En una fábrica comenzó a aparecer una pequeña grieta en una de las paredes principales. El primer trabajador que la vio pensó que no era asunto suyo. El segundo la observó, pero prefirió no decir nada para evitar problemas con sus superiores. El encargado la conocía, aunque decidió aplazar la reparación para no afectar a los resultados del trimestre. La dirección también fue informada, pero concluyó que reconocer el problema podía perjudicar la imagen de la empresa.
Durante meses, todos supieron que la grieta existía y cada uno encontró una razón para guardar silencio. Hasta que una mañana la pared cedió y obligó a cerrar toda la planta. Entonces comenzaron las preguntas sobre quién era responsable.
La respuesta era incómoda: la pared no se había derrumbado únicamente por culpa de quien no la reparó, sino también por la complicidad de todos los que la vieron crecer y eligieron mirar hacia otro lado.
Telefónica ha pasado de ser una de las grandes referencias empresariales de España a convertirse en el ejemplo más visible de una prolongada destrucción de valor. La caída de su capitalización, las pérdidas asumidas por accionistas históricos como BBVA y CaixaBank y la incapacidad de sus sucesivas presidencias para revertir el deterioro obligan a examinar con dureza su modelo de gestión y supervisión. No se trata solo de una cuestión bursátil: está en juego la fortaleza de una compañía estratégica para las comunicaciones, la economía y la soberanía tecnológica del país.
El día 4 de agosto se publicaba en un diario nacional que el BBVA ha contabilizado un ajuste de aproximadamente 900 millones de euros contra su patrimonio como consecuencia de la pérdida de valor de la participación histórica que mantenía en Telefónica. La entidad financiera conservaba desde el año 2001 un paquete cercano al 5% del capital de la operadora, aunque a lo largo de los años se produjeron variaciones puntuales que situaron su participación entre aproximadamente el 4% y el 6%. El banco ha aplicado este ajuste siguiendo el tratamiento contable permitido por la norma IFRS 9, en vigor desde enero del año 2018. Esta normativa ofrece a las entidades dos alternativas para registrar las variaciones de valor de determinadas participaciones financieras disponibles para la venta: reflejarlas directamente en la cuenta de resultados o contabilizarlas contra el patrimonio. BBVA optó por esta segunda fórmula, por lo que actualiza cada trimestre el valor de su inversión en Telefónica de acuerdo con la cotización bursátil de la compañía y registra las diferencias en su patrimonio.
Del ajuste total de unos 900 millones de euros, aproximadamente 700 millones dejaron de figurar como una partida negativa en las cuentas semestrales de BBVA después de que el banco vendiera un 3% del capital de Telefónica el 30 de junio. Esta operación provocó que la entidad perdiera la condición de accionista significativo de la operadora. Como consecuencia de la desinversión, el activo de BBVA se redujo en cerca de 600 millones de euros. Esta disminución responde a la salida del balance de las acciones correspondientes al 3% vendido y a la posterior valoración del 1,96% que el banco todavía mantenía, tomando como referencia la capitalización bursátil de Telefónica al cierre del primer semestre. Tras la operación, BBVA conserva una participación del 1,96% en Telefónica. Según la información publicada, la entidad prevé desprenderse progresivamente de este porcentaje restante mediante ventas graduales en el mercado. Al haber dejado de ser un accionista significativo, el banco ya no estará obligado a comunicar cada uno de estos movimientos al supervisor bursátil en los mismos términos que cuando mantenía una participación de referencia.
De los aproximadamente 900 millones de euros contabilizados contra patrimonio, unos 200 millones continuaban registrados como un ajuste negativo en la información financiera remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Esta cantidad permanecerá reflejada mientras BBVA conserve el 1,96% de Telefónica. Cuando se complete la venta de esta participación, el banco dará de baja definitivamente la inversión y el impacto final sobre el activo dependerá de la cotización de las acciones en el momento en que se materialicen las operaciones. La venta del 3% supone un cambio relevante en la relación histórica entre BBVA y Telefónica. Durante más de dos décadas, el banco mantuvo una presencia estable en el accionariado de la operadora y contó con representación en su consejo de administración, donde llegó a ocupar una vicepresidencia. Sin embargo, en los últimos años la participación pasó a ser considerada una inversión financiera y no estratégica.
La relación entre ambas compañías también cambió después de la entrada de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, la SEPI, en el capital de Telefónica durante el año 2024. Posteriormente, BBVA perdió peso dentro del máximo órgano de gobierno de la operadora. La modificación de la política de dividendos de Telefónica, que contempló una reducción a la mitad de la remuneración con cargo a los resultados del ejercicio, también se produjo en este nuevo contexto accionarial. El sistema contable utilizado actualmente permite que las minusvalías acumuladas de la participación no se registren como pérdidas en la cuenta de resultados de BBVA. La situación fue diferente en 2017, antes de la entrada en vigor de IFRS 9. En aquel ejercicio, el banco reconoció unas minusvalías de 1.123 millones de euros relacionadas con su inversión en Telefónica directamente en sus resultados.
El ajuste actual apenas habría tenido incidencia en la ratio de capital CET1 de BBVA, aunque la venta de las acciones permitirá liberar los activos ponderados por riesgo asociados a esta participación. Al desaparecer la inversión del balance, también deja de existir el consumo de capital regulatorio vinculado a ella. Al cierre de junio, la ratio CET1 de máxima calidad de BBVA se situaba en el 12,90%, frente al 13,34% registrado un año antes. Este nivel se mantenía por encima del requisito mínimo del 8,98% y también superaba el rango de gestión establecido por la entidad, situado entre el 11,5% y el 12%.
BBVA pretende optimizar la venta del 1,96% que todavía conserva en Telefónica para obtener el mayor rendimiento posible. La entidad podría utilizar un procedimiento similar al empleado anteriormente, mediante ventas progresivas de acciones y operaciones realizadas a través de instrumentos derivados. El consejero delegado de BBVA, Onur Genç, confirmó el carácter financiero de la inversión al señalar que se trata de una participación que el banco irá optimizando de manera periódica. Estas declaraciones coinciden con la consideración de la participación en Telefónica como un activo no estratégico y con la intención de BBVA de completar gradualmente su salida del accionariado de la operadora https://tinyurl.com/mwzfvdxa
Estudio de la participación de “la Caixa” en Telefónica y de sus pérdidas contables
Para estudiar correctamente esta cuestión hay que distinguir entre CaixaBank y CriteriaCaixa, porque no son el mismo balance ni han mantenido exactamente la misma participación. La inversión histórica comenzó en 1987 bajo la antigua caja de ahorros. En 2007 pasó al perímetro de Criteria CaixaCorp y, con la reorganización de 2011, la participación histórica quedó en manos de CaixaBank. Paralelamente, desde 2017 CriteriaCaixa comenzó a construir una posición directa propia en Telefónica. Por tanto, durante varios años coexistieron una participación de CaixaBank y otra de CriteriaCaixa https://tinyurl.com/6b9zbyv3
También conviene precisar el vocabulario. No todas las pérdidas relacionadas con Telefónica pueden denominarse técnicamente “provisiones”. En las cuentas aparecen tres conceptos diferentes: ajustes por cambios en la cotización registrados en patrimonio, pérdidas por deterioro cargadas en la cuenta de resultados y, finalmente, pérdidas acumuladas transferidas entre partidas del patrimonio cuando se vende la inversión.
Los deterioros anteriores a la entrada en vigor de IFRS 9
Hasta el año 2017, CaixaBank contabilizaba sus acciones de Telefónica como activos financieros disponibles para la venta, de acuerdo con la normativa anterior. Las variaciones de cotización se acumulaban normalmente en patrimonio, pero cuando la caída cumplía determinados criterios de intensidad o duración, la pérdida acumulada debía reconocerse como deterioro en la cuenta de resultados.
Las cuentas de 2016 muestran que CaixaBank tenía al cierre de aquel ejercicio un 5,15% de Telefónica, valorado en el mercado en 2.288,453 millones de euros. Un año antes poseía el 5,01 %, cuyo valor de mercado era de 2.553,453 millones. Esto significa que, pese a haber realizado compras durante el ejercicio, el valor contable de mercado de la posición volvió a descender https://tinyurl.com/4brbcut6
En el cuadro de movimientos correspondiente a 2015, la línea específica de Telefónica recoge compras por 569,130 millones, ventas por 470,411 millones, 98,618 millones transferidos a resultados y un ajuste negativo a valor de mercado de 358,808 millones. El movimiento neto de la posición de Telefónica fue negativo en 358,707 millones de euros. Al mismo tiempo, CaixaBank contabilizó en el conjunto de sus instrumentos de patrimonio disponibles para la venta unas pérdidas por deterioro de 267,188 millones de euros https://tinyurl.com/4brbcut6
No obstante, las cuentas no atribuyen expresamente los 267,188 millones íntegros a Telefónica. La cifra aparece como deterioro agregado de los instrumentos de patrimonio disponibles para la venta. Por ello, no sería riguroso afirmar que CaixaBank dotó exactamente 267 millones por Telefónica en 2015. Lo que sí puede afirmarse es que la operadora soportó un ajuste de mercado negativo de 358,808 millones y que su línea registró 98,618 millones transferidos a la cuenta de resultados.
En 2016 se produjo una situación parecida. La participación de Telefónica registró compras por 80,179 millones y un ajuste negativo a valor de mercado de 345,179 millones, lo que redujo el valor de la posición en 265 millones de euros. Ese año, CaixaBank reconoció en resultados 233,048 millones de euros de deterioro sobre el conjunto de los instrumentos de patrimonio disponibles para la venta. Las cuentas explican que, después de realizar los análisis de deterioro correspondientes, fue necesario transferir esos 233 millones a resultados. Sin embargo, tampoco distribuyen esa cantidad entre Telefónica y los demás instrumentos de la cartera, por lo que no puede imputarse íntegramente a la operadora sin añadir una conclusión que el informe oficial no contiene.
En 2017 no se reconoció un deterioro específico de Telefónica
Al finalizar 2017, CaixaBank mantenía un 5% de Telefónica, con un valor de mercado de 2.109,346 millones de euros, frente a los 2.288,453 millones del año anterior. La posición sufrió un ajuste negativo de mercado de 180,454 millones y un movimiento neto negativo de 179,107 millones de euros https://tinyurl.com/442drj84
A pesar de esa caída, CaixaBank no reconoció ese año un deterioro específico de Telefónica. Las cuentas explican que durante aproximadamente dos meses de marzo y abril de 2017 —un total de veinte sesiones bursátiles— la cotización superó el coste de adquisición consolidado de la participación. Esto interrumpió el cómputo del periodo utilizado para determinar si existía una caída prolongada que obligara a reconocer un deterioro conforme a las normas contables entonces vigentes.
CaixaBank sí registró en 2017 deterioros por 140,204 millones en el conjunto de sus instrumentos de patrimonio, pero 127,665 millones correspondían expresamente a Sareb y otros 12,539 millones a otras posiciones. El cuadro no asigna ningún deterioro a Telefónica. Por consiguiente, los 140 millones de aquel ejercicio tampoco deben presentarse como una provisión por la operadora.
El cambio contable introducido por IFRS 9
La entrada en vigor de IFRS 9 en enero de 2018 cambió sustancialmente la forma de reflejar estas pérdidas. Para determinadas inversiones en acciones que no se mantienen para negociar, la norma permite elegir de manera irrevocable que los cambios posteriores de valor se registren en “otro resultado global”, es decir, directamente en el patrimonio, en lugar de pasar por la cuenta de resultados. Cuando se vende una inversión acogida a esta opción, la ganancia o pérdida acumulada no se recicla posteriormente a resultados https://tinyurl.com/ms4pwxw3
Este tratamiento explica por qué el deterioro económico de la inversión de CaixaBank en Telefónica continuó reflejándose en su patrimonio, pero no generó nuevas pérdidas equivalentes en la cuenta de resultados. Desde 2018, por tanto, hablar de “provisiones” resulta todavía menos preciso: lo que se fue acumulando fue principalmente una reserva negativa de valoración vinculada a la evolución bursátil de las acciones.
La reducción de la participación y la salida definitiva de CaixaBank
Antes de completar su salida, CaixaBank fue reduciendo y cubriendo parcialmente su exposición mediante operaciones con derivados. En octubre de 2022 liquidó parcialmente una cobertura sobre la participación mediante la entrega de acciones equivalentes al 1% del capital. Al cierre de marzo de 2024, la participación de CaixaBank se había reducido aproximadamente al 2,5%, de la cual cerca del 0,96 % estaba cubierta https://tinyurl.com/4wchftud
La desinversión definitiva se produjo el 10 de junio de 2024. CaixaBank dio de baja toda su participación mediante la liquidación y entrega de las acciones vinculadas a contratos de permuta que representaban un 0,970 % de Telefónica y mediante la venta en el mercado del 1,576 % restante. De esta manera, el banco dejó de ser accionista de la operadora https://tinyurl.com/5dsv4b2b
El cuadro de movimientos de las cuentas de CaixaBank permite reconstruir exactamente el efecto contable. La posición tenía al comenzar 2024 un valor en libros de aproximadamente 714 millones de euros. Durante el ejercicio se dio de baja un importe de 2.104 millones dentro del apartado de ventas y reducciones de capital. Al mismo tiempo, se transfirieron 1.095 millones de pérdidas acumuladas a reservas y se registró un ajuste positivo de mercado de 295 millones. La reconciliación contable es: 714 millones menos 2.104 millones, más 1.095 millones y más 295 millones, lo que deja el saldo final en cero.
Los 1.095 millones de euros constituyen la cifra más claramente identificable como pérdida acumulada de CaixaBank vinculada a su antigua participación en Telefónica. Sin embargo, no fue una nueva provisión dotada en 2024 ni una pérdida cargada ese año a la cuenta de resultados. Era una minusvalía que ya estaba acumulada en el patrimonio como consecuencia de las valoraciones anteriores y que, al desaparecer la inversión, fue transferida a reservas. La venta no tuvo impacto en el beneficio de CaixaBank y mejoró en aproximadamente cinco puntos básicos la ratio de capital CET1 https://tinyurl.com/5dsv4b2b
La ausencia de efecto en resultados se confirma también en la información posterior de CaixaBank: en 2025 disminuyeron los ingresos por dividendos porque el ejercicio anterior todavía incluía el dividendo de Telefónica, cuya participación había sido vendida completamente en el segundo trimestre de 2024 https://tinyurl.com/bdefenfr
La posición diferente de CriteriaCaixa
Mientras CaixaBank se desprendía de su participación, CriteriaCaixa siguió el camino contrario. Criteria había comenzado en 2017 a adquirir una posición directa propia. En abril de 2024 elevó esa participación desde el 2,69 % hasta el 5,007 % y la definió como una inversión estratégica y de largo plazo. En junio de ese mismo año alcanzó el 9,99 % del capital de Telefónica https://tinyurl.com/6b9zbyv3
No se trató contablemente de un traspaso directo de las acciones de CaixaBank a CriteriaCaixa. La documentación oficial describe, por una parte, la venta total realizada por CaixaBank y, por otra, las compras efectuadas por CriteriaCaixa para construir su propia participación. Ambas operaciones coincidieron en el tiempo, pero pertenecen a sociedades y balances diferentes https://tinyurl.com/2nxr2da4
Durante 2024, CriteriaCaixa destinó aproximadamente 1.681 millones de euros al incremento de su inversión en Telefónica. Al alcanzar una posición del 9,99 % y disponer de representación e influencia en la compañía, la participación dejó de presentarse simplemente como un activo financiero cotizado y pasó a clasificarse en las cuentas consolidadas como participación en una empresa asociada. A partir de ese momento se aplica el método de la participación, por el que Criteria reconoce su parte correspondiente en los resultados y variaciones patrimoniales de Telefónica.
En las cuentas oficiales de CriteriaCaixa correspondientes a 2024 no aparece identificada una dotación específica por deterioro de Telefónica comparable a las pérdidas acumuladas por la antigua participación de CaixaBank. La operación se presenta como un aumento de inversión y una reclasificación contable por la influencia alcanzada, no como una provisión destinada a cubrir pérdidas.
La información más reciente publicada por CriteriaCaixa continúa situando su participación en Telefónica en el 9,99 %. Esto significa que la exposición actual de Criteria no debe confundirse con la inversión histórica que CaixaBank liquidó en junio de 2024 https://tinyurl.com/3d4n8r8k
Conclusión
La pérdida contable más clara y directamente atribuible a la antigua participación de CaixaBank en Telefónica asciende a 1.095 millones de euros acumulados en patrimonio, que fueron traspasados a reservas cuando el banco vendió definitivamente sus acciones en el año 2024. Esa cantidad no se cargó contra el beneficio de 2024 debido al tratamiento de IFRS 9.
Antes de 2018 sí hubo deterioros que pasaron por la cuenta de resultados. CaixaBank reconoció 267,188 millones en 2015 y 233,048 millones en 2016 por el conjunto de sus instrumentos de patrimonio disponibles para la venta. Telefónica sufrió durante esos ejercicios importantes ajustes negativos de valoración, pero las cuentas oficiales no asignan íntegramente esos deterioros a la operadora. Por esa razón, no es correcto sumar 267 y 233 millones a los 1.095 millones y presentar el resultado como la totalidad de las “provisiones por Telefónica” https://tinyurl.com/4brbcut6
En 2017 no hubo deterioro específico de Telefónica, porque la recuperación temporal de la cotización interrumpió el periodo necesario para considerar prolongada la caída. Desde 2018, las minusvalías quedaron principalmente registradas contra patrimonio y, al venderse la inversión en 2024, la pérdida acumulada se trasladó a reservas sin afectar a la cuenta de resultados. CriteriaCaixa, por su parte, construyó una inversión nueva que alcanzó el 9,99 % y en sus cuentas de 2024 no figura una dotación específica por deterioro equivalente a la registrada históricamente por CaixaBank https://tinyurl.com/442drj84
Documentación oficial
Las cifras pueden comprobarse en las cuentas anuales y semestrales de CaixaBank, en las cuentas individuales de CriteriaCaixa de 2024, en las cuentas consolidadas de CriteriaCaixa de 2024 y en la comunicación oficial de CriteriaCaixa sobre su participación del 9,99 % en Telefónica.
El deterioro bursátil de Telefónica, sus presidencias y las pérdidas soportadas por BBVA y “la Caixa”
El deterioro bursátil de Telefónica constituye un hecho objetivamente acreditable mediante la evolución de su cotización, su capitalización bursátil y los ajustes contables registrados por algunos de sus principales accionistas históricos. No obstante, para exponer esta situación sin elucubraciones es necesario diferenciar entre la responsabilidad de los presidentes ejecutivos que dirigieron la compañía, la función colectiva del consejo de administración y la posición de BBVA y “la Caixa”, que fueron accionistas relevantes y contaron con representantes en el consejo, pero no ejercieron directamente la presidencia ejecutiva de Telefónica.
La pérdida de valor de Telefónica no comenzó en una única fecha ni puede atribuirse contablemente a una sola operación. Al cierre de 1999, la acción se encontraba en 24,51 euros. Durante el año 2000 descendió un 30%, hasta terminar en 17,25 euros. El propio informe anual de Telefónica situó aquella caída dentro de la elevada volatilidad experimentada por el conjunto del sector europeo de las telecomunicaciones. Juan Villalonga fue presidente hasta el 26 de julio de 2000, fecha en la que fue sustituido por César Alierta. Por tanto, la fuerte caída de aquel ejercicio se desarrolló parcialmente bajo la presidencia de Villalonga y parcialmente bajo la de Alierta, sin que sea correcto atribuir todo el descenso anual exclusivamente a uno de ellos.
César Alierta ocupó la presidencia ejecutiva de Telefónica desde julio de 2000 hasta el 8 de abril de 2016. Durante su mandato se produjo inicialmente una recuperación importante del valor bursátil de la compañía. Al cierre de 2007, Telefónica alcanzaba una capitalización de aproximadamente 106.100 millones de euros. Ese dato constituye una referencia relevante porque muestra el elevado valor que llegó a alcanzar la operadora bajo su presidencia. Sin embargo, durante los años posteriores comenzó un prolongado proceso de reducción bursátil. Al terminar 2015, último ejercicio completo de Alierta como presidente, la acción cerró en 10,24 euros y la capitalización se había reducido a unos 50.921 millones de euros. La acción perdió un 13,2% solamente durante 2015, aunque, incluyendo los dividendos repartidos, la rentabilidad total negativa del accionista fue del 7,9%.
Estos datos acreditan que durante la presidencia de Alierta coexistieron dos etapas muy diferentes. Telefónica alcanzó una valoración superior a los 100.000 millones de euros en 2007, pero cuando terminó su mandato su capitalización se había reducido aproximadamente a la mitad de aquel nivel. Esta comparación no significa que toda la diferencia constituya una pérdida realizada por los accionistas ni que pueda atribuirse exclusivamente a las decisiones personales del presidente. La capitalización bursátil también varía por los dividendos, las ampliaciones o reducciones de capital, las recompras de acciones y las condiciones generales del mercado. Sí demuestra, sin embargo, que una parte sustancial del deterioro bursátil ya se había producido antes del nombramiento de José María Álvarez-Pallete.
Álvarez-Pallete asumió la presidencia ejecutiva el 8 de abril de 2016. La acción cerró aquella sesión aproximadamente en 9,31 euros. Durante su mandato, que terminó el 18 de enero de 2025, la cotización continuó descendiendo y llegó a marcar mínimos cercanos a 2,81 euros durante 2020. Telefónica cerró ese año a 3,25 euros, después de perder un 47,9% de su valor en el ejercicio. En enero de 2025, cuando Álvarez-Pallete dejó la presidencia, la acción había perdido alrededor de un 57% respecto al nivel existente cuando comenzó su mandato. La evolución de la capitalización refleja igualmente este proceso. Telefónica estaba valorada en unos 44.433 millones de euros al cierre de 2016; descendió a 42.183 millones en 2017, a 38.105 millones en 2018 y a 32.331 millones en 2019. Al finalizar 2023, la capitalización se encontraba en aproximadamente 20.323 millones y la acción cerraba en 3,53 euros.
Por consiguiente, la etapa de Álvarez-Pallete estuvo caracterizada por una reducción adicional y muy significativa de la valoración bursátil de Telefónica. También es necesario dejar constancia de que durante su presidencia se produjo una reducción sustancial de la deuda y se ejecutaron desinversiones y operaciones corporativas destinadas a simplificar el grupo. Esos hechos forman parte de la gestión, pero no alteran la constatación de que el mercado redujo de manera considerable la valoración de las acciones durante esos años. En 2024 se produjo cierta recuperación. La acción terminó el ejercicio en 3,94 euros, con una subida anual del 11,4%, y la rentabilidad total para el accionista, incluyendo los dividendos, alcanzó el 19,9%. La capitalización se elevó a 22.323 millones de euros. Estos datos impiden afirmar que todos los ejercicios de la presidencia de Álvarez-Pallete fueron negativos, aunque la recuperación de 2024 resultó insuficiente para compensar el descenso acumulado desde 2016.
El 18 de enero de 2025, el consejo de administración acordó sustituir a Álvarez-Pallete y nombrar presidente ejecutivo a Marc Murtra. Telefónica explicó oficialmente que la decisión se adoptó teniendo en cuenta la nueva estructura accionarial de la compañía y después de que algunos de sus accionistas relevantes manifestaran la conveniencia de iniciar una nueva etapa. Murtra pasó a ser presidente ejecutivo y posteriormente asumió también las funciones de consejero delegado.
Durante 2025 la acción volvió a registrar una evolución negativa. Cerró el ejercicio en 3,49 euros, con una caída anual del 11,3%, mientras la capitalización se redujo a 19.806 millones. La rentabilidad total para el accionista, después de incorporar los dividendos, fue negativa en un 4,4%. El propio informe anual de Telefónica señaló que el mercado reaccionó negativamente a determinados elementos del nuevo plan estratégico, especialmente a unas previsiones de generación de caja inferiores a las esperadas y a la reducción anunciada del dividendo correspondiente a 2026.
Telefónica confirmó que el dividendo en efectivo previsto para 2026 sería de 0,15 euros por acción, frente a los 0,30 euros correspondientes a 2025. Esta reducción de la remuneración fue una decisión adoptada ya bajo la presidencia de Marc Murtra. No obstante, el recorte del dividendo no puede confundirse con la totalidad del deterioro histórico, porque la mayor parte de la pérdida de capitalización se había producido durante las presidencias anteriores.
A fecha de 5 de agosto de 2026, la acción de Telefónica cerró alrededor de 3,61 euros y su capitalización se situaba aproximadamente en 20.300 millones. La comparación simple con los 106.100 millones registrados al cierre de 2007 refleja una reducción aproximada de 85.800 millones de euros, equivalente a cerca del 81% de aquella capitalización. Esta diferencia demuestra la magnitud de la destrucción de valor bursátil, aunque no debe presentarse como una pérdida neta exacta sufrida por los accionistas, porque no descuenta los dividendos cobrados ni tiene en cuenta las variaciones experimentadas por el número de acciones.
La posición de BBVA y “la Caixa” en la gestión de Telefónica
BBVA y “la Caixa” fueron durante décadas accionistas de referencia de Telefónica. Su condición de accionistas relevantes les permitió nombrar consejeros dominicales y participar en las decisiones del consejo de administración. Sin embargo, no fueron directamente presidentes ejecutivos de la operadora. Los presidentes ejecutivos responsables de dirigir la compañía durante el periodo analizado fueron Juan Villalonga, César Alierta, José María Álvarez-Pallete y Marc Murtra.
La presencia de los bancos en los órganos de gobierno está documentada. En 2018, José María Abril Pérez e Ignacio Moreno Martínez figuraban como representantes vinculados a BBVA, mientras que Isidro Fainé y Jordi Gual estaban vinculados a CaixaBank. Isidro Fainé y José María Abril ejercían, además, como vicepresidentes dominicales de Telefónica y como vicepresidentes de su Comisión Ejecutiva. Álvarez-Pallete figuraba como presidente ejecutivo y era quien tenía delegadas las principales facultades de gestión.
Por tanto, puede afirmarse de forma acreditada que BBVA y CaixaBank tuvieron una influencia relevante en el gobierno corporativo de Telefónica, especialmente a través de sus representantes en el consejo y de las vicepresidencias que ocuparon. No puede afirmarse, sin una resolución judicial, administrativa o una prueba documental específica, que fueran los responsables exclusivos o directos de toda la caída de la cotización. Las decisiones estratégicas eran aprobadas por órganos colegiados, mientras que la gestión ejecutiva correspondía al presidente, al consejero delegado, a la alta dirección y a los demás consejeros con facultades delegadas.
La responsabilidad institucional de los órganos de gobierno no debe confundirse con una imputación personal de la pérdida bursátil. Los presidentes ejecutivos dirigieron la estrategia y propusieron o ejecutaron las principales decisiones corporativas. El consejo de administración, en el que estuvieron representados BBVA y CaixaBank, ejerció las funciones de aprobación, supervisión y control. Esta es la distribución formal de responsabilidades que puede acreditarse a partir de la documentación societaria.
El coste contable para BBVA
BBVA sufrió de manera directa las consecuencias del deterioro de las acciones de Telefónica. En 2017, antes de la entrada en vigor de IFRS 9, el banco reconoció en su cuenta de resultados unas pérdidas por deterioro de 1.123 millones de euros vinculadas a su participación en la operadora. La propia documentación financiera de BBVA relacionó el ajuste con la evolución de la cotización de Telefónica.
Desde enero de 2018, IFRS 9 permitió que determinadas variaciones del valor de las acciones se contabilizaran directamente contra patrimonio, sin trasladarlas a la cuenta de resultados. BBVA eligió esta alternativa para su participación en Telefónica. Según la información publicada y aportada como base para este análisis, el banco llegó a acumular un ajuste negativo de aproximadamente 900 millones de euros contra patrimonio. Cerca de 700 millones dejaron de figurar como ajuste negativo después de la venta de un 3% del capital, mientras unos 200 millones continuaron vinculados al 1,96% que la entidad todavía conservaba. La noticia completa puede consultarse en este enlace sobre el ajuste de BBVA.
Los 1.123 millones contabilizados en 2017 y los aproximadamente 900 millones registrados posteriormente contra patrimonio no deben sumarse de forma automática como si fueran una única provisión. Corresponden a periodos, normas contables y formas de reconocimiento diferentes. Lo que sí acreditan conjuntamente es que la pérdida de valor de Telefónica tuvo consecuencias patrimoniales y contables de gran importancia para BBVA.
La posterior venta de acciones demuestra igualmente el cambio de criterio estratégico del banco. Telefónica dejó de ser considerada una participación industrial o estratégica y pasó a ser calificada como una inversión financiera susceptible de ser reducida y optimizada mediante ventas. BBVA pasó así de formar parte durante décadas del núcleo accionarial estable a iniciar su salida del capital.
El coste contable para CaixaBank y la nueva inversión de CriteriaCaixa
La antigua participación de CaixaBank también acumuló pérdidas relevantes. En 2015, la posición de Telefónica registró un ajuste negativo de valoración de 358,808 millones de euros y 98,618 millones fueron transferidos a resultados. En 2016 se produjo otro ajuste negativo de mercado de 345,179 millones. CaixaBank reconoció deterioros globales en su cartera de instrumentos de patrimonio por 267,188 millones en 2015 y 233,048 millones en 2016, aunque las cuentas no atribuyeron íntegramente esas dos cantidades a Telefónica. Por ello, no sería correcto presentar la suma de esos deterioros globales como si correspondiera exclusivamente a la operadora.
La cifra directamente
identificable con la inversión histórica de CaixaBank es la pérdida acumulada
de 1.095 millones de euros que permanecía registrada en su patrimonio. Cuando
CaixaBank vendió completamente su participación en junio de 2024, aquella minusvalía
fue transferida a reservas. La operación no generó una nueva pérdida de 1.095
millones en la cuenta de resultados de 2024, porque el deterioro ya se había
ido reflejando previamente en el patrimonio conforme a IFRS 9.
La salida de CaixaBank no significó la desaparición de “la Caixa” del
accionariado de Telefónica. Mientras CaixaBank vendía su participación
histórica, CriteriaCaixa, sociedad holding participada por la Fundación
Bancaria “la Caixa”, construyó una posición propia y diferente. CriteriaCaixa
elevó su participación al 5,007% en abril de 2024 y alcanzó el 9,99% en junio
del mismo año. Durante 2024 destinó aproximadamente 1.681 millones de euros a
incrementar esta inversión, que calificó como estratégica y de largo plazo.
No se trató de un simple traspaso contable de las mismas acciones entre CaixaBank y CriteriaCaixa. CaixaBank liquidó su inversión histórica, soportando la pérdida acumulada correspondiente, mientras CriteriaCaixa efectuó nuevas adquisiciones en el mercado y construyó una participación que se contabiliza en otro balance y con un nuevo valor de adquisición. En consecuencia, la pérdida histórica de CaixaBank y el riesgo económico asumido posteriormente por CriteriaCaixa son dos situaciones distintas.
Una situación objetivamente acreditada
La documentación permite afirmar de manera nítida que Telefónica ha sufrido una pérdida extraordinaria de valor bursátil desde los máximos alcanzados durante la primera década de este siglo. La capitalización pasó de unos 106.100 millones de euros al cierre de 2007 a alrededor de 20.300 millones en agosto de 2026. Aunque esa diferencia no equivale exactamente a la pérdida neta de los accionistas después de dividendos, acredita una reducción de aproximadamente 85.800 millones en el valor que el mercado asignaba al conjunto de las acciones.
También queda acreditado que los principales presidentes ejecutivos durante este proceso fueron César Alierta, José María Álvarez-Pallete y, desde enero de 2025, Marc Murtra. Juan Villalonga presidió la compañía durante la primera parte del desplome bursátil del año 2000. Bajo Alierta, Telefónica alcanzó el elevado valor de 2007, pero también comenzó posteriormente una caída que redujo la capitalización aproximadamente a la mitad antes de su salida. Bajo Álvarez-Pallete, la cotización continuó descendiendo de manera muy significativa y perdió alrededor del 57% entre 2016 y enero de 2025. Bajo Murtra, la acción cerró 2025 con una nueva caída y todavía no ha recuperado los niveles existentes al inicio de su mandato.
BBVA y “la Caixa” no ocuparon directamente la presidencia ejecutiva de Telefónica, pero fueron accionistas fundamentales y estuvieron representados durante años en el consejo de administración y en su Comisión Ejecutiva. Participaron, por tanto, en el sistema de gobierno y supervisión de la compañía. Al mismo tiempo, fueron perjudicados económicamente por el deterioro de la inversión: BBVA reconoció 1.123 millones de deterioro en 2017 y registró posteriormente importantes ajustes contra patrimonio, mientras CaixaBank dio de baja en 2024 una pérdida acumulada de 1.095 millones.
Estos hechos permiten atribuir a los presidentes ejecutivos la dirección de la compañía durante las diferentes etapas del deterioro y a los consejos de administración la aprobación y supervisión colegiada de la estrategia. Lo que queda acreditado es que el deterioro se desarrolló durante sus respectivos mandatos, que BBVA y “la Caixa” participaron durante años en los órganos de gobierno y que ambas entidades tuvieron que reflejar en sus balances pérdidas o ajustes de valoración de gran magnitud derivados de sus inversiones en Telefónica.
Telefónica: el fracaso prolongado de un gobierno corporativo incapaz de proteger su valor estratégico
La evolución de Telefónica durante las últimas dos décadas obliga a formular una crítica severa sobre la actuación de sus presidentes ejecutivos, de sus consejos de administración y de los accionistas de referencia que participaron durante años en la supervisión de la compañía. No es necesario atribuir conductas ilícitas, intenciones deliberadamente perjudiciales ni responsabilidades que no hayan sido declaradas por los órganos competentes. Basta con examinar los resultados. Cuando una empresa pasa de valer en bolsa aproximadamente 106.100 millones de euros al cierre de 2007 a 19.806 millones al finalizar 2025, no se está ante una oscilación pasajera ni ante un simple problema de percepción del mercado. Se está ante una destrucción prolongada de aproximadamente el 81% de la capitalización que la compañía llegó a alcanzar.
Esta comparación debe realizarse con rigor. La diferencia entre ambas capitalizaciones no equivale exactamente a la pérdida neta sufrida por cada accionista, porque durante ese periodo se repartieron dividendos, se modificó el número de acciones y se realizaron operaciones corporativas. Sin embargo, ninguna de esas precisiones contables desactiva el hecho principal: el mercado redujo en más de 86.000 millones de euros el valor que atribuía al capital de Telefónica. Una pérdida de semejante magnitud y duración representa un fracaso económico objetivo para sus propietarios, aunque pueda discutirse qué porcentaje concreto corresponde a errores internos, al endeudamiento, a la competencia, a la regulación, a la transformación tecnológica o a las circunstancias generales del sector.
Desde la perspectiva del accionista, unas presidencias bajo las cuales se consolida una pérdida tan profunda y persistente de valor pueden calificarse legítimamente como económicamente lesivas por sus resultados. Esta expresión no implica afirmar que sus titulares actuaran con voluntad de perjudicar a la empresa. Significa que el balance económico de sus mandatos resultó gravemente perjudicial para una parte sustancial de los propietarios que confiaron su capital a Telefónica, especialmente para quienes compraron acciones en los periodos de mayor valoración y permanecieron durante años esperando una recuperación que no llegó.
César Alierta presidió Telefónica desde el año 2000 hasta abril de 2016. Durante su mandato la compañía alcanzó en 2007 los 106.100 millones de capitalización y llegó a situarse entre las mayores operadoras de telecomunicaciones del mundo. Pero el último ejercicio completo de su presidencia terminó con una capitalización de 50.921 millones de euros. En consecuencia, el mismo mandato que conoció el punto de máximo valor también contempló posteriormente una reducción de más de la mitad respecto de aquel máximo. El relevo de Alierta y la propuesta de nombramiento de José María Álvarez-Pallete se produjeron en 2016 como una sucesión diseñada desde la propia estructura interna de Telefónica.
José María Álvarez-Pallete fue nombrado presidente ejecutivo el 8 de abril de 2016 por decisión unánime del consejo de administración. En aquel momento ratificó los objetivos de crecimiento y el compromiso con una remuneración atractiva para el accionista. Sin embargo, durante los casi nueve años que permaneció en la presidencia no consiguió revertir el deterioro bursátil heredado. La recuperación de determinados ejercicios, la reducción de deuda y las operaciones de simplificación corporativa no fueron suficientes para restablecer la confianza del mercado ni para devolver la acción a niveles próximos a los existentes cuando comenzó su mandato.
La cuestión crítica no es que una presidencia pueda atravesar uno o dos años bursátiles negativos. Ningún gestor controla la cotización diaria ni puede neutralizar por sí solo las crisis económicas, los cambios regulatorios o las transformaciones tecnológicas. Lo verdaderamente grave es la continuidad del deterioro durante periodos extraordinariamente largos. Cuando los malos resultados bursátiles dejan de ser coyunturales y pasan a definir una década, la explicación basada exclusivamente en factores externos pierde fuerza. La duración del problema convierte la evolución de la cotización en un indicador de que la estrategia empresarial no logró convencer al mercado sobre la capacidad de Telefónica para crecer, generar caja, remunerar sosteniblemente al accionista y defender su posición competitiva.
El error no consistió únicamente en que determinadas estrategias no produjeran los efectos anunciados. El error institucional más grave fue mantenerlas y mantener a quienes las dirigían durante demasiado tiempo sin exigir una corrección suficientemente profunda. Alierta permaneció cerca de dieciséis años en la presidencia y Álvarez-Pallete casi nueve. El consejo que nombró por unanimidad a Álvarez-Pallete en 2016 no acordó su sustitución hasta enero de 2025, cuando la propia compañía reconoció que algunos accionistas relevantes habían expresado la conveniencia de iniciar una nueva etapa y adaptar la presidencia a la nueva estructura accionarial. Esa explicación oficial acredita que la iniciativa de cambio llegó después de que el deterioro hubiera alcanzado dimensiones enormes y se hubiera producido una transformación sustancial del accionariado.
No se acertó, por tanto, en el resultado económico de los nombramientos. Un presidente puede ser competente en determinadas áreas, reducir deuda, reorganizar activos o impulsar la digitalización, pero la presidencia de una sociedad cotizada debe valorarse también por la creación o conservación sostenible de valor. Si, después de años de gestión, la empresa vale mucho menos, ha reducido reiteradamente las expectativas de sus propietarios y sus accionistas históricos terminan registrando pérdidas multimillonarias o abandonando la inversión, el nombramiento ha fracasado en una de sus misiones esenciales.
Tampoco puede presentarse todo lo ocurrido como responsabilidad exclusiva de los presidentes. La administración de Telefónica corresponde formalmente al consejo de administración, a su presidente, a la Comisión Delegada y, cuando existen, a los consejeros delegados. El presidente ejecutivo concentra una responsabilidad principal de dirección, pero las grandes decisiones estratégicas se someten a órganos colegiados que tienen obligaciones de aprobación, supervisión y control. Por ello, la crítica debe extenderse a los consejos que acompañaron durante años el deterioro y que no reaccionaron con la intensidad y la rapidez que los resultados exigían.
BBVA y “la Caixa” no presidieron ejecutivamente Telefónica, pero tampoco fueron espectadores ajenos a su gobierno. Durante décadas fueron accionistas de referencia, nombraron consejeros dominicales y ocuparon vicepresidencias dentro del consejo y de su Comisión Ejecutiva. Su presencia les permitió participar en la supervisión de la estrategia y en las decisiones de los órganos de gobierno. Por tanto, aunque no pueda atribuirse a estas entidades la responsabilidad exclusiva de la caída, resulta imposible separarlas completamente de un sistema de gobierno corporativo del que formaron parte durante una etapa sustancial del deterioro.
La paradoja es particularmente dura. BBVA y CaixaBank participaron en el núcleo estable que debía aportar continuidad, vigilancia y disciplina empresarial, pero terminaron soportando en sus propios balances las consecuencias de la pérdida de valor. BBVA reconoció en 2017 un deterioro de 1.123 millones de euros relacionado con su inversión en Telefónica y posteriormente acumuló ajustes negativos contra patrimonio cercanos a 900 millones, sometidos a un tratamiento contable diferente bajo IFRS 9. CaixaBank, al liquidar en 2024 su antigua participación, transfirió a reservas una pérdida acumulada de 1.095 millones. Estas cifras no pueden sumarse mecánicamente como si fueran una sola provisión, pero acreditan que el deterioro no fue una construcción teórica: llegó directamente al patrimonio de dos de los accionistas que durante años habían participado en el gobierno de la operadora.
Que dos accionistas históricos hayan tenido que reflejar ajustes o pérdidas de esta magnitud constituye una desautorización económica del modelo de supervisión mantenido durante años. Quienes ocupaban posiciones privilegiadas para conocer la empresa, influir en su estrategia y exigir cambios no consiguieron proteger el valor de sus propias inversiones. BBVA terminó considerando su participación como una inversión financiera no estratégica e inició su salida. CaixaBank vendió completamente su posición histórica en junio de 2024. La retirada de estos accionistas no borra su intervención anterior, pero sí pone de manifiesto que la confianza que había sostenido el núcleo tradicional de Telefónica terminó quebrándose.
La posterior adquisición por CriteriaCaixa de una nueva participación del 9,99% no elimina las pérdidas soportadas anteriormente por CaixaBank. Se trata de sociedades, balances y precios de adquisición diferentes. Criteria construyó una nueva posición cuando la valoración de Telefónica ya se encontraba muy alejada de los máximos históricos. Por ello, esa entrada debe analizarse como una nueva apuesta estratégica, no como la recuperación de la inversión antigua ni como una rectificación capaz de hacer desaparecer el daño ya contabilizado.
La gravedad de lo ocurrido supera el interés privado de quienes compraron acciones. Telefónica no es una empresa cotizada ordinaria. La propia SEPI justificó la adquisición de un 10% de su capital por la necesidad de salvaguardar las capacidades de una compañía considerada estratégica para los intereses nacionales, debido a su liderazgo en telecomunicaciones y a sus capacidades industriales en áreas relacionadas con la seguridad y la defensa. El Gobierno también ha definido las telecomunicaciones como un sector esencial para la seguridad nacional, la seguridad económica y la autonomía estratégica de España.
Las redes de comunicaciones no son simplemente un negocio de consumo. Constituyen la infraestructura sobre la que funcionan las administraciones, las empresas, el sistema financiero, los servicios de emergencia, las comunicaciones de seguridad, la actividad industrial y una parte creciente de la defensa. La legislación española sobre infraestructuras críticas reconoce la necesidad de proteger las instalaciones, redes y sistemas que prestan servicios esenciales para la sociedad. En el ámbito europeo, la soberanía tecnológica se define precisamente como la capacidad de controlar tecnologías, datos e infraestructuras esenciales y de reducir dependencias externas.
Por esta razón, la pérdida de valor de Telefónica no puede despacharse como un problema exclusivo de inversores privados. Una empresa estratégicamente debilitada dispone de menor capacidad para invertir, competir, innovar y defender su independencia. También se vuelve más vulnerable a operaciones corporativas, a la entrada de capitales cuyos intereses pueden no coincidir con los nacionales y a una progresiva pérdida de influencia frente a grandes grupos extranjeros. El descenso bursátil no equivale automáticamente a una pérdida de capacidad industrial, pero reduce el margen financiero y estratégico con el que la compañía puede responder a los desafíos tecnológicos.
El daño ya consumado tiene componentes irreparables. Son irreparables los años durante los que miles de accionistas mantuvieron su inversión sin obtener la recuperación esperada; las minusvalías realizadas por quienes tuvieron que vender; el coste de oportunidad del capital inmovilizado; los ajustes soportados por BBVA y CaixaBank; la confianza destruida; y el tiempo durante el cual la compañía perdió peso relativo mientras otros operadores y plataformas tecnológicas aumentaban el suyo. Telefónica podría recuperar valor en el futuro, pero una recuperación posterior no devolvería automáticamente a cada antiguo accionista las pérdidas realizadas ni permitiría recuperar los años desperdiciados.
También existe un daño institucional. La prolongación de las presidencias sin una corrección eficaz transmite la impresión de que el gobierno corporativo fue más tolerante con la continuidad de los gestores que exigente con los resultados obtenidos. La estabilidad directiva puede ser positiva cuando protege una estrategia que funciona. Cuando la pérdida de valor se prolonga, esa misma estabilidad se convierte en inmovilismo. Un consejo responsable no debe reaccionar únicamente cuando cambia la composición del accionariado o cuando la situación ha llegado a un extremo difícil de ocultar. Su función consiste precisamente en anticiparse, evaluar críticamente la estrategia, exigir resultados verificables y reemplazar a la dirección cuando el mandato económico deja de cumplirse.
El nombramiento de Marc Murtra en enero de 2025 fue presentado oficialmente como el comienzo de una nueva etapa adaptada a la estructura accionarial surgida tras la entrada de SEPI y el reforzamiento de CriteriaCaixa. Pero el relevo llegó después de que la mayor parte de la destrucción de valor ya se hubiera producido. Además, Telefónica terminó 2025 con una capitalización de 19.806 millones, una caída anual de la acción del 11,3% y una rentabilidad total para el accionista, incluidos los dividendos, negativa en un 4,4%. La compañía también anunció que el dividendo correspondiente a 2026 se reduciría a 0,15 euros por acción, frente a los 0,30 euros de 2025.
Sería prematuro atribuir a Murtra el deterioro histórico acumulado durante décadas, porque su mandato comenzó en 2025. Pero tampoco cabe conceder un periodo indefinido de indulgencia. Precisamente porque la sustitución anterior llegó demasiado tarde, el nuevo gobierno de Telefónica debe someterse desde el principio a objetivos claros, públicos y mensurables: generación de caja, reducción sostenible de deuda, inversión tecnológica, crecimiento rentable, estabilidad del dividendo compatible con las cuentas y recuperación de la confianza del mercado. Repetir el modelo de presidencias prolongadas protegidas de las consecuencias de sus resultados agravaría el daño.
La conclusión es incómoda, pero difícil de evitar. Telefónica ha sido dirigida y supervisada durante demasiado tiempo sin que sus órganos de gobierno consiguieran detener una pérdida extraordinaria de valor. Los presidentes no pueden ser responsabilizados de cada movimiento bursátil, pero sí deben responder políticamente ante los accionistas y profesionalmente ante el consejo por el resultado acumulado de las estrategias que encabezaron. Los consejos y accionistas de referencia tampoco pueden limitarse a afirmar que ejercían funciones de supervisión mientras el deterioro continuaba año tras año.
No se acertó con unas presidencias que, valoradas por la conservación del patrimonio de los accionistas, terminaron ofreciendo resultados profundamente negativos. Y tampoco se acertó al mantenerlas durante tantos años sin una rectificación suficientemente temprana. El fracaso no reside únicamente en haber perdido decenas de miles de millones de capitalización, sino en haber normalizado esa pérdida, haberla tratado durante demasiado tiempo como una consecuencia inevitable del mercado y haber reaccionado cuando una parte sustancial del daño ya no podía repararse.
En una compañía estratégica, el deber de diligencia debe ser superior, no inferior, al de cualquier otra empresa. Telefónica representa infraestructura, tecnología, conocimiento industrial, empleo cualificado y capacidad nacional de decisión. Permitir que una empresa de esta naturaleza pierda durante años valor, influencia y confianza sin exigir responsabilidades proporcionadas constituye un fallo de gobierno corporativo y una lesión para el interés económico español. La defensa de la soberanía estratégica no consiste solamente en comprar acciones públicas cuando aparece una amenaza exterior. Consiste, ante todo, en impedir que la mala gestión, la supervisión insuficiente y la resistencia a corregir los errores debiliten desde dentro uno de los activos empresariales más importantes de nuestro país.
En definitiva, el caso de Telefónica debería servir como una advertencia sobre las consecuencias de mantener durante demasiado tiempo estructuras de poder que no responden con eficacia ante el deterioro continuado de una empresa. Durante años se sucedieron planes, promesas de transformación y mensajes de confianza, mientras la cotización seguía reflejando una pérdida profunda de valor y los accionistas históricos terminaban reconociendo minusvalías multimillonarias o abandonando el capital. No se trata de responsabilizar a una sola persona de todos los problemas de la compañía, sino de constatar que sus presidencias, sus consejos y sus accionistas de referencia no consiguieron cumplir una obligación esencial: conservar y desarrollar el valor económico, industrial y estratégico de Telefónica.
El daño no afecta solamente a quienes compraron acciones. Afecta a la credibilidad del gobierno corporativo español, a la capacidad tecnológica del país y a la fortaleza de una empresa que gestiona infraestructuras indispensables para las comunicaciones, la actividad económica y la seguridad nacional. España no puede permitirse que una compañía de esta relevancia continúe perdiendo valor mientras las responsabilidades se diluyen entre explicaciones sobre el mercado, la regulación o las crisis internacionales. Esos factores existen, pero no pueden justificar indefinidamente décadas de resultados insuficientes.
La entrada del Estado y el reforzamiento de CriteriaCaixa en el accionariado solo tendrán sentido si sirven para romper con esa inercia y establecer una gestión sometida a objetivos concretos, transparencia y rendición de cuentas. Telefónica necesita recuperar inversión, capacidad competitiva, generación de caja, confianza bursátil y autonomía estratégica. No necesita otra etapa de continuidad protegida por discursos que no se traduzcan en resultados como vemos con los sucesores hasta hoy de la presidencia de Cándido Velázquez Gaztelu.
Lo verdaderamente preocupante no es únicamente que Telefónica haya perdido decenas de miles de millones de euros de capitalización, sino que esa pérdida haya sido tolerada durante tantos años sin una reacción proporcionada. El tiempo para justificar el deterioro ya pasó. A partir de ahora, quienes dirigen y supervisan la compañía deben demostrar con hechos que son capaces de reconstruir el valor destruido, proteger a sus propietarios y preservar para España una empresa esencial para su soberanía tecnológica. De no hacerlo, el fracaso dejará de pertenecer únicamente al pasado y se convertirá en una responsabilidad plenamente atribuible al presente.
Para terminar el post quiero manifestar que en Telefónica ya no queda tiempo para impedir el daño que debía haberse evitado. La pérdida de decenas de miles de millones de euros de capitalización, las minusvalías asumidas por accionistas históricos, la reducción de la remuneración, la desconfianza del mercado y el debilitamiento relativo de la compañía son hechos consumados. Podrá intentarse una recuperación, pero nadie puede devolver a los accionistas los años perdidos, compensar automáticamente a quienes vendieron con pérdidas ni reconstruir de inmediato la posición industrial y bursátil que la empresa llegó a ocupar.
La responsabilidad de este deterioro no termina en quienes ocuparon la presidencia ejecutiva. También alcanza, en el plano económico e institucional, a los consejos de administración, a los accionistas de referencia y a quienes tuvieron información, representación y capacidad de supervisión, pero no impulsaron a tiempo una corrección eficaz. Durante años, la caída dejó de ser una amenaza para convertirse en una realidad visible en la cotización, en las cuentas y en la pérdida de confianza. Pese a ello, las estructuras de gobierno permanecieron, los mandatos se prolongaron y las decisiones verdaderamente rupturistas llegaron cuando una parte sustancial del valor ya había desaparecido.
El silencio ante un deterioro continuado no es prudencia. Cuando quienes tienen la obligación de vigilar observan cómo una empresa pierde valor durante años y no consiguen modificar el rumbo, su pasividad deja de ser neutral. Quien conoce el problema, dispone de capacidad para intervenir y acepta que continúe termina formando parte del fracaso, aunque no haya ejecutado personalmente cada decisión. En una sociedad cotizada, supervisar no consiste en ocupar un asiento, asistir a reuniones o aprobar planes sucesivos; consiste en exigir resultados, cuestionar estrategias fallidas y sustituir a quienes no consiguen proteger el patrimonio confiado a su gestión.
Los ajustes reconocidos por BBVA y CaixaBank demuestran que el deterioro no fue una discusión teórica ni una exageración de accionistas descontentos. Las pérdidas llegaron a los balances de entidades que durante años participaron en el núcleo accionarial y en los órganos de gobierno de Telefónica. BBVA registró un deterioro de 1.123 millones de euros en 2017 y acumuló posteriormente importantes ajustes contra patrimonio. CaixaBank transfirió a reservas una pérdida acumulada de 1.095 millones al liquidar su participación histórica. Estas cifras, aunque responden a tratamientos contables distintos y no deben sumarse mecánicamente, acreditan la dimensión material del fracaso.
Resulta especialmente grave que quienes estaban mejor situados para conocer la realidad de la compañía no consiguieran proteger ni siquiera el valor de sus propias inversiones. Fueron accionistas de referencia, contaron con representantes en el consejo y ocuparon posiciones relevantes dentro del sistema de supervisión. Sin embargo, el deterioro avanzó hasta que unos terminaron vendiendo, otros registraron minusvalías y el Estado tuvo que entrar en el capital para reforzar la protección de una empresa considerada estratégica.
Telefónica no perdió su valor de un día para otro. Lo fue perdiendo durante años, ante la mirada de presidentes, consejeros, grandes accionistas, supervisores y responsables públicos. Por eso, el deterioro no puede explicarse únicamente por una decisión equivocada ni descargarse exclusivamente sobre una persona. Fue también el resultado de una cadena prolongada de tolerancia, conformismo y ausencia de una reacción proporcional a la gravedad de los resultados.
Quienes callaron para proteger equilibrios internos, evitar conflictos o mantener la continuidad de los equipos directivos deberán asumir que esa estabilidad tuvo un coste extraordinario. La compañía continuó perdiendo valor mientras se sucedían planes estratégicos, reorganizaciones y promesas de transformación. Las explicaciones pudieron variar, pero el resultado permaneció: Telefónica valía cada vez menos y sus accionistas soportaban las consecuencias.
Ya no cabe presentar el problema como una crisis temporal. Tampoco resulta aceptable reclamar indefinidamente paciencia a quienes han visto deteriorarse su patrimonio durante años. El tiempo de prevenir el daño terminó. Lo único que queda es impedir que siga aumentando, exigir responsabilidades económicas y profesionales mediante los mecanismos societarios correspondientes y someter a la dirección actual a objetivos públicos, concretos y verificables.
El Estado, CriteriaCaixa y los restantes accionistas relevantes no pueden repetir la conducta de quienes observaron la grieta y aplazaron la reparación. Su obligación no consiste en sostener cargos, proteger nombres ni administrar el declive. Consiste en recuperar la capacidad competitiva de Telefónica, garantizar las inversiones necesarias, reconstruir la confianza del mercado y preservar su función estratégica para España.
El juicio sobre las anteriores etapas no necesita exageraciones. Está escrito en la cotización, en la capitalización perdida, en las minusvalías contabilizadas, en las salidas de accionistas históricos y en la reducción del dividendo. Los hechos son suficientemente duros. Lo que ha ocurrido acredita un fracaso prolongado de dirección y supervisión para conservar el valor de una de las empresas más importantes del país.
La historia de este deterioro no puede cerrarse con una nueva sucesión de excusas. Quienes tuvieron la capacidad de actuar y guardaron silencio no pueden presentarse ahora como observadores ajenos a las consecuencias. El daño ya está hecho. La cuestión pendiente es si los actuales responsables serán capaces de detener definitivamente la caída o si volverán a permitir que el silencio, la complacencia y la falta de rendición de cuentas terminen destruyendo lo que todavía queda por proteger… De momento parece que no.
Ya lo dijo Desmond Tutu: «Si
eres neutral ante una situación de injusticia, has elegido el lado del
opresor».