jueves, 8 de octubre de 2026

TELEFÓNICA EN LA ERA MURTRA: MENOS PRESENCIA INTERNACIONAL, MÁS INCERTIDUMBRE Y MUCHAS EXPLICACIONES PENDIENTES

En abril de 1985, Coca-Cola tomó una de las decisiones más arriesgadas de su historia: sustituir la fórmula original de su refresco por una nueva versión que, según sus investigaciones de mercado, tenía mejores perspectivas de aceptación entre los consumidores. La compañía había realizado numerosas pruebas de sabor y estaba convencida de que el cambio le permitiría reforzar su posición frente a Pepsi. Sobre el papel, la decisión parecía razonable. Sin embargo, la reacción de una parte importante de sus clientes fue tan negativa que, apenas 79 días después, la empresa anunció el regreso de la fórmula original bajo el nombre de Coca-Cola Classic.

La anécdota encierra una enseñanza que trasciende el mundo de los refrescos: una estrategia puede parecer impecable en las presentaciones, estar respaldada por estudios y contar con el convencimiento de sus responsables, pero su verdadero valor solo se demuestra cuando se enfrenta a la realidad. Los datos utilizados para justificar una decisión son importantes, pero también lo son las hipótesis que se formulan, los factores que se pasan por alto y la capacidad de los gestores para reconocer cuándo los resultados contradicen sus previsiones.

La historia de la Nueva Coca-Cola recuerda que el tamaño de una empresa, la seguridad de sus directivos y la ambición de sus planes no garantizan el acierto de sus decisiones. La diferencia entre una transformación anunciada y una transformación exitosa no está en la contundencia del discurso, sino en la capacidad de escuchar las evidencias, corregir los errores y responder por los resultados.

¿Puede una compañía defender que necesita ser más grande para garantizar su futuro mientras reduce su presencia internacional, compromete importantes recursos comerciales y ve cómo la incertidumbre política alcanza a sus principales responsables? Esta es una de las preguntas que plantea la situación actual de Telefónica, inmersa en una transformación que sus gestores presentan como imprescindible para recuperar competitividad, mejorar la rentabilidad y asegurar su crecimiento.

Las conclusiones del reciente informe de BEREC, analizadas en el blog en el artículo del 7 de octubre, «BEREC pone contra las cuerdas la estrategia de Murtra y Gayo para Telefónica», introducen un elemento especialmente incómodo para el discurso de la operadora: la evidencia examinada por el organismo europeo no permite sostener que una mayor concentración empresarial garantice, por sí misma, más inversión, innovación o eficiencia. Esta conclusión no invalida automáticamente el plan Transform & Grow, pero obliga a sus responsables a justificar con datos uno de los argumentos centrales de su estrategia.

Apenas unas horas después de conocerse ese análisis, cuatro informaciones periodísticas sobre la salida de México, la renovación del patrocinio de The O2 en Londres y los supuestos movimientos políticos alrededor de la dirección añadían nuevas preguntas sobre las prioridades de la compañía. Las decisiones empresariales documentadas y las afirmaciones periodísticas pendientes de confirmación no tienen el mismo valor probatorio, pero examinarlas con rigor permite identificar las tensiones que rodean a la ejecución del plan estratégico.

Lo que está en discusión no es únicamente el tamaño que Telefónica necesita alcanzar, sino la coherencia de las decisiones que adopta, la utilización de sus recursos y la responsabilidad de quienes dirigen su transformación. Porque, más allá de los discursos sobre la regulación europea y la necesidad de ganar escala, hay una cuestión que afecta directamente a accionistas, trabajadores y clientes: ¿están demostrando Marc Murtra, Emilio Gayo y el Consejo de Administración que su estrategia responde a criterios verificables de eficiencia, rentabilidad y creación de valor, o siguen pendientes las explicaciones que permitirían comprobarlo? 

Telefónica: la profunda contradicción entre el discurso estratégico, las conclusiones de BEREC y las prioridades de sus gestores

Mientras el regulador europeo cuestiona que la concentración empresarial garantice mayores inversiones, Telefónica acelera su retirada de Hispanoamérica, mantiene importantes compromisos comerciales en Reino Unido y afronta informaciones sobre la incertidumbre que rodea a su dirección. El contraste obliga a examinar la coherencia de su plan estratégico y la responsabilidad de quienes deben ejecutarlo.

Telefónica atraviesa una etapa de transformación en la que coinciden decisiones empresariales de gran alcance, exigencias financieras e incertidumbres sobre su futuro institucional. Las noticias conocidas entre el 6 y el 7 de octubre permiten observar una situación especialmente significativa: mientras la compañía defiende la necesidad de ganar escala para garantizar su crecimiento, continúa abandonando mercados internacionales, asume importantes compromisos comerciales a largo plazo y aparece vinculada a informaciones sobre movimientos políticos relacionados con la continuidad de sus responsables. Ninguno de estos acontecimientos demuestra por separado una contradicción en la gestión, pero su análisis conjunto plantea preguntas relevantes sobre las prioridades de la operadora y la coherencia de las decisiones adoptadas.

Esta situación adquiere una dimensión mayor al relacionarla con el artículo publicado el 7 de octubre en el blog Clima Laboral y Comunicación, «BEREC pone contra las cuerdas la estrategia de Murtra y Gayo para Telefónica», que examinaba las conclusiones del informe Europe’s Telecom Reality Check, elaborado por el Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas. El documento, identificado como BoR (26) 137, está fechado el 1 de octubre de 2026 y fue publicado el día 6. Su importancia reside en que cuestiona la idea de que la fragmentación del mercado europeo constituya, por sí misma, un obstáculo estructural para la inversión y de que una mayor concentración empresarial garantice automáticamente mejores resultados económicos y tecnológicos. El análisis puede consultarse directamente en el informe oficial de BEREC.

La primera gran contradicción aparece entre el diagnóstico que Telefónica utiliza para defender su estrategia y las evidencias presentadas por el regulador europeo. Desde la presentación de Transform & Grow, en noviembre de 2025, Marc Murtra y Emilio Gayo han situado la necesidad de alcanzar mayor escala entre los argumentos centrales para afrontar el futuro del negocio. La compañía considera que el mercado europeo necesita operadores con una dimensión suficiente para competir internacionalmente, mejorar su eficiencia y acometer las inversiones que exige la evolución tecnológica. Su estrategia concentra los esfuerzos en España, Alemania, Reino Unido y Brasil, al tiempo que contempla una fase posterior, hasta 2035, en la que la consolidación empresarial ocupa un lugar relevante. Estas orientaciones figuran en la documentación estratégica publicada por Telefónica.

El problema surge cuando ese planteamiento se confronta con el informe de BEREC. El organismo europeo describe un sector que, considerado en conjunto, mantiene capacidad inversora, una situación financiera relativamente resistente y niveles de competencia que han contribuido al despliegue de infraestructuras y a la disponibilidad de servicios asequibles. También reconoce que Europa presenta deficiencias frente a determinados mercados internacionales, especialmente en algunas prestaciones de las redes y en la necesidad de completar despliegues de nueva generación. Sin embargo, esas limitaciones no permiten concluir que reducir el número de operadores sea una solución general ni que las fusiones produzcan necesariamente mayores inversiones, innovación o eficiencia. Así lo recoge también la comunicación oficial de BEREC del 6 de octubre.

La diferencia entre ambas posiciones es sustancial. Telefónica considera la escala un instrumento importante para mejorar su competitividad, mientras BEREC advierte de que los beneficios de la consolidación deben demostrarse mediante evidencias concretas y no darse por supuestos. Esto no significa que el regulador haya declarado inviable el plan estratégico de la operadora ni que todas las fusiones resulten perjudiciales. Significa que no existe una relación automática y universal entre mayor tamaño empresarial, mayor rentabilidad y mayor capacidad de inversión. Cada operación debe justificar sus posibles sinergias, sus efectos sobre la competencia y su contribución real a la mejora de los servicios.

Esta conclusión introduce una exigencia que afecta directamente a la dirección de Telefónica. Si la concentración no garantiza por sí misma una mayor eficiencia, Murtra y Gayo deben explicar qué problemas específicos pretende resolver la compañía mediante esa estrategia y qué resultados económicos espera obtener. No basta con señalar la fragmentación europea como una dificultad general. Es necesario demostrar qué inversiones resultarían inviables con la estructura actual, qué economías de escala permitirían superar esa limitación y cómo se traducirían los beneficios obtenidos en una mejora verificable de la rentabilidad, las infraestructuras y la calidad del servicio.

La segunda gran tensión aparece al examinar la distancia entre el objetivo de crecimiento y la retirada internacional que Telefónica está ejecutando. El 6 de octubre, la Agencia EFE informaba de que la operadora se encontraba en la fase final de su salida de México, después de que la autoridad de competencia autorizara la venta de su negocio a Melisa Acquisition, consorcio vinculado a OXIO y Newfoundland Capital Management. La operación, acordada por un valor de empresa de 450 millones de dólares, todavía estaba pendiente de su cierre definitivo y afectaba a un negocio con más de 20 millones de clientes móviles. La información completa figura en EFE: «Telefónica se prepara para poner fin a 25 años en México».

La salida mexicana se suma a las desinversiones en Argentina, Perú, Uruguay, Ecuador, Colombia y Chile, dentro de una estrategia destinada a reducir la exposición internacional y concentrar los recursos en los cuatro mercados considerados prioritarios. Desde una perspectiva empresarial, abandonar negocios de menor rentabilidad, reducir riesgos y simplificar la estructura puede ser compatible con una estrategia de crecimiento sostenible. Una compañía no necesita mantener presencia en numerosos países para crear valor. Sin embargo, cuando sus responsables defienden la escala como un elemento decisivo de competitividad, resulta imprescindible explicar por qué determinadas dimensiones empresariales dejan de ser convenientes mientras otras se consideran estratégicamente necesarias.

La aparente contradicción puede entenderse si se distingue entre presencia internacional y escala dentro de cada mercado. Telefónica puede considerar más rentable concentrar recursos en cuatro países que mantener operaciones dispersas en numerosos territorios. Pero esa decisión solo podrá valorarse adecuadamente cuando se conozca qué rentabilidad proporcionaban los negocios vendidos, qué costes ha supuesto su salida y qué rendimiento generarán los recursos liberados. Los 450 millones de dólares asociados a la operación mexicana constituyen un dato relevante, pero no permiten calcular por sí solos el resultado económico acumulado de veinticinco años de actividad ni determinar si la desinversión representa un éxito o un fracaso.

La verdadera cuestión no es cuántos países abandona Telefónica, sino si la concentración de su actividad permitirá mejorar de forma demostrable la rentabilidad del capital, la generación de caja y su capacidad de inversión. Esa explicación adquiere especial importancia cuando el propio informe de BEREC cuestiona que pertenecer a un grupo de mayor dimensión garantice sistemáticamente mejores resultados. La dirección debe demostrar que la nueva estructura geográfica ofrece ventajas económicas reales y no limitarse a presentar la reducción del perímetro empresarial como una mejora automática de eficiencia.

El tercer elemento de contraste aparece en Reino Unido. El 7 de octubre se conocía que Virgin Media O2, empresa conjunta participada por Telefónica y Liberty Global, había renovado hasta 2038 el patrocinio del recinto londinense The O2. El acuerdo, suscrito con AEG, alcanza aproximadamente 200 millones de libras, equivalentes a unos 236 millones de euros, y contempla un coste anual de 20 millones de libras a partir de 2027, alrededor de un 50% superior al contrato anterior. La operación fue detallada por Cinco Días en su información sobre la renovación del patrocinio.

La decisión coincide con un contexto de presión financiera para Virgin Media O2, que mantiene una deuda elevada y ha estudiado medidas de reducción de costes. Según las informaciones publicadas, la compañía británica analiza actuaciones de eficiencia que podrían alcanzar unos 700 millones de euros, incluyendo ajustes operativos y otras medidas destinadas a mejorar su posición financiera. El contraste entre esos esfuerzos y la renovación de un patrocinio de larga duración plantea una pregunta razonable: ¿qué rentabilidad comercial justifica comprometer semejantes recursos cuando la empresa necesita reforzar su disciplina financiera?

Conviene evitar una comparación engañosa. Los 236 millones de euros corresponden al valor aproximado de un contrato distribuido durante varios años, no a un desembolso inmediato. Tampoco pueden atribuirse íntegramente a Telefónica, puesto que Virgin Media O2 es una empresa conjunta con estructura societaria propia. Por tanto, equiparar directamente el patrocinio londinense con el precio de venta de la filial mexicana no permitiría extraer conclusiones financieras rigurosas. Son operaciones diferentes, realizadas en negocios distintos y con objetivos económicos que deben evaluarse por separado.

Ahora bien, estas precisiones no eliminan la necesidad de justificar la decisión. Un patrocinio puede generar notoriedad de marca, fidelización, captación de clientes y ventajas comerciales. La renovación de The O2 amplía, además, determinados beneficios asociados al programa de acceso preferente a espectáculos para clientes. Lo que debe demostrarse es que esos beneficios compensan el coste del contrato y ofrecen una rentabilidad adecuada frente a otras posibles aplicaciones de los recursos. Sin indicadores sobre captación, retención, ingresos adicionales o retorno comercial, no puede afirmarse que el patrocinio sea ineficiente, pero tampoco cabe considerar acreditada su conveniencia económica.

 

La tensión resulta especialmente relevante porque la estrategia de Telefónica sitúa la simplificación operativa, la eficiencia y la disciplina financiera entre sus principales compromisos. Mantener inversiones comerciales importantes no es incompatible con reducir costes, siempre que las primeras generen valor suficiente. La coherencia de la gestión depende precisamente de esa demostración. De poco serviría alcanzar determinados objetivos de ahorro si, simultáneamente, se asumieran compromisos cuya contribución económica no pudiera justificarse con criterios objetivos.

A estas cuestiones empresariales se añade una cuarta dimensión: la incertidumbre institucional que rodea a la dirección de Telefónica y su relación con el escenario político español. El 7 de octubre, El Confidencial Digital publicaba que la operadora estaría recurriendo a consultores privados con capacidad de interlocución con el Partido Popular y Vox para preparar sus relaciones ante un eventual cambio de Gobierno. La información vinculaba esos movimientos con la relevancia de la participación estatal, próxima al 10% del capital a través de la SEPI, y con las expectativas sobre la continuidad de Marc Murtra. El medio también recogía que los partidos mencionados afirmaban no tener constancia de reuniones relacionadas con esas gestiones. Puede consultarse en El Confidencial Digital: «Telefónica recurre a consultores privados para acercarse a PP y Vox si cambia el Gobierno».

Una empresa estratégica y regulada necesita mantener relaciones institucionales con las administraciones públicas y con las distintas fuerzas políticas. Esa interlocución, siempre que se desarrolle con transparencia y dentro de los cauces legales, no constituye por sí misma una irregularidad. Lo que merece atención es la posibilidad de que las expectativas sobre la continuidad de sus máximos responsables se conviertan en un elemento de incertidumbre para la ejecución de un plan que establece compromisos hasta 2030 y contempla objetivos posteriores hasta 2035. La información publicada permite analizar ese riesgo, pero no demuestra la existencia de acuerdos políticos ni que las decisiones empresariales estén subordinadas a negociaciones partidistas.

El debate se intensificó con otra información publicada el mismo día por Hispanidad, que atribuía a Marc Murtra una supuesta petición a Salvador Illa para incorporarse al Gobierno catalán y recogía afirmaciones sobre posibles movimientos de Javier de Paz y Esteban González Pons relacionados con el futuro de Telefónica. Estas cuestiones aparecen en Hispanidad: «Telefónica en derribo. Marc Murtra pide una consejería a Salvador Illa...». Se trata de afirmaciones atribuidas a un medio periodístico que no deben presentarse como decisiones, compromisos o nombramientos confirmados. Su incorporación al análisis únicamente permite constatar que la continuidad de determinados responsables está siendo objeto de informaciones y especulaciones públicas.

La relevancia empresarial de esta situación no depende de que esas afirmaciones terminen confirmándose. Un proyecto de transformación de largo plazo necesita mecanismos de gobierno corporativo capaces de garantizar su ejecución con independencia de los cambios políticos y de los relevos en la dirección. Telefónica es una compañía cotizada, no una empresa pública, y la participación estatal, aunque relevante, es minoritaria. Por ello, la continuidad o sustitución de sus administradores debe ajustarse a los procedimientos societarios correspondientes y a criterios de desempeño, diligencia y responsabilidad ante la propia sociedad.

En este punto aparece una tensión especialmente significativa. Mientras Telefónica reclama mayor previsibilidad regulatoria para comprometer inversiones de largo plazo, las informaciones sobre su gobernanza plantean interrogantes acerca de la estabilidad institucional necesaria para ejecutarlas. No debe confundirse la estabilidad de un proyecto empresarial con la permanencia obligatoria de unos directivos concretos. Los relevos pueden ser legítimos y, en determinadas circunstancias, convenientes. Lo importante es que las decisiones respondan a criterios empresariales transparentes y que el cumplimiento de la estrategia no dependa exclusivamente de los equilibrios políticos.

El contexto de renovación directiva aporta otro elemento verificable. Según un recuento publicado por El País sobre los cambios en las cúpulas de Telefónica e Indra, Telefónica ha registrado 36 movimientos entre ceses, nombramientos y relevos desde que la SEPI alcanzó el 10% de su capital. Entre ellos figuran la salida de José María Álvarez-Pallete y la llegada de Marc Murtra a la presidencia en enero de 2025, así como el posterior relevo de Ángel Vilá por Emilio Gayo. El recuento no demuestra por sí mismo una intervención política en cada decisión, pero permite dimensionar la transformación experimentada por la estructura directiva.

La cuestión esencial es cómo se garantiza la continuidad estratégica en una organización sometida a cambios relevantes de liderazgo mientras desarrolla un proceso de transformación de gran alcance. El Consejo de Administración debe desempeñar aquí una función determinante, no solo mediante la aprobación de las principales decisiones, sino también supervisando sus resultados, controlando los riesgos y asegurando que los compromisos empresariales puedan evaluarse con independencia de quién ocupe la presidencia o la dirección ejecutiva.

Todo ello devuelve el análisis al informe de BEREC. Si el regulador europeo cuestiona que la fragmentación constituya una explicación general de las dificultades inversoras del sector, Telefónica necesita diferenciar con precisión los problemas derivados del entorno competitivo de aquellos relacionados con su propia trayectoria empresarial. El endeudamiento, el coste del capital, las inversiones históricas, la rentabilidad de determinados mercados, la eficiencia operativa y la asignación de recursos son factores que deben analizarse individualmente. La actual dirección ha heredado una estructura empresarial construida durante décadas, por lo que no sería riguroso atribuirle automáticamente todas sus dificultades. Pero sí corresponde a sus responsables explicar cómo pretenden resolverlas y qué resultados están obteniendo con las decisiones que adoptan.


La competencia tampoco puede presentarse como una causa universal de los problemas de rentabilidad. BEREC aporta evidencias de que el marco competitivo europeo ha contribuido a impulsar el despliegue de infraestructuras, la innovación y unos servicios relativamente asequibles. Ello no significa que la regulación sea perfecta ni que no existan razones para revisar determinadas obligaciones. Significa que cualquier propuesta de concentración o flexibilización regulatoria debe demostrar beneficios concretos, teniendo en cuenta tanto la sostenibilidad económica de los operadores como sus posibles consecuencias para los consumidores.

Desde esta perspectiva, el futuro de Telefónica no debería evaluarse exclusivamente por su capacidad para aumentar de tamaño mediante adquisiciones o fusiones, sino por la rentabilidad y sostenibilidad de su modelo empresarial. La generación de caja, la evolución de la deuda, la rentabilidad del capital empleado, la calidad de las redes, la satisfacción de los clientes y el cumplimiento de los compromisos de inversión ofrecen criterios más precisos para valorar la transformación. El crecimiento puede contribuir a esos objetivos, pero no constituye por sí mismo una prueba de creación de valor.

Existe, además, una dimensión que merece especial atención: las consecuencias laborales de una estrategia que sitúa la eficiencia, la automatización y la simplificación entre sus principales prioridades. Telefónica defiende la transformación tecnológica y el desarrollo del talento como elementos necesarios para competir en el futuro. Sin embargo, cualquier proceso de reestructuración plantea una cuestión fundamental: qué parte de los ahorros procede de mejoras reales de productividad y qué parte se obtiene mediante la reducción de costes laborales.

Reducir plantilla puede mejorar determinados indicadores financieros a corto plazo, pero no equivale necesariamente a aumentar la eficiencia estructural de una organización. Una transformación sostenible exige preservar el conocimiento técnico, desarrollar nuevas competencias, adaptar los perfiles profesionales a las necesidades tecnológicas y garantizar que los cambios organizativos no deterioren la calidad del servicio. La automatización y la inteligencia artificial pueden generar mejoras relevantes, pero su contribución debe medirse también por sus efectos sobre la productividad, la capacidad de innovación y el funcionamiento de la empresa.

Esta dimensión laboral conecta directamente con la responsabilidad de los gestores. Si la dirección reclama un marco regulatorio que facilite mayores inversiones, también debe demostrar que los recursos disponibles se utilizan de manera eficiente y que los esfuerzos exigidos a las plantillas guardan proporción con los resultados esperados. La coherencia empresarial no se limita a reducir gastos, sino que exige justificar las prioridades de inversión, evaluar los compromisos comerciales y garantizar que las decisiones de corto plazo no debiliten las capacidades necesarias para competir en el futuro.

Las noticias conocidas durante estos días permiten identificar, por tanto, cuatro cuestiones que requieren explicaciones concretas por parte de Telefónica: qué beneficios verificables espera obtener de una mayor consolidación europea; cómo contribuirán las desinversiones internacionales a mejorar su posición financiera; qué rentabilidad justifican los principales compromisos comerciales de sus negocios; y qué mecanismos garantizan la independencia y estabilidad de su gobierno corporativo. A ellas se añade una quinta, directamente relacionada con el futuro de los trabajadores: cómo se distribuirán los esfuerzos de transformación y qué inversiones se realizarán para conservar y desarrollar las capacidades profesionales de la organización.

No se trata de afirmar que todas las decisiones examinadas sean erróneas ni de presentar como hechos las especulaciones publicadas sobre determinados responsables. La salida de mercados puede mejorar la rentabilidad, los patrocinios pueden generar retornos comerciales y la interlocución institucional forma parte de la actividad ordinaria de una gran compañía. Tampoco el informe de BEREC constituye una auditoría individual de Telefónica ni demuestra que su plan estratégico esté condenado al fracaso. La cuestión es distinta: ninguna de esas decisiones debería considerarse acertada únicamente por encajar en el discurso oficial de transformación; su conveniencia debe acreditarse mediante resultados y datos contrastables.

La responsabilidad de los gestores: de las promesas estratégicas a los resultados verificables

La responsabilidad de Marc Murtra, Emilio Gayo y el Consejo de Administración no termina con la presentación de Transform & Grow. Un plan estratégico establece objetivos, pero es la ejecución la que determina su credibilidad. Por eso, los responsables de Telefónica deben explicar cómo se están utilizando los recursos de la compañía, qué rentabilidad esperan de las principales decisiones, qué riesgos están asumiendo y qué mecanismos permiten corregir las desviaciones cuando los resultados no responden a las previsiones.

El Consejo de Administración desempeña una función esencial en esa evaluación. Su obligación no consiste únicamente en respaldar las grandes decisiones empresariales, sino también en supervisar su ejecución y exigir explicaciones sobre sus consecuencias económicas, operativas y laborales. La existencia de una participación estatal minoritaria añade relevancia institucional al debate, pero no sustituye las responsabilidades de los administradores ni convierte las decisiones corporativas en cuestiones que deban resolverse atendiendo a afinidades políticas.

La publicación del informe de BEREC introduce una exigencia adicional de rigor. Telefónica puede defender legítimamente que necesita ganar escala, pero debe demostrar qué ventajas concretas obtendrá y por qué esas ventajas no pueden alcanzarse mediante otras alternativas empresariales. Del mismo modo, debe acreditar que su retirada internacional mejora la creación de valor, que los compromisos comerciales responden a criterios de rentabilidad y que los objetivos de eficiencia no comprometen las capacidades profesionales necesarias para sostener su actividad.

La cuestión de fondo no es únicamente si Telefónica necesita ser más grande, sino si está utilizando adecuadamente los recursos de los que dispone y si quienes toman las decisiones responden de sus resultados. Esa responsabilidad afecta a los accionistas, pero también a los trabajadores que deben ejecutar la transformación y a los clientes que dependen de sus servicios. No puede trasladarse íntegramente al entorno regulatorio ni explicarse exclusivamente mediante las dificultades competitivas del sector.

Porque una empresa no demuestra que se está transformando simplemente por anunciar una transformación. Lo demuestra cuando sus inversiones generan resultados, sus decisiones crean valor sostenible, sus trabajadores disponen de las capacidades necesarias para afrontar el futuro y sus gestores cumplen los compromisos que asumen.

Y esa es la pregunta que debería permanecer después de analizar las conclusiones de BEREC y las últimas noticias sobre Telefónica: si la operadora reclama a Europa mejores condiciones para competir, ¿está demostrando con la misma exigencia que utiliza de la mejor manera posible las condiciones y los recursos de los que ya dispone?

 

Epílogo: La anomalía de Telefónica bajo Marc Murtra: entre el discurso estratégico y la realidad de los hechos

La historia de la Nueva Coca-Cola, con la que comenzaba este post, recuerda que las grandes decisiones empresariales no se convierten en acertadas por la convicción con la que se defienden, por el prestigio de quienes las adoptan ni por la ambición de los planes que las justifican. En 1985, Coca-Cola tuvo que rectificar una decisión que había presentado como una oportunidad para reforzar su posición competitiva. La realidad terminó imponiéndose sobre las previsiones. No es una historia comparable en sus circunstancias a la de Telefónica, pero sí una referencia útil para recordar que la credibilidad de una estrategia depende de su coherencia con los hechos y de la capacidad de sus responsables para responder ante ellos.

La anomalía que hoy vive Telefónica bajo la presidencia de Marc Murtra no consiste en que esté atravesando una transformación empresarial, sino en la acumulación de tensiones entre el discurso que sostiene esa transformación y las decisiones que acompañan su ejecución. La compañía reclama mayor escala para competir en Europa mientras reduce su presencia internacional; defiende la disciplina financiera mientras una de sus principales participadas asume compromisos comerciales de considerable duración; exige un entorno regulatorio más favorable mientras BEREC cuestiona que la concentración empresarial garantice automáticamente mayores inversiones; y presenta una estrategia con horizonte de largo plazo en un contexto de intensa renovación de sus órganos directivos y de informaciones periodísticas sobre incertidumbres políticas que, en lo no confirmado, deben seguir tratándose como tales.

No todas estas circunstancias constituyen contradicciones económicas demostradas, pero su coincidencia configura una situación que exige explicaciones más precisas de las ofrecidas por el discurso estratégico. Vender negocios puede mejorar la rentabilidad, un patrocinio puede generar retornos comerciales y una compañía puede necesitar mayor escala en determinados mercados mientras abandona otros. Lo que no puede darse por supuesto es que todas esas decisiones crean valor simplemente porque se presentan bajo una misma estrategia de transformación. La coherencia empresarial debe demostrarse mediante cifras, objetivos verificables y resultados, no mediante la reiteración de conceptos como crecimiento, eficiencia o consolidación.

A esta situación se añade una particularidad institucional que merece atención. Telefónica es una sociedad cotizada con una participación estatal minoritaria relevante, sometida a obligaciones de gobierno corporativo y dirigida por un equipo que debe responder ante la compañía y sus accionistas. La llegada de Marc Murtra a la presidencia, los posteriores cambios en la dirección y las informaciones publicadas sobre posibles movimientos políticos no acreditan por sí mismos interferencias indebidas. Sin embargo, sí hacen especialmente importante que el Consejo de Administración garantice la independencia de sus decisiones, la continuidad de los compromisos estratégicos y una evaluación rigurosa de la gestión, al margen de cualquier expectativa de permanencia personal o cambio de escenario político.

La responsabilidad de Marc Murtra y de su equipo no consiste en resolver de inmediato todos los problemas acumulados por Telefónica durante décadas, pero sí en demostrar que las decisiones adoptadas bajo su presidencia están corrigiendo esos problemas y no limitándose a modificar la estructura de la compañía. La reducción del perímetro internacional, la búsqueda de operaciones de consolidación y los objetivos de eficiencia deben traducirse en mejoras comprobables de rentabilidad, generación de caja, capacidad inversora y competitividad. También deben permitir valorar sus consecuencias laborales, porque una transformación que exige esfuerzos a los trabajadores necesita acreditar que esos sacrificios forman parte de una mejora empresarial real y sostenible.

El informe de BEREC añade una advertencia que no debería quedar relegada a un debate regulatorio. Si la concentración no garantiza por sí sola mejores resultados, el éxito de Telefónica no puede descansar exclusivamente en conseguir autorización para crecer mediante operaciones corporativas. Debe apoyarse también en la calidad de sus inversiones, en la productividad de su organización, en la gestión de sus recursos y en la capacidad de sus responsables para tomar decisiones económicamente justificadas. Esa es la parte de la transformación que depende directamente de la gestión y sobre la que sus administradores tienen una responsabilidad inmediata.

Coca-Cola reconoció en 1985 que una decisión respaldada por sus previsiones no había producido la respuesta esperada y rectificó. En Telefónica todavía no corresponde hablar de un fracaso equivalente, porque los resultados de su actual transformación deberán evaluarse a medida que se materialicen sus compromisos. Pero tampoco existe motivo para conceder a la estrategia una presunción de éxito antes de comprobar sus efectos. La exigencia debe ser la misma que se aplicaría a cualquier gran empresa: contrastar las promesas con los resultados y exigir responsabilidades por las decisiones adoptadas.

La verdadera anomalía de Telefónica sería que reclamase a Europa condiciones más exigentes para asegurar su futuro y no aplicara idéntico rigor a la evaluación de sus propias decisiones. Bajo la presidencia de Marc Murtra, Telefónica tiene derecho a defender su estrategia, a reorganizar sus negocios y a buscar nuevas oportunidades de crecimiento. Lo que no puede reclamar es que esas decisiones queden al margen del escrutinio económico, societario y laboral.

Porque el problema no es que Telefónica quiera transformarse. El problema sería que la transformación terminara convirtiéndose en una explicación permanente de todas sus decisiones, sin que sus gestores tuvieran que demostrar cuáles han creado valor, cuáles no han cumplido las expectativas y quién debe responder por sus consecuencias.

En 1985, Coca-Cola descubrió que la realidad podía desmentir una estrategia aparentemente convincente. En 2026, la presidencia de Marc Murtra tiene ante sí una obligación mucho más sencilla de formular que de cumplir: demostrar que el futuro de Telefónica se construye con resultados y no únicamente con argumentos.

Ya lo dijo George Orwell: «El lenguaje político está diseñado para hacer que las mentiras parezcan verdades».


 

 

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