Existe un precedente empresarial que, salvando las enormes diferencias entre ambos casos, ilustra bien por qué un cambio en la presidencia no resuelve por sí mismo la cuestión de la “herencia recibida”.
En septiembre de 2015, el escándalo de las emisiones diésel provocó una crisis histórica en Volkswagen. Martin Winterkorn dejó la presidencia y Matthias Müller fue nombrado nuevo presidente del Consejo de Dirección con efectos desde el 26 de septiembre de 2015.
Lo significativo para este análisis es lo que hizo la compañía ante el problema heredado. Volkswagen encargó a abogados alemanes y estadounidenses de Jones Day una investigación independiente, apoyada por Deloitte, con el objetivo de esclarecer internamente lo sucedido. La propia historia corporativa de Volkswagen recoge tanto el nombramiento de Müller como la decisión de realizar esa investigación.
El impacto económico apareció inmediatamente en las cuentas. Volkswagen reconoció en 2015 provisiones por 16.200 millones de euros relacionadas con el problema de las emisiones, destinadas, entre otras cuestiones, a modificaciones técnicas, recompra de vehículos, medidas para clientes y riesgos jurídicos.
Pero la investigación sobre responsabilidades fue mucho más larga. Volkswagen comunicó posteriormente que el proceso iniciado en octubre de 2015 había supuesto examinar aproximadamente 1,6 millones de archivos relevantes y realizar más de 1.550 entrevistas e interrogatorios antes de que su Consejo de Supervisión cerrara esa revisión en 2021.
La comparación útil no está en equiparar el Dieselgate con Telefónica —no existe base para hacerlo—, sino en el método. Cuando una nueva dirección recibe una gran compañía y posteriormente aparecen costes importantes derivados de decisiones anteriores, existen dos preguntas diferentes: quién originó el problema y qué hizo la nueva administración para identificarlo, cuantificarlo y determinar sus responsabilidades.
El ejemplo de Volkswagen demuestra por qué ambas cuestiones pueden separarse documentalmente. Una dirección puede heredar un problema sin haberlo creado; pero precisamente por eso resulta relevante conocer qué mecanismos extraordinarios de investigación puso en marcha cuando asumió su gestión.
Aplicado a Telefónica, la pregunta no presupone ninguna irregularidad: si determinados costes futuros van a atribuirse a decisiones heredadas de la etapa anterior, resulta legítimo preguntar qué revisión se realizó para identificarlas y cuándo fueron conocidas por los órganos de gobierno de la compañía.
Telefónica afronta uno de los cambios tecnológicos y regulatorios más delicados de los últimos años: reducir su dependencia de Huawei y de otros proveedores chinos considerados de alto riesgo mientras asume el coste de sustituir equipos y modificar redes ya desplegadas. La cuestión no es menor, porque la propia compañía reconoce que estas restricciones pueden incrementar sus costes, alterar sus inversiones y afectar a sus resultados.
Pero este problema tiene una historia. Las advertencias regulatorias sobre Huawei eran conocidas desde hace años y Telefónica comenzó a diversificar proveedores en 2019, aunque mantuvo posteriormente determinados contratos con el fabricante chino. El análisis de esa cronología plantea además otras preguntas: qué decisiones se adoptaron durante la presidencia de José María Álvarez-Pallete, qué consecuencias económicas pueden recaer ahora sobre la etapa de Marc Murtra y hasta qué punto puede hablarse de una verdadera “herencia recibida”, especialmente cuando la SEPI ya estaba representada desde mayo de 2024 en órganos relevantes de supervisión de Telefónica. Este post reconstruye los hechos y las fechas disponibles para separar lo acreditado de lo que, por ahora, no puede demostrarse.
Telefónica ante el cerco a Huawei: el coste de reducir la dependencia tecnológica de China
Telefónica ha puesto cifras y consecuencias empresariales a uno de los grandes problemas que afrontan actualmente las operadoras europeas: la creciente presión regulatoria para reducir o eliminar la presencia de proveedores chinos considerados de alto riesgo en las redes de telecomunicaciones. El caso de Huawei es especialmente relevante porque durante años ha sido uno de los principales suministradores de infraestructura de telecomunicaciones del continente y porque sustituir equipos ya instalados implica costes, cambios tecnológicos y modificaciones en la planificación de las redes.
La operadora española reconoce en su Documento de Registro Universal correspondiente al ejercicio 2025 que los riesgos relacionados con la seguridad nacional pueden limitar su capacidad para utilizar determinados proveedores y obligarla a asumir costes adicionales. La advertencia no se refiere únicamente a Huawei, sino al riesgo general derivado de una elevada concentración de las compras en determinados fabricantes y de posibles restricciones comerciales o regulatorias.
La situación tiene especial importancia en Alemania. Telefónica explica en esa misma documentación corporativa que los operadores móviles del país han asumido compromisos con el Ministerio del Interior alemán que obligan a dejar de utilizar los componentes críticos fabricados por determinados proveedores chinos en los núcleos de sus redes 5G antes de finalizar 2026. El proceso continuará posteriormente: las funciones críticas de los sistemas de gestión correspondientes a esos fabricantes en las redes de acceso y transporte deberán ser sustituidas por soluciones de otros proveedores antes de finales de 2029.
El problema para Telefónica no consiste únicamente en retirar un equipo y colocar otro. Las redes de telecomunicaciones están formadas por sistemas interdependientes desplegados durante años, por lo que modificar el fabricante puede exigir nuevas inversiones, adaptación tecnológica y cooperación entre diferentes proveedores. Por este motivo, Telefónica advierte expresamente de que las restricciones de seguridad nacional pueden generar costes adicionales y afectar a sus planes de despliegue y expansión de red, tal y como recoge su informe presentado ante la CNMV.
La información publicada por Vozpópuli añade, citando fuentes consultadas por el periódico, que introducir otro proveedor en determinadas infraestructuras y proyectos de Telefónica puede encarecer las operaciones hasta un 50%, y esas mismas fuentes sostienen que dichos costes podrían terminar trasladándose a los usuarios. Esta cifra debe considerarse una estimación procedente de las fuentes del periódico y no una cuantificación realizada oficialmente por Telefónica en la documentación corporativa consultada.
La preocupación de la compañía se entiende mejor observando cómo están concentradas sus compras. Al cierre de 2025, según su Documento de Registro Universal, Telefónica disponía de tres proveedores de terminales móviles y ocho proveedores de infraestructura de red, de los cuales uno y dos, respectivamente, estaban situados en China. Esos grupos concentraban el 87% de las adjudicaciones de terminales y el 80% de las adjudicaciones de infraestructura de red. En tecnologías de la información, alrededor de 80 proveedores concentraban el 80% de las compras y solamente siete representaban el 31%.
Los datos correspondientes al primer semestre de 2026, recogidos por Vozpópuli a partir de la memoria semestral de la compañía, mantienen esa elevada concentración: tres proveedores de terminales y cuatro de infraestructura reunían respectivamente el 85% y el 80% del importe adjudicado, con un proveedor ubicado en China en cada una de esas dos categorías.
Por tanto, el riesgo identificado por Telefónica no consiste exclusivamente en su relación con Huawei, sino en la dependencia de un número reducido de grandes proveedores tecnológicos. Si alguno de ellos deja de suministrar equipos, sufre restricciones comerciales, no dispone de existencias suficientes o queda afectado por decisiones gubernamentales, la operadora podría encontrarse con retrasos en proyectos, mayores costes o dificultades para desarrollar sus redes. Telefónica reconoce en su información financiera y de riesgos que estas circunstancias podrían afectar negativamente a su negocio, situación financiera, resultados operativos y flujos de caja.
Europa endurece su posición
El escenario se ha vuelto más complejo por el cambio de política de la Unión Europea. La Comisión Europea lleva años considerando que Huawei y ZTE presentan riesgos materialmente superiores a los de otros proveedores de tecnología 5G y ha considerado justificadas las decisiones de los Estados miembros que restringen o excluyen a ambas compañías de sus redes.
En enero de 2026, Bruselas dio un paso adicional con una propuesta destinada a reforzar la normativa europea de ciberseguridad y reducir la dependencia de proveedores considerados de alto riesgo. Según informó Reuters, la iniciativa amplía el problema más allá de las telecomunicaciones y alcanza numerosos sectores considerados críticos. En el caso de las redes móviles, el planteamiento contempla un proceso para retirar tecnología procedente de proveedores declarados de alto riesgo. La propuesta todavía debe completar el procedimiento legislativo europeo antes de convertirse en una obligación definitiva en esos términos.
Además, en febrero de 2026 la Unión Europea aprobó una nueva caja de herramientas para mejorar la seguridad de las cadenas de suministro de tecnologías de la información y las comunicaciones. Su finalidad es identificar, evaluar y reducir los riesgos existentes en esas cadenas de suministro y, expresamente, reducir dependencias respecto de proveedores considerados de alto riesgo.
Esta posición europea también afecta directamente a España. En una respuesta oficial publicada por el Parlamento Europeo, la Comisión señaló que la utilización de Huawei en sectores críticos y sensibles puede generar una dependencia respecto de un proveedor considerado de alto riesgo y aumentar el riesgo de interferencia extranjera. Bruselas ha insistido por ello en que los Estados miembros adopten medidas destinadas a reducir este tipo de dependencias.
España mantiene una situación particular
España se encuentra en una posición especialmente delicada porque Huawei conserva presencia comercial y tecnológica en el país. Sin embargo, los grandes operadores han ido reduciendo su utilización en las partes más sensibles de las redes móviles. Telefónica decidió en 2021 adjudicar a Ericsson y Nokia, al 50%, el despliegue de la radio de su red 5G Stand Alone en España hasta 2026, según informó la propia compañía en su comunicado oficial sobre el despliegue de 5G. La decisión redujo el protagonismo de Huawei en la nueva infraestructura móvil de Telefónica en España.
El debate se ha trasladado también a la contratación pública. En 2025, el Gobierno canceló un proyecto gestionado por Telefónica para renovar infraestructura de RedIRIS que contemplaba componentes de Huawei. En julio de 2026, El País informó de que Red.es había reactivado el proceso de modernización mediante una consulta preliminar al mercado, mientras Telefónica recibía un contrato temporal de mantenimiento de la red durante la transición.
Al mismo tiempo, Huawei continúa participando en proyectos españoles y la controversia permanece abierta. Según publicó Cinco Días, Telefónica recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña una adjudicación de 127 millones de euros de la Generalitat a una UTE cuya propuesta incorporaba mayoritariamente equipamiento de Huawei.
La situación económica de Huawei España refleja también este cambio de escenario. De acuerdo con la información publicada por Cinco Días, la filial obtuvo un beneficio neto de 22,3 millones de euros en 2025, mientras sus ingresos descendieron un 11%, hasta 575,3 millones. La facturación se sitúa muy por debajo del máximo alcanzado en 2018 y la plantilla española se ha reducido considerablemente desde 2019. El negocio de infraestructura TIC también disminuyó durante 2025.
El problema económico tampoco afecta únicamente a Telefónica. Diversas estimaciones de la industria apuntan a que retirar masivamente equipamiento chino de las redes europeas existentes puede implicar inversiones de decenas de miles de millones de euros. Algunas estimaciones han elevado el coste potencial hasta unos 40.000 millones de euros, aunque estas cifras varían considerablemente en función de qué infraestructuras, operadores y costes se incluyan en el cálculo, como recoge TechRadar Pro. Por ello, no existe una cifra única aceptada sobre el coste final de una eventual retirada generalizada.
El conflicto alrededor de Huawei se ha convertido así en algo más amplio que una disputa entre un fabricante y determinados gobiernos. Europa está intentando reducir una dependencia tecnológica que considera potencialmente problemática para la seguridad de sus infraestructuras, mientras los operadores deben afrontar el coste económico y técnico de esa transformación. En el caso de Telefónica, su propia documentación corporativa confirma que las restricciones a determinados proveedores pueden elevar los costes, alterar los despliegues y afectar a sus resultados.
La fecha de 2029 adquiere especial relevancia porque para entonces Telefónica deberá haber sustituido en Alemania determinadas funciones críticas de gestión vinculadas a proveedores chinos. Al mismo tiempo, la compañía tendrá que continuar diversificando una cadena de suministro que sigue concentrada en relativamente pocos fabricantes.
En consecuencia, el veto o las restricciones a Huawei tienen para Telefónica una dimensión económica tangible: obligan a modificar proveedores, sustituir tecnología y asumir inversiones adicionales en redes que ya estaban desplegadas o planificadas. A ello se suma un problema estratégico de mayor alcance: la concentración mundial de la fabricación de equipos y componentes tecnológicos hace que reducir una dependencia pueda generar otra. La propia Telefónica identifica en su informe de riesgos las perturbaciones de las cadenas globales de suministro, las tensiones comerciales y los conflictos geopolíticos como factores capaces de afectar a sus proveedores y, en último término, a sus operaciones.
La evolución de la regulación europea determinará hasta dónde llegará finalmente la retirada de proveedores considerados de alto riesgo. Lo que ya consta tanto en la documentación de Telefónica como en la posición pública de la Comisión Europea es que Telefónica está obligada a prepararse para un escenario en el que determinados fabricantes chinos tengan una presencia mucho menor en las infraestructuras críticas europeas y en el que diversificar proveedores tendrá un coste económico considerable.
Telefónica y Huawei: cuándo se conocieron los riesgos, qué se siguió comprando y cuál ha sido el impacto sobre los fabricantes europeos
La relación entre las grandes operadoras europeas y los fabricantes chinos de equipos de telecomunicaciones no puede analizarse como si los problemas relacionados con Huawei hubieran aparecido recientemente. La documentación disponible permite establecer una cronología bastante precisa. Como mínimo desde 2018-2019 existían públicamente advertencias suficientemente relevantes sobre los riesgos asociados a determinados proveedores chinos como para que las operadoras europeas conocieran que la utilización de Huawei en las futuras redes 5G podía quedar sometida a restricciones regulatorias. Eso no significa que en aquel momento existiera una prohibición general en la Unión Europea, porque no existía, pero sí que el riesgo político, regulatorio y de seguridad era conocido.
En 2018 Australia ya había excluido a Huawei de sus redes 5G y Estados Unidos estaba incrementando la presión sobre sus aliados. En mayo de 2019, la Administración estadounidense incluyó a Huawei en su lista de restricciones comerciales. Ese mismo año, el Parlamento Europeo publicó un documento específico sobre 5G y los proveedores chinos de telecomunicaciones, en el que se analizaban tanto la expansión internacional de Huawei como las preocupaciones de seguridad asociadas a la presencia de proveedores chinos en infraestructuras críticas europeas. En ese momento Huawei ya era el primer fabricante mundial de equipamiento de telecomunicaciones, con un 29% del mercado mundial en 2018.
Por tanto, 2019 constituye un punto de referencia especialmente importante para determinar desde cuándo las grandes operadoras europeas podían conocer la existencia de un riesgo regulatorio asociado a Huawei. A partir de ese momento ya no se trataba únicamente de advertencias estadounidenses. La Unión Europea comenzó a desarrollar una política coordinada específicamente destinada a evaluar los riesgos de seguridad de las redes 5G.
La posición europea se concretó todavía más en enero de 2020, cuando los Estados miembros, con apoyo de la Comisión Europea y ENISA, aprobaron la denominada EU Toolbox for 5G Security. El documento establecía medidas para mitigar los riesgos de ciberseguridad y contemplaba restricciones aplicables a suministradores considerados de alto riesgo, especialmente en las partes críticas de las redes.
Desde ese momento resulta aún más difícil sostener que las operadoras desconocían el riesgo regulatorio. Desde enero de 2020 existía una política europea formal que advertía sobre la necesidad de reducir la exposición a proveedores de alto riesgo. Sin embargo, la UE no impuso entonces una prohibición general de Huawei. Los Estados conservaban capacidad para aplicar las medidas y determinar qué proveedores debían quedar sujetos a restricciones.
La Comisión Europea fue todavía más explícita posteriormente. El 15 de junio de 2023 declaró oficialmente que Huawei y ZTE presentan "riesgos materialmente superiores" a los de otros proveedores de 5G, y consideró justificadas las decisiones adoptadas por determinados Estados miembros para restringir o excluir a ambas compañías. La comunicación oficial de la Comisión Europea sobre la aplicación del 5G Toolbox permite comprobar directamente esta posición.
Telefónica conocía el problema y comenzó a diversificar en 2019
En el caso concreto de Telefónica existe un dato especialmente relevante. La compañía comenzó en 2019 una estrategia para diversificar sus suministradores y reducir progresivamente su dependencia de Huawei.
Esto está documentado porque, cuando Telefónica adquirió posteriormente equipos 5G de Ericsson para sustituir parte de los equipos Huawei instalados en España, fuentes de la propia operadora confirmaron que aquella sustitución formaba parte de la estrategia de diversificación anunciada por Telefónica en 2019. La operación fue recogida por Reuters en diciembre de 2021.
Existe además una circunstancia particularmente significativa. Según la información posteriormente publicada por Cinco Días, Telefónica había adjudicado en 2019 a Huawei el núcleo o "core" de su red 5G española, pero ante las críticas internacionales modificó posteriormente su estrategia. En diciembre de 2021 adjudicó a Ericsson el plano de control de su red 5G Stand Alone.
Por tanto, los hechos documentados permiten establecer dos acontecimientos prácticamente simultáneos: en 2019 Telefónica seguía adjudicando infraestructura 5G a Huawei y, al mismo tiempo, ya estaba modificando su estrategia para diversificar proveedores ante el riesgo que suponía depender excesivamente del fabricante chino.
¿Telefónica siguió comprando o contratando tecnología de Huawei después de conocerse esos riesgos?
Sí. Y este es uno de los datos más importantes de toda la cuestión.
El conocimiento del riesgo regulatorio no significó que Telefónica dejara inmediatamente de contratar tecnología de Huawei. La compañía fue sustituyendo determinados componentes y adjudicando infraestructura a fabricantes europeos, principalmente Ericsson y Nokia, pero mantuvo relaciones comerciales con Huawei.
La prueba más significativa apareció en 2025. Según informó Reuters, citando una información publicada originalmente por El País, Telefónica renovó a finales de 2024 un contrato con Huawei para suministrar equipamiento del núcleo 5G destinado a sus clientes residenciales en España, prolongándolo hasta 2030 bajo la presidencia de José María Álvarez-Pallete.
La fecha es especialmente relevante. Esa renovación se habría producido aproximadamente cinco años después de que Telefónica iniciara su estrategia de diversificación en 2019, casi cinco años después de la aprobación del 5G Toolbox europeo de enero de 2020 y más de un año después de que la Comisión Europea declarase públicamente en junio de 2023 que Huawei y ZTE presentaban riesgos materialmente superiores a otros proveedores 5G.
No obstante, debe hacerse una precisión importante para no extraer una conclusión que los datos no permiten. España no había establecido una prohibición general de contratar Huawei equivalente a la existente en otros países europeos. Por tanto, que Telefónica mantuviera o renovara determinados contratos con Huawei no significa por sí mismo que estuviera incumpliendo una prohibición española.
De hecho, la estrategia seguida por Telefónica ha sido diferente dependiendo del país. En julio de 2025 la compañía confirmó que estaba sustituyendo los equipos 5G de Huawei en España y Alemania, mientras continuaba utilizando tecnología del fabricante chino en Brasil y otros mercados latinoamericanos donde no existían las mismas restricciones. Reuters informó directamente sobre esta estrategia de Telefónica.
En Alemania la situación es distinta porque el Gobierno llegó a un acuerdo con las operadoras para retirar los componentes de Huawei y ZTE. Los componentes de esos fabricantes deben desaparecer del núcleo 5G antes de finalizar 2026, mientras que determinadas funciones críticas de gestión de las redes de acceso y transporte deberán sustituirse antes de finalizar 2029. Reuters detalló el acuerdo alcanzado entre Alemania y sus operadores.
El efecto sobre Ericsson y Nokia: Huawei ganó una enorme cuota del mercado mundial
La segunda cuestión es determinar si las compras realizadas a fabricantes chinos perjudicaron a los fabricantes europeos de infraestructura de telecomunicaciones, fundamentalmente Ericsson, de Suecia, y Nokia, de Finlandia.
Existen datos objetivos que permiten medir la evolución del mercado, aunque no he encontrado un estudio suficientemente sólido que permita afirmar que Telefónica, individualmente, causó una cantidad concreta de millones de euros de perjuicio a Ericsson o Nokia por haber contratado Huawei. Atribuir una cifra de daños a Telefónica sin disponer de ese cálculo sería especulativo.
Lo que sí puede cuantificarse es el extraordinario crecimiento de Huawei en el mercado de infraestructura. Los datos de la consultora Dell'Oro muestran que Huawei alcanzó en 2018 aproximadamente el 29% del mercado mundial de equipamiento de telecomunicaciones y había aumentado su participación en ocho puntos porcentuales desde 2013. Puede consultarse directamente en el análisis de Dell'Oro sobre el mercado mundial de equipos de telecomunicaciones.
Es decir, Huawei pasó aproximadamente del 21% al 29% del mercado mundial entre 2013 y 2018, mientras competía directamente por los contratos de las operadoras con Ericsson y Nokia.
La concentración era particularmente elevada en Europa. Un estudio sobre las consecuencias de excluir fabricantes chinos señalaba que Huawei, Nokia y Ericsson suministraban conjuntamente alrededor del 80% del mercado europeo de equipos móviles. Por tanto, las adjudicaciones realizadas a uno de estos fabricantes se producían en un mercado extraordinariamente concentrado en el que los tres competían directamente por una parte muy elevada de la inversión de las operadoras. El estudio puede consultarse aquí.
Esto permite hablar de cuota de mercado y contratos ganados o perdidos, pero no convertir automáticamente cada euro adjudicado a Huawei en un euro de "daño" a Ericsson o Nokia. Para hacer esa afirmación sería necesario demostrar qué fabricante europeo habría ganado concretamente cada contrato en ausencia de Huawei y a qué precio, algo que los estudios disponibles no permiten establecer de forma general.
Existe además un problema de reciprocidad con China
Hay otro dato reciente que resulta especialmente significativo para analizar el efecto sobre los fabricantes europeos. Mientras Huawei y ZTE han mantenido una presencia considerable en las redes europeas, Ericsson y Nokia han perdido gran parte de su participación en el mercado chino. Según datos de Dell'Oro recogidos por el Financial Times, la cuota conjunta de Ericsson y Nokia en las redes móviles chinas cayó aproximadamente del 12% en 2020 al 4% en 2024. La información relaciona esa caída con las crecientes restricciones y controles de seguridad aplicados en China a los proveedores extranjeros.
La comparación con Europa es notable. La misma información señala que, pese a las recomendaciones europeas para reducir la presencia de proveedores de alto riesgo, Huawei y ZTE todavía conservaban conjuntamente entre un 30% y un 35% del mercado europeo de infraestructura móvil, solamente entre cinco y diez puntos porcentuales menos que en 2020.
Por consiguiente, los datos muestran una importante asimetría: Ericsson y Nokia pasaron del 12% al 4% del mercado chino entre 2020 y 2024, mientras Huawei y ZTE todavía mantenían aproximadamente entre el 30% y el 35% del mercado europeo.
Esto representa pérdida de mercado para los fabricantes europeos en China, pero nuevamente conviene separar el dato comprobable de cualquier conclusión no demostrada: no existe base suficiente para atribuir toda esa pérdida a las decisiones de compra de Telefónica o de las operadoras europeas. Son mercados y decisiones regulatorias diferentes.
¿Cuánto cuesta ahora corregir la dependencia de Huawei y ZTE?
Aquí sí existen estudios económicos específicos y las cantidades son importantes.
Ya en junio de 2019, cuando las advertencias sobre Huawei estaban plenamente presentes en el debate internacional, una estimación de la industria calculó que excluir a los fabricantes chinos podía incrementar en aproximadamente 55.000 millones de euros el coste del despliegue 5G europeo y retrasarlo alrededor de 18 meses. La estimación fue difundida entonces por Reuters.
En 2020, Oxford Economics publicó un estudio específico sobre las consecuencias de restringir la competencia en el mercado europeo de equipos 5G. El estudio examinó 31 países europeos y analizó el incremento del coste de inversión, los retrasos en el despliegue del 5G y las pérdidas de productividad que podrían producirse al reducir el número de fabricantes disponibles.
Debe tenerse presente que estos estudios estimaban fundamentalmente el coste de excluir a Huawei, no el perjuicio histórico causado por haber comprado Huawei. Son dos conceptos económicamente diferentes.
La estimación más reciente es todavía más útil porque analiza directamente cuánto costaría retirar los proveedores considerados de alto riesgo de las redes existentes. En julio de 2026, GSMA Intelligence publicó un estudio específico sobre el coste de retirar proveedores de alto riesgo de las redes europeas. El trabajo utiliza información proporcionada por grupos europeos de telecomunicaciones.
Según las estimaciones publicadas sobre ese estudio, retirar los equipos de proveedores chinos considerados de alto riesgo de las redes europeas podría suponer entre 30.000 y 40.000 millones de euros. De esa cantidad, aproximadamente 16.000-22.000 millones corresponderían a las redes móviles, 9.000-12.000 millones a las redes de transporte y unos 5.000 millones a las redes fijas.
Las estimaciones no son unánimes. Existen diferencias importantes entre los cálculos de la Comisión Europea y los de la industria sobre qué costes deben incorporarse. Por ello, no sería correcto presentar los 30.000-40.000 millones como un coste definitivamente demostrado. Es una estimación de GSMA Intelligence basada en información de operadores europeos.
El coste real puede observarse en operadores que ya han tenido que sustituir Huawei
No se trata únicamente de estimaciones teóricas. Existen casos en los que operadores europeos han reconocido públicamente costes asociados a la retirada de Huawei. En Reino Unido, por ejemplo, BT calculó en 2020 que las restricciones impuestas al fabricante chino le supondrían unos 500 millones de libras durante cinco años, debido, entre otras cuestiones, a la necesidad de sustituir equipamiento. La estimación fue realizada por la propia compañía y puede consultarse en la información publicada entonces por The Guardian.
También existen estimaciones para Alemania. Un informe interno conocido en 2020 situaba en torno a 3.000 millones de euros el coste de retirar el equipamiento móvil Huawei instalado en ese país y calculaba que el proceso podía prolongarse durante cinco años. Light Reading recoge los antecedentes y las estimaciones disponibles para Alemania.
Por tanto, la sustitución de equipos previamente adquiridos tiene un coste económico comprobable, aunque su importe depende enormemente de la red, el país, el número de equipos afectados y de qué partes de la infraestructura deban sustituirse.
La cronología es especialmente relevante
Considerados conjuntamente, los datos permiten establecer una secuencia bastante clara y sin necesidad de realizar suposiciones. La cronología es la siguiente:
· En 2018 ya existían países occidentales que excluían a Huawei del 5G. En 2019 Estados Unidos impuso fuertes restricciones a Huawei, Europa comenzó a evaluar coordinadamente los riesgos del 5G y Telefónica inició su estrategia de diversificación de proveedores.
· En enero de 2020 la Unión Europea aprobó formalmente el 5G Toolbox.
· En junio de 2023 la Comisión Europea declaró expresamente que Huawei y ZTE presentaban riesgos materialmente superiores a otros proveedores. A pesar de ello, Telefónica habría renovado a finales de 2024 un contrato con Huawei para el núcleo 5G residencial español hasta 2030.
Esto no demuestra por sí mismo que las compras realizadas después de 2019 fueran ilegales ni que todas fueran económicamente equivocadas. En España no existía una prohibición general equivalente a la alemana y las recomendaciones europeas no equivalían inicialmente a un veto automático. Ese matiz es esencial.
Lo que sí está documentado es que las operadoras conocían desde hace años el riesgo de que determinados equipos chinos pudieran quedar sometidos posteriormente a restricciones y, pese a ello, algunas continuaron utilizando o contratando tecnología Huawei.
También está documentado el efecto competitivo. Huawei pasó a controlar aproximadamente el 29% del mercado mundial de equipamiento de telecomunicaciones en 2018; Ericsson y Nokia han sufrido una fuerte pérdida de cuota en China; Huawei y ZTE mantienen todavía una participación considerable en Europa; y retirar ahora los equipos considerados de alto riesgo podría costar decenas de miles de millones de euros a los operadores europeos.
Lo que no permiten afirmar los datos disponibles es que exista una cifra concreta y demostrada del perjuicio económico que las compras de Telefónica a Huawei hayan causado individualmente a Nokia o Ericsson. Puede demostrarse la pérdida de oportunidades comerciales y observarse la evolución de las cuotas de mercado, pero transformar esas cifras en una indemnización o perjuicio atribuible directamente a las decisiones de compra de Telefónica exigiría un análisis económico específico que no aparece en las fuentes consultadas.
La cuestión económica más claramente cuantificada es otra: Europa dispone ahora de una infraestructura en la que durante años se instalaron grandes cantidades de equipos Huawei y ZTE y el coste estimado de retirar los componentes de proveedores considerados de alto riesgo se sitúa actualmente, según GSMA Intelligence, en el entorno de 30.000 a 40.000 millones de euros para el conjunto de redes móviles, fijas y de transporte analizadas en la UE.
Huawei, el entorno de Zapatero y Javier de Paz: vínculos publicados y límites de lo acreditado
La presencia de Huawei en España y sus relaciones con determinados actores políticos y empresariales han sido objeto de diversas informaciones periodísticas y, más recientemente, han aparecido referencias a la compañía china en documentación intervenida dentro de investigaciones judiciales relacionadas con el entorno del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Existen datos publicados que acreditan relaciones comerciales y personales concretas, pero no existe, con la información pública disponible, una prueba que permita afirmar que Zapatero o Javier de Paz determinaran las adjudicaciones de Telefónica a Huawei.
Uno de los elementos objetivos es la posición que Javier de Paz ha mantenido durante años dentro de Telefónica. Según su perfil corporativo oficial en Telefónica, De Paz está vinculado al Grupo Telefónica desde 2008, año en el que se incorporó a su Consejo de Administración. Tras abandonar el Consejo en 2025, pasó a ejercer funciones ejecutivas como Director Adjunto al Presidente de Telefónica. La propia compañía confirmó entonces que había permanecido 18 años como miembro de su Consejo de Administración y que asumiría responsabilidades relacionadas con infraestructuras, activos inmobiliarios y responsabilidad social corporativa.
La relación personal entre Javier de Paz y José Luis Rodríguez Zapatero también es conocida públicamente y ha sido objeto de información durante años. Lo relevante para esta cuestión es que las investigaciones desarrolladas en 2026 sobre la consultora Análisis Relevante han situado igualmente a De Paz en los momentos iniciales de dicha sociedad. Según una información de El País sobre el denominado chat “AR”, fuentes conocedoras de la creación de la consultora señalaron que Javier de Paz estuvo relacionado con la fase inicial del proyecto, aunque finalmente no figuró como administrador ni accionista de la sociedad. El periódico recoge además que De Paz y una de sus hijas habrían realizado pequeñas aportaciones destinadas inicialmente al capital social que posteriormente les fueron devueltas.
Este punto tiene relevancia porque Análisis Relevante está siendo examinada judicialmente dentro de la investigación sobre el entorno empresarial de Zapatero. No obstante, la presencia de Javier de Paz en los orígenes de esa consultora no prueba por sí sola ninguna intervención en las decisiones de compra de Telefónica ni establece una relación entre De Paz y los contratos que la operadora adjudicó a Huawei.
La conexión con Huawei aparece por otra vía. Durante los registros efectuados en 2026, la Policía intervino documentación perteneciente a What The Fav, la agencia de marketing propiedad de las hijas de Zapatero. El País informó de que entre los contratos, facturas y documentos incautados había documentación relacionada con Huawei España.
El propio periódico publicó posteriormente que What The Fav había mostrado públicamente a Huawei entre las compañías con las que trabajaba. El País lo recogió expresamente en junio de 2026, indicando que la empresa de las hijas del expresidente había presentado a Huawei como cliente en su propia página web.
Por tanto, sí puede afirmarse que existió una relación comercial entre Huawei y What The Fav, empresa de las hijas de Zapatero, porque existe documentación intervenida por la Policía y porque la propia agencia había hecho pública esa relación. Sin embargo, este hecho tampoco permite concluir por sí solo que Zapatero actuara como intermediario para que Telefónica contratase equipamiento de Huawei.
La investigación judicial en curso atribuye además un papel relevante a Zapatero en torno a Análisis Relevante y otras sociedades. El País ha informado de que el juez José Luis Calama investiga si esa estructura se utilizó para ejercer influencias en favor de determinados intereses empresariales. Se trata de una investigación judicial abierta y las conclusiones del instructor no equivalen a hechos definitivamente probados mediante sentencia. Zapatero ha negado las acusaciones que se le atribuyen.
La documentación conocida también permite confirmar que la agencia de sus hijas estaba integrada en las relaciones económicas del entorno investigado. Según El País, What The Fav recibió entre 2020 y 2025 más de un millón de euros procedentes de distintas empresas vinculadas al entorno empresarial analizado por el juzgado. El juez considera que parte de esas operaciones debe investigarse para determinar si correspondían a servicios efectivamente prestados o si se utilizaron para articular determinadas contraprestaciones económicas.
Estos acontecimientos deben situarse además en el contexto de la relación comercial que Telefónica mantuvo con Huawei durante esos mismos años. Telefónica siguió contratando determinados equipos de Huawei incluso después de que las instituciones europeas hubieran comenzado a advertir de los riesgos asociados a proveedores considerados de alto riesgo. Reuters informó en agosto de 2025 de que Telefónica había renovado a finales de 2024 un contrato con Huawei para suministrar equipamiento del núcleo de su red móvil 5G destinado a clientes particulares en España, prolongándolo hasta el año 2030.
Al mismo tiempo, Telefónica comenzó posteriormente a reducir esa dependencia. En julio de 2025, el director de operaciones de la compañía, Emilio Gayo, confirmó que Telefónica estaba retirando progresivamente equipamiento 5G de Huawei en España y Alemania para adaptarse al marco regulatorio europeo y nacional. Reuters informó de esta estrategia, señalando que la compañía continuaría utilizando tecnología Huawei en países como Brasil donde no existían restricciones equivalentes.
La secuencia temporal resulta relevante y puede exponerse sin necesidad de realizar interpretaciones: Telefónica renovó a finales de 2024 un contrato con Huawei para el suministro de equipamiento del núcleo de su red 5G destinado a clientes residenciales en España, prolongándolo hasta el año 2030, cuando Emilio Gayo ocupaba la presidencia de Telefónica España. Meses después, tras ser nombrado consejero delegado de Telefónica, S.A. el 6 de marzo de 2025, el propio Gayo confirmó públicamente que el Grupo estaba reduciendo progresivamente su exposición a Huawei en España para adaptarse a las recomendaciones europeas y al nuevo contexto regulatorio. De este modo, la renovación del contrato con Huawei a finales de 2024 precedió en pocos meses al cambio de responsabilidad de Gayo dentro del Grupo y a la posterior comunicación pública de una estrategia dirigida a reducir la dependencia del fabricante chino. (Telefónica; Reuters)
Las consecuencias de esa dependencia también se han manifestado en contratos públicos. En agosto de 2025, el Gobierno español canceló un contrato de aproximadamente 10 millones de euros adjudicado a Telefónica para infraestructura de RedIRIS debido a la utilización prevista de equipamiento Huawei. Según Reuters, el Ministerio de Transformación Digital justificó la decisión en la estrategia de autonomía tecnológica y seguridad de las redes públicas.
Este episodio demuestra que la utilización de equipamiento Huawei llegó a tener consecuencias económicas directas para Telefónica en España, al provocar la cancelación de una adjudicación pública. No demuestra, sin embargo, quién promovió dentro de Telefónica la selección inicial del fabricante ni permite atribuir esa decisión a Javier de Paz.
Por todo ello, la información publicada hasta ahora permite establecer varios hechos separados. Javier de Paz ocupó durante casi dos décadas posiciones de relevancia dentro de Telefónica y posteriormente pasó a desempeñar funciones ejecutivas; mantuvo una relación cercana con Zapatero; aparece relacionado en informaciones basadas en la investigación judicial con la fase inicial de Análisis Relevante; y una empresa propiedad de las hijas de Zapatero mantuvo una relación comercial documentada con Huawei.
También está acreditado que Telefónica mantuvo importantes relaciones comerciales con Huawei durante ese período y renovó al menos un contrato relevante para el núcleo 5G español a finales de 2024, antes de intensificar posteriormente la retirada de esos equipos en España.
Lo que no está acreditado públicamente es el nexo causal entre ambos bloques de hechos. No consta en las fuentes fiables consultadas un documento, correo, acta de Telefónica, declaración judicial o informe policial publicado que demuestre que Javier de Paz utilizara su posición dentro de Telefónica para favorecer adjudicaciones a Huawei, ni que Zapatero actuara como intermediario ante Telefónica para conseguir esos contratos.
En consecuencia, atribuir a Javier de Paz la condición de “ariete” de Huawei dentro de Telefónica o afirmar que Zapatero consiguió las contrataciones de la compañía china iría actualmente más allá de los hechos que pueden acreditarse con documentación pública. La formulación rigurosa es que existen relaciones personales, societarias y comerciales publicadas que confluyen alrededor de Huawei, el entorno de Zapatero y una persona que ocupó puestos relevantes en Telefónica, pero no está demostrado que esas relaciones determinaran las adjudicaciones de equipamiento realizadas por la operadora.
Murtra puede invocar la herencia recibida, pero no convertirla en una explicación indefinida de los resultados de Telefónica
La cuestión debe separarse en dos planos distintos. El primero es hasta qué punto Marc Murtra puede atribuir a decisiones adoptadas antes de su llegada una parte de los costes y deterioros que afloren durante su presidencia. El segundo, probablemente más importante desde el punto de vista del gobierno corporativo, es qué revisión realizó el nuevo presidente de los activos, contratos, riesgos y compromisos heredados de la etapa de José María Álvarez-Pallete.
Sobre la primera cuestión existe una respuesta bastante clara: sí hay costes y riesgos actuales de Telefónica cuyo origen es anterior a Murtra. Pero eso no permite atribuir automáticamente unos malos resultados económicos a la gestión precedente. Murtra fue nombrado presidente de Telefónica el 18 de enero de 2025, sustituyendo a Álvarez-Pallete, que había presidido la compañía desde el 8 de abril de 2016. El relevo tuvo efecto inmediato.
Entre los problemas heredados figura precisamente la exposición a Huawei. La documentación analizada permite establecer que Telefónica conocía desde hacía años el creciente riesgo regulatorio asociado a determinados proveedores chinos. En 2019 comenzó una estrategia de diversificación; en enero de 2020 la UE aprobó el 5G Toolbox y en junio de 2023 la Comisión Europea declaró expresamente que Huawei y ZTE presentaban riesgos materialmente superiores a otros proveedores 5G. Pese a ello, Telefónica renovó a finales de 2024 un contrato con Huawei para el núcleo 5G destinado a clientes residenciales españoles, prolongándolo hasta 2030, según la información recopilada.
Esto es relevante porque el problema ha dejado de ser meramente regulatorio. Telefónica reconoce que las restricciones derivadas de razones de seguridad nacional pueden generar costes adicionales y afectar a sus planes de despliegue y expansión de red. En Alemania, además, los operadores deben retirar determinados componentes chinos del núcleo 5G antes de finalizar 2026 y sustituir determinadas funciones críticas antes de finales de 2029.
Por consiguiente, si durante la presidencia de Murtra Telefónica tiene que soportar costes directamente derivados de sustituir equipos, modificar contratos o acelerar inversiones vinculadas a decisiones tecnológicas adoptadas antes de enero de 2025, existe una base objetiva para identificar esos costes como heredados.
Pero debe hacerse una distinción fundamental: identificar el origen de un coste no equivale a justificar con él el conjunto de los resultados económicos posteriores.
De hecho, las propias cuentas de Telefónica de 2025 muestran por qué es necesario evitar esa simplificación. La compañía registró pérdidas netas de 4.318 millones de euros en 2025, pero Telefónica explica que una parte muy importante procedió de factores no recurrentes: reestructuración de plantilla, deterioros y cambios de valoración de determinados activos, además de las minusvalías relacionadas con las desinversiones en Hispanoamérica. Al mismo tiempo, el beneficio neto ajustado de las operaciones continuadas alcanzó 2.122 millones de euros.
Por tanto, no sería riguroso utilizar Huawei, ni cualquier otro problema heredado, como explicación genérica de unas pérdidas de Telefónica. Habría que cuantificar qué parte concreta del impacto económico procede de decisiones anteriores, qué parte corresponde a decisiones adoptadas por la nueva dirección y qué parte responde a factores externos.
La cuestión más delicada: ¿hubo una verdadera auditoría de entrada?
Aquí es necesario ser especialmente preciso.
No he encontrado evidencia pública que permita afirmar que Murtra encargara, al asumir la presidencia, una auditoría independiente extraordinaria y general destinada específicamente a revisar la gestión de Álvarez-Pallete y detectar contratos, deterioros potenciales, contingencias o riesgos ocultos.
Tampoco sería correcto transformar la ausencia de información pública sobre una auditoría extraordinaria encargada por Marc Murtra en la afirmación categórica de que el nuevo presidente “se hizo cargo de Telefónica sin auditar lo que recibía”. Y existe un dato de gobierno corporativo especialmente relevante que obliga a introducir este matiz: cuando Murtra llegó a la presidencia, el Estado llevaba más de ocho meses representado en órganos de Telefónica directamente relacionados con la supervisión, la auditoría y el control de la compañía.
El 8 de mayo de 2024, el Consejo de Administración de Telefónica nombró a Carlos Ocaña Orbis consejero dominical en representación de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). No fue incorporado únicamente al pleno del Consejo. Ese mismo día fue designado también vocal de la Comisión Delegada y vocal de la Comisión de Auditoría y Control de Telefónica. Así consta en la documentación oficial de la propia compañía.
Este último extremo es particularmente importante. La posición de Ocaña no puede describirse, sin más, como unas genéricas “funciones de control económico”, porque esa expresión podría atribuirle competencias individuales que la documentación societaria no establece. Lo que sí puede afirmarse con precisión es algo suficientemente relevante: Ocaña formaba parte desde el 8 de mayo de 2024 de la Comisión de Auditoría y Control, el órgano especializado del Consejo encargado de funciones esenciales de supervisión financiera, control interno, gestión de riesgos y relación con el auditor externo.
Además, Ocaña fue incorporado simultáneamente a la Comisión Delegada, órgano al que el Consejo tiene atribuidas, salvo las materias legal o estatutariamente indelegables, facultades decisorias de ámbito general. La propia Telefónica explica que esta comisión se reúne con mayor frecuencia que el Consejo y que este recibe información de sus acuerdos.
Por tanto, cuando Marc Murtra fue nombrado presidente ejecutivo el 18 de enero de 2025, Carlos Ocaña llevaba desde el 8 de mayo de 2024 dentro del Consejo, de la Comisión Delegada y de la Comisión de Auditoría y Control. Es decir, habían transcurrido algo más de ocho meses. La propia Telefónica confirma actualmente ambas fechas: Ocaña fue nombrado consejero el 8 de mayo de 2024 y Murtra el 18 de enero de 2025.
Este hecho no permite afirmar que Ocaña hubiera realizado una auditoría extraordinaria de Telefónica, ni que la SEPI conociera necesariamente todos los problemas que posteriormente pudieran aflorar. Tampoco consta públicamente, en la documentación examinada, que Ocaña elaborara una due diligence integral de la gestión de José María Álvarez-Pallete. Afirmarlo sin disponer del correspondiente informe o documentación sería especulativo.
Pero el dato sí introduce un elemento objetivo que no puede ignorarse al plantear la cuestión de la denominada “herencia recibida”. El accionista público que meses después tendría un peso decisivo en la nueva estructura accionarial de Telefónica no llegó a la compañía simultáneamente con Murtra. Su representante llevaba desde mayo de 2024 sentado en el Consejo y, además, integrado precisamente en la Comisión de Auditoría y Control y en la Comisión Delegada.
La documentación de Telefónica es especialmente explícita respecto de la primera. Su Informe Anual de la Comisión de Auditoría y Control de 2024 identifica a Carlos Ocaña como vocal dominical desde el 8 de mayo de 2024 y señala expresamente que fue nombrado a propuesta de la SEPI.
Este antecedente hace necesario formular con mayor precisión la pregunta sobre el conocimiento que tenía la nueva presidencia de la situación de Telefónica.
No basta con preguntar si Murtra encargó una auditoría extraordinaria después de tomar posesión. También resulta pertinente determinar qué información sobre la situación económica, financiera, contractual y de riesgos de Telefónica había sido conocida y supervisada por sus órganos de gobierno durante los meses anteriores y, en particular, qué información estaba disponible para la Comisión de Auditoría y Control de la que ya formaba parte el representante de la SEPI.
Hay que mantener, sin embargo, una separación rigurosa entre acceso institucional a los mecanismos de supervisión y conocimiento efectivo de cada problema concreto. La pertenencia de Ocaña a esos órganos demuestra lo primero; no demuestra por sí sola que conociera cada contrato, contingencia, deterioro potencial o decisión tecnológica que pudiera generar posteriormente un impacto económico.
Por la misma razón, tampoco permite concluir que Murtra conociera antes de su nombramiento todos los problemas que pudiera encontrarse posteriormente.
Pero sí dificulta presentar el cambio de enero de 2025 como la llegada de un accionista público y de una nueva presidencia completamente ajenos hasta entonces a la supervisión interna de Telefónica. Al menos desde el 8 de mayo de 2024, la SEPI disponía de representación directa en el Consejo y su representante participaba tanto en la Comisión Delegada como en la Comisión de Auditoría y Control.
De ahí que, si en algún momento determinados malos resultados o ajustes económicos se explicasen por problemas heredados de la presidencia de Álvarez-Pallete, la cuestión relevante no sería únicamente cuándo se originaron esos problemas, sino también cuándo pudieron ser conocidos por los órganos de supervisión de Telefónica y qué medidas se adoptaron una vez identificados.
La distinción es fundamental. Que un contrato, una inversión o un riesgo proceda de la etapa de Álvarez-Pallete permite establecer su origen temporal; no demuestra que permaneciera desconocido hasta la llegada de Murtra. Para sostener esto último habría que acreditar cuándo fue detectado y qué información había recibido previamente el Consejo y sus comisiones.
En consecuencia, la formulación más rigurosa sería la siguiente: no consta públicamente que Murtra encargara al asumir la presidencia una auditoría independiente extraordinaria destinada específicamente a revisar toda la gestión precedente; pero tampoco puede deducirse de ello que asumiera Telefónica sin información previa sobre su situación, especialmente cuando el representante de la SEPI llevaba más de ocho meses integrado en el Consejo de Administración, en la Comisión Delegada y en la Comisión de Auditoría y Control.
La cuestión que queda abierta y que sólo podría resolverse mediante documentación corporativa suficiente es, por tanto, mucho más concreta: qué riesgos, deterioros, contratos y contingencias relevantes habían sido puestos en conocimiento del Consejo y de la Comisión de Auditoría y Control entre el 8 de mayo de 2024 —entrada de Ocaña— y el 18 de enero de 2025 —nombramiento de Murtra—, y cuáles fueron identificados únicamente después.
Sin esa información no es posible atribuir conocimiento previo a Ocaña, a la SEPI o a Murtra. Pero tampoco es riguroso describir enero de 2025 como un punto de partida en el que el accionista público carecía de presencia en los órganos encargados de conocer y supervisar la situación de Telefónica.
Telefónica es una sociedad cotizada y sus cuentas están sometidas a auditoría externa. La propia compañía mantiene publicados los informes de auditoría correspondientes tanto a las cuentas de 2024 como a las de 2025. Una auditoría financiera ordinaria, sin embargo, no es lo mismo que una revisión extraordinaria de entrada —due diligence, forensic review o auditoría específica de gestión— destinada a examinar exhaustivamente las decisiones tomadas por el equipo anterior. Esa diferencia es esencial.
Lo que puede afirmarse con rigor es que no consta públicamente, en las fuentes examinadas, que el relevo de Álvarez-Pallete fuese acompañado de una auditoría independiente extraordinaria de esa naturaleza. La explicación pública del cambio de presidente fue otra: Telefónica señaló la necesidad de adecuar la presidencia a la nueva estructura accionarial de la sociedad.
Y aquí aparece una cuestión de gobierno corporativo legítima: si el nuevo presidente consideraba posteriormente que determinados problemas relevantes procedían de decisiones anteriores, resulta razonable preguntar qué procedimientos extraordinarios de revisión se realizaron al asumir el control de la compañía para identificarlos, cuantificarlos y comunicarlos al consejo y al mercado.
La exposición a Huawei proporciona un ejemplo particularmente claro. No se trataba en enero de 2025 de un riesgo desconocido o imprevisible. Telefónica había comenzado a diversificar proveedores en 2019; la UE había aprobado su 5G Toolbox en 2020; la Comisión había endurecido explícitamente su posición en 2023; y, pese a ello, Telefónica había renovado a finales de 2024 un contrato con Huawei hasta 2030.
Además, la dependencia tecnológica tiene consecuencias económicas potencialmente significativas. Telefónica reconoce actualmente que las restricciones sobre proveedores pueden elevar costes y afectar a despliegues y resultados, mientras que las estimaciones sectoriales recogidas en la documentación sitúan entre 30.000 y 40.000 millones de euros el eventual coste para el conjunto de las redes europeas de retirar proveedores chinos considerados de alto riesgo, aunque esa cifra es una estimación de GSMA Intelligence y no un coste atribuible a Telefónica.
La responsabilidad temporal debe delimitarse
Hay, por tanto, una frontera que conviene establecer. Murtra puede legítimamente identificar como heredadas las consecuencias económicas de contratos, inversiones, deterioros o compromisos adoptados antes del 18 de enero de 2025 cuando pueda demostrarse documentalmente su origen. Eso forma parte de una explicación normal de las cuentas de cualquier compañía tras un cambio de dirección.
Pero cuanto más tiempo transcurre desde su nombramiento, más difícil resulta presentar los problemas detectados como una realidad ajena a su propia responsabilidad de gestión. Desde su llegada, corresponde a la nueva dirección revisar los activos, contratos, riesgos y compromisos existentes y adoptar las decisiones que considere necesarias.
Los resultados de 2025 ofrecen además una prueba de que la compañía ya ha realizado importantes ajustes durante la nueva etapa. Telefónica registró provisiones por 2.910 millones de euros en 2025, de las cuales 2.474 millones correspondieron a Telefónica España. Las cuentas anuales reflejan asimismo importantes deterioros, reestructuraciones y efectos derivados de la salida de determinados mercados latinoamericanos.
Esto no demuestra que existieran problemas deliberadamente ocultados por la dirección anterior. Tampoco permite hablar de “agujeros”, irregularidades o decisiones conscientemente perjudiciales de Álvarez-Pallete sin pruebas específicas. Sí demuestra que durante 2025 se reconocieron contablemente impactos muy relevantes relacionados con activos, reestructuración y desinversiones.
La pregunta que queda abierta
La pregunta verificable es la siguiente:
¿Encargó el nuevo presidente de Telefónica, después de asumir el cargo el 18 de enero de 2025, una revisión independiente y extraordinaria de los principales contratos, inversiones, valoraciones de activos, compromisos tecnológicos, contingencias y riesgos heredados de la anterior administración?
Si existió, sería importante conocer su alcance y sus conclusiones. Si no existió, sería igualmente relevante conocer qué mecanismos utilizó el nuevo equipo para determinar con precisión la situación económica, contractual y tecnológica que recibía.
Esta cuestión adquiere especial importancia si en el futuro se atribuyen resultados negativos a decisiones tomadas durante la presidencia anterior. Cuanto mayor sea el peso que la nueva dirección atribuya a la “herencia recibida”, mayor será también la relevancia de conocer qué revisión realizó de esa herencia al asumir el control.
Lo que permiten afirmar hoy los documentos disponibles es más limitado pero sólido: Telefónica heredó compromisos y riesgos tecnológicos adoptados o conocidos durante la etapa de Álvarez-Pallete; algunos de esos riesgos pueden producir costes durante la presidencia de Murtra; no todos los resultados negativos pueden atribuirse por ello a la administración anterior; y no consta públicamente en las fuentes examinadas una auditoría independiente extraordinaria de entrada destinada específicamente a levantar y revisar en profundidad la gestión precedente.
Ese último extremo no demuestra que dicha revisión no existiera. Demuestra algo más preciso: con la información pública disponible no puede acreditarse que se realizara. Y, precisamente por ello, si la herencia de la etapa anterior pasa a utilizarse como explicación de impactos económicos relevantes, la existencia, alcance y resultados de esa revisión se convierten en una cuestión legítima y material para valorar la gestión de la nueva presidencia.
Conclusión: la herencia recibida tiene límites
La documentación disponible permite llegar a una conclusión prudente, pero relevante. Marc Murtra recibió una Telefónica con riesgos, contratos y decisiones estratégicas procedentes de la etapa de José María Álvarez-Pallete, y algunos de ellos pueden producir consecuencias económicas durante su presidencia. El caso de Huawei es especialmente significativo porque el riesgo regulatorio asociado al fabricante chino era conocido desde años antes del relevo y Telefónica había iniciado ya en 2019 una estrategia para reducir su dependencia, aunque posteriormente mantuviera determinados contratos con la compañía china.
Por ello, Murtra puede identificar y cuantificar como heredados aquellos costes cuya causa pueda vincularse documentalmente a decisiones anteriores a su llegada. Lo que no resultaría riguroso sería convertir esa herencia en una explicación genérica de cualquier deterioro posterior de los resultados de Telefónica.
Existe, además, un elemento que impide presentar el 18 de enero de 2025 como un punto de partida absoluto en el conocimiento de la situación de la compañía. La SEPI estaba representada en el Consejo de Administración de Telefónica desde el 8 de mayo de 2024 a través de Carlos Ocaña, que formaba parte también de la Comisión Delegada y de la Comisión de Auditoría y Control. Eso no demuestra que Ocaña, la SEPI o Murtra conocieran todos los problemas que posteriormente pudieran aflorar, pero sí acredita que el accionista público llevaba más de ocho meses presente en órganos esenciales de gobierno y supervisión cuando se produjo el relevo en la presidencia.
De ahí que la cuestión central ya no sea únicamente qué problemas heredó Murtra de Álvarez-Pallete, sino otra igualmente importante: cuáles de esos problemas eran conocidos por el Consejo y sus órganos de supervisión antes del cambio de presidente, cuándo fueron identificados y qué decisiones se adoptaron a partir de ese conocimiento.
Y queda una última cuestión objetiva. No consta públicamente, en las fuentes examinadas, que el relevo de enero de 2025 estuviera acompañado de una auditoría independiente extraordinaria destinada específicamente a revisar en profundidad la gestión precedente. Esa ausencia de constancia pública no demuestra que no existiera algún procedimiento interno de revisión, pero tampoco permite darlo por supuesto.
Por eso, si en los próximos ejercicios la “herencia recibida” adquiere peso en la explicación de pérdidas, deterioros, provisiones o inversiones extraordinarias, la transparencia exigirá algo más que señalar su origen histórico: habrá que identificar los costes concretos, explicar cuándo fueron detectados y determinar qué órganos de Telefónica tuvieron conocimiento de ellos y desde cuándo.
La fecha en que se tomó una mala decisión y la fecha en que esa decisión fue conocida son dos cuestiones distintas. Para valorar responsabilidades en Telefónica, ambas importan.
Para terminar el post quiero manifestar que la historia de Volkswagen con la que comenzaba este análisis sirve también para cerrarlo. No porque exista una equivalencia entre el Dieselgate y lo sucedido en Telefónica —no la hay y establecerla sería improcedente—, sino porque aquel episodio permite distinguir dos conceptos que en cualquier gran empresa deberían permanecer separados: heredar un problema y gestionar el problema heredado. Cuando Matthias Müller asumió la dirección de Volkswagen en septiembre de 2015, la compañía puso en marcha una investigación independiente para determinar qué había ocurrido, mientras reconocía en sus cuentas las consecuencias económicas de decisiones anteriores.
Esa distinción resulta especialmente útil para analizar la etapa de Marc Murtra al frente de Telefónica. Murtra asumió la presidencia el 18 de enero de 2025 y recibió indudablemente decisiones, contratos, inversiones y riesgos procedentes de la presidencia de José María Álvarez-Pallete. Algunos pueden seguir generando costes durante años. Negar esa herencia sería tan poco riguroso como utilizarla para explicar indiscriminadamente los resultados obtenidos bajo la nueva presidencia.
Huawei constituye probablemente el ejemplo más evidente. El riesgo regulatorio no apareció con Murtra. Telefónica había comenzado a diversificar proveedores en 2019; la Unión Europea aprobó el 5G Toolbox en enero de 2020; la Comisión Europea declaró el 15 de junio de 2023 que Huawei y ZTE presentaban riesgos materialmente superiores a otros proveedores 5G; y, pese a ese contexto, Telefónica renovó a finales de 2024 un contrato con Huawei para el núcleo 5G residencial español hasta 2030. Las consecuencias económicas que puedan acreditarse como derivadas de aquellas decisiones pertenecen objetivamente a la herencia recibida por Murtra.
Pero precisamente ahí termina la herencia como explicación y comienza la responsabilidad de la nueva gestión. Identificar quién tomó originalmente una decisión no responde a qué hizo posteriormente la nueva dirección cuando tuvo capacidad para revisarla, corregirla o asumir sus consecuencias. La propia Telefónica reconoce que las restricciones sobre determinados proveedores pueden generar costes adicionales y afectar a sus despliegues, inversiones y resultados. Una vez conocido el riesgo, corresponde a la administración vigente decidir cómo gestionarlo.
Hay además una circunstancia que obliga a manejar con especial cautela cualquier relato basado exclusivamente en la sorpresa ante lo heredado. La SEPI no entró en los órganos de Telefónica con Murtra. Carlos Ocaña fue nombrado consejero dominical en representación de la sociedad estatal el 8 de mayo de 2024 y desde esa misma fecha formó parte de la Comisión Delegada y de la Comisión de Auditoría y Control. Cuando Murtra llegó a la presidencia habían transcurrido más de ocho meses.
Ese hecho no demuestra que Ocaña, la SEPI o Murtra conocieran cada problema, contrato o contingencia existente en Telefónica. Afirmarlo supondría ir más allá de las pruebas. Pero acredita algo distinto y relevante: el accionista público ya estaba representado en órganos fundamentales de gobierno, auditoría y supervisión mucho antes del relevo de Álvarez-Pallete.
Y permanece una diferencia significativa respecto del ejemplo con el que abríamos estas páginas. En Volkswagen consta documentalmente que se encargó una investigación independiente para esclarecer lo sucedido. En Telefónica no consta públicamente, entre las fuentes examinadas, que la llegada de Murtra estuviera acompañada de una auditoría independiente extraordinaria destinada específicamente a revisar en profundidad la gestión anterior. Esto no demuestra que no se realizasen revisiones internas, pero tampoco permite afirmar que existiera una investigación extraordinaria comparable.
La cuestión, por tanto, no consiste en exonerar a Álvarez-Pallete de las consecuencias de decisiones adoptadas durante su presidencia. Cada decisión debe atribuirse al periodo en que fue tomada y cada coste heredado debe identificarse como tal cuando pueda demostrarse su origen. Pero el mismo criterio debe aplicarse a Murtra: desde el 18 de enero de 2025, la responsabilidad de revisar esa herencia, valorarla y decidir qué hacer con ella corresponde a la nueva dirección. Cuanto más tiempo transcurre desde el relevo, más difícil resulta presentar los problemas detectados como una realidad enteramente ajena a la responsabilidad de quien actualmente gobierna la compañía.
Los resultados de 2025, con unas pérdidas netas de 4.318 millones de euros, contienen además factores de naturaleza muy diferente —reestructuraciones, deterioros, cambios de valoración y efectos de las desinversiones en Hispanoamérica—, mientras el beneficio neto ajustado de las operaciones continuadas alcanzó 2.122 millones. Por eso, atribuir unos malos resultados en bloque a la “herencia de Álvarez-Pallete” no sería una explicación económica suficientemente rigurosa. Habría que determinar qué impacto procede de decisiones anteriores, cuál corresponde a decisiones adoptadas bajo la nueva presidencia y cuál responde a circunstancias externas.
Ese debería ser también el criterio para juzgar la gestión de Murtra: ni cargarle automáticamente costes cuyo origen esté acreditadamente en decisiones anteriores, ni permitir que la herencia recibida se convierta en una coartada contable permanente para explicar los resultados de su propia etapa.
Volkswagen sirve aquí únicamente como recordatorio metodológico. Una herencia empresarial puede explicar por qué existe un problema; no determina por sí sola cómo debe valorarse la gestión de quien lo hereda. Para eso hay que saber qué recibió, cuándo lo conoció, qué hizo para comprobarlo y qué decisiones tomó después.
Y quizá esa sea la pregunta con la que convenga cerrar este análisis de Telefónica: no sólo qué dejó Álvarez-Pallete, sino qué está haciendo Murtra con aquello que recibió. Porque, llegado un determinado momento, la herencia deja de ser únicamente pasado y su gestión pasa a formar parte del balance de quien gobierna el presente.
Ya lo dijo Warren Buffett: «El riesgo viene de no saber lo que estás haciendo.»
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