El 24 de junio, multitud de diarios se hicieron eco del cese de cuatro consejeros independientes de la compañía Indra. El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Rodrigo Buenaventura, fue contundente, la autoridad ha calificado el cese en cascada de independientes de forma imprevista en Indra como un hecho "llamativo y hasta preocupante" en el sentido de que puede poner en peligro la calidad de buen gobierno a la que se debe aspirar. El jueves se produjo la salida de inmediato de Alberto Terol, hasta ahora 'jefe' de los independientes, y de tres consejeros independientes junto con la no reelección de una cuarta. Rodrigo Buenaventura afirmó, "nos hemos puesto en contacto ayer y hoy pediremos más información, espero que Indra aplique la recomendación número 24 del Código de Buen Gobierno". Dicha recomendación dice:
Recomendación 24: Se refuerza la transparencia en relación con los supuestos de dimisión o cese por acuerdo de la junta, recomendándose que el consejero que cese en su cargo antes del término de su mandato explique de manera suficiente, mediante carta, las razones de su dimisión o, en el caso de consejeros no ejecutivos, su parecer sobre los motivos del cese por la junta. Se mantiene la recomendación de informar, sin perjuicio de lo que se incluya al respecto en el informe anual de gobierno corporativo, a la mayor brevedad posible sobre el cese incluyendo una referencia suficiente a los motivos o circunstancias aportados por el consejero https://bit.ly/39RDkjE
El jefe del supervisor ha explicado que lo que dice la recomendación es "cristalino": los independientes deben trasladar a las cotizadas su opinión sobre el contexto o los motivos del cese experimentado y la compañía que recibe ese parecer debe ponerlo a disposición de los accionistas a la mayor brevedad posible. "Indra declara en sus informes que cumple esta recomendación, por lo que no tengo duda de que procederá a poner a disposición de los accionistas esa opinión ampliada de los independientes. Y, si no, haremos que suceda", ha remarcado. Buenaventura se ha limitado a citar la normativa. Si varios accionistas, de manera individual o concertada, superan el 30% del control o nombran a más de la mitad de los consejeros, se entiende por una toma de control y requiere una opa. "Es aplicable en todos los casos", ha asegurado. Según ha dicho, sería imprudente por su parte pronunciarse sobre un concierto de accionistas con la información que dispone actualmente. "Lo analizaremos con rigor, tiempo y sin premura", ha remarcado.
No es la primera vez que Buenaventura envía un mensaje al Gobierno, en relación con el control de empresas. En enero, defendió que sería positivo permitir la compra de empresas cotizadas españolas por entidades extranjeras una vez se normalice la situación de las bolsas. En este sentido, Buenaventura dijo que el capital extranjero será “imprescindible” en el periodo que afronta el mercado de capitales español y que el mercado de control corporativo “merece ser preservado” desde un punto de vista inversor.
La toma de control de Indra se produce después de una guerra soterrada que se lleva librando desde hace tiempo por la discrepancia mantenida por Alberto Terol y afines, que no estaban de acuerdo con la estrategia del gobierno de Sánchez para la tecnológica. El gobierno español pretende hacer de Indra el brazo que asuma los retos en programas y proyectos europeos de especial trascendencia como el caza europeo y el desarrollo del programa NGWS/FCAS, que desarrolla uno de los sistemas de combate aéreo más avanzados del mundo. El programa europeo FCAS (Future Combat Air System), el futuro avión de combate que sustituirá al Eurofighter, se trata del mayor programa conjunto europeo de defensa hasta el momento y el más ambicioso en términos de desarrollo tecnológico y la decisión ha generado un fuerte malestar en Airbus al no ser el elegido por el gobierno y si Indra, compañía 100% española, con un coste previsto de unos 100.000 millones de euros https://bit.ly/3ngwdnM Con este movimiento, el Gobierno de Pedro Sánchez pretende dotar a Indra de "una estabilidad accionarial y un apoyo eficaz para que pueda llevar a cabo con éxito los compromisos asumidos", según añaden desde la SEPI.
Hasta aquí los principales hechos en la tecnológica, pero en el trasfondo de esta guerra, hay un asunto troncal con respecto al papel que se juega en la defensa de los sectores estratégicos de nuestro país. Hoy se publicaba una noticia que da que pensar con respecto al papel que juegan algunos responsables de nuestro país en defensa de estos. El diario recogía la creciente preocupación por la defensa que hace el gobierno de Pedro Sánchez con respecto a las empresas estratégicas, los preocupados por dicha situación son los reguladores e inversores españoles y europeos, según ha podido saber el diario The Objetive. El diario afirma que la preocupación es creciente y que no se descartan movimientos en el futuro para intentar frenar este tipo de asaltos gubernamentales. Y es que no solo estamos hablando de Indra, sino que también de Aena, Red Eléctrica Española (REE), Hispasat, Enagás, Air Europa, Navantia, Duro Felguera u otras que indirectamente se ven afectadas por el escudo antiopas, como Telefónica, Iberdrola, Prisa o Naturgy. Esta injerencia, directa o indirecta, se hace sentir en todos los sectores productivos como industria, telecomunicaciones, tecnología, defensa, energía o infraestructuras. https://bit.ly/3QN5ZqC
Ante estos hechos, yo le pregunto a dichos reguladores e inversores, ¿Se quedaría Emanuel Macron de brazos cruzados si alguien intentase hacerse con el control de la tecnológica francesa Thales o el presidente alemán Olaf Scholz haría lo mismo si alguien fuera a comprar la tecnológica SAP? La respuesta de franceses y alemanes la tenemos con dos compañías que intentaron ser opadas por compañías extranjeras. El ministro francés de Economía, Bruno Le Maire, anunció la nacionalización temporal de los astilleros STX France con el fin de evitar la pérdida a manos de la italiana Fincantieri. El astillero es el único lo suficientemente grande para la construcción de portaaviones y otros buques, como por ejemplo el mayor buque de cruceros, el Harmony of the Seas. Este no fue el único movimiento del gobierno francés con el fin de proteger sus activos estratégicos, el Estado compró hace tiempo acciones de Renault y PSA Peugeot Citroën con el objetivo de mantener la industria automovilística ligada al país. Por el lado de los alemanes, el objeto de deseo en plena pandemia del Covid-19 fue la compañía farmacéutica Curevac, poseedora de la vacuna contra dicha enfermedad desató el interés de Donald Trump por hacerse con el control de esta. La respuesta de la señora Merkel fue contundente, movilizó al ICO alemán para poner encima de la mesa 300 millones y hacerse con el 23% del capital. Nunca más hubo problemas sobre dicho activo estratégico.
En el año 2018, el Estado francés tenía participación en 81 compañías, entre ellas, France Telecom, que es el principal operador del país; Renault, que una de las empresas más destacadas en la producción de automóviles; también tiene parte en Air France, la compañía aérea; y en la principal compañía eléctrica del país, Electricité de France. En Alemania, la participación del Estado llega también al principal productor de automóviles, el Grupo Volkswagen; de nuevo en las comunicaciones, al igual que en el país galo, con parte de accionariado de Deutsche Telekom; también en RWE, el segundo productor de energía del país; y en Salzgitter, un conglomerado dedicado a la industria siderúrgica. Dentro de la UE es Polonia el país que tiene un mayor índice de propiedad estatal de empresas, seguidos de Rumanía, Suecia, Lituania, Francia o Irlanda. Hay que descender, sin embargo, hasta el puesto 31 para encontrar a España, que afrontó un intenso proceso de privatizaciones en la década de los 90 a finales del siglo pasado.
Lo que está sucediendo en nuestro país con respecto a los activos estratégicos no tiene ni explicación ni argumento que sustente dicha situación, cuando vemos la pasividad y complicidad que algunos actores muestran ante la entrada de capital extranjero en sectores clave para el funcionamiento de nuestro país. Lo hemos visto en diferentes sectores como telecomunicaciones, gasistas, petroleras, etc., la colonización cuenta con el beneplácito del guardián del mercado, CNMV, Rodrigo Buenaventura. Cuando fue nombrado para dicho cargo, recibió el visto bueno del 100% de los grupos parlamentarios en el Congreso, lo nunca visto. La pregunta que me hago ante dichos hechos es, ¿Era la persona adecuada ante los hechos recogidos por la prensa? A veces, uno siente sana envidia por franceses y alemanes, que anteponen lo suyo a lo que viene de fuera… Cuestión que, en España, ni está ni se le espera.
Ya lo dijo Aristóteles: “La dignidad no consiste en tener honores, sino en merecerlos”.
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