Hay una paradoja histórica que ayuda a entender el debate actual. En 2007 Nokia era un gigante difícil de imaginar vulnerable: vendió 437 millones de teléfonos móviles, controlaba alrededor del 38% del mercado mundial y calculaba que aproximadamente uno de cada dos smartphones vendidos llevaba su marca. Tenía escala, clientes, recursos, distribución internacional y una posición dominante que cualquier compañía europea desearía actualmente.
Y, sin embargo, aquello no fue suficiente. Mientras Nokia conservaba una extraordinaria dimensión empresarial, el centro de gravedad de la industria comenzó a desplazarse desde el dispositivo hacia el software, los sistemas operativos, las aplicaciones y los ecosistemas digitales. La compañía siguió siendo enorme mientras las reglas tecnológicas sobre las que descansaba su liderazgo estaban cambiando.
La historia de Nokia contiene por ello una advertencia especialmente pertinente para Europa: el tamaño proporciona recursos, pero no garantiza acertar tecnológicamente con ellos. Una compañía puede disponer de millones de clientes, capacidad financiera y presencia internacional y, aun así, perder una transformación tecnológica si no convierte esa escala en innovación, propiedad intelectual y capacidad para anticipar el siguiente cambio de paradigma.
Quizá por eso, cuando se afirma que Europa necesita empresas más grandes para competir, conviene recordar lo ocurrido en Finlandia. Nokia no perdió su liderazgo porque fuera pequeña. Lo perdió siendo uno de los mayores gigantes tecnológicos del planeta.
Las declaraciones de Emilio Gayo, consejero delegado de Telefónica, vuelven a situar sobre la mesa uno de los grandes debates de las telecomunicaciones europeas: regulación, inversión, consolidación y soberanía tecnológica. Pero detrás de la reclamación de empresas más grandes y de una regulación más favorable a la inversión existe una cuestión mucho más profunda. Europa no solo tiene que decidir cuánto deben crecer sus operadoras, sino para qué necesita que crezcan y qué obtiene a cambio de esa escala. El nuevo escenario europeo obliga a hablar también de competencia, I+D, dependencia tecnológica, seguridad, empleo y responsabilidad empresarial. Y desde esa perspectiva, no todos los problemas de las grandes telecos pueden explicarse mirando hacia Bruselas.
Emilio Gayo vincula el futuro de las telecomunicaciones europeas a la regulación, la consolidación y la soberanía tecnológica
El consejero delegado de Telefónica, Emilio Gayo, ha situado la capacidad de las empresas europeas para ganar escala, aumentar la inversión y reforzar su autonomía tecnológica en el centro de los desafíos que afronta Europa. Durante su intervención este lunes en el XXIX Congreso Nacional de la Empresa Familiar, Gayo ha reclamado una evolución rápida del marco regulatorio europeo y ha señalado las próximas operaciones de consolidación del sector de las telecomunicaciones como una prueba para comprobar hasta qué punto el cambio de orientación de Bruselas se traduce en decisiones concretas. Las declaraciones han sido recogidas, entre otros medios, por Estrategias de Inversión, Diario Siglo XXI, La Razón y La Vanguardia.
Gayo considera que las próximas operaciones de concentración en las telecomunicaciones permitirán comprobar si los “vientos de cambio” regulatorios en Europa son reales. El consejero delegado de Telefónica ha explicado que previsiblemente se producirán a corto plazo operaciones de consolidación que deberán recibir el visto bueno de Bruselas y que será precisamente la respuesta de las autoridades comunitarias la que permita evaluar si Europa está modificando efectivamente su política hacia el sector. Según sus palabras, de la manera en que Bruselas juzgue esas operaciones podrá concluirse si el cambio es real o si, por el contrario, Europa no avanza en la dirección que reclama la industria.
El planteamiento de Gayo parte de un diagnóstico sobre la competitividad europea que considera suficientemente conocido. El ejecutivo ha señalado que Europa ha avanzado considerablemente en identificar sus problemas, pero mucho menos en ejecutar las medidas necesarias para resolverlos. Al referirse a las recomendaciones planteadas en los grandes informes europeos sobre competitividad, ha indicado que solo se habría avanzado alrededor de un 15% en las medidas previstas y que, en el ámbito tecnológico, de 47 actuaciones planteadas únicamente tres estarían implantadas. Para Gayo, la distancia entre los objetivos establecidos y su ejecución sigue siendo considerable y exigirá un esfuerzo adicional.
La regulación constituye por ello uno de los elementos centrales de su intervención. Gayo ha reconocido que existen propuestas europeas en materia de redes digitales y competencia que apuntan en la dirección adecuada, aunque ha recordado que todavía se encuentran en fase de borrador. Su petición a las instituciones comunitarias ha sido explícita: la regulación debe evolucionar rápidamente y hacerlo de manera que promueva una mayor inversión. Esta reclamación también ha sido recogida por Servimedia, que destaca la petición directa del consejero delegado de Telefónica a la Comisión Europea para que el marco regulatorio avance hacia un modelo que incentive la inversión.
Gayo ha vinculado esta necesidad de inversión con una perspectiva empresarial de largo plazo y ha utilizado precisamente el foro de la empresa familiar para trasladar su mensaje a Bruselas. “Casi le pediría a Bruselas que piense como las empresas familiares en el largo plazo”, señaló durante su intervención. El ejecutivo considera que las inversiones tecnológicas y en infraestructuras requieren horizontes prolongados y que el marco europeo debe facilitar ese tipo de decisiones empresariales.
La cuestión del tamaño empresarial aparece directamente ligada a este planteamiento. Según recoge La Vanguardia, Gayo afirmó que “la empresa española tiene una necesidad de ganar tamaño”, una posición que coincidió con la defendida durante el mismo congreso por el consejero delegado de Banco Santander, Héctor Grisi. Este último sostuvo que, en numerosos sectores, el tamaño y la globalización han dejado de ser simplemente una aspiración para convertirse en una condición necesaria para competir.
Para Gayo, esa escala empresarial está directamente relacionada con la capacidad de Europa para construir una mayor soberanía tecnológica. Según recoge La Razón, el responsable de Telefónica sostiene que la normativa comunitaria de competencia ha limitado hasta ahora el crecimiento de las compañías y, con ello, su capacidad financiera para invertir, innovar y desarrollar tecnología. Su planteamiento es que Europa necesita empresas con una dimensión suficiente para afrontar las grandes inversiones tecnológicas y de infraestructuras que requiere la transformación digital.
Gayo ha precisado, al mismo tiempo, que hablar de soberanía tecnológica europea no significa defender la autarquía ni pretender que Europa produzca internamente cada componente tecnológico. Su concepto de “autonomía estratégica abierta” pasa por determinar quién controla los datos y sus claves, quién tiene capacidad para operar los sistemas y plataformas en una situación de crisis y hasta qué punto una empresa o un país puede cambiar de proveedor sin quedar atrapado en soluciones tecnológicas sobre las que no dispone de control efectivo.
La soberanía tecnológica, en consecuencia, no consiste para Gayo en fabricar absolutamente todo en Europa, sino en conservar un grado suficiente de control sobre los datos, las infraestructuras, los proveedores y los sistemas estratégicos. El directivo ha reconocido que alcanzar esa posición llevará tiempo y ha puesto como ejemplo los semiconductores: Europa no fabrica actualmente todos los chips que necesita y desarrollar una mayor capacidad propia no puede lograrse de forma inmediata.
De ahí que Gayo haya resumido las necesidades europeas en tres grandes elementos: una regulación que fomente la soberanía tecnológica y facilite la escala empresarial, compañías suficientemente grandes para disponer de capacidad inversora y una ejecución empresarial con valentía y visión de largo plazo. Una vez establecido un marco que permita a los actores europeos alcanzar una dimensión adecuada, ha señalado, serán las propias empresas las responsables de ejecutar la transformación.
El consejero delegado de Telefónica también ha identificado algunos indicios de modificación del enfoque regulatorio. Uno de ellos es el tratamiento del espectro radioeléctrico. Según explicó, hace no demasiados años las subastas de espectro eran contempladas por los Estados principalmente como una herramienta recaudatoria, mientras que ahora empiezan a entenderse como un elemento esencial para el desarrollo de las redes móviles, la competitividad y la capacidad inversora de los operadores. Sin embargo, Gayo considera necesario que ese cambio se extienda a otros ámbitos, especialmente a las decisiones sobre consolidación empresarial.
Las declaraciones del máximo ejecutivo de Telefónica se producen además en un momento en el que la necesidad de incrementar la inversión europea está siendo planteada desde diferentes sectores. En el mismo Congreso Nacional de la Empresa Familiar, Héctor Grisi sostuvo que Europa necesita invertir más para poder crecer más, señalando la inversión como uno de los principales puntos débiles de la región. Cinco Días recoge que el responsable de Santander reclamó igualmente una regulación que favorezca el crecimiento y la movilización de capital, en una intervención que precedió a la de Gayo.
Otro de los grandes apartados de la intervención de Gayo ha sido la inteligencia artificial. Frente a la aceleración experimentada por esta tecnología, el consejero delegado de Telefónica ha pedido prudencia y ha defendido que las empresas no deben sobrerreaccionar. La IA ofrece importantes oportunidades, pero su incorporación efectiva requiere que las compañías formen a los profesionales que conocen sus procesos internos. Gayo considera difícil que una empresa externa pueda proporcionar por sí sola todas las ventajas derivadas de la inteligencia artificial sin el conocimiento de quienes gestionan diariamente esos procesos.
En el caso concreto de Telefónica, Gayo ha identificado dos aplicaciones especialmente relevantes: la reducción de errores en la relación con millones de clientes y la posibilidad de alcanzar una verdadera hiperpersonalización de los servicios. Cinco Días añade otro elemento señalado por el ejecutivo: la capacidad de utilizar mediante IA los millones de datos que atraviesan las redes y que anteriormente no podían ser tratados de la misma manera.
La inteligencia artificial tendrá además consecuencias directas sobre las propias infraestructuras de telecomunicaciones. Gayo prevé un incremento exponencial del volumen de información que circulará por las redes y cambios en la tradicional relación entre el tráfico de descarga y el de subida de datos. Para Telefónica, este nuevo escenario obligará nuevamente a transformar la compañía y adaptar sus redes y servicios a una nueva generación tecnológica.
El mensaje central de Emilio Gayo une así regulación, consolidación, inversión, tamaño empresarial y soberanía tecnológica. El consejero delegado de Telefónica sostiene que Europa ya dispone de un diagnóstico suficientemente desarrollado sobre sus problemas de competitividad, pero reclama acelerar su ejecución. En las telecomunicaciones, considera que las próximas decisiones de Bruselas sobre operaciones de consolidación constituirán una referencia concreta para determinar si el cambio regulatorio comienza a materializarse. Paralelamente, reclama empresas europeas con mayor escala, capacidad de inversión y control sobre los elementos tecnológicos estratégicos, mientras sitúa la inteligencia artificial como una nueva transformación que exigirá inversión, formación y adaptación de las redes.
Emilio Gayo y el problema de mirar las telecomunicaciones europeas desde el retrovisor
Las declaraciones realizadas este lunes por Emilio Gayo, consejero delegado de Telefónica, durante el XXIX Congreso Nacional de la Empresa Familiar vuelven a situar en el centro del debate dos reivindicaciones recurrentes de las grandes operadoras europeas: mayor escala empresarial y una regulación que facilite la inversión. Gayo ha vinculado incluso los actuales “vientos de cambio” en Europa con la forma en que Bruselas juzgue las próximas operaciones de consolidación del sector. El planteamiento tiene una lógica empresarial evidente, pero resulta insuficiente para describir el cambio que está experimentando la política europea de telecomunicaciones. El problema ya no consiste únicamente en determinar cuántos operadores necesita Europa o qué rentabilidad obtienen sobre el capital invertido. Las telecomunicaciones han pasado a formar parte de la arquitectura estratégica, tecnológica y de seguridad de la Unión Europea.
Ese cambio de paradigma es precisamente el que analizábamos en “Europa mueve ficha: Telefónica y las grandes telecos siguen a remolque”. La experiencia europea de los últimos años ha demostrado que una red de telecomunicaciones ya no puede contemplarse exclusivamente como una infraestructura económica. Los cables submarinos, las redes 5G, los centros de datos, el cloud, las constelaciones de satélites y las futuras redes 6G forman una infraestructura sobre la que descansan servicios públicos, actividad económica, protección civil, seguridad y defensa. Europa está pasando de una política de telecomunicaciones construida fundamentalmente alrededor del mercado a otra en la que mercado, competencia, resiliencia y soberanía tecnológica tienen que coexistir.
El caso de Starlink permite comprender la dimensión del cambio. Durante la guerra de Ucrania, la constelación de SpaceX demostró el extraordinario valor estratégico de disponer de una infraestructura satelital capaz de mantener las comunicaciones cuando las redes terrestres estaban destruidas o interferidas. Pero puso simultáneamente de manifiesto la vulnerabilidad derivada de depender de una infraestructura controlada por una empresa privada situada fuera de la Unión Europea. Reuters informó en febrero de 2025 de que funcionarios estadounidenses habían planteado la posibilidad de utilizar el acceso ucraniano a Starlink dentro de las negociaciones entre Washington y Kiev sobre minerales estratégicos. La cuestión que plantea Starlink no es económica sino política: quién conserva la capacidad efectiva de mantener una comunicación crítica cuando esa comunicación se convierte en un instrumento de seguridad nacional.
Por eso Europa está desarrollando IRIS², GOVSATCOM y su arquitectura de comunicaciones críticas. Como explicábamos en el citado análisis sobre la nueva estrategia europea, el objetivo no consiste simplemente en disponer de otra compañía capaz de competir comercialmente con Starlink. Se trata de construir redundancia, autonomía, capacidad industrial europea y control sobre infraestructuras esenciales. El propio proyecto de Digital Networks Act (DNA) presentado por la Comisión en enero de 2026 califica la conectividad satelital como uno de los elementos fundamentales de la autonomía estratégica europea y vincula expresamente las redes con la seguridad y la resiliencia.
El problema de la escala no se reduce a fusionar operadores
Aquí aparece la primera diferencia sustancial con el planteamiento de Gayo. El consejero delegado de Telefónica vuelve a colocar la consolidación empresarial en el centro de la discusión sobre la escala. Sin embargo, la construcción de escala empresarial y la concentración empresarial no son conceptos equivalentes. Una compañía puede adquirir escala mediante fusiones y adquisiciones, pero también puede conseguir capacidad transnacional mediante alianzas, consorcios, sociedades conjuntas, compartición de infraestructuras, acuerdos tecnológicos y, fundamentalmente, mediante la desaparición de las barreras regulatorias que fragmentan el mercado europeo.
El diagnóstico europeo sobre este último problema es inequívoco. El informe Much More Than a Market, elaborado por Enrico Letta, recuerda que la Unión continúa funcionando con 27 mercados nacionales de comunicaciones electrónicas. Esa fragmentación dificulta precisamente la aparición de operadores verdaderamente paneuropeos. Letta destaca también que la regulación europea favorable a la competencia produjo durante años beneficios para los consumidores, incluyendo menores precios, aunque advierte simultáneamente de que mantener exclusivamente una regulación diseñada para favorecer la entrada de nuevos operadores puede dificultar las enormes inversiones que exigen las nuevas redes.
Este equilibrio resulta esencial. La competencia no constituye un obstáculo que Europa tenga que eliminar para conseguir inversión; inversión y competencia son dos objetivos que el regulador tiene que compatibilizar. La regulación de las telecomunicaciones no existe exclusivamente para garantizar la rentabilidad de quienes despliegan las redes. Existe también para proteger a quienes utilizan esas redes, garantizar la competencia efectiva, evitar abusos derivados de posiciones dominantes y asegurar servicios accesibles y de calidad.
Incluso el informe Draghi, frecuentemente utilizado por las grandes operadoras para justificar una mayor consolidación, es más matizado de lo que permite sugerir una lectura exclusivamente empresarial. Draghi recomienda facilitar la consolidación del sector y redefinir determinados mercados de telecomunicaciones a escala europea, pero establece una condición explícita: avanzar hacia un verdadero mercado único sin sacrificar el bienestar del consumidor ni la calidad del servicio.
Por tanto, sería incorrecto afirmar que Bruselas ha descartado las fusiones. No lo ha hecho. Pero también resulta incorrecto reducir la estrategia europea de escala a permitir que cuatro o cinco grandes grupos absorban operadores nacionales. La pregunta europea no es solamente cuántos operadores deben quedar, sino cómo convertir 27 mercados nacionales en un mercado europeo real sin deteriorar la competencia.
La digital Networks Act cambia la naturaleza del problema
La prueba más evidente es el Digital Networks Act, presentado por la Comisión Europea el 21 de enero de 2026 y actualmente en tramitación. Su planteamiento aborda directamente la fragmentación regulatoria y pretende facilitar que los proveedores puedan crecer, operar transfronterizamente y prestar servicios dentro de un verdadero mercado único de conectividad.
Su instrumento más significativo es el denominado Single Passport o “pasaporte único”. La propuesta permitirá a un proveedor operar en uno, varios o todos los Estados miembros mediante una confirmación expedida por una única autoridad reguladora nacional. La propia Comisión lo explica de manera sencilla: una compañía podrá ofrecer servicios en toda la Unión habiéndose registrado en un solo país.
Europa intenta, por tanto, crear escala eliminando fronteras regulatorias además de decidir sobre fusiones.
La diferencia no es menor. En el modelo tradicional, Telefónica tendría que comprar compañías en otros Estados para incrementar sustancialmente su presencia continental. En un verdadero mercado único de telecomunicaciones, las compañías dispondrían de un marco jurídico armonizado para expandirse transfronterizamente sin que la adquisición del incumbente nacional constituya necesariamente el mecanismo de entrada.
Eso tampoco significa que cualquier operador europeo tenga hoy capacidad financiera, comercial, tecnológica y organizativa para desplegar individualmente todas las infraestructuras necesarias en los 27 Estados. Precisamente por ello los consorcios, joint ventures, redes compartidas, plataformas tecnológicas comunes y otras fórmulas asociativas adquieren una importancia creciente. El objetivo de escala no exige necesariamente construir un gigantesco operador mediante una sucesión de adquisiciones.
Las telecomunicaciones ya no pueden analizarse únicamente desde el balance de las operadoras
Existe además un límite político que Gayo apenas incorpora cuando habla de consolidación. Cuando una red soporta comunicaciones de gobiernos, fuerzas de seguridad, hospitales, emergencias, empresas estratégicas, infraestructuras energéticas y eventualmente sistemas relacionados con defensa, quién controla esa infraestructura importa.
Europa está reforzando precisamente esa dimensión. El DNA no se limita a promover inversión: establece entre sus objetivos el bienestar del consumidor, la competitividad industrial, la seguridad, la resiliencia y la sostenibilidad. La propuesta pretende además reducir dependencias dentro del ecosistema de conectividad.
Eso convierte las adquisiciones transfronterizas de determinados activos en operaciones potencialmente más sensibles políticamente que hace diez o quince años. No significa que la compra de un operador incumbente de otro Estado sea jurídicamente imposible. Significa que una operación de estas características ya no puede examinarse exclusivamente desde la óptica de las sinergias, el EBITDA, el CAPEX o el número de competidores: también intervienen seguridad económica, resiliencia y control de infraestructuras estratégicas.
La “autonomía estratégica abierta” también tiene sus limites
Gayo introduce otro concepto relevante cuando sostiene que soberanía tecnológica no significa producir en Europa todos los componentes tecnológicos. En ese punto existe una coincidencia parcial con la estrategia europea. Europa tampoco plantea una autarquía tecnológica absoluta. Pero el problema aparece cuando la soberanía se reduce a disponer de “determinados grados de control”, conocer quién posee las claves de los datos o garantizar la capacidad de cambiar de proveedor.
El problema del cloud demuestra la complejidad del asunto. Telefónica trabaja y colabora con grandes hiperescaladores estadounidenses. La propia compañía explica que Open Gateway se integra con AWS y Microsoft Azure, mientras que en mayo de 2026 Telefónica Tech y Google Cloud anunciaron conjuntamente una solución de nube soberana para organizaciones españolas.
Esta última alianza es especialmente reveladora porque muestra hasta qué punto existen distintos niveles de soberanía. Google Cloud mantiene infraestructura local en Madrid, mientras Telefónica genera y gestiona las claves de cifrado desde su propia nube soberana, proporcionando controles sobre residencia, protección y acceso a los datos.
Es un avance considerable respecto de un cloud convencional, pero controlar la clave criptográfica no convierte automáticamente toda la cadena tecnológica en europea. Hay que distinguir entre soberanía del dato, soberanía operacional, soberanía tecnológica, soberanía jurídica y soberanía sobre la infraestructura. El lugar donde se almacena físicamente la información es importante, pero no es la única variable: también importan quién desarrolla el software, quién controla la plataforma, bajo qué jurisdicciones opera el proveedor, quién puede mantener el sistema y qué dependencias tecnológicas existen.
Por eso la cuestión europea es mucho más profunda que decidir quién guarda una contraseña como afirma Gayo. Cuando se trata de información realmente sensible o de infraestructuras críticas, la autonomía exige controlar suficientemente todos los elementos cuya interrupción, acceso externo o dependencia pueda comprometer la capacidad europea de decidir.
Existe además una cuestión institucional básica. Una compañía privada puede participar en la construcción de la soberanía tecnológica europea, pero no puede sustituir al Estado ni a las instituciones europeas como garante último de esa soberanía. La finalidad de una sociedad mercantil es crear valor dentro de las obligaciones que establece el ordenamiento jurídico. La protección del interés general, la seguridad nacional, los derechos fundamentales y la soberanía corresponden a los poderes públicos.
Starlink constituye nuevamente el ejemplo extremo: una empresa puede prestar un servicio tecnológicamente extraordinario y estratégicamente imprescindible y, precisamente por ello, crear una dependencia que un Estado debe valorar.
El verdadero déficit europeo también está en la I+D
Durante el mismo foro, el consejero delegado de Santander, Héctor Grisi, ha insistido en la necesidad de incrementar la inversión europea. Pero hablar genéricamente de “falta de inversión” oculta dónde se encuentra una de las brechas más importantes.
El 2025 EU Industrial R&D Investment Scoreboard de la Comisión Europea proporciona una fotografía especialmente esclarecedora. Las 2.000 compañías que más invirtieron en I+D en el mundo destinaron 1,446 billones de euros en 2024. Las empresas de la UE representaron únicamente el 16,2% de esa inversión, frente al 47,1% de las estadounidenses y el 16,1% de las chinas. Además, mientras la inversión empresarial en I+D aumentó un 7,8% en Estados Unidos, en la Unión Europea lo hizo solamente un 2,9%.
El problema se agrava precisamente en los sectores que definirán la economía digital. Las compañías estadounidenses dominan la inversión mundial en software y hardware TIC, mientras Europa mantiene una posición mucho más fuerte en sectores tradicionales como el automóvil. Las cinco mayores inversoras mundiales en I+D son actualmente Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft y Apple, y juntas concentran aproximadamente el 15% de toda la inversión de las 2.000 mayores compañías del ranking mundial. Este problema ya lo abordamos al analizar el EU Industrial R&D Investment Scoreboard y la posición de Telefónica.
El talón de Aquiles europeo no es simplemente cuánto capital invierten sus compañías, sino dónde lo invierten, cuánto destinan a investigación y desarrollo y en qué sectores tecnológicos consiguen transformar esa inversión en propiedad intelectual, productos, plataformas e infraestructuras propias.
Una empresa puede incrementar enormemente su CAPEX sin cerrar por ello la brecha tecnológica. Construir infraestructura, adquirir espectro, comprar derechos audiovisuales o adquirir otra compañía son inversiones, pero no producen necesariamente el mismo efecto competitivo que desarrollar semiconductores, inteligencia artificial, software, cloud, ciberseguridad o tecnologías 6G.
FORMAR PARA LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y REDUCIR SIMULTÁNEAMENTE LA PLANTILLA
Las declaraciones de Gayo sobre inteligencia artificial introducen otra contradicción que merece analizarse desde los hechos. El consejero delegado ha defendido que la incorporación efectiva de la IA exige formar a los profesionales que conocen los procesos internos de las compañías. El razonamiento es perfectamente comprensible: ningún proveedor externo conoce una organización como las personas que llevan años gestionando sus operaciones.
El problema aparece al confrontarlo con la política laboral aplicada por Telefónica. En diciembre de 2025, Telefónica y los sindicatos firmaron un ERE para siete filiales españolas que establecía un mínimo de 4.525 salidas, mientras que la propia compañía estimaba que finalmente podrían acogerse aproximadamente 5.500 trabajadores. Las 4.525 salidas mínimas equivalían al 26,2% de los 17.248 trabajadores pertenecientes a las siete sociedades afectadas. La empresa estimó un coste aproximado de 2.500 millones de euros y unos ahorros anuales medios de 600 millones a partir de 2028.
Conviene introducir aquí una precisión importante: el acuerdo también incorporó compromisos de creación de empleo equivalentes al 10% y la propia Telefónica defendió que permitiría invertir en capacidades diferenciales y atraer talento. Eso forma parte de los hechos y debe incorporarse al análisis.
Pero la cuestión de fondo permanece. Si el conocimiento interno de los procesos es uno de los activos fundamentales para aplicar correctamente la inteligencia artificial, reducir simultáneamente miles de puestos de trabajo obliga a explicar cómo se preserva y transfiere ese conocimiento.
No significa que una empresa no pueda reestructurarse y formar simultáneamente a quienes permanecen. Sí puede hacerlo. Lo que significa es que formación, sustitución generacional, automatización, conservación del conocimiento y reducción de costes forman parte de una misma ecuación, y resulta insuficiente hablar solamente de formación cuando la organización acaba de acometer uno de los mayores ajustes de plantilla de su historia reciente.
No todo problema empresarial es un problema regulatorio
Finalmente aparece una constante en el discurso de Gayo que merece una revisión más amplia: la tendencia a situar la regulación entre las causas fundamentales de las dificultades para invertir y ganar escala.
La regulación puede ser excesiva, contradictoria o ineficiente y Europa ha reconocido expresamente la necesidad de simplificarla. De hecho, esa es una de las razones del DNA. Pero atribuir a la regulación una parte desproporcionada del problema permite desplazar fuera de las compañías decisiones que pertenecen exclusivamente a sus órganos de administración. El regulador no decide qué activos vende Telefónica, dónde asigna su capital, cuánto destina a investigación, qué empresas compra, qué negocios abandona ni cuánto compromete en contenidos audiovisuales.
Ese problema ya apareció cuando Gayo atribuyó a la regulación una parte importante de las dificultades para desarrollar centros de datos en España. Como documentamos en “Telefónica y Emilio Gayo: el regulador no vendió los centros de datos”, Telefónica decidió en 2019 vender once centros de datos a Asterion por 550 millones de euros y posteriormente terminó desprendiéndose de su participación restante en Nabiax. Aquellas decisiones de asignación de capital fueron decisiones corporativas, no decisiones impuestas por el regulador.
Lo mismo ocurre con los contenidos audiovisuales. Como analizamos en “La paradoja de Movistar Plus+”, Telefónica Audiovisual Digital cerró 2025 con 7.974,6 millones de euros de compromisos futuros por derechos audiovisuales. Los grandes bloques posteriormente contratados relacionados con LaLiga, DAZN y competiciones UEFA representan compromisos brutos multimillonarios. Pero, como también señalábamos allí, sería incorrecto convertir automáticamente esas cifras en pérdidas: existen ingresos de clientes, publicidad, acuerdos mayoristas, efectos sobre ARPU y churn que deben incorporarse para calcular el retorno real.
Precisamente por eso la pregunta relevante no consiste en afirmar que el fútbol es necesariamente una mala inversión. La pregunta empresarial correcta es otra: qué retorno sobre el capital obtiene Telefónica de cada euro destinado a contenidos y cómo se compara ese retorno con el que podría obtener destinándolo a I+D, cloud, ciberseguridad, inteligencia artificial, edge computing, redes avanzadas u otras tecnologías estratégicas.
Ese cálculo pertenece a Telefónica, no a Bruselas.
Europa necesita escala, pero también necesita decidir qué significa escala
El error de fondo consiste, por tanto, en plantear una falsa alternativa entre regulación e inversión. Europa necesita inversión. Necesita operadores económicamente sostenibles. Necesita también mayor escala. Draghi, Letta y la propia Comisión reconocen estos problemas. Pero Europa necesita simultáneamente competencia, innovación, I+D, resiliencia, protección del consumidor y soberanía tecnológica.
El Digital Networks Act constituye una buena demostración. Su objetivo declarado combina bienestar del consumidor, competitividad industrial, seguridad, resiliencia y sostenibilidad, mientras intenta eliminar la fragmentación que impide construir un verdadero mercado único. Su “pasaporte único” pretende permitir que un operador autorizado en un Estado pueda desarrollar actividad en otros Estados sin reproducir 27 procedimientos administrativos.
Eso es también construir escala.
Y probablemente sea una escala mucho más compleja que la derivada simplemente de sumar clientes mediante adquisiciones. Implica construir redes interoperables, mercados transfronterizos, infraestructuras compartidas, estándares comunes, consorcios tecnológicos, plataformas europeas y cadenas de suministro suficientemente resilientes.
Una Europa con cuatro gigantes nacionales fusionados no sería necesariamente más soberana si esos gigantes continuaran dependiendo tecnológicamente de terceros países para el cloud como sucede hoy a Telefónica, los semiconductores, la inteligencia artificial, determinadas plataformas digitales o componentes esenciales de sus redes. El tamaño del balance no equivale automáticamente a soberanía tecnológica.
El regulador no puede convertirse en el responsable de todas las decisiones que las empresas no tomaron
Las reivindicaciones de Emilio Gayo contienen problemas reales. Europa continúa fragmentada. Las inversiones en nuevas redes son enormes. La competencia internacional es cada vez más intensa. La regulación europea necesita simplificarse y la propia DNA parte de ese diagnóstico. Negarlo sería tan incorrecto como atribuir exclusivamente a Bruselas las dificultades de las grandes operadoras. Pero el diagnóstico queda incompleto cuando no incorpora la responsabilidad empresarial.
Bruselas puede reformar la regulación, pero no puede decidir por Telefónica dónde invertir su capital. Puede crear un “pasaporte único”, pero no puede obligarla a convertirse en una compañía paneuropea. Puede permitir determinadas consolidaciones, pero no puede garantizar que generen innovación. Puede facilitar inversión, pero no puede decidir qué porcentaje termina destinado a I+D. Y puede construir un marco europeo de soberanía tecnológica, pero no puede delegar la garantía última de esa soberanía en compañías cuyo mandato empresarial responde legítimamente a sus accionistas.
Europa está intentando resolver precisamente esas tensiones. No está eligiendo simplemente entre regulación y libertad empresarial ni entre fragmentación y fusiones. Está intentando construir un mercado continental capaz de combinar competencia, inversión, escala, innovación, seguridad y soberanía.
Ese cambio obliga también a las grandes operadoras a revisar su propio diagnóstico. El problema de las telecomunicaciones europeas no puede explicarse únicamente porque existan demasiados operadores o porque Bruselas haya regulado demasiado. También debe buscarse en décadas de fragmentación nacional, en la brecha europea de I+D, en la dependencia tecnológica respecto de Estados Unidos y Asia, en determinadas decisiones de asignación de capital y en la dificultad de las propias compañías europeas para transformar su enorme base de clientes en liderazgo tecnológico global.
La regulación forma parte del problema y necesariamente formará parte de la solución. Pero no es toda la explicación. Y ese es probablemente el elemento que falta en el discurso pronunciado hoy por Emilio Gayo: antes de pedir al regulador que explique por qué las telecomunicaciones europeas no alcanzaron la escala y la posición tecnológica de sus competidores globales, las propias compañías tienen que explicar qué hicieron con el capital, las infraestructuras, el talento y las oportunidades de que dispusieron durante las últimas dos décadas.
La pregunta que queda por responder: ¿Escala para qué?
Existe finalmente una pregunta que el planteamiento de Emilio Gayo deja sin responder: ¿para qué quiere Europa empresas de telecomunicaciones más grandes? La respuesta parece evidente si el objetivo consiste simplemente en disponer de mayor capacidad financiera, repartir las inversiones entre una base más amplia de clientes o competir con operadores de mayor tamaño. Pero deja de serlo cuando la escala se presenta también como instrumento para recuperar soberanía tecnológica.
Una compañía puede duplicar su número de clientes mediante adquisiciones y continuar dependiendo exactamente de los mismos proveedores extranjeros de cloud, semiconductores, inteligencia artificial, software y equipamiento. Puede aumentar su EBITDA, reducir el número de competidores y mejorar su capacidad financiera sin desarrollar una sola tecnología estratégica adicional en Europa. En ese supuesto habría aumentado la escala corporativa, pero no necesariamente la autonomía tecnológica europea.
Esta distinción resulta fundamental porque desplaza la discusión desde el tamaño hacia la capacidad tecnológica que ese tamaño genera. Si una operación de concentración permite multiplicar la inversión en I+D, desarrollar propiedad intelectual europea, desplegar infraestructuras propias, reducir dependencias críticas y competir tecnológicamente a escala mundial, la consolidación puede constituir un instrumento para alcanzar esos objetivos. Pero la fusión es el instrumento, no el objetivo, y su mera realización no demuestra que Europa haya ganado soberanía, innovación o competitividad.
Lo mismo sucede con la regulación. Una regulación mejor diseñada puede liberar recursos para invertir, reducir costes administrativos y facilitar la aparición de operadores paneuropeos. Pero tampoco existe una relación automática entre desregulación e innovación. Que una empresa disponga de más recursos no determina dónde terminará invirtiéndolos. Esa decisión pertenece a sus órganos de administración. Puede destinarlos a I+D, pero también a adquisiciones, dividendos, reducción de deuda, recompra de acciones, contenidos audiovisuales o cualquier otra finalidad legítima desde el punto de vista empresarial.
Ahí reside probablemente la diferencia fundamental entre la perspectiva de una empresa y la de la Unión Europea. Para una compañía, aumentar su tamaño puede constituir un objetivo empresarial; para Europa, el tamaño solo adquiere valor estratégico cuando se transforma en capacidad tecnológica, resiliencia, competencia global y reducción de dependencias. Son intereses que pueden coincidir, pero no son necesariamente idénticos.
Y precisamente por ello la política europea de telecomunicaciones no puede escribirse exclusivamente desde los balances de las operadoras. El regulador no está obligado a garantizar que las empresas sean más grandes; está obligado a construir las condiciones para que Europa sea más competitiva, segura, innovadora y tecnológicamente autónoma, preservando al mismo tiempo la competencia y los derechos de los ciudadanos.
La diferencia parece semántica, pero cambia completamente el debate. La cuestión ya no es si Telefónica necesita ganar escala. La cuestión es qué obtiene Europa a cambio de esa escala.
Y esa pregunta conduce inevitablemente a otra que quizá sea la que debería plantearse antes de reclamar a Bruselas nuevas fusiones: si mañana Europa autorizara una gran concentración de operadores y surgiera una Telefónica dos veces mayor, pero esa compañía continuara dependiendo de tecnología estadounidense y asiática en los componentes estratégicos de su actividad, ¿en qué habría aumentado exactamente la soberanía tecnológica europea?
En tamaño, mucho. En soberanía quizás nada.
EPÍLOGO: LA LECCIÓN QUE DEJÓ NOKIA
Volvamos por un instante al comienzo de este post. En 2007 Nokia vendió 437 millones de teléfonos, controlaba aproximadamente el 38% del mercado mundial de móviles y estimaba una cuota cercana al 50% en los entonces denominados dispositivos convergentes, los smartphones de aquella época. No era una empresa pequeña. No carecía de clientes. No le faltaba presencia internacional. No necesitaba una fusión para alcanzar escala. Era, sencillamente, el mayor fabricante mundial de teléfonos móviles.
Y, sin embargo, aquel tamaño no garantizó su posición futura. Esa es precisamente la razón por la que la historia de Nokia resulta pertinente cuando hoy volvemos a escuchar que una parte sustancial de los problemas tecnológicos europeos se resolverá permitiendo a sus empresas ganar escala. La escala proporciona recursos y capacidad financiera; no proporciona automáticamente innovación, liderazgo tecnológico, soberanía ni capacidad para anticipar el siguiente cambio de paradigma. Confundir ambas cosas significa convertir un instrumento empresarial en una explicación demasiado sencilla para un problema mucho más complejo.
Emilio Gayo ha reclamado hoy a Bruselas una regulación que evolucione rápidamente hacia una mayor inversión y ha situado el tratamiento de las próximas operaciones de consolidación como una prueba para comprobar si los “vientos de cambio” europeos son reales. Es una posición empresarial legítima y coherente con los intereses que viene defendiendo el sector. Pero una regulación más favorable a la consolidación no puede convertirse en la explicación retrospectiva de todo aquello que las telecomunicaciones europeas no consiguieron hacer durante las últimas décadas.
Porque Bruselas puede haber cometido errores regulatorios. Puede haber fragmentado excesivamente el mercado, impuesto procedimientos innecesarios o mantenido durante demasiado tiempo determinadas concepciones de la competencia. Precisamente por eso Europa está revisando ahora su arquitectura regulatoria. Pero ninguna regulación explica por sí sola la brecha europea en I+D, la dependencia de tecnologías desarrolladas fuera de Europa, determinadas decisiones de asignación de capital, la venta de activos estratégicos o la incapacidad de transformar una gigantesca base de clientes en plataformas, software, cloud, inteligencia artificial o propiedad intelectual capaces de competir globalmente.
Y ahí es donde la explicación basada en la escala encuentra su límite. Fusionar empresas puede crear compañías mayores, pero una compañía mayor no es necesariamente una compañía tecnológicamente más soberana. Si después de una concentración permanecen las mismas dependencias críticas, si la inversión adicional no se transforma en tecnología propia y si el crecimiento del balance no se convierte en I+D, propiedad intelectual e infraestructuras estratégicas, Europa habrá reducido el número de operadores, pero no habrá resuelto necesariamente el problema que pretendía solucionar.
Existe además otra cuestión que no debería quedar sepultada bajo el debate sobre el tamaño. La política de competencia no tiene como finalidad garantizar un determinado número de grandes empresas, sino compatibilizar inversión, innovación y sostenibilidad empresarial con competencia efectiva y protección de los consumidores. Una consolidación puede estar económicamente justificada y generar eficiencias; lo que no puede hacerse es dar por supuesto que toda reducción del número de competidores constituye automáticamente un avance hacia la soberanía tecnológica. Si la escala termina produciendo fundamentalmente mayor concentración sin generar capacidades tecnológicas adicionales, el resultado se aproximará más a un mercado oligopolístico que a una estrategia europea de autonomía tecnológica.
Por eso resulta demasiado cómodo buscar siempre fuera la explicación principal. No hay una excusa capaz de tapar otra excusa. La regulación no puede utilizarse para ocultar decisiones empresariales; la fragmentación europea no puede explicar cualquier debilidad tecnológica; la necesidad de inversión no puede sustituir al debate sobre dónde se ha invertido; y la consolidación no puede presentarse como sinónimo de soberanía mientras no se demuestre qué tecnología, qué conocimiento y qué autonomía adicionales produce.
La soberanía estratégica no se proclama: se construye. Se construye investigando, desarrollando tecnología, conservando conocimiento, formando talento, generando propiedad intelectual, controlando infraestructuras críticas, reduciendo dependencias y destinando capital a aquello que permita a Europa dejar de necesitar permanentemente las soluciones tecnológicas de terceros. Y esa responsabilidad corresponde a las instituciones europeas, pero también —y necesariamente— a las compañías que durante décadas han dispuesto de millones de clientes, infraestructuras, capital y conocimiento.
Por eso la pregunta no puede dirigirse únicamente a Bruselas. Antes de preguntar qué impidió hacer el regulador, también hay que preguntar qué hicieron las empresas con aquello que el regulador nunca les impidió hacer. Qué investigaron. Qué tecnologías desarrollaron. Qué activos conservaron. Qué otros vendieron. Dónde colocaron su capital. Qué conocimiento protegieron. Y qué parte de su enorme capacidad económica transformaron realmente en autonomía tecnológica europea.
Nokia dejó una enseñanza incómoda precisamente porque llegó a la cima. Era enorme cuando comenzó a perder la batalla que acabaría transformando la industria. Su historia demuestra que el tamaño puede proporcionar una posición extraordinaria y, aun así, resultar insuficiente cuando la tecnología cambia y otros construyen el siguiente ecosistema.
Esa es quizá la lección que debería permanecer después de escuchar hoy a Emilio Gayo. Europa necesita empresas capaces de competir a escala mundial, pero hacerlas más grandes no sustituye la obligación de hacerlas tecnológicamente mejores. Y ninguna fusión, ninguna reforma regulatoria y ningún nuevo mapa de operadores podrá sustituir esa responsabilidad.
Porque cuando durante años se buscan fuera las causas de los problemas que también deben corregirse dentro, la escala deja de ser una solución y corre el riesgo de convertirse en una excusa.
Nokia ya demostró que se puede ser gigante y perder el futuro. Europa debería procurar no aprender la misma lección dos veces.
Ya lo dijo John Maynard Keynes: «La dificultad no está tanto en desarrollar nuevas ideas como en escapar de las antiguas.»
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