La historia de las telecomunicaciones europeas ofrece un precedente que conviene recordar. En 2007, cuando Apple presentó el primer iPhone, Nokia era el mayor fabricante mundial de teléfonos móviles. La compañía finlandesa disponía de escala internacional, una marca global, capacidad industrial y una posición extraordinaria en el mercado. Sin embargo, la transformación que estaba comenzando no consistía simplemente en fabricar mejores teléfonos: el centro de gravedad del negocio se desplazaba hacia el software, los sistemas operativos, las aplicaciones y los ecosistemas digitales. Nokia continuó siendo durante un tiempo un gigante, pero aquella escala no fue suficiente para conservar su liderazgo frente al nuevo modelo impulsado por Apple y posteriormente por Android.
El episodio resulta especialmente pertinente para el debate europeo actual. Ser más grande no garantiza estar mejor preparado para la siguiente transformación tecnológica. Europa puede facilitar fusiones, eliminar barreras regulatorias y permitir que sus operadores alcancen mayor escala, pero la experiencia de Nokia recuerda que el tamaño solamente constituye una ventaja cuando puede transformarse en innovación, tecnología y capacidad para anticipar dónde se desplazará el valor del mercado. En telecomunicaciones, aquella lección resulta difícil de ignorar: Europa ya tuvo uno de los mayores campeones tecnológicos del mundo y perdió el liderazgo no porque Nokia careciera de tamaño, sino en medio de un cambio radical de la arquitectura competitiva del sector.
Europa está a punto de cambiar las reglas que han definido durante décadas el mercado de las telecomunicaciones. La futura Digital Networks Act, el avance hacia un verdadero mercado único y la revisión de la política de competencia pueden abrir la puerta a operadores de mayor escala y a una profunda reorganización del sector. Telefónica quiere influir en ese proceso y ha intensificado notablemente su presencia en Bruselas: 105 reuniones de alto nivel en apenas veinte meses, en un momento en el que se decide buena parte del marco en el que tendrá que competir durante los próximos años.
Pero detrás de esa intensa actividad institucional existe una cuestión mucho más importante que el propio lobby: ¿hasta qué punto los problemas de las telecomunicaciones europeas pueden solucionarse cambiando la regulación y hasta qué punto corresponde a las propias compañías transformarse para competir? Los informes de Mario Draghi y Enrico Letta han constatado problemas reales de fragmentación y falta de escala en Europa, pero competir con los grandes ecosistemas tecnológicos de Estados Unidos y China exige algo más que operadores mayores. Exige convertir escala, inversión y cooperación empresarial en tecnología propia, innovación y capacidad industrial. El caso de Telefónica permite analizar precisamente dónde termina el problema regulatorio y dónde comienza el desafío empresarial.
Hoy se publica en la prensa que Telefónica ha intensificado de forma notable su actividad institucional en Bruselas coincidiendo con una etapa especialmente relevante para la regulación europea de las telecomunicaciones. Según los datos del Registro de Transparencia de la Unión Europea analizados por EXPANSIÓN, la operadora encabeza entre las grandes empresas españolas el número de encuentros de alto nivel mantenidos con representantes de las instituciones comunitarias, con 105 reuniones durante los primeros 20 meses de la segunda legislatura de Ursula von der Leyen, iniciada en diciembre de 2024. La información completa puede consultarse en la noticia original de EXPANSIÓN.
La cifra adquiere especial relevancia dentro del conjunto del Ibex 35. De acuerdo con el análisis publicado, los representantes de las compañías que forman el principal índice bursátil español acumularon 652 reuniones con altos cargos de la Comisión Europea y eurodiputados durante ese mismo periodo. El promedio de encuentros de las grandes empresas españolas multiplica por cinco el registrado al comienzo de la anterior legislatura europea, en un momento en el que Bruselas está desarrollando una amplia agenda de simplificación normativa y revisión de las reglas que afectan directamente a numerosos sectores empresariales.
En el caso de Telefónica, buena parte de la actividad institucional coincide con un profundo debate sobre el futuro de las telecomunicaciones europeas. Entre las cuestiones que se están abordando figuran las normas de competencia aplicables a las fusiones y adquisiciones, la capacidad de los operadores para ganar escala, el desarrollo de las redes digitales, la ciberseguridad, la inteligencia artificial y la soberanía tecnológica europea. Son materias que la propia compañía viene situando públicamente entre sus prioridades regulatorias.
Los registros públicos permiten constatar esa actividad. Por ejemplo, el Parlamento Europeo recoge reuniones de Telefónica relacionadas expresamente con la política digital europea y con la futura Digital Networks Act (DNA). Entre ellas aparece un encuentro celebrado el 18 de noviembre de 2025 con el eurodiputado Jorge Martín Frías dedicado específicamente a esta norma, así como otro del 25 de marzo de 2026 con la eurodiputada Maravillas Abadía Jover sobre política digital europea.
La Digital Networks Act ocupa precisamente un lugar central en el posicionamiento de Telefónica ante las instituciones comunitarias. La compañía considera que esta reforma debe modernizar el marco europeo de las comunicaciones electrónicas, simplificar la regulación y establecer mejores condiciones para la inversión y la innovación. Telefónica también defiende avanzar en la armonización del mercado único digital y crear unas condiciones que permitan a los operadores europeos alcanzar una mayor escala.
La empresa ha concretado todavía más su posición en su Playbook de Políticas Públicas Digitales 2026, donde plantea actualizar la política europea de competencia para tener en cuenta un mercado mundial dominado por grandes actores, revisar los criterios utilizados en el control de concentraciones e incorporar consideraciones industriales y estratégicas a largo plazo en el análisis de las fusiones. El documento también reclama marcos regulatorios más horizontales para los diferentes participantes de la cadena de valor digital.
Esta posición ha cobrado actualidad con los movimientos recientes de la propia Comisión Europea en materia de competencia. El presidente de Telefónica, Marc Murtra, señaló el 4 de septiembre que la evolución del marco europeo puede facilitar progresivamente una mayor consolidación del sector de las telecomunicaciones. Murtra vinculó además la competitividad europea con la necesidad de reforzar la soberanía tecnológica en ámbitos estratégicos como la inteligencia artificial y la ciberseguridad.
La presencia de Telefónica en Bruselas tampoco se limita a reuniones bilaterales. En mayo de 2026, la compañía reunió en su oficina de la capital comunitaria a representantes de las instituciones europeas, empresas y sociedad civil dentro de su Telefónica Policy Lab. En el encuentro participaron, entre otros, representantes de la Dirección General de Redes de Comunicación, Contenido y Tecnología de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo. El debate se centró en la conectividad, la capacidad de inversión y escala del sector y la necesidad de adaptar el marco regulatorio europeo a las nuevas condiciones tecnológicas y económicas.
Los datos disponibles en otras recopilaciones basadas en las declaraciones oficiales europeas refuerzan la magnitud de esta actividad. La plataforma especializada MeetLex contabiliza 108 reuniones divulgadas de Telefónica con funcionarios de la UE y eurodiputados entre el 14 de octubre de 2024 y el 14 de julio de 2026, de las cuales 53 correspondieron a representantes de la Comisión Europea y 55 a miembros del Parlamento Europeo. El periodo utilizado no coincide exactamente con los 20 meses empleados por EXPANSIÓN, por lo que ambas cifras no son directamente comparables, pero sirven para confirmar el elevado volumen de contactos institucionales registrado alrededor de la compañía.
Telefónica se sitúa así en primera línea de la creciente actividad de las grandes compañías españolas ante las instituciones comunitarias. Sus 105 reuniones de alto nivel contabilizadas por EXPANSIÓN desde diciembre de 2024 coinciden con un periodo en el que Bruselas está redefiniendo aspectos fundamentales del mercado europeo de telecomunicaciones. La futura Ley de Redes Digitales, las reglas de competencia y concentración empresarial, la inversión en infraestructuras, la inteligencia artificial, la ciberseguridad y la autonomía tecnológica europea conforman el núcleo de un debate regulatorio cuyas decisiones tendrán efectos directos sobre el sector durante los próximos años.
Hay un dato económico publicado y referido específicamente al lobby de Telefónica ante las instituciones de la Unión Europea. La cifra más reciente que he podido verificar es de 2 millones de euros anuales. Telefónica declara un gasto anual de 2 millones de euros en actividades de lobby en la UE, según los datos declarados por la propia compañía en el Registro de Transparencia europeo. Una recopilación publicada en agosto de 2026 basada en ese registro mantiene precisamente la cifra de 2 millones de euros al año.
Además, esta cantidad fue recogida expresamente por EFE el 29 de octubre de 2025 en una información sobre el gasto de las grandes tecnológicas en lobby en Bruselas. La agencia señalaba que, entre las compañías analizadas, se encontraba Telefónica, "con una inversión de dos millones de euros anuales".
Hay otro dato de Telefónica que conviene no confundir con esos 2 millones. En información corporativa correspondiente a 2024, Telefónica declaró 6.729.936,65 euros en contribuciones a entidades sectoriales y organizaciones o personas que realizan actividades de representación para la compañía. El 99% fue destinado a organizaciones sectoriales como GSMA, SindiTelebrasil, ETNO y Bitkom. Por tanto, no sería correcto afirmar que Telefónica gastó 6,73 millones en lobby en Bruselas: es una categoría más amplia y de alcance internacional.
Documento de Telefónica donde aparece la cifra de 6.729.936,65 euros
Por tanto, para reforzar tu noticia sin elucubrar, el dato a utilizar es: Telefónica destina actualmente alrededor de 2 millones de euros anuales a sus actividades de lobby ante la Unión Europea, según la cifra declarada por la propia compañía en el Registro de Transparencia comunitario.
La intensificación de la actividad institucional de Telefónica en Bruselas debe analizarse dentro de una realidad que trasciende a la propia compañía. La representación de intereses ante las instituciones europeas forma parte habitual del funcionamiento regulatorio de la Unión Europea y está sometida a mecanismos de transparencia. Que una gran empresa de telecomunicaciones mantenga reuniones con la Comisión Europea o con eurodiputados no constituye por sí mismo una anomalía ni permite extraer conclusiones sobre la legitimidad de sus actuaciones. Lo relevante desde un punto de vista económico y competitivo es determinar qué intereses intenta defender, qué cambios regulatorios solicita y hasta qué punto esos cambios responden a problemas estructurales del sector o pueden favorecer la posición de los grandes operadores frente a otros competidores.
Ese es precisamente el contexto en el que deben interpretarse las 105 reuniones atribuidas a Telefónica durante los primeros veinte meses de la actual legislatura europea y los aproximadamente dos millones de euros anuales que la compañía declara como gasto relacionado con la representación de intereses ante las instituciones comunitarias. La intensidad del contacto institucional coincide con un momento excepcional: la Unión Europea está revisando buena parte del marco que ha gobernado las telecomunicaciones durante décadas y el resultado puede modificar las condiciones de competencia, las posibilidades de concentración empresarial, las obligaciones regulatorias de los operadores y su capacidad para prestar servicios en varios Estados miembros bajo un mismo marco jurídico.
La cuestión de fondo es que las principales operadoras europeas llevan años defendiendo que una parte de sus dificultades competitivas procede del propio diseño del mercado europeo. Telefónica sostiene públicamente que la fragmentación regulatoria, la existencia de numerosos operadores nacionales, las diferencias en la gestión del espectro y determinadas obligaciones regulatorias reducen la escala disponible y dificultan alcanzar rentabilidades suficientes para afrontar los elevados niveles de inversión requeridos por las nuevas redes. Esta posición no es nueva ni aparece únicamente en el contexto de la futura Digital Networks Act (DNA). La compañía ha venido defendiendo de forma reiterada la necesidad de facilitar la consolidación del sector, simplificar la regulación y aproximar Europa a un auténtico mercado único de telecomunicaciones. Puede consultarse directamente esta posición en la documentación pública de Telefónica sobre consolidación y escala.
Lo significativo es que parte de este diagnóstico empresarial ha encontrado respaldo en dos de los informes de mayor influencia política publicados recientemente en la Unión Europea: el informe de Enrico Letta sobre el futuro del mercado único y el informe de Mario Draghi sobre la competitividad europea. Ambos identifican la fragmentación de las telecomunicaciones como uno de los problemas estructurales europeos, aunque eso no significa que respalden automáticamente todas las reivindicaciones concretas planteadas por las grandes operadoras.
El informe de Enrico Letta, “Much More Than a Market”, publicado en abril de 2024, señala expresamente que determinados elementos del marco regulatorio han impedido el desarrollo espontáneo de un verdadero mercado único de comunicaciones electrónicas y la aparición de operadores paneuropeos o, al menos, operadores con una presencia significativa en varios países. Letta presta especial atención al espectro radioeléctrico y advierte de que la falta de armonización de las reglas nacionales limita la capacidad de los operadores para prestar servicios paneuropeos. También considera que Europa perdió parte del liderazgo tecnológico que había disfrutado en telecomunicaciones al comienzo del siglo y relaciona la recuperación de esa posición con la capacidad para financiar y desplegar 5G, 6G y las infraestructuras asociadas a la inteligencia artificial y la computación en la nube. El informe completo de Enrico Letta constituye, por tanto, un reconocimiento institucional de que existe un problema real de fragmentación.
El informe Draghi va todavía más lejos. Mario Draghi recomienda facilitar la consolidación del sector de las telecomunicaciones europeo para elevar la capacidad de inversión y propone modificar la perspectiva con la que Europa analiza la escala empresarial. Entre sus recomendaciones figura considerar los mercados de telecomunicaciones desde una dimensión europea y no exclusivamente nacional, dar mayor peso a los compromisos de inversión e innovación cuando se examinan fusiones, reducir determinadas formas de regulación ex ante y avanzar hacia una mayor armonización de las licencias de espectro. La Comisión Europea mantiene disponible el informe Draghi sobre el futuro de la competitividad europea.
Estos dos informes introducen un elemento fundamental para analizar el lobby de Telefónica sin simplificaciones. Resultaría incorrecto presentar todas las reivindicaciones de la compañía como un intento de modificar las reglas para compensar una incapacidad empresarial propia, porque Draghi y Letta documentan problemas estructurales que afectan al conjunto del sector europeo. Pero tampoco puede deducirse de esos informes que toda reducción de regulación, toda operación de concentración o toda modificación de las reglas de competencia vaya necesariamente a mejorar la competitividad europea. Ese salto tampoco estaría respaldado por los documentos.
De hecho, aquí aparece una distinción crucial entre competitividad empresarial y competencia en el mercado. Una empresa puede mejorar su competitividad individual si adquiere mayor escala, reduce costes regulatorios, absorbe competidores o aumenta su poder de negociación. Sin embargo, estas mismas medidas pueden producir efectos distintos sobre la intensidad competitiva que experimentan los consumidores. Por eso la consolidación de las telecomunicaciones constituye uno de los debates más complejos de la política industrial europea: Bruselas intenta determinar hasta qué punto debe permitir operadores más grandes para favorecer inversión e innovación sin reducir de manera excesiva la presión competitiva que históricamente ha contribuido a rebajar precios y ampliar la oferta.
Telefónica se encuentra directamente en el centro de esa discusión. Su discurso público coincide de forma muy clara con una parte de las conclusiones de Draghi y Letta. La compañía sostiene que Europa necesita operadores con más escala, una regulación menos fragmentada y un marco de competencia que tenga en cuenta no solamente los efectos inmediatos de una operación sobre precios, sino también sus consecuencias sobre inversión, innovación y capacidad tecnológica. En su documentación de política pública, Telefónica defiende que el número elevado de operadores europeos y la fragmentación nacional reducen la rentabilidad y dificultan financiar las nuevas generaciones de redes. En su análisis sobre el estado de las comunicaciones digitales en Europa, la compañía cita datos según los cuales Europa contaba con 41 operadores móviles de más de 500.000 conexiones, frente a cinco en Estados Unidos y cuatro en China o Japón, y señala una rentabilidad sobre el capital empleado del sector europeo del 5,9% en 2023, frente al 6,6% de 2017. Estos datos proceden de informes sectoriales utilizados por Telefónica para justificar la necesidad de reformas. La propia compañía los recoge en su análisis sobre la competitividad de las comunicaciones digitales europeas.
Esta defensa de la escala debe ser observada, no obstante, desde otra perspectiva. Una parte de las dificultades de las operadoras tradicionales europeas procede efectivamente de la fragmentación regulatoria, pero otra deriva de la transformación tecnológica del propio mercado. Las telecomunicaciones han pasado de ocupar una posición central en la cadena de valor digital a compartir ese espacio con plataformas, proveedores de servicios en la nube, fabricantes de dispositivos, compañías de software y grandes empresas tecnológicas estadounidenses. Mientras las operadoras continúan soportando grandes inversiones físicas en fibra, espectro y redes móviles, una parte creciente del valor económico generado por el ecosistema digital se ha desplazado hacia servicios y plataformas que funcionan sobre esas infraestructuras.
Esta transformación ayuda a comprender por qué las grandes operadoras europeas tienen un incentivo económico particularmente fuerte para intervenir en el proceso regulatorio. La regulación no es un elemento periférico en su modelo de negocio. Determina quién puede utilizar determinadas frecuencias, cuánto duran las licencias, qué obligaciones de acceso deben ofrecer a terceros, cómo pueden fijar determinadas condiciones mayoristas, qué operaciones de concentración están permitidas y bajo qué circunstancias una compañía puede expandirse a otros países. Cuando se transforma ese marco normativo se altera, literalmente, la estructura económica del sector.
La futura Digital Networks Act constituye probablemente la reforma más importante de ese marco en muchos años. La propuesta fue presentada por la Comisión Europea el 21 de enero de 2026 y pretende sustituir el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas mediante un Reglamento directamente aplicable en todos los Estados miembros. La Comisión señala expresamente que uno de sus objetivos es abordar la fragmentación del sector y permitir que los proveedores crezcan, ganen escala y operen de manera transfronteriza dentro de un verdadero mercado único de conectividad. La propuesta completa y su evaluación de impacto pueden consultarse en la página oficial de la Comisión Europea sobre la Digital Networks Act.
Uno de sus elementos más relevantes es el denominado pasaporte único. En el sistema actual, una compañía que quiere operar en diferentes Estados miembros puede tener que relacionarse con distintas autoridades nacionales y someterse a procedimientos de autorización y supervisión diferenciados. La propuesta de la Comisión permitiría que un proveedor realizara una notificación en un único Estado miembro y utilizara esa autorización para operar en otros países de la Unión. La finalidad declarada es reducir costes administrativos y facilitar la prestación transfronteriza de servicios. La Comisión explica expresamente que el mecanismo pretende permitir que las empresas operen en varios Estados miembros sin repetir procedimientos nacionales equivalentes. Sus características pueden consultarse en las preguntas y respuestas oficiales de la Comisión sobre la Digital Networks Act.
Este mecanismo tiene una relación directa con una de las principales debilidades identificadas por Draghi y Letta: Europa dispone jurídicamente de un mercado único de más de 400 millones de consumidores, pero en telecomunicaciones continúa funcionando en numerosos aspectos como una suma de mercados nacionales (27 mercados). El pasaporte único pretende reducir esa distancia entre el mercado único formal y el mercado efectivo. Para un grupo como Telefónica, que ya opera en distintos mercados y dispone de capacidad organizativa y financiera considerable, una reducción de las barreras nacionales puede incrementar las posibilidades de operar con una estructura más integrada.
Sin embargo, el pasaporte único demuestra también por qué no debe identificarse automáticamente desregulación con competitividad. El propio Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas, BEREC, ha expresado reservas importantes sobre la propuesta. BEREC reconoce el objetivo de simplificar los procedimientos de autorización, pero advierte de que concentrar responsabilidades de supervisión en el Estado donde una compañía realiza su primera notificación podría generar forum shopping, diferencias en las cargas de supervisión y dificultades de ejecución. El organismo incluso considera que determinados aspectos del mecanismo podrían aumentar la complejidad administrativa y la inseguridad jurídica en lugar de reducirlas. La posición de BEREC sobre la Digital Networks Act muestra que el debate no enfrenta simplemente a empresas innovadoras con reguladores reacios al cambio, sino distintas concepciones de cómo construir el mercado único.
Esta discrepancia es particularmente relevante para evaluar el papel del lobby. Los grandes operadores tienen incentivos legítimos para explicar a las instituciones qué normas consideran perjudiciales para la inversión y cuáles creen que facilitarían su expansión. Los reguladores, por su parte, deben determinar si esas reformas benefician al conjunto del mercado o principalmente a las compañías que ya disponen de escala. El objetivo de política pública no consiste en garantizar la rentabilidad de un operador concreto, sino en crear una estructura en la que inversión, innovación, competencia y protección del consumidor puedan coexistir.
Por esta razón resulta especialmente importante distinguir entre eliminar una barrera regulatoria y eliminar una presión competitiva. Si una compañía necesita obtener 27 autorizaciones administrativas equivalentes para prestar un mismo servicio en la Unión, reducir esa duplicación puede mejorar la eficiencia sin perjudicar necesariamente la competencia. Si, en cambio, una reforma facilita concentraciones que reducen significativamente el número de operadores efectivos en un mercado nacional, el análisis económico debe determinar si las ganancias de escala e inversión compensan una posible reducción de la presión competitiva. Son problemas completamente diferentes aunque ambos aparezcan bajo la etiqueta genérica de “simplificación”.
El propio informe Draghi reconoce esta tensión. Su recomendación de facilitar la consolidación no equivale a abandonar la política de competencia. Propone modificar la manera en que se evalúan determinadas operaciones, incorporando en mayor medida inversión e innovación, pero mantiene la necesidad de proteger el bienestar del consumidor y la calidad del servicio. Por eso utilizar el informe como una justificación general para cualquier concentración empresarial excedería lo que realmente sostiene el documento.
En este punto puede formularse una lectura más precisa de la posición de Telefónica. Una parte de su actividad institucional está dirigida a modificar elementos del marco competitivo que afectan directamente a su capacidad de obtener escala y rentabilidad. Eso es constatable a partir de sus propios documentos. Telefónica defiende expresamente una mayor consolidación, una revisión del control de concentraciones, una simplificación regulatoria y un mercado único digital más integrado. En su posición pública sobre la Digital Networks Act, la compañía identifica como prioridades la competitividad, la simplificación regulatoria, unas relaciones más equilibradas dentro del ecosistema de internet y la armonización del mercado único para permitir mayor escala a los operadores europeos.
Lo que no puede afirmarse con los datos disponibles es que Telefónica recurra al lobby porque sea incapaz de competir tecnológicamente o porque pretenda conservar deliberadamente una ventaja que no podría mantener en condiciones competitivas. Para sostener esa afirmación sería necesario demostrar una relación causal entre una incapacidad empresarial específica y determinadas modificaciones regulatorias promovidas por la compañía. Las fuentes públicas consultadas no permiten hacerlo. Lo que sí permiten demostrar es algo distinto y más relevante: Telefónica está realizando una intensa labor institucional para conseguir que el futuro marco regulatorio europeo evolucione en una dirección que coincide con sus intereses económicos, especialmente en materia de escala, consolidación, inversión y simplificación.
También resulta importante recordar que las reglas cuya modificación reclama Telefónica no nacieron arbitrariamente. El modelo europeo de telecomunicaciones desarrollado durante las últimas décadas buscaba romper antiguos monopolios nacionales, promover nuevos operadores, facilitar el acceso a infraestructuras y generar competencia en precios. Ese modelo obtuvo resultados claros en términos de apertura del mercado, pero Draghi y Letta cuestionan si sigue siendo adecuado para una etapa caracterizada por inversiones masivas en fibra, 5G, 6G, cloud e inteligencia artificial y por una competencia tecnológica mundial dominada por actores de una escala mucho mayor.
El debate europeo se encuentra precisamente en la transición entre esos dos paradigmas. El primero considera que la prioridad debe seguir siendo maximizar la competencia dentro de cada mercado nacional. El segundo sostiene que Europa necesita permitir empresas de mayor tamaño capaces de competir mundialmente y realizar grandes inversiones. La Digital Networks Act intenta aproximarse al segundo modelo sin abandonar las garantías del primero.
Para Telefónica, el resultado es especialmente importante porque la regulación futura puede modificar de forma sustancial el valor económico de su infraestructura, las posibilidades de consolidación y la rentabilidad de las inversiones realizadas durante décadas. Por eso el crecimiento de su actividad de lobby en Bruselas no debe observarse únicamente como una cuestión de relaciones institucionales. Es también un indicador de hasta qué punto las decisiones públicas se han convertido en una variable estratégica del negocio.
Aquí aparece precisamente el riesgo económico que justifica examinar el lobby con atención. Cuando una empresa puede mejorar su posición no solamente mediante innovación, reducción de costes, calidad o inversión, sino también consiguiendo que se modifiquen las reglas bajo las que compite, existe un incentivo natural para dedicar recursos a influir en el diseño institucional. Ese fenómeno no implica necesariamente una conducta ilegítima; es una consecuencia conocida de los sectores fuertemente regulados. Precisamente por ello existen registros de transparencia, consultas públicas, evaluaciones de impacto y autoridades independientes.
En telecomunicaciones esa cuestión adquiere una importancia excepcional porque las diferencias entre una regulación correcta y una regulación diseñada en exceso alrededor de los intereses de los operadores existentes pueden tener efectos durante décadas. Una regulación demasiado fragmentada puede impedir inversiones eficientes y limitar la escala europea. Una regulación excesivamente favorable a la consolidación puede reducir la entrada de competidores y aumentar el poder de mercado de quienes ya ocupan posiciones dominantes. Los informes Draghi y Letta proporcionan argumentos sólidos para corregir el primer problema, pero no eliminan el segundo.
La futura Digital Networks Act será por ello una prueba particularmente importante. Si consigue que una operadora pueda utilizar el mercado único europeo como un mercado real, reducir duplicidades administrativas, disponer de un marco más previsible para el espectro y realizar inversiones transfronterizas sin reducir la competencia efectiva, habrá abordado varios de los problemas identificados por Draghi y Letta. Si, por el contrario, determinadas medidas terminan reduciendo fundamentalmente las restricciones que soportan los grandes operadores sin generar nuevas inversiones, innovación o entrada transfronteriza, el resultado será distinto.
Esta distinción permite interpretar con mayor precisión las posiciones de Telefónica. La empresa no está defendiendo únicamente menos regulación. Está defendiendo un cambio en el principio sobre el que se ha construido durante años la política europea de telecomunicaciones: pasar de un modelo fundamentalmente orientado a fomentar competencia dentro de cada mercado nacional a otro en el que la escala, la inversión y la competitividad internacional tengan un peso considerablemente mayor. Draghi y Letta han proporcionado una base intelectual e institucional muy relevante para ese cambio, y la Comisión lo ha incorporado parcialmente en la Digital Networks Act.
La intensidad con la que Telefónica está participando en este proceso es, por tanto, comprensible desde una lógica empresarial. Lo importante para el análisis económico no es cuestionar que la compañía defienda sus intereses, sino determinar si los cambios que solicita solucionan fallos del mercado europeo o trasladan al marco regulatorio problemas que deberían resolverse mediante eficiencia empresarial y competencia.
Esa será probablemente una de las cuestiones centrales de la política europea de telecomunicaciones durante los próximos años. Europa necesita redes más avanzadas, mayores inversiones y empresas capaces de competir tecnológicamente a escala mundial. Draghi y Letta coinciden en que la fragmentación actual dificulta esos objetivos. Pero la solución no puede medirse únicamente por la rentabilidad o el tamaño de las grandes operadoras. El criterio definitivo deberá ser si el nuevo marco produce más inversión, mayor innovación, mejores servicios, una verdadera competencia transfronteriza y una infraestructura europea más competitiva.
Visto desde esta perspectiva, las 105 reuniones mantenidas por Telefónica en Bruselas y los aproximadamente dos millones de euros anuales declarados en actividades de representación de intereses adquieren un significado más amplio. No demuestran por sí mismos ni una debilidad competitiva ni una ventaja impropia. Sí demuestran que Telefónica considera que las reglas que se están decidiendo en Bruselas tienen un valor económico suficientemente elevado como para dedicar recursos sustanciales a intentar influir legítimamente en su configuración. La cuestión decisiva para las instituciones europeas será garantizar que la transformación del marco regulatorio que reclaman los grandes operadores mejore la competitividad de Europa y no se limite a mejorar la posición competitiva de unas determinadas empresas europeas.
El fuerte incremento de la actividad institucional de Telefónica en Bruselas puede interpretarse como una consecuencia de la importancia que tendrá para su negocio el nuevo marco europeo de telecomunicaciones, pero también permite identificar algunas de las debilidades estructurales a las que se enfrenta la compañía y, en términos más amplios, buena parte de las grandes operadoras tradicionales europeas. Los datos de partida son significativos: Telefónica ha mantenido 105 reuniones de alto nivel durante los primeros veinte meses de la actual legislatura europea y su posición pública reclama expresamente consolidación, mayor escala, simplificación regulatoria y cambios en la política de competencia.
Conviene establecer desde el principio una distinción fundamental. La existencia de una intensa actividad de lobby no demuestra por sí misma una debilidad empresarial. En un sector cuya estructura económica depende directamente de las decisiones sobre espectro, regulación mayorista, fusiones, obligaciones de acceso o autorizaciones administrativas, resulta racional que una compañía intente influir en unas normas que pueden modificar profundamente su negocio. Lo que sí puede analizarse objetivamente es qué problemas intenta resolver Telefónica mediante esos cambios regulatorios y cuáles de ellos no dependen realmente de la regulación.
La primera debilidad que aparece es la insuficiencia de escala de las grandes operadoras europeas frente al mercado tecnológico mundial. Es Telefónica quien plantea públicamente este problema. La compañía sostiene que el mercado europeo está excesivamente fragmentado y pide que la política de competencia reduzca las barreras a la consolidación dentro de los Estados miembros. Su posición oficial llega a defender que Europa debe abandonar una política centrada excesivamente en precios y cuotas de mercado a corto plazo para valorar en mayor medida inversión e innovación. Puede consultarse directamente en el posicionamiento de Telefónica sobre consolidación y escala.
Este diagnóstico no pertenece únicamente a Telefónica. El informe “Much More Than a Market” de Enrico Letta concluye que determinados elementos del marco regulatorio han dificultado la aparición de verdaderos operadores paneuropeos y señala expresamente la falta de armonización del espectro como un obstáculo para prestar servicios a escala europea. El problema, por tanto, existe independientemente del lobby empresarial y está documentado institucionalmente. Puede consultarse el informe completo de Enrico Letta.
Pero existe una segunda debilidad que es distinta de la fragmentación regulatoria: la escala empresarial no equivale necesariamente a liderazgo tecnológico. Estados Unidos concentra una parte fundamental del poder mundial en cloud, plataformas digitales, inteligencia artificial y software, mientras China dispone de enormes capacidades industriales en equipamiento, electrónica y telecomunicaciones. Las operadoras europeas poseen activos esenciales —redes móviles, fibra, espectro, clientes, centros de datos y edge—, pero eso no significa que controlen las capas de la economía digital donde se está generando una parte creciente de la innovación y del valor.
Esto explica una aparente contradicción de la estrategia europea. Telefónica reclama mayor tamaño para las operadoras, pero aumentar el tamaño de una compañía de telecomunicaciones no la convierte automáticamente en un competidor equivalente a los grandes actores estadounidenses o chinos de cloud, inteligencia artificial, semiconductores, software o equipamiento de red. La consolidación puede proporcionar economías de escala, mayor capacidad financiera y una utilización más eficiente de las inversiones, pero no sustituye el desarrollo de capacidades tecnológicas propias. Son problemas relacionados, pero no idénticos.
La propia estrategia corporativa de Telefónica permite comprobar esta distinción. Su plan 2026-2030, Transform & Grow, establece entre sus objetivos ampliar el negocio B2B, evolucionar las capacidades tecnológicas, simplificar el modelo operativo y preparar a la compañía para futuras oportunidades de consolidación. Telefónica afirma además que la falta de consolidación europea ha producido estructuras de inversión menos eficientes que las de Estados Unidos y China y una creciente dependencia tecnológica en áreas críticas. Puede consultarse directamente la estrategia 2026-2030 de Telefónica.
Esto revela otra cuestión importante. Parte de la respuesta que Telefónica plantea a la pérdida de escala europea depende de una modificación del entorno regulatorio y de competencia. La empresa no puede decidir unilateralmente fusionarse con un gran competidor europeo ni construir por sí sola un mercado paneuropeo. Una operación de concentración está sometida al control de las autoridades de competencia y las telecomunicaciones siguen estando organizadas en buena medida alrededor de mercados, licencias y reguladores nacionales. Por ello, para que la estrategia de consolidación que defiende Telefónica sea posible, primero necesita que cambien determinadas condiciones institucionales.
Aquí se entiende mejor la intensidad del lobby en Bruselas. No se trata solamente de conseguir una norma más favorable para la actividad existente. Una parte importante de la estrategia de escala que públicamente defiende Telefónica depende de decisiones que únicamente pueden adoptar las instituciones europeas. Una empresa puede crear un consorcio tecnológico sin modificar las reglas de competencia, pero no puede crear mediante un acuerdo privado un mercado único regulatorio, armonizar el espectro de 27 Estados, establecer un pasaporte europeo o modificar los criterios con los que la Comisión evalúa una fusión.
La futura Digital Networks Act es especialmente importante porque pretende precisamente reducir algunas de esas barreras. Telefónica ha identificado cuatro grandes prioridades ante esta norma: competitividad, simplificación regulatoria, relaciones más equilibradas dentro del ecosistema de internet y culminación del mercado único digital para proporcionar mayor escala a los operadores europeos. Es la propia empresa quien presenta esos objetivos en su posición oficial sobre la Digital Networks Act.
Por ello, sería incorrecto contraponer simplemente lobby frente a consorcios. La evidencia demuestra que Telefónica está utilizando las dos vías. En marzo de 2026, la Comisión Europea presentó EURO-3C, un proyecto dotado con 75 millones de euros de Horizonte Europa para desarrollar una infraestructura federada Telco-Edge-Cloud europea. Telefónica lidera el proyecto y la Comisión informa de que participan 87 miembros, incluyendo operadores de telecomunicaciones, proveedores cloud, desarrolladores de software, fabricantes de equipos, centros de investigación y especialistas en integración. El proyecto pretende precisamente reducir dependencias de proveedores de terceros países y desarrollar capacidades europeas relacionadas con telecomunicaciones, cloud, edge, 6G, inteligencia artificial y ciberseguridad. La información puede consultarse directamente en la Comisión Europea sobre EURO-3C.
Telefónica, por tanto, sí está formando los consorcios por los que cabe preguntar. Y no es un caso aislado. En febrero de 2026, Deutsche Telekom, Orange, Telefónica, TIM y Vodafone realizaron conjuntamente la primera demostración de un Edge Continuum federado paneuropeo, conectando sus entornos Edge para permitir el despliegue de aplicaciones sobre la huella combinada de los cinco grandes operadores. Parte de la plataforma procede además del proyecto europeo IPCEI-CIS. La iniciativa está documentada por Telefónica sobre el Edge Continuum paneuropeo.
Telefónica España también figura entre los participantes directos del IPCEI sobre infraestructura y servicios cloud de próxima generación, junto con Deutsche Telekom, Orange, TIM, SAP, Siemens y otras compañías europeas. La relación oficial de participantes publicada por la Comisión Europea puede consultarse en el documento del IPCEI de infraestructura cloud.
En 6G sucede algo semejante. Europa ya ha creado la Smart Networks and Services Joint Undertaking (SNS JU), dotada con 900 millones de euros de financiación europea entre 2021 y 2027 que debe ser correspondida por la industria. Su misión incluye explícitamente fomentar la soberanía tecnológica europea en 6G mediante investigación e innovación. Por tanto, tampoco sería correcto sostener que Europa o sus operadores carecen de estructuras cooperativas para intentar competir tecnológicamente. La Comisión Europea explica aquí su estrategia y financiación para 6G.
La pregunta relevante cambia entonces: si estos consorcios existen, ¿por qué sigue siendo tan importante el lobby?
La respuesta que permiten las fuentes es que los consorcios y la regulación solucionan problemas diferentes. EURO-3C puede federar infraestructura de Telefónica con capacidades de otras compañías. Un proyecto 6G puede compartir investigación. El Edge Continuum puede hacer interoperables las infraestructuras de varios operadores. Pero ninguno de esos proyectos puede autorizar una fusión, cambiar las normas europeas de competencia, armonizar por sí mismo las licencias nacionales de espectro o crear jurídicamente un pasaporte único europeo. Para conseguir esos cambios hay que intervenir en el proceso legislativo y regulatorio.
Este hecho pone de manifiesto otra debilidad del sector europeo: la cooperación tecnológica ha avanzado más rápidamente que la integración empresarial y regulatoria. Cinco operadores pueden demostrar conjuntamente una plataforma Edge paneuropea y continuar siendo cinco compañías independientes sometidas a diferentes mercados nacionales, autoridades, estructuras comerciales y condiciones regulatorias. Técnicamente pueden federarse; jurídicamente y económicamente siguen operando dentro de una Europa considerablemente fragmentada.
Pero también existe el problema inverso: cambiar la regulación no garantiza la creación de capacidad tecnológica europea. Una Digital Networks Act más favorable a la escala puede reducir costes administrativos y facilitar operaciones transfronterizas. Una política de competencia diferente puede permitir determinadas concentraciones. Ninguna de esas reformas crea automáticamente un competidor europeo mundial en inteligencia artificial, cloud o semiconductores.
Esta distinción resulta fundamental al analizar la estrategia de Telefónica. Si el objetivo es competir con Estados Unidos y China, existen al menos dos dimensiones diferentes. La primera consiste en proporcionar mayor escala económica a las compañías europeas. La segunda consiste en desarrollar tecnología, propiedad intelectual, plataformas, infraestructura y productos capaces de competir internacionalmente. El lobby regulatorio puede influir decisivamente sobre la primera. Para la segunda son necesarias inversión, investigación, cooperación industrial y ejecución empresarial.
Precisamente EURO-3C constituye un ejemplo mucho más cercano a esa segunda respuesta. El proyecto intenta integrar telecomunicaciones, Edge, Cloud e IA mediante una infraestructura paneuropea federada y abierta. Es significativo que Telefónica sea su líder porque demuestra que la compañía no limita su estrategia europea a reclamar modificaciones regulatorias. La propia Comisión presenta EURO-3C como una iniciativa destinada a reducir la dependencia de proveedores de terceros países.
Sin embargo, su dimensión permite también contextualizar el desafío. EURO-3C dispone de 75 millones de euros de presupuesto. La SNS JU cuenta con 900 millones de euros de financiación de la UE para 2021-2027, que debe ser correspondida por la industria. Son esfuerzos concretos y relevantes, pero el objetivo declarado de Europa es competir en tecnologías cuya escala de inversión mundial es enormemente elevada. De ahí que los informes Draghi y Letta no se limiten a pedir cooperación empresarial: reclaman cambios estructurales en inversión, mercado único, financiación, competencia e integración.
Hay además otra debilidad observable: Telefónica sigue pensando la consolidación principalmente en términos de consolidación empresarial dentro de los mercados. Su documentación oficial reclama reducir barreras a la consolidación en los Estados miembros, y su plan estratégico habla expresamente de in-market consolidation. Esa estrategia no es equivalente a crear un gran consorcio tecnológico europeo. La primera persigue reorganizar la estructura del mercado de telecomunicaciones y obtener sinergias; la segunda pretende sumar capacidades diferentes para desarrollar una tecnología o infraestructura común.
La diferencia es importante. Fusionar operadores puede eliminar duplicidades de red, aumentar la base de clientes y generar economías de escala. Crear un consorcio entre operadores, fabricantes, empresas de software, universidades, compañías cloud y centros de investigación persigue otra finalidad: combinar capacidades tecnológicas que una teleco por sí sola no posee. Para competir con los ecosistemas tecnológicos de Estados Unidos y China, Europa necesita ambas dimensiones, pero una no sustituye a la otra.
Existe finalmente una debilidad específicamente europea que no puede atribuirse a Telefónica: Europa dispone de grandes compañías, pero tiene dificultades para convertirlas en un ecosistema tecnológico integrado de escala continental. Letta identifica precisamente la ausencia de verdaderos operadores paneuropeos como consecuencia de las deficiencias del mercado único. La Comisión intenta corregir una parte del problema mediante la Digital Networks Act, mientras programas como EURO-3C, IPCEI-CIS y SNS JU intentan construir cooperación industrial y tecnológica.
Desde esta perspectiva, las 105 reuniones de Telefónica en Bruselas no deberían interpretarse aisladamente como prueba de incapacidad empresarial. Sí constituyen una evidencia de algo más concreto: una parte relevante de la estrategia futura de Telefónica necesita que cambie el entorno institucional en el que opera. La compañía reclama explícitamente consolidación, escala, simplificación y modificaciones de las condiciones competitivas, mientras simultáneamente participa y lidera proyectos cooperativos destinados a desarrollar infraestructura tecnológica europea.
El punto crítico para evaluar esta estrategia estará en los resultados. Si la modificación de las reglas europeas facilita que operadores actualmente nacionales construyan servicios verdaderamente paneuropeos, aumenta la inversión, favorece proyectos tecnológicos conjuntos y permite desarrollar capacidades propias en 6G, Edge, Cloud, IA y ciberseguridad, la reforma regulatoria habrá servido como instrumento para corregir una fragmentación que Draghi y Letta consideran estructural. Si la reforma produce fundamentalmente mayor concentración de los operadores existentes sin un aumento paralelo de innovación, inversión y capacidad tecnológica europea, el resultado económico será diferente.
Por ello, la cuestión que Bruselas debe resolver no es si Telefónica tiene derecho a hacer lobby ni si debe elegir entre lobby y consorcios. Telefónica ya hace las dos cosas. La cuestión verdaderamente relevante es qué proporción del problema europeo puede solucionarse cambiando las reglas y qué proporción exige que las propias compañías cambien.
La Digital Networks Act puede eliminar fronteras regulatorias; no puede crear innovación empresarial por decreto. El pasaporte único puede facilitar operar en varios países; pero no garantiza que aparezcan productos tecnológicos europeos globales. Una política de fusiones más flexible puede producir operadores mayores; pero no garantiza que esos operadores sean tecnológicamente más avanzados. Y una regulación que mejore la rentabilidad puede incrementar la capacidad de inversión, pero corresponde finalmente a las empresas transformar esa capacidad financiera en tecnología, infraestructura, productos y servicios competitivos.
Ese es posiblemente el punto más revelador del nuevo escenario. El problema de las telecomunicaciones europeas no es exclusivamente de tamaño, ni exclusivamente de regulación, ni exclusivamente de tecnología. Es la combinación de los tres. Telefónica puede tener argumentos sólidos cuando denuncia la fragmentación europea —Letta confirma buena parte de ese diagnóstico— y al mismo tiempo seguir teniendo que demostrar que una regulación más favorable a la escala se traducirá efectivamente en mayor capacidad tecnológica.
Los consorcios que ya está impulsando ofrecen precisamente un criterio con el que evaluar esa transformación. EURO-3C, el Edge Continuum europeo, IPCEI-CIS y los proyectos 6G representan una estrategia distinta de la simple protección del negocio existente: intentan construir capacidades compartidas a escala continental. Si Europa pretende reducir realmente la distancia con Estados Unidos y China, el éxito no podrá medirse únicamente por cuántas fusiones autorice Bruselas, cuántas obligaciones regulatorias elimine la Digital Networks Act o cuánto aumente la rentabilidad de los operadores. Tendrá que medirse también por la capacidad de Telefónica y del resto de la industria europea para convertir esa nueva escala en tecnología propia, innovación, inversión y plataformas europeas capaces de competir fuera de sus mercados nacionales.
En definitiva, el verdadero examen para Telefónica y para el conjunto de las telecomunicaciones europeas comenzará cuando Bruselas termine de modificar las reglas. Si la Digital Networks Act, el pasaporte único y una eventual flexibilización de la política de competencia permiten construir operadores con mayor escala, pero esa escala se traduce después en más inversión, tecnología propia, innovación, 6G, inteligencia artificial, cloud, edge y capacidad de competir internacionalmente, la reforma habrá contribuido a corregir una debilidad estructural de Europa. Si, por el contrario, el resultado se limita a reducir obligaciones regulatorias, facilitar concentraciones y mejorar la rentabilidad de los actuales operadores sin alterar la dependencia tecnológica europea frente a Estados Unidos y China, el problema habrá cambiado de dimensión, pero no se habrá resuelto.
Ese es el punto en el que la estrategia de Telefónica deberá ser evaluada. La compañía tiene argumentos objetivos cuando denuncia la fragmentación del mercado europeo y tanto Draghi como Letta han identificado parte de esas deficiencias. También está participando en consorcios tecnológicos que buscan construir capacidades europeas compartidas. Pero la nueva regulación ofrecerá precisamente la oportunidad de comprobar si la escala que reclama el sector se convierte en competitividad tecnológica real. Europa no necesita únicamente operadores más grandes; necesita empresas capaces de transformar esa escala en tecnología, innovación y productos que puedan competir fuera de sus mercados nacionales.
Por eso las 105 reuniones mantenidas por Telefónica en Bruselas tienen una lectura que va más allá del lobby. Muestran hasta qué punto el futuro de la compañía está ligado a las decisiones que adopte Europa, pero también sitúan sobre Telefónica una responsabilidad empresarial igualmente importante: demostrar que unas reglas más favorables no son el objetivo final, sino el instrumento para construir una compañía tecnológicamente más competitiva. Bruselas puede cambiar las reglas del juego; lo que no puede hacer es competir por Telefónica.
Para terminar el post quiero manifestar que la historia con la que comenzaba este análisis debería servir también para cerrarlo. Nokia no perdió su liderazgo porque fuera pequeña. Lo perdió mientras era un gigante. Cuando Apple presentó el iPhone en 2007, la compañía finlandesa era el mayor fabricante mundial de teléfonos móviles, disponía de escala internacional, capacidad industrial y una de las marcas tecnológicas más poderosas del planeta. Lo que cambió fue el lugar donde se estaba creando el valor: del terminal hacia el software, los sistemas operativos, las aplicaciones y los ecosistemas digitales. El tamaño que Nokia había construido durante décadas no bastó para protegerla de aquel cambio.
Esa experiencia debería estar muy presente ahora en Bruselas. El lobby puede cambiar las condiciones de una competición, pero no proporciona por sí mismo las capacidades necesarias para ganarla. Telefónica ha mantenido 105 reuniones de alto nivel en los primeros veinte meses de la actual legislatura europea y declara aproximadamente dos millones de euros anuales en actividades de representación de intereses ante las instituciones comunitarias. No existe nada anómalo en que una compañía defienda sus intereses ante los legisladores. Pero la dimensión de esa actividad resulta relevante cuando las reivindicaciones públicas de la compañía afectan precisamente a las variables que pueden modificar estructuralmente su posición competitiva: consolidación, escala, control de concentraciones, simplificación regulatoria y construcción de un mercado único de telecomunicaciones.
Hay que reconocer además que una parte importante del diagnóstico que sustenta esas reivindicaciones es cierta. Europa continúa teniendo un problema evidente de fragmentación. Los datos utilizados por la propia Telefónica señalan 41 operadores móviles con más de 500.000 conexiones en Europa, frente a cinco en Estados Unidos y cuatro en China o Japón, mientras la rentabilidad sobre el capital empleado del sector europeo habría descendido del 6,6% en 2017 al 5,9% en 2023. Draghi y Letta han identificado igualmente la fragmentación, la ausencia de auténticos operadores paneuropeos y las diferencias regulatorias como obstáculos para la inversión y la competitividad. Por tanto, sería intelectualmente poco riguroso negar el problema simplemente porque su solución sea defendida también por quienes pueden beneficiarse de ella.
Pero aceptar el diagnóstico no obliga a aceptar que cualquier solución propuesta por los operadores sea equivalente a aumentar la competitividad europea. Ahí se encuentra la frontera que Bruselas no debería cruzar. Una cosa es eliminar 27 duplicidades administrativas para que una compañía pueda actuar sobre un verdadero mercado único y otra muy distinta reducir la presión competitiva para proteger la rentabilidad de quienes ya están dentro. Una cosa es armonizar espectro, facilitar inversiones transfronterizas o crear un pasaporte único y otra asumir que permitir concentraciones empresariales producirá automáticamente innovación. El propio informe Draghi recomienda facilitar determinadas consolidaciones, pero no propone abandonar la política de competencia: mantiene la protección del consumidor y la calidad del servicio como elementos que deben formar parte de la ecuación.
La futura Digital Networks Act puede proporcionar precisamente aquello que durante años han reclamado los grandes operadores: menos fragmentación, mayor facilidad para operar transfronterizamente y un mercado europeo más integrado. El pasaporte único pretende permitir que una autorización obtenida mediante una notificación en un Estado miembro facilite operar en otros países sin reproducir procedimientos nacionales equivalentes. Si estas reformas prosperan, uno de los argumentos históricos del sector —que Europa obliga a competir dentro de mercados artificialmente fragmentados— perderá progresivamente fuerza.
Y entonces comenzará una prueba mucho más incómoda para las operadoras: demostrar qué hacen con la escala que llevan años reclamando.
Porque una autorización europea no desarrolla inteligencia artificial. Una fusión no crea propiedad intelectual. Una regulación más sencilla no fabrica semiconductores. Un aumento de rentabilidad no desarrolla automáticamente una plataforma cloud. Y disponer de más clientes no convierte por sí solo a una operadora en un competidor tecnológico mundial. El propio análisis del sector obliga a separar ambas cuestiones: la consolidación puede producir economías de escala y aumentar la capacidad financiera, pero no sustituye la creación de capacidades tecnológicas propias.
Esta es precisamente la
razón por la que el resultado de proyectos como EURO-3C será mucho más
revelador sobre la competitividad futura de Telefónica que el número de
reuniones mantenidas en Bruselas. Telefónica lidera este proyecto europeo de
infraestructura federada Telco-Edge-Cloud, dotado con 75 millones de
euros y formado por 87 participantes entre operadores, compañías
cloud, desarrolladores de software, fabricantes y centros de investigación.
Europa dispone además de 900 millones de euros de financiación comunitaria
para 2021-2027 en la Smart Networks and Services Joint Undertaking
orientada al desarrollo de capacidades y soberanía tecnológica en 6G,
financiación que debe ser correspondida por la industria. Aquí ya no se trata
de convencer a un regulador. Se trata de investigar, integrar tecnologías,
desarrollar productos y conseguir resultados.
Por eso el riesgo del lobby aparece cuando la modificación del marco
regulatorio empieza a confundirse con una política de competitividad.
Conseguir que Bruselas facilite una concentración puede mejorar la posición
económica de una compañía; no demuestra que Europa sea tecnológicamente más
competitiva. Conseguir menores cargas regulatorias puede elevar la
rentabilidad; no demuestra que ese capital vaya a convertirse en I+D, 6G,
cloud, edge o inteligencia artificial. Conseguir operadores mayores puede
resolver una parte del problema de escala; no demuestra que esos operadores
vayan a controlar las tecnologías y plataformas donde se genera una parte
creciente del valor de la economía digital. El propio análisis de la
transformación del sector muestra que las operadoras han pasado de ocupar el
centro de la cadena de valor a compartirla con plataformas, proveedores cloud,
fabricantes, compañías de software y grandes grupos tecnológicos.
Ahí es donde la experiencia de Nokia deja de ser una anécdota histórica y se convierte en una advertencia. Nokia tenía escala. Lo que no consiguió fue transformar aquella escala con suficiente éxito ante el cambio de paradigma que estaba desplazando el valor hacia otro lugar de la cadena tecnológica. Pretender solucionar un problema semejante haciendo mayores a las compañías existentes sería confundir tamaño con capacidad competitiva. Y pretender solucionarlo fundamentalmente mediante regulación sería todavía más peligroso: significaría esperar del legislador una ventaja que finalmente sólo puede construirse mediante tecnología, innovación, inversión y ejecución empresarial.
El lobby tiene, por tanto, un límite económico muy preciso. Puede explicar al legislador dónde existen barreras absurdas. Puede contribuir a eliminar duplicidades. Puede defender una armonización necesaria. Puede argumentar que determinadas normas dificultan inversiones. Incluso puede convencer a Bruselas de que Europa necesita empresas mayores. Lo que no puede hacer es convertir una empresa grande en una empresa innovadora, ni una empresa protegida por una regulación favorable en una empresa globalmente competitiva.
Y esa distinción debería convertirse en el criterio con el que Bruselas evalúe cada reivindicación del sector. No preguntarse únicamente si una reforma mejora las cuentas de los operadores europeos, sino qué recibe Europa a cambio. Cuánta inversión adicional. Cuánta I+D. Cuántas patentes y tecnologías propias. Qué capacidades nuevas aparecen en 6G, cloud, edge, inteligencia artificial y ciberseguridad. Cuántos servicios realmente paneuropeos nacen. Cuánta dependencia tecnológica exterior desaparece. Y, sobre todo, si después de eliminar las barreras que Draghi y Letta han identificado, las empresas europeas son capaces de competir fuera de la protección de sus mercados históricos.
Porque si después de conseguir un mercado más integrado, un pasaporte único, mayor facilidad para consolidarse y una regulación más favorable a la escala la respuesta sigue siendo pedir una nueva modificación de las reglas, entonces habrá que empezar a preguntarse si el problema continuaba estando en Bruselas.
Nokia ofrece aquí la conclusión más incómoda. Europa ya tuvo escala, liderazgo y campeones mundiales en telecomunicaciones y aun así perdió una parte sustancial de aquella posición cuando cambió la tecnología. La regulación puede corregir las fronteras artificiales que hoy fragmentan Europa; no puede garantizar que sus empresas sepan qué hacer cuando esas fronteras desaparezcan.
Ese será el verdadero examen para Telefónica y para el resto de los grandes operadores europeos. No cuántas reuniones consiguen celebrar en Bruselas, ni cuántas de sus reivindicaciones terminan incorporadas a la Digital Networks Act, sino qué construyen cuando obtengan la escala que llevan años reclamando.
Porque al final hay una diferencia enorme entre convencer a Bruselas para que cambie las reglas y convencer al mercado de que tienes el mejor producto, la mejor tecnología o la mejor plataforma.
La primera batalla se puede ganar haciendo lobby.
La segunda hay que ganarla compitiendo.
Ya lo dijo John Maynard Keynes: «La dificultad no reside tanto en desarrollar nuevas ideas como en escapar de las antiguas».
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