EL ESTADO AMPLIA SU PARTICIPACIÓN EN INDRA… UN PRIMER PASO PARA LA ENTRADA EN OTRAS COMPAÑÍAS ESTRATÉGICAS

 

Isaac Newton (1642-1727) fue elegido miembro del Parlamento británico en 1689 como consecuencia de la defensa que había hecho de los derechos de la universidad de Cambridge frente al impopular rey Jacobo II. Acudió durante varios años a la cámara, aunque nunca intervenía. En cierta ocasión, Newton se levantó del escaño durante una sesión, haciéndose un gran silencio para escuchar las palabras que el ya entonces respetado sabio iba a dirigirles por primera vez. Newton dijo: “Perdón, ¿podría alguien cerrar aquella ventana? Hay corriente de aire y se me puede caer la peluca”. Ya nunca más volvió a tomar la palabra en el Parlamento.

Newton trabajaba intensamente sobre algún tema científico durante un tiempo, seguido luego de un largo período de inactividad. La teología y la alquimia fueron objeto regular de su estudio. También llegó a ser “Master of the Mint” (responsable de la Casa de la Moneda británica). Aunque modesto, Newton era de carácter susceptible y nunca olvidaba las críticas sobre su trabajo, dejando de considerar a aquéllos que lo habían hecho. El caso de Robert Hooke es notable, ya que había sido especialmente crítico con el primer trabajo de Newton sobre óptica. La enemistad entre los dos hombres se prolongó a lo largo de toda su vida. Así, mucho años más tarde, en una carta dirigida a Hooke, escribió Newton: “Si he llegado a ver más lejos que muchos hombres, es porque me he apoyado sobre hombros de gigantes” … Hooke era muy corto de estatura – casi un enano.

Hoy la prensa nos informa de una noticia importante por lo que puede significar para otras compañías estratégicas. La noticia, “La SEPI crece en Indra con un 10% de Fidelity y el repliegue de los March” https://bit.ly/3sUHQDa En la misma nos informan que la SEPI tiene cerrado el 10% extra del capital de Indra que el Gobierno le permitió comprar ayer martes, hasta llegar al 28%, tras resolución del consejo de ministros. El porcentaje que cambiará de manos es el controlado por la gestora estadounidense de fondos de inversión Fidelity, que a través de dos vehículos tiene un 9,8% y un 3,9%, según han confirmado fuentes financieras, y que en su día (2018) tuvo permiso del Ejecutivo para llegar hasta el 20%. De esta manera, la compañía presidida por Marc Murtra, que se desploma un 8% en bolsa este miércoles, afronta un importante relevo en su estructura accionarial, toda vez que otro de los accionistas de referencia de la última década, la familia March, ha dejado ya su puesto en el consejo y mantiene solo un 3,2% (participación financiera susceptible de venta), tras deshacerse con minusvalías a finales del año pasado de un 5% a la empresa vasca SAPA y algo más de un 1% en mercado durante todo 2021.  Todos los movimientos ocurridos en torno a Indra en los últimos 12 meses van formando poco a poco una película. Primero fue la decisión del Gobierno de que fuera Indra el representante en el proyecto del nuevo caza europeo FCAS en detrimento de Airbus. Luego, la salida de Fernando Abril-Martorell de la presidencia a petición de la SEPI. Después, la venta del fabricante vasco ITP Aero, donde se coló un actor menor como SAPA, que meses más tarde entró en el accionariado de Indra. A partir de ahora, pese a su condición de presidente no ejecutivo, la figura de Murtra queda reforzada por el liderazgo accionarial de la SEPI, además del porcentaje satélite de SAPA. Esta nueva realidad hará más factible que Indra ejecute su entrada en el capital de ITP Aero, adquirida por el fondo Bain Capital el pasado verano con el compromiso de incorporar cuota española. Y el peso de la familia Aperribay es testimonial en comparación con el papel del socio del FCAS.

                                                           Futuro FCAS

Esta decisión de la SEPI viene motivada por el propósito de dotar a Indra de una estabilidad accionarial y un apoyo eficaz para que pueda llevar a cabo con éxito los compromisos asumidos. A precios de mercado esto supone un desembolso para la SEPI -y para el Estado- de aproximadamente 160 millones de euros. La capitalización bursátil de Indra al cierre del mercado de este martes es de 1.637 millones de euros. “Dicha decisión responde al renovado compromiso del Estado con una compañía que recientemente ha asumido retos de especial trascendencia para los intereses de nuestro país y de nuestros aliados más cercanos”, justifica la presidenta de SEPI, Ana Belén Gualda, en su notificación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El Gobierno ha justificado la inversión por tratarse de una empresa estratégica en los ámbitos de la seguridad y la defensa. “Indra Sistemas es una compañía líder en Tecnologías de la Información, Simulación y Sistemas Automáticos de Mantenimiento y Equipos Electrónicos de Defensa, que lleva a cabo un considerable volumen de actividades directamente relacionadas con intereses esenciales del Estado, tanto en el ámbito civil como en el de seguridad y defensa”. Indra ha sido designada como coordinadora industrial de la participación española en el proyecto europeo Futuro Sistema Aéreo de Combate (también conocido como FCAS por sus siglas del inglés Future Combat Air System), “lo que representa un compromiso de la máxima importancia para los intereses de la defensa española y europea con importantes extornos para el conjunto de la industria civil y militar española”, dice el ejecutivo respecto de esta inversión.  

Indra es una compañía que lleva en el ojo del huracán desde que su presidente Javier Monzón (durante 22 años) abandonó la compañía en 2015 y fue sustituido por Fernando Abril Martorell. La llegada de Abril Martorell vino acompañada con un ERE de 1850 empleados https://bit.ly/3scIOvx, el mismo afectaba al 10% de su división de Sistemas, por las pérdidas acumuladas. La compañía en aquel momento contaba con una plantilla de 39.155 personas, de las que 21.746 trabajan en España, y la división de Sistemas, que engloba las áreas de tecnologías de la información y de seguridad, defensa, tráfico y transportes y da empleo a unos 18.000 empleados. La compañía justificó estos despidos con el objeto de revertir la situación provocada por las pérdidas registradas tanto en el ejercicio de 2014 (92 millones de euros) como en el primer trimestre de 2015 (19,6 millones), lo que le lleva a la necesidad de “reducir costes y simplificar estructuras, mejorar los procedimientos y formas de hacer, al mismo tiempo que seguir invirtiendo para mejorar y ampliar su oferta, de acuerdo a las exigencias del mercado”, como ya adelantó el presidente de Indra, Fernando Abril-Martorell, en la junta de accionistas celebrada el 25 de junio. Este no fue el único expediente de regulación de empleo (ERE), este se aplicó Indra Soluciones Tecnológicas de la Información (ISTI), filial del grupo tecnológico controlado por el Estado, en noviembre de 2020, en plena pandemia. El ERE, que afectó finalmente a 580 empleados, precisamente, ese ajuste laboral y otros de menor calado llevados a cabo en el área de Defensa fueron los que precipitaron la salida del ejecutivo de la dirección del grupo, a propuesta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que estaba descontenta con la gestión de este directivo. Otro ejemplo de la forma de gestionar de dicho directivo lo tuvimos al comienzo de la pandemia con la decisión de ejecutar un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) para hasta 10.000 empleados en marzo del año 2020. Se puso sobre la mesa por parte del presidente ejecutivo recortes de salarios de hasta el 25%. La presión de los sindicatos y del Gobierno llevaron a la compañía a dar marcha atrás y retirar la oferta. Con la llegada del nuevo presidente, Marc Murtra, que sustituyó a Abril Martorell, comenzó una guerra en el consejo de la compañía https://bit.ly/3t4YLDa que puso en riesgo el programa del FCAS. Con la ampliación de la participación del Estado en el capital de la tecnológica termina el culebrón de inestabilidad a la que se veía expuesta.

La situación en Indra tiene un gran paralelismo con la que se vive actualmente en otras compañias, por ejemplo, Telefónica. En Indra, los ajustes de plantilla, la escasa inversión en I+D unida a la venta de activos, cómo, por ejemplo; Metrocall o activos inmobiliarios ha llevado a la decadencia, hasta la oportunidad surgida con el programa FCAS. En la operadora los problemas principales han sido; la deuda, venta de activos, ajustes de plantilla y la escasa inversión en I+D han conducido a la misma a la situación en la que se encuentra actualmente. La adquisición por parte de la SEPI de un paquete del 10% del fondo Fidelity en Indra, es muy ilustrativa en la buena dirección de lo que puede suceder en otras compañías que también tienen la misma condición de estratégica como es Telefónica. Hay que tener en cuenta que los dos accionistas de referencia, La Caixa y BBVA, llevan cobrando el “scrip” en metálico en lugar de acciones últimamente, con lo que su participación se ha visto diluida. Esta situación ha propiciado que esta haya bajado del 5%, perdiendo la condición de dominicales, con la perdida de uno de los dos consejeros que tenían. Bien es cierto que La Caixa tiene dos paquetes de participación en la operadora, una por la Caixa y otro por la Fundación, entre ambas superan el 5%. También hay que añadir, que el 4,839% que tiene el BBVA en el accionariado de Telefónica se encuentra a la venta desde febrero del 2005 https://bit.ly/3vcwsWi, el Estado tiene la oportunidad de comprar la misma a la vez que amplia la misma con compras selectivas, por ejemplo, en bolsa o a fondos de inversión como BlackRock. Sea de una forma o de otra, el gobierno español tiene que fijar la mirada de lo que sucede en Francia o Alemania, donde el Estado está en el capital de ambas operadoras incumbentes con participaciones minoritarias. En Francia el Estado tiene el 23% de Orange y en Alemania tiene un 30% a través de dos vehículos, uno el Estado con él (15%) y otro a través del banco público KfW (15%).  

La entrada del Estado en el accionariado de la compañía tendrá un coste muy reducido si tenemos en cuenta la importancia de dicho activo para la sociedad española. El valor bursátil de la misma hoy es 24.600 millones de euros con lo que el 10% de la misma son 2.460 millones de euros. Si a ese dato añadimos que la compañía tiene 365,7424 millones de clientes a 30 de septiembre del 2021, es un actor fundamental como tractor económico no solo para nuestro país, sino que es un vector parar otras compañías en Europa y Latinoamérica.  El escaso valor bursátil que tiene en este momento refleja el tránsito vivido desde que el actual presidente y su equipo directivo está al frente de la operadora. Cuando tomó el control la cotización era de 9,31 euros, hoy la acción cotiza a 4,24 euros (-54,45%) sin contar dividendos. Telefónica tendrá que jugar un papel fundamental en la digitalización que se llevará a cabo con los fondos europeos Next Generation, el 28% de los mismos se derivaran a esta.

El Estado puede próximamente ser un accionista de referencia en Air Europa y no es descartable que esa tendencia se siga ampliando paulatinamente con el fin de proteger de nuestros activos estratégicos de los fondos de inversión o compañías con un mayor músculo financiero como pueden ser las tecnológicas. Para terminar, hay que decir que ha llegado el momento de hacer lo contrario que lo que hizo el gran científico Isaac Newton en el parlamento… Ha llegado el momento de tomar medidas con el fin de proteger el interés general de los ciudadanos con los activos estratégicos de nuestro país.

Ya lo dijo Carl Gustav Jung: “Lo que niegas te somete; lo que aceptas te transforma”.