Hoy se publica en un diario nacional la siguiente noticia, “Feijóo promete abolir la ley 'antiopas' con la que Sánchez blinda al Ibex 35” https://cutt.ly/p8gravE En la misma se informa, que el Real Decreto promulgado por Sánchez en la primavera de 2020 tras el desplome de las cotizaciones por el impacto de la pandemia, permitió alejar potenciales OPAS consideradas hostiles por parte del Gobierno y de la alta dirección de las empresas clasificadas como estratégicas. Ese blindaje cubrió a compañías de sectores sensibles y siempre en las quinielas de potenciales operaciones corporativas, como Naturgy, Repsol, Telefónica, Indra y también el sector bancario. El decreto fue extendido posteriormente en diciembre de 2021 por un periodo de 12 meses, y la pasada Navidad, por dos años más, hasta finales de 2024. La justificación para esta última prórroga fueron los efectos de la inflación, que el Gobierno dice que está bajando, y la subida de los tipos de interés, dado que el covid-19 ya se ha dado por superado institucionalmente. Dados estos números, el entorno de Feijóo considera que este real decreto persigue, en realidad, proteger a empresas próximas a Sánchez, como Prisa, convertida en su buque editorial de cabecera desde El País y Cadena SER, medios afines a la Moncloa y más críticos con el Partido Popular. Prueba de ello es que el Gobierno socialista prohibió a Vivendi llegar al 29,9% del capital, como solicitó por los canales reglamentarios de la citada ley, al considerar que el grupo francés era más cercano a la derecha conservadora. También se opuso a la entrada de Mediaset en el capital de Prisa, ya que es propiedad de los Berlusconi, reconocidos empresarios poco amigos de la izquierda. Además, el Gobierno ha usado el poder que le otorga este escudo antiopas para tratar de influir en las negociaciones concursales entre acreedores y accionistas, como ocurrió en el caso de Celsa, cuando representantes de Moncloa advirtieron a los fondos prestamistas de que el Ejecutivo estaba en condiciones de vetar su toma de control de la compañía. El Gobierno ha aprobado dos leyes que castigan tanto al sector energético como al bancario, por lo que han denominado beneficios caídos del cielo. Es decir, las ganancias extraordinarias derivadas del incremento de los precios de la luz y el gas y de la subida de los tipos de interés para combatir la inflación. Empresas como Iberdrola, Endesa y Repsol ya han recurrido en los tribunales estos impuestos, que afectarán a su cuenta de resultados de 2023 y 2024. Los bancos han hecho lo propio, porque durante casi una década han vivido con el precio oficial del dinero a cero o en negativo, por lo que la actual cotización del euríbor se asemeja más a la evolución histórica del indicador desde la entrada del euro en vigor. Algunos de los presidentes del IBEX han optado por responder al Gobierno en las recientes presentaciones de resultados anuales, al tiempo que han mantenido reuniones privadas con Feijóo para saber cuál sería su hoja de ruta en el caso de llegar a la Moncloa.
La propia Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMC) criticó esta medida de Sánchez. En estos encuentros, a los que han acudido Carlos Torres, presidente de BBVA, o Borja Prado, de Mediaset, entre otros, el político gallego se ha comprometido a levantar estos impuestos especiales y la ley antiopas, que impide que un inversor pueda lanzar una oferta de compra sobre una empresa cotizada para beneficio de todos los accionistas si no tiene el visto bueno del Gobierno. El líder del PP, a diferencia de su postura sobre la ley del solo sí es sí o la ley trans, no ha querido hacer pública su postura empresarial, por temor a perder votos y darle munición al PSOE en su cruzada contra el Ibex 35. La propia Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha criticado esta medida de Pedro Sánchez al abogar por impedir a los accionistas "beneficiarse de las primas que se suelen pagar al presentar ofertas de compras u otras operaciones de control de las empresas". Desde el organismo regulador, se sostiene que "desde el punto de vista del mercado de valores y los intereses de los accionistas e inversores, la apertura internacional es un valor en sí misma. Por ello, será positivo una normalización del régimen de control de las inversiones exteriores sobre compañías cotizadas españolas".
Lo primero que hay que decir es que la sociedad española tiene un grave problema con los partidos situados en el espectro de la derecha española, máxime si nos atenemos a cómo actúa con respecto a, por ejemplo; la derecha alemana, francesa o incluso a la más liberal del mundo como pudo ser en su momento la norteamericana con, Donald Trump. En estos países, dicha derecha política y económica sitúa el interés nacional por encima del interés personal como sucede aquí en España. Cuando algún oferente no deseado ha intentado adquirir un bien estratégico, automáticamente dichos gobiernos han salido a la palestra a defender sus compañías con uñas y dientes. Francia es el país más defensivo, da igual que sean gobiernos de derechas o de izquierdas, el nacionalismo económico francés es inflexible en defensa de sus intereses nacionales. Tiene poco de sorprendente que un movimiento de este tipo surja del Palacio del Elíseo. No en vano, fue un primer ministro francés, Dominique de Villepin, quien en 2005 hizo bandera del término 'patriotismo económico' para justificar la oposición de su Gobierno a las pretensiones de firmas como la estadounidense Pepsico de hacerse con el gigante francés de los lácteos Danone. Y a lo largo de los últimos lustros, han sido varias las ocasiones en que ejecutivos franceses de todos los ámbitos ideológicos han presentado objeciones a casi cualquier intento extranjero de asumir el control de alguna empresa francesa significativa. El nacionalismo económico ha tenido en Francia uno de sus focos más reseñables. Cuando todavía era poco más que un rumor, el interés del grupo canadiense Couche-Tard por la compañía francesa de supermercados Carrefour, muchos analistas ya se habían aventurado a pronosticar que el movimiento toparía con la resistencia del Gobierno galo. Y el Ejecutivo de Emmanuel Macron no tardó mucho en confirmar que estaban en lo cierto. "La adquisición de Carrefour por una compañía extranjera sería una enorme dificultad para nosotros", expresó el ministro francés de Finanzas, Bruno Le Maire (de un partido de derechas), argumentó que la operación podría poner en cuestión la "soberanía alimentaria del país". El miedo a que esta oposición diera al traste con la propuesta de Couche-Tard se tradujo en la bolsa en caídas de las acciones de Carrefour que llegaron a rebasar el 7% y que solo se redujeron al 2,5% cuando surgieron informaciones que apuntaban a que los reparos del Gobierno francés podrían ser menos inquebrantables de lo que parece. Carrefour es el mayor empleador privado del país, con alrededor de 100.000 trabajadores en territorio galo. La reacción del gobierno francés es una respuesta más basada en el patriotismo —y en el interés político— qué en lo económico, pero sucede con todo aquel que intenta adquirir un bien francés. https://cutt.ly/68grRN2 Anteriormente sucedió con el astillero STX France, el ministro francés de Economía, Bruno Le Maire, anunció la nacionalización temporalmente de dicho activo estratégico. Le Maire anunció en una comparecencia de prensa que el Estado, que hasta ahora poseía un tercio de la constructora naval de Saint-Nazaire (oeste de Francia), comprará los dos tercios restantes al grupo surcoreano STX Offshore and Shipbuilding, en proceso de bancarrota. La operación costó unos 80 millones de euros y responde a la voluntad de "garantizar los puestos de trabajo" y "defender el interés estratégico de Francia", dijo. https://cutt.ly/68grDS6
En Alemania sucedió con, Angela Merkel, cuando el gobierno norteamericano de Donald Trump intento la compra de la farmacéutica CureVac en plena pandemia del Covid-19. Entonces Trump ofreció 1.000 millones de dólares y la respuesta de Merkel fue invertir 300 millones de euros en comprar el 23% del capital de esta. https://cutt.ly/88grL6v Esta reacción fulminante vino motivada en la adquisición que en el año 2016 sufrió Alemania de una de las “joyas de la corona” empresarial por capital chino, Kuka https://cutt.ly/H8grNQx El fabricante de robots motivó que se modificara la legislación alemana con el fin de evitar las OPAS hostiles. Fue el ministro de Finanzas, Peter Altmaier, quien en el 2019 propuso la creación de un fondo de inversión estatal que intervendría para evitar opas extranjeras sobre compañías alemanas que se consideren de cierta importancia estratégica. La propuesta es parte de una nueva estrategia industrial destinada a crear campeones nacionales y europeos que sean capaces de competir con los gigantes tecnológicos de Estados Unidos y Asia. La propuesta de Altmaier consistió en que el Estado podría intervenir para bloquear posibles opas sobre sus compañías porque considere que su tecnología es fundamental para la futura competitividad de Alemania. Altmaier, explicó que la venta en 2016 del grupo alemán de robótica, Kuka, al fabricante chino de electrodomésticos, Midea, despertó el temor de que la tecnología industrial más avanzada de Alemania acabase en manos de China. El recelo de Alemania ante los verdaderos motivos del gigante asiático para lanzar opas a empresas extranjeras ha crecido desde que el presidente Xi Jinping presentara el plan Made in China 2025, destinado a transformar su país y convertirlo en una de las principales potencias tecnológicas del mundo. Esto ha provocado cambios en la legislación germana, al levantar barreras frente a las empresas del gigante asiático que intentan hacerse con activos alemanes. https://cutt.ly/i8gr3o0
Si nos vamos al ultraliberal gobierno norteamericano de, Donal Trump, tenemos un ejemplo muy ilustrativo de su proteccionismo sobre aquello que es estratégico para dicho país. Sucedió en el año 2018. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó la compañía de Singapur Broadcom que cesara en sus intentos de comprar la estadounidense Qualcomm, por la que había lanzado una opa hostil de 117.000 millones de dólares, al considerar que amenazaba la "seguridad nacional". "La absorción propuesta de Qualcomm quedó prohibida, y cualquier fusión, adquisición o absorción sustancialmente parecida, ya sea directa o indirecta, también quedó prohibida", dijo Trump en una orden presidencial https://cutt.ly/L8gtwiv
Lo afirmado por el candidato del PP, Núñez Feijóo, en la noticia del comienzo del post, vuelve a poner en tela de juicio la cuestión del interés general de sociedad española sobre aquellos activos que son estratégicos para nuestro país. Un ejemplo muy ilustrativo, hoy Telefónica vale en bolsa 22.630 millones de euros. El 13 de febrero se publicaba en prensa que las cinco grandes tecnológicas, Apple, Alphabet (Google), Facebook, Amazon y Microsoft tenían de liquidez 503.000 millones de dólares (unos 467.500 millones de euros), equivalentes e inversiones en productos financieros. Es decir, casi medio billón de euros de dinero contante y sonante, líquido y en metálico. La cifra prácticamente equivale a la capitalización total del Ibex 35, que en la actualidad ronda los 490.000 millones de euros. Apple tiene algo más de 178.000 millones de dólares, Google tiene 113.800 millones de dólares, Facebook tiene 40.740 millones de dólares, Amazon tiene algo más de 70.000 millones de dólares y por último Microsoft tiene unos 99.500 millones de dólares https://cutt.ly/k8gisHB Cualquiera de ellas, en el momento que se levante el blindaje por parte del PP, podrían lanzar una OPA hostil con poco más de 5.000 millones de dólares. Entonces se harían con el 25% de Telefónica, esto les reportaría el control de la compañía y el acceso a unos 45.978 millones de euros de facturación (año 2022) y al control de 383,146 millones de clientes. Además, tendrían el control de la mayor red de telecomunicaciones de nuestro país, cuestión esta que tiene su enjundia si entendemos que por la misma se mueven las comunicaciones de una parte importante del sistema económico nacional. Ante esta realidad como ciudadano español me pregunto, ¿A quién representa esta derecha española?... Al IBEX y sus presidentes o a sus intereses personales. Es curioso que pidan el voto a los ciudadanos a los que buscan para que le voten sus candidaturas en las elecciones y, sin embargo, cuando gobiernan son lesivos para el interés general. El dislate que recoge la noticia del comienzo pone si cabe más en solfa el rigor de una derecha española con la ciudadanía que pretende representar, qué al contrario de las derechas europeas o norteamericana, las cuales protegen aquellos activos que son clave en la estrategia país. La idea que ampara a dichas derechas es que si le va bien al país también les ira bien a ellos. En España la situación no es así, aquí la máxima es el beneficio rápido, las consecuencias como de costumbre quedan para la ciudadanía como una losa cuando se cometen disparates. Un ejemplo lo vimos en su día con la venta de la eléctrica Endesa a la compañía pública italiana, ENEL. En aquel momento la misma era una de las mayores eléctricas del mundo, con una posición de privilegio en Latinoamérica, sin embargo, cuestiones políticas propiciaron que políticos temerarios enajenaran un activo estratégico de nuestro país.
Hay que decir también, que el presidente de la CNMV, Rodrigo Buenaventura, sugirió en enero del 2022 al gobierno tras la pandemia que levantase el escudo antiopas para conseguir una “normalización del régimen de control de las inversiones exteriores sobre compañías cotizadas españolas” https://cutt.ly/R8gs86o Es llamativo que un cargo público en lugar de defender a quien le paga su salario, los españoles, proponga algo que va en contra de los intereses de los españoles a los que representa. El gobierno ante esta situación debería tomar nota. La respuesta de la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, que lo puso al frente del regulador fue contundente a dicha petición, en el foro, Spain Investors Day, afirmó que esta medida no genera ninguna incertidumbre jurídica y, por tanto, no obstaculiza “en absoluto” la inversión extranjera en España https://cutt.ly/z8gajsS
Para terminar el post, quiero manifestar que cada día parece más obvio que si la ciudadanía deja sus intereses en manos de la derecha política de este país, lo que harán será como siempre… Proteger y amparar a esa minoría económica que no se presenta a las elecciones, pero que son el verdadero poder en la sombra de los políticos como el que viene en la noticia del comienzo.
Ya lo dijo Noam Chomsky: “La idea básica que atraviesa la historia moderna y el liberalismo moderno es que el público debe ser marginado. El público en general es visto no más que como excluidos ignorantes que interfieren, como ganado desorientado”.
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