En el mundo empresarial ocurre a veces algo parecido a lo que sucede cuando una discusión abandona la mesa de negociación y llega a un juzgado: se sabe cómo empieza el conflicto, pero deja de estar exclusivamente en manos de quienes lo protagonizan decidir cómo y cuándo termina. Mientras una controversia permanece dentro de una junta de accionistas, la compañía conserva un amplio margen para responder, explicar, negociar o reconducir las diferencias. Cuando el asunto se judicializa, aparece un tercer actor —el tribunal— con sus propios tiempos, procedimientos y facultades.
Eso es precisamente lo que hace especialmente relevante el paso dado en Alemania. Las preguntas que los accionistas minoritarios formularon en la junta de Telefónica Deutschland han terminado formando parte de una reclamación ante el Tribunal Regional de Múnich. A partir de ahí, ya no corresponde únicamente a la compañía decidir qué explicación resulta suficiente: deberá responder dentro del procedimiento y será el tribunal quien determine posteriormente si procede avanzar y requerir información adicional.
Hay una vieja enseñanza del mundo societario que encaja bien en situaciones como ésta: una pregunta incómoda en una junta puede durar unos minutos; cuando esa misma pregunta entra en un expediente judicial, sus tiempos y consecuencias dejan de depender exclusivamente de la empresa. No significa que quien acude a los tribunales tenga razón ni que la compañía haya actuado incorrectamente. Significa simplemente que el conflicto ha cambiado de escenario y, con ello, también han cambiado las reglas del juego.
En Telefónica Deutschland, la cuestión que ahora ha cruzado esa frontera es muy concreta: qué información debe conocer un accionista minoritario sobre las condiciones económicas del “cash pooling” que mantiene la filial con el grupo al que pertenece. La respuesta ya no se dirimirá únicamente en el ruedo societario. Una parte de ella está ahora en manos del Tribunal Regional de Múnich.
La situación de Telefónica Deutschland ha entrado en una nueva fase tras las tensiones surgidas en su última junta de accionistas. Lo que comenzó como una controversia sobre transparencia, gestión de la tesorería centralizada y derechos de los accionistas minoritarios ha llegado ahora al Tribunal Regional de Múnich, mientras se mantienen abiertas cuestiones relevantes de gobierno corporativo, responsabilidad empresarial y confianza de los distintos stakeholders. Este post repasa los hechos conocidos, el estado actual de la reclamación judicial y las implicaciones que el caso plantea desde la perspectiva societaria y reputacional, sin anticipar conclusiones que todavía no han sido establecidas por los tribunales.
Hoy, la prensa económica publica varias informaciones sobre la situación que atraviesa la filial alemana de Telefónica tras la tumultuosa junta de accionistas celebrada recientemente. La relación entre Telefónica y los accionistas minoritarios (3%) que aún permanecen en el capital de Telefónica Deutschland ha abierto ahora un nuevo frente en los tribunales. El Tribunal Regional de Múnich ha notificado formalmente a la compañía una solicitud judicial presentada por el fondo Mainberg Asset Management GmbH, que reclama información detallada sobre las condiciones económicas del sistema de gestión centralizada de tesorería, conocido como “cash pooling”, mediante el cual la filial alemana canaliza parte de su liquidez hacia el grupo Telefónica. Así lo recoge Cinco Días en su información «Un tribunal de Múnich admite la demanda de un accionista minoritario contra Telefónica Alemania».
El procedimiento tiene su origen en las preguntas planteadas por los accionistas durante la última junta general de Telefónica Deutschland. Mainberg Asset Management pretende conocer los tipos de interés y los márgenes aplicados a los depósitos y retiradas de dinero, las tasas de referencia utilizadas y las comisiones percibidas por Telfisa Global BV, la sociedad financiera interna del grupo que gestiona estos movimientos de tesorería. Telefónica Deutschland rechazó facilitar parte de esa información durante la junta alegando razones de confidencialidad comercial. La compañía dispone ahora de tres semanas para pronunciarse ante el tribunal alemán sobre la petición presentada por el accionista.
A estos datos se añade la información publicada por Merca2: «La crisis en Telefónica Alemania se traslada a los tribunales tras el malestar en la junta de accionistas», que sitúa la presentación de la acción ante el Tribunal Regional de Múnich el pasado 15 de julio. El medio señala asimismo que la reclamación pretende que se explique cómo se calcularon los intereses correspondientes a cada uno de los depósitos de efectivo efectuados por la filial alemana y cuáles fueron los costes asociados al procedimiento de movilización de ese dinero.
La información aportada por Merca2 incorpora además un elemento relacionado con Telfisa Global BV que resulta relevante para contextualizar las operaciones financieras internas. Según el medio, el informe correspondiente a 2025 de Telfisa Global BV hacía referencia a estas transferencias y recogía que las autoridades fiscales españolas habían concluido que una mayor parte de los ingresos procedentes de la gestión de fondos propios debía asignarse a España en 2025. Este dato añade contexto sobre la dimensión fiscal y financiera de la gestión interna de fondos del grupo, aunque constituye una cuestión distinta de lo que deberá resolver el procedimiento planteado por el accionista en Múnich.
La controversia no ha surgido de forma repentina. En Alemania, WirtschaftsWoche ya informó a comienzos de julio sobre la rebelión de los accionistas minoritarios de Telefónica Deutschland, centrando precisamente el conflicto en la práctica mediante la cual la filial alemana pone fondos a disposición de su matriz española. El semanario económico alemán abordaba las reclamaciones de los accionistas que permanecen en el capital después de que Telefónica consolidase el control prácticamente total de su filial.
Las cantidades involucradas explican la atención que los minoritarios están prestando al sistema. Según los estados financieros citados por Cinco Días, Telefónica Deutschland tenía 221 millones de euros depositados en el fondo centralizado de tesorería al cierre del ejercicio, equivalentes al 95% de su saldo de caja. Las aportaciones mensuales, además, habían aumentado desde una media de 243 millones de euros durante 2024 hasta aproximadamente 320 millones mensuales durante los cinco primeros meses del ejercicio siguiente. Los accionistas que cuestionan estas operaciones sostienen que necesitan conocer sus condiciones para comprobar si se realizan conforme al principio de plena competencia —arm's length— y, por tanto, en términos equiparables a los que se establecerían entre empresas independientes.
El conflicto debe entenderse también en el contexto de la progresiva retirada de Telefónica Deutschland del mercado bursátil. Handelsblatt informó en marzo de 2024 de la decisión de Telefónica de sacar definitivamente a su filial alemana de Bolsa, después de que la matriz española hubiese incrementado sustancialmente su participación. El propio consejo de administración de Telefónica Deutschland apoyó entonces el proceso argumentando que la cotización bursátil había perdido importancia para la compañía. El delisting se hizo efectivo al cierre del 18 de abril de 2024, momento desde el cual las acciones dejaron de negociarse en la Bolsa de Fráncfort y desaparecieron determinadas obligaciones vinculadas a la cotización, según la información corporativa de Telefónica Deutschland sobre su exclusión bursátil.
Precisamente después de ese proceso, los accionistas que permanecieron en el capital han venido reclamando mayor capacidad de supervisión sobre las relaciones financieras entre la filial y su accionista de control. Telefónica posee aproximadamente el 97% de Telefónica Deutschland, mientras alrededor del 3% continúa en manos de otros accionistas, según recoge Merca2. La junta que precedió al actual procedimiento judicial se celebró de forma virtual y se prolongó durante unas ocho horas. Merca2 sitúa esta reunión el 1 de julio y señala que las preguntas de los minoritarios ocuparon buena parte de la sesión.
La cuestión laboral contribuyó posteriormente al malestar. Durante la junta se preguntó por las medidas previstas para optimizar el rendimiento de la filial, pero la dirección no informó entonces del programa de transformación que contemplaba una importante reducción de empleo. Merca2 señala que el plan, conocido públicamente aproximadamente una semana después de la junta, contemplaba alrededor de 1.000 puestos de trabajo, mientras otras informaciones han situado el ajuste potencial hasta en 1.100 empleos.
El asunto del “cash pooling” adquiere especial relevancia porque la petición judicial no cuestiona únicamente cuánto dinero se transfiere al sistema centralizado, sino en qué condiciones económicas se remunera ese dinero y si esas condiciones protegen adecuadamente los intereses de Telefónica Deutschland y de sus accionistas minoritarios. Mainberg considera necesaria esa información para determinar si la filial alemana ha recibido una compensación adecuada por los fondos puestos a disposición del grupo.
Frente a las reclamaciones, Telefónica sostiene que todas las transacciones intragrupo se realizan en condiciones de mercado, incluidos los acuerdos de gestión centralizada de tesorería, y que estas operaciones intragrupo y transfronterizas están documentadas y respaldadas por un tercero independiente. Esta posición de la compañía también ha sido recogida por Merca2. Cinco Días, por su parte, identifica a EY como la firma independiente que respalda la documentación de estas operaciones.
La cuestión que deberá dilucidarse ahora en Múnich es, por tanto, esencialmente de transparencia y acceso a la información por parte de los accionistas minoritarios. La actuación del tribunal no supone por sí misma una resolución sobre si las condiciones financieras utilizadas por Telefónica son correctas o incorrectas. Lo que está sobre la mesa en esta fase es la petición de Mainberg para acceder a información económica que considera necesaria para evaluar esas operaciones, mientras Telefónica Deutschland deberá presentar su posición ante el tribunal dentro del plazo establecido.
El conflicto que ahora ha llegado a los tribunales alemanes tiene antecedentes muy recientes. El pasado 8 de julio publiqué en el blog un post donde hablaba ampliamente sobre esta cuestión en «El avispero alemán de Telefónica: caja centralizada, minoritarios y reputación en riesgo», donde analizaba las principales controversias que habían aflorado durante y después de la junta general de accionistas de Telefónica Deutschland celebrada el 1 de julio. El foco estaba ya situado en la gestión de la caja centralizada, la protección de los accionistas minoritarios y las dudas planteadas sobre el gobierno corporativo de la filial alemana.
Una de las cuestiones centrales era precisamente el “cash pooling”. Como se detallaba entonces, la magnitud de la liquidez de Telefónica Deutschland integrada en el fondo centralizado de tesorería y el incremento de las aportaciones mensuales constituían uno de los principales motivos de preocupación expresados por los minoritarios. Estos cuestionaban las condiciones en las que una parte tan importante de la liquidez de una sociedad que Telefónica no controla en su totalidad estaba integrada en la tesorería común del grupo. Esta cuestión es precisamente la que ahora se encuentra en el centro de la solicitud judicial presentada por Mainberg Asset Management en Múnich.
El post explicaba también que la existencia de accionistas minoritarios es determinante para entender el conflicto. Tras las operaciones realizadas para incrementar su participación y la posterior exclusión de Telefónica Deutschland de Bolsa en abril de 2024, Telefónica pasó a controlar prácticamente la totalidad de la compañía, pero no el 100%. Esa minoría residual es la que ha seguido planteando cuestiones sobre las relaciones financieras entre la filial y su matriz, la transparencia de las operaciones vinculadas y la protección de sus intereses económicos.
Las dudas planteadas en la junta no se limitaron a la tesorería. Los accionistas pusieron también el foco en la independencia del Consejo de Supervisión de Telefónica Deutschland y, particularmente, en la posición de Peter Löscher, presidente de dicho órgano y, simultáneamente, miembro independiente no ejecutivo del consejo de administración de Telefónica S.A. en Madrid. La asociación alemana de inversores SdK intervino igualmente en la junta planteando cuestiones relacionadas con el “cash pooling”, las operaciones vinculadas, el gobierno corporativo y la protección de los minoritarios.
Frente a estas críticas, Telefónica ha mantenido que las operaciones intragrupo se realizan en condiciones de mercado y que los acuerdos de “cash pooling” están remunerados con tipos de interés de mercado, debidamente documentados y respaldados por un informe elaborado por un tercero independiente, EY. La controversia planteada por los minoritarios se ha centrado precisamente en disponer de información suficiente para poder comprobar las condiciones concretas en las que se realizan esas operaciones.
El post del 8 de julio recogía asimismo el marco jurídico que explica por qué la presencia de una participación minoritaria tiene importancia en Alemania. Telefónica Deutschland continúa siendo una sociedad anónima alemana —una Aktiengesellschaft (AG)— con accionistas externos, circunstancia que mantiene determinadas obligaciones de sus órganos de administración respecto del interés propio de la sociedad. El artículo 76 de la Ley alemana de Sociedades Anónimas (Aktiengesetz) establece que el órgano de dirección debe gestionar la compañía bajo su propia responsabilidad, mientras que el artículo 93 de la misma norma establece los deberes de diligencia y responsabilidad de sus administradores.
Este marco es especialmente relevante en relación con la tesorería centralizada. El “cash pooling” no constituye por sí mismo una práctica irregular: es un mecanismo habitual mediante el cual los grupos empresariales centralizan la liquidez de sus distintas sociedades. La cuestión planteada por los minoritarios se refiere a las condiciones económicas concretas en las que participa Telefónica Deutschland: qué remuneración recibe por sus fondos, qué tipos de interés y márgenes se aplican, qué costes soporta y cuáles son las condiciones de disponibilidad y recuperación del dinero. Son precisamente algunos de estos datos los que Mainberg reclama ahora judicialmente.
El artículo señalaba además que la controversia societaria coincidía con un momento operativo complejo para la compañía. Telefónica Deutschland, que opera comercialmente bajo la marca O2, estaba acusando el impacto de la pérdida del contrato mayorista con 1&1 y la progresiva migración de sus clientes hacia otras redes. En el primer trimestre de 2026, los ingresos de la filial habían caído un 8,6%, hasta 1.880 millones de euros, afectados por el descenso del negocio mayorista con 1&1 y por la menor venta de terminales, aunque la compañía había incorporado 48.000 clientes móviles de contrato y mantenía una tasa de abandono del 1,1%.
Como antecedente de lo que podía significar la permanencia de accionistas externos bajo la legislación alemana, el post analizaba también el precedente de Vodafone y Kabel Deutschland. Tras tomar el control de la compañía alemana en 2013, Vodafone estableció un contrato de dominación y transferencia de pérdidas y ganancias que contemplaba mecanismos de compensación para los accionistas externos. La suficiencia de esas compensaciones fue objeto de procedimientos judiciales que se prolongaron durante años. El ejemplo servía para mostrar un hecho relevante del derecho societario alemán: la existencia de una participación minoritaria, aunque sea reducida, mantiene derechos económicos y societarios susceptibles de defensa ante los tribunales.
¿En qué situación judicial se encuentra ahora Telefónica Deutschland?
El conflicto que afloró públicamente durante la última junta general de Telefónica Deutschland ha dado ya el salto desde el terreno societario al judicial, aunque resulta importante precisar exactamente el alcance del procedimiento abierto. A fecha de 10 de agosto de 2026 no existe una sentencia contra Telefónica Deutschland, ni un pronunciamiento judicial que haya declarado irregular el sistema de gestión centralizada de tesorería del grupo Telefónica, ni consta una investigación penal relacionada con esta reclamación. Lo que existe es una acción promovida por uno de los accionistas minoritarios para obtener información que considera necesaria para analizar las condiciones económicas de determinadas operaciones intragrupo.
La iniciativa corresponde a Mainberg Asset Management GmbH, fondo que forma parte del reducido grupo de accionistas que continúa en el capital de Telefónica Deutschland después de que Telefónica elevase su participación hasta aproximadamente el 97%. Mainberg ha acudido al Tribunal Regional de Múnich (Landgericht München) para reclamar información relacionada con el denominado “cash pooling”, el sistema mediante el cual se centraliza la gestión de la liquidez de distintas sociedades del grupo. Según Cinco Días, que ha informado sobre la actuación del tribunal de Múnich, el órgano judicial ha notificado formalmente la solicitud a Telefónica Deutschland.
El origen inmediato del procedimiento se encuentra en la junta general celebrada el pasado 1 de julio. Allí, los accionistas plantearon numerosas preguntas sobre las relaciones financieras entre Telefónica Deutschland y su matriz y, particularmente, sobre las condiciones económicas en las que la filial alemana deposita su liquidez dentro del sistema centralizado de tesorería de Telefónica. Parte de la información solicitada no fue facilitada por la compañía, que alegó razones de confidencialidad comercial.
Lo que Mainberg pretende conocer ahora por vía judicial son los tipos de interés y márgenes aplicados a los depósitos y retiradas de dinero, las tasas de referencia utilizadas, las comisiones percibidas por Telfisa Global BV y, en definitiva, las condiciones económicas concretas bajo las cuales el dinero de Telefónica Deutschland se integra en la tesorería centralizada del grupo. La información publicada por Merca2 sobre el traslado del conflicto a los tribunales añade que la acción fue presentada el 15 de julio y que entre las cuestiones planteadas figura también conocer cómo se calcularon los intereses correspondientes a los depósitos de efectivo y cuáles fueron los costes asociados a la movilización de esos fondos.
Las magnitudes económicas anteriormente señaladas explican la relevancia que los minoritarios conceden al asunto. El volumen de efectivo integrado en la tesorería centralizada y el crecimiento de las aportaciones mensuales constituyen el contexto financiero de la petición de información de Mainberg. El objeto del procedimiento, sin embargo, no es la mera existencia de esos depósitos, sino conocer con detalle las condiciones económicas aplicadas a los mismos.
El propósito declarado por Mainberg es disponer de información suficiente para poder comprobar si las operaciones entre Telefónica Deutschland y otras sociedades del grupo se realizan conforme al principio de plena competencia —arm's length—, es decir, bajo condiciones comparables a las que se establecerían entre empresas independientes. Esta es, en estos momentos, una cuestión planteada por el accionista y no una conclusión alcanzada por el Tribunal Regional de Múnich.
La posición de Telefónica es igualmente clara. La compañía sostiene que las operaciones entre sociedades del grupo, incluidos los acuerdos de “cash pooling”, se realizan en condiciones de mercado, están debidamente documentadas y cuentan con el respaldo de un informe elaborado por un tercero independiente, EY. Será esta posición, junto con los argumentos jurídicos correspondientes, la que Telefónica Deutschland deberá defender ante el órgano judicial.
Procesalmente, el asunto se encuentra todavía en una fase inicial. El Tribunal Regional de Múnich ha trasladado formalmente la reclamación a Telefónica Deutschland y la compañía dispone de tres semanas para presentar su posición. Ese es el siguiente paso confirmado. Una vez recibida la contestación, corresponderá al tribunal determinar cómo continúa el procedimiento. Según la información publicada por Cinco Días, la respuesta de Telefónica Deutschland será relevante para determinar si se abre posteriormente una fase probatoria y si el tribunal requiere documentación o libros contables internos relacionados con las operaciones cuestionadas.
Por tanto, la secuencia conocida hasta este momento es concreta: Mainberg Asset Management ha presentado la acción judicial; el Tribunal Regional de Múnich la ha notificado a Telefónica Deutschland; la filial debe responder dentro del plazo de tres semanas; y posteriormente será el tribunal quien determine los siguientes pasos procesales. No existe todavía una resolución sobre el fondo que permita afirmar si las pretensiones del accionista serán estimadas o rechazadas.
También conviene precisar una cuestión terminológica. Aunque Merca2 utiliza en su información el término “querella”, con la información disponible no consta que estemos ante un procedimiento penal. Lo que describen las fuentes es una reclamación judicial promovida por un accionista para obtener información societaria. Por esta razón resulta más preciso hablar de acción judicial, reclamación judicial, solicitud judicial o demanda, evitando que el término “querella” pueda interpretarse como la existencia de actuaciones penales.
Esta precisión permite delimitar también el papel de la Fiscalía alemana: en estos momentos no consta ninguno en este procedimiento. Las informaciones disponibles no recogen la existencia de diligencias de la Fiscalía alemana, una investigación penal ni actuaciones del Staatsanwaltschaft contra Telefónica Deutschland, Telefónica S.A. o sus administradores relacionadas con la reclamación presentada por Mainberg. El asunto conocido se encuentra ante el Tribunal Regional de Múnich y enfrenta, en esta fase, al accionista que reclama información con Telefónica Deutschland.
Distinta es la existencia de antecedentes fiscales relacionados con el “cash pooling”. Según Cinco Días, la Agencia Tributaria española investigó los acuerdos de gestión centralizada de tesorería correspondientes al periodo 2018-2020, actuación que terminó con una reasignación de beneficios hacia España y un impacto económico reconocido por el grupo de 82 millones de euros. Se trata, sin embargo, de un antecedente fiscal diferente y separado del procedimiento que Mainberg ha llevado ahora ante los tribunales alemanes. No consta que aquella actuación de las autoridades fiscales españolas forme parte de la reclamación actualmente tramitada en Múnich.
La fotografía judicial, por tanto, es bastante precisa. Telefónica Deutschland no está actualmente condenada por este asunto ni consta que esté siendo investigada penalmente por la Fiscalía alemana. Está respondiendo a una reclamación judicial de un accionista minoritario que pretende obtener información sobre las condiciones económicas del “cash pooling”. El procedimiento se encuentra pendiente de la contestación de la compañía y de la posterior decisión del Tribunal Regional de Múnich sobre su continuación.
La importancia del procedimiento reside precisamente en lo que pueda suceder a partir de esa respuesta. Por ahora, el tribunal no ha determinado que Telefónica haya perjudicado a su filial alemana, que los tipos de interés aplicados sean inadecuados o que exista una vulneración de los derechos económicos de los minoritarios. Todas esas cuestiones deben mantenerse separadas de los hechos procesales actualmente acreditados. Lo que sí está confirmado es que Mainberg ha trasladado al ámbito judicial las reclamaciones de información que surgieron alrededor de la junta de accionistas y que Telefónica Deutschland tendrá ahora que responder ante el Tribunal Regional de Múnich.
Responsabilidad Social Corporativa: cuando la confianza también forma parte del valor de una compañía
El conflicto abierto en Telefónica Deutschland tiene una dimensión que va más allá del procedimiento judicial iniciado en Múnich. La Responsabilidad Social Corporativa, el buen gobierno y la relación de confianza con los diferentes grupos de interés forman parte de la credibilidad de una compañía, especialmente cuando se trata de un grupo multinacional que mantiene relaciones con accionistas, empleados, clientes, proveedores, administraciones públicas, reguladores y la sociedad de los distintos países en los que desarrolla su actividad.
Esto no significa que la reclamación presentada por Mainberg Asset Management permita concluir que Telefónica haya incumplido sus obligaciones de responsabilidad corporativa. A fecha de hoy no existe una resolución judicial que declare irregulares las operaciones de “cash pooling” ni que determine que los accionistas minoritarios de Telefónica Deutschland hayan sufrido un perjuicio económico. La cuestión puede examinarse, sin embargo, desde la perspectiva del buen gobierno porque el propio conflicto gira alrededor de elementos centrales de éste: información, transparencia, operaciones intragrupo, protección de los accionistas minoritarios, gestión de riesgos y confianza de los stakeholders.
En España, el Código de Buen Gobierno de las sociedades cotizadas de la CNMV sitúa la sostenibilidad y las relaciones con los grupos de interés dentro del ámbito de responsabilidad de los órganos de gobierno de las compañías. Su planteamiento supera una concepción de la Responsabilidad Social Corporativa limitada a cuestiones medioambientales o sociales e incorpora aspectos relacionados con ética empresarial, responsabilidad fiscal, cumplimiento, sistemas de control y canales de comunicación y diálogo con los grupos de interés relevantes.
El modelo alemán resulta particularmente significativo para analizar lo que sucede en Telefónica Deutschland. El Deutscher Corporate Governance Kodex, el Código Alemán de Gobierno Corporativo, establece en su preámbulo que el consejo de dirección —Vorstand— y el consejo de supervisión —Aufsichtsrat— deben actuar teniendo en cuenta los intereses de los accionistas, de los trabajadores y de los restantes grupos vinculados con la empresa —los stakeholders— con el objetivo de asegurar la continuidad de la compañía y la creación sostenible de valor. El Código añade que estos principios no se limitan al cumplimiento de la legalidad, sino que comprenden también un comportamiento éticamente fundamentado y responsable.
La finalidad declarada del propio Código alemán resulta igualmente relevante: fortalecer la confianza de inversores, clientes, empleados y del público en la dirección y supervisión de las empresas. Es decir, la confianza no aparece como un elemento accesorio del gobierno corporativo, sino como uno de los objetivos expresamente perseguidos por su sistema de recomendaciones.
Este principio adquiere especial importancia en una sociedad como Telefónica Deutschland, en la que Telefónica controla aproximadamente el 97% del capital pero continúa existiendo una participación minoritaria cercana al 3%. La existencia de un accionista dominante no elimina los intereses de quienes permanecen en el capital. Desde la perspectiva del gobierno corporativo, la relación con estos inversores debe analizarse teniendo en cuenta que el interés de Telefónica Deutschland como sociedad no puede confundirse automáticamente con el interés particular de su accionista mayoritario.
El Código alemán establece precisamente como primer principio que el Vorstand debe gestionar la empresa bajo su propia responsabilidad y atendiendo al interés de la propia empresa. Al mismo tiempo, atribuye al Aufsichtsrat la función de supervisar y asesorar al órgano de dirección y exige su intervención en decisiones de importancia fundamental. El propio Código contempla expresamente que determinadas operaciones con partes vinculadas pueden estar sometidas a la aprobación previa del Consejo de Supervisión conforme a la legislación aplicable.
Esta separación de intereses es relevante en el conflicto sobre el “cash pooling”. Telefónica Deutschland forma parte del Grupo Telefónica y puede participar legítimamente en mecanismos financieros comunes del grupo. La existencia de un sistema de tesorería centralizada no constituye por sí misma una anomalía de gobierno corporativo. La cuestión planteada por Mainberg es diferente: el accionista quiere conocer las condiciones económicas concretas bajo las cuales la filial alemana pone parte de su liquidez a disposición de ese sistema y determinar si dichas condiciones responden a criterios de mercado.
Aquí entra directamente en juego otro de los elementos centrales del buen gobierno: la transparencia. El Código alemán establece como principio el tratamiento igualitario de los accionistas en materia de información y contempla que accionistas y terceros sean informados mediante los estados financieros, los informes de gestión —incluida la información de responsabilidad corporativa— y la información financiera periódica.
También concede especial importancia a la gestión de los riesgos. El Código establece que una gestión responsable de los riesgos derivados de la actividad empresarial requiere un sistema adecuado y eficaz de control interno y gestión de riesgos, e incorpora expresamente los objetivos relacionados con la sostenibilidad dentro de esos sistemas. Asimismo, establece que el órgano de dirección debe garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales y de las políticas internas y contar con un sistema de compliance adaptado a la situación de riesgo de la empresa.
Existe además otro aspecto particularmente relacionado con la estructura societaria de Telefónica Deutschland. El Código alemán determina que los miembros del Vorstand y del Aufsichtsrat están obligados a actuar en interés de la empresa y regula expresamente los conflictos de interés. Los integrantes del Consejo de Supervisión deben comunicar los conflictos que puedan surgir y el propio órgano debe informar a la junta general sobre ellos y sobre la forma en que fueron tratados.
Nada de esto permite afirmar que en Telefónica Deutschland se haya producido un conflicto de interés contrario al Código o una vulneración de estas normas. No existe actualmente una resolución judicial que establezca semejante conclusión. Pero sí explica por qué las cuestiones planteadas por los minoritarios sobre las relaciones financieras entre la filial alemana y su accionista de control pertenecen también al ámbito del gobierno corporativo y no únicamente al financiero.
La propia Telefónica ha establecido compromisos que van en esta misma dirección. Sus Principios de Negocio Responsable constituyen simultáneamente su Código Ético y de Conducta y su política de sostenibilidad, son aplicables a todo el Grupo con independencia del país en el que desarrolle su actividad y establecen que las personas que forman parte de Telefónica deben actuar con integridad, transparencia y compromiso para generar relaciones de confianza y seguridad con todos sus grupos de interés.
Telefónica incorpora además dentro de esos principios el gobierno corporativo y el control interno, incluyendo controles para evaluar y gestionar los riesgos, y sitúa la sostenibilidad en el máximo nivel de su estructura de gobierno. El Consejo de Administración aprueba los Principios de Negocio Responsable y el marco de políticas ESG, mientras que la Comisión de Sostenibilidad y Regulación tiene atribuidas funciones de supervisión sobre su implementación.
Telefónica Deutschland mantiene a su vez su propio marco de sostenibilidad y gobierno responsable. La compañía declara que la sostenibilidad forma parte de su gestión empresarial y que su modelo se apoya en una gestión responsable a lo largo de la cadena de valor, la gestión activa del desempeño ESG y la relación con los stakeholders mediante transparencia y diálogo. Su Responsible Business Plan establece además principios de gobierno responsable destinados a orientar los procesos empresariales.
Es precisamente desde esta perspectiva desde la que el conflicto alemán adquiere relevancia para la Responsabilidad Social Corporativa (RSC). Una controversia sobre información solicitada por accionistas minoritarios afecta a una de las materias sobre las que se construye la confianza entre una empresa y sus grupos de interés: la percepción de transparencia de sus órganos de gobierno. Esto no equivale a afirmar que Telefónica haya actuado de forma incorrecta. Significa que la forma en que una compañía gestiona y explica una controversia societaria forma parte también de su relación con sus stakeholders (grupos de interés).
La reputación tampoco es un concepto ajeno al propio marco normativo interno de Telefónica. Su Normativa sobre Comunicación Responsable contempla específicamente la gestión de riesgos para la reputación y un procedimiento para aquellas situaciones que puedan afectar negativamente a la reputación o a la imagen de la compañía.
Por ello, las consecuencias que pueden señalarse sin entrar en especulaciones no consisten en atribuir anticipadamente un coste financiero al procedimiento de Múnich, sino en identificar qué intereses están sometidos a gestión y supervisión. En el caso de los accionistas, está en juego la confianza en la transparencia de las operaciones intragrupo y en el tratamiento de los minoritarios; para los empleados, la confianza en los órganos de gobierno adquiere importancia en un momento en el que la filial atraviesa además un proceso de transformación; para inversores y financiadores, el gobierno corporativo, los sistemas de control y la gestión de riesgos constituyen elementos de evaluación de una compañía; y para clientes, proveedores, administraciones y sociedad, la credibilidad de los compromisos públicos de una empresa depende también de la coherencia entre esos compromisos y su actuación efectiva.
No puede afirmarse en este momento que el procedimiento judicial de Múnich haya producido un daño reputacional cuantificable a Telefónica o a Telefónica Deutschland, porque no existe una base objetiva que permita establecerlo. Tampoco puede atribuirse un coste económico concreto a la controversia mientras no existan datos que lo acrediten. Lo que sí puede afirmarse es que tanto los códigos de buen gobierno como los propios principios corporativos de Telefónica consideran la transparencia, la gestión de riesgos, la responsabilidad de los órganos de administración, el diálogo con los grupos de interés y la generación de confianza como componentes esenciales de una gestión empresarial responsable.
Existe además una particularidad que debe tenerse presente al citar el Código alemán. Telefónica Deutschland dejó de cotizar en Bolsa en abril de 2024. El propio Código Alemán de Gobierno Corporativo señala que está dirigido a sociedades cotizadas y a determinadas sociedades con acceso al mercado de capitales, mientras que para las compañías no orientadas al mercado de capitales sus recomendaciones pueden servir como referencia. Por ello, no sería riguroso presentar todas sus recomendaciones como si actualmente fueran obligaciones directamente exigibles a Telefónica Deutschland por el mero hecho de figurar en el Código. Sí constituyen, en cambio, un marco de referencia particularmente relevante para valorar los estándares de buen gobierno existentes en Alemania.
En definitiva, la dimensión de Responsabilidad Social Corporativa del caso alemán no depende de anticipar cuál será la decisión del Tribunal Regional de Múnich. Depende de cómo se gestionen cuestiones que los propios estándares españoles y alemanes de buen gobierno consideran esenciales: la transparencia, el control de riesgos, las relaciones entre sociedades vinculadas, la protección de los intereses de los accionistas, el funcionamiento de los órganos de supervisión y el diálogo con los diferentes stakeholders. En una compañía que declara públicamente que sus Principios de Negocio Responsable constituyen su marco de decisión y que la confianza debe presidir la relación con sus grupos de interés, la respuesta que se dé a estas cuestiones pertenece también al terreno de la credibilidad corporativa.
Alemania: un conflicto que ya no se limita a una junta de accionistas
Lo acontecido en Telefónica Deutschland desde la junta general del pasado 1 de julio ha dejado de ser únicamente una controversia entre la dirección de la compañía y una reducida representación de accionistas minoritarios. El conflicto ha alcanzado ya tres ámbitos claramente diferenciados: el societario, el judicial y el de la credibilidad corporativa.
En el plano societario permanece abierta la discusión sobre las condiciones económicas del “cash pooling”, la transparencia de las operaciones intragrupo y los derechos del aproximadamente 3% del capital que continúa fuera del control de Telefónica. La dimensión de esa participación puede ser reducida, pero la legislación societaria alemana mantiene los derechos que corresponden a esos accionistas mientras continúen formando parte de Telefónica Deutschland.
En el ámbito judicial, la situación es igualmente concreta. Mainberg Asset Management ha acudido al Tribunal Regional de Múnich para reclamar información sobre las condiciones económicas bajo las cuales la filial alemana participa en el sistema centralizado de tesorería del Grupo Telefónica. El tribunal ha trasladado la solicitud a Telefónica Deutschland y la compañía dispone de tres semanas para presentar su posición. A partir de esa contestación corresponderá al órgano judicial decidir los siguientes pasos del procedimiento y si procede avanzar hacia una fase probatoria o requerir documentación adicional.
Nada permite afirmar en este momento que Telefónica Deutschland haya infringido la legislación alemana, que las condiciones del “cash pooling” sean irregulares o que exista un perjuicio económico acreditado para sus accionistas minoritarios. No existe una sentencia sobre el fondo ni consta una investigación penal de la Fiscalía alemana relacionada con esta reclamación. La posición de Telefónica continúa siendo que sus operaciones intragrupo se realizan en condiciones de mercado, están documentadas y cuentan con el respaldo de un tercero independiente.
Pero el caso alemán plantea también una cuestión que trasciende el resultado del procedimiento judicial. La transparencia, el tratamiento de los accionistas minoritarios, el funcionamiento de los órganos de supervisión y la explicación de las operaciones entre sociedades vinculadas forman parte de los principios sobre los que se construye la confianza en una compañía. Así lo recogen tanto los estándares de buen gobierno españoles y alemanes como los propios Principios de Negocio Responsable de Telefónica.
Por ello, el siguiente capítulo de este conflicto no debe anticiparse. El próximo hecho objetivo será la respuesta de Telefónica Deutschland ante el Tribunal Regional de Múnich y la decisión que posteriormente adopte el tribunal sobre la continuación del procedimiento. Será a partir de hechos y resoluciones concretas, y no de hipótesis, cuando pueda evaluarse si la controversia queda limitada a una reclamación de información o adquiere una dimensión diferente.
Hasta entonces, la fotografía es precisa: un accionista minoritario ha decidido acudir a los tribunales para obtener información que no consiguió en la junta; Telefónica Deutschland tendrá que responder ante el órgano judicial; y el Tribunal Regional de Múnich deberá decidir después hasta dónde continúa el procedimiento.
Lo que comenzó como una discusión sobre unas preguntas sin respuesta suficiente en una junta de accionistas se ha convertido así en una prueba relevante para la transparencia, el gobierno corporativo y la relación de confianza entre Telefónica Deutschland y los distintos grupos de interés vinculados a la compañía.
Para terminar el post quiero manifestar que al comienzo de este post señalaba una circunstancia conocida en el mundo empresarial: una pregunta incómoda en una junta puede durar unos minutos; cuando esa misma pregunta entra en un expediente judicial, sus tiempos y consecuencias dejan de depender exclusivamente de la empresa. El caso de Telefónica Deutschland ha llegado precisamente a ese punto.
Hasta la junta del pasado 1 de julio, la controversia se desarrollaba dentro del ruedo societario. Los accionistas preguntaban, la dirección respondía o decidía hasta dónde podía hacerlo y las discrepancias quedaban recogidas en el ámbito de las relaciones entre la sociedad, sus órganos de gobierno y sus accionistas. Pero Mainberg Asset Management decidió sacar una de aquellas preguntas de la junta y trasladarla al Tribunal Regional de Múnich.
Y ahí cambia la naturaleza de la partida.
A partir de ahora, Telefónica Deutschland seguirá defendiendo sus argumentos y aportando las razones que considere oportunas, pero ya no controla por sí sola los tiempos, el alcance ni la evolución del procedimiento. Existe un tercer actor, el tribunal, al que corresponde decidir qué información resulta jurídicamente exigible, si las explicaciones ofrecidas son suficientes y, en su caso, si procede avanzar hacia una fase probatoria o requerir documentación adicional.
Esto no presupone cuál será el resultado. No existe una sentencia contra Telefónica Deutschland, no se ha declarado irregular el “cash pooling” y tampoco consta una investigación penal de la Fiscalía alemana relacionada con esta reclamación. La compañía sostiene, además, que sus operaciones intragrupo se realizan en condiciones de mercado y están debidamente documentadas.
Pero existe un hecho que ya no admite discusión: la controversia ha abandonado definitivamente el perímetro de aquella tumultuosa junta de accionistas y ha entrado en los tribunales.
Para Telefónica, ese cambio de escenario tiene una característica esencial: el terreno judicial es necesariamente menos controlable que el societario. No porque deba anticiparse una decisión desfavorable, sino porque desde el momento en que interviene un tribunal las decisiones procesales corresponden al órgano judicial, están sujetas a las normas del procedimiento y pueden abrir nuevas fases en función de lo que se resuelva en cada momento.
Por eso, quizá la cuestión más importante a partir de ahora no sea anticipar quién tiene razón, sino observar hasta dónde decide llegar el Tribunal Regional de Múnich en su examen de la reclamación de Mainberg. El próximo movimiento conocido corresponde a Telefónica Deutschland, que deberá presentar su posición dentro del plazo establecido. Después moverá ficha el tribunal.
Y volvemos así al punto de partida de este post. Telefónica sabe dónde comenzó esta partida: en una junta de accionistas, con preguntas sobre el “cash pooling”, la transparencia y las relaciones financieras entre la filial y el grupo. Lo que ya no puede saber es hasta dónde llegará una vez que esas preguntas han cruzado las puertas de un tribunal.
Ya lo dijo Oliver Wendell Holmes Jr.: «El litigio es la búsqueda práctica de la justicia.»
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