Hay una pequeña paradoja que explica bastante bien por qué el debate sobre el DNA es mucho más complejo que simplemente sustituir cobre por fibra. Europa quiere construir las redes del futuro, pero buena parte de esas redes del futuro sigue necesitando utilizar infraestructuras físicas construidas durante la época de los antiguos monopolios telefónicos. En Alemania, uno de los ejemplos más claros son los conductos de Deutsche Telekom. Para desplegar fibra, un competidor puede instalar el cable más moderno disponible, pero antes necesita resolver una cuestión mucho menos sofisticada: por dónde hacerlo pasar.
La Bundesnetzagentur, el regulador alemán, considera que determinados conductos de Deutsche Telekom son importantes para que otros operadores puedan desplegar redes de fibra en competencia y, por ello, impuso obligaciones de acceso a esa infraestructura. El conflicto llegó incluso a los tribunales: en mayo de 2026, el Tribunal Administrativo de Colonia confirmó que Deutsche Telekom debía permitir a sus competidores utilizar determinados conductos para desplegar redes de muy alta capacidad, respaldando así la decisión del regulador. Posteriormente, en julio, la Bundesnetzagentur completó las condiciones contractuales aplicables a ese acceso.
La anécdota resulta especialmente reveladora para entender el DNA porque demuestra que digitalizar Europa no significa necesariamente dejar atrás las infraestructuras del pasado. Una red 5G, un servicio cloud o una aplicación de inteligencia artificial pueden parecer completamente digitales, pero una parte de la fibra que los conecta puede terminar atravesando un conducto construido décadas antes por el antiguo monopolio telefónico. Y ahí aparece la verdadera discusión regulatoria: el problema no consiste únicamente en quién está dispuesto a invertir en la nueva red, sino también en quién controla la infraestructura física imprescindible para construirla y bajo qué condiciones debe permitir que sus competidores la utilicen.
Por eso el caso alemán funciona casi como una metáfora del debate europeo: Europa intenta construir las autopistas digitales del futuro, pero algunas de las llaves para acceder a ellas siguen estando en manos de quienes construyeron las carreteras del pasado. El DNA tendrá que decidir hasta dónde puede retirarse la regulación cuando esas infraestructuras continúan siendo difícilmente replicables.
Europa está a las puertas de una de las reformas más importantes de su mercado de telecomunicaciones de las últimas décadas. La propuesta de Ley de Redes Digitales —Digital Networks Act, DNA— pretende reducir la fragmentación regulatoria, facilitar la inversión, acelerar la transición hacia redes de fibra y tecnologías avanzadas y crear las condiciones para un verdadero mercado único europeo de conectividad. Sobre el papel, buena parte de estos objetivos coincide con las reivindicaciones que Telefónica, Orange, Deutsche Telekom y Vodafone llevan años trasladando a Bruselas: menos fragmentación, mayor previsibilidad sobre el espectro, más escala y un marco regulatorio que facilite recuperar las enormes inversiones necesarias para desplegar las redes del futuro.
Sin embargo, una cosa es analizar qué deberían hacer las grandes operadoras para prepararse ante el DNA y otra muy distinta observar qué están haciendo realmente mientras la norma todavía se negocia. Cuando pasamos del discurso público a las decisiones empresariales concretas aparecen algunas de las cuestiones más interesantes del debate: Telefónica reclama una reducción de la regulación ex ante mientras intenta modificar las condiciones económicas de acceso a su infraestructura pasiva en España; Deutsche Telekom defiende mayor libertad regulatoria mientras Alemania continúa discutiendo las condiciones de acceso a sus conductos y la migración desde el cobre; Orange reclama mayor escala europea mientras participa en una operación que podría transformar profundamente la estructura competitiva del mercado francés; y Vodafone combina sus demandas de simplificación regulatoria con estrategias de consolidación, compartición y acceso a infraestructuras de terceros.
Esto no significa que las grandes operadoras estén actuando “contra” el DNA, ni que exista nada irregular en defender sus intereses ante las instituciones europeas. La realidad es más compleja y, precisamente por eso, más interesante. Las compañías apoyan buena parte de los objetivos industriales de la Comisión, pero al mismo tiempo intentan modificar aquellos elementos de la futura regulación que pueden afectar a la rentabilidad de sus redes, al acceso mayorista, al apagado del cobre, al espectro, a la consolidación o a su capacidad para negociar comercialmente con otros actores. Mientras el Reglamento continúa abierto a modificaciones, las grandes telecos no se limitan a prepararse para el nuevo escenario: están intentando influir en las reglas que definirán ese escenario.
Este post analiza precisamente esa diferencia entre lo que las grandes operadoras europeas sostienen que necesita Europa, lo que deberían estar haciendo para afrontar el nuevo marco y lo que están haciendo realmente. No se trata de especular sobre sus intenciones, sino de contrastar posiciones públicas, decisiones empresariales, actuaciones de los reguladores y actividad de lobby documentada para entender qué está verdaderamente en juego con el DNA. Porque detrás del debate sobre fibra, espectro o simplificación regulatoria existe una cuestión mucho más profunda: quién controlará las infraestructuras digitales europeas, en qué condiciones podrán utilizarlas sus competidores y cómo se repartirá el valor económico generado sobre ellas durante las próximas décadas.
La Ley de Redes Digitales y el verdadero tablero estratégico de las grandes operadoras europeas
La Ley de Redes Digitales de la Unión Europea —Digital Networks Act, DNA— pretende modernizar de forma profunda el marco jurídico europeo de conectividad para impulsar la inversión, la innovación y el desarrollo de infraestructuras digitales avanzadas, resilientes y capaces de sostener la próxima etapa de transformación tecnológica. Conviene, sin embargo, comenzar con una precisión jurídica fundamental: el DNA todavía no es una ley definitivamente aprobada ni está en vigor. El 21 de enero de 2026 la Comisión Europea presentó y adoptó su propuesta de Reglamento, COM(2026) 16, iniciando un proceso legislativo que todavía debe desarrollarse en el Parlamento Europeo y en el Consejo. Por tanto, estamos ante una propuesta cuyo contenido puede modificarse durante el procedimiento legislativo ordinario, y no ante un marco normativo completamente cerrado. Esta diferencia es esencial para comprender lo que está sucediendo ahora mismo en el sector, porque Telefónica, Orange, Deutsche Telekom y Vodafone no se están limitando a prepararse para cumplir una futura regulación: también están intentando influir en su contenido mientras todavía puede ser modificado. (digital-strategy.ec.europa.eu)
La propuesta parte de un diagnóstico que la Comisión Europea y buena parte de la industria comparten desde hace años: Europa mantiene un mercado de telecomunicaciones fragmentado entre distintos Estados miembros, con importantes diferencias regulatorias, menores economías de escala que otros grandes mercados internacionales y unas necesidades de inversión crecientes en fibra, 5G Standalone, futura 6G, edge computing, cloud, inteligencia artificial, ciberseguridad y comunicaciones satelitales. Los informes de Draghi y Letta insistieron precisamente en la existencia de barreras que dificultan la expansión transfronteriza y la creación de operadores con verdadera dimensión continental. El DNA intenta responder a ese problema mediante una mayor armonización regulatoria, simplificación administrativa, mayor previsibilidad en el uso del espectro, nuevas reglas para servicios paneuropeos y una aceleración de la transición desde las antiguas redes de cobre hacia infraestructuras completamente basadas en fibra. La propia Comisión vincula directamente esta reforma con la competitividad europea y con la necesidad de disponer de redes capaces de sostener IA, cloud, servicios espaciales y nuevas aplicaciones digitales. (digital-strategy.ec.europa.eu)
Para las grandes operadoras europeas, uno de los elementos más relevantes del DNA es precisamente la posibilidad de aumentar la previsibilidad sobre el espectro y sobre las inversiones de muy largo plazo. La construcción de redes móviles exige desembolsos que se amortizan durante muchos años, por lo que una mayor duración de las licencias, renovaciones más previsibles y un marco más estable para el uso de frecuencias pueden reducir significativamente la incertidumbre financiera. Telefónica, Orange, Deutsche Telekom y Vodafone deberían aprovechar ese horizonte para integrar el espectro dentro de planes de inversión de veinte o treinta años, acelerar la virtualización de red y preparar arquitecturas capaces de evolucionar desde 5G Standalone hacia futuras generaciones sin necesidad de reconstruir completamente la infraestructura. El problema es que ninguna de estas compañías puede limitarse a aumentar indiscriminadamente su CAPEX. Todas tienen que decidir dónde invertir directamente, dónde compartir redes, dónde coinvertir con terceros, dónde adquirir capacidad mayorista y dónde consolidar operaciones para mejorar la utilización de activos extremadamente intensivos en capital.
La segunda gran cuestión es la fibra y la transición desde el cobre. Aquí aparecen algunas de las diferencias más importantes entre las principales operadoras europeas, porque no todas parten de la misma situación. Telefónica se encuentra mucho más avanzada en España que Deutsche Telekom en Alemania, y eso condiciona de manera directa sus posiciones regulatorias. Telefónica completó el apagado de su histórica red de cobre española y dispone de una de las mayores redes FTTH de Europa, lo que le permite defender ante Bruselas que la transición debe producirse atendiendo a las condiciones reales de cada mercado y no mediante un calendario idéntico para todos los Estados miembros. La compañía sostiene además que, cuando existen varias redes de fibra y ofertas mayoristas comerciales suficientes, debería reducirse progresivamente la regulación ex ante y utilizarse cada vez más el derecho general de competencia. Es decir, Telefónica no está pidiendo simplemente que Europa facilite la migración hacia fibra, sino que la desaparición del cobre venga acompañada de una revisión del marco regulatorio que históricamente pesaba sobre el antiguo monopolio de red fija. (telefonica.com)
Es precisamente aquí donde aparece una de las contradicciones más interesantes entre el discurso público y los intereses empresariales. Mientras Telefónica reclama en Bruselas una reducción progresiva de determinadas obligaciones regulatorias, sus competidores están pidiendo que se mantenga regulación sobre algunas de las infraestructuras físicas que controla en España. El caso más evidente es MARCo, la oferta que permite a otros operadores utilizar conductos, cámaras, arquetas y otros elementos de la infraestructura pasiva de Telefónica para desplegar sus propias redes. En junio de 2026, Telefónica presentó ante la CNMC una propuesta revisada de compromisos que contempla un incremento inicial del 30 % en determinadas cuotas recurrentes, seguido de subidas anuales del 16,96 % durante los tres años posteriores, antes de pasar a incrementos vinculados al IPC. No existe base para afirmar que esa propuesta sea ilegal; de hecho, está sometida al procedimiento correspondiente ante la CNMC. Pero su importancia dentro del debate del DNA resulta evidente porque demuestra que la discusión sobre desregulación no es abstracta: afecta directamente al precio al que los competidores pueden utilizar infraestructuras difícilmente replicables. (cnmc.es)
El conflicto alrededor de MARCo resume perfectamente una de las preguntas centrales que tendrá que resolver el futuro marco europeo. ¿Cuándo deja de estar justificada una regulación específica sobre un antiguo monopolio y cuándo sigue siendo necesaria porque ese operador controla una infraestructura que no puede reproducirse económicamente con facilidad? En telecomunicaciones, construir una red de fibra nueva no significa simplemente tender cable. En muchos casos es necesario utilizar conductos, postes, cámaras y canalizaciones ya existentes cuya duplicación puede resultar económicamente inviable. Por eso, la discusión sobre el futuro de la regulación europea no puede reducirse a contar cuántas redes de fibra existen en un país. También debe analizar quién controla las infraestructuras físicas necesarias para desplegarlas, en qué condiciones económicas pueden utilizarlas los competidores y hasta qué punto el propietario de esos activos debe conservar libertad comercial para monetizarlos.
Esta tensión explica también por qué Telefónica está desarrollando una actividad de representación de intereses especialmente intensa alrededor del DNA. Durante 2026 la compañía ha publicado documentos específicos sobre espectro, acceso mayorista, resiliencia, neutralidad de red, interconexión, regulación ex ante y relación con las grandes plataformas digitales, defendiendo un marco más orientado a inversión y menos dependiente de obligaciones sectoriales históricas. En materia de resiliencia, por ejemplo, Telefónica comparte el objetivo de reforzar la seguridad de las redes europeas, pero cuestiona que se creen nuevas obligaciones que puedan superponerse con marcos ya existentes como NIS2 y la Directiva CER. La posición de la compañía, por tanto, no consiste en rechazar el DNA de forma global, sino en apoyar aquellos elementos que pueden aumentar previsibilidad, escala y capacidad inversora, mientras intenta modificar aquellos que considera que pueden mantener cargas regulatorias excesivas o duplicar obligaciones ya existentes. (telefonica.com)
La actividad de lobby, además, está documentada públicamente. El Parlamento Europeo publica las reuniones mantenidas por los responsables del expediente con empresas y asociaciones interesadas, y los registros muestran encuentros relacionados con el procedimiento 2026/0013(COD) en los que han participado Telefónica, Deutsche Telekom, Vodafone, Orange y otras compañías del sector, además de organizaciones tecnológicas y plataformas digitales. Esto permite utilizar correctamente la palabra lobby: las grandes operadoras están intentando influir de forma documentada y transparente en una legislación que afecta directamente al valor económico de sus redes. Lo que esos registros no permiten afirmar es que exista una influencia indebida o que las empresas controlen al legislador. Son afirmaciones diferentes y conviene mantener esa distinción para que el análisis permanezca apoyado en hechos. (oeil.europarl.europa.eu)
El caso de Deutsche Telekom muestra otra dimensión del problema. Alemania se encuentra considerablemente menos avanzada que España en la transición completa desde el cobre hacia FTTH, por lo que una obligación europea de migración puede tener efectos económicos mucho mayores para el grupo alemán que para Telefónica España. La Bundesnetzagentur ha planteado que el proceso de apagado del cobre debería estar ligado a condiciones previas concretas, incluyendo una cobertura FTTH suficiente y la existencia de ofertas mayoristas que permitan a otros operadores continuar prestando servicios sobre las nuevas redes. El regulador ha utilizado como referencia una cobertura de al menos el 80 % antes de comenzar la migración, junto con requisitos de cobertura completa al finalizar el proceso y disponibilidad de mecanismos de open access. (bundesnetzagentur.de)
La lógica del regulador alemán es clara: no basta con sustituir una red antigua por una nueva si el resultado puede reducir la capacidad de los competidores para ofrecer servicios. Esto conecta directamente con otro conflicto relevante, el acceso a los conductos de Deutsche Telekom. La Bundesnetzagentur ha establecido obligaciones para que terceros puedan utilizar determinadas infraestructuras físicas del operador y en julio de 2026 completó nuevas condiciones contractuales aplicables a ese acceso. El paralelismo con Telefónica resulta evidente: dos de los principales antiguos monopolios europeos reclaman un marco más favorable a inversión y desregulación, mientras sus reguladores nacionales continúan considerando necesario garantizar acceso a infraestructuras físicas que siguen siendo difíciles de replicar. Esto no demuestra ninguna conducta irregular por parte de las compañías, pero sí evidencia que la discusión sobre regulación ex ante está muy lejos de poder darse por terminada. (bundesnetzagentur.de)
El caso de Orange introduce un contraste importante y demuestra por qué no conviene generalizar. Orange controla en Francia una enorme infraestructura histórica de obra civil y es el propietario de la antigua red de cobre, pero los datos regulatorios disponibles actualmente no permiten sostener que esté discriminando sistemáticamente a terceros en el acceso operativo a esa infraestructura. En julio de 2026, Arcep publicó una auditoría sobre los procesos utilizados para permitir el acceso a la infraestructura civil de Orange y calificó los resultados como globalmente satisfactorios. Para servicios comparables, los operadores terceros, Orange y Orange Concessions accedían a la misma información mediante herramientas, procesos, reglas y plazos equivalentes. El regulador considera además que parte de esta infraestructura tiene una capilaridad que no resulta económicamente replicable, razón por la que su acceso continúa sometido a supervisión. (en.arcep.fr)
Este punto merece especial cuidado. La auditoría de Arcep permite afirmar que los procesos operativos, información y herramientas comparables deben aplicarse sin discriminación, pero no permite concluir automáticamente que un operador tercero soporte exactamente el mismo coste económico que una filial del grupo Orange en cualquier circunstancia. Tampoco sería correcto trasladar de forma directa el régimen francés a MasOrange en España. Orange es el antiguo incumbente francés y está sometido a obligaciones específicas sobre determinadas infraestructuras, mientras MasOrange opera bajo una estructura regulatoria española diferente. Por tanto, no existe evidencia suficiente para afirmar que Orange esté concediendo de forma ilícita a sus propias filiales condiciones económicas mejores que a terceros. Lo que sí demuestra esta situación es precisamente uno de los problemas que el DNA pretende abordar: una misma multinacional puede operar bajo marcos regulatorios muy distintos dependiendo del Estado miembro, y esa fragmentación condiciona tanto su estrategia empresarial como sus posiciones ante Bruselas.
Orange, sin embargo, comparte buena parte de la agenda regulatoria de otros grandes operadores históricos. La compañía ha defendido una desregulación por defecto de las redes fijas de muy alta capacidad cuando exista competencia efectiva, manteniendo salvaguardas en situaciones de monopolio local, y se ha mostrado crítica con determinadas soluciones uniformes que no tengan suficientemente en cuenta las condiciones específicas de cada mercado. Esa posición resume bastante bien el equilibrio que buscan los grandes incumbentes: más armonización cuando reduce barreras para operar en Europa, pero suficiente flexibilidad nacional cuando una armonización completa puede imponer nuevas obligaciones sobre activos que consideran competitivos.
La actuación empresarial más significativa de Orange en 2026, sin embargo, puede encontrarse en la consolidación. El 6 de junio de 2026 Orange, Bouygues Telecom y Free–Groupe iliad firmaron un protocolo con Altice France para adquirir SFR por un valor empresarial de aproximadamente 20.350 millones de euros. Si la operación recibe las autorizaciones correspondientes, Francia podría pasar de cuatro grandes operadores móviles a tres. Orange ha vinculado públicamente esta operación con la necesidad de conseguir mayor escala y reforzar la capacidad de inversión, mientras Arcep ha recordado que la concentración deberá examinarse desde la perspectiva de sus efectos sobre precios, cobertura, calidad e innovación. (newsroom.orange.com)
Este movimiento permite observar otro de los grandes dilemas del DNA. Los operadores sostienen que necesitan más escala para invertir, mientras los reguladores tienen que decidir cuánta concentración puede aceptarse sin deteriorar la competencia. Sería incorrecto afirmar que la operación sobre SFR contradice el DNA, porque una parte del diagnóstico europeo consiste precisamente en reconocer que la fragmentación reduce la capacidad de inversión y dificulta alcanzar dimensión suficiente. Pero también sería incorrecto considerar la consolidación como una solución neutra. Si un mercado pasa de cuatro operadores a tres, pueden aparecer mejoras de eficiencia y mayor capacidad financiera, pero también disminuye el número de competidores y eso obliga a examinar cuidadosamente sus efectos sobre precios, inversión e innovación.
Vodafone ofrece otro ejemplo muy ilustrativo de las alianzas cambiantes que caracterizan al sector. La compañía sostiene públicamente que Europa necesita mayor escala, simplificación regulatoria y políticas de espectro que proporcionen más estabilidad a la inversión, y también defiende que las obligaciones aplicables a servicios digitales equivalentes deberían ser más homogéneas entre operadores de telecomunicaciones y grandes plataformas tecnológicas. (vodafone.com) Sin embargo, cuando Vodafone necesita utilizar infraestructura controlada por otro operador, su interés empresarial cambia y puede reclamar precisamente garantías de acceso o mantenimiento de determinadas obligaciones regulatorias. Esta situación no es incoherente desde el punto de vista económico: cada operador busca mayor libertad allí donde controla un activo y mayores garantías allí donde depende de un activo controlado por un competidor.
Ese comportamiento permite comprender por qué no existe realmente una única posición de “las telecomunicaciones europeas”. Telefónica y Vodafone pueden coincidir cuando reclaman espectro más previsible, simplificación normativa o mayor facilidad para alcanzar escala, pero pueden enfrentarse inmediatamente cuando Vodafone necesita acceder a una infraestructura controlada por Telefónica. Orange puede defender desregulación en Francia y al mismo tiempo participar en una consolidación que deberá superar un estricto análisis de competencia. Deutsche Telekom puede reclamar mayor libertad regulatoria mientras su regulador nacional insiste en garantizar open access sobre determinadas infraestructuras. Las alianzas cambian dependiendo de quién controla el activo, quién necesita utilizarlo y cuál es la posición competitiva de cada compañía en cada mercado.
Esta realidad adquiere todavía más importancia porque los propios operadores están convirtiendo progresivamente sus redes en plataformas mayoristas. Las inversiones en fibra son extremadamente intensivas en capital y, una vez construida una red, permitir que otros operadores la utilicen puede aumentar considerablemente su nivel de ocupación y mejorar el retorno de la inversión. Por eso, la frontera tradicional entre competidor y cliente se está desdibujando. Una compañía puede competir agresivamente contra otra en el mercado minorista y simultáneamente comprarle o venderle capacidad mayorista. En ese contexto, cuando un operador reclama reducir regulación mayorista no está necesariamente pidiendo que desaparezca el negocio mayorista, sino que una parte mayor de esas relaciones pase de estar condicionada por obligaciones regulatorias a negociarse comercialmente entre empresas.
Ahí se encuentra probablemente una de las batallas económicas más importantes del DNA. Para los grandes incumbentes, simplificar significa cada vez más sustituir regulación ex ante por acuerdos comerciales allí donde consideran que existe competencia suficiente. Para los operadores alternativos, retirar demasiado pronto esas obligaciones puede significar quedar sometidos a las condiciones económicas impuestas por quien controla una infraestructura que ellos no pueden reproducir eficientemente. Para la Comisión y los reguladores nacionales, el problema consiste en encontrar un punto intermedio capaz de estimular inversión sin recrear posiciones monopolísticas difíciles de corregir después. Europa necesita favorecer inversión y escala, pero al mismo tiempo debe garantizar que quien controla una infraestructura esencial no pueda bloquear económicamente la competencia.
Las grandes compañías también están actuando colectivamente para intentar modificar el texto. Organizaciones como Connect Europe canalizan buena parte de las posiciones comunes del sector ante las instituciones comunitarias y, en junio de 2026, la asociación publicó un conjunto de propuestas específicas para modificar el DNA y convertirlo, según su propia formulación, en una herramienta de competitividad. Connect Europe también ha cuestionado determinados aspectos de las propuestas europeas sobre la transición obligatoria hacia fibra y ha defendido que el apagado del cobre debería producirse con mecanismos más orientados por el mercado que mediante calendarios excesivamente rígidos. (connecteurope.org) Esto demuestra que el lobby del sector no se limita a declaraciones generales sobre competitividad, sino que intenta modificar elementos muy concretos del texto legislativo.
La relación con las grandes plataformas digitales constituye otro frente importante. Durante años, Telefónica, Orange, Deutsche Telekom, Vodafone y otros operadores han defendido cambios en la relación económica entre quienes construyen las redes y quienes generan grandes volúmenes de tráfico sobre ellas. Las grandes telecos sostienen que el ecosistema digital necesita un reparto más equilibrado de incentivos y obligaciones, mientras compañías como Google, Meta, Netflix o Cloudflare han rechazado mecanismos que puedan transformarse en pagos obligatorios por tráfico o alterar determinados principios de Internet abierto. El DNA intenta abordar parte de esta discusión mediante mecanismos relacionados con interconexión y cooperación, pero no ha incorporado automáticamente todas las demandas históricas de los operadores. Esto resulta relevante porque demuestra que la existencia de un lobby potente no significa que las instituciones adopten necesariamente sus posiciones.
Los registros del Parlamento Europeo muestran precisamente que el proceso legislativo está sometido a presiones contrapuestas. En las reuniones relacionadas con el DNA aparecen no solamente Telefónica, Orange, Deutsche Telekom y Vodafone, sino también Google, Meta, Netflix, Cloudflare, operadores alternativos, asociaciones de consumidores y otras organizaciones tecnológicas. Cada actor intenta influir sobre aspectos diferentes del Reglamento: los grandes operadores reclaman mayor escala y menos regulación sectorial; los operadores alternativos quieren conservar garantías de acceso allí donde dependen de infraestructuras de terceros; las plataformas digitales intentan evitar nuevas obligaciones económicas; y las organizaciones de consumidores buscan preservar competencia, precios y derechos. Por tanto, no existe simplemente una negociación entre Bruselas y las telecos, sino una negociación entre numerosos intereses económicos cuyos objetivos no siempre son compatibles. (oeil.europarl.europa.eu)
Sería igualmente incorrecto, sin embargo, presentar a las grandes operadoras únicamente como una fuerza destinada a frenar o debilitar el DNA. También están desarrollando proyectos que avanzan directamente en la dirección industrial que persigue la Comisión. Un ejemplo especialmente relevante es el European Edge Continuum, demostrado en febrero de 2026 por Deutsche Telekom, Orange, Telefónica, TIM y Vodafone. Los cinco operadores consiguieron federar sus respectivos entornos edge para permitir que aplicaciones pudieran desplegarse sobre nodos pertenecientes a diferentes compañías europeas. La iniciativa se encontraba todavía en entornos de laboratorio y preproducción y no debe presentarse como una infraestructura comercial plenamente desplegada, pero demuestra que operadores tradicionalmente competidores están intentando construir capas tecnológicas paneuropeas capaces de reducir parte de la fragmentación actual. (telefonica.com)
Telefónica, además, está desarrollando directamente infraestructura edge. En junio de 2026 anunció haber completado en España el despliegue de 17 nodos edge integrados con sus redes FTTH y 5G, destinados a acercar capacidad de procesamiento y servicios digitales a los usuarios y empresas. (telefonica.com) Por tanto, sería incorrecto presentar a la compañía únicamente como un operador que intenta conseguir desregulación. Telefónica está simultáneamente invirtiendo en nuevas infraestructuras, apagando tecnologías antiguas, desarrollando edge computing, reorganizando su negocio mayorista y defendiendo ante Bruselas cambios en el futuro marco regulatorio. Esa combinación de inversión, transformación tecnológica y presión regulatoria es precisamente lo que hace interesante el análisis.
La verdadera confrontación entre las grandes operadoras y Bruselas no parece estar tanto en los objetivos finales como en las condiciones económicas y regulatorias bajo las cuales deberán alcanzarse. Existe un amplio grado de acuerdo en que Europa necesita más fibra, mejores redes móviles, 5G Standalone, futura capacidad 6G, mayor resiliencia, infraestructura cloud y edge, mejor ciberseguridad y menor dependencia tecnológica. El desacuerdo aparece cuando hay que decidir quién financiará esas inversiones, qué rentabilidad podrá obtener quien construya la infraestructura, cuánto tiempo podrá explotarla, en qué condiciones deberá permitir que sus competidores la utilicen y qué capacidad conservarán los reguladores para intervenir sobre precios o condiciones mayoristas. Ese es probablemente el verdadero conflicto detrás del DNA.
La cuestión de la resiliencia refuerza todavía más esta tensión. La Comisión quiere que las redes europeas estén mejor preparadas frente a desastres naturales, ataques, interferencias externas y crisis geopolíticas, lo que obliga a mejorar redundancia de redes troncales, suministro energético, protección de cables submarinos, centros de datos y comunicaciones de emergencia. Sin embargo, cada incremento de resiliencia tiene un coste. Telefónica, por ejemplo, sostiene que las nuevas obligaciones deben coordinarse con marcos ya existentes como NIS2 y CER para evitar duplicidades regulatorias. No existe un desacuerdo importante sobre la necesidad de disponer de redes seguras; el conflicto aparece en cómo deben regularse, cuánto costará reforzarlas y quién terminará soportando ese coste.
La conectividad satelital abre otra dimensión del mismo problema. El DNA pretende facilitar autorizaciones paneuropeas y reducir la fragmentación existente en los servicios satelitales. Para operadores como Telefónica, Orange, Deutsche Telekom y Vodafone esto significa decidir qué capacidades deben desarrollar directamente y cuáles pueden obtener mediante acuerdos con compañías satelitales. La progresiva convergencia entre redes terrestres y satelitales obliga además a replantear la arquitectura tradicional de las telecomunicaciones móviles. En este ámbito, una mayor armonización europea puede generar oportunidades reales de escala, pero también aumentará la competencia entre operadores tradicionales, proveedores de infraestructura y nuevos actores espaciales.
Desde el punto de vista financiero, ninguna de estas compañías puede responder a la transformación simplemente aumentando indefinidamente sus inversiones. Construir fibra, 5G Standalone, edge, cloud, ciberseguridad y posteriormente 6G requiere enormes cantidades de capital, por lo que las grandes operadoras tendrán que decidir con mucha más precisión dónde construir infraestructura propia, dónde compartirla, dónde coinvertir, dónde comprar capacidad mayorista y dónde consolidar operaciones. Esto explica por qué la compartición de redes, las joint ventures de fibra, los acuerdos mayoristas y las fusiones están adquiriendo tanta importancia. No son fenómenos separados del debate regulatorio, sino respuestas empresariales a la necesidad de aumentar la utilización de activos extremadamente costosos.
Después de observar sus actuaciones, la respuesta a qué están haciendo realmente las grandes operadoras frente al DNA resulta mucho más precisa que decir simplemente que se están preparando. Telefónica está intentando convertir su ventaja en fibra y su extensa infraestructura española en una plataforma de rentabilidad mayorista mientras reclama una reducción de regulación ex ante; Deutsche Telekom está acelerando FTTH en Alemania, pero simultáneamente intenta preservar suficiente control económico sobre sus infraestructuras y sobre el calendario de sustitución del cobre; Orange está ejecutando el apagado progresivo del cobre francés bajo supervisión regulatoria mientras busca aumentar considerablemente su escala mediante consolidación; y Vodafone reclama simplificación y mayor flexibilidad regulatoria mientras utiliza acuerdos de compartición, acceso mayorista y reorganización de activos para mejorar la rentabilidad de sus redes. Las cuatro, además, participan directa o indirectamente en el proceso político que definirá el texto definitivo.
La aparente contradicción empieza entonces a tener sentido. Desde fuera puede parecer incoherente que una compañía reclame menos regulación sobre sus propias redes mientras exige garantías regulatorias para utilizar las redes de otro operador. Pero económicamente existe una lógica evidente: cuando una empresa controla el activo quiere libertad para monetizarlo; cuando necesita el activo de un competidor quiere garantías para poder acceder a él. Precisamente por eso existe regulación de competencia. La función de la Comisión y de los reguladores nacionales consiste en determinar cuándo existe ya competencia suficiente para retirar determinadas obligaciones y cuándo sigue existiendo un cuello de botella que justifica mantenerlas.
Esto explica también por qué la actividad de lobby será especialmente intensa durante toda la tramitación. Una modificación aparentemente pequeña en el texto puede alterar durante años el valor económico de una infraestructura. Una regla sobre acceso mayorista puede determinar cuánto puede cobrar un operador por sus conductos; una decisión sobre espectro puede condicionar miles de millones de euros de inversión; una obligación sobre apagado del cobre puede acelerar o retrasar migraciones masivas de clientes; y una modificación de las reglas de concentración puede determinar si un mercado mantiene cuatro operadores móviles o pasa a tres. Por eso las grandes telecos no están observando desde fuera la construcción del DNA. Están intentando participar directamente en ella.
Y aquí conviene introducir una distinción fundamental. Las principales operadoras europeas no parecen estar intentando impedir la transformación industrial que persigue el DNA; muchas de ellas necesitan precisamente esa transformación. Necesitan espectro más previsible, necesitan reducir duplicidades regulatorias, necesitan retirar redes de cobre costosas, necesitan monetizar mejor la fibra, necesitan escala y necesitan desarrollar nuevos servicios sobre edge, cloud y 5G. Pero quieren que esa transformación se produzca bajo unas condiciones económicas que les permitan recuperar mejor las inversiones realizadas y conservar suficiente control sobre los activos que han construido. Por eso apoyan determinados elementos de la propuesta y combaten otros.
Visto desde esta perspectiva, el DNA deja de ser únicamente una reforma tecnológica o administrativa y se convierte también en una negociación sobre cómo se repartirá el poder económico dentro del mercado europeo de conectividad durante las próximas décadas. La cuestión es cuánto control tendrá quien posee la infraestructura, cuánto acceso deberá garantizar a sus competidores, cuándo podrá intervenir un regulador, cuánta concentración deberá permitirse a cambio de una mayor capacidad inversora y cómo se repartirá el valor entre operadores de red, proveedores cloud, plataformas digitales y grandes generadores de tráfico. Estas preguntas son considerablemente más importantes que la simple sustitución formal de varias normas por un nuevo Reglamento.
El caso Telefónica–MARCo resume especialmente bien todo este debate. No estamos simplemente ante una discusión española sobre cuánto cuesta utilizar un conducto, sino ante un ejemplo práctico de una cuestión que el futuro marco europeo tendrá que resolver: hasta qué punto debe permitirse que el propietario de una infraestructura difícilmente replicable determine comercialmente las condiciones de acceso y hasta qué punto debe intervenir el regulador para preservar la competencia. La propuesta presentada por Telefónica y la respuesta que finalmente adopte la CNMC permitirán observar cómo evoluciona ese equilibrio entre rentabilidad de la infraestructura y acceso competitivo. (cnmc.es)
Orange aporta la otra parte del argumento. Arcep considera la infraestructura civil de Orange esencial y difícilmente replicable, mantiene obligaciones sobre ella y supervisa su utilización, pero su auditoría más reciente considera globalmente satisfactorios los mecanismos destinados a garantizar que Orange no favorezca operativamente a sus propias actividades frente a terceros. Esto demuestra que la existencia de regulación no implica necesariamente que exista abuso; puede ser precisamente el mecanismo que evita que aparezca. Deutsche Telekom, por su parte, demuestra que sustituir cobre por fibra no elimina automáticamente los problemas de poder de mercado si la nueva red sigue dependiendo de conductos o infraestructuras controladas por el antiguo incumbente. Y la operación Orange–SFR muestra el otro gran dilema: Europa puede necesitar mayor escala para invertir, pero deberá decidir hasta qué punto esa escala puede conseguirse reduciendo el número de competidores.
Después de observar todo lo que está ocurriendo, la pregunta inicial probablemente era demasiado sencilla. No deberíamos preguntarnos únicamente qué deberían hacer Telefónica, Orange, Deutsche Telekom y Vodafone para prepararse para el DNA, sino qué están haciendo ya para conseguir que el DNA termine siendo compatible con el modelo de negocio hacia el que ellas mismas se están desplazando. Y la respuesta es bastante clara: están consolidando mercados, cerrando cobre, construyendo fibra, compartiendo infraestructura, desarrollando edge, convirtiendo redes en negocios mayoristas, negociando acuerdos con competidores y defendiendo ante Bruselas una reforma regulatoria que aumente su capacidad para monetizar esas inversiones.
Las grandes operadoras europeas, por tanto, no están esperando a que el DNA determine por sí solo el futuro del sector, sino que están intentando construir ese futuro antes de que la regulación quede definitivamente cerrada. Telefónica lo está haciendo alrededor de su ventaja en fibra, la monetización de MARCo, el espectro, el edge y la regulación mayorista; Deutsche Telekom concentra buena parte de sus esfuerzos en acelerar el FTTH alemán, preservar suficiente control económico sobre sus infraestructuras y gestionar una transición del cobre mucho menos avanzada que la española; Orange combina el apagado progresivo del cobre francés con una estrategia de consolidación y aumento de escala; y Vodafone intenta mejorar su posición mediante simplificación de activos, compartición de redes, acuerdos mayoristas y una regulación más favorable a la inversión. En los cuatro casos existe, además, una actividad documentada de representación de intereses ante las instituciones europeas destinada a influir en un expediente que todavía permanece abierto.
Por tanto, la gran discusión alrededor del DNA no enfrenta simplemente a Bruselas contra las grandes operadoras, sino a diferentes concepciones sobre cómo debe financiarse, organizarse y explotarse la próxima generación de infraestructuras europeas. Los grandes grupos quieren una regulación que otorgue mayor peso a la inversión, a la escala y a la capacidad de recuperar el capital desplegado; los operadores alternativos quieren evitar que una retirada demasiado rápida de las obligaciones regulatorias devuelva un poder excesivo a quienes controlan infraestructuras difícilmente replicables; las autoridades de competencia y los reguladores nacionales intentan preservar mercados competitivos; las grandes plataformas digitales quieren evitar nuevas obligaciones económicas asociadas al tráfico y la interconexión; y la Unión Europea necesita simultáneamente acelerar fibra, 5G Standalone, futura 6G, cloud, edge computing, ciberseguridad y resiliencia. La dificultad consiste en conseguir esa transformación sin sustituir la actual fragmentación del mercado por nuevas posiciones de dominio difíciles de corregir posteriormente.
El DNA puede simplificar la regulación, aumentar la previsibilidad del espectro, facilitar servicios paneuropeos, acelerar la retirada del cobre y modificar profundamente las reglas de acceso mayorista, pero no puede eliminar la tensión económica fundamental que atraviesa todo el sector. Quien construye una red quiere obtener una rentabilidad suficiente sobre una infraestructura intensiva en capital; quien necesita utilizar esa red para competir quiere acceder a ella en condiciones que permitan mantener un negocio viable; y el consumidor necesita simultáneamente inversión, cobertura, calidad, innovación y precios competitivos. De ahí que el verdadero desafío del legislador europeo no sea elegir simplemente entre regulación o desregulación, sino determinar en qué mercados existe ya competencia suficiente para retirar obligaciones y en cuáles siguen existiendo cuellos de botella que justifican mantenerlas.
A 25 de agosto de 2026, además, esta discusión continúa abierta. El DNA sigue dentro del procedimiento legislativo europeo y el expediente 2026/0013(COD) permanece en tramitación, mientras continúan produciéndose reuniones entre representantes políticos, operadoras, asociaciones sectoriales, plataformas digitales y otros grupos de interés. Por tanto, las actuaciones que estamos observando no constituyen todavía la respuesta empresarial a una normativa definitiva, sino parte del proceso mediante el cual los principales actores intentan determinar cómo será esa normativa. Telefónica, Orange, Deutsche Telekom y Vodafone apoyan buena parte de los objetivos industriales del DNA, pero al mismo tiempo están intentando influir en la distribución de costes, obligaciones y poder económico que establecerá el futuro Reglamento. No pretenden necesariamente detener la transformación de las telecomunicaciones europeas; pretenden influir en las condiciones bajo las cuales esa transformación se producirá.
Ahí se encuentra probablemente la verdadera batalla. Europa necesita más inversión, mayor capacidad tecnológica y probablemente mayores economías de escala, pero debe decidir cuánto poder de mercado está dispuesta a conceder para conseguirlo y qué salvaguardas necesita conservar para impedir que esa escala reduzca excesivamente la competencia. La Comisión puede cambiar las reglas del juego, pero las operadoras ya están intentando colocarse en la posición más favorable antes de que esas reglas sean definitivas. Lo que finalmente decidan la Comisión, el Parlamento Europeo, el Consejo, las autoridades de competencia y los reguladores nacionales no determinará únicamente cómo se desplegarán las próximas redes europeas, sino también quién podrá controlarlas, quién tendrá derecho a utilizarlas, bajo qué condiciones económicas podrá hacerlo y quién capturará una parte mayor del valor generado sobre ellas durante las próximas décadas.
Para terminar el post quiero manifestar que hay una paradoja que resume mejor que cualquier declaración institucional el verdadero debate que atraviesa hoy las telecomunicaciones europeas. Europa quiere construir las redes del futuro, pero buena parte de esas redes sigue dependiendo de infraestructuras físicas heredadas del pasado y controladas por quienes fueron, durante décadas, los antiguos monopolios nacionales. El caso de Deutsche Telekom en Alemania lo ilustra con claridad: para desplegar la fibra más avanzada, un competidor puede disponer de la mejor tecnología disponible y del capital necesario para invertir, pero antes debe resolver una cuestión mucho más elemental: por dónde hacer pasar ese cable. Si los conductos pertenecen al antiguo incumbente, la competencia depende también de las condiciones bajo las cuales ese incumbente permite utilizarlos. No es casual que la Bundesnetzagentur haya considerado necesario imponer obligaciones de acceso y que, en 2026, los tribunales alemanes respaldaran esa intervención regulatoria. La anécdota parece menor frente a los grandes discursos sobre 5G, 6G, inteligencia artificial o soberanía digital, pero en realidad contiene una de las claves de todo el debate: las redes del futuro pueden seguir dependiendo de activos del pasado cuya propiedad conserva un enorme poder económico.
Y es precisamente ahí donde conviene observar con mayor espíritu crítico el discurso de las grandes operadoras europeas. Telefónica, Orange, Deutsche Telekom y Vodafone reclaman a Bruselas más previsibilidad sobre el espectro, menos regulación ex ante, mayor libertad comercial, reglas más favorables a la consolidación, menos cargas administrativas y un entorno que permita recuperar mejor las inversiones realizadas. Son peticiones legítimas y, en muchos casos, tienen una base económica comprensible. Europa necesita más inversión, mayor escala y redes capaces de sostener la transformación digital. Pero el análisis no puede detenerse en lo que las compañías piden a los reguladores. También debe preguntarse qué están dispuestas a ofrecer ellas a cambio cuando controlan las infraestructuras sobre las que depende la competencia.
Aquí adquiere sentido aquel viejo dicho según el cual “en la virtud del pedir está el no dar”. Las grandes operadoras piden libertad cuando la regulación limita su capacidad para monetizar un activo, pero reclaman garantías cuando necesitan utilizar el activo de otro. Piden a la Comisión que confíe más en el mercado, pero cuando ocupan una posición difícilmente replicable no siempre muestran el mismo entusiasmo por trasladar esa libertad a sus competidores. Telefónica reclama una reducción de la regulación ex ante mientras propone cambios significativos en las condiciones económicas de acceso a MARCo; Deutsche Telekom defiende una mayor desregulación mientras su regulador considera necesario garantizar a terceros el acceso a determinados conductos; Orange reclama más escala y menor intervención mientras participa en una operación de consolidación que puede reducir el número de grandes operadores en Francia; Vodafone exige simplificación y libertad regulatoria mientras, cuando depende de la infraestructura de otros, defiende mecanismos que garanticen su acceso.
No hay en ello necesariamente una contradicción jurídica ni una conducta irregular. Hay, sencillamente, una defensa coherente de intereses empresariales que cambia según la posición que cada compañía ocupa en cada mercado. Y precisamente por eso el legislador no puede asumir sin más que aquello que beneficia al propietario de la infraestructura beneficia automáticamente al conjunto del mercado. Cuando un operador controla el activo, su prioridad es aumentar la rentabilidad de ese activo; cuando necesita acceder a una red ajena, su prioridad es reducir el coste y garantizar condiciones de entrada. Esta tensión no es excepcional: es estructural. Y es justamente la razón por la que siguen existiendo reguladores, obligaciones de acceso, controles de competencia y mecanismos de supervisión.
Lo que las acciones de las compañías están dejando al descubierto es que el debate sobre el DNA no gira únicamente alrededor de inversión y competitividad, sino también alrededor de quién tendrá capacidad para apropiarse de una mayor parte del valor generado por las futuras redes europeas. Cuando los grandes operadores piden desregulación, no están planteando una cuestión puramente técnica. Están intentando modificar el equilibrio entre el propietario de la infraestructura, sus competidores y el regulador. Cuando reclaman consolidación, no están solicitando simplemente empresas más eficientes, sino mercados con menos actores y compañías con mayor escala. Cuando cuestionan determinadas obligaciones de acceso, no están discutiendo únicamente procedimientos administrativos, sino el grado de control económico que conservarán sobre activos cuya replicación puede resultar extraordinariamente costosa.
Por eso el verdadero análisis del DNA no debería limitarse a preguntar cuánto facilitará la inversión o cuánto simplificará la regulación. También debe preguntarse qué ocurrirá después de la desregulación que reclaman los grandes incumbentes. Si existen varias infraestructuras competidoras y alternativas reales para los usuarios y para los operadores mayoristas, reducir regulación puede estar plenamente justificado. Pero si el activo continúa siendo difícilmente replicable, retirar demasiado pronto las salvaguardas puede trasladar poder desde el regulador hacia quien controla físicamente la red. El caso de los conductos, tanto en España como en Alemania y Francia, demuestra que esta cuestión no pertenece al pasado: sigue siendo central incluso en un mercado que habla ya de cloud, edge computing, inteligencia artificial y 6G.
También resulta revelador que las operadoras no estén esperando a que el DNA quede aprobado para reorganizar sus posiciones. Están consolidando mercados, convirtiendo sus redes en plataformas mayoristas, cerrando cobre, compartiendo determinados activos, desplegando edge computing y negociando simultáneamente con Bruselas las reglas bajo las cuales podrán rentabilizar todo ello. Esto demuestra que no se encuentran simplemente adaptándose a una reforma regulatoria diseñada desde fuera. Están intentando llegar al final del proceso legislativo con sus activos estratégicos mejor posicionados y con un marco regulatorio lo más compatible posible con sus respectivos modelos de negocio.
La consolidación francesa constituye un buen ejemplo. Orange sostiene, al igual que otros grandes operadores, que Europa necesita mayor escala para competir con Estados Unidos y Asia. Ese argumento puede tener fundamento industrial, pero la escala no es gratuita desde el punto de vista competitivo. Si reducir el número de operadores permite invertir más, el regulador debe comprobar también qué ocurre con precios, innovación, calidad y capacidad de elección del consumidor. Presentar la consolidación exclusivamente como una respuesta a la falta de inversión sería incompleto. Del mismo modo, presentar toda obligación de acceso como un obstáculo a la inversión sería ignorar que muchas redes alternativas europeas se han construido precisamente porque existían mecanismos regulatorios que permitían utilizar infraestructuras no replicables del antiguo incumbente.
El comportamiento de las grandes operadoras muestra, además, que no existe realmente un frente homogéneo de “las telecos europeas”. Sus posiciones coinciden cuando reclaman espectro más estable, mayor flexibilidad o menos regulación sectorial, pero divergen rápidamente cuando compiten por los mismos clientes o cuando una necesita utilizar la infraestructura de otra. Esa circunstancia debería servir de advertencia frente a cualquier discurso que presente los intereses de las grandes compañías como equivalentes al interés general del sector. Cada operador defiende legítimamente su propia posición, y corresponde al legislador distinguir entre aquello que mejora la competitividad europea en su conjunto y aquello que simplemente mejora la posición económica de una determinada empresa.
Por eso, cuando las compañías piden a la Comisión Europea más confianza en el mercado, la respuesta no debería ser automáticamente negativa, pero tampoco acrítica. La confianza debe estar acompañada de evidencia de que existe competencia efectiva, alternativas suficientes y condiciones de acceso que no conviertan una infraestructura esencial en una barrera de entrada. Si esas condiciones existen, la regulación puede y probablemente debe reducirse. Si no existen, la obligación del regulador no es proteger el modelo de negocio del incumbente ni el de sus competidores, sino preservar un mercado en el que ambos puedan operar y en el que la inversión no termine convirtiéndose en una excusa para reconstruir posiciones de monopolio.
En ese sentido, el DNA será una prueba de madurez para la política europea de telecomunicaciones. Durante años, Bruselas utilizó la regulación para abrir mercados dominados por antiguos monopolios nacionales. Ahora intenta desplazarse hacia un modelo en el que inversión, escala, resiliencia y soberanía tecnológica tengan un peso mucho mayor. El riesgo consiste en confundir la necesidad real de fortalecer a la industria europea con la idea de que cualquier reducción de competencia o cualquier retirada de regulación favorecerá automáticamente la inversión. No necesariamente será así, y los casos concretos que estamos observando demuestran por qué cada decisión deberá analizarse mercado por mercado y activo por activo.
Las grandes operadoras tienen razón cuando señalan que Europa necesita redes más potentes y un marco capaz de remunerar inversiones enormes. Pero el reverso de esa petición es igualmente importante: si solicitan más libertad regulatoria, deberán demostrar que esa libertad no se utilizará para cerrar el acceso, elevar barreras de entrada o reforzar posiciones difíciles de desafiar. Si piden a Bruselas que reduzca la intervención, tendrán que demostrar que el mercado puede disciplinar de forma efectiva sus decisiones. Y si reclaman mayor escala mediante consolidación, tendrán que demostrar que esa escala se traduce realmente en inversión, calidad e innovación y no únicamente en menor presión competitiva.
Ahí vuelve a aparecer el sentido del viejo dicho. En la virtud del pedir está el no dar. Las grandes operadoras europeas llevan años explicando con enorme precisión qué necesitan de Bruselas: espectro, estabilidad, escala, simplificación, desregulación y mejores condiciones para invertir. El DNA ofrece la oportunidad de comprobar la otra parte de la ecuación: qué están dispuestas a dar ellas a cambio en términos de acceso, competencia, inversión efectiva, innovación y apertura de sus infraestructuras cuando esas infraestructuras continúan siendo esenciales para el resto del mercado.
Ese será, probablemente, uno de los criterios más útiles para juzgar el resultado final de la reforma. No bastará con medir cuánto consigue Telefónica, cuánto consigue Orange, cuánto consigue Deutsche Telekom o cuánto consigue Vodafone durante la negociación. Habrá que comprobar si el nuevo equilibrio consigue que las compañías inviertan más sin reducir injustificadamente la competencia, que las infraestructuras esenciales puedan seguir utilizándose en condiciones razonables y que el mercado europeo gane escala sin perder capacidad de elección. Porque el éxito del DNA no debería medirse por cuánto poder regulatorio consigue eliminar, sino por si logra convertir esa mayor libertad en más inversión, más innovación y mejores redes sin entregar a cambio un poder de mercado difícil de recuperar posteriormente.
Y quizás esa sea la conclusión que mejor resume todo el debate: Europa no necesita elegir entre operadores fuertes y competencia fuerte. Necesita construir un marco en el que ambas cosas puedan coexistir. Las grandes telecos tienen todo el derecho a pedir unas reglas más favorables a la inversión; la Comisión, el Parlamento y los reguladores tienen la obligación de comprobar qué reciben los mercados y los consumidores a cambio. Porque entre lo que una empresa pide y lo que está dispuesta a ofrecer reside, en última instancia, la verdadera medida de cualquier reforma regulatoria.
Ya lo dijo Adam Smith: «Rara vez se reúnen personas del mismo oficio, aunque sea para divertirse, sin que la conversación termine en una conspiración contra el público o en algún artificio para elevar los precios.»
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