jueves, 4 de febrero de 2021

"DOGMÁTICOS O EXCÉPTICOS"... EL GOBIERNO NO DEJA LUGAR A DUDAS

 

Según Diógenes Laercio (Vidas de los filósofos ilustres, I-16) existían básicamente dos tipos de filósofos en el mundo helénico: los dogmáticos y los escépticos. Los dogmáticos eran aquellos que “se expresan sobre las cosas como si fueran comprensibles”. En contraposición, los escépticos antiguos negaban que podamos comprender la verdad y, mediante el empleo de la retórica y de la oratoria, aparentemente mostraban que la razón humana era capaz de defender un mismo “dogma” y el contrario. Esta disciplina escéptica acarreó la expulsión de los filósofos griegos de Roma en el siglo II d.C, acusados de pervertir a la juventud, después de que el escéptico Carnéades defendiera en dos discursos sucesivos ante los jóvenes romanos la importancia de la justicia y… de la injusticia. En la sociedad islámica, el escepticismo está ligado al declive de la misma filosofía, una vez que se impusieran las tesis de Al-Gazhali contra “la incoherencia de los filósofos” en el siglo XII de nuestra era. Algunos de los “escépticos” más distinguidos de la cultura científica contemporánea serían reconocidos en el mundo antiguo como filósofos dogmáticos. Algunos ejemplos de sobra conocidos son, Carl Sagan, Richard Dawkins, o James Randi son escépticos con respecto a la astrología, el creacionismo o la parapsicología, pero ninguno ha cuestionado nunca la capacidad de la ciencia natural para alcanzar juicios (“dogmas” en el sentido originario) verdaderos. Bien al contrario, son justo estos “dogmas” y teorías los que les permiten desmarcarse rigurosamente de las opiniones pseudocientíficas.

Hoy viene en la prensa una noticia muy ilustrativa de la forma de proceder del Gobierno actual con aquellos que hasta pocos días campaban a sus anchas en el amplio campo español del capitalismo de “amiguetes”, “Consejo de urgencia de Air Europa para desbloquear el pago de 100M de la SEPI” http://bit.ly/2YLWoXj En la misma se afirma lo siguiente, “El que ha sido el mayor rescate empresarial de la pandemia promovido por el Gobierno, se ha encontrado con un grave problema de gestión. Según indican fuentes financieras, la familia Hidalgo, todavía dueña de la aerolínea hasta que se certifique oficialmente la venta a Iberia, se niega a aceptar el nombramiento de un consejero delegado en la compañía, lo que ha provocado el bloqueo del segundo cheque. Para solucionar el conflicto, se ha convocado un consejo de administración de urgencia, en el que probablemente se designará a Juan Manuel Bujías como primer ejecutivo. El acuerdo firmado en noviembre por el cual el Fondo de Ayuda a la Solvencia, constituido por el Ejecutivo de Pedro Sánchez para recapitalizar las empresas víctimas del covid-19, prestaría hasta 475 millones de euros a Air Europa e incluía que la SEPI tendría derecho a nombrar dos consejeros y al primer ejecutivo de la compañía área. La primera condición se cumplió a finales del pasado año, pero la segunda sigue sin poder aplicarse por oposición de Juan José Hidalgo.

El ente estatal dependiente del Ministerio de Hacienda designó el 23 de diciembre a Ángel Partearroyo, abogado y director del área de Participadas del organismo, y a Juan Manuel Bujía, un exdirectivo de Iberia. Este último era el que la SEPI quería proponer como consejero delegado hasta que la Comisión Europea aprobase la compra de Air Europa por parte de Iberia, autorización que se espera entre julio y septiembre. Mientras tanto, la aerolínea debía adoptar decisiones muy relevantes, dado el empeoramiento del negocio por la tercera ola del coronavirus. Pero los Hidalgo se han negado en redondo a que un ex de Iberia tome las riendas de la aerolínea, en cuyo consejo se mantienen Juan José Hidalgo como presidente, Miguel Ángel Sánchez, director financiero de Globalia, y Ramiro Campos, director de la asesoría jurídica. Ante esta postura, la SEPI ha decidido no conceder el segundo tramo de la ayuda pública. Ante esta situación, Air Europa ha convocado de urgencia al consejo de administración para designar al que debe guiar a la compañía hasta que Iberia tome las riendas. A   pocas horas de la reunión, las partes admiten que no se sabe todavía quién será el nuevo consejero delegado. Hidalgo quiere que sea Miguel Ángel Sánchez, mientras la SEPI propone imponer a Bujías. Fuentes próximas a las negociaciones indican que será finalmente el representante del Estado el que será el nuevo primer ejecutivo pese a la oposición de los Hidalgo por la necesidad urgente de recibir el dinero. Desde el organismo público se indica que los plazos para inyectar liquidez son los previstos y que la próxima semana se concederán los próximos 100 millones si se nombra ya el CEO. El pasado mes de noviembre, el ente estatal le adelantó los primeros 240 millones de los 475 acordados. Pero ahora debía ya haberle concedido un nuevo cheque de 100 millones para evitar impagos por parte de Air Europa, algunos de cuyos proveedores ya le han reclamado facturas no pagadas”.

La noticia deja tras de sí una “doctrina” en el proceder con respecto a los fondos públicos, que va más allá del ámbito de Air Europa. Si el rescate de Air Europa es el más elevado que se ha llevado hasta el momento, su impacto se transferirá a los 140.000 millones de euros que nuestro país recibirá de la Unión Europea y a todas aquellas operaciones corporativas que se realicen en tiempos de vigencia del Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo anti-opas. Este decreto incluye una reforma de gran calado para las inversiones extranjeras. Esta medida recoge que se someterá a autorización por parte del Consejo de Ministros la adquisición por parte de compañías de otros países del 10% o más capital social de sociedades españolas. Por tanto, todas aquellas operaciones que se lancen sin el beneplácito de lo que recoge dicho Real Decreto, están condenadas a un fracaso estrepitoso http://bit.ly/3rmEXsq

Esta situación coincide con la noticia que recoge también hoy la prensa con la declaración a la fiscalía de extesorero del PP respecto a la caja B del Partido Popular. En dicha declaración se relata el nexo entre algunas compañías como Sando, Azvi, OHL, Sacyr-Vallehermoso, Constructora Hispánica, Aldesa Construcciones, FCC, Construcciones Rubau, Degremont Ibérica, Cyopsa-Sisocia, Romero Polo, Copasa, Licuas, Bruesa, Urazca, Sorigue-Acsa y Sedesa, las mordidas que se llevaba dicha formación política por la adjudicación de obra pública a dichas compañías http://bit.ly/3oMFulX    Esta forma de entender lo público también sirvió para abordar algunas de las grandes compañías públicas en tiempos de gobierno de dicha formación política, como Repsol, Endesa o Telefónica. El resultado de dicha situación es que esos años de gestión de estas han traído una decadencia severa en alguna de ellas. Un ejemplo de esta nueva situación con el Real Decreto del 17 de marzo lo hemos visto hoy con la compañía Vivendi, en su interés por aumentar su participación en la compañía PRISA donde ya tiene un 9,9% http://bit.ly/2MXWjwM Vivendi tiene intención de seguir escalando dentro del grupo Prisa, pero no ahora. Su intención es esperar a que venza el decreto anti-OPAS aprobado por el Gobierno el pasado mes de marzo y que ha sido prorrogado hasta el próximo 30 de junio.

Por otro lado, la puesta en marcha de los fondos europeos se ha convertido en un objetivo por múltiples actores, tanto receptores como del propio Gobierno con el fin de ser el primer país de la Unión Europea que reciba los mimos. Para ello se debe tener aprobado el Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia. En este momento, se está concretando con responsables de la Unión Europea el borrador que el Gobierno entrego a finales del año 2020. Europa busca un Plan de Recuperación "creíble y adecuado a las necesidades de gasto con un consenso político y social en la distribución de los fondos". El límite fijado por Bruselas para tener el plan listo es el 30 de abril. Para concretar el reparto de dichos fondos se han convocado diferentes conferencias multisectoriales con responsables autonómicos con el fin de estudiar las prioridades en áreas como; transformación digital, infraestructuras, vivienda y servicios sociales. En el ámbito de la digitalización, el Gobierno lanzó con fondos europeos un plan de tres años con una dotación de 11.000 millones de euros para digitalizar las pymes, la administración y para mejorar la formación tecnológica. Además, el Gobierno recibió más de 750 solicitudes de interés por parte de empresas tras lanzar una consulta pública. El objetivo es identificar áreas de trabajo en el plan de recuperación. El Ministerio de Industria estima que las manifestaciones de interés podrían movilizar hasta 30.000 millones de inversión público-privada. La presentación de proyectos transversales, que impacten en diferentes comunidades o sectores económicos cobran especial importancia. Para el desarrollo de dichos proyectos habrá avales, subvenciones o financiación blanda, pero lo que más interesa al Ejecutivo es la formación de consorcios con capital público-privado. El hecho de que el Estado participe como accionista genera una confianza que puede atraer más inversión, también extranjera. Otra de las cuestiones importantes que necesita aprobar el Gobierno es la llamada Decisión sobre los recursos propios. Es una modificación jurídica que permitirá el aumento del límite de recursos que los países aportan a la Unión Europea. El objetivo es dar un colchón a Bruselas para financiar el ingente desembolso de fondos. La misma será aprobada en el Parlamento, siendo aprobada como tratado internacional, por lo que necesita el respaldo del Congreso y el Senado, previo informe de la comisión de Presupuestos. La ratificación de los recursos propios es obligatoria para los 27 países de la Unión. Y no podrá liberarse un solo euro hasta que eso ocurra. La previsión de Bruselas es que esta decisión esté aprobada por los parlamentos nacionales en mayo. Una vez ocurra, según estas fuentes, los fondos se liberarán casi de manera automática. El 30 de abril se podrá concretar seguramente la fecha en la que los fondos empezarán a llegar a España para su implementación y desarrollo de los proyectos aprobados. http://bit.ly/2MCMiFz

En otro orden de cosas, en algunas compañías que jugarán un papel central en el plan de recuperación económica que se pondrá en marcha en breve, los accionistas dominicales tendrán que hacer cambios en el equipo directivo de las mismas con el fin de alinear a las mismas con el desarrollo de este. El ejemplo de Air Europa nos marca el camino que seguirán todas aquellas compañías que no lo hagan, el dinero de los fondos europeos no llegará para ningún proyecto que propongan.

Para terminar el post, hay que decir que el dogmatismo del caso Air Europa nos enseña el camino de lo que sucederá a aquellos directivos que esperen poder realizar ciertos cuestionamientos a los planteamientos del Gobierno… El escepticismo, no tiene cabida en este momento salvo que prefieran pasar por el “cadalso” de la SEPI.

Ya lo dijo Jean de La Fontaine: “A menudo encontramos nuestro destino por los caminos que tomamos para evitarlo”.

 

 

 

 

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