Decía el ensayista francés Jean-Jacques Servan-Schreiber en su libro “El desafío americano”, que el problema de la guerra económica se definía de la siguiente forma: “No nos hallamos en presencia de un imperialismo político clásico —decía, de una voluntad de conquista, sino más mecánicamente en un desbordamiento de poder debido a la diferencia de `presión ́ entre la América del Norte y el resto de mundo, comprendida Europa”. Añadiendo en otro lugar del libro que: “Actuar, ¿cómo? Luchar, ¿contra quién?... Pues la General Motors no es la Wehrmacht, el caso Bull no es Múnich, y el Concorde no es Sedán. Asistimos a la primera gran guerra sin armas ni fortificaciones”. Pero no solo fueron conscientes de este problema los franceses. También los japoneses se dieron cuenta de la importancia de la economía como un nuevo espacio de dominio. Y casi desde el término de la Segunda Guerra Mundial, con sus Fuerzas Armadas, destrozadas y sin posibilidad de recomposición, iniciaron el camino de su reconstrucción industrial y de su posición como una de las potencias económicas del planeta. De manera que, con el tiempo, en los inicios de los años noventa, iniciaban su tercera revolución industrial con el potente MITI conduciendo las operaciones económicas ofensivas y defensivas. Y con los japoneses, otras naciones también desarrollaban estrategias para expandir su potencial económico, tecnológico o comercial hacia otros lugares. Una expansión que se demostró defensiva en algunos casos, sobre todo en países de menor tamaño como Suecia. Esta guerra económica que, contrariamente a la guerra tradicional, comporta acciones que son muchas veces invisibles y decisivas, permite asistir a la sociedad a una guerra sin armas ni fortificaciones.
La información facilitada por Bloomberg ayer a mediodía facilitó que la cotización de esta sufriera un desplome del 6% cotizando por debajo de 20 euros. Finalmente, ha moderado esta caída y su precio de cierre se ha situado en los 20,35 euros. El Gobierno actual valora tomar esta opción bajo la premisa de que la compañía es un activo estratégico para el país, lo que dejaría a una empresa vital en manos de inversores extranjeros. Este posible veto sobre Naturgy viene precedido de que en Francia se hayan producido dos vetos sobre compañías francesas emblemáticas como son Carrefour y su posible adquisición por parte del grupo canadiense Couche-Tard y la OPA hostil que sufrió Suez por Veolia. En este caso, las dos compañías son francesas, sin embargo, el Tribunal de Comercio de Nanterre (Francia) ha instado a la compañía francesa Veolia a paralizar su oferta pública de adquisición (opa) sobre su rival Suez, anunciada este domingo por la multinacional de tratamiento de aguas y residuos, que valoraba a su competidora en 11.300 millones de euros, al fijar un precio de 18 euros por acción, pero que se ha encontrado con el rechazo del Gobierno por su posible impacto sobre la competencia y el empleo. En España, hay operaciones corporativas en las cuales el Gobierno español se tendrá que pronunciar como son la venta del 50,1% de Telxius, división de Telefónica, a la compañía norteamericana American Towers por 7.700 millones de euros.
El equipo directivo de Naturgy ha reducido su plantilla en 9.400 trabajadores en los últimos cinco años, de 2015 a 2020, debido a las desinversiones realizadas en algunos países y a desvinculaciones laborales pactadas con los empleados. Al cierre de 2015 Naturgy -entonces llamada Gas Natural Fenosa- sumaba una plantilla total de 19.939 personas, después de haber integrado a finales de 2014 a la compañía chilena CGE, en lo que supuso su mayor operación internacional. Cinco años más tarde, la multinacional cerró 2020 con una plantilla total de 10.540 personas, según datos procedentes de los diferentes informes financieros anuales de Naturgy http://bit.ly/3d0pD10 Mientras esto sucedía en el ámbito laboral en dicha compañía, se lanzó un plan de eficiencias dentro del plan estratégico presentado en 2018-2022 en Londres, en el mismo Francisco Reynes se comprometía a elevar el dividendo un 59 % hasta ese año. Entonces, Naturgy anunció que pretendía lograr unos ahorros de costes anuales de 500 millones de euros en el año 2022. Sin embargo, la multinacional lo ha concretado más rápido de lo previsto e incluso, ha ido más allá, al lograr ahorros por 545 millones al cierre de 2020. Sin embargo, eso no impidió que bajo la presidencia de Reynes, la energética haya acometido dos saneamientos que rebajaron sus activos por valor de 4.900 millones de euros http://bit.ly/2OoERCC El año 2020 cerro con unas pérdidas de 347 millones de euros, sin embargo, Reynés, cobró 2,16 millones de euros en metálico en el año 2020, entre sueldo y remuneración fija, cantidad prácticamente igual (+2,6%) a los 2,10 millones obtenidos el ejercicio anterior, según la información publicada en la CNMV. En total, el consejo de administración obtuvo unos ingresos de 5,013 millones de euros. Además de su salario como presidente ejecutivo, Reynés recibió una aportación de 2,33 millones de euros en su plan de pensiones (frente a los 2,775 millones del año anterior) http://bit.ly/3d00BPe Según su actual plan estratégico 2018-2022, pendiente de actualizar, la compañía tiene comprometido un dividendo de 1,51 euros para 2021 y 1,59 euros para 2022, lo que representa, a precios actuales, una rentabilidad del 7% para estos años según el consenso que recoge FactSet. El pasivo total de la compañía al terminar el año 2020 era de 28.280 millones de euros y su capitalización bursátil es de 19.690 millones de euros. La foto de la salud de dicha compañía, recuerda mucho a alguna otra está pasando serios problemas de endeudamiento y que siguen pagando un dividendo insostenible.
Rentabilidad por dividendo del sector
El 'patriotismo económico' que afirmaba el Premier frencés Villepin, es una doctrina de defensa de aquellos activos que la sociedad necesita para su desarrollo, los mismos que proporcionan una ventaja competitiva en aquellos productos o servicios que la sociedad necesita y que no necesariamente tienen que ser prestados por compañías públicas, sino que el Estado puede estar en dichas compañías con una participación minoritaria, que sea disuasoria para aquellos inversores como son fondos o cualquier oferente que ponga en riesgo la prestación de los mismos. En países de nuestro entorno, como Alemania o Francia, esta situación se produce en multitud de compañías o sectores estratégicos, sin que por ello tanto los partidos de derecha como de izquierda dejen de defender dichos intereses de forma cerrada ante cualquier amenaza que puedan sufrir. El Gobierno español, tiene la obligación de defensa sobre aquellos activos que son cruciales para la sociedad ante cualquier intento extranjero de asumir el control de estos. La ideología, no puede ser excusa para que el capitalismo depredador campe a sus anchas sin freno en momentos de “vacas gordas” y que cuando llegan las crisis recurran a la ayuda del Estado para que les ayude a salir del agujero en que se encuentran. Hoy mismo se ha publicado una noticia que encaja en dicha situación descrita, “La SEPI y Globalia confían Air Europa a un veterano de Iberia para reflotarla” http://bit.ly/3rESOur Al final la solución al problema del bloqueo de 100 millones de euros que la SEPI tenía que poner en el holding de los Hidalgo, se ha resuelto respetando el derecho de la SEPI a nombrar el mismo. Todo ello pese a las reticencias que ponía Juan José Hidalgo a que un hombre de Iberia fuese el consejero de su compañía. Al final, la aportación de dinero a fondo perdido como se hizo en la crisis del año 2008 por él Gobierno del PP no ha tenido cabida en esta crisis, un buen ejemplo de lo que se avecina en otras compañías que atraviesan serios problemas.
Para terminar el post, quiero decir que ha llegado el momento de poner sobre la mesa los proyectos que permitirán que la economía española despegue con los fondos de la UE. Las compañías estratégicas españolas jugarán un papel central en el desarrollo de estos proyectos, para ello es inexorable… La participación minoritaria del Estado español en las mismas, como hacen nuestros vecinos europeos más avanzados.
Ya lo dijo Thomas Jefferson: “Cuando alguien asume un cargo público, debe considerarse a sí mismo como propiedad pública”.
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