/2027 alcanzaron los 960 millones de euros, equivalentes a 320 millones por temporada. Para el siguiente ciclo, comprendido entre 2027 y 2031, la adjudicación ascendió a 1.464 millones de euros, mientras que los derechos de LaLiga para las cinco temporadas entre 2027 y 2032 alcanzaron los 2.635,85 millones de euros. La suma de las adjudicaciones de los nuevos ciclos de LaLiga y UEFA ronda los 4.100 millones de euros, aunque corresponde a contratos de duración diferente y no representa un desembolso único ni inmediato. La magnitud de estos compromisos justifica evaluar los ingresos incrementales que generan, su contribución a la fidelización de clientes y su rentabilidad frente a otras alternativas de utilización del capital.
La cuestión adquiere especial relevancia cuando se considera que Telefónica debe financiar simultáneamente el mantenimiento de sus redes, el desarrollo de nuevos servicios, la reducción de su endeudamiento y la remuneración de sus accionistas. En ese contexto, cada decisión de inversión implica un coste de oportunidad que debería evaluarse mediante criterios homogéneos de rentabilidad, riesgo y generación de caja. No sería riguroso afirmar, sin disponer de una contabilidad suficientemente desagregada, que los derechos deportivos generan pérdidas, como tampoco sería correcto considerar demostrada su rentabilidad por el mero hecho de que la compañía continúe adquiriéndolos. La cuestión que deberían plantearse los accionistas de referencia es si los recursos comprometidos en contenidos audiovisuales proporcionan una rentabilidad ajustada al riesgo superior a la que podría obtenerse mediante inversiones alternativas en conectividad avanzada, ciberseguridad, servicios empresariales, nube, centros de datos o inteligencia artificial. Esta comparación no presupone que todos esos negocios sean intercambiables ni que una reducción del gasto audiovisual permita trasladar automáticamente los mismos recursos a nuevas actividades sin consecuencias comerciales. Lo que exige es justificar las principales decisiones de asignación de capital mediante resultados económicos contrastables y no únicamente por su contribución al posicionamiento comercial de la marca.
Foto: Credibilidad
El debate adquiere una dimensión europea cuando se examinan los desafíos identificados por Mario Draghi, Enrico Letta y Sauli Niinistö en sus respectivos informes sobre competitividad, mercado único y seguridad. El informe Draghi sobre el futuro de la competitividad europea, publicado por la Comisión Europea, identifica la insuficiencia de inversión, la fragmentación de los mercados y las debilidades tecnológicas como obstáculos para el crecimiento de la Unión. Sus estimaciones plantean la necesidad de movilizar inversiones adicionales de entre 750.000 y 800.000 millones de euros anuales para afrontar los principales retos económicos y tecnológicos. Por su parte, el informe de Enrico Letta, Much More Than a Market, defiende una mayor integración del mercado único, mientras que el informe Niinistö destaca la importancia de reforzar la preparación y resiliencia europea ante amenazas civiles, tecnológicas y de seguridad. Estos diagnósticos sitúan a las telecomunicaciones entre las actividades esenciales para una transformación económica que exige infraestructuras avanzadas, capacidad tecnológica propia, empresas competitivas y recursos suficientes para sostener inversiones a largo plazo. Para Telefónica, el desafío consiste en conseguir que sus redes permitan desarrollar servicios rentables en una economía digital cada vez más dependiente de la conectividad, los datos y la inteligencia artificial.
La propuesta de Digital Networks Act (DNA) presentada por la Comisión Europea en enero de 2026 profundiza en esta orientación al plantear una modernización del marco regulatorio de las comunicaciones electrónicas, con el objetivo de favorecer la inversión, reducir la fragmentación normativa y facilitar el despliegue de redes avanzadas y seguras. La iniciativa debe considerarse una propuesta legislativa y no una norma definitivamente aprobada, dentro de la política europea de conectividad digital. Este escenario abre oportunidades para Telefónica en actividades como las redes privadas 5G, la conectividad segura de centros de datos, la computación en el borde de la red, la ciberseguridad gestionada, la nube híbrida y los servicios digitales para empresas y administraciones públicas. La compañía dispone de infraestructuras, experiencia operativa y relaciones comerciales que pueden facilitar su participación en estos mercados, aunque esas capacidades no garantizan automáticamente una posición competitiva frente a los grandes proveedores tecnológicos internacionales. La verdadera medida de la transformación tecnológica no debería ser el número de proyectos anunciados, sino su capacidad para generar ingresos recurrentes, márgenes sostenibles, flujo de caja y una rentabilidad del capital invertido superior a su coste. Este criterio debería ocupar un lugar central en la evaluación de la estrategia empresarial y en el seguimiento de sus resultados por parte de los accionistas de referencia.
La existencia de tres grandes inversores con participaciones próximas al 10 % también obliga a diferenciar entre capacidad de influencia y responsabilidad directa sobre la gestión empresarial. Ni la SEPI, ni CriteriaCaixa, ni STC disponen individualmente de una participación que les permita controlar unilateralmente Telefónica. Sus derechos como accionistas se ejercen mediante los mecanismos societarios establecidos, mientras que los administradores deben actuar conforme al interés social y a sus obligaciones legales. Por tanto, no sería correcto atribuir a cada inversor todas las decisiones adoptadas por la dirección ni presentar las minusvalías acumuladas como una prueba automática de incumplimiento de sus responsabilidades. Sin embargo, la ausencia de control individual no elimina la capacidad de influencia de quienes concentran conjuntamente cerca del 30% del capital, especialmente cuando participan en la configuración de los órganos de gobierno y en las decisiones relevantes para la orientación estratégica de la compañía. La responsabilidad de los accionistas de referencia no consiste en garantizar una subida continuada de la cotización, algo que ninguna dirección puede asegurar, sino en ejercer sus derechos con criterios de diligencia y disponer de información suficiente para evaluar si la estrategia está protegiendo y creando valor a largo plazo.
En el caso del Estado español, esa exigencia adquiere una dimensión política adicional porque la inversión se realizó con recursos públicos y fue justificada mediante objetivos relacionados con las infraestructuras críticas, la seguridad nacional y la soberanía tecnológica. La SEPI no está obligada a comportarse como un inversor especulativo que abandona una participación ante la primera depreciación, pero sí debería poder explicar qué resultados está obteniendo, qué indicadores utiliza para evaluar el cumplimiento de sus objetivos y cómo valora la transformación empresarial desarrollada desde su entrada en el accionariado. CriteriaCaixa, por su parte, debe evaluar la rentabilidad y sostenibilidad de una inversión relevante dentro de su cartera patrimonial, mientras que STC tiene motivos para examinar el resultado financiero y estratégico de su participación en una operadora internacional. Los tres accionistas comparten la necesidad de obtener resultados verificables, aunque sus obligaciones institucionales, sus horizontes de inversión y los criterios con los que evalúan esos resultados no sean necesariamente idénticos. La rendición de cuentas exigible al Gobierno ante los ciudadanos no es jurídicamente equivalente a la información que CriteriaCaixa o STC deban proporcionar a sus respectivos órganos de gobierno, pero esa diferencia no impide plantear una misma cuestión económica: qué valor está generando Telefónica para quienes han comprometido miles de millones de euros en su capital.
La depreciación bursátil acumulada tampoco debe utilizarse como único indicador para valorar la gestión de Marc Murtra. Una evaluación rigurosa exige considerar la evolución de la cotización durante periodos homogéneos, los dividendos distribuidos, la reducción del endeudamiento, la rentabilidad operativa, la generación de caja y el comportamiento relativo frente a otras grandes compañías europeas de telecomunicaciones. También resulta necesario examinar el efecto de las desinversiones sobre la capacidad futura de generar ingresos, la evolución de los negocios tecnológicos y los costes derivados de los procesos de reestructuración. Una empresa puede registrar pérdidas contables significativas como consecuencia de operaciones extraordinarias y mantener negocios recurrentes rentables; del mismo modo, puede reducir deuda y mejorar determinados indicadores financieros sin conseguir una recuperación sostenida de su valoración bursátil. La cuestión no consiste en seleccionar exclusivamente los datos que favorecen o perjudican a una determinada presidencia, sino en construir una evaluación equilibrada que permita determinar si las decisiones adoptadas están mejorando la posición económica y competitiva de Telefónica. Este criterio resulta especialmente importante cuando se pretende establecer una comparación entre la gestión de José María Álvarez-Pallete y la desarrollada desde el 18 de enero de 2025.
El carácter estratégico de Telefónica no garantiza por sí mismo una rentabilidad adecuada para sus accionistas. La compañía dispone de infraestructuras esenciales, millones de clientes, capacidades tecnológicas y una posición relevante en varios mercados europeos y latinoamericanos, pero esas fortalezas conviven con elevadas necesidades de inversión, presión competitiva y dificultades para capturar una parte suficiente del valor económico generado por la digitalización. Los grandes proveedores de servicios en la nube, las plataformas digitales y las empresas que desarrollan inteligencia artificial utilizan redes de comunicaciones cada vez más sofisticadas, mientras las operadoras deben financiar su despliegue y mantenimiento. El desafío fundamental consiste en conseguir que Telefónica no se limite a proporcionar la infraestructura sobre la que otros desarrollan negocios de mayor rentabilidad, sino que participe de manera competitiva en los servicios tecnológicos que utilizan esas redes. Esta orientación no implica abandonar los negocios tradicionales ni competir indiscriminadamente con los grandes grupos tecnológicos, sino identificar actividades en las que sus infraestructuras, su conocimiento operativo y sus relaciones comerciales puedan convertirse en ventajas económicas sostenibles.
La situación de CriteriaCaixa, la SEPI y STC introduce una dimensión adicional en el debate sobre el futuro de Telefónica. La depreciación de sus participaciones coincide con una etapa de transformación empresarial cuyo resultado económico definitivo todavía debe evaluarse. El Estado español debe justificar la utilización de los recursos públicos comprometidos y el cumplimiento de los objetivos estratégicos que motivaron su entrada en el capital. CriteriaCaixa necesita valorar la rentabilidad y las perspectivas de una participación que representa una inversión patrimonial significativa, mientras que STC debe examinar el resultado de una operación que le permitió convertirse en uno de los principales accionistas de una compañía europea de telecomunicaciones. La cuestión común a los tres inversores es si la estrategia desarrollada por Telefónica está creando las condiciones necesarias para recuperar valor, sostener una rentabilidad adecuada y aprovechar las oportunidades tecnológicas que se están configurando en Europa. Responder a esa pregunta exige información financiera, indicadores operativos y una evaluación rigurosa de las decisiones de inversión, no únicamente declaraciones sobre la importancia estratégica de la compañía.
La presidencia de Marc Murtra se encuentra así ante un desafío que trasciende la evolución diaria de la cotización. La reorganización internacional, la reducción del endeudamiento y la simplificación de la estructura empresarial pueden constituir instrumentos para mejorar la competitividad, pero su eficacia debe medirse por los resultados económicos que produzcan y por la capacidad de Telefónica para sostener su desarrollo futuro. La concentración en un menor número de mercados puede facilitar una gestión más eficiente, aunque también reduce la diversificación geográfica y obliga a obtener una mayor rentabilidad de los negocios que permanecen. La inversión en nuevas tecnologías puede abrir oportunidades de crecimiento, pero requiere capital, profesionales cualificados y modelos comerciales capaces de transformar esas capacidades en ingresos y beneficios. El verdadero éxito de la transformación no consistirá únicamente en presentar una Telefónica más pequeña, menos endeudada o aparentemente más sencilla de gestionar, sino en demostrar que la empresa resultante genera más valor económico por cada euro invertido y dispone de mejores perspectivas de crecimiento sostenible. Ese es el criterio con el que deberían evaluarse las decisiones de la actual presidencia y las expectativas de sus principales accionistas.
La información publicada por elDiario.es permite establecer que los tres grandes accionistas de Telefónica afrontan una depreciación bursátil conjunta estimada en más de 1.000 millones de euros, aunque las cifras corresponden a minusvalías latentes calculadas sobre inversiones realizadas en diferentes momentos. Nuestro análisis anterior permite añadir que, en el caso concreto de la SEPI, aproximadamente 313,56 millones de euros de pérdida adicional de valor bursátil se registraron entre la última sesión anterior al nombramiento de Marc Murtra y el 23 de octubre de 2026. Para CriteriaCaixa y STC no disponemos de una reconstrucción temporal equivalente que permita distribuir sus minusvalías entre ambas presidencias con el mismo grado de precisión. Esta diferencia metodológica no debe ocultarse ni utilizarse para atribuir responsabilidades que los datos no permiten demostrar, pero tampoco resta importancia al deterioro económico de unas participaciones que representan conjuntamente cerca del 30% del capital de Telefónica. La evaluación de la gestión exige distinguir entre la evolución del valor bursátil, los resultados económicos de la compañía y las decisiones estratégicas adoptadas durante cada periodo, evitando presentar como relaciones causales lo que únicamente constituye una coincidencia temporal.
La reflexión final enlaza con la que planteábamos al analizar exclusivamente la participación pública española. Una inversión estratégica puede requerir paciencia, aceptar periodos de volatilidad y mantener objetivos que no se reflejan inmediatamente en la cotización bursátil. Sin embargo, el carácter estratégico de una empresa no debería convertirse en una justificación suficiente para evitar la evaluación de sus resultados. El Estado, CriteriaCaixa y STC pueden mantener legítimamente sus participaciones durante largos periodos, pero esa permanencia debería apoyarse en una valoración económica e industrial suficientemente sólida. Los más de 1.000 millones de euros de minusvalías latentes acumuladas por los tres grandes accionistas no constituyen una sentencia definitiva sobre el futuro de Telefónica, pero sí representan una señal económica que justifica exigir una explicación rigurosa sobre la estrategia, la asignación de capital y la creación de valor. La responsabilidad de la dirección empresarial consiste en demostrar que las decisiones adoptadas permiten construir una compañía financieramente sostenible, tecnológicamente competitiva y capaz de ofrecer una rentabilidad adecuada a largo plazo.
Porque la verdadera cuestión no es si Telefónica seguirá siendo una empresa estratégica para España y Europa, condición que sus infraestructuras y actividades esenciales permiten reconocer, sino si será capaz de convertir esa importancia industrial en resultados económicos sostenibles. La SEPI acumula más de 300 millones de euros de depreciación bursátil; CriteriaCaixa soporta una minusvalía estimada de alrededor de 500 millones y STC registra más de 190 millones. Los tres accionistas tienen motivos económicos suficientes para exigir resultados verificables a la dirección de Telefónica, aunque sus pérdidas de valoración no puedan atribuirse íntegramente a la presidencia de Marc Murtra. La transformación empresarial, la soberanía digital y la competitividad europea son objetivos relevantes, pero su cumplimiento debe demostrarse mediante inversiones productivas, generación de caja, rentabilidad del capital y desarrollo de capacidades tecnológicas propias. El verdadero coste de una inversión no se mide únicamente por su depreciación bursátil, sino también por las oportunidades que pueden perderse cuando los recursos comprometidos no generan el valor económico y estratégico que justificó su utilización.
FUENTES Y REFERENCIAS: Análisis publicado el 25 de octubre de 2026 en Modelo Innovador de Gestión: «Telefónica: el Gobierno español tiene 313 millones de razones para exigir cuentas a Marc Murtra»; información de Aurelio Medel Vicente publicada el 25 de octubre de 2026 en elDiario.es, sobre las minusvalías de La Caixa, la SEPI y STC en Telefónica; comunicado oficial de la SEPI sobre la adquisición del 10 % de Telefónica; información financiera y resultados oficiales de Telefónica; e informe Draghi sobre la competitividad europea, Comisión Europea.
PRECISIÓN METODOLÓGICA: Las cifras de depreciación bursátil corresponden a las fechas y precios utilizados en las fuentes citadas. Los 347,30 millones de euros de minusvalía de la SEPI proceden del cálculo realizado con la cotización del 23 de octubre de 2026, mientras que los aproximadamente 357 millones publicados por elDiario.es responden a una referencia de valoración distinta. Las minusvalías de CriteriaCaixa y STC son estimaciones periodísticas redondeadas. Ninguna de estas cifras equivale necesariamente a una pérdida realizada ni incorpora por sí sola el rendimiento total derivado de los dividendos. La comparación entre presidencias refleja variaciones temporales del valor bursátil y no una atribución automática de causalidad.
LA GRAVEDAD DE LA SITUACIÓN DE TELEFÓNICA: CUANDO LA TRANSFORMACIÓN EMPRESARIAL TODAVÍA NO ACREDITA LA CREACIÓN DE VALOR
La situación que atraviesa Telefónica bajo la presidencia de Marc Murtra plantea un problema de mayor alcance que la depreciación bursátil de las participaciones de CriteriaCaixa, la SEPI y Saudi Telecom Company. La cuestión verdaderamente preocupante es que la operadora está desarrollando una profunda transformación de su estructura empresarial sin que los datos examinados permitan acreditar todavía que la reducción de su dimensión, las desinversiones internacionales y los ajustes organizativos estén produciendo una mejora suficiente de la rentabilidad del capital invertido. La concentración de actividades en un menor número de mercados puede responder a una estrategia industrial razonable, especialmente cuando persigue reducir riesgos, simplificar operaciones y fortalecer el balance. Sin embargo, una transformación de semejante magnitud no debería evaluarse únicamente por el volumen de activos vendidos, la reducción de trabajadores o el descenso del endeudamiento. Es necesario comprobar si los negocios que permanecen en Telefónica generan más valor económico que los que se abandonan y si la compañía está desarrollando nuevas fuentes de ingresos capaces de compensar la pérdida de diversificación. Vender empresas, reducir costes y disminuir deuda no equivale necesariamente a crear valor: puede representar una reorganización necesaria, pero su éxito depende de la rentabilidad que produzca la estructura empresarial resultante. Esta distinción es esencial para valorar la estrategia de la actual presidencia sin confundir los instrumentos utilizados con los resultados que deberían justificar su aplicación.
La gravedad del problema aumenta cuando se examina la relación entre las decisiones estratégicas y los recursos económicos comprometidos por los accionistas de referencia. CriteriaCaixa, la SEPI y STC han invertido conjuntamente cerca de 6.800 millones de euros para mantener participaciones próximas al 30% del capital de Telefónica, según las estimaciones utilizadas en este análisis. La depreciación bursátil acumulada de esas inversiones alcanza los 1.047 millones de euros, aunque se trata de minusvalías latentes originadas en distintos momentos y no atribuibles íntegramente al mandato de Marc Murtra. Precisamente por ello, la crítica más rigurosa no consiste en responsabilizar al presidente de todas las minusvalías históricas, sino en exigir que explique qué resultados concretos está obteniendo la estrategia desarrollada durante su presidencia y cómo pretende mejorar la rentabilidad de las participaciones de los accionistas. La dirección empresarial no controla la cotización diaria, pero sí participa en las decisiones sobre inversiones, desinversiones, endeudamiento, prioridades comerciales y organización de los recursos. Esas decisiones pueden analizarse mediante indicadores objetivos y compararse con los compromisos estratégicos comunicados al mercado. Cuando una transformación empresarial coincide con pérdidas contables relevantes, una reducción del perímetro de actividad y una valoración bursátil deprimida, la exigencia de explicaciones documentadas no constituye una descalificación personal, sino una consecuencia razonable de la responsabilidad que implica dirigir una compañía cotizada.
Uno de los principales riesgos de la estrategia actual reside en que la reducción del tamaño de Telefónica pueda confundirse con una mejora estructural de su competitividad. La salida de determinados mercados latinoamericanos modifica la exposición geográfica del grupo y permite concentrar recursos en negocios considerados prioritarios, pero también supone renunciar a activos, clientes y posibilidades futuras de generación de ingresos. La evaluación económica de estas operaciones exige conocer no solo el importe recibido por cada desinversión, sino también los resultados contables reconocidos, la deuda asociada a los negocios vendidos, el flujo de caja que aportaban y las perspectivas de rentabilidad de los activos que permanecen en el grupo. Una compañía puede presentar un balance menos endeudado después de vender activos y, al mismo tiempo, disponer de una menor capacidad futura para generar ingresos y beneficios; por tanto, el desapalancamiento no debería presentarse como una prueba suficiente de creación de valor. La dirección de Telefónica debería poder demostrar que las desinversiones han mejorado la calidad económica del negocio y que los recursos liberados están siendo destinados a actividades con perspectivas de rentabilidad superiores. Sin esa comparación, resulta imposible determinar si la reorganización está fortaleciendo la posición competitiva de la operadora o si simplemente está reduciendo su dimensión para aliviar las tensiones financieras acumuladas.
Esta cuestión conecta directamente con la credibilidad del plan estratégico Transform & Grow, presentado durante la presidencia de Marc Murtra. La propia denominación del programa vincula la transformación empresarial con una expectativa de crecimiento que debería poder medirse mediante resultados verificables. La transformación solo puede considerarse económicamente satisfactoria si permite mejorar la rentabilidad del capital empleado, sostener una generación de caja suficiente, fortalecer los negocios estratégicos y recuperar la capacidad de crecimiento de Telefónica. Por ello, los accionistas deberían disponer de información que permita comprobar periódicamente la evolución de esos indicadores, diferenciando las mejoras derivadas de la actividad ordinaria de aquellas que proceden de ventas de activos, cambios contables o modificaciones del perímetro de consolidación. Una reducción de deuda obtenida mediante desinversiones no tiene el mismo significado económico que una reducción financiada por una mayor generación recurrente de caja. Del mismo modo, un crecimiento porcentual de los ingresos calculado sobre un perímetro empresarial reducido no puede compararse directamente con las cifras históricas del grupo sin realizar los ajustes correspondientes. La credibilidad de una estrategia no depende de la contundencia de sus anuncios, sino de la coherencia entre los objetivos comprometidos, los recursos utilizados y los resultados finalmente obtenidos.
Existe, además, una dimensión de gobierno corporativo que merece una atención específica: la responsabilidad de los consejeros dominicales vinculados a los accionistas significativos. La concentración de aproximadamente el 30% del capital en CriteriaCaixa, la SEPI y STC no significa que estas entidades ejerzan un control unilateral sobre Telefónica, pero sí refleja una estructura accionarial con capacidad relevante de influencia en su gobierno. En este contexto, resulta necesario recordar que los consejeros dominicales, aunque hayan sido propuestos por accionistas significativos, deben ejercer sus funciones conforme al interés social de Telefónica y no como simples representantes obligados a defender exclusivamente los intereses particulares de quienes promovieron su nombramiento. La Ley de Sociedades de Capital establece deberes de diligencia y lealtad para los administradores, cuya aplicación exige valorar las decisiones empresariales atendiendo a sus circunstancias y al margen legítimo de discrecionalidad de la dirección. Por ello, la existencia de minusvalías bursátiles no demuestra por sí sola un incumplimiento de esos deberes. Sin embargo, sí justifica preguntar qué información recibe el consejo, cómo evalúa las principales operaciones corporativas, qué riesgos identifica y qué indicadores utiliza para supervisar el cumplimiento del plan estratégico. La función del consejo no consiste en garantizar que las acciones suban, sino en supervisar que las decisiones empresariales respondan a criterios informados, razonables y orientados a la creación sostenible de valor.
En el caso de la SEPI, la exigencia de transparencia adquiere especial relevancia porque la participación fue adquirida con recursos públicos y se justificó mediante objetivos estratégicos relacionados con la seguridad, las infraestructuras críticas y la capacidad tecnológica española. La legitimidad de esos objetivos no elimina la necesidad de evaluar su cumplimiento. El Estado debería poder explicar no solo cuánto vale actualmente su participación en Telefónica, sino también qué resultados industriales, tecnológicos y económicos está obteniendo a cambio de los recursos comprometidos y cómo supervisa la estrategia de una compañía en la que mantiene una posición accionarial significativa. Esta evaluación no exige que la inversión pública se gestione exclusivamente con criterios de rentabilidad bursátil inmediata, pero sí que exista una relación comprensible entre el interés estratégico invocado y los resultados obtenidos. En el caso de CriteriaCaixa, el análisis debería centrarse en la rentabilidad total de la participación y en su contribución a la cartera patrimonial de la entidad. STC, por su parte, deberá evaluar su inversión de acuerdo con sus objetivos financieros e industriales. Aunque sus responsabilidades institucionales sean diferentes, los tres accionistas tienen un interés económico evidente en comprobar si la dirección está utilizando de manera eficiente los recursos de Telefónica.
Otro elemento que incrementa la importancia de esta evaluación es el coste de oportunidad de las decisiones de inversión. Telefónica opera en un sector que necesita destinar grandes cantidades de capital al mantenimiento y actualización de redes, al despliegue de nuevas tecnologías y al desarrollo de servicios digitales. Al mismo tiempo, debe atender compromisos financieros, competir comercialmente y remunerar a sus accionistas. En una empresa con recursos limitados, cada euro comprometido en una actividad es un euro que no puede destinarse simultáneamente a otra; por tanto, la calidad de la estrategia depende también de la capacidad de seleccionar inversiones que generen una rentabilidad adecuada en relación con su riesgo y su coste de financiación. Esta reflexión resulta especialmente pertinente cuando se examinan los compromisos de Telefónica en contenidos audiovisuales deportivos frente a las necesidades de inversión en conectividad avanzada, ciberseguridad, servicios empresariales, nube e inteligencia artificial. No puede afirmarse, sin datos suficientes, que una de estas actividades sea necesariamente más rentable que las demás, pero sí resulta razonable exigir que las grandes decisiones de asignación de capital estén respaldadas por evaluaciones económicas consistentes y por indicadores que permitan contrastar sus resultados.
La evolución de la plantilla y de las capacidades tecnológicas también debería formar parte de esa evaluación. Una reestructuración laboral puede reducir gastos y contribuir a la eficiencia, pero sus efectos sobre la competitividad dependen de cómo se reorganizan los procesos, qué conocimientos se conservan y qué nuevas capacidades se desarrollan. Telefónica no es únicamente una empresa comercializadora de conectividad: administra infraestructuras críticas y participa en actividades que requieren profesionales especializados, experiencia acumulada y actualización tecnológica permanente. Si la transformación empresarial reduce costes a corto plazo, pero debilita capacidades esenciales para desarrollar negocios digitales de mayor valor añadido, la mejora inmediata de determinados indicadores podría comprometer la rentabilidad futura de la operadora. Esta posibilidad no debe presentarse como un resultado demostrado sin evidencia específica, pero constituye un riesgo estratégico que merece seguimiento. La dirección debería explicar cómo se relacionan los ajustes organizativos con las necesidades de formación, innovación, ciberseguridad y desarrollo de nuevos servicios, de modo que la eficiencia financiera no se consiga a costa de deteriorar capacidades necesarias para competir.
La combinación de estos factores conduce a una conclusión más exigente que la mera constatación de las minusvalías bursátiles. La gravedad de la situación de Telefónica no reside exclusivamente en que sus tres principales accionistas acumulen una depreciación de 1.047 millones de euros, sino en que esa pérdida de valoración coincide con una transformación empresarial de gran alcance cuya capacidad para generar crecimiento rentable debe ser demostrada mediante resultados verificables. Las pérdidas contables, las desinversiones, los ajustes organizativos y la persistencia de una cotización inferior a los precios de adquisición de los grandes inversores constituyen hechos que justifican un examen especialmente riguroso de la estrategia. No permiten, por sí solos, concluir que todas las decisiones de Marc Murtra sean erróneas ni que exista una relación causal directa entre cada medida adoptada y el deterioro bursátil. Pero tampoco deberían utilizarse las dificultades generales del sector o el carácter estratégico de la compañía para evitar una evaluación precisa de los resultados. La responsabilidad de la presidencia y del consejo de administración consiste en demostrar que las decisiones adoptadas están fortaleciendo Telefónica y no únicamente reduciendo su tamaño, desplazando costes o aplazando los problemas de rentabilidad.
En definitiva, la pregunta que deberían formularse CriteriaCaixa, la SEPI y STC no es solamente cuánto han perdido de valor sus participaciones respecto al precio de adquisición, sino qué perspectivas económicas ofrece la estrategia actual para recuperar rentabilidad y sostener el desarrollo futuro de la operadora. Una Telefónica más pequeña puede ser una empresa mejor si obtiene una rentabilidad superior, genera más caja y dispone de ventajas competitivas sostenibles; pero una Telefónica más pequeña que no consiga mejorar suficientemente esos resultados no habrá resuelto el problema fundamental de creación de valor. La diferencia entre ambos escenarios no puede establecerse mediante declaraciones de intenciones, sino a través de indicadores financieros, resultados operativos y compromisos estratégicos susceptibles de comprobación. Esa es la exigencia que debería presidir el análisis de la gestión de Marc Murtra y el ejercicio de las responsabilidades de los órganos de gobierno. Cuando están comprometidos miles de millones de euros de inversión pública, patrimonial e industrial, la rendición de cuentas no puede limitarse a justificar las decisiones adoptadas: debe demostrar qué valor económico y estratégico están generando.
EPÍLOGO. LA LECCIÓN DE JACK WELCH: CUANDO ADELGAZAR UNA EMPRESA NO SIGNIFICA CREAR VALOR
La historia empresarial de General Electric bajo la presidencia de Jack Welch debería servir como advertencia a quienes consideran que las desinversiones, las reducciones de costes, los ajustes de plantilla y la simplificación de las estructuras corporativas constituyen, por sí mismos, una demostración de buena gestión. Welch convirtió durante dos décadas a General Electric en un referente mundial de rentabilidad y crecimiento bursátil, pero la evolución posterior del conglomerado puso de manifiesto las vulnerabilidades de un modelo que había adquirido una elevada exposición a los servicios financieros y cuya aparente fortaleza no evitó profundas dificultades cuando cambiaron las condiciones económicas. Sería incorrecto atribuir a Welch todos los problemas que aparecieron después de su retirada, del mismo modo que resultaría improcedente establecer una equivalencia directa entre General Electric y Telefónica. Sin embargo, la experiencia histórica permite extraer una enseñanza difícilmente discutible: la verdadera medida de una estrategia empresarial no reside en cuántos activos se venden, cuántos trabajadores abandonan la compañía o cuánto se reduce su tamaño, sino en la capacidad de generar valor económico sostenible con los negocios que permanecen. Y es precisamente en ese terreno donde la presidencia de Marc Murtra y su equipo directivo deben ofrecer respuestas convincentes. Telefónica está desarrollando una profunda transformación empresarial, concentrando su actividad en menos mercados, ejecutando desinversiones y modificando su estructura organizativa, mientras los datos examinados muestran una depreciación relevante de las participaciones de sus principales accionistas. El problema no es que Telefónica se transforme; el problema es que una transformación de semejante alcance exige demostrar, con resultados y no únicamente con declaraciones estratégicas, que la compañía resultante será más rentable, competitiva y valiosa que la que se está desmantelando parcialmente.
Las cifras utilizadas en el análisis de este post proporcionan motivos suficientes para exigir esa demostración. CriteriaCaixa, la SEPI y Saudi Telecom Company, que concentran conjuntamente cerca del 30% del capital de Telefónica, soportan minusvalías bursátiles latentes estimadas en torno a 1.047 millones de euros respecto a los costes de adquisición de sus respectivas participaciones. No son pérdidas realizadas ni constituyen una medición completa de la rentabilidad de sus inversiones, puesto que deben considerarse los dividendos y las operaciones efectuadas sobre los títulos. Tampoco pueden imputarse íntegramente a Marc Murtra, porque las adquisiciones se produjeron antes de su nombramiento. Pero estas precisiones, indispensables para mantener el rigor del análisis, no eliminan el dato más comprometedor para la actual presidencia: la participación de la SEPI perdió aproximadamente 313,56 millones de euros adicionales de valor bursátil entre el cierre del 17 de enero de 2025, anterior al nombramiento de Murtra, y el 23 de octubre de 2026, según las cotizaciones y el número de acciones utilizados en nuestro cálculo. Esa depreciación temporal no demuestra por sí sola que las decisiones del presidente hayan causado la caída, pero sí establece un resultado de mercado que debe formar parte de cualquier balance de su gestión. A ello se añaden las pérdidas netas consolidadas de 4.318 millones de euros registradas en 2025, condicionadas por operaciones extraordinarias y desinversiones, y la reducción de la dimensión internacional de la compañía. Cuando una empresa acumula resultados contables negativos de esa magnitud, reduce su perímetro de actividad y mantiene deprimida su valoración bursátil, la exigencia de explicaciones detalladas a su presidente y a su equipo directivo no es una opción retórica: es una cuestión elemental de responsabilidad empresarial. Que existan factores sectoriales, financieros y contables capaces de explicar parte de esos resultados no disminuye esa exigencia; obliga, precisamente, a identificar con claridad cuáles son y qué decisiones se están adoptando para corregir sus efectos.
La dirección de Telefónica puede presentar como avances la reducción del endeudamiento, la simplificación societaria y la concentración de recursos en los mercados considerados prioritarios. Son objetivos legítimos y algunos de sus resultados son cuantificables: la deuda financiera neta descendió, según las cifras recogidas en el artículo, desde 27.161 millones de euros al cierre de 2024 hasta 25.278 millones en junio de 2026. Pero reducir deuda mediante desinversiones no equivale necesariamente a mejorar la capacidad de generación recurrente de caja, del mismo modo que reducir plantilla o abandonar mercados no acredita automáticamente una mayor productividad ni una rentabilidad superior del capital empleado. La cuestión que Marc Murtra y su equipo deberían explicar con precisión es cuánto valor económico han aportado las operaciones realizadas, qué capacidad de generación de ingresos y caja se ha perdido con los activos vendidos, qué rentabilidad ofrecen los negocios que permanecen y cuáles son los resultados concretos obtenidos por las inversiones destinadas al crecimiento tecnológico. El plan Transform & Grow incorpora en su propia denominación un compromiso que merece ser examinado: transformar y crecer. Si la transformación se acredita mediante ventas de activos, reducción del perímetro empresarial y ajustes organizativos, el crecimiento debe acreditarse con ingresos orgánicos comparables, márgenes sostenibles, generación de caja y rentabilidad del capital; de lo contrario, el mercado recibe pruebas de la reducción de la empresa, pero no una demostración suficiente de su fortalecimiento. No se trata de negar las mejoras financieras que puedan haberse producido, sino de impedir que determinados indicadores favorables sustituyan al examen completo de sus consecuencias económicas.
La comparación con General Electric adquiere aquí su verdadero sentido. La historia de aquel conglomerado recuerda que las estrategias empresariales deben juzgarse por sus resultados sostenibles y por los riesgos que incorporan, no por la reputación de sus dirigentes ni por la contundencia de sus programas de transformación. Marc Murtra no puede ser considerado responsable de todas las dificultades históricas de Telefónica, pero sí debe responder por las prioridades que ha establecido desde su nombramiento, por las decisiones que impulsa, por los riesgos que asume y por los resultados que esas decisiones vayan produciendo. La responsabilidad de su equipo directivo no desaparece porque el sector europeo de las telecomunicaciones atraviese dificultades estructurales, ni porque la compañía deba afrontar inversiones elevadas, competencia internacional y exigencias regulatorias. Esas circunstancias forman parte del entorno en el que debe gestionarse la operadora y justifican la necesidad de una estrategia sólida; no constituyen una explicación suficiente de su eficacia. Tampoco resulta aceptable utilizar la condición estratégica de Telefónica como argumento que cierre el debate sobre su rentabilidad. Una empresa puede ser esencial para las comunicaciones, la seguridad y la soberanía tecnológica de un país y, al mismo tiempo, adoptar decisiones de inversión que deban ser sometidas a una evaluación económica rigurosa. La importancia institucional de Telefónica obliga a exigir más transparencia y mejores explicaciones, no a rebajar los criterios con los que se examina la actuación de quienes la dirigen.
Esa exigencia alcanza igualmente al consejo de administración y a los consejeros vinculados a los accionistas significativos. La SEPI debe poder justificar ante las instituciones y los ciudadanos cómo se está protegiendo una inversión pública de aproximadamente 2.285 millones de euros y qué resultados estratégicos se obtienen de ella; CriteriaCaixa tiene motivos para examinar la rentabilidad y las perspectivas de recuperación de una participación cuyo deterioro bursátil estimado ronda los 500 millones de euros; y STC debe evaluar una inversión industrial y financiera que también presenta una valoración inferior a su coste de adquisición. Ninguno de estos accionistas puede exigir legítimamente que la cotización suba de manera ininterrumpida, ni las minusvalías prueban por sí solas una infracción de los deberes de los administradores. Sin embargo, cuando los principales accionistas mantienen miles de millones de euros comprometidos en una compañía sometida a una reestructuración profunda, el consejo debe disponer de información suficiente para supervisar las decisiones, contrastar sus resultados y exigir correcciones cuando los objetivos económicos no se cumplen. Lo que debería conocerse con mayor precisión no es únicamente el calendario de nuevas desinversiones o de ajustes organizativos, sino el rendimiento económico de las operaciones realizadas, el coste de oportunidad de los recursos utilizados y los compromisos verificables de crecimiento y rentabilidad. La confianza de los accionistas no se recupera mediante apelaciones genéricas al futuro: se construye explicando las decisiones, mostrando sus resultados y asumiendo las consecuencias de los objetivos incumplidos.
El balance que dejan las métricas examinadas es suficientemente serio para evitar tanto el alarmismo infundado como la complacencia institucional. No puede afirmarse que Telefónica esté condenada a reproducir la trayectoria de General Electric, ni que las minusvalías de CriteriaCaixa, la SEPI y STC demuestren por sí solas el fracaso definitivo de la presidencia de Marc Murtra. Pero tampoco puede presentarse la transformación actual como un éxito económico acreditado únicamente porque la compañía reduzca deuda, venda filiales o simplifique su organización. Los datos muestran una depreciación bursátil conjunta estimada de 1.047 millones de euros para los tres grandes accionistas, una pérdida adicional de valor de mercado de aproximadamente 313,56 millones en la participación estatal durante el periodo analizado de la actual presidencia y unos resultados consolidados de 2025 afectados por pérdidas de 4.318 millones de euros. Son magnitudes diferentes, que no deben sumarse ni confundirse, pero que conjuntamente justifican un escrutinio exigente de la estrategia y de sus consecuencias. La reducción del endeudamiento merece reconocerse; su suficiencia para compensar la pérdida de dimensión y mejorar la rentabilidad futura, en cambio, necesita demostrarse. La carga de la explicación corresponde a quienes han recibido la responsabilidad de dirigir Telefónica y de supervisar sus decisiones, no a los accionistas que legítimamente preguntan dónde está el valor generado por la transformación.
La última lección de Jack Welch y General Electric es que ninguna estrategia empresarial debería quedar protegida por el prestigio de sus dirigentes, por la aparente sofisticación de sus operaciones financieras o por la promesa permanente de que los beneficios llegarán más adelante. El tiempo termina distinguiendo entre las transformaciones que fortalecen una compañía y aquellas que únicamente modifican su tamaño y su apariencia contable. Marc Murtra y su equipo directivo tienen la responsabilidad de demostrar que Telefónica está recorriendo el primero de esos caminos. Hasta que los resultados permitan acreditarlo, la crítica a la estrategia debe mantenerse abierta y apoyada en indicadores contrastables. Porque vender activos no es crecer, reducir plantilla no es innovar, disminuir deuda no es necesariamente crear valor y anunciar una transformación no equivale a demostrar su éxito. La historia de General Electric invita a desconfiar de las respuestas fáciles; las cifras de Telefónica obligan a formular preguntas difíciles. Y la más importante de todas continúa pendiente de una respuesta económica suficientemente convincente: después de las desinversiones, los ajustes, las pérdidas contables y el deterioro bursátil de sus principales accionistas, ¿qué valor adicional está consiguiendo generar la Telefónica que dirige Marc Murtra y cuándo podrán comprobarlo sus accionistas mediante resultados verificables?
Ya lo dijo Warren Buffett: “Se necesitan veinte años para construir una reputación y cinco minutos para arruinarla”.









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