Matrimonio, fidelidad,
felicidad…no son palabras extraídas de un libro antiguo. Dicen que el mayor
invento de Microsoft es el “botón deshacer”, que te permite
borrar de un plumazo lo mal hecho, llegando de inmediato a la situación
anterior, sin merma ni modificación. Pero eso en la vida no pasa, aunque
intentemos borrar las marcas. Por eso debemos darnos tiempo para tomar
decisiones. Y debemos aprender que hay decisiones que atan e indecisiones que
matan…Algunas de ellas con graves consecuencias para las personas que las
sufren, como por ejemplo las que está sufriendo actualmente la sociedad española y europea con el COVID-19, por ejemplo, con la privatización de determinados servicios públicos
en la sanidad.
Estos días como parte de las medidas
para paliar la crisis del coronavirus, el Gobierno italiano ha anunciado el
martes 17 de marzo que prevé la nacionalización de Alitalia, que acumulaba
fuertes pérdidas desde antes de la pandemia y que ha luchado durante años para
evitar la quiebra. Se trataría de la primera gran operación de nacionalización europea
como consecuencia del COVID-19. El mismo martes, el Ministro
francés de finanzas, Bruno Le Maire, anunció una serie de
medidas entre las que se incluyen el aplazamiento para las compañías de todos
los pagos de impuestos y cotizaciones correspondientes a este mes, la
cancelación de los pagos para empresas en riesgo de colapso e incluso, la
posible nacionalización de aquellas grandes cotizadas francesas que más estén
sufriendo por el desplome de los mercados. "Eso puede hacerse mediante
recapitalización, puede hacerse comprando acciones, podría usar incluso el
término nacionalización si fuera necesario", ha añadido Le Maire sin
querer entrar a especificar que compañías serían consideradas de alta prioridad.
El mismo día el gobierno
español publicó el Real Decreto-ley 8/2020, de medidas urgentes extraordinarias
para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 http://bit.ly/2w5tUNz, en el mismo se recogen restricciones
sobre movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el
exterior, de tal forma, que las compañías estratégicas del país quedan
blindadas ante posibles inversiones foráneas hasta nueva comunicación. Otra
compañía del sector que puede acabar en manos del Estado es Norwegian
Airlines. El Gobierno noruego está en conversaciones informales con la
empresa para tomar alguna participación. Norwegian tiene anunciado un ajuste
temporal de empleo que afectará al 90% de los trabajadores, lo que aunado al
recorte casi total de operaciones le ha llevado a bajar su capitalización
bursátil casi por debajo de los 100 millones de euros, ese valor es menos de lo
que cuesta un avión. Finalmente, el gobierno de Alemania también piensa en el
mismo tipo de medidas. El Ministro de Economía, Peter Altmaier,
dijo el pasado viernes que no se descarta la intervención en las empresas
debilitadas, aunque ha intentado tranquilizar a los mercados señalando que no
será un gran número el de las nacionalizaciones, sino el justo https://bit.ly/2vBDF5E. El Ministro alemán de Finanzas, Olaf Scholz,
y el propio Peter Altmaier, anunciaron que el gobierno pondrá inicialmente
20.000 millones de euros a disposición del banco estatal KfW, a través del cual
se concederán préstamos. Así, remarcaron que esa institución no tiene “un
límite máximo para el crédito que puede otorgar”. Alemania ya comprometió
550.000 millones de euros para apoyar a las empresas del país a través del banco estatal
de desarrollo KfW. Scholz ha dicho que el Gobierno está preparado para ir más
allá. Si es necesario, podría comprar participaciones utilizando un fondo
creado para hacer frente a la crisis financiera hace una década, según
Bloomberg. El Gobierno de Merkel podría comprar una participación en Deutsche Lufthansa,
que dijo el jueves que detendrá el 95% de los vuelos, como parte de un rescate
https://bit.ly/2xaTZLb. Todos estos países, están
adoptando este tipo de medidas entre otras razones, para evitar la quiebra de
las compañías y también, para protegerlas de ser adquiridas por inversores
no deseados que aprovechen el precio de saldo bursátil que tienen.
El fenómeno de las
privatizaciones en Europa tiene sus orígenes a finales de los años 70, cuando
la perspectiva de privatizar las empresas públicas que operaban en sectores de servicios como el agua, telecomunicaciones, electricidad, gas, ferrocarril o transporte aéreo resultaban bastante poco atractivas en
términos políticos. Ni siquiera el que sería el
futuro “campeón” de las privatizaciones, el partido conservador británico (Tory),
podía prever este tipo de reforma cuando alcanzó el poder en 1979. Sin embargo,
tan sólo dos décadas después, la
mayoría de los gobiernos
en todo el mundo habían puesto en práctica programas de privatización
de empresas públicas. En la Unión Europea a finales de los años 90, las promotores de la privatización se quejaban de
que se había llegado tan lejos que apenas quedaba algo por privatizar (Privatization International 1999, OCDE 2002). Este movimiento
imparable en dicha fecha, fue aceptado por los gobiernos en todo el mundo con
entusiasmo, a modo de remedio global contra la epidemia creada por las empresas
públicas... Sin
embargo, quedan aún algunas
cuestiones importantes sin
resolver. En primer
lugar, algunos analistas compartieron
un gran entusiasmo por la “euforia
privatizadora” (motivada a
menudo por un interés
directo o indirecto
por el éxito financiero
de las operaciones) y dibujaron una
imagen optimista y homogénea del proceso, disfrazando así sus efectos complejos e irregulares. Sin embargo, a comienzos
del siglo XXI,
existen todavía importantes
diferencias en los procesos
de privatización entre los distintos
sectores y países. Incluso en el campo de las telecomunicaciones, con frecuencia considerado como el sector privatizado por excelencia,
la propiedad estatal continúa, hoy en día, siendo dominante
en un número significativo de países pertenecientes a
la Unión Europea (Clifton, Comín y Díaz 2003, Privatization Barometer 2005) como por ejemplo en Francia y Alemania. En segundo lugar,
mientras que gran parte de la bibliografía se centraba en la faceta financiera de la privatización, se
prestaba mucha menor atención a sus consecuencias sociales. https://bit.ly/2QzI6p2
En tercer lugar, a pesar de
que la privatización es considerada como una de las políticas económicas clave
del siglo XX, no existe acuerdo en la bibliografía sobre qué fue lo que realmente condujo
a este proceso. En cuarto lugar, los teóricos de la integración
europea apenas han estudiado el fenómeno de la privatización; ni siquiera al analizar otras
políticas, diferentes aunque relacionadas, como la liberalización y otras reformas de
política económica. Esto podría estar motivado porque la privatización no es, ni debería
ser, una política de la Unión Europea. Las autoridades europeas están obligadas
a permanecer neutrales en cuestiones de propiedad y deben restringir su
cometido a asegurar la competencia efectiva y la provisión de servicios
públicos. Para entender los procesos de privatización en la Unión
Europea hay que examinar cuál de los modelos existentes proporciona una
explicación más satisfactoria de este proceso. Diremos que pueden distinguirse
tres paradigmas, o modelos, principales en el hecho de la privatización: el “paradigma
británico”, el enfoque de la “lógica múltiple”, y el “paradigma
europeo”. El “modelo británico” resulta útil para
explicar la privatización de la Unión Europea en su etapa inicial (dominada indiscutiblemente por la
influencia de la experiencia británica), resulta de mucha menor utilidad
para explicar el proceso durante los años 90. En segundo lugar, parece que el
enfoque de la “lógica múltiple” es muy útil porque aporta ricos detalles
históricos, aunque al precio de perder perspectiva general, por lo que fracasa
a la hora de identificar tendencias comunes en los procesos de privatización
europeos. En tercer lugar, destacamos la relevancia del “modelo europeo”, en el
sentido de que la variable “Europa”
tuvo un gran peso en la determinación de la privatización. La integración
europea, tanto en su vertiente positiva como en la negativa (Scharpf 2002), ayudó a filtrar y dar
forma a las experiencias privatizadoras. Existen unas tendencias comunes en los
diferentes programas privatizadores de la Europa comunitaria, tales como las
secuencias del proceso por países, el ritmo de los recursos financieros
generados y los patrones sectoriales de las privatizaciones.
Es interesante realizar un
análisis examinando los niveles absolutos de ingresos por privatizaciones. Al
examinar las tendencias de los recursos totales generados por la privatización
en los diferentes países de la Unión Europea durante los años 90, existe
un patrón general de crecimiento casi continuo, de 13 billones de dólares en
1990 se pasó a 66 billones de dólares en 1999; luego se apreció una caída hasta
los 13 billones en 2002, como puede verse en el gráfico 1. El Reino
Unido representa casi las tres cuartas partes (72%) de todos los recursos
generados por la privatización en la Unión Europea entre 1977 y 1992. De 1993 a
2002, sin embargo, al extenderse la privatización al resto de los países
miembros de la UE, el Reino Unido sólo acaparaba el 8% del total de los
recursos por la privatización en la UE-15. Durante este último periodo, Italia,
Francia y España generaron de manera individual más ingresos por
privatizaciones que el Reino Unido, que gradualmente fue perdiendo su papel
destacado, aunque en ciertos años (1993, 1995 y 1996) continuó siendo el
segundo privatizador más importante de la Unión Europea, por volumen de ingresos
obtenidos de la venta de empresas públicas. Por tanto, el Reino Unido fue un
precursor de la privatización, pero comenzó a perder importancia en 1993,
momento en el cual el proceso comenzaba a tomar fuerza en el resto de Europa.
Entre 1994 y 2002, el programa privatizador más destacado fue el italiano, que
generaba un tercio del total de los recursos financieros. El siguiente en
importancia era Francia, seguido de España. En 1999, cuando los ingresos
totales generados por la privatización alcanzaban su punto máximo en Europa,
las economías más pequeñas, como Grecia e Irlanda, contribuyeron de manera
significativa a incrementar los volúmenes totales de recursos. En 11 de los
países miembros de la Unión Europea de la época los ingresos por las privatizaciones
alcanzaron sus máximos entre 1997 y 1999.
La privatización en el
sector de las telecomunicaciones en Europa desde 1980, transformó en la mayoría
de países, la intervención directa en el sector, reconfigurando las agencias
estatales (los típicos PTT por sus siglas
en inglés de correos, telégrafos y telecomunicaciones) en sociedades
anónimas de propiedad pública (como BT,
Deutsche Telekom, France Telecom). Al mismo tiempo, la Comisión Europea introducía
modestas reformas para liberalizar determinados sectores de los mercados
nacionales (equipos de telecomunicaciones
en 1988, adquisiciones del sector público en 1990). Pero no fue hasta los
años 90 cuando se estableció un nuevo marco regulador para la liberalización y
la regulación independiente del sector con una serie de directivas europeas.
La privatización de las telecomunicaciones en la Unión Europea tuvo dos
momentos decisivos. El primero, entre 1981 y 1993, cuando predominaba, como
privatizador principal, el Reino Unido, donde se generaron 24.400 millones de
dólares de ingresos por privatizaciones (el
90% de esta cantidad procedente del operador de telecomunicaciones BT),
mientras que los otros 14 miembros de la Unión Europea suponían tan sólo 2.000
millones de dólares. El segunda ola privatizadora se inició en 1994, después de
la directiva para la liberalización (EC 96/19/EC) de 13 de marzo de
1.996
https://bit.ly/2QCulWr, entonces
estos otros 14 países pasaron a ocupar la posición dominante (véase gráfico 3), con 55 operaciones, que
generaron 124.000 millones de dólares (aproximadamente el 97% de los ingresos
por privatizaciones en la Unión Europea durante este periodo, y el 82% del
total desde los años 80). Existía, por tanto, una clara relación
entre el establecimiento de agencias reguladoras independientes del Gobierno,
la liberalización y la privatización de las empresas públicas que operaban en
esta actividad, se aprueba así la hipótesis tercera. Existe también una clara
secuencia entre las decisiones adoptadas en el sector, el año medio del
establecimiento de agencias reguladoras independientes, que fue 1993; el año de
la privatización de las telecomunicaciones (1996) y el año de la liberalización
total de servicios e infraestructuras en la mayoría de los países (1998, aunque para Irlanda y Portugal fue
2000 y para Grecia 2001). A pesar de la importancia de los ingresos
procedentes de las privatizaciones en el sector de las telecomunicaciones en
Europa, pero aún en 2005 permanecía gran parte de la propiedad en manos estatales
(OCDE, 2005). Exceptuando el Reino Unido,
sólo se podía encontrar un dominio de operadores en telecomunicaciones
plenamente privados en España, Italia, Portugal, Irlanda y Dinamarca, mientras
que en Austria, Alemania, Finlandia, Francia y Suecia dominaba aún la propiedad
estatal de las empresas del sector. La competencia todavía
es limitada, incluso en el Reino Unido. Además, la privatización en muchos
sub-sectores es mínima, o inexistente, como en la radiodifusión, debido
a lo complicado de los procesos reguladores necesarios. A modo de conclusión
para esta actividad, podríamos afirmar que la mejor explicación general para la
privatización de los transportes y las comunicaciones ha sido la política
económica dictada por la Unión Europea para los países miembros. Más
que una emulación de lo sucedido en el Reino Unido (hipótesis primera), o una
falta de lógica común (hipótesis segunda), existen unas tendencias en estas
privatizaciones sectoriales relacionadas con las directivas europeas de liberalización
de los transportes y comunicaciones.
La privatización del
sector de los servicios de electricidad, gas y agua ha sido, después de la
realizada en las telecomunicaciones, la más importante, al aportar el 22% del
total de los recursos por privatización ingresados por las Haciendas Públicas
europeas. Sin embargo, aquí la privatización ha sido parcial
e irregular. En términos de secuencia de país, el Reino Unido aportó el 90% de
los recursos entre 1986 y 1993, mientras que los otros 14 países miembros de la
Unión Europea generaron el 82% de los mismos entre 1994 y 2002. La mayor parte
de las ventas de empresas públicas eléctricas tuvieron lugar en 1998 y 1999,
cuando los mercados bursátiles estaban es su apogeo. Una vez más, aunque no
exista una relación directa entre privatización y liberalización del sector
eléctrico en la Unión, existen vínculos apreciables entre ambos procesos. La
liberalización del mercado interno de energía en Europa se desarrolló en paralelo con el de
la industria de telecomunicaciones, durante la década de 1990, teniendo lugar
las primeras medidas en 1996 (92/EC) y 1998, aunque posteriormente
han sufrido retrasos y reformas (Directivas 2003/54/EC y 2003/55/EC).
Parte de la privatización de las empresas públicas de la electricidad ocurrió,
no obstante, con anterioridad a esta legislación. En Inglaterra y Gales la privatización
eléctrica comenzó en 1988, concluyendo en 1996. En Bélgica y en España, la
electricidad ha estado tradicionalmente en manos privadas. La privatización del
sector eléctrico comenzó también tempranamente en Alemania (durante los años
1960), y en Austria y España, en 1988. Sin embargo, la mayoría de los 14 países
miembros de la UE empezaron a privatizar sus empresas eléctricas en la década
de 1990, como ocurrió con Suecia (1991), Finlandia (1994), Portugal (1997), Italia
y Países Bajos (1999), Dinamarca (2000) y Grecia (2003). Francia se ha resistido
deliberadamente a la liberalización, privatización y transformación de la
industria eléctrica pública para proteger al operador afectado (Cenoud y Varone 2002). Por otro lado, a
comienzos del siglo XXI, el Reino Unido continúa siendo un caso bastante especial
respecto a la privatización de los servicios públicos en red. Los servicios de
distribución de agua seguían en manos públicas o mixtas en la mayor parte de la
Unión, con la excepción total de Inglaterra y Gales y de manera parcial en Francia
y España. En otros sectores, como los de generación, transmisión y distribución
de electricidad o de transmisión y distribución de gas natural, la propiedad
continúa siendo totalmente pública o mixta, en la mayoría de los países
miembros de la UE. El Reino Unido fue el único caso en el cual todas estas
compañías públicas se privatizaron. En Alemania, Austria, Países Bajos,
Bélgica, Dinamarca y Suecia, compañías locales o regionales continúan controlando
total o parcialmente estas actividades de red. En el año 2000, las empresas
públicas de electricidad, agua o gas representaban menos de una cuarta parte
del empleo de este sector en Bélgica, España o el Reino Unido. Sin embargo, en
la UE como conjunto, las sociedades de titularidad pública suponían el 43 por 100
del empleo sectorial en 2000. A pesar de que esta cifra ha disminuido en un 24%
en términos de la media de la Unión en 1990, el hecho básico que se deduce es
que estas actividades no se han privatizado de manera intensiva, sino que continúan
bajo el control del estado en la mayor parte de los países de la Unión Europea.
Como síntesis al movimiento
privatizador llevado a cabo en Europa, se puede afirmar que toda esta política
de privatizaciones de servicios públicos ha resultado nociva y perniciosa a la
sociedad en cuanto ha venido una crisis gravísima como la del COVID-19.
Las privatizaciones de entonces fueron
un catalizador en cuanto a la integración europea, ya que impulsaron la construcción
del Mercado Único europeo, permitiendo que la construcción de las instituciones
europeas madurase. Los 40 años que han pasado desde el proceso del inicio de
las privatizaciones han demostrado, que Europa es enormemente vulnerable a los
dos polos de poder dentro de la globalización económica mundial en la que está
integrada, China y Estados Unidos. Ambos, protegen a sus compañías y
mercados estratégicos con sumo celo, impidiendo que caigan en manos
extranjeras https://bit.ly/2Uu9TIu Las principales compañías europeas han quedado reducidas a
escombros en cuanto a la valoración bursátil, siendo enormemente tentadoras a
otras compañías foráneas que carecen de un know how (conocimiento) tecnológico
de primer nivel que si poseen las europeas, como por ejemplo Airbus. De ahí el
movimiento coordinado de diferentes países de la Unión Europea hacia la nacionalización
de sus sectores estratégicos, con el fin de proteger su tejido productivo de
ataques especulativos sobre sus compañías de bandera. En España una vez que sea
levantado el Estado de Alarma por la pandemia actual, urge que el Gobierno de turno acometa
decisiones en línea con las europeas en cuanto a la protección de dichos
sectores estratégicos nacionales como son las telecomunicaciones, energía, gas,
etc.
Esto no obstante, no puede
ocultar el siguiente gran reto que tiene la Unión Europea, y no es otro que el de una integración
real de sus estructuras económicas, sociales y políticas, de tal forma que de
verdad se convierta en un verdadero contrapoder en el tablero de la geopolítica
mundial, como son Estados Unidos y China. Europa ha pulsado el “botón
deshacer”, que permite borrar de un plumazo lo mal hecho en cuanto a las privatizaciones, llegando de inmediato
a la situación anterior…Lo que ocurre es que aquí si ha habido merma y daño para los
ciudadanos europeos como se está demostrando con la situación producida por el
COVID-19.
Ya lo dijo Karl Popper: “Nuestro conocimiento es
necesariamente finito, mientras que nuestra ignorancia es necesariamente
infinita.”
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