COMPLIANCE EN REPSOL Y TELEFÓNICA... ¿DONDE ESTÁ?

 

Cuando Mahatma Gandhi estudiaba Derecho en Londres, un profesor de apellido Peters le tenía mala voluntad…Pero, el alumno Gandhi nunca le bajó la cabeza y eran muy comunes sus desencuentros.

Un día Peters estaba almorzando en el comedor de la Universidad y Gandhi venía con su bandeja y se sentó a su lado. El profesor muy altanero, le dice:
“Estudiante Gandhi, ¡¡ usted no entiende !!Un puerco y un pájaro no se sientan a comer juntos”.

Gandhi le contesta:
— ¡Esté usted tranquilo profesor, yo me voy volando!” y se cambió de mesa.

El profesor Peters lleno de rabia, porque entendió que el estudiante le había llamado PUERCO, decidió vengarse con el próximo examen…Pero el alumno respondió con brillantez a todas las preguntas. Entonces el profesor le hace la siguiente interpelación:

— “Gandhi, si usted va caminando por la calle y se encuentra dos bolsas, una llena de sabiduría y otra de dinero, ¿cuál de las dos se lleva?” … Gandhi responde sin titubear:
— “¡Claro que el dinero, profesor!”

El profesor sonriendo le dice:
— “Yo, en su lugar, hubiera agarrado la sabiduría, ¿no le parece?”

Gandhi responde:
— “Cada uno toma lo que no tiene, profesor”.

El profesor ya histérico, escribe en la hoja del examen: “IDIOTA” y se la devuelve al joven. Gandhi toma la hoja y se sienta… Al cabo de unos minutos se dirige al profesor y le dice:
— “Profesor Peters, usted me ha firmado la hoja, pero no me puso la nota”.

El 6 de julio se publicaba en un diario nacional la siguiente noticia, “Telefónica prestó sus aviones privados al Rey emérito para sus viajes personales” https://bit.ly/3RdW8dz  En la misma se informa, que la operadora prestó sus recursos corporativos para que Juan Carlos I se moviese por todo el mundo en viajes personales cuando abdicó como Rey de España. Así consta en la documentación en manos de la Fiscalía Anticorrupción y en el Ministerio de Hacienda, después de que la Agencia Tributaria le haya reclamado información sobre los regalos recibidos por grandes empresas una vez que dejó la jefatura del Estado en 2014 tras los escándalos sobre su vida privada. Según fuentes próximas al caso, el Rey emérito se sirvió de algunos de los cuatro aviones privados que Telefónica tuvo hasta 2019 para viajar fuera de España, gracias a su buena relación con César Alierta, presidente del grupo de telecomunicaciones desde el verano de 2000 hasta abril de 2016. Alierta, que solía recibir a Juan Carlos I en las propias instalaciones de la compañía para hablar de los temas privados del monarca, incluidas sus inversiones, así como a Juan Luis Cebrián, expresidente de Prisa, le cedió las aeronaves en numerosas ocasiones, según aseguran fuentes cercanas al grupo dirigido ahora por José María Álvarez-Pallete. La Fiscalía Anticorrupción y la Agencia Tributaria ya tienen en sus manos los datos de lo que el Rey emérito ha defendido como atenciones protocolarias abonadas por terceros en el marco de la investigación llevada a cabo para saber si el uso de los aviones corporativos y la asistencia habitual a monterías debían haber sido declarados. Unas pesquisas que son la prolongación de la regularización fiscal que el padre de Felipe VI realizó en enero de 2021 de forma “voluntaria” y “espontánea” para evitar ser imputado por la Fiscalía del Tribunal Supremo después de haber recibido donaciones millonarias desde sociedades en el extranjero. Telefónica afirma no disponer de los registros de las personas que utilizaron las aeronaves, ya que la Ley 3/2018 sobre protección de datos le obliga a destruir esta información confidencial tres meses después de cada vuelo. Pero otras fuentes cercanas al grupo participado por BBVA y La Caixa reconocen la cesión de las aeronaves al emérito, que en su día ya pidió a Alierta que colocase a su yerno Iñaki Urdangarin en Telefónica Internacional con una remuneración de dos millones por año. Además, aseguran que los aviones de la empresa fueron utilizados también por algún exministro del Partido Popular muy cercano al presidente de la operadora, así como por políticos del PSOE, como la exdirigente socialista Susana Díaz. El Confidencial ha intentado sin éxito conseguir la versión de los asesores del Rey emérito sobre esta información. Desde Telefónica, indican que “la Comisión de Auditoría aprobó un reglamento muy estricto según el cual los aviones de la compañía solo pueden ser utilizados para fines estrictamente profesionales”. Una decisión que fue corroborada por el consejo de administración, lo cual demuestra la relevancia que se le dio internamente a una norma que sería de sentido común. Sin embargo, estas fuentes oficiales han declinado precisar cuándo se impuso dicha medida, si antes o después de la dimisión de Alierta o cuando Pallete tomó la presidencia en la primavera de 2016. Otras fuentes próximas a la multinacional española indican que esta normativa interna fue ordenada por Pallete para evitar este tipo de actuaciones, de las que estaba al tanto debido a que había sido consejero delegado desde 2012. De hecho, una de las primeras medidas adoptadas por Pallete fue poner orden en Lotca Servicios Integrales, la sociedad de Telefónica que era propietaria de cuatro aviones privados. 

El 7 de julio se publicaba en otro diario la siguiente noticia, “Gayo presidirá la alianza solar de Repsol y Telefónica con Arbizu de abogado jefe” https://bit.ly/3bWSdBR En la misma se informa que Telefónica y Repsol eligen a Emilio Gayo y Eduardo Arbizu como primeros espadas de su joint venture solar, que inició su actividad hace unas semanas. El 'número uno' de la teleco en España ha sido nombrado presidente de Solar360, la sociedad dedicada a la venta de placas fotovoltaicas controlada conjuntamente por ambos referentes del Ibex 35. Mientras que Arbizu, abogado of counsel de Pérez-Llorca y exjefe de los Servicios Jurídicos de BBVA, será el vicesecretario del consejo de la compañía. El fichaje de Arbizu como abogado jefe no ha pasado desapercibido en el mundillo legal. El  abogado del Estado en excedencia cuenta con más de 30 años de ejercicio y una larga experiencia en los primeros niveles de responsabilidad de distintas divisiones de grupos financieros como Barclays o el propio BBVA.

Eduardo Arbizu fue destituido del BBVA en julio del 2019 por el escándalo por las relaciones de BBVA con la empresa Cenyt, del excomisario José Villarejo, y un día después de que la Audiencia Nacional imputara a la entidad por los delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y corrupción en los negocios https://bit.ly/3Axc8Bl Arbizu, que comparecía ante el magistrado a petición propia tras haber guardado silencio cuando fue citado en noviembre de 2019 con el argumento de que la causa estaba entonces secreta, insistió en que solo tuvo conocimiento de la existencia de esos supuestos trabajos en mayo 2018, al salir a la luz pública la vinculación del banco con el policía tras la detención de este. Según detallan fuentes jurídicas presentes cuando fue interrogado, Arbizu declaró durante dos horas y media y únicamente ha respondido a las preguntas de su abogado defensor y de la Fiscalía Anticorrupción. En sus respuestas, el exdirectivo negó haberse reunido o intercambiado llamadas de teléfono y correos electrónico con el policía o su socio, el abogado Rafael Redondo. También ha insistido en que nunca llegaron a sus manos los informes que, entre 2002 y 2017, Villarejo elaboró para el banco y por los que se embolsó 10,3 millones de euros. El exdirectivo del BBVA también ha negado que hablara nunca de ello con el entonces presidente, Francisco González, también imputado. Arbizu en su declaración en el juzgado, insistió en que a pesar de ocupar desde 2007 la máxima responsabilidad de la asesoría legal y compliance de la entidad (el área que se encarga de que se cumplan las normas internas y externas), nunca fue su responsabilidad controlar estas contrataciones. Ante estas afirmaciones, el fiscal ha mostrado al antiguo ejecutivo correos electrónicos enviados entre julio de 2011 y enero de 2012 que apuntan a que los contratos con Cenyt (el epicentro de la trama empresarial de Villarejo) fueron supuestamente revisados en parte por Arbizu y otros implicados tras sufrir modificaciones. Estos mensajes figuran en el informe de la auditoria interna que el banco entregó al juez el pasado noviembre. El exdirectivo insistió en que él no tuvo nada que ver en ello y ha recordado que su nombre no aparece ni en las agendas ni en las grabaciones intervenidas a Villarejo en los registros realizados en su casa tras su arresto https://bit.ly/3yoXg5n

Ante ambas noticias cabe preguntarse, ¿Dónde está el “compliance” (cumplimiento) que debe presidir la gestión de compañías tan importantes como son Telefónica y Repsol? Esta corriente basada en el estricto cumplimiento de las normas a las que están sometidas las organizaciones económicas como son las compañías, tiene sus orígenes en la lucha de bloques que originó la guerra fría. En los años 70 concurrieron dos hechos críticos, el caso Watergate y las denuncias promovidas por la URSS de prácticas corruptas de multinacionales norteamericanas en países en desarrollo. Las investigaciones realizadas por las autoridades con el fin de salvar el capitalismo en busca de comportamientos empresariales más éticos dieron lugar al nacimiento del Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) que exige a las corporaciones americanas por primera vez la figura de un “Compliance Officer” que vele por evitar este tipo de prácticas. La FCPA es el embrión de todos los sistemas de Antibribery (término empleado para describir los sistemas o normas contra la corrupción o el soborno) que se han desarrollado posteriormente. En España, es el art. 31 bis del Código Penal establece los requisitos que son necesarios para la implementación del Programa de Compliance para conseguir un medio eficaz para exonerar o, en su caso, atenuar la responsabilidad penal de la dirección de la empresa https://bit.ly/3RhMdDT   La norma es todavía más exigente que los estándares reconocidos a nivel internacional, como por ejemplo la norma ISO 19600.

Por otro lado, surge la cuestión fundamental cuando se implanta este tipo de políticas, ¿quién controla al instigador y promotor de esta doctrina en las compañías que tienen implantados dichos procesos? Actualmente, y en número de condenas con sentencia firme, hay en España 51 condenas por responsabilidad penal de personas jurídicas. De ellas, casi la mitad están relacionadas con delitos contra la hacienda pública, y nueve lo son por estafa. El resto son condenas por blanqueo de capitales, delito ecológico, contrabando, delito urbanístico e insolvencia punible. Las multas impuestas a las empresas por falta de cumplimiento en materia de compliance ascienden a la nada despreciable suma de 2.450 millones de euros, desde que entró en vigor la reforma del Código Penal en 2015, que introdujo la responsabilidad penal de las personas jurídicas. En cuanto a la naturaleza de las condenas, la gran mayoría estuvieron relacionadas con el delito fiscal, seguidas a más distancia por casos relacionados con estafa y la insolvencia punible, según datos publicados por la Audiencia Nacional. Según este informe, la mayor parte de los planes de compliance que existen se centran en los posibles delitos que puedan cometer los empleados. Aunque la realidad es que, en el 95% de los procesos penales contra personas jurídicas, los que cometieron el delito fueron los directivos y no los empleados.

Desde la reforma del artículo 31 bis Código Penal de 2015 las consecuencias son mucho más graves que antes:  

• Las modificaciones realizadas han endurecido notablemente las reglas de juego, añadiendo consecuencias mucho más graves para las empresas. 
• Antes, la empresa respondía de por sí mediante responsabilidad civil, de forma subsidiaria. Con la nueva legislación, la empresa tiene una responsabilidad penal directa o indirecta, según el caso. 
• Esta responsabilidad ahora se transfiere a niveles jerárquicos, a personal con poder de organización o de decisión. Esto, por supuesto, incluye a los miembros del Órgano de Gobierno correspondiente.
• Es decir, quien responde legalmente es el autor, pero también quienes eran responsables de su supervisión y aquellos que están al mando de la empresa, aunque no hayan intervenido en el acto de incumplimiento o en el delito.

Y con la reciente implantación de la  ISO 37301 se establecen los requisitos de un sistema de gestión que:

• Identifica las obligaciones de las organizaciones
• Fomenta la cultura del cumplimiento en un amplio sentido
• Evidencia el compromiso
• Refuerza la función del cumplimiento y evidencia este compromiso ante terceros

Para terminar el post, quiero manifestar que cuestiones como las reveladas en ambas noticias, son las que socaban el compromiso y cumplimiento del compliance dentro de las organizaciones empresariales, puesto que si quien patrocina y promociona la misma no da ejemplo, ¿qué podemos esperar? Seguramente nada cambiará con respecto a las personas que reflejan ambas noticas, lo que estoy seguro es que para el resto de stakeholders (grupos de interés de las compañías como empleados, accionistas, proveedores, etc.) este es un clavo más que cierra un ataúd en el que se ha convertido la ética y principios que deben regir en la actividad económica de nuestras compañías.

Que le vamos a hacer, no podemos pedir que las compañías españolas estén presididas por un Gandhi… Pero por lo menos, lo que si debemos pedir es que a la ciudadanía no la tomen por tonta.

Ya lo dijo Mahatma Gandhi: “Mucha gente, especialmente la ignorante, desea castigarte por decir la verdad, por ser correcto, por ser tú. Nunca te disculpes por ser correcto, o por estar años por delante de tu tiempo. Si estas en lo cierto y lo sabes, que hable tú razón. Incluso si eres una minoría de uno solo, la verdad sigue siendo la verdad”.