Hay una vieja idea
empresarial que dice que una compañía revela su verdadera estrategia no
en sus discursos, sino en aquello a lo que destina su caja cuando llega el
momento de elegir. Es fácil hablar de transformación, soberanía
tecnológica, autonomía digital o futuro industrial; lo difícil es
comprobar si, cuando se abren las cuentas, el dinero va hacia infraestructuras,
capacidades y tecnología propia o hacia activos que brillan mucho en el
presente, pero se consumen deprisa. En sectores estratégicos como las
telecomunicaciones, esa diferencia no es menor: es, en realidad, la que
separa una apuesta industrial de una simple ventaja comercial de corto plazo.
En los últimos días han coincidido varias informaciones que, leídas en conjunto, permiten observar con bastante claridad hacia dónde se está moviendo una parte relevante del debate económico y empresarial en España y en Europa. Por un lado, Telefónica refuerza su apuesta por el fútbol como pieza central de su estrategia comercial en Movistar+, destinando a derechos audiovisuales una cantidad de capital muy elevada en un momento en el que la Unión Europea insiste en la necesidad de redirigir recursos hacia capacidades tecnológicas propias, soberanía digital e infraestructuras estratégicas. Por otro, el Gobierno español avanza en el diseño de un Comité de Inversiones Estratégicas y, al mismo tiempo, abraza un marco doctrinal próximo a los planteamientos de Mariana Mazzucato, basado en un Estado más activo en la orientación de la inversión y en la definición de prioridades productivas de largo plazo. La cuestión que se abre, por tanto, es de fondo: qué debe entenderse hoy por inversión estratégica en un sector como las telecomunicaciones y hasta qué punto determinadas decisiones de asignación de capital responden a una verdadera lógica de transformación industrial o, por el contrario, a una simple defensa comercial de corto plazo.
Ayer se publicaba la noticia en el diario Vozpópuli, aquí, donde se explica que Telefónica prepara una reorganización de Movistar+ dentro de su nuevo plan estratégico, con la idea de reordenar la oferta de canales y modificar su política de contenidos. El eje principal de ese replanteamiento será reforzar el peso del deporte, ya que la compañía considera que la televisión sigue siendo una pieza clave para captar y retener clientes. Según el artículo, la dirección de Movistar+ ya trabaja en cambios relevantes en la parrilla, y una de las líneas previstas es reducir o revisar diales que pasarían a ser prescindibles en el nuevo modelo.
El texto señala que esta revisión responde, entre otras cosas, a la pérdida reciente de derechos como la NBA, la ACB y el motor, algo que habría supuesto un punto de inflexión para la plataforma. La intención, según fuentes citadas por el medio, es volver a competir por los grandes eventos deportivos, porque el fútbol, el baloncesto y el motor siguen siendo los contenidos que más diferencian a una plataforma de televisión de pago frente a otras ofertas del mercado. Al mismo tiempo, la compañía estaría revisando contenidos menos diferenciales, como determinados programas de humor o series que no aportan una ventaja clara frente a la competencia, todo ello dentro de un contexto de disciplina financiera.
La información añade que, aunque todavía no hay decisiones definitivas, la remodelación de Movistar+ se prevé para enero. También recuerda que la plataforma ha reforzado recientemente su catálogo con canales de la BBC como BBC Series, Top Gear, BBC History y BBC Food. A la vez, Movistar+ atraviesa una fase de crecimiento en abonados y se sitúa cerca de los 3,7 millones, apoyada en parte por su oferta deportiva y por el nuevo paquete que puede contratarse sin ser cliente de la operadora, con acceso a partidos de Champions, LaLiga o Premier League, además de cine y series.
Por último, la noticia encuadra este movimiento en una etapa de cambios internos en la plataforma: Marc Murtra reorganizó la cúpula de Movistar+, con Javier de Paz como presidente no ejecutivo y Daniel Domenjó como CEO. El artículo también menciona que en meses recientes hubo especulaciones sobre una posible entrada de inversores en el accionariado de la televisión, aunque esa operación no aparece recogida en el plan estratégico y, según las fuentes mencionadas, esas conversaciones no llegaron a concretarse.
Con los datos públicos disponibles, la televisión de Telefónica debe leerse menos como un negocio autónomo de alto retorno y más como una palanca comercial del paquete convergente. La compañía publica España como un segmento agregado, no una cuenta de resultados separada de Movistar+, y en 2025 Telefónica España facturó 13.012 millones de euros, generó 4.691 millones de EBITDA ajustado y 2.525 millones de OpCFaL ajustado. En ese mismo ejercicio, Telefónica lo define como su mejor año comercial en España desde el año 2018, con récord de altas netas en banda ancha fija y televisión, crecimiento interanual de la TV del 7,9% en el cuarto trimestre, ARPU convergente de 89,7 euros y churn del 0,7%, el más bajo en 13 años. Eso apunta a que la TV sigue teniendo valor, pero sobre todo como instrumento para sostener precio, permanencia y menor rotación del cliente https://bit.ly/48JYN9d
El problema económico de la TV aparece en el coste y en la caducidad del contenido. En las cuentas del año 2024, Telefónica tenía 243 millones de euros en derechos audiovisuales dentro de existencias y 599 millones en pagos anticipados por derechos de retransmisión de eventos deportivos aún no celebrados; de esos 599 millones, 442 millones correspondían a compromisos deportivos futuros. Además, el contrato de LaLiga firmado en junio del año 2024 fijó 250 millones para la parte de la temporada 2024/2025 que arrancó en enero del 2025 y 520 millones para cada una de las temporadas 2025/2026 y 2026/2027. Una sola temporada “tipo” de LaLiga supone a la división española 520 millones de euros, esto equivale a alrededor del 11% del EBITDA ajustado anual de Telefónica España en el año 2025. Es decir, el contenido premium exige mucho capital por adelantado y su monetización tiene una ventana corta; contablemente no se parece a una plataforma digital propia, sino a un activo consumible y recurrente https://bit.ly/3QhZDDQ
Que la reorganización apunte al deporte encaja con la propia comunicación de Telefónica: en su documentación de resultados del año 2025 subraya que tiene asegurados los próximos ciclos de UEFA y LaLiga. Eso confirma que la compañía sigue viendo el fútbol como ancla comercial. Pero esa misma decisión concentra riesgo de costes fijos en un producto cuyo valor depende de renovar derechos, mantener exclusividad y seguir justificando el sobreprecio del paquete frente a alternativas más baratas o más flexibles https://bit.ly/421CHvn
El contexto de mercado refuerza esa lectura. En España, las suscripciones a contenidos audiovisuales de pago superaron los 34 millones en el año 2024, pero 27,1 millones correspondían a streaming u online y solo 7,2 millones son de plataformas de pago de las telecos. En el segundo trimestre del año 2025, el 63,1% de los hogares con acceso a Internet usó plataformas online de pago; entre esos hogares, Netflix fue la plataforma más utilizada con el 44,6%, Amazon Prime Video la segunda con el 19,7% y Movistar Plus+ la tercera con el 17,8%. Además, el 41,9% afirmó que esos contenidos estaban incluidos en el paquete de su proveedor de Internet. La consecuencia económica es que la TV de operador compite en un mercado donde el usuario acumula varias suscripciones y donde el audiovisual funciona cada vez más como módulo del paquete, no como servicio claramente dominante por sí solo https://bit.ly/4sDAi4D
Frente a eso, los negocios propios digitales e infraestructurales muestran una economía distinta. Telefónica Tech alcanzó 2.222 millones de euros de ingresos en el año 2025, un 18,9% más, y Telxius firmó más de 600 millones de dólares en contratos en 2025 apoyados en renovaciones de largo plazo, demanda de hiperescaladores y colocation, manteniendo un margen EBITDA ajustado superior al 45%. Ahí el valor reside en plataforma, software, servicios gestionados o infraestructura controlada por Telefónica, que pueden renovarse y monetizarse sin la caducidad intrínseca de los derechos deportivos. Por eso, con los datos públicos en la mano, la TV en Telefónica parece justificarse cuando mejora ARPU y reduce churn; como asignación de capital pura, es un negocio menos escalable y menos duradero que sus servicios digitales e infraestructuras propias https://bit.ly/4clGXvG
Con los datos públicos disponibles, la respuesta prudente es que sí bien el fútbol parece tener un sentido comercial para mejorar el churn y el ARPU, no está demostrado que lo tenga como negocio audiovisual aislado. En la información financiera revisada, Telefónica reporta el desempeño agregado de Telefónica España, no como una cuenta separada de resultados de Movistar+; por eso no puede afirmarse con rigor cuánto beneficio incremental genera la TV por sí sola. Lo que sí se ve es que, en el año 2025, España cerró con su mejor churn desde el lanzamiento de la convergencia, con 0,8% anual; en 4T, los clientes convergentes marcaron 0,7%, el ARPU convergente fue 89,7 euros, la TV creció 7,9% interanual y sumó +51.000 altas netas. Además, Telefónica España facturó 13.012 millones, con 4.691 millones de EBITDA ajustado y 2.525 millones de OpCFaL ajustado. Eso acredita que la TV sigue ayudando a sostener precio, permanencia y tracción comercial https://bit.ly/4ci82Qi
El problema aparece cuando se mira el coste. En las cuentas del año 2024, Telefónica tenía 243 millones de euros en “audiovisual rights” en inventarios y 599 millones en pagos anticipados por derechos de retransmisión de eventos deportivos aún no celebrados, de los que 442 millones correspondían a compromisos deportivos futuros. Además, para el fútbol nacional en España, la propia Telefónica reconoce un precio de 520 millones por temporada para su paquete principal de LaLiga en 2025/2026 y 2026/2027, y otro contrato con DAZN por 280 millones por temporada hasta 2026/2027. Solo esos dos contratos suponen 800 millones al año en fútbol nacional https://bit.ly/4clQmU0
Ese importe es muy alto frente a la caja operativa del negocio español. Esos 800 millones equivalen aproximadamente al 17,1% del EBITDA ajustado de Telefónica España en 2025 y al 31,7% de su OpCFaL ajustado. Dicho de otra forma: una parte muy relevante de la capacidad anual de generación de caja del negocio en España queda expuesta a derechos temporales que hay que volver a renegociar y volver a pagar. Por eso, más que una inversión de capital “tipo infraestructura” o “tipo software propio”, la TV funciona aquí como un compromiso recurrente de caja para defender el paquete convergente https://bit.ly/4dWGAZv
La presión se entiende todavía mejor si se relaciona con la base de abonados tradicionales. La CNMC sitúa a Movistar en 3,1 millones de suscripciones de TV de pago tradicional al cierre del año 2024, con una cuota del 43,6%, inferior al 47,5% del año anterior. Si se toma esa base como referencia puramente ilustrativa, esos 800 millones de fútbol nacional equivalen a unos 258 euros al año por abonado, o 21,5 euros al mes por abonado, antes de contar red, atención al cliente, marketing, decodificadores, cine, series y el resto de costes del servicio. No es un cálculo de margen ni de "break-even" (punto de equilibrio), pero sí muestra la magnitud del esfuerzo económico https://bit.ly/3O9mWPG
Además, el contexto de mercado limita la capacidad de trasladar indefinidamente ese coste al cliente. En el año 2024, España registró 34,3 millones de suscripciones audiovisuales de pago, pero 27,1 millones fueron de streaming u online y solo 7,2 millones correspondieron a plataformas tradicionales de operadores. La CNMC también indica que, entre los hogares que usan plataformas online de pago, Netflix fue la preferida en más del 40%, Amazon Prime Video en 21,4% y Movistar Plus+ en 16,7%. El mercado, por tanto, no está girando hacia una mayor exclusividad de la TV del operador, sino hacia la coexistencia de varias suscripciones y hacia un consumo más fragmentado https://bit.ly/4sM5gI2
La conclusión, sin salir de los datos, es esta: sí parece merecer la pena para Telefónica como herramienta comercial de defensa del negocio convergente, porque coincide con un ARPU alto, un churn históricamente bajo y una mejora visible de ingresos y caja en España. Pero no hay evidencia pública suficiente para afirmar que la TV, tomada de forma aislada, no ofrece una rentabilidad holgada que justifique por sí sola ese nivel de desembolso de capital en contenidos. La lectura es que la TV le compensa a Telefónica, mientras siga sosteniendo el paquete completo convergente de sus clientes; no porque los derechos, por sí mismos, parezcan un activo especialmente rentable o duradero https://bit.ly/3Opx07d
Tomando como referencia los documentos oficiales europeos sobre EuroStack, la conclusión es que los 800 millones de euros anuales que Telefónica destina al fútbol no están alineados con la lógica industrial de esa iniciativa europea https://bit.ly/3OOyecf EuroStack se concibe como una propuesta de política industrial orientada a reforzar la soberanía digital de la Unión Europea, con el objetivo de que Europa construya y consolide una “pila” propia de capacidades digitales, desde la conectividad y la nube hasta la inteligencia artificial, los semiconductores, los datos, la interoperabilidad y la ciberseguridad, en lugar de depender de proveedores extracomunitarios en ámbitos críticos de su infraestructura tecnológica. El propio informe parte del diagnóstico de que más del 80% de la infraestructura y de las tecnologías digitales que utiliza Europa son importadas y plantea una movilización inversora de 300.000 millones de euros en diez años para reducir esa dependencia. En esa misma dirección, el Parlamento Europeo ya ha reclamado un mayor énfasis en la soberanía tecnológica a través de la creación de EuroStack, mientras que la Comisión ha comenzado a desplegar instrumentos concretos coherentes con ese planteamiento, entre ellos el Digital Networks Act (DNA).
Frente a ese marco, el desembolso de Telefónica en derechos de fútbol responde a una lógica completamente distinta. Se trata de una asignación de capital vinculada a derechos temporales de explotación comercial, no a la construcción de infraestructura digital soberana, ni al desarrollo de software, cloud, inteligencia artificial o capacidades tecnológicas reutilizables. La diferencia entre lo que EuroStack prioriza y la naturaleza económica y contable de los derechos deportivos es, en ese sentido, evidente y profunda. Desde una perspectiva de política industrial europea, el dinero destinado al fútbol puede calificarse como una inversión desalineada con los objetivos estratégicos de la UE y, al mismo tiempo, como un claro coste de oportunidad.
EuroStack no plantea la escala de las telecomunicaciones como un fin en sí mismo, sino como una pieza integrada en una agenda más amplia, centrada en 5G industrial, edge cloud, Open RAN, 6G, ciberseguridad e integración funcional del ecosistema digital europeo. La Comisión está orientando sus instrumentos recientes precisamente hacia esos ámbitos. La Digital Networks Act busca estimular la inversión y la innovación en infraestructuras digitales avanzadas y resilientes, y la reciente adjudicación de un contrato de hasta 180 millones de euros para nube soberana a proveedores europeos ilustra con claridad cuál es la dirección de esa política. Si comparamos el gasto de 800 millones de euros anuales en fútbol de la división española vemos que tiene una orientación radicalmente diferente: mientras una inversión como EuroStack contribuye a crear capacidad tecnológica europea, la compra de derechos deportivos persigue exclusivamente sostener el atractivo comercial a corto plazo de una oferta de televisión de pago.
La brecha que separa hoy a Europa de Estados Unidos y China no se reducirá con una mayor acumulación de derechos futbolísticos. Los problemas estructurales europeos se sitúan en la escala empresarial, la insuficiencia inversora, la fragmentación del mercado único, la dependencia en nube, inteligencia artificial y semiconductores, así como en determinadas rigideces regulatorias. EuroStack pretende actuar precisamente sobre esas debilidades mediante una asignación de capital más eficiente y más orientada a reforzar las bases tecnológicas e industriales de la Unión Europea. Desde ese punto de vista, lo que sí puede afirmarse con rigor es que los 800 millones de euros que Telefónica dedica cada año al fútbol no contribuyen a los objetivos de convergencia tecnológica que EuroStack persigue.
La propia Telefónica participa, de hecho, en iniciativas que sí encajan con esa estrategia europea, como EURO-3C, un proyecto paneuropeo dotado con 75 millones de euros y financiado por Horizon Europe para integrar capacidades de telecomunicaciones, edge, cloud e inteligencia artificial bajo un modelo federado, abierto y seguro. Esto pone de manifiesto que en Telefónica conviven dos lógicas distintas de asignación de capital: por un lado, una alineada con la soberanía digital europea, aunque con un volumen de recursos mucho menor; por otro, otra orientada a la explotación comercial de contenidos perecederos, como el fútbol.
En síntesis, si se analiza estrictamente desde la óptica de EuroStack, los 800 millones de euros destinados al fútbol no están alineados con la estrategia industrial europea. No refuerzan la autonomía tecnológica, no reducen dependencias estructurales y no contribuyen a construir activos digitales soberanos. Pueden tener una utilidad comercial para Movistar+ y para la defensa del paquete convergente de Telefónica, pero, desde una perspectiva industrial, constituyen una desviación de capital hacia contenidos de vida limitada, no una inversión en las capacidades que la Unión Europea considera necesarias para cerrar la brecha con Estados Unidos y China.
Ayer se publicaban dos noticias importantes por la dirección que desprenden las mismas en cuanto las inversiones estratégicas, la primera información explica que el Gobierno está reforzando el papel del Comité de Inversiones Estratégicas como instrumento para ordenar y priorizar grandes proyectos empresariales en España. Ese comité ya había sido creado en la normativa aprobada en marzo dentro del paquete de respuesta a la crisis, con la función de realizar la declaración previa de “Proyecto Estratégico de Inversión”, que después eleva a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. Su lógica es seleccionar iniciativas empresariales o de colaboración público-privada que se consideren relevantes por su impacto en las capacidades tecnológicas, científicas o productivas del país y por razones de interés público, social o económico. En la arquitectura ya publicada oficialmente, el comité queda vinculado al entorno de Presidencia del Gobierno a través de la Oficina de Asuntos Económicos y G-20, donde Manuel de la Rocha ocupa una posición central, y cuenta además con representación de varios ministerios y tres vicepresidencias. La consecuencia práctica de ese diseño es que el Ejecutivo se dota de un mecanismo para filtrar, coordinar y dar preferencia a determinados proyectos considerados estratégicos, incluida su eventual incidencia en ámbitos como la planificación eléctrica y la disponibilidad de capacidad para nuevas inversiones.
En la segunda noticia se cuenta que el ministro, Carlos Cuerpo y la economista Mariana Mazzucato (profesora de Economía de la Innovación y Valor Público en el University College London (UCL). Allí fundó y dirige el Instituto para la Innovación y el Propósito Público (IIPP), un centro académico enfocado en rediseñar la economía para fomentar un crecimiento inclusivo y sostenible, a menudo a través de un enfoque basado en misiones), ambos impulsan la creación de un Consejo Global para una Economía del Bien Común, con España como primer país anfitrión. El nuevo órgano se presenta como un espacio internacional de reflexión y propuesta para articular una agenda económica progresista centrada en compatibilizar crecimiento, reducción de la desigualdad, transición ecológica y refuerzo democrático. Según la información publicada, esa agenda se apoyará en ideas como la redistribución de la riqueza acumulada, el debate sobre un impuesto a los grandes patrimonios, el control del poder de las grandes tecnológicas, la regulación de la inteligencia artificial, la intervención del mercado de la vivienda y el impulso de políticas verdes ligadas a menores precios energéticos y menor huella de carbono. La primera reunión de este consejo está prevista para el verano de 2026 y un segundo encuentro se celebrará en Madrid en la primavera de 2027, con la intención de fijar principios económicos y una hoja de ruta reformista compartida por gobiernos, economistas y representantes de la sociedad civil afines a ese enfoque.
Leídas en conjunto, ambas noticias apuntan a una misma dirección política y económica. La primera muestra un mayor peso del Gobierno en la selección y jerarquización de inversiones consideradas estratégicas; la segunda noticia plantea un marco doctrinal e internacional para defender una economía con más intervención pública, más orientación redistributiva y más control sobre mercados y grandes actores privados. En otras palabras, una noticia describe el instrumento de decisión y priorización de inversiones, mientras la otra dibuja el marco ideológico y programático en el que ese tipo de decisiones quiere insertarse.
Conviene recordar que la doctrina económica que defiende la economista, Mariana Mazzucato, no es la de un Estado que se limite a corregir fallos de mercado, sino la de un Estado emprendedor y, en su formulación más reciente, un Estado que modela mercados. En sus propios trabajos sostiene que el sector público no debe actuar solo como regulador o financiador pasivo, sino como agente capaz de fijar dirección, asumir inversión temprana y de riesgo, coordinar actores y crear nuevo valor público. En The Entrepreneurial State plantea que el Estado ha sido históricamente un “tomador de riesgos” decisivo en grandes procesos de innovación, y en su trabajo más reciente con UCL define al Estado como "proactive shaper of markets and co-creator of public value" (moldeador proactivo de mercados y cocreador de valor público), no como un actor que simplemente reacciona a fallos https://bit.ly/4evp2E3
Esa visión se traduce en lo que Mazzucato llama políticas orientadas por misiones. La idea es que el Estado formule objetivos públicos claros y ambiciosos, y que use de forma coordinada instrumentos como: inversión, regulación, compra pública, banca pública, política industrial y colaboración empresarial para mover al sistema productivo hacia esos objetivos. La propia Comisión Europea le encargó en el año 2018 recomendaciones para Horizon Europe sobre esta lógica, y el enfoque se resume en metas que sean ambiciosas, transversales, medibles y acotadas en el tiempo. UCL explica ese enfoque diciendo que los gobiernos deben "shape and co-create markets, not just fix them" (moldear y cocrear mercados, no solo arreglarlos), y que las misiones sirven para determinar la dirección del crecimiento y coordinar acción entre ministerios y sectores https://bit.ly/3QMAkda
Hay además un rasgo central en Mazzucato que a veces se omite: no solo pide que el Estado asuma riesgos, sino que también defiende que, cuando el sector público financia e impulsa innovación estratégica, las recompensas no queden enteramente privatizadas. En el trabajo de UCL sobre riesgos y recompensas se afirma expresamente que la cuestión es cómo compartir ambos entre actores públicos y privados, y que las políticas pueden institucionalizar retornos públicos más equitativos en las asociaciones público-privadas. Por tanto, su teoría no es solo de intervención, sino también de reciprocidad y de reparto del valor creado https://bit.ly/42hJGQG
Comparado con China, sí existe una similitud importante: ambos enfoques parten de que el Estado puede y debe priorizar sectores estratégicos, señalar una dirección tecnológica e industrial y coordinar capital público y privado a largo plazo. El propio XIV Plan Quinquenal chino en vigor se presenta como un documento para “definir el foco del trabajo del gobierno” y “guiar y regular el comportamiento de las entidades de mercado”, y la política reciente china sigue poniendo el acento en la autosuficiencia tecnológica, la IA, el 6G, la computación cuántica y otras tecnologías críticas https://bit.ly/3QMAukM
Pero no es exacto identificar sin más a Mazzucato con la economía planificada china. Su planteamiento está pensado para economías mixtas donde el Estado orienta la transformación, pero no sustituye al mercado como mecanismo general de asignación de recursos. Su lenguaje es el de “misiones”, “co-creación” y “valor público”; no el de control administrativo integral de la producción, de los precios o de toda la inversión. China, en cambio, opera con una arquitectura de planificación más amplia y jerárquica, articulada en planes quinquenales que fijan prioridades nacionales y ordenan el comportamiento de los agentes económicos desde un aparato estatal-partidario mucho más centralizado https://bit.ly/3Q9rpm5
El núcleo analítico de Mazzucato es, por tanto, este: el Estado debe ser estratega, inversor paciente, coordinador y creador de mercados, especialmente en sectores donde la incertidumbre tecnológica es alta y donde el retorno social supera al retorno privado inmediato. Eso la acerca a la lógica de una política industrial fuerte. Pero su teoría también exige algo que suele ser el punto más difícil: capacidades públicas reales. En el trabajo reciente de UCL, ella y Rainer Kattel sostienen que para orientar transformaciones complejas el Estado necesita capacidades estructurales, organizativas y dinámicas para aprender, experimentar y corregir estrategias. Sin esa capacidad, una política de misiones puede quedarse en una etiqueta o degenerar en asignación política ineficiente del capital https://bit.ly/4tmLBiZ
La mejor síntesis es que Mazzucato sí defiende una planificación estratégica del Estado en sectores considerados prioritarios, pero no una copia del modelo chino de economía planificada. Lo suyo es una versión de política industrial orientada por misiones: más direccional y ambiciosa que el liberalismo económico clásico imperante en gobiernos de la derecha, pero menos totalizante que una planificación central integral. Su apuesta consiste en que el Estado no sea un mero árbitro, sino un arquitecto de la transformación económica; la cuestión decisiva no es si interviene, sino cómo fija objetivos, con qué instrumentos, con qué capacidad y con qué mecanismos para que el valor creado revierta también en la sociedad https://bit.ly/4vE33AU
Si hacemos una lectura crítica con los datos públicos en la mano de las noticias publicadas ayer que recojo en este post, es que hay una desalineación entre tres planos distintos: la lógica comercial de Telefónica, la lógica de política industrial que defiende Mariana Mazzucato y la lógica institucional que el Gobierno español dice querer reforzar con el Comité de Inversiones Estratégicas. Telefónica está usando una parte muy relevante de su caja en España para sostener una ventaja comercial de corto plazo en televisión de pago. El fútbol tiene una racionalidad comercial defensiva, pero no demuestran las cifras publicadas que esa asignación de capital sea una inversión industrialmente transformadora o especialmente duradera https://bit.ly/4sIHCfy
Ahí aparece el choque con Mazzucato. Su planteamiento reciente no reduce al Estado a corregir fallos de mercado, sino que lo concibe como un actor que fija dirección, coordina sectores y orienta recursos hacia objetivos de largo plazo; en sus propios términos, un Estado capaz de “shape futures” y de “co-create markets”, con prioridades claras, coordinación interministerial y asociaciones público-privadas guiadas por propósito público. En esa lógica, el criterio decisivo no es solo si una inversión genera ingresos o retiene clientes, sino si fortalece capacidades productivas, tecnológicas e institucionales con valor acumulativo. El Comité de Inversiones Estratégicas, tal y como hoy está recogido en el BOE, responde formalmente a esa misma filosofía: su función es identificar e impulsar proyectos que mejoren capacidades tecnológicas, científicas o productivas y que tengan razones de interés público, social o económico; además, puede facilitar agilización administrativa, coordinación entre administraciones y acceso más rápido a ayudas y recursos. La decisión definitiva, además, no recae unilateralmente en una sola persona: el comité formula la declaración previa y la resolución final corresponde a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos https://bit.ly/4sNRQLF
Desde ese marco, el problema de fondo es claro. En un sector estratégico como las telecomunicaciones, destinar 800 millones al año a derechos audiovisuales perecederos no aumenta la soberanía digital, no mejora la base tecnológica del país, no crea infraestructura reutilizable y no eleva de forma directa las capacidades científicas o productivas que el propio Estado dice querer priorizar. Esos derechos se consumen y caducan; hay que volver a renegociarlos y volver a pagarlos. En cambio, la agenda que el Gobierno presenta como estratégica y que encaja con Mazzucato y con EuroStack va en otra dirección: conectividad avanzada, edge, cloud, IA, ciberseguridad e infraestructura digital europea. La propia Comisión asocia EuroStack a reducir la dependencia exterior en capas críticas del ecosistema digital y recuerda que el 80% de la infraestructura y tecnologías digitales europeas son importadas. En esa misma línea, la Comisión adoptó la propuesta de Digital Networks Act en enero de 2026 para reforzar una infraestructura digital avanzada y resiliente, y Telefónica participa en EURO-3C, un proyecto paneuropeo de 75 millones de euros financiado por Horizon Europe para integrar telco, edge, cloud e IA en un modelo federado, abierto y seguro. La comparación no es solo simbólica: muestra que dentro de Telefónica conviven una lógica alineada con soberanía digital y otra, mucho más intensiva en caja en España, orientada a defender una oferta comercial de TV https://bit.ly/4cAoAly
La crítica, por tanto, debe formularse con precisión. No puede afirmarse con rigor que el Gobierno controle directamente la asignación interna de capital de Telefónica ni que el Comité pueda prohibirle comprar fútbol. Telefónica sigue siendo una sociedad cotizada con su propia gobernanza, aunque SEPI mantuviera el 10% del capital al cierre del año 2024. Lo que sí puede afirmarse es algo más concreto: si el Estado español quiere ser coherente con la doctrina de Mazzucato y con el sentido del Comité de Inversiones Estratégicas, debería reservar la noción de “estratégico” para inversiones con retorno productivo y tecnológico acumulativo, no para decisiones cuyo principal resultado es mejorar el atractivo comercial de una televisión de pago. Dicho de otro modo, la compra de fútbol puede ser racional para el marketing convergente de Telefónica, pero no encaja de forma natural en una política industrial orientada por misiones. El desalineamiento no está en que Telefónica busque rentabilidad comercial; está en presentar como horizonte nacional de transformación productiva un marco estatal que premia capacidad tecnológica e industrial mientras, en uno de los sectores llamados a sostener esa transformación, una parte muy relevante de la caja se desvía hacia contenidos de vida limitada https://bit.ly/4tkE4B4
La conclusión crítica, sin ir más allá de los hechos, es esta: si se juzga con criterios de Mazzucato y con la arquitectura del Comité, el fútbol no es una inversión estratégica en sentido industrial, sino una herramienta comercial de retención de clientes. Puede mejorar churn y ARPU, y por eso Telefónica la mantiene, pero no fortalece las capacidades estructurales que el Estado dice querer priorizar en telecomunicaciones. La incoherencia aparecería plenamente si el discurso público de soberanía digital y de inversión estratégica terminara legitimando o favoreciendo, directa o indirectamente, asignaciones de capital que no crean capacidad tecnológica, sino que solo compran diferenciación comercial transitoria. Esa es la frontera decisiva entre una política industrial de misión y una simple defensa comercial del negocio convergente.
En definitiva, la cuestión de fondo no es si el fútbol puede resultar útil para la estrategia comercial de Telefónica, algo que los datos de churn y ARPU sugieren que sí ocurre, sino si ese destino del capital puede presentarse como coherente con una política industrial orientada a reforzar capacidades estratégicas de España y de Europa. Y ahí es donde aparece la verdadera línea divisoria: una cosa es una inversión comercial eficaz para retener clientes y otra muy distinta una inversión estratégica capaz de generar soberanía tecnológica, activos reutilizables y autonomía productiva. Si el Gobierno español quiere tomarse en serio el lenguaje de las inversiones estratégicas, y si de verdad asume los planteamientos de EuroStack y de la política industrial orientada por misiones que defiende Mariana Mazzucato, tendrá que empezar por distinguir con claridad entre ambas. Porque solo así podrá saberse si estamos ante una auténtica estrategia de transformación económica o, simplemente, ante la cobertura discursiva de decisiones empresariales orientadas al corto plazo.
Para terminar el post quiero manifestar que la anécdota con la que arrancaba este post vuelve a imponerse por su fuerza explicativa: en economía hay una prueba muy sencilla para distinguir una estrategia industrial de una estrategia comercial, y consiste en observar dónde acaba el capital cuando llega el momento de priorizar. Los directivos de las empresas pueden hablar de transformación, de innovación, de soberanía tecnológica o de futuro digital, pero son sus decisiones concretas de inversión las que revelan su verdadera jerarquía de prioridades. Y eso es precisamente lo que hoy muestra el caso de Telefónica. Cuando una parte tan relevante de la caja se dirige a derechos audiovisuales perecederos como el fútbol, lo que aflora no es una lógica de construcción de capacidades estratégicas duraderas, sino una apuesta por sostener una ventaja comercial transitoria en el mercado convergente.
Ese es el núcleo del problema. No se discute aquí que el fútbol pueda ser útil para retener clientes, mejorar el ARPU o reforzar el posicionamiento de Movistar+ dentro del paquete comercial de Telefónica. Lo que se pone en cuestión es otra cosa: que ese destino del capital pueda confundirse con una inversión estratégica en el sentido industrial, tecnológico y productivo que hoy invocan tanto las instituciones europeas como el propio discurso del Gobierno español. Porque una inversión estratégica fortalece capacidades acumulativas, genera activos reutilizables, reduce dependencias y mejora la autonomía tecnológica. En cambio, los derechos del fútbol se consumen, caducan y obligan a volver a pagar para seguir sosteniendo el mismo efecto comercial. Desde ese punto de vista, la asignación de capital de Telefónica en este ámbito no expresa una lógica de transformación industrial, sino una lógica defensiva de mercado.
Por eso, la cuestión de fondo no es retórica, sino material. Si Europa habla de soberanía digital, si EuroStack plantea la necesidad de redirigir recursos hacia capas tecnológicas propias, y si en España se quiere reforzar una política industrial orientada por misiones y apoyada en un Comité de Inversiones Estratégicas, entonces conviene llamar a las cosas por su nombre. El fútbol puede ser una herramienta comercial eficaz, pero no es una inversión estratégica en sentido industrial. Y mientras no se distinga con claridad entre ambas categorías, seguirá existiendo el riesgo de vestir de transformación estructural lo que en realidad no es más que una costosa compra de diferenciación comercial de corto plazo.
Ya lo dijo Mariana Mazzucato: “El Estado no debe limitarse a corregir los fallos del mercado, sino atreverse a marcar dirección, crear capacidades y orientar la inversión hacia objetivos de transformación económica de largo plazo.”
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