Un cuervo estaba sentado en una rama de un árbol. Un conejo se acerca y le dice: “Qué envidia me das. ¿Puedo sentarme yo también como tú sin hacer nada en todo el día?”. “Claro que sí”, le responde el cuervo. “Siéntate y no hagas nada”. El conejo se sentó en el suelo junto al árbol a descansar. Fue entonces cuando un zorro apareció y se lo comió.
El 14 de septiembre se publicaba en presa que el gobierno alemán estudia nacionalizar Uniper, la mayor empresa gasista del país. Así, el gobierno podría aumentar su participación en la compañía y tomar el control completo del mayor importador de gas con el objetivo de evitar el colapso del sistema energético, según publica Bloomberg. Uniper, con sede en Düsseldorf, necesita una mayor ayuda financiera por parte del Estado tras haber recibido ya un paquete de apoyo de unos 20.000 millones de euros. La causa de dicha intervención es el aumento de los precios del gas natural y los cortes de suministro por parte de Rusia han asestado pérdidas diarias millonarias a la compañía energética, lo que hizo que Alemania se hiciera con una participación del 30% en Uniper. El canciller Scholz tendría encima de la mesa un plan que pasaría por inyectar más capital en Uniper y aumentar su participación por encima del 50%, según recoge Bloomberg. De hecho, se baraja una nacionalización total de la compañía, aunque la decisión dependerá también de su matriz finlandesa, Fortum Oyj. La posible nacionalización de Uniper por parte de Alemania podría dar a los inversores minoritarios una salida antes de una recuperación incierta, con pérdidas por tener que reemplazar el suministro de gas ruso detenido a los precios actuales que probablemente superen los 18.000 millones de euros este año, según señalan analistas de Bloomberg. Alemania quiere garantizar así la supervivencia de Uniper durante los próximos meses, ya que se baraja que la crisis energética empeore ante la bajada de las temperaturas con la llegada del invierno. De hecho, las restricciones de suministros rusos han obligado a la compañía a comprar gas a un precio mucho más alto para cumplir con los contratos firmados, lo que hace que esté al borde la insolvencia. El director ejecutivo de Uniper, Klaus-Dieter Maubach, advirtió la semana pasada en una entrevista con Bloomberg que las pérdidas para reemplazar los flujos de gas ruso podrían alcanzar los 7.000 millones de euros este mes, lo que obligaría al Gobierno a tener que intervenir de nuevo. Por tanto, el paquete del Gobierno alemán sería insuficiente hasta el cuarto trimestre, ya que el montante se gastaría mucho antes. https://cutt.ly/6Vuc1p5
El 16 de septiembre se publicaba en la prensa que el gobierno alemán tomó el control de las tres refinerías gestionadas por la petrolera estatal rusa Rosneft para poder asegurar el suministro energético durante el invierno y proteger la economía alemana de los efectos del embargo de crudo ruso en toda la Unión Europea, que entrará en vigor a finales de año. Es la segunda vez que el gobierno del socialdemócrata Olaf Scholz toma una medida de este calado en medio de una guerra económica contra Moscú para privar al presidente ruso, Vladimir Putin, de ingresos para financiar la guerra de Ucrania. La primera vez fue en abril, cuando puso bajo su tutela a Gazprom Germania, filial de la gasista estatal rusa, en una medida sin precedentes. La decisión de poner a las filiales alemanas de la petrolera estatal rusa, Rosneft Deutschland y RN Refining & Marketing, bajo administración fiduciaria de la Agencia Federal de Redes se tomó para asegurar el funcionamiento de las refinerías de petróleo de Schwedt -a donde llega el oleoducto Druzhba-, Karlsruhe y Vohburg, anunció el Ministerio de Economía de Alemania. El trasfondo es el embargo de petróleo a Rusia por la invasión de Ucrania. Según informaciones anteriores del Ministerio de Economía alemán, el operador ruso Rosneft tiene poco interés en apartarse del petróleo ruso. Rosneft Deutschland representa un total de alrededor del 12 % de la capacidad de procesamiento de petróleo de Alemania, lo que la convierte en una de las mayores empresas de procesamiento de petróleo en Alemania, según el ministerio. Mientras, las dos filiales de Rosneft han importado hasta ahora crudo por valor de varios cientos de millones de euros desde Rusia a Alemania cada mes. De este modo, se contrarresta "la amenaza inminente a la seguridad del suministro energético", explicó el Ministerio al mismo tiempo que señaló que los proveedores de servicios como los bancos, empresas de telecomunicaciones y compañías de seguros ya no estaban dispuestos a cooperar con Rosneft, ni con las refinerías con participación de Rosneft ni con las propias filiales alemanas de Rosneft, RDG y RNRM. La orden de tutela entró en vigor este viernes y tiene una validez inicial de seis meses. Permite a la Agencia Federal de Redes destituir y volver a nombrar a los miembros de la dirección y dar instrucciones a la dirección. La base jurídica del fideicomiso es una disposición de la Ley de Seguridad Energética. Según esto, este paso es posible si la empresa no puede cumplir con sus tareas al servicio de la comunidad y si existe la amenaza de que la seguridad del suministro se vea afectada. Se puede presentar un recurso contra la decisión en el plazo de un mes https://cutt.ly/JVucKtC
Desde el estallido de la pandemia del Covid-19, Europa ha ido avanzando en la defensa de sus sectores estratégicos ante e desplome bursátil que sufrieron las principales compañías. Un mes después del estallido de la crisis del Covid-19, se puede decir que esta ha sido la crisis de mayor impacto en los mercados de renta variable. El promedio de la caída de los índices de bolsa analizados (Europa, Estados Unidos, Japón y emergentes), ha sido de un 32%. Todos los índices incluidos caen más que el más afectado a un mes de la caída de Lehman, que fue el Nikkei 225 con un desplome del 22%, en un período en el que el descenso medio de los índices de nuestra muestra fue del 18%. A un mes del 11-S ya había algún mercado bursátil en verde como el FTSE 100 y el Eurostoxx 50, y la media de las caídas de los índices incluidos en este análisis era de algo más de un 3% https://cutt.ly/wVuv0JJ
Con este escenario la Comisión Europea el 10 de marzo de 2020, sentó las bases de una estrategia industrial que impulsa la doble transición hacia una economía ecológica y digital, refuerza la competitividad industrial de la UE a nivel mundial y mejora la autonomía estratégica abierta de Europa. Al día siguiente de la presentación de la nueva estrategia industrial, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la pandemia de Covid-19. En mayo del año 2020 la Comisión Europea aprobó una norma que permite la entrada de los Estados en el accionariado de compañías durante 6 o 7 años https://cutt.ly/qVum9wK Las empresas que pueden beneficiarse son aquellas compañías, grandes o pequeñas, que sin esa ayuda se verían abocadas a la desaparición. Eso sí, para recibir el dinero público las empresas deberían ser viables antes de la crisis. Es decir, no se podrán adherirse a esta medida aquellas firmas que antes de la situación actual vieran comprometidas sus cuentas. Para evitar una distorsión en el mercado, la Comisión Europea señala que las razones que justificarían la inyección de dinero público serían cuestiones de interés general como el mantenimiento de la plantilla y evitar la quiebra de empresas innovadoras o de aquellas cuyos servicios sean considerados imprescindibles. Junto a estos requisitos, Bruselas establece que el tiempo máximo que podrá permanece el Estado en el capital de la empresa son seis años en el caso de las cotizadas o siete si se trata de firmas que no estén en Bolsa. Asimismo, todas aquellas operaciones en las que la inyección del dinero público supere el 22% del capital o sobrepase los 250 millones de euros tendrán que ser autorizada previamente y disponer de un plan de salida. La adquisición de participaciones estará sujeta a la prohibición de repartir dividendos y a las recompras de acciones, bonos y adquisiciones. El gobierno español promulgo el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 https://cutt.ly/cVuQ0nS En el mismo se fijaba la protección de sectores estratégicos de este país, fijando la entrada o venta de activos de compañías estratégicas superior al 10%, previa autorización del Consejo de ministros. Este real decreto se ha ido prolongando sucesivamente hasta el 31 de diciembre del 2022. Esta situación no ha sido óbice para que algunas grandes compañías de este país han realizado transacciones de activos con la autorización del consejo de ministros, como por ejemplo Gas Natural. Otra cosa fue la venta de activos de Telefónica como el 50,1% de Telxius a la torrera norteamericana ATC o porcentajes superiores al 10% de las divisiones de fibra en países como Alemania, Brasil, España, Chile o Colombia. Todos estos activos fueron enajenados, pero en el BOE no se publicó la aprobación correspondiente del consejo de ministros aprobando dichas ventas como refleja el real decreto https://cutt.ly/gVuWEWS Un caso idéntico se produjo en la petrolera Repsol, la misma vendió el 25% del negocio de 'upstream' al fondo EIG por cerca de 5.000 millones de euros https://cutt.ly/VVuEd8S
El camino emprendido por el Estado alemán en él sector gasista es continuidad de otros rescates como por ejemplo el efectuado en Lufthansa por 9.000 millones de euros https://cutt.ly/3VuRVg7, o la farmacéutica CureVac donde el Estado adquirió un 23% ante el intento de compra efectuado por Trump. El caso alemán no ha sido excepción, ya que Francia no se ha quedado a la zaga, su entrada en la aerolínea Air France-KLM con una aportación de 4.000 millones de euros para aumentar su participación al 30%, a esto hay que sumar los 3.400 millones de euros que el Estado holandés efectúo en la aerolínea. En Renault aumentó su participación hasta llegar al 20% con un desembolso de entre 814 millones y 1.232 millones de euros. Otra empresa que sufrirá la nacionalización total es la eléctrica EDF, donde el Estado francés posee el 84% y pasará a tener el 100%.
Ante este escenario, el proceso de intervención de los Estados en aquellas compañías que resultan críticas para el desarrollo de los países en Europa se ha abierto de par en par sin limitaciones. Téngase en cuenta, que hoy la Comisión Europea está presidida por una política conservadora, Ursula Von der Leyen, que no tiene ningún reparo en proteger y dar luz verde a la adquisición de aquellos activos que son esenciales para los europeos. La adquisición efectuada por el Estado chino en Alemania sobre la compañía fabricante de robots, Kuka, https://cutt.ly/yVuYETn abrió la caja de pandora y tiró aquellos mantras liberales que cubrían la economía de mercado que lo único que trajeron fue pobreza y dependencia como nos demostró la crisis del Covid-19. El gobierno español ha sido uno de los menos intervencionistas en la economía en las compañías de este país, pese a las normas que actualmente rigen con respecto a los activos estratégicos. Ante este escenario, no es descartable que la ola intervencionista que llega de Europa… Alcance a alguna gran compañía de este país que no atraviesa precisamente un buen momento, pese a toda la propaganda mediática que desprende hacia la ciudadanía. Si el gobierno español quiere sentarse y no hacer nada, debería asegurarse de hacerlo una vez que está arriba, ya que como bien ilustra la anécdota del comienzo del post podría venir alguien y se lo comería.
Ya lo dijo José Luis Sampedro: “Hay dos clases de economistas; los que quieren hacer más ricos a los ricos y los que queremos hacer menos pobres a los pobres”.
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