LA PARADOJA MURTRA: PEDIR SOBERANÍA TECNOLÓGICA MIENTRAS SE COMPRA ENTRETENIMIENTO

En el año 2007, Blockbuster tuvo la oportunidad de comprar Netflix por 50 millones de dólares. La junta directiva escuchó la propuesta, la analizó durante minutos y la descartó con una carcajada. “Nuestro modelo siempre funcionará”, dijo uno de sus ejecutivos. Diez años después, Netflix valía más de 100.000 millones de dólares y Blockbuster había desaparecido del mapa empresarial. No cayó por falta de tamaño, ni por falta de clientes, ni por la regulación: cayó porque confundió el negocio que le daba dinero con el negocio que le daría futuro.

Durante los últimos días, Telefónica y su presidente ejecutivo, Marc Murtra, han trazado un relato que pretende situar a Telefónica en el centro del “rearme tecnológico” europeo. En sus intervenciones públicas, Murtra apela a la soberanía digital, a la necesidad de crear hiperescaladores europeos y a la urgencia de priorizar la construcción tecnológica por encima incluso de la tradicional primacía de los derechos individuales. Sin embargo, cuando se confronta ese discurso con las decisiones concretas de inversión de la compañía, emerge una brecha difícil de ignorar.

Por un lado, Telefónica acaba de comprometer cerca de 1.500 millones de euros para asegurarse el fútbol europeo hasta 2031, reforzando una apuesta por contenidos audiovisuales que, aunque rentable a corto y medio plazo en términos de ARPU, no aporta capacidades tecnológicas estratégicas ni reduce dependencia frente a los gigantes digitales globales. Por otro, la misma Telefónica ha dejado pasar —al menos por ahora— una operación como la de Ayesa/Ibermática, una empresa que encaja casi quirúrgicamente en las prioridades que marcan los informes Draghi y Letta: digitalización, ciberseguridad, inteligencia artificial y participación activa en infraestructuras críticas como el supercomputador vasco.

Este post nace precisamente de esa contradicción: de la distancia entre el discurso de la soberanía tecnológica y las decisiones que refuerzan viejos patrones, como el refugio en el fútbol de pago, mientras otros actores —en este caso, el Gobierno Vasco, BBK e Indar— se mueven para asegurar para Europa y para Euskadi un activo tecnológico alineado con la agenda comunitaria. La pregunta de fondo es inevitable: ¿Qué estrategia real hay detrás de las decisiones de Murtra cuando se deja escapar Ayesa, un activo de futuro, mientras se dobla la apuesta por un producto maduro como el fútbol europeo?

Marc Murtra, presidente ejecutivo de Telefónica, abrió ayer su intervención en el XXIV Congreso de Directivos CEDE explicando que las decisiones difíciles —incluidas aquellas que afectan a miles de trabajadores— solo se justifican cuando existe “una diagnosis correcta” y un horizonte en el que “se tenga el mandato y la capacidad de recibir retornos a futuro”. Esta reflexión llegaba en plena polémica por la propuesta de un nuevo ERE que podría afectar a más de 6.000 empleados de Telefónica.

Murtra defendió un giro estratégico basado en sacrificar liquidez inmediata para fortalecer la compañía en el largo plazo. Según afirmó, Telefónica debe “sacrificar caja a corto plazo para poder ser más eficientes e invertir más”, con el fin de obtener retornos sostenidos en el futuro. Su exposición giró rápidamente hacia la situación europea. Para él, la UE necesita garantizar su autonomía tecnológica en un contexto global cambiante: “Europa necesita desarrollar tecnologías y productos digitales para asegurar la soberanía productiva y la autonomía para tomar sus propias decisiones”. Y para alcanzar este objetivo, subrayó dos requisitos: la existencia de “empresas que sean eficientes, eficaces y que piensen en el futuro” y, además, “empresas con la escala adecuada para invertir y operar de manera práctica y eficiente”.

Murtra describió el momento actual como una fase de “rearme tecnológico en Europa”, comparable a los movimientos que hoy se observan en materia de defensa. Advirtió que si la inteligencia artificial que transformará sectores esenciales —la banca, las telecomunicaciones, la industria— se desarrolla únicamente en Estados Unidos y China, Europa quedará tecnológicamente rezagada y dependerá de soluciones que lleguen “una o dos generaciones por detrás”.

En este marco, reivindicó la necesidad de un proceso europeo de construcción tecnológica que permita crear hiperescaladores, reforzar la ciberseguridad y desarrollar inteligencia artificial propia. Para capturar esa ola, la posición de Telefónica, afirmó, requiere ser “extraordinariamente eficaz, extraordinariamente competente” y estar dispuesta a asumir riesgos calculados.

Murtra vinculó esta estrategia con el llamado Informe Draghi, del que aseguró que existe “un amplio consenso” y una falta inédita de contestación pública: “en 25 años no había visto tal unanimidad”. El problema, señaló, no es el diagnóstico sino “las inercias complejas” que dificultan la ejecución.

Aunque se definió como respetuoso con la regulación, sostuvo que “la regulación debe ser adecuada”, y que reformarla es difícil porque “todo órgano regulador tiende a seguir regulando” y rara vez está dispuesto a desmontarse a sí mismo. En su opinión, Europa enfrenta una crisis profunda que crea un “momento Sputnik” capaz de impulsar cambios regulatorios y de simplificar procesos.

Fue en este punto donde Murtra pronunció la frase más controvertida de su intervención, articulando un giro explícito en la jerarquía de prioridades europeas. De forma literal afirmó:

“Europa ha priorizado durante dos décadas la protección de los derechos del individuo como prioridad máxima. La diagnosis actual sugiere un giro: la prioridad debe ser la construcción de tecnología.”

Y añadió para explicar las consecuencias de este cambio de paradigma:

“Esto no implica olvidar otras cosas, sino cambiar la jerarquía, ya que la construcción tecnológica proporciona soberanía, pero sobre todo, genera libertad individual y productividad”.

Con esta afirmación, Murtra defendió que la soberanía tecnológica debe situarse por encima de la protección prioritaria de los derechos individuales, una inversión conceptual que ha generado preocupación en ámbitos jurídicos y regulatorios.

El directivo advirtió sobre los riesgos de no entender el momento tecnológico actual, comparándolo con el error histórico de Kodak al no anticipar la revolución digital. Consideró que estamos ante una disrupción semejante a la llegada del primer correo electrónico o del primer teléfono móvil.

Como punto de partida para el rearme tecnológico, propuso centrarse en la ciberseguridad, un ámbito “modulable”, cercano al sector de las telecomunicaciones y fundamental para evitar ataques que puedan provocar disrupciones graves. Recordó que la ciberseguridad y la ciberdefensa son “hermanos gemelos”, lo que la convierte en un sector estratégico en un momento de aumento de inversión en defensa en Europa.

Murtra concluyó que el sector debe actuar con valentía porque “los aliados poderosos acudirán en su ayuda”. La estrategia de Telefónica, aseguró, es inequívoca:
“Asumir el coste de sacrificar el inmediato para ser una pieza eficaz y a escala en el inminente proceso de construcción tecnológica europea”. bit.ly/4rxky43

Lo primero que quiero decir a las declaraciones efectuadas por Murtra ayer en el foro donde compareció, es que Kodak desapareció no porque careciera de tecnología, sino porque no se atrevió a usar la que ella misma había creado. La compañía norteamericana registró una de las primeras patentes de cámara digital en los años setenta, pero prefirió no desarrollarla para el mercado porque vivía de un negocio que seguía siendo extraordinariamente rentable: los carretes y el revelado químico. Su error no fue tecnológico, sino estratégico. Tuvo en las manos el germen de la revolución que iba a transformar su sector, pero temió que esa misma revolución destruyera el modelo que la había hecho líder durante un siglo. Mientras Kodak defendía sus márgenes tradicionales, otras empresas avanzaron con decisión y ocuparon el espacio digital que ella había dejado vacante. La caída de Kodak fue, en ese sentido, una consecuencia directa de haber poseído la tecnología del futuro y no haberla querido abrazar.

La situación de las telecos europeas es completamente distinta al caso de Kodak. No se parecen a Kodak porque, a diferencia de la empresa norteamericana, las telecos europeas no poseen la tecnología que define el cambio actual. No tienen motores de inteligencia artificial capaces de competir con los de Estados Unidos o China, no dominan plataformas globales de datos, no controlan la computación en la nube a gran escala, no desarrollan sistemas operativos móviles ni ecosistemas integrados de servicios digitales. Su papel en el mundo digita actual se ciñe exclusivamente al de la infraestructura: transportan el tráfico generado por gigantes como Alphabet, Apple, Amazon o Microsoft, pero no participan para nada en la creación del valor que se genera sobre sus propias redes.

Por eso, el paralelismo entre Kodak y las telecos europeas que ayer Murtra empleo no sirve de ejemplo. Kodak fracasó porque no utilizó su propia innovación; las telecos europeas, en cambio, no tienen una innovación equivalente que estén dejando sin explotar. Su problema no es ignorar una revolución de la que ellas son autoras, sino estar inmersas en una revolución tecnológica que proviene de fuera y para la que no disponen de herramientas propias.

La amenaza que afronta Europa no es repetir el error de Kodak, sino algo más profundo: quedar estructuralmente subordinada a la tecnología desarrollada por otros. Mientras Kodak perdió su posición porque no activó su disrupción interna, las telecos europeas corren el riesgo de perder relevancia porque la disrupción que importa hoy —la inteligencia artificial, el cloud a hiperescala, las plataformas digitales globales— está en manos de actores extranjeros con una potencia de inversión y una capacidad de innovación muy superior.

 

El verdadero desafío europeo no es evitar un error estratégico como el de Kodak, sino evitar la dependencia tecnológica de terceros. Esa es la diferencia que marca toda la distancia entre ambos casos: Kodak tuvo la disrupción y la rechazó; Europa observa la disrupción desde fuera y no tiene aún los medios para competir en ella.

Pero hay un hecho importante que ayer se produjo en dicha comparecencia de Murtra en él CEDE, fue la siguiente frase:

“Europa ha priorizado durante dos décadas la protección de los derechos del individuo como prioridad máxima. La diagnosis actual sugiere un giro: la prioridad debe ser la construcción de tecnología.”

La frase dicha por Murtra ayer en Zaragoza no cambia ninguna ley por sí sola, pero sí apunta a un posible cambio de jerarquía política: pasar de “primero derechos individuales, después tecnología” a “primero construcción tecnológica, ya veremos cómo encajamos los derechos”. Para ver si eso puede poner en peligro la libertad individual, hay que mirar cómo está construido hoy el marco jurídico de la UE y dónde están sus grietas:

1. El punto de partida: qué dicen de verdad los Tratados

Desde Lisboa, la “constitución” de la UE descansa en tres pilares jurídicos:

• El Tratado de la Unión Europea (TUE), que consagra valores como la dignidad humana, la libertad, la democracia y el Estado de derecho (art. 2 TUE).
• El Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE), que organiza el mercado interior, la competencia, la industria, etc.
• La Carta de Derechos Fundamentales de la UE, que tiene el mismo valor jurídico que los Tratados desde 2009 y funciona como una especie de “Bill of Rights” (carta de derechos) europea.

En paralelo, la UE ha proclamado la Declaración sobre Derechos y Principios Digitales, donde afirma que las personas deben estar “en el centro” de la transformación digital, y que la tecnología debe desarrollarse respetando los derechos fundamentales. Sobre el papel, por tanto, el orden es claro: primero derechos, luego tecnología, no como afirmó Murtra en Zaragoza. La frase de Murtra, al proponer explícitamente invertir esa prioridad, entra en fricción con este enfoque.

2. Vulnerabilidad nº 1: el concepto de “soberanía/escala tecnológica” no está definido en los Tratados

Ni el TUE ni el TFUE hablan de “soberanía tecnológica” o “hiperescala” digital. Es un concepto político y doctrinal reciente, utilizado en documentos y discursos para justificar una Europa más autónoma frente a EEUU y China.

Esa ambigüedad genera una primera vulnerabilidad:

• Como no está claramente acotado en los Tratados, cada actor puede rellenar el concepto a su gusto:
• Para unos, significa más inversión y normas fuertes de derechos.
• Para otros, puede ser el argumento para concentrar poder económico, relajar garantías o acelerar despliegues tecnológicos incluso cuando rozan la línea roja de la privacidad o la libertad.

Es decir: el marco jurídico actual no impide usar “soberanía tecnológica” como excusa para pedir más excepciones, mientras se afirma que, en el fondo, “todo es por la libertad futura”.

3. Vulnerabilidad nº 2: brecha entre declaraciones solemnes y fuerza real de protección

La Carta de Derechos es vinculante, pero muchos elementos del “modelo digital” de la UE se articulan a través de:

• Declaraciones políticas (como la de Derechos y Principios Digitales), que no son directamente exigibles ante un tribunal.
• Legislación secundaria muy compleja (DSA, DMA, reglamentos de datos, IA, etc.), que se puede modificar en procesos políticos concretos.

Esto crea una segunda grieta:

• Los tratados dicen que los derechos son centrales, pero la “arquitectura digital” real se decide en normas que sí se pueden ir “retocando” cuando el clima político cambia.
• Ya hay críticas recientes de organizaciones de derechos digitales señalando que la UE está empezando a “desmontar sus propios derechos digitales desde dentro” cuando pasa de la lógica “primero derechos, luego innovación” a una lógica de eficiencia y seguridad económica por encima.

Si el discurso de Murtra cala en las instituciones, el riesgo no es que caiga la Carta, sino que las leyes que la desarrollan empiecen a introducir más excepciones y zonas grises.

4. Vulnerabilidad nº 3: protección de datos fuerte en teoría, pero tensionada por la economía del dato

El TFUE reconoce el derecho a la protección de datos (art. 16) y la UE ha construido el GDPR como símbolo de su modelo, donde el individuo controla sus datos.

A la vez, la UE impulsa una estrategia de “espacios europeos de datos” y nuevas normas (Data Governance Act, etc.) para reutilizar datos en clave de innovación, competitividad y “bien público”.

Vulnerabilidad aquí:

• El marco jurídico actual intenta conciliar dos lógicas que tiran en sentidos distintos:
• Lógica 1: tus datos son un derecho fundamental bajo tu control.
• Lógica 2: tus datos son un recurso estratégico para la economía europea.
• Con un clima político de “prioricemos la tecnología”, es fácil que las interpretaciones y futuras reformas desplacen el centro de gravedad hacia la lógica 2, ampliando las bases legales para tratar datos sin un consentimiento fuerte, en nombre de la innovación o la seguridad.

Los Tratados no dan una regla clara para dirimir este conflicto; lo hace, caso a caso, el legislador y el Tribunal de Justicia. Ahí está la grieta.

5. Vulnerabilidad nº 4: margen de los Estados para desplegar tecnologías intrusivas en nombre de la seguridad

Los Tratados dejan amplias competencias a los Estados en seguridad nacional, orden público, policía, defensa, etc. La UE solo interviene de manera limitada; la Carta se aplica “cuando los Estados ejecutan Derecho de la UE”, no en todo lo que hacen.

Eso significa:

• Un Estado puede desplegar tecnologías de vigilancia masiva, reconocimiento facial en espacios públicos, herramientas de espionaje digital, etc., amparándose en la seguridad nacional.
• La capacidad de la UE para frenar eso ex ante es reducida; muchas veces solo entra en juego ex post, vía tribunales nacionales o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (que ya es otro sistema, el del Consejo de Europa).

Con un discurso político que insiste en que “la construcción tecnológica es prioridad soberana”, esta brecha se puede ensanchar: la tecnología se acelera en ámbitos de seguridad donde el control europeo es más débil, y la libertad individual corre más riesgo, sin necesidad de tocar una sola coma de los Tratados.

6. Vulnerabilidad nº 5: gobernanza algorítmica opaca y lagunas en el derecho primario

Los Tratados y la propia Carta fueron redactados antes de la actual explosión de IA generativa, sistemas de decisión automatizada omnipresentes, scoring algorítmico, etc.

• No existe en el derecho primario una referencia explícita a:
• Derecho a la explicación algorítmica.
• Derecho a no ser sometido a decisiones exclusivamente automatizadas en ámbitos cruciales.
• Esto se ha ido construyendo vía legislación como el GDPR (art. 22) y el futuro marco de IA, pero no está constitucionalizado de forma detallada.

Vulnerabilidad:

• Si el clima político pasa a ser “la prioridad es que Europa tenga IA propia, ya ajustaremos las garantías después”, es más fácil introducir excepciones en leyes sectoriales (finanzas, seguridad, empleo público, etc.) que permitan más decisiones automáticas con menos supervisión humana.
• Como los Tratados no contienen reglas específicas sobre algoritmos, es el legislador ordinario quien traza la frontera, y esa frontera puede moverse si la presión para “ganar la carrera tecnológica” aumenta.

7. Vulnerabilidad nº 6: concentración de poder económico en “campeones europeos”

Los Tratados protegen la competencia y prohíben las distorsiones del mercado interior, pero no excluyen la idea de “campeones europeos” si se respetan ciertas condiciones.

La narrativa que defiende Murtra —y otros directivos— es clara: si queremos competir en IA, redes, cloud, etc., necesitamos operadores más grandes, fusiones, escala.

¿Cuál es la vulnerabilidad?

• Si la prioridad política se inclina demasiado hacia “construir campeones tecnológicos”, se puede ejercer presión para relajar de hecho la aplicación de normas de competencia y control de concentraciones en sectores digitales estratégicos.
• Eso conduciría a:
• Menos pluralidad de proveedores.
• Más dependencia de unas pocas infraestructuras privadas (cloud, redes, plataformas).
• Más capacidad de recopilar datos y perfilar a personas por unas pocas corporaciones.

Aunque los Tratados mantengan el principio de competencia, el modo de aplicarlo es discrecional y evolutivo. Y ahí, un cambio de prioridad política puede ir erosionando de facto las salvaguardias sin tocar el texto del Tratado.

8. Vulnerabilidad nº 7: la dimensión externa y los intercambios “derechos por ventajas comerciales”

La UE está empezando a usar su poder comercial y regulatorio para empujar su modelo digital en el exterior y, a la vez, negociar con otras potencias.  Ya se han visto tensiones en las que otros actores (por ejemplo, EEUU) presionan a la UE para modular sus normas digitales a cambio de acuerdos comerciales o rebajas arancelarias, como por ejemplo sucede con el acero y aluminio europeo.

Vulnerabilidad:

• Los Tratados no prohíben que, en la práctica, durante una negociación comercial, se “doublen” posiciones en privacidad, transferencia de datos o regulación de plataformas, mientras formalmente se mantiene el discurso de los derechos.
• Con un relato dominante de “la prioridad es la capacidad tecnológica y la competitividad”, la tentación de ceder en estándares de protección a cambio de ventajas estratégicas aumenta.

9. Entonces, ¿la frase de Murtra “pone en peligro” la libertad individual?

La frase, aislada, no derriba ningún derecho: los Tratados siguen diciendo lo que dicen, la Carta sigue vigente y hay un fuerte acervo de jurisprudencia y regulación protectora.

Pero sí es una señal política potente:

• Murtra sugiere que el orden jerárquico debe cambiar: primero la capacidad tecnológica, después la protección de la persona.
• Ese giro es precisamente lo contrario de lo que hasta ahora ha reivindicado la UE en documentos como la Declaración de Derechos y Principios Digitales, donde se insiste en que la transformación digital debe construirse “centrada en la persona” Estrategia Digital Europea+1

Dado que el sistema europeo tiene las vulnerabilidades que hemos visto —ambigüedad en la noción de soberanía tecnológica, brechas entre proclamaciones y leyes concretas, margen amplio para los Estados en seguridad, lagunas en materia algorítmica, presión por campeones europeos—, un cambio de prioridad política sí puede, a medio plazo, traducirse en una erosión real de la libertad individual, sin necesidad de reescribir ni una línea de los Tratados.

En otras palabras: no es que el marco jurídico actual “vuelva automáticamente peligrosa” la frase de Murtra; es que ese marco contiene suficientes grietas como para que, si la visión que él expresa se impone, la balanza entre libertad individual y desarrollo tecnológico se incline de forma sostenida hacia el segundo, y los derechos queden cada vez más condicionados por la lógica de la escala y de la soberanía tecnológica.

 

Las grandes operadoras europeas de telecomunicaciones presionan a la Comisión Europea para que simplifique de manera “drástica” las normas de fusiones y adquisiciones. Su argumento central es que Europa está demasiado fragmentada, con más de 100 operadores móviles en 27 países, lo que reduce la escala de las empresas y dificulta que puedan invertir al mismo ritmo que Estados Unidos o Asia en infraestructuras clave como fibra, 5G o 6G.

Sin embargo, Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea a cargo de Competencia, rechaza frontalmente esta idea. Para Ribera, el problema no es la regulación de fusiones, sino el propio mercado europeo, que sigue siendo nacional y no plenamente integrado. Critica que algunas compañías de telecomunicaciones mantienen “enfoques anticuados” sobre la gestión del espectro y defiende que la competencia debe mantenerse para evitar monopolios o duopolios.

Ribera también desmiente que el informe de Mario Draghi pidiera relajar el control sobre las fusiones. Según Ribera, Draghi defendió una competencia sana como motor de innovación. La Comisión está actualizando las directrices de fusiones (HMG), que datan del año 2004, pero no abrirá la regulación para favorecer concentraciones excesivas.

Si nos vamos al Informe de Mario Draghi sobre Competitividad, presentado en septiembre del año 2024 a la Comisión Europea, este se convirtió inmediatamente en un documento central del debate sobre la competitividad europea. Al publicarse, muchas empresas —especialmente las grandes telecos— interpretaron que Draghi defendía la necesidad de flexibilizar las normas de competencia y, en particular, de suavizar el control sobre las fusiones. Sin embargo, una lectura directa del informe no avala esa conclusión.

Draghi reconoce que Europa necesita ganar escala en sectores estratégicos para poder competir con Estados Unidos y China. Señala que la fragmentación del mercado europeo, con reglas distintas entre países y barreras que impiden a muchas empresas crecer más allá de su ámbito nacional (cuestión que hoy pone de manifiesto en sus declaraciones Teresa Ribera con la falta de integración europea), perjudica la capacidad de inversión y la innovación. En ese contexto, el informe subraya que la Unión Europea debe facilitar que las empresas puedan operar en un mercado realmente integrado, donde las compañías europeas puedan alcanzar dimensiones más significativas al ampliar el área de mercado que proporciona el continente europeo.

Pero esta llamada a aumentar la escala no va acompañada de una petición de relajar los controles de competencia, ni de una invitación a permitir fusiones que reduzcan la diversidad de operadores en los mercados. Draghi es explícito en un punto: la competencia es un pilar esencial de la economía europea y debe mantenerse como tal. El Informe Draghi insiste en que la innovación y la productividad se benefician de un entorno donde existan varios actores capaces de competir entre ellos, y rechaza la idea de sacrificar la competencia a cambio de generar campeones nacionales o europeos.

El documento sí menciona que las normativas europeas deben actualizarse para reflejar los cambios tecnológicos y económicos de las últimas décadas. Draghi plantea que las herramientas de competencia deben adaptarse a realidades nuevas, como los mercados digitales o las grandes plataformas globales. Pero esta actualización no se describe como un desmantelamiento de las reglas, sino como una modernización para que sigan siendo eficaces en un contexto distinto.

Por eso, cuando las telecos defendieron que el informe Draghi pedía “suavizar” el control de las fusiones, Teresa Ribera respondió con firmeza: eso no aparece en ningún lugar del informe. Y tenía razón. Draghi no propone eliminar barreras regulatorias para permitir oligopolios ni duopolios, ni aboga por una liberalización de la política de competencia. Lo que propone es una Europa más integrada, más eficiente y con mayor capacidad de inversión, pero sin renunciar al principio fundamental de que la competencia protegida y vigilada es lo que impulsa la innovación y evita abusos.

En resumen, Draghi habla de escala, de integración y de modernización regulatoria, pero no de relajar el control sobre las fusiones, motivo por el cual la interpretación de las grandes telecos no encaja con el contenido real del informe. Cada parte ha leído e interpretado lo que más le convenía para sus intereses, pero el texto de Draghi permanece claro: más Europa, más competencia, y reglas modernas, pero no menos estrictas.

Además, la noticia incluye tensiones con Estados Unidos respecto a aranceles al acero y aluminio, donde Ribera rechaza vinculaciones entre política comercial y regulación digital europea. Ribera denuncia que algunos grupos políticos en el Parlamento Europeo están aprovechando la agenda de simplificación administrativa para intentar desregular en exceso partes del Pacto Verde.

Las declaraciones de la Comisaria Teresa Ribera son una reprobación en toda regla al chocar directamente con la línea argumental que viene manteniendo Murtra desde su llegada a la presidencia de Telefónica. Los puntos de fricción son los siguientes:

1. Murtra sostiene que la falta de escala es una barrera estructural para competir globalmente. Europa —según él— necesita operadores más grandes, con mayor dimensión, capaces de invertir masivamente en redes, de igual forma que sus competidores estadounidenses o asiáticos.
2. Ha defendido también que la fragmentación empobrece al sector, reduce márgenes y compromete la capacidad de innovación.
3. Y, sobre todo, ha señalado que la regulación europea en materia de competencia dificulta fusiones necesarias, dejando a Europa atrasada respecto a otras regiones.

La posición de Ribera, por tanto, desmantela el argumento de Murtra en varios puntos clave como son los siguientes:

1. Ribera desplaza el foco del problema

Mientras Murtra afirma que la regulación de competencia es la barrera principal, Ribera afirma todo lo contrario:

“La principal barrera no es la regulación de fusiones, es el mercado”.

Es decir, según Ribera, el problema no está en Bruselas ni en Competencia, sino en la falta de integración real del mercado y en estrategias empresariales obsoletas. Esto neutraliza dejando sin valor alguno uno de los pilares sobre el que se cimenta el discurso de Murtra.

2. Ribera cuestiona la equivalencia entre tamaño y capacidad de inversión

Las telecos —y Murtra entre ellas— defienden que la consolidación permitiría invertir más. Ribera, apoyándose en la propia Comisión, recuerda que:

• La escala puede ayudar, pero no garantiza innovación ni inversión.
• Muchas empresas punteras en sectores tecnológicos son PYMEs, no gigantes corporativos como sucede en el sector farmaceutico, biotecnológico, etc.

Esto contradice el argumento de Murtra de que “solo operadores grandes pueden sostener la inversión”.

3. La actualización de las normas de fusiones (HMG) no será un atajo para fusiones masivas

Murtra y otros directivos esperaban que la reforma de las directrices de fusiones flexibilizara los criterios. Ribera aclara que:

“No hemos abierto la regulación para favorecer fusiones.”

Esto supone un jarro de agua fría para las aspiraciones de consolidación rápida que Murtra ha defendido públicamente.

El discurso de la Comisaria de Competencia, Teresa Ribera refuerza la idea de que la competencia es un valor estratégico europeo chocando frontalmente con la postura que viene manteniendo Murtra desde su llegada el 18 de enero a Telefónica. Murtra por contra ha insistido en que Europa debe priorizar su competitividad industrial incluso a costa de permitir un menor número de operadores. Ribera responde recordando que:

• La competencia no es un obstáculo, sino un motor de innovación.
• No se permitirá debilitarla para “facilitar monopolios o duopolios”.

Esto sitúa las declaraciones de Murtra en un marco fuera de la realidad que se está imponiendo desde la Comisión Europea, menos favorable y más vigilado.  

La noticia marca un punto de inflexión en el debate sobre la consolidación del sector de las telecomunicaciones europeo. La Comisaria Ribera deja claro que no habrá manga ancha para las fusiones, lo que complica la narrativa de Murtra sobre la necesidad de escala para competir globalmente. Si bien Murtra defiende que solo operadores más grandes podrán sostener las inversiones futuras, la Comisión —con Ribera al frente de Competencia— está trazando una línea roja: sí a la eficiencia y a la innovación, pero no a concentraciones que reduzcan la diversidad del mercado. En resumen: la posición de Ribera diluye el peso político de los argumentos de Murtra y ralentiza la posibilidad de una ola de fusiones en el corto plazo bit.ly/49FcY0E

En línea con lo anterior estos últimos días hemos asistido a dos hechos que ponen de manifiesto que los errores del pasado no se han corregido, sino que se ahonda más en los mismos, son la compra del futbol y no entrar en aquellas oportunidades que sí son una puerta al futuro como sucede con la empresa IBERMATICA (antigua propiedad de Telefónica).

El 20 de noviembre se publicaba en la prensa que Telefónica ha asegurado su liderazgo en el mercado audiovisual español tras adjudicarse, en exclusiva y hasta el año 2031, los derechos de todas las competiciones de clubes de la UEFA por 1.464 millones de euros. El acuerdo, que abarca cuatro temporadas a partir de 2027/2028, garantiza la emisión de la Champions League, la Europa League, la Conference League, la Youth League y la Supercopa de Europa, con un coste anual de 366 millones, un 14% más que el contrato vigente. Esta nueva adjudicación consolida la posición dominante de la operadora en el fútbol europeo, después de haber obtenido ya el ciclo 2024-2027.

                        Foto: Superordenador vasco

Aunque el precio del contrato aumenta, la estrategia responde a la necesidad de Telefónica de mantener este contenido premium que actúa como principal motor de fidelización entre sus clientes de mayor valor. De hecho, la estrategia del operador pasa por dar a fútbol un papel clave para sostener un ARPU superior a los 90 euros mensuales, muy por encima del de sus rivales, como MasOrange (52 euros) o Digi (8 euros). El objetivo es evitar fugas hacia otras plataformas y reforzar su atractivo frente a competidores que dependen de su reventa de derechos.

El acuerdo también llega en un contexto en el que la UEFA ha modificado la estructura de licitación, incorporando un paquete global para un partido destacado por jornada, previsiblemente adjudicado a una gran plataforma OTT. Esto obligará a Telefónica a negociar con quien obtenga ese lote si quiere mantener la cobertura íntegra de la Champions. Además de retener el contenido deportivo más demandado, Movistar Plus+ mantendrá el control total de la producción y la identidad editorial de las retransmisiones, un valor añadido frente a emisiones estandarizadas. La compañía también adaptará el acceso a los contenidos a los nuevos hábitos de consumo, permitiendo ver los partidos desde múltiples dispositivos, en casa o fuera de ella. En paralelo, Telefónica ha relanzado Movistar Plus+ con una oferta renovada que incluye un canal deportivo accesible por 11 euros para clientes y 14 euros para no clientes, reforzando así su estrategia de captar y retener usuarios mediante contenidos exclusivos. Con este movimiento, la operadora se blinda frente a la competencia y garantiza su posición destacada en el negocio del fútbol durante la próxima década bit.ly/4p2Ezxx

Ayer mismo se publicaba el Gobierno Vasco ha confirmado que, junto a la Fundación BBK y el fondo de inversión Indar (creado por Kutxabank), ha presentado una oferta vinculante para adquirir Ayesa —y con ello la antigua Ibermática— una empresa tecnológica con presencia global especializada en digitalización, ciberseguridad e inteligencia artificial. Cinco Días+2Cadena SER+2

Ibermática fue fundada en 1973 y considerada durante décadas una de las principales consultoras tecnológicas de España, formó parte del Grupo Telefónica durante los años noventa. Telefónica adquirió una participación mayoritaria en la compañía en el marco de su estrategia de expansión en servicios informáticos y consultoría tecnológica, antes del estallido de la burbuja tecnológica. Sin embargo, aquella etapa fue relativamente breve. A comienzos de los años 2000, con el cambio estratégico del grupo y la necesidad de concentrarse en el negocio de telecomunicaciones, Telefónica vendió su participación en Ibermática. La salida se produjo progresivamente y dejó paso a nuevos accionistas institucionales, entre ellos Kutxa/Kutxabank, que se convertirían en los socios de referencia durante las siguientes décadas.

El consorcio vasco que puja por la misma busca que la compañía “regrese” al País Vasco, preservando su arraigo y su actividad en la región. En palabras del consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, la intención es que Ayesa/Ibermática siga creciendo "desde Euskadi", manteniendo su plantilla actual y sus cuadros directivos, y asegurando que quienes trabajan allí continúen siendo protagonistas del éxito futuro. Cadena SER+2Cinco Días+2

La operación no es solo simbólica: la Fundación BBK, que ya había lanzado una propuesta por la división tecnológica de Ayesa (valorada en 500 millones de euros), vuelve ahora con el respaldo institucional del Gobierno vasco y con el apoyo financiero de Kutxabank a través de Indar. El Economista+3muycanal.com+3Demócrata+3

Ayesa, que en 2022 integró Ibermática —una firma vasca fundada en 1973 y con un largo historial en consultoría TIC, outsourcing y transformación digital—, cuenta con miles de trabajadores en España, de los cuales un buen número se encuentran en Euskadi.  La oposición al consorcio vasco no es menor: varios fondos de capital riesgo internacionales —se menciona entre ellos a Blackstone, HIG Capital y CapVest— han presentado también ofertas por Ayesa IT, la división tecnológica que incluye Ibermática, y por la división de ingeniería del grupo.

La puja se enmarca en una estrategia más amplia del Gobierno Vasco: preservar el empleo, proteger empresas con raíces vascas, evitar la deslocalización y mantener capacidades industriales y tecnológicas estratégicas en la comunidad. La operación recuerda a la compra parcial de Talgo realizada hace poco por un consorcio semejante, y parece parte de un plan de “arraigo industrial” más amplio impulsado desde Euskadi.

El consorcio vasco ha trasladado un mensaje de tranquilidad tanto a los trabajadores de Ayesa —dentro y fuera del País Vasco— como a sus clientes: en caso de resultar adjudicatario, su intención es mantener la estructura y la plantilla actual, confiando en que “vaya a más y mejor”. Orain+2infobae+2

En definitiva, se trata de un intento decidido de recuperar para Euskadi una firma con historia local, fortalecer un sector tecnológico estratégico y evitar que Ayesa IT acabe en manos de fondos externos, lo que para el Gobierno Vasco supondría un riesgo de “desarraigo”. El desenlace de la puja se espera en las próximas semanas, frente al fuerte desafío que representan las ofertas de los fondos internacionales.

Ayesa —y dentro de ella la histórica Ibermática— se ha convertido en un actor especialmente valioso dentro del ámbito digital europeo, no solo por su capacidad tecnológica y su escala, sino también por su integración en infraestructuras críticas como el supercomputador vasco, pieza central de la estrategia de computación avanzada y de inteligencia artificial en Euskadi. Este elemento añade una capa adicional de relevancia estratégica que encaja de manera directa con las prioridades descritas en los informes Draghi y Letta, orientados a reforzar las capacidades tecnológicas propias de la Unión Europea.

Ayesa destaca porque opera en el corazón de la digitalización: desarrolla software, mantiene sistemas críticos, despliega soluciones cloud, cubre necesidades de ciberseguridad, impulsa proyectos de analítica avanzada e implementa inteligencia artificial. Su actividad abarca sectores que requieren alto nivel técnico —administraciones públicas, banca, salud, energía o industria— y su proximidad territorial le permite comprender y ejecutar procesos complejos con un grado de adaptación que los gigantes globales no pueden igualar. Esta capacidad de ejecución situada en Europa, con talento europeo, convierte a la compañía en un activo que complementa la arquitectura digital que la UE quiere fortalecer.

A ello se suma un elemento crucial: Ibermática, ahora integrada en Ayesa, participa activamente en el ecosistema del Basque Computing Center y en las redes asociadas al supercomputador vasco, una de las infraestructuras de computación de alto rendimiento más importantes de España. Esta participación no es cosmética: significa que la compañía forma parte del tejido técnico que permite procesar modelos de inteligencia artificial, simulaciones industriales, análisis de big data y proyectos avanzados de innovación aplicada. La integración de Ayesa en una infraestructura HPC refuerza su papel como empresa capaz de trabajar en el núcleo del nuevo paradigma tecnológico europeo, donde la computación avanzada es indispensable.

Esta presencia en el supercomputador vasco encaja con las directrices del informe Draghi, que subraya la urgencia de que Europa refuerce sus capacidades propias en computación, procesamiento de datos e inteligencia artificial, para reducir dependencias y competir frente a Estados Unidos y China. Draghi defiende que Europa necesita actores tecnológicos fuertes, con masa crítica y arraigo europeo, que puedan ejecutar proyectos estratégicos sin recurrir sistemáticamente a proveedores externos. Ayesa cumple ese perfil, especialmente por su combinación de talento local, escala creciente y participación en infraestructuras digitales críticas.

El informe Letta, por su parte, advierte de la excesiva fragmentación del mercado europeo y de la fuga de valor hacia grandes plataformas extranjeras. Insiste en que la UE debe crear y retener empresas capaces de liderar procesos de digitalización desde dentro del continente. Ayesa, con más de 7.000 empleados —muchos de ellos en Euskadi— y un papel clave en los servicios TIC de administraciones públicas y sectores regulados, representa exactamente el tipo de actor que Europa quiere preservar: un integrador digital propio, capaz de impulsar proyectos de IA, cloud y ciberseguridad sin ceder soberanía tecnológica.

En conjunto, el valor de Ayesa no reside solo en su tamaño o en su facturación, sino en su posición estratégica dentro del ecosistema digital europeo, potenciada ahora por su vínculo directo con una infraestructura de supercomputación. Esa combinación —capacidad técnica, presencia local, talento europeo y participación en tecnología crítica— explica por qué su adquisición es vista como algo más que una operación empresarial: se interpreta como un movimiento alineado con la estrategia de autonomía tecnológica que Europa considera imprescindible para su futuro económico e industrial.

En definitiva, Ayesa es valiosa porque opera donde la UE quiere ganar terreno: en la digitalización, en la ciberseguridad, en la inteligencia artificial y en la computación avanzada. Su arraigo vasco, reforzado por su participación en el supercomputador regional, la convierte en un activo que no solo genera valor, sino que encaja plenamente con las ambiciones que Draghi y Letta consideran decisivas para la soberanía tecnológica europea.

La pregunta que uno se hace cuando ve ambos hechos, el futbol y el caso de Ayesa es la siguiente, ¿Qué estrategia tiene Murtra dejando escapar un activo de valor como Ayesa que se alinea con la estrategia europea de Draghi y Letta, mientras invierte en un activo que no aporta nada a futuro como es el futbol europeo?

Para terminar el post quiero manifestar que once meses después de la llegada de Marc Murtra a la presidencia de Telefónica, el balance estratégico empieza a mostrar una tensión evidente entre el discurso que se proyecta y las decisiones que realmente se adoptan. Mientras la Comisión Europea —a través de la comisaria Teresa Ribera— marca con claridad una línea continuista basada en la competencia, la integración del mercado interior, la protección de los derechos fundamentales y una modernización prudente del marco regulatorio, Telefónica se desmarca con una narrativa que reclama más concentración, más escala y un giro político que anteponga la construcción tecnológica a las garantías individuales.

El problema no es únicamente retórico. La incoherencia se hace visible en las decisiones empresariales: se reivindica la soberanía tecnológica desde un escenario que, en la práctica, se sostiene reforzando partidas de fútbol millonarias mientras se desatienden activos estructurales alineados con la estrategia europea, como Ayesa/Ibermática, hoy pieza clave en inteligencia artificial, ciberseguridad y computación de alto rendimiento. Es, en el fondo, la repetición de un patrón que ya vimos en la etapa de José María Álvarez-Pallete: priorizar gestos mediáticos frente a inversiones que refuerzan el posicionamiento tecnológico real de la compañía.

Y aquí es donde surge un paralelismo que debería encender todas las alarmas: el caso Blockbuster. En 2007, Blockbuster tuvo la oportunidad de comprar Netflix por apenas 50 millones de dólares. Lo rechazó con una mezcla de soberbia y complacencia, convencida de que su modelo tradicional nunca sería cuestionado. Diez años después, Blockbuster había desaparecido y Netflix valía más de 100.000 millones de dólares. Blockbuster cayó no por falta de tamaño ni por falta de clientes, sino por invertir en el negocio equivocado mientras ignoraba la ventana de oportunidad que definía el futuro.

Telefónica corre hoy ese mismo riesgo: apostar por el equivalente moderno de los videoclubs —el fútbol como contenido premium— mientras mira desde la barrera activos que sí encajan con la Europa que viene, no con la Europa que se fue. Una directivo que proclama a los cuatro vientos la urgencia de crear hiperescaladores y reforzar la IA propia no puede poner su dinero, su foco y su reputación en la defensa del pasado audiovisual, al tiempo que deja a gobiernos regionales, fundaciones y bancos rescatar la tecnología que debería liderar.

Europa ha sido clara. Draghi ha sido claro. Letta ha sido claro. Ribera ha sido clarísima. La transformación digital exige empresas competitivas, sí, pero insertas en un marco de competencia real, de integración europea y de protagonismo del talento tecnológico propio. Nada de esto parece compatible con una estrategia que renueva contratos audiovisuales extremadamente costosos —profundizando un modelo de dependencia de contenidos— mientras deja escapar operaciones que encajan milimétricamente con las prioridades comunitarias.

Por eso, con apenas once meses de mandato, Murtra encara un momento decisivo que él llama “momento Sputnik”: o alinea a Telefónica con la estrategia europea —no con la que conviene a corto plazo, sino con la que garantiza relevancia tecnológica a largo plazo—, o perpetuará los mismos errores que arrastra la compañía desde la etapa de Pallete: inversiones desproporcionadas en entretenimiento, falta de foco digital real y una desconexión cada vez mayor entre lo que Europa exige y lo que Telefónica ejecuta.

Europa está pidiendo a sus grandes actores industriales visión, coherencia y compromiso con un modelo digital propio. Telefónica no puede permitirse repetir el síndrome Blockbuster. Corregir el rumbo no es una cuestión estética: es una necesidad estratégica para no quedar, una vez más, atrapada entre el discurso del futuro y las decisiones del pasado.

Ya lo dijo Alvin Toffler: “Los analfabetos del siglo XXI no serán quienes no sepan leer y escribir, sino quienes no sepan aprender, desaprender y reaprender.”