A principios de los años 2000, cuando la Unión Europea puso en marcha el sistema de navegación por satélite Galileo, muchas voces dentro de la propia industria europea lo calificaron de innecesario. El argumento era simple: Estados Unidos ya tenía el GPS, era gratuito y funcionaba bien, así que invertir miles de millones en una alternativa europea parecía un lujo sin sentido. Durante años, incluso empresas y administraciones europeas siguieron diseñando servicios críticos apoyándose exclusivamente en una infraestructura que no estaba bajo control europeo.
El punto de inflexión llegó cuando se asumió una realidad incómoda: el GPS podía ser degradado, limitado o condicionado por decisiones políticas ajenas a Europa. Galileo no nació para sustituir al GPS, sino para garantizar que Europa nunca más dependiera de la voluntad de terceros para servicios estratégicos como el transporte, la energía, las comunicaciones o la seguridad. Hoy, Galileo no solo refuerza la soberanía europea, sino que es un estándar global integrado incluso por sistemas estadounidenses.
La anécdota resulta especialmente reveladora en el debate actual sobre la nube. Como ocurrió con Galileo, Europa dispone hoy de servicios funcionales ofrecidos por actores externos. La cuestión no es si funcionan, sino quién decide sobre ellos cuando están en juego intereses estratégicos.
La publicación de la iniciativa de Telefónica para impulsar una nube soberana española junto a los grandes hiperescaladores norteamericanos no es una noticia aislada ni meramente empresarial. Es, en realidad, el reflejo de una tensión estructural que atraviesa hoy a Europa: la distancia creciente entre los objetivos políticos de autonomía estratégica defendidos por las instituciones europeas y las decisiones estratégicas de buena parte de los directivos de las grandes compañías del sector. Una brecha que condiciona el futuro digital, económico y geopolítico del continente.
En un contexto marcado por la dependencia tecnológica de proveedores extracomunitarios (hiperescaladores norteamericanos), por la presión de legislaciones extraterritoriales como el Cloud Act y por la fragmentación del mercado digital europeo, la Unión Europea —y muy especialmente la Comisión Europea— ha comenzado a articular una respuesta basada en soberanía del dato, infraestructuras propias y cooperación paneuropea. Sin embargo, esa visión choca con una estrategia industrial aún dominada por lógicas nacionales, fusiones defensivas y objetivos financieros de corto plazo, que no generan verdadera escala europea ni capacidades estratégicas nuevas.
Este análisis parte de esa contradicción central. A lo largo del texto del post se examina cómo la apuesta por nubes soberanas nacionales, la posible creación de un consorcio europeo de infraestructura cloud al estilo Airbus y las posiciones expresadas por líderes políticos europeos convergen en una misma dirección: Europa necesita recuperar el control de sus activos digitales críticos. Al mismo tiempo, se pone de relieve por qué la actual orientación estratégica de parte de la industria de las telecomunicaciones actualmente resulta contraproducente y qué decisiones políticas concretas —a nivel europeo y nacional— serían necesarias para corregir esta deriva.
No se trata de oponer mercado y Estado, ni de cerrar Europa al mundo, sino de plantear una cuestión de fondo: si Europa quiere seguir decidiendo sobre su modelo económico, democrático y social en la era digital, necesita infraestructuras propias y una industria alineada con ese objetivo. Este post pretende contribuir desde el análisis a ese debate desde una perspectiva rigurosa, estructural y claramente europea.
Hoy se publica en la prensa la noticia que explica cómo Telefónica está impulsando, junto a los grandes hiperescaladores —Google, Microsoft, Amazon y Oracle—, el desarrollo de una nube soberana española. El objetivo es que estos servicios cloud cumplan con los futuros requisitos de seguridad, fiabilidad y control territorial que exigirán las administraciones públicas españolas en contratos y licitaciones. Telefónica busca integrar la tecnología de estos hiperescaladores con su propia infraestructura para ofrecer soluciones seguras a clientes empresariales y organismos públicos.
El Gobierno español respalda esta iniciativa porque refuerza la soberanía nacional de los datos sensibles, y va más allá de la simple aplicación de la normativa europea de protección de datos. El Ejecutivo pretende que exista control y supervisión directa desde el territorio español, lo que implica que los centros de datos de estos proveedores estén ubicados físicamente en España y sometidos a estándares de seguridad certificados por entidades independientes. Esta estrategia responde, en parte, al riesgo que supone el Cloud Act estadounidense, que permite al gobierno norteamericano reclamar acceso a datos gestionados por empresas norteamericanas incluso fuera de su territorio.
Países como Alemania, Francia e Italia han desarrollado modelos similares apoyándose en sus grandes operadoras nacionales, con el fin de blindar la información estratégica frente a injerencias externas. En el caso español, el cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad (ENS) será clave: los proveedores cloud deberán certificarse en niveles básico, medio o alto según la criticidad de los datos que gestionen, siendo esta homologación imprescindible para trabajar con la administración pública y sectores estratégicos. En conjunto, la noticia refleja un giro europeo hacia una mayor autonomía digital, donde la innovación en la nube debe convivir con el control nacional de los datos, reforzando la posición de las empresas europeas frente a las grandes tecnológicas internacionales bit.ly/3O3FeRG
Ante la actual dependencia estructural europea de proveedores cloud extracomunitarios, como son los hiperescaladores norteamericanos, un consorcio europeo de infraestructura soberana de datos, inspirado explícitamente en el modelo Airbus, permitiría responder de forma coordinada, realista y plenamente alineada con los marcos regulatorios de la Unión Europea, sin recurrir a planteamientos especulativos.
El proyecto de consorcio europeo de nube soberana, integrado inicialmente por Telefónica, Orange y Deutsche Telekom, se concibe como una respuesta estructural y realista a la fragilidad europea en materia de datos, computación en la nube y dependencia tecnológica. Siguiendo el estándar industrial de Airbus, no se trata de crear un campeón artificial desde cero, sino de federar capacidades existentes, con una gobernanza común, objetivos compartidos y una clara división funcional del trabajo.
La primera fase, de constitución, gobernanza y normalización, es la más crítica desde el punto de vista estratégico. En ella se crearía una sociedad instrumental europea, con participación equilibrada y sede jurídica en la UE, encargada de definir el marco común del proyecto. Esta entidad establecería estándares técnicos, modelos de interoperabilidad, criterios de soberanía del dato, esquemas de certificación y reglas de acceso de terceros. El coste principal de esta fase no sería tecnológico, sino organizativo y regulatorio: equipos jurídicos, técnicos y de ciberseguridad, adaptación de procesos internos y armonización normativa entre países. Sin embargo, el retorno sería inmediato en términos de reducción de fragmentación, algo que los estudios de Mario Draghi han señalado como uno de los mayores lastres de la competitividad europea. En esta etapa, el reparto de tareas permitiría aprovechar sinergias ya existentes: Deutsche Telekom lideraría el cumplimiento normativo y la alineación con GDPR y ENS equivalentes; Orange definiría los marcos de certificación y seguridad; y Telefónica actuaría como puente operativo con administraciones públicas y sectores estratégicos.
La segunda fase, centrada en el despliegue de infraestructura federada, supondría la mayor inversión de capital (CAPEX) del proyecto. Consistiría en reforzar y adaptar centros de datos ya existentes, así como construir nuevas instalaciones cuando fuese necesario, siempre en territorio europeo y bajo control directo de los operadores. El modelo federado evita duplicidades innecesarias: no se crean “hipercentros” redundantes, sino una malla interoperable, donde cada país mantiene jurisdicción sobre sus datos. El coste sería elevado, pero significativamente inferior al de competir individualmente con los hiperescalares, ya que se reutilizan activos, redes, personal y know-how. La sinergia clave aquí es la economía de escala europea, uno de los puntos centrales del informe de Enrico Letta, que subraya la necesidad de infraestructuras compartidas para completar el mercado único digital.
En la tercera fase, orientada a servicios y soberanía operativa, el consorcio comenzaría a generar retornos económicos directos. La plataforma cloud europea certificada permitiría prestar servicios cuasi en régimen de monopolio a nivel europeo, al tener una escala y recursos que nadie posee con nacionalidad europea, lo haría a administraciones públicas, sanidad, defensa, energía, telecomunicaciones y sector financiero, segmentos de alto valor añadido y estabilidad contractual. El coste operativo (OPEX) se optimizaría gracias al reparto funcional: Orange concentraría recursos en ciberseguridad avanzada; Deutsche Telekom en auditoría, trazabilidad y control continuo; y Telefónica en operación, conectividad y edge computing. La gran sinergia de esta fase es estratégica: los datos sensibles permanecerían bajo control europeo, incluso cuando se integren tecnologías de terceros, neutralizando riesgos asociados a legislaciones extraterritoriales como el Cloud Act de Estados Unidos.
La fase final, de consolidación estratégica, transforma el consorcio en un instrumento estructural de la política industrial europea. Al actuar como interlocutor único ante la Comisión Europea, el proyecto permitiría coordinar inversiones, canalizar fondos comunitarios, orientar la innovación y racionalizar las compras públicas. Los costes adicionales serían limitados y principalmente institucionales, mientras que los beneficios serían sistémicos: mayor resiliencia digital, reducción de dependencias críticas y fortalecimiento del tejido tecnológico europeo. Este enfoque encaja plenamente con la visión de Draghi sobre la necesidad de autonomía estratégica abierta y con la propuesta de Letta de superar la lógica puramente nacional para competir a escala continental.
En términos globales, el balance coste–beneficio del proyecto es favorable no solo desde una perspectiva económica, sino también geopolítica e industrial. El consorcio no rompe con el mercado global ni excluye a proveedores internacionales, pero establece condiciones claras de control, soberanía y reciprocidad. Como en el caso de Airbus, el éxito no dependería de sustituir actores existentes, sino de alinear capacidades nacionales bajo una visión común, capaz de dotar a Europa de una infraestructura crítica propia, sostenible y coherente con sus valores regulatorios y democráticos.
Además de reforzar la autonomía estratégica europea en materia de datos y computación en la nube, una infraestructura soberana construida sobre un consorcio industrial al estilo Airbus generaría beneficios estructurales de largo alcance para Europa, que van mucho más allá del ámbito puramente tecnológico. Se trataría, en la práctica, de una infraestructura habilitadora, comparable a lo que en su momento supusieron la red eléctrica europea, Galileo o el propio Airbus para la industria aeronáutica.
En primer lugar, esta infraestructura tendría un impacto directo sobre la competitividad económica europea. Al disponer de una nube certificada, interoperable y jurídicamente segura, las empresas europeas —especialmente pymes, scale-ups y sectores industriales tradicionales— podrían digitalizar procesos críticos sin asumir riesgos legales ni depender de marcos regulatorios ajenos. Esto reduciría costes de cumplimiento, simplificaría auditorías y permitiría que la innovación se concentre en el producto y no en la gestión del riesgo regulatorio. En línea con los diagnósticos del Informe Draghi, la infraestructura actuaría como un multiplicador de productividad, atacando uno de los principales déficits estructurales de la economía europea frente a EE. UU. y China.
Un segundo beneficio clave sería la profundización real del mercado único digital europeo. Hoy, la fragmentación normativa y técnica obliga a muchas empresas a replicar soluciones país por país. Una nube soberana federada permitiría operar con estándares comunes, identidades digitales interoperables y reglas homogéneas de tratamiento del dato. Esto encaja directamente con la visión del Informe Letta, que identifica la falta de infraestructuras compartidas como uno de los grandes frenos para completar el mercado único. El consorcio no solo facilitaría la movilidad de datos, sino también la movilidad empresarial y de servicios a escala continental.
Desde el punto de vista industrial y laboral, la infraestructura generaría un efecto tractor sobre el ecosistema tecnológico europeo. El desarrollo y operación de centros de datos, plataformas cloud, sistemas de ciberseguridad, auditoría y edge computing impulsaría empleo cualificado, retención de talento y creación de cadenas de valor locales. A diferencia del modelo actual, en el que gran parte del valor se captura fuera de Europa, este enfoque permitiría internalizar conocimiento, capacidades críticas y rentas tecnológicas. Además, reforzaría el papel de grandes operadores europeos como Telefónica, Orange y Deutsche Telekom como motores industriales, no solo como proveedores de servicios.
Otro beneficio fundamental sería el refuerzo de la resiliencia sistémica europea. Una infraestructura propia, distribuida y federada reduce la exposición a interrupciones externas, sanciones, conflictos geopolíticos o decisiones unilaterales de terceros países. En un contexto de creciente inestabilidad global, la capacidad de garantizar la continuidad de servicios críticos —sanidad, energía, transporte, telecomunicaciones, defensa— se convierte en un activo estratégico de primer orden. Esta resiliencia no es solo técnica, sino también jurídica y política: los datos estarían sometidos exclusivamente a jurisdicción europea.
La infraestructura también tendría un impacto relevante en la capacidad regulatoria y normativa de la Unión Europea. Al disponer de una plataforma propia, Europa no solo regula ex post, sino que codifica sus valores directamente en la arquitectura tecnológica: privacidad por diseño, trazabilidad, transparencia algorítmica, seguridad y control democrático. Esto refuerza el llamado “poder normativo europeo”, permitiendo que estándares europeos se conviertan en referencia internacional, en lugar de adaptarse a estándares definidos por otros actores globales.
Asimismo, el consorcio facilitaría una mejor utilización de los fondos europeos. En lugar de subvencionar proyectos fragmentados o duplicados, la Comisión Europea podría canalizar inversiones hacia una infraestructura común, con retornos medibles y efectos de arrastre en múltiples sectores. Esto aumentaría la eficiencia del gasto público y reforzaría la legitimidad de las políticas industriales europeas ante los ciudadanos.
Y por último, desde una perspectiva geopolítica, esta infraestructura otorgaría a Europa una mayor capacidad de negociación internacional. La UE dejaría de ser únicamente un gran mercado regulado para convertirse en un actor tecnológico con activos propios, capaz de establecer relaciones más equilibradas con Estados Unidos, China y otros polos tecnológicos. No se trata de aislamiento, sino de interdependencia simétrica, donde Europa coopera desde una posición de fortaleza y no de dependencia como lo hace actualmente con los hiperescaladores.
En conjunto, una infraestructura cloud soberana europea no sería solo una solución técnica, sino un pilar estructural del proyecto europeo en el siglo XXI: impulsaría competitividad, cohesión, resiliencia, soberanía democrática y liderazgo normativo. Como ocurrió con Airbus, su verdadero valor no residiría únicamente en lo que produce, sino en lo que permite que Europa sea capaz de hacer por sí misma.
La deriva hacia fusiones defensivas dentro de la industria europea de telecomunicaciones y tecnología como la manifestada por directivos de la industria como Marc Murtra, Christel Heydemann, etc., entra en clara contradicción con la necesidad estratégica de construir infraestructuras compartidas, abiertas y paneuropeas. Lejos de reforzar la autonomía digital, muchas de estas operaciones —impulsadas por directivos bajo presión financiera— reducen competencia, fragmentan la innovación y debilitan el interés general europeo, incluso cuando cuentan con el beneplácito tácito de algunos gobiernos nacionales. Esta lógica choca frontalmente con la posición histórica de la Comisión Europea, que ha defendido la competencia efectiva como pilar del mercado único.
Para corregir esta deriva perniciosa, los gobiernos europeos deberían actuar de forma coordinada, estructural y sin ambigüedades, abandonando respuestas reactivas o puramente nacionales.
En primer lugar, resulta imprescindible separar claramente la política de competencia de la política industrial, algo que hoy sigue confundiéndose de manera interesada por los directivos de la industria. Las fusiones se presentan a menudo como “necesarias para competir con los gigantes estadounidenses”, cuando en realidad no crean escala tecnológica real, sino concentración de mercado en ámbitos nacionales. Los gobiernos deben respaldar a la Comisión Europea para que mantenga criterios estrictos en el control de concentraciones, evitando excepciones ad hoc que solo benefician a accionistas a corto plazo y no generan capacidades estratégicas nuevas.
En segundo lugar, los Estados deberían reorientar los incentivos públicos. Hoy, muchas fusiones se ven favorecidas indirectamente por marcos regulatorios laxos, expectativas de rescates implícitos o promesas de alivio regulatorio. Frente a ello, los gobiernos deben condicionar cualquier apoyo público —financiero, fiscal o regulatorio— a proyectos de cooperación industrial paneuropea, como consorcios de infraestructura, estándares comunes o plataformas compartidas. No se trata de premiar el tamaño, sino la contribución efectiva a objetivos estratégicos europeos.
Una tercer lugar, una acción clave es reforzar el papel del Estado como cliente estratégico. Las administraciones públicas europeas son grandes compradoras de servicios digitales, cloud y telecomunicaciones. Si los gobiernos alinean sus políticas de compra con criterios de interoperabilidad, soberanía y cooperación europea, desplazan automáticamente los incentivos empresariales desde la fusión defensiva hacia la colaboración estructural. Esto no requiere nuevas leyes, sino voluntad política y coherencia en la contratación pública.
Asimismo, los gobiernos deben impulsar una gobernanza europea de infraestructuras críticas, distinta de la lógica mercantil clásica. En sectores estratégicos —datos, nube, redes, ciberseguridad—, la fragmentación derivada de fusiones nacionales reduce resiliencia y aumenta dependencia externa. Frente a ello, los Estados deberían promover estructuras federadas, donde las empresas sigan compitiendo comercialmente, pero compartan activos críticos bajo reglas comunes. Esta aproximación es radicalmente distinta a la fusión que hoy defienden directivos como Murtra: preserva competencia y genera escala funcional, no monopolios nacionales.
Otra medida imprescindible es corregir los incentivos de la alta dirección empresarial. La actual obsesión por la consolidación responde en gran parte a sistemas de retribución ligados al valor bursátil a corto plazo y a la reducción de competencia doméstica. Los gobiernos, como reguladores y en muchos casos accionistas indirectos al no participar en la gestión, deben exigir a los directivos de las telecos criterios de desempeño ligados a inversión, innovación y cooperación europea, especialmente en sectores regulados. No es una injerencia ideológica, sino una exigencia de responsabilidad estratégica.
Finalmente, los Estados miembros deben actuar de forma conjunta y explícita para respaldar una visión europea de largo plazo. Mientras cada gobierno siga tolerando fusiones nacionales “defensivas” para proteger campeones locales, el resultado será una Europa compuesta por actores medianos, poco innovadores y estructuralmente dependientes de terceros como hoy recoge la noticia con respecto a la nube de los hiperescaladores norteamericanos. Corregir esta deriva exige liderazgo político, claridad de objetivos y una alineación real con la Comisión Europea, no discursos favorables a Europa combinados con decisiones nacionales contradictorias.
En síntesis, la respuesta a la estrategia de fusiones no pasa por más permisividad, sino por cambiar el marco de incentivos. Europa no necesita menos competencia, sino mejor cooperación; no necesita empresas más grandes en lo nacional, sino infraestructuras más fuertes en lo europeo. Los gobiernos como él español tienen las herramientas para lograrlo; lo que está en juego no es la cuenta de resultados de unas pocas compañías, sino la capacidad de Europa para decidir su propio futuro tecnológico.
Tanto Ursula von der Leyen como Teresa Ribera se han pronunciado de forma coherente y convergente sobre la necesidad de reforzar la autonomía estratégica europea en el ámbito digital, aunque desde planos institucionales distintos. Sus posiciones no parten de una defensa explícita de un “hiperescalador europeo” entendido como réplica directa de los gigantes estadounidenses, sino de una visión más estructural y compatible con el modelo europeo de: mercado, regulación y soberanía.
En el caso de Ursula von der Leyen, su planteamiento se inscribe dentro del concepto de autonomía estratégica abierta, que ha sido uno de los ejes de su mandato al frente de la Comisión Europea. En múltiples intervenciones sobre soberanía digital, la presidenta de la Comisión ha subrayado que Europa no puede depender estructuralmente de infraestructuras críticas controladas por terceros países, especialmente cuando se trata de datos sensibles, servicios esenciales y tecnologías habilitadoras como la nube, la inteligencia artificial o los semiconductores. Von der Leyen ha defendido de forma reiterada que la UE debe desarrollar capacidades propias, no para cerrar su economía, sino para garantizar libertad de decisión, resiliencia y seguridad jurídica.
En este marco, la idea de una gran infraestructura cloud europea encaja plenamente con su discurso: no como un monopolio público ni como una copia de los hiperescaladores existentes, sino como una capacidad industrial y tecnológica europea, alineada con el Derecho comunitario, el GDPR y los valores europeos. Para la Comisión, el nacimiento de un hiperescalador europeo —o de una federación de infraestructuras soberanas— sería una oportunidad estratégica para reducir dependencias críticas, reforzar el mercado único digital y permitir que la regulación europea se apoye en infraestructura propia, en lugar de limitarse a regular infraestructuras ajenas. En este sentido, Von der Leyen ha situado siempre este tipo de proyectos en el ámbito de la política industrial europea, no como una excepción a la competencia, sino como una forma de crear escala donde el mercado por sí solo no la genera.
Por su parte la Comisaria de Competencia, Teresa Ribera, desde su responsabilidad en el Gobierno de España y su interlocución constante con las instituciones europeas, ha abordado esta cuestión desde una óptica más directamente ligada a la soberanía, la seguridad y el interés público. Ribera ha insistido en que la transición digital, al igual que la transición energética, no puede quedar en manos de estructuras de dependencia externa que condicionen la capacidad de los Estados para proteger datos, garantizar servicios esenciales o aplicar sus propias políticas públicas. En sus declaraciones sobre digitalización y sectores estratégicos, ha defendido que los datos son un activo crítico, comparable a la energía o las infraestructuras físicas.
Desde esta perspectiva, Ribera ha valorado positivamente la creación de capacidades europeas propias en la nube, especialmente cuando están orientadas a administraciones públicas, sanidad, energía, telecomunicaciones y otros sectores regulados. Para el Ejecutivo español, y en línea con su discurso, un hiperescalador europeo o una infraestructura cloud soberana no sería solo una herramienta económica, sino un instrumento de seguridad nacional y europea, capaz de garantizar que las decisiones estratégicas se toman bajo jurisdicción europea y no quedan expuestas a legislaciones extraterritoriales.
Ambas visiones convergen en un punto esencial: la autonomía estratégica no se logra bloqueando a los actores globales, sino equilibrando la relación con ellos. Tanto Von der Leyen como Ribera han defendido que Europa debe seguir siendo un espacio abierto a la innovación y a la inversión, pero desde una posición de fortaleza. El nacimiento de un hiperescalador europeo —especialmente si adopta una forma federada y cooperativa— sería visto por ambas como una palanca estructural para ganar capacidad de negociación, proteger el interés general y asegurar que la digitalización europea se construye sobre bases propias.
En síntesis, sus declaraciones y posicionamientos dibujan un marco claro: Europa necesita infraestructura digital soberana para sostener su modelo político, económico y social. Un hiperescalador europeo no sería un fin en sí mismo, sino una herramienta estratégica al servicio de la autonomía, la resiliencia y la capacidad de decisión de la Unión en un contexto global cada vez más competitivo y geopolíticamente tensionado.
La desalineación entre la estrategia de muchos directivos de grandes operadores europeos como: Telefónica, Orange, Deutsche Telekom, etc., y las políticas de soberanía estratégica de la Unión Europea, no es un problema coyuntural ni personalista, sino estructural. Responde a un marco de incentivos, gobernanza y regulación que empuja a las cúpulas empresariales a priorizar el retorno financiero a corto plazo, incluso cuando ello entra en conflicto con objetivos europeos de largo alcance como la autonomía digital, la resiliencia o la seguridad. Corregir esta situación exige una acción política clara, coherente y sostenida, tanto a nivel europeo como nacional.
Desde el plano europeo, el primer paso imprescindible es redefinir la relación entre política de competencia y política industrial, sin renunciar a ninguna de las dos. La Comisión Europea ha mantenido una posición consistente en defensa de la competencia, pero los gobiernos nacionales han permitido —de facto— que los operadores interpreten la “escala” como sinónimo de fusión doméstica. La política debe corregir esta narrativa estableciendo con claridad que la escala estratégica europea se construye mediante cooperación estructural, no mediante concentración nacional. Esto implica que la Comisión cuente con respaldo político explícito para bloquear fusiones contrarias al interés europeo y, al mismo tiempo, promover activamente consorcios, plataformas compartidas e infraestructuras federadas.
Un segundo eje clave es el rediseño de los incentivos públicos. Hoy, los operadores reciben beneficios regulatorios, acceso a espectro, ayudas indirectas o expectativas de protección nacional sin contraprestaciones estratégicas claras. Desde la política europea y estatal debe imponerse un principio simple: quien opera infraestructuras críticas debe contribuir a objetivos estratégicos comunes. El acceso a ayudas, flexibilidades regulatorias o fondos europeos debería estar condicionado a compromisos verificables en materia de inversión, cooperación europea, soberanía del dato e interoperabilidad. Esto no es intervención ideológica, sino condicionalidad estratégica, habitual en otros sectores como la energía o la defensa.
En paralelo, es imprescindible actuar sobre la gobernanza corporativa. Muchos consejos de administración y equipos directivos están formados casi exclusivamente por perfiles financieros, con escasa comprensión del papel sistémico de las telecomunicaciones y la nube. Desde la política —y dentro del marco legal— pueden impulsarse exigencias de idoneidad estratégica, especialmente en empresas que gestionan activos críticos. Esto incluye reforzar la presencia de perfiles con experiencia en regulación europea, seguridad, industria y tecnología, así como introducir métricas de desempeño ligadas a inversión productiva y cooperación europea, no solo al valor bursátil.
En el ámbito nacional, y concretamente en España, el Estado dispone de herramientas adicionales que deben usarse con mayor coherencia estratégica. El Gobierno es regulador, gran cliente y, en algunos casos, accionista indirecto de empresas clave. Esto le permite alinear contratación pública, regulación sectorial y política industrial. Si las administraciones priorizan servicios digitales y cloud que cumplan criterios de soberanía, interoperabilidad y control europeo, los operadores adaptarán inevitablemente su estrategia. No se trata de dirigir empresas, sino de orientar el mercado mediante demanda pública inteligente.
Otro elemento central es la coordinación política entre Estados miembros. Mientras cada país siga defendiendo “su campeón nacional”, los directivos seguirán actuando en clave defensiva y local, pero contra la estrategia europea que busca la soberanía y autonomía de Europa respecto a Estados Unidos y China. La política debe enviar una señal inequívoca: la protección vendrá de la cooperación europea, no del repliegue nacional. Esto exige acuerdos explícitos entre gobiernos europeos para respaldar proyectos comunes —como infraestructuras cloud soberanas— y para abstenerse de decisiones nacionales que los socaven.
Por último, es necesario un cambio en el discurso político. Durante años se ha tolerado que los operadores justifiquen estrategias contrarias al interés europeo en nombre de una supuesta inevitabilidad del mercado global. La política debe recuperar la legitimidad de definir objetivos estratégicos y exigir que los actores privados que operan infraestructuras críticas se alineen con ellos. Esto no supone negar la lógica empresarial, sino integrarla en una visión de interés general, como ocurre en otros sectores estratégicos.
En síntesis, cambiar la situación actual no requiere expropiaciones ni dirigismo, sino coherencia política: alinear incentivos, condicionar apoyos, reforzar la gobernanza estratégica y actuar de forma coordinada a escala europea. Si la política no corrige este desajuste, los directivos seguirán optimizando para su horizonte inmediato y en algunos casos para su supervivencia al frente de las operadoras; si lo hace, el propio sistema empujará a las empresas a converger con los objetivos de soberanía estratégica que Europa necesita para sostener su futuro digital.
Este debate no surge por casualidad ni llega tarde: aparece ahora porque el contexto ha cambiado de forma estructural. Durante años, la dependencia europea de infraestructuras digitales externas fue asumida como un coste aceptable en un entorno global relativamente estable. Hoy ya no lo es. La combinación de la extraterritorialidad jurídica de legislaciones como el Cloud Act, la digitalización acelerada de servicios esenciales —sanidad, energía, defensa, administración— y un escenario geopolítico crecientemente tensionado ha convertido la nube y los datos en activos estratégicos críticos. En este nuevo marco, la ausencia de capacidades propias deja de ser una cuestión de eficiencia económica para convertirse en un problema de soberanía y de capacidad de decisión.
Conviene, además, aclarar una confusión recurrente que atraviesa el debate público y empresarial: escala empresarial no es lo mismo que escala estratégica. La primera se obtiene mediante fusiones, concentración de mercado y aumento de cuota nacional; la segunda se construye asegurando el control, la resiliencia y la gobernanza de infraestructuras críticas a escala europea. Las fusiones defensivas pueden mejorar balances a corto plazo, pero no generan autonomía tecnológica ni reducen dependencias externas. Por el contrario, una infraestructura federada, compartida y soberana permite alcanzar escala estratégica sin sacrificar competencia ni pluralidad empresarial.
En este sentido, lo que se plantea no es una ruptura con el mercado global ni una deriva intervencionista. No se trata de nacionalizar empresas, cerrar Europa al exterior o expulsar a los grandes proveedores internacionales. La cuestión es mucho más concreta y pragmática: alinear los incentivos privados con los objetivos públicos cuando están en juego infraestructuras críticas. Europa necesita un marco en el que la innovación, la inversión y la cooperación industrial avancen en la misma dirección que la seguridad jurídica, la soberanía del dato y el interés general.
Añadir esta perspectiva permite comprender que el debate sobre la nube soberana, los consorcios europeos y la política industrial digital no es ideológico ni coyuntural, sino una decisión estructural sobre el tipo de Europa que quiere existir en la era digital.
Para terminar el post quiero manifestar que el cierre de este debate devuelve inevitablemente a la anécdota con la que se abría el post. Cuando Europa decidió impulsar Galileo, muchos directivos y analistas repitieron exactamente los mismos argumentos que hoy escuchamos sobre la nube: que ya existía una solución eficiente, que depender de terceros no era un problema real, que construir capacidades propias era caro, lento e innecesario. Galileo no nació porque el GPS dejara de funcionar, sino porque Europa entendió que funcionar no es lo mismo que decidir. Esa lección, asumida entonces con retraso y resistencia, es hoy plenamente vigente.
Sin embargo, el momento que atraviesa Europa exige una claridad estratégica que no está presente en buena parte de la alta dirección de las grandes telecos europeas. Mientras la Unión Europea redefine su posición en un nuevo orden mundial marcado por la rivalidad entre bloques, la geopolítica del dato y la securitización de la tecnología, muchos directivos continúan actuando como si nada esencial hubiera cambiado, aferrados a una dependencia cómoda pero estructuralmente suicida.
La estrategia que hoy defienden figuras como Marc Murtra, basada en profundizar alianzas con hiperescaladores extracomunitarios y presentar como “soberanía” el mero hecho de que los centros de datos se ubiquen físicamente en Europa, reproduce exactamente el error previo a Galileo. Externalizar el núcleo tecnológico, la capa de control, el software crítico y, en última instancia, la capacidad de decisión, aunque los racks estén en suelo europeo, no es independencia: es dependencia gestionada. Y la experiencia demuestra que toda dependencia gestionada acaba convirtiéndose, antes o después, en dependencia impuesta.
Europa, como entonces, ha iniciado un giro estratégico claro. Habla de autonomía estratégica, infraestructuras críticas, soberanía del dato, resiliencia industrial y capacidad de decisión. No es retórica: es la respuesta lógica a un mundo donde la tecnología es poder y donde las reglas ya no se fijan solo en los mercados, sino en los marcos jurídicos y geopolíticos. En ese contexto, fiar el futuro de las telecomunicaciones europeas a actores sometidos a legislaciones extraterritoriales equivale a ignorar deliberadamente la dirección de la historia, igual que habría sido ignorarla renunciando a Galileo por la comodidad del GPS.
La incoherencia es profunda. Los mismos directivos que reclaman fusiones nacionales para “ganar escala” aceptan sin fricción una subordinación tecnológica que anula cualquier escala estratégica real. Confunden tamaño con soberanía, balance con resiliencia, corto plazo con futuro. Y lo hacen porque el marco de incentivos sigue premiando la comodidad, no la visión; la reducción de riesgo personal, no la construcción de capacidades colectivas.
Europa no puede permitirse soluciones a medias. No puede aspirar a soberanía digital mientras su infraestructura crítica depende del código, de las arquitecturas y de las decisiones de terceros. No puede hablar de competitividad si renuncia a capturar el valor tecnológico y se resigna a ser un mero operador de infraestructuras físicas al servicio de plataformas ajenas. Y no puede aceptar que sectores estratégicos se rijan exclusivamente por una lógica financiera cuando lo que está en juego es la capacidad de decidir.
Por eso, como ocurrió con Galileo o con Airbus, la iniciativa no puede quedar en manos de directivos cuyo horizonte es el próximo trimestre. Tiene que ser política. Los gobiernos europeos —y el español en particular— deben asumir que la soberanía estratégica no emerge espontáneamente del mercado. Se construye con dirección, condicionalidad, coordinación y coraje. Se construye orientando la demanda pública, impulsando consorcios europeos reales y abandonando definitivamente la ilusión de que depender de hiperescaladores “amables” equivale a autonomía.
La historia europea es clara y coherente consigo misma: cuando Europa ha sido grande, lo ha sido porque ha decidido serlo. Persistir hoy en una estrategia errática no es neutral; es elegir la irrelevancia. Europa no necesita más tiempo, necesita determinación. Porque, como enseñó Galileo, en el mundo que viene la soberanía no se delega: se construye. Y quien no lo entienda hoy, no estará en condiciones de decidir mañana.
Ya lo dijo Mario Draghi: “La soberanía no consiste en alojar los datos en tu territorio, sino en decidir sobre ellos; todo lo demás es dependencia administrada”.
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