Existe una anécdota muy utilizada en Bruselas cuando se habla del mercado único europeo. Si una empresa estadounidense quiere lanzar un nuevo servicio de telecomunicaciones, lo hace pensando en un mercado de más de 330 millones de consumidores bajo un único marco regulatorio federal. Si una empresa china quiere desplegar una nueva tecnología, lo hace sobre un mercado integrado de más de 1.400 millones de habitantes. En cambio, una empresa europea que pretende hacer exactamente lo mismo debe enfrentarse todavía a veintisiete regulaciones nacionales, procedimientos administrativos distintos y calendarios diferentes para cuestiones tan esenciales como el espectro radioeléctrico. Sobre el papel existe un mercado único europeo; en la práctica, durante décadas las telecomunicaciones han seguido funcionando como una suma de mercados nacionales.
Precisamente esta contradicción es la que la Comisión Europea intenta corregir con la futura Ley de Redes Digitales. Y es también la razón por la que el debate actual sobre las fusiones puede estar planteándose desde una perspectiva equivocada: el problema de Europa quizá no sea que sus operadores sean demasiado pequeños, sino que su mercado sigue estando demasiado fragmentado.
Durante años, el debate sobre el futuro de las telecomunicaciones europeas ha estado dominado por una idea aparentemente sencilla: Europa necesita operadores más grandes para competir con Estados Unidos y China. Bajo esta premisa, los principales ejecutivos del sector han defendido la necesidad de flexibilizar las normas de competencia y facilitar procesos de consolidación que permitan crear grupos con mayor tamaño y capacidad financiera. Sin embargo, la revisión del Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas (CECE) realizada por la Comisión Europea en el año 2026 apunta en una dirección diferente. Lejos de identificar la falta de fusiones como el principal obstáculo para la competitividad del sector, el diagnóstico comunitario sitúa el foco en la fragmentación regulatoria, la ausencia de un verdadero mercado único de telecomunicaciones y las dificultades para alcanzar escala operativa a nivel continental.
La propuesta de Ley de Redes Digitales (ADN) constituye la respuesta de Bruselas a este problema. Su objetivo no es crear artificialmente campeones nacionales mediante una mayor concentración empresarial, sino eliminar las barreras que impiden a los operadores actuar en un mercado europeo integrado. Medidas como el Pasaporte Único, la armonización regulatoria o la futura autorización europea para servicios satelitales revelan una visión distinta de la competitividad: la escala no debe proceder necesariamente de que existan menos operadores, sino de que estos puedan competir, cooperar e invertir sobre una base de más de 450 millones de consumidores.
A la luz de este nuevo marco, resulta pertinente analizar hasta qué punto las tesis defendidas actualmente por buena parte de los directivos del sector responden a los desafíos identificados por la Comisión Europea o, por el contrario, continúan ancladas en una lógica de consolidación nacional que podría quedar superada por la construcción de un auténtico mercado único de conectividad. Este análisis examina las conclusiones de la revisión del CECE, el alcance de la futura Ley de Redes Digitales y las profundas implicaciones estratégicas que ambas iniciativas pueden tener para el futuro de las telecomunicaciones europeas.
La revisión del Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas (CECE), publicada por la Comisión Europea el 21 de enero del 2026, ofrece una imagen ambivalente del estado de la conectividad en la Unión Europea. Por un lado, constata avances significativos en la expansión de las infraestructuras digitales durante los últimos años; por otro, concluye que Europa continúa enfrentándose a importantes debilidades estructurales que limitan su competitividad frente a Estados Unidos y Asia. Estas conclusiones han llevado a la Comisión a proponer la nueva Ley de Redes Digitales (ADN, Digital Networks Act), destinada a sustituir progresivamente al actual marco regulatorio https://bit.ly/43UNeJr
Uno de los primeros aspectos que destaca el informe es el retraso en la aplicación efectiva del propio CECE. Aunque la directiva debía haber sido incorporada a las legislaciones nacionales antes de diciembre de 2020, la transposición completa en todos los Estados miembros no se alcanzó hasta agosto de 2024. Este retraso de casi cuatro años evidenció las dificultades para armonizar la regulación de las comunicaciones electrónicas en una Unión Europea donde las competencias siguen estando fuertemente vinculadas a los marcos nacionales. La Comisión considera que esta situación ha reducido la eficacia del mercado único digital y ha retrasado la puesta en práctica de diversas medidas destinadas a fomentar la inversión y la competencia.
En materia de conectividad, la evaluación reconoce progresos importantes. Las redes fijas de muy alta capacidad continúan expandiéndose y la cobertura de infraestructuras capaces de ofrecer velocidades gigabit alcanza ya a una gran mayoría de los hogares europeos. El despliegue de fibra óptica hasta el hogar también ha avanzado de forma notable. Sin embargo, la Comisión subraya que estos progresos siguen siendo insuficientes para alcanzar los objetivos establecidos en la Década Digital, que prevén cobertura gigabit universal en 2030. El ritmo actual de despliegue muestra importantes diferencias territoriales y una persistente brecha entre áreas urbanas y rurales, lo que mantiene desigualdades de acceso a los servicios digitales avanzados.
La situación del 5G refleja igualmente esta dualidad. La cobertura básica alcanza ya a prácticamente toda la población europea, situándose en niveles muy elevados. Sin embargo, el informe considera que la verdadera medida de la madurez tecnológica no es la mera disponibilidad de 5G, sino el despliegue de redes 5G Standalone (SA), capaces de ofrecer las funcionalidades avanzadas necesarias para la industria conectada, los vehículos autónomos, la automatización industrial o las aplicaciones masivas de Internet de las Cosas. En este ámbito Europa aparece claramente rezagada respecto a China y Estados Unidos. La cobertura de 5G SA sigue siendo limitada y presenta una distribución muy desigual entre Estados miembros, lo que compromete la capacidad europea para liderar la próxima generación de servicios digitales.
La Comisión identifica la inversión como uno de los principales problemas estructurales del sector. El mercado europeo de las telecomunicaciones continúa caracterizándose por una elevada fragmentación nacional, lo que impide a los operadores beneficiarse plenamente de economías de escala comparables a las de sus competidores estadounidenses o asiáticos. Los informes estratégicos elaborados por Mario Draghi y Enrico Letta, citados por la Comisión, concluyen que esta fragmentación reduce la capacidad de inversión, limita la innovación y dificulta la aparición de grandes actores paneuropeos capaces de competir globalmente.
El informe señala además que los operadores europeos soportan importantes costes regulatorios, especialmente relacionados con la adquisición de espectro radioeléctrico. La Comisión considera que los elevados pagos derivados de las licencias de espectro reducen los recursos disponibles para desplegar nuevas infraestructuras. Como consecuencia, la inversión en redes avanzadas no alcanza el nivel necesario para sostener el liderazgo tecnológico europeo en el largo plazo.
Otro de los problemas identificados es la gestión del espectro radioeléctrico. Aunque el CECE introdujo mecanismos de coordinación, la asignación de frecuencias continúa realizándose principalmente a escala nacional. Esto ha provocado calendarios, condiciones y niveles de disponibilidad muy diferentes entre Estados miembros. La situación es especialmente visible en las bandas destinadas al 5G, donde existen diferencias importantes en el grado de asignación y utilización efectiva. La Comisión concluye que esta falta de armonización dificulta la creación de servicios transfronterizos y limita el funcionamiento efectivo del mercado único de las telecomunicaciones a nivel europeo.
El ámbito de las comunicaciones por satélite constituye otra preocupación relevante. La revisión pone de manifiesto que el actual marco regulatorio no contempla una autorización europea unificada para los servicios satelitales. Como consecuencia, los operadores deben enfrentarse a procedimientos nacionales distintos, lo que ralentiza el despliegue de nuevas constelaciones y servicios espaciales. La Comisión considera especialmente importante esta cuestión debido a la creciente relevancia geopolítica de las comunicaciones por satélite, tanto para la resiliencia de las infraestructuras críticas como para la autonomía estratégica europea.
La evaluación también analiza el desarrollo de tecnologías emergentes vinculadas a las redes digitales. Entre ellas destacan el edge computing, la computación en la nube distribuida y las futuras redes 6G. Según la Comisión, Europa avanza con lentitud en estos ámbitos y corre el riesgo de depender excesivamente de proveedores externos. El número de nodos de edge computing desplegados sigue estando muy por debajo de los objetivos establecidos para 2030, mientras que la adopción de tecnologías avanzadas vinculadas a la inteligencia artificial y a la computación de próxima generación avanza a un ritmo inferior al deseado.
Desde el punto de vista regulatorio, la Comisión concluye que el régimen basado en el concepto de Peso Significativo en el Mercado continúa siendo una herramienta válida para intervenir en aquellos mercados donde persisten problemas de competencia. Asimismo, considera que las normas relativas a los derechos de los usuarios finales siguen ofreciendo un nivel adecuado de protección, aunque podrían simplificarse para reducir complejidades administrativas. También observa que las obligaciones de servicio universal tienen una utilización limitada por parte de los Estados miembros, lo que reduce su relevancia práctica dentro del sistema actual.
A partir de este diagnóstico, la Comisión propone sustituir el CECE por la Ley de Redes Digitales (ADN), presentada el 21 de enero de 2026. La nueva normativa pretende crear un marco jurídico más armonizado, simplificado y orientado a la inversión. Entre sus medidas más destacadas figura la introducción de un “pasaporte único” que permitiría a los operadores prestar servicios en toda la Unión mediante una única notificación regulatoria, reduciendo significativamente las barreras administrativas derivadas de la fragmentación nacional. Asimismo, propone una autorización europea para el espectro satelital, con el objetivo de facilitar el desarrollo de servicios espaciales y reforzar la autonomía tecnológica de la Unión.
La ADN también busca impulsar la transición hacia redes avanzadas de fibra, 5G y futuras tecnologías 6G, reforzar la resiliencia frente a crisis e interferencias externas, y crear condiciones más favorables para el despliegue de servicios basados en inteligencia artificial, computación en la nube, tecnologías cuánticas y comunicaciones espaciales. La Comisión considera que estas transformaciones son imprescindibles para que Europa pueda mantener su competitividad económica y tecnológica durante la próxima década.
En conjunto, la revisión del CECE presenta una conclusión clara: Europa ha conseguido avances cuantitativos relevantes en cobertura de fibra y 5G, pero continúa mostrando debilidades estructurales en inversión, escala empresarial, armonización regulatoria, despliegue de tecnologías avanzadas y competitividad internacional. La Comisión interpreta que la fragmentación regulatoria de los veintisiete mercados nacionales constituye el principal obstáculo para la consolidación de un verdadero mercado único de conectividad. La propuesta de Ley de Redes Digitales representa, por tanto, un intento de superar estas limitaciones y de adaptar la gobernanza europea de las telecomunicaciones a un contexto marcado por la competencia tecnológica global, la importancia estratégica de las infraestructuras digitales y la creciente convergencia entre redes terrestres, satelitales y servicios avanzados basados en datos.
El informe de la Comisión no permite concluir que el principal problema europeo sea la falta de megafusiones nacionales, sino la falta de un verdadero mercado único de telecomunicaciones, con reglas, autorizaciones y espectro todavía fragmentados entre 27 Estados. La propia Comisión resume que el CECE llegó tarde —solo tres Estados cumplieron el plazo de transposición de 2020 y la transposición completa no terminó hasta agosto de 2024— y que el nuevo marco debe profundizar el mercado único, reforzar seguridad, resiliencia y competitividad https://bit.ly/4olElCo
Desde esa perspectiva, la conclusión central es que Europa no tiene tanto un problema de “tamaño empresarial” como de arquitectura de mercado. Las redes, las licencias, las obligaciones regulatorias, la asignación de espectro y las condiciones de entrada siguen funcionando en gran medida como mercados nacionales. La Comisión identifica el espectro como un activo estratégico y geopolítico, mantiene el régimen de Peso Significativo en el Mercado como instrumento clave de regulación ex ante y reconoce que los derechos de usuario siguen siendo válidos aunque simplificables. Es decir, el diagnóstico oficial no dice que haya que debilitar la competencia para que unos pocos operadores sean más grandes, sino que hay que armonizar, simplificar y hacer más predecible el marco regulatorio europeo https://bit.ly/4uHvrAJ
Por eso resulta discutible la posición de ejecutivos como: Marc Murtra, Timotheus Höttges o Margherita Della Valle, cuando presentan la consolidación por fusiones como condición casi necesaria para cerrar la brecha con Estados Unidos y China. Murtra ha celebrado el supuesto giro de Bruselas hacia una mayor tolerancia con las fusiones, defendiendo que Europa necesita “escala” para competir en infraestructuras digitales e inteligencia artificial. Höttges también ha pedido reformar la política de competencia para permitir consolidaciones, y Della Valle ha defendido que Europa debería aprender del enfoque británico tras la aprobación de la fusión Vodafone-Three https://bit.ly/4eg2NQN , https://bit.ly/4e5Ka1W
El problema de esa tesis es que muchas de esas fusiones no crean escala continental real, sino concentración nacional. Una fusión de cuatro a tres operadores en España, Francia, Italia o Alemania puede aumentar el poder de mercado dentro de un país, pero no elimina automáticamente las barreras regulatorias entre Estados miembros ni crea una red paneuropea integrada. El caso francés de SFR ilustra bien el riesgo: la operación planteada por Bouygues, Orange e Iliad reduciría el número de operadores móviles franceses de cuatro a tres, pero lo haría repartiendo activos nacionales entre competidores ya presentes, no construyendo un operador europeo único capaz de competir continentalmente con China Mobile, AT&T o Verizon https://bit.ly/3S9VXF2
La concentración nacional puede incluso ser contraproducente si reduce la presión competitiva que ha obligado históricamente a los operadores europeos a mejorar precios, cobertura y calidad. La Comisión, en sus borradores recientes de directrices de fusiones, recuerda que el control de concentraciones no solo protege precios bajos, sino también inversión, innovación, elección del consumidor, mercados abiertos y capacidad de los actores pequeños para crecer. También admite que algunas fusiones pueden ser positivas, pero no como cheque en blanco: deben demostrar beneficios tangibles y no eliminar competencia efectiva https://bit.ly/4vBmlGb
El argumento empresarial de que “menos operadores invertirán más” tampoco es automático. La evidencia disponible sobre fusiones móviles europeas muestra un resultado ambiguo: puede aumentar la inversión por operador, pero también tienden a subir los precios, y el efecto neto sobre bienestar social depende de cada caso. Por eso pedir normas de competencia más laxas equivale a trasladar al consumidor el coste de la estrategia financiera del sector sin garantía suficiente de que esa renta adicional se convierta en fibra, 5G standalone, edge computing o 6G.
La brecha con Estados Unidos y China se explica mejor por factores que las fusiones nacionales no corrigen: fragmentación regulatoria, diferencias en espectro, menor integración del mercado de capitales, dependencia tecnológica, retrasos administrativos, falta de despliegue suficiente de 5G avanzado y edge computing, y ausencia de una autorización europea para servicios satelitales. Precisamente la Ley de Redes Digitales (ADN) propuesta por la Comisión apunta a un “pasaporte único”, mayor armonización y simplificación, no simplemente a permitir que cada mercado nacional pase de cuatro a tres operadores https://bit.ly/4v05ahZ
Además, BEREC ha advertido que incluso la nueva Ley de Redes Digitales debe cuidarse para no añadir capas de complejidad innecesarias. Su evaluación preliminar comparte el objetivo de reforzar el mercado interior y la conectividad resiliente, sostenible y asequible, pero duda de que algunas propuestas logren simplificación real. Esa advertencia refuerza la idea de que el debate serio no debe reducirse a “más fusiones sí o no”, sino a qué reformas eliminan barreras reales sin sacrificar competencia.
En conclusión, las posiciones de los grandes ejecutivos son comprensibles desde el interés corporativo: menos competidores suelen significar mayor capacidad de fijar precios, más márgenes y una narrativa favorable ante los inversores. Pero no coinciden plenamente con el diagnóstico estructural de la Comisión. Europa necesita escala, sí, pero escala europea efectiva: reglas comunes, espectro coordinado, autorizaciones transfronterizas, infraestructuras interoperables, inversión en tecnologías avanzadas y reducción de trabas administrativas. Confundir esa escala continental con fusiones nacionales que reducen la competencia puede agravar el problema: menos presión competitiva, precios más altos y ningún salto garantizado hacia el liderazgo tecnológico.
El denominado "Pasaporte Único" (Single Passport) es probablemente la medida más transformadora incluida en la propuesta de Ley de Redes Digitales (Digital Networks Act, ADN) presentada por la Comisión Europea en enero del año 2026. Su objetivo fundamental es corregir una de las principales debilidades identificadas tanto en la revisión del CECE como en los informes de competitividad de la Unión: la existencia de un mercado de telecomunicaciones jurídicamente fragmentado en 27 espacios regulatorios nacionales https://bit.ly/3Sc8sjo
Actualmente, aunque existe un marco regulatorio común europeo, una empresa que desee prestar servicios de comunicaciones electrónicas en varios Estados miembros debe realizar procedimientos administrativos, notificaciones y trámites regulatorios en cada país donde quiera operar. Esto implica costes adicionales, retrasos administrativos y la necesidad de adaptarse a interpretaciones regulatorias nacionales que no siempre coinciden. La Comisión considera que esta situación impide que surjan operadores verdaderamente paneuropeos y dificulta la explotación de economías de escala comparables a las existentes en Estados Unidos o China https://bit.ly/43msieo
El Pasaporte Único pretende eliminar esta barrera. Bajo el sistema propuesto, un operador realizaría una única notificación ante la autoridad competente de un Estado miembro y, una vez completado dicho procedimiento, podría prestar servicios en toda la Unión Europea sin necesidad de repetir el proceso en cada país. La Comisión define expresamente esta medida como un instrumento para facilitar operaciones paneuropeas y fortalecer el mercado único de la conectividad.
La importancia económica de esta medida es considerable porque modifica la forma en que las empresas pueden alcanzar escala. Hasta ahora, muchos directivos del sector han defendido que la única forma de competir con operadores estadounidenses o chinos consiste en reducir el número de competidores mediante fusiones nacionales. El Pasaporte Único propone una lógica diferente: alcanzar dimensión europea sin necesidad de eliminar competidores dentro de cada mercado nacional. En lugar de crecer comprando rivales, una empresa podría crecer comercialmente operando directamente en los 27 Estados miembros bajo un único régimen armonizado.
Las consecuencias potenciales para las operadoras son profundas. En primer lugar, se reducen significativamente los costes regulatorios asociados a la expansión internacional. Una empresa que hoy debe gestionar múltiples procedimientos nacionales podría acceder al conjunto del mercado europeo mediante una única autorización. Esto favorece especialmente a operadores medianos y a nuevos entrantes, que actualmente encuentran más dificultades para expandirse fuera de su país de origen https://bit.ly/4xnY5t9
En segundo lugar, el Pasaporte Único facilita la creación de estructuras de cooperación paneuropeas sin necesidad de fusiones societarias completas como pueden ser los consorcios. Operadores de distintos países podrían establecer alianzas comerciales, plataformas conjuntas, acuerdos de despliegue o consorcios tecnológicos aprovechando un entorno regulatorio común. La Comisión no presenta el Pasaporte Único como una herramienta para promover fusiones, sino como un mecanismo para favorecer la prestación transfronteriza de servicios y la creación de un verdadero mercado europeo de telecomunicaciones.
Este aspecto es particularmente relevante porque la escala que persiguen muchas compañías puede obtenerse de formas distintas. Una empresa puede alcanzar escala mediante adquisiciones y concentración empresarial, pero también mediante la ampliación de su mercado potencial. El Pasaporte Único persigue precisamente esta segunda vía: transformar un mercado potencial de 40 o 50 millones de clientes nacionales en un mercado de más de 450 millones de consumidores europeos. Desde el punto de vista económico, esto permite aumentar ingresos potenciales y amortizar inversiones en redes, software o servicios digitales sobre una base de clientes mucho más amplia sin necesidad de reducir el número de operadores existentes https://bit.ly/4xhYRaX
Otra consecuencia importante es el impulso a modelos de red más integrados. La Comisión señala que el nuevo régimen facilitará el despliegue de redes virtualizadas, infraestructuras gestionadas desde plataformas centralizadas y arquitecturas basadas en la nube. Esto significa que una misma plataforma tecnológica podría gestionar servicios en varios países simultáneamente, reduciendo duplicidades operativas y aumentando la eficiencia https://bit.ly/4uRjvNs
Asimismo, el Pasaporte Único se complementa con otras medidas incluidas en la ADN. Entre ellas destacan la armonización de las condiciones de autorización, la coordinación reforzada del espectro radioeléctrico y la creación de una autorización europea específica para servicios satelitales. El objetivo es que las empresas no solo puedan vender servicios en toda Europa, sino también desplegar infraestructuras y planificar inversiones bajo reglas mucho más homogéneas.
Desde el punto de vista competitivo, esta reforma puede generar un fenómeno que hasta ahora apenas existe en el sector europeo: la competencia paneuropea directa. En lugar de que cada operador se limite esencialmente a su mercado nacional, las compañías podrían comenzar a competir en múltiples países utilizando las mismas plataformas comerciales, tecnológicas y operativas. Esto incrementaría la presión competitiva sin necesidad de recurrir a procesos de concentración empresarial https://bit.ly/4aCLgBc
La Comisión vincula expresamente esta reforma a la necesidad de construir un verdadero mercado único de conectividad. La idea subyacente es que Europa no puede comportarse como un único mercado digital si las telecomunicaciones continúan organizadas alrededor de veintisiete regímenes nacionales diferentes. El Pasaporte Único busca aproximar las telecomunicaciones al modelo que ya existe en otros ámbitos del mercado interior europeo, donde las empresas pueden operar transfronterizamente sin necesidad de replicar procedimientos administrativos en cada Estado miembro.
En definitiva, el Pasaporte Único no pretende crear gigantes europeos mediante la concentración empresarial, sino mediante la eliminación de las barreras regulatorias que hoy fragmentan el mercado. Su lógica es que la escala debe provenir de la integración efectiva del mercado europeo y de la capacidad de operar sobre una base continental, no necesariamente de la reducción del número de competidores. Si finalmente se aprueba en términos similares a la propuesta presentada por la Comisión, supondrá probablemente la reforma más importante del mercado europeo de telecomunicaciones desde la liberalización del sector a finales del siglo XX https://bit.ly/4vBC34q
Las fusiones y el inmovilismo que hoy defienden algunos directivos de las telecos no es una opción. El planteamiento propuesto por la Comisión Europea es que el “pasaporte único” permita a un operador prestar servicios en los 27 Estados miembros con una sola notificación, la escala dejará de depender exclusivamente de comprar competidores nacionales y pasará a depender de la capacidad de operar, asociarse y desplegar servicios en un mercado continental. La Comisión describe precisamente esta medida como un instrumento clave para facilitar operaciones paneuropeas y reforzar el mercado único de conectividad.
Esto cambia el incentivo competitivo. Hoy, muchas operadoras razonan desde mercados nacionales: ganar tamaño significa fusionarse con otro operador del mismo país, reducir competencia local y mejorar márgenes. Con un pasaporte único, esa lógica pierde fuerza, porque el operador que consiga organizar una plataforma transfronteriza —mediante consorcios, acuerdos mayoristas, alianzas de red, servicios cloud, redes virtualizadas o plataformas comerciales comunes— podrá entrar en mercados donde antes el coste regulatorio y administrativo era una barrera. La escala ya no vendrá solo de tener más cuota en España, Francia, Italia o Alemania, sino de poder vender y operar sobre una base europea de cientos de millones de usuarios.
La consecuencia directa es que los operadores pequeños o medianos que permanezcan encerrados en su mercado nacional pueden quedar expuestos. No porque la norma “obligue” formalmente a que desaparezcan, sino porque reduce las barreras que hoy les protegen de competidores extranjeros. Un operador local con menor músculo financiero, menor capacidad de inversión tecnológica y menor poder de negociación con proveedores puede verse presionado por grupos o consorcios capaces de repartir costes de red, software, ciberseguridad, atención comercial, plataformas digitales y servicios avanzados entre varios países. Análisis jurídicos de la propuesta señalan que el pasaporte único busca precisamente permitir la prestación de redes y servicios en toda la UE con una sola notificación, reduciendo costes administrativos y de transacción https://bit.ly/4xo0aVZ
Ahí está el punto decisivo: el pasaporte único no protege al operador pequeño por ser nacional, sino que premia al operador capaz de integrarse en una lógica europea. Por tanto, los pequeños tendrán básicamente dos caminos. Podrán intentar competir solos, asumiendo el riesgo de quedar atrapados en mercados locales con menos escala; o podrán integrarse en alianzas paneuropeas, consorcios de compra, acuerdos de compartición de infraestructura, plataformas comunes o redes mayoristas que les permitan ganar dimensión sin desaparecer jurídicamente. Esta segunda vía encaja mejor con el espíritu de la propuesta, porque crea escala operativa sin reducir necesariamente el número de competidores mediante fusiones nacionales.
Por eso la defensa cerrada de las fusiones nacionales puede resultar estratégicamente equivocada. Si Bruselas consolida una regulación que facilita la entrada transfronteriza, los directivos que concentren su estrategia en comprar rivales dentro de su país pueden quedar descolocados frente a quienes construyan alianzas europeas más flexibles. Una fusión nacional puede mejorar márgenes locales, pero no crea por sí sola una posición continental. En cambio, un consorcio que combine presencia en varios países, plataformas comunes y capacidad de inversión coordinada sí puede capturar valor en distintos mercados sin depender de que las autoridades de competencia permitan reducir operadores en cada Estado.
La Comisión no presenta el pasaporte único como una autorización para relajar la competencia, sino como una herramienta de armonización. La propuesta pretende sustituir parte de la complejidad del marco actual por un reglamento más directamente aplicable, con reglas más homogéneas y un mercado interior más integrado. El Consejo de la UE resume la propuesta como un intento de simplificar y armonizar el marco de comunicaciones electrónicas para apoyar un mercado interno más integrado https://bit.ly/4oe13MF
La consecuencia para las grandes operadoras también será importante. Ya no bastará con alegar que Europa necesita “campeones” mediante fusiones. Tendrán que demostrar capacidad real de competir a escala europea: productos comunes, redes más eficientes, despliegues coordinados, inversión en 5G standalone, fibra, edge computing, ciberseguridad y servicios digitales avanzados. Si no lo hacen, el pasaporte único puede abrir la puerta a que otros actores —operadores regionales coordinados, mayoristas neutrales, plataformas cloud-telco o consorcios transfronterizos— que capturen parte del valor que hoy las incumbentes pretenden retener mediante consolidación nacional.
También conviene matizar que el efecto no será automático ni inmediato. BEREC ha valorado positivamente la ambición de modernizar el marco, pero ha advertido de que la propuesta debe mejorar para asegurar que realmente simplifica y no añade nuevas capas de complejidad https://bit.ly/4oo6Dw0 Además, algunos análisis han señalado que el pasaporte único por sí solo no crea un mercado único completo si persisten diferencias en espectro, fiscalidad, derechos de paso, obligaciones locales o condiciones de despliegue https://bit.ly/4uRnbyK
Aun así, la dirección regulatoria es clara: Europa quiere pasar de 27 mercados protegidos por fricciones administrativas a un espacio más abierto y paneuropeo. En ese escenario, los operadores como Telefónica que sigan defendiendo únicamente fusiones nacionales corren el riesgo de prepararse para el mercado antiguo, no para el nuevo. El pasaporte único puede convertir la escala europea en una obligación competitiva de facto: quien no se integre, coopere o expanda su modelo más allá de su frontera nacional quedará más expuesto a operadores y consorcios capaces de actuar en toda la Unión.
Hay cuatro ángulos estratégicos muy relevantes que sé deben de tener en cuenta ya que están alineados con la filosofía de la Comisión Europea, son los siguientes:
1. La diferencia entre "escala financiera" y "escala de mercado"
Uno de los puntos menos desarrollados es que los directivos de las grandes telecos suelen presentar la escala como un problema exclusivamente financiero cuando la Comisión la está planteando como un problema de mercado. Estados Unidos no tiene operadores gigantes porque se fusionaran repetidamente dentro de un único Estado. Los tiene porque nacieron dentro de un mercado único de más de 330 millones de habitantes. China Mobile no posee escala porque absorbiera decenas de operadores provinciales recientemente, sino porque opera en un mercado integrado de más de 1.400 millones de personas.
La Comisión está intentando precisamente crear un entorno similar dentro de Europa. La diferencia es fundamental:
- La fusión genera escala financiera.
- El mercado único genera escala económica.
La primera aumenta el tamaño de la empresa. La segunda aumenta el tamaño del mercado. Son fenómenos distintos y el ADN parece orientarse claramente hacia el segundo. Este argumento reforzaría enormemente la crítica a quienes identifican automáticamente "más tamaño empresarial" con "más competitividad".
2. El riesgo de que las fusiones destruyan precisamente lo que Europa necesita
Otro ángulo poco tratado es que la consolidación nacional puede dificultar posteriormente la consolidación paneuropea. Si cada país termina con dos o tres operadores extremadamente dominantes:
- España tendría sus campeones nacionales.
- Francia tendría los suyos.
- Alemania tendría los suyos.
- Italia tendría los suyos.
Pero seguirían siendo campeones nacionales. Cuando posteriormente intentaran competir en toda Europa, se encontrarían con operadores equivalentes en cada mercado. Es decir, podrían haber reducido la competencia interna sin resolver la fragmentación europea. La paradoja sería que las fusiones nacionales podrían fortalecer las fronteras económicas que la Comisión intenta eliminar. Este es un argumento que conecta muy bien con la idea central del mercado único.
3. El verdadero ganador podría no ser ninguna teleco tradicional
Este es probablemente el ángulo más disruptivo y menos comentado. La ADN no está pensada únicamente para Telefónica, Deutsche Telekom, Vodafone u Orange. También abre oportunidades para:
- operadores virtuales paneuropeos,
- plataformas cloud,
- proveedores de infraestructura neutral,
- empresas de edge computing,
- compañías especializadas en redes privadas,
- futuros operadores digitales basados en software.
La Comisión insiste repetidamente en:
- virtualización,
- cloud,
- edge,
- IA,
- redes programables.
Eso significa que el gran beneficiado del nuevo marco podría no ser necesariamente una teleco tradicional. Podría ser un nuevo actor capaz de operar a escala europea desde una estructura mucho más ligera. Este argumento encaja muy bien con la idea de que algunos ejecutivos como Marc Murtra están librando la batalla anterior mientras Bruselas está diseñando el mercado de la siguiente década.
4. La dimensión geopolítica
Quizá sea el elemento más importante que falta. El informe insiste varias veces en:
- resiliencia,
- satélites,
- autonomía estratégica,
- infraestructuras críticas,
- soberanía tecnológica.
Eso implica que el ADN no es únicamente una reforma económica. Es una reforma geopolítica. La Comisión parece asumir que:
- depender de proveedores chinos,
- depender de hyperscalers estadounidenses,
- depender de constelaciones extranjeras,
es un riesgo estratégico.
Por eso impulsa:
- autorización satelital europea,
- coordinación de espectro,
- redes resilientes,
- mercado único digital.
En ese contexto, las fusiones nacionales aparecen como una respuesta demasiado pequeña para un problema mucho mayor. La cuestión ya no es únicamente si Telefónica o Deutsche Telekom ganan más dinero. La cuestión es si Europa puede construir infraestructuras digitales capaces de sostener su autonomía estratégica durante las próximas décadas.
Laa idea que se desprende de la estrategia de la Comisión Europea sería la siguiente:
“La Comisión no está intentando crear operadores más grandes; está intentando crear un mercado más grande”.
Esta frase resume de forma muy precisa la diferencia entre la visión defendida por buena parte de los ejecutivos del sector y la dirección que parece marcar la Ley de Redes Digitales (ADN) que ha aprobado la Comisión Europea. Además, conecta todos los elementos descritos en el post: mercado único, pasaporte único, espectro armonizado, servicios satelitales europeos, competencia paneuropea y alianzas transfronterizas. Es probablemente la pieza conceptual que mejor articula toda la argumentación que he descrito a lo largo del post.
La discusión que hoy domina el sector europeo de las telecomunicaciones enfrenta dos visiones distintas del futuro. La primera considera que la competitividad solo puede recuperarse mediante una mayor concentración empresarial y una relajación de las normas de competencia (directivos). La segunda, que es la que parece desprenderse de la estrategia de la Comisión Europea, sostiene que la verdadera escala no procede de reducir el número de operadores nacionales, sino de eliminar las barreras que fragmentan el mercado europeo.
Si la Ley de Redes Digitales se desarrolla en la dirección anunciada, la cuestión dejará de ser cuántos operadores existen en cada Estado miembro y pasará a ser qué operadores son capaces de competir, cooperar e innovar a escala continental. En ese escenario, la integración del mercado europeo podría convertirse en un factor de transformación mucho más relevante que cualquier proceso de consolidación nacional.
Para terminar el post quiero manifestar que como conclusión, que la revisión del CECE y la futura Ley de Redes Digitales ponen de manifiesto una realidad incómoda para buena parte de los actuales dirigentes del sector: Europa no considera que su principal problema sea la existencia de demasiados operadores, sino la existencia de demasiadas fronteras regulatorias. Mientras algunos ejecutivos continúan defendiendo fusiones nacionales y una relajación de las normas de competencia como solución a la pérdida de competitividad europea, la Comisión está diseñando un mercado donde la escala deberá obtenerse compitiendo y operando en toda la Unión, no reduciendo el número de competidores dentro de cada Estado miembro.
La diferencia no es menor. Las fusiones nacionales pueden aumentar el tamaño de determinadas compañías, pero no eliminan la fragmentación que ha limitado históricamente el desarrollo del sector europeo. De hecho, existe el riesgo de que quienes hoy concentran sus esfuerzos en consolidar posiciones nacionales estén preparándose para un mercado que está desapareciendo mientras descuidan el mercado que Bruselas pretende construir. La futura ventaja competitiva no dependerá únicamente de tener más clientes en un país concreto, sino de la capacidad para operar, innovar e invertir a escala continental.
La Comisión Europea parece haber llegado a una conclusión clara: el futuro de las telecomunicaciones europeas no pasa por crear menos operadores, sino por crear un mercado más grande. Quienes sigan interpretando la escala únicamente como una cuestión de concentración empresarial pueden descubrir demasiado tarde que el verdadero cambio estratégico no consiste en comprar competidores, sino en aprender a competir en una Europa que, por primera vez, aspira a comportarse como un único mercado de telecomunicaciones.
Ya lo dijo Jacques Delors: “La competencia que estimula, la cooperación que refuerza y la solidaridad que une.”
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