En 1790, Hamilton, primer secretario del Tesoro de EEUU cuyo rostro figura en los billetes de 10 dólares, abogaba por una verdadera unidad dentro del federalismo de la nueva nación. Pero la idea de unidad conducía para sus opositores a la centralización de poder, algo no muy distante de lo que habían huido las colonias al levantarse contra el Imperio británico. Uno de los principales puntos de fricción era, precisamente, la mutualización de la deuda. Hamilton defendía que el gobierno federal de EEUU asumiese las deudas en que incurrieron los estados para financiar su rebelión contra los británicos. El estado de Virginia, como la actual Alemania, era el más poderoso de la Unión económicamente y se negaba a pagar las deudas contraídas por las otras colonias. Precisamente el entonces secretario de Estado (y posterior presidente) Thomas Jefferson era de Virginia y se negaba a cumplir con las obligaciones de otros estados más pobres o irresponsables. Sería en un encuentro en la entonces capital, Nueva York, el 20 de junio de 1790 entre Hamilton, Jefferson y otro virginiano y futuro presidente, James Madison, cuando se gestó un acuerdo que sentaría las bases de la organización económica federal de EEUU. Hamilton logró convencer a ambos de que era necesario aplicar un sistema de financiación similar al de los propios británicos y que la mutualización de la deuda conduciría a una Unión más fuerte, pese a que los territorios perdieran una parte de su poder necesariamente, pasando de una suerte de confederación a una verdadera federación de estados. Además, la deuda conjunta pasaría a negociarse como moneda de curso legal, estableciendo una especie de bonos del Tesoro que serían pagados con impuestos arancelarios. Estos pagarés, respaldados por una gran federación y no por un pequeño estado, gozaría de más facilidad para ser colocado posteriormente en los mercados internacionales.
Billete de diez dólares con la efigie de Alexander Hamilton
Telefónica fue fundada en Madrid un 19 de abril de 1924 con el nombre de Compañía Telefónica Nacional de España (CTNE), participada mayoritariamente por la multinacional estadounidense ITT, y a la que se le concedió el monopolio para el desarrollo y explotación del servicio telefónico en España. Un fruto directo del fuerte intervencionismo económico desarrollado durante la dictadura del general Primo de Rivera (1923- 1930), y que tuvo en Campsa otra de sus criaturas en el terreno de los combustibles. La operadora fue creada con domicilio social en la entonces avenida de Conde de Peñalver (hoy Gran Vía), número 5, en Madrid contó con un capital inicial de un millón de pesetas, representadas por unas 2.000 acciones a razón de 500 pesetas cada una. Telefónica no fue totalmente estatal hasta 1945, cuando el gobierno de Franco la nacionalizó haciéndose con el 79,6% de las acciones, participación que quedaría diluida en una ampliación de capital allá por 1967. En 1960, la todavía CTNE, ya era considerada la primera empresa del país con unos 32.000 trabajadores y unos 100.000 accionistas minoritarios. Será la década de los años 90, la que marcará un antes y un después para Telefónica: expansión internacional, privatización y fin del monopolio. Primero cambió su nombre a “Telefónica, S.A” en 1990 creando una filial denominada “Telefónica de España” que absorbió todas sus actividades en nuestro país y adquiriendo la parte del capital de Telefónica Internacional que todavía no poseía. Sin embargo, el mayor cambio para Telefónica llegó de la mano de sendas privatizaciones, en 1995 con él gobierno de Felipe González y 1999 con el gobierno de José María Aznar, de cuyo capital salió el Estado español. A partir de 1996 comienza el proceso de liberalización del sector de las telecomunicaciones, surgiendo marcas como Airtel o Amena (Orange España) que comenzarían a competir en el sector de la telefonía móvil y fija con la ya multinacional española.
Hoy la operadora es un "zombi" bursátil, su caída continua en el mercado se produce desde el año 2007, concretamente desde el 2 de noviembre que cerró en el mercado a 22,90 euros por título. El viernes pasado cerró en los mercados a 2,81 euros por título, esto supone una pérdida de (-87,72%) sin contar los dividendos. Ante la situación actual de la crisis del coronavirus, el Gobierno actual promulgo el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. Con el mismo, se blindaba a la operadora de una posible OPA sobre un activo estratégico del país. Ni que decir tiene que en que hace unos meses, el actual presidente de la operadora andaba buscando un “caballero blanco” que garantizase la españolidad de la operadora con un fondo extranjero, se publicó en prensa la búsqueda de fondos árabes como posibles accionistas de referencia, al final como tantas cuestiones que se han anunciado por el actual equipo directivo, todo quedo en humo y distracción para la ciudadanía https://bit.ly/2RmV61K A la situación descrita anteriormente hay que recordar el hecho de que desde septiembre del año 2012, el actual presidente, fue nombrado consejero delegado de la operadora, cuando llego a dicha responsabilidad la deuda financiera neta era de 53.920 millones de euros y el ratio de deuda neta sobre OIBDA era del 2,56. Sin embargo, cuando fue nombrado presidente de la operadora el 8 de abril del año 2016 la deuda financiera neta era de 53.920 millones de euros y el ratio de deuda financiera neta sobre OIBDA era del 3,02. El 29 de octubre del 2020 en la presentación de resultados del tercer trimestre, la deuda neta sobre OIBDA se sitúo en 2,77. Un ratio Deuda/Ebitda alto, puede interpretarse como que la capacidad de la empresa de hacer frente a la devolución de su deuda es reducida, lo que podría acabar derivando en un problema estructural de costes. Cuestión esta que ya ha puesto de manifiesto hace unos días JP Morgan https://bit.ly/2Tu2Z65 Y eso es algo que ningún inversor querría para ninguna de las acciones que tuviera en una cartera de inversión. Hay que resaltar que la reducción de la deuda sobre OIBDA desde el año 2016 con la llegada del presidente actual, se ha producido con dos hechos que hay que resaltar, la enajenación de patrimonio de la compañía a la vez que se pagaba un dividendo especialmente necesario para reducir su abultado endeudamiento. La situación ha llegado a un extremo límite, ya que la rentabilidad por dividendo si los accionistas lo quisiesen cobrar en metálico ha llegado a ser próximo al 14%, un auténtico disparate. https://bit.ly/3jLxvmw Hay que tener en cuenta, que el dividendo que habría que pagar con el número actual de acciones cotizando, alcanza los 2.100 millones de euros al año aproximadamente. El valor bursátil de la compañía es de 14.660 millones de euros y su deuda financiera neta es de 36.676 millones de euros.
Ante la situación actual por la que discurre la operadora, se ha instalado en diferentes ámbitos de la sociedad, como son mercados, ciudadanía o los propios stakeholders de la compañía, como son los empleados, un cierto temor a una posible OPA de un competidor europeo, en este caso de Deutsche Telekom. El otro día escuchaba a un alto directivo de la operadora decir lo siguiente, “nosotros no podemos estar sometidos continuamente a todo tipo de rumores, la compañía tiene solidez, poder, capacidad de blindaje, ¿el Gobierno puede considerar a esta compañía como crítica?, horadamente yo lo consideraría, creo que lo debería considerar…”. A estas afirmaciones quiero poner de relieve que existen una serie de hechos que constatan y respaldan lo que el Gobierno piensa con respecto a Telefónica. La primera de ellas fue tomada el 17 de marzo de este año con la promulgación del Real Decreto del 17 de marzo. Con dicho decreto se blindaba a la operadora de cualquier posible OPA al tener que pasar la misma por el Consejo de Ministros. Este hecho no hacia otra cosa que constatar lo que en toda Europa se ha vuelto una corriente en sociedad con la Comisión Europea, la protección de las compañías críticas del tejido industrial para la salida de la actual crisis del covid-19. Para ello se adoptaron una serie de medidas excepcionales con el fin de que los estados recapitalizasen a las mismas. En Alemania se ha estado inyectando capital público en multitud de compañías y sectores con el fin de garantizar la nacionalidad de las mismas. El caso más emblemático ha sido quizás Lufthansa 9.000 millones de euros con el fin de tener el Estado alemán una participación en el capital de un 20% https://bit.ly/324qk2K El sector aéreo ha sido quizás el que más consenso ha desatado en los diferentes gobiernos de la Unión Europea, países como Francia, Holanda, Italia o Noruega ya han manifestado su aportación de fondos en el capital de dichas compañías con el fin de salvar a las mismas de la situación que atraviesan. Hasta ahora, los responsables económicos de los gobiernos de Angela Merkel han sido rigurosamente obstinados con la reducción de la deuda pública y el mantenimiento de superávits (o al menos del equilibrio fiscal).Es la teoría del Schwarze Null (déficit cero), que casi se ha convertido en una ideología nacional. Su origen se remonta a comienzos de este siglo, cuando Alemania fue considerada la economía enferma de Europa por el alto coste de su reunificación. Tras la caída del muro de Berlín, en 1989, la integración de las dos (Alemania) provocó el aumento de la deuda pública y altas tasas de desempleo. Para contener el endeudamiento, en 2009 se introdujo en la Constitución la Schuldenbremse, la norma que limita el déficit fiscal federal a un máximo anual del 0,35% del PIB. El padre de dicha medida fue el exministro de finanzas Wolfgang Schäuble, hoy presidente del Bundestag. El mismo fue el que encabezó el Ministerio de Economía en la crisis del año 2008 en la crisis de la caída de Lehman Brothers. Dicha crisis que impactó tan gravemente en años posteriores en Europa y tanto sufrimiento trajo para muchos ciudadanos europeos con sus famosos “hombres de negro” para aplicar dicha ideología. Afortunadamente la crisis del Covid-19 ha alumbrado una salida completamente opuesta, donde los gobiernos se han puesto manos a la obra para salvar el tejido industrial y los sectores más afectados como han sido; aeronáutico, turismo, servicios, etc. Célebres son los ERTES que se han implantado en determinados sectores económicos, los créditos ICO para garantizar la liquidez de las empresas o las inyecciones de liquidez que el Banco Central Europeo ha estado realizando con el fin de que no falte liquidez al sistema monetario. Por último el lanzamiento del fondo Next Generation EU dotado con 750.000 millones de euros para impulsar la salida de la crisis económica en Europa, de los que España se beneficiara con 140.000 millones de euros. De esa partida se destinarán directamente 28.000 millones de euros para la digitalización de la sociedad y la economía. En España ya han aparecido compañías que buscan en dichos fondos la salida de la crisis, de momento la que más avanzada está en dicha situación es Air Europa. Como adelantó el diario El Confidencial, la primera decisión del presidente de la SEPI ha sido conceder 475 millones de euros a Air Europa, la aerolínea de Globalia, el mayor grupo turístico de España, a la que el covid-19 ha llevado a la quiebra técnica. Se desconoce de momento en qué condiciones se ha otorgado este préstamo a dicha compañía, que en febrero repartió un dividendo de 35 millones y que cuenta con múltiples propiedades en la República Dominicana.
Por lo tanto, el peligro de OPA hostil sobre la operadora está completamente descartado sin que antes se pronuncie el Gobierno actual. Obviamente si la SEPI ayuda a compañías que son menos relevantes que Telefónica, como puede ser la aerolínea antes mencionada, Duro Felguera u otras que pueden aparecer, parece bastante evidente que la operadora gozará con la ayuda que le permita mantener la españolidad de la misma, máxime si tenemos en cuenta que la misma está llamada a jugar un papel fundamental en la digitalización de nuestro país. Como definió la propia la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, Margrethe Vestager, la estrategia europea para las redes 5G pasa por “respetar la naturaleza abierta del mercado interior, la seguridad de los ciudadanos y nuestra soberanía tecnológica”. Y el comisario de Mercado Interior y responsable de Industria y Telecomunicaciones, Thierry Breton, añadió, además, que "no se trata de discriminar, sino simplemente de fijar unas reglas”. El potencial de las redes 5G, como subraya la Comisión Europea, no se limita únicamente a la provisión de servicios de comunicación móvil entre usuarios finales, sino que Bruselas estima que las redes 5G generarán unos ingresos mundiales de 225.000 millones de euros de aquí a 2025. El estudio “Identification and quantification of key socio‐economic data to support strategic planning for the introduction of 5G in Europe” calcula que, en diferentes sectores, se obtendrían unos beneficios superiores a los 100.000 millones anuales y una importante creación de empleo (20 millones). https://bit.ly/2WNMt2K La importancia de dichas redes es tal, que la Comisión Europea publicó en septiembre una recomendación en la que invita a los Estados miembros a dotarse, antes del 31 de marzo del 2021, de un “enfoque común” para el despliegue de esas conexiones de gran velocidad, y a presentar un primer esquema en diciembre del 2020. “La crisis actual destaca la importancia del acceso a Internet de muy alta velocidad para empresas, servicios públicos y ciudadanos, pero también para acelerar el paso hacia el 5G. Por lo tanto, debemos trabajar juntos para lograr un despliegue rápido de la red sin más retrasos”, declaró la vicepresidenta ejecutiva de la CE en materia de Digitalización, Margrethe Vestager. La CE quiere que una de las prioridades de ese enfoque compartido se centre en “reducir el coste y aumentar la velocidad de despliegue de redes de muy alta capacidad, en particular eliminando obstáculos administrativos innecesarios”, que hacen perder parte de las “inversiones sustanciales” que la UE necesita en redes. https://bit.ly/3mAM26m
Una de las cuestiones que hay que tener en cuenta, es que el Gobierno actual lanzó un ambicioso plan en el mes de julio para digitalizar la sociedad española. Para ello anunció que se movilizarán 140.000 millones de euros de inversión público-privada, es el conocido “España Digital 2025”. De ellos, 70.000 millones de euros se aportarán en los tres primeros años, y el resto en los dos siguientes. Durante su presentación en el Palacio de la Moncloa, el Presidente del Gobierno precisó que en los tres primeros años, se movilizarán 70.000 millones de euros, el sector privado movilizará 50.000 millones, mientras que los 20.000 millones restantes serán inversiones públicas. En este último capítulo, 15.000 millones procederán de los nuevos programas y elementos de financiación acordados en la Unión Europea (UE) https://bit.ly/37Z8Mc7 Dicho plan tiene que se ser el que articule el momento “Hamiltoniano” que necesita la sociedad española, para que dicha digitalización sea el motor que impulse la economía para salir de la profunda crisis en la que ha entrado por el Covid-19. Hay que decir también, que es más necesario que nunca una clara sintonía entre el Gobierno y el equipo directivo del operador incumbente (Telefónica), sin embargo, eso no es lo que existe actualmente. Por lo tanto existen sobradas razones para pensar que se avecinan cambios profundos en la operadora, máxime si tenemos en cuenta que el Estado ya está dentro de la operadora a través de uno de los dos dominicales, fusión de Bankia-La Caixa, con una participación del 16% de la entidad resultante. En el otro dominical, BBVA, también se avecinan cambios, si como parece se fusionará con el Banco de Sabadell y Kutxabank, esta última controlada en su totalidad por el PNV. De dicha fusión la entidad vasca será el mayor accionista de la entidad resultante, con lo que una de sus principales reclamaciones del pacto de gobierno habrá sido satisfecha. https://bit.ly/382ndMQ
Para terminar el post, decir que Europa se juega mucho en esta crisis con el fin de impulsar la construcción de un Estado supranacional, la emisión de deuda con la que financiar el fondo Next Generation EU entre los años 2028 y 2058 ha sido un momento “Hamiltoniano”. Esto será clave para ese esbozo de mutualización de la deuda, que tiene a los países con más recursos como los mayores aportadores a dicho fondo. En este sentido, ha resultado fundamental el viraje dado por Alemania, reacia en un primer momento a compartir riesgos. Este cambio de postura es el que ha hecho a muchos girar de nuevo la cabeza con esperanza hacia Alexander Hamilton. Sin embargo, existen riesgos como son que los diferentes países que integran dicho acuerdo cumplan escrupulosamente y velen porque los recursos de dicho fondo se empleen en aquello que verdaderamente de valor en los mismos para salir de la crisis. Si se hace correctamente será un buen precedente para empezar a pensar en un Tesoro europeo como su similar norteamericano… Sin embargo, si se hace mal el proyecto de Unión Europea sufrirá un serio revés.
Ya lo dijo Alexander Hamilton: “Los hombres son animales razonables regulados por el impulso de la pasión.”
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