domingo, 10 de julio de 2022

ESPAÑA CON EL PASO CAMBIADO CON FRANCIA Y ALEMANIA EN CUANTO A LA ENTRADA EN COMPAÑIAS ESTRATÉGICAS

 

Tras la muerte del sultán de Zanzíbar, Hamad ibn Thuwaini, el 25 de agosto de 1896, su primo, Khalid ibn Barghash, llegó al poder mediante un golpe de Estado. Zanzíbar era independiente desde 1866, pero el sultán tenía que ser aceptado por el cónsul del Reino Unido, que prefería a Hamud ibn Muhammad. Bargash se negó a abdicar.

A las 9 de la mañana del 27 de agosto terminó el ultimátum británico y comenzó la guerra Anglo-Zanzibariana. A las 9:40 las tropas británicas entraban en el palacio del sultán y finalizaba la guerra Anglo-Zanzibariana.

Las tropas del sultán sufrieron 500 bajas mientras que entre los ingleses sólo resultó herido un marinero. El conflicto supuso además el fin de Zanzíbar como sultanato independiente.

Hace unos días se publicaba en prensa dos noticias que por lo trascendencia que tienen, dejan nítido que el falso debate que existe en nuestro país con respecto a la protección de los activos estratégicos por parte del Estado, en otros países como Francia y Alemania cortan por lo sano a la hora de proteger a sus ciudadanos. La primera noticia se publicaba el 6 de julio, “El Gobierno francés nacionalizará el gigante energético EDF” https://bit.ly/3uBcQdf  En la misma, se informaba que la primera ministra francesa, Elisabeth Borne, ha anunciado este miércoles que el Estado va a nacionalizar totalmente EDF, algo que se justifica para garantizar la producción de electricidad frente a las consecuencias de la guerra en Ucrania con su apuesta por la energía nuclear. Borne ha dicho que el Estado tendrá el "100%" del capital de Electricité de France (EDF), que se encuentra en una situación financiera difícil, lastrada por una fuerte deuda. La empresa, en la que el Estado francés tiene actualmente un 84 % del capital, arrastra un pasivo de 43.000 millones de euros en un momento en que se enfrenta al reto que le ha fijado el presidente francés, Emmanuel Macron, de poner en servicio a partir de 2035 seis nuevos reactores nucleares, con un coste estimado de al menos 52.000 millones de euros. Y eso sin olvidar los cerca de 50.000 millones de euros adicionales que serán necesarios para mantener en servicio el parque atómico actual, compuesto de 58 reactores que normalmente generan un 70 % de la electricidad del país, pero que ahora producen un porcentaje muy inferior por el paro de muchos de ellos por labores de mantenimiento y fallos detectados. Borne ha insistido en que su Ejecutivo quiere controlar la producción de electricidad y de "garantizar nuestra soberanía" frente a los efectos de la invasión rusa de Ucrania.

La segunda noticia se produjo el 9 de julio, “El mayor importador alemán de gas ruso pide el rescate al Gobierno” https://bit.ly/3c3z2X2   En la misma, se informa que la compañía de gas alemana Uniper, el mayor importador de gas ruso en Alemania y filial de la finlandesa Fortum, solicita el rescate al Estado alemán después de que Rusia redujera el suministro de gas. Uniper informó este viernes de que el Estado alemán se hará con una participación importante en la compañía de gas. Con las medidas de apoyo público Uniper podrá parar las pérdidas que sufre en estos momentos y asegurar sus necesidades de liquidez. Fortum también negocia con el Estado alemán sobre el futuro de Uniper debido a los efectos negativos del recorte del suministro de gas a Uniper.

Estas dos noticias, coinciden en el tiempo con la decisión del parlamento europeo de la aprobación de ciertas inversiones en plantas nucleares y en centrales de gas para generar electricidad se consideren “verdes”, como propone la Comisión Europea (CE). Con 278 votos a favor, 238 en contra y 33 abstenciones, no ha prosperado la objeción a las futuras reglas de la llamada taxonomía, que pretende orientar las inversiones financieras en la Unión Europea hacia actividades económicas sostenibles. El Ejecutivo comunitario presentó, el pasado febrero, su propuesta para una taxonomía sobre inversiones verdes en la UE que, finalmente, planteaba incluir en esta clasificación el gas y la nuclear, a pesar del rechazo que provocó su borrador inicial entre sus expertos asesores y en diferentes estados  https://bit.ly/3RnEO5V

Esta realidad que nos muestran ambas noticias arriba mencionadas se viene produciendo desde hace tiempo en distintos sectores estratégicos de ambos países, lo vimos en el sector aéreo con Lufthansa y Air France o con la farmacéutica alemana Curevac, el sector del automóvil con Renault, etc. Por el contrario, en nuestro país el camino es inverso, aquí las compañías privatizadas en época de gobiernos anteriores de diferente signo atraviesan un “via crucis” en el cual el Estado español es un convidado de piedra más allá de observar y ver lo que sucede. Lo único que se ha hecho hasta ahora si exceptuamos Indra, es el Real Decreto-ley 27/2021, de 23 de noviembre, por el que se prorrogan determinadas medidas económicas para apoyar la recuperación https://bit.ly/3nMUiUr El mismo, debería actuar como un cortafuegos ante la toma de participaciones de control sobre dichos activos estratégicos, sin embargo, estamos viendo que en determinados sectores estratégicos que fija el real decreto, como son las telecomunicaciones o energético, el mismo no rige si observamos lo sucedido con la venta por parte de Telefónica de porcentajes muy superiores al 10% de algunos activos estratégicos, como fueron en su día la venta del 50,01% de Telxius a la compañía americana ATC o las participaciones vendidas en las FiberCos de Brasil, Alemania, Colombia, Chile y ahora se está en trámite de vender también el 45% de la FiberCo de España donde se engloban los despliegues de fibra rural https://bit.ly/3ySF99p  

Otro ejemplo lo estamos viendo en la compañía Repsol, la petrolera española acepta ofertas por el 25% del área de exploración y producción “upstream” como la del fondo norteamericano EIG Global Energy. Un acuerdo de venta del 25% podría elevarse hasta los 3.500 o 4.500 millones de euros. La petrolera española se encuentra sumida en una profunda fase de desinversión de todos sus negocios. El argumento empleado por los directivos para dichas ventas es iniciar la transición hacia fuentes de energía renovable, pero la decisión tomada por la Comisión y Parlamento Europeo con respecto a la energía nuclear y el gas, ha sido un torpedo a la línea de flotación de esta que ha dejado a dicha compañía en tierra de nadie https://bit.ly/3AErKDq Tres cuartas partes de lo mismo sucede con la gasista Naturgy, a venta de su filial chilena de redes Compañía General de Electricidad en Chile (CGE) a la empresa estatal China State Grid (SGID) engrosa la caja de la compañía con 2.570 millones de euros. Naturgy mantiene en Chile los negocios de gas y de renovables https://bit.ly/3RlEmoS Si a esta foto demoledora, añadimos el papel de Rodrigo Buenaventura presidente de la CNMV, que en enero defendió que sería positivo permitir la compra de empresas cotizadas españolas por entidades extranjeras una vez se normalice la situación de las bolsas. En este sentido, Buenaventura dijo que el capital extranjero será “imprescindible” en el periodo que afronta el mercado de capitales español y que el mercado de control corporativo “merece ser preservado” desde un punto de vista inversor. Con esta realidad, la situación de dichos activos estratégicos no está garantizada para el interés general de la sociedad española, máxime si tenemos en cuenta que el gobierno español hasta el momento no ha actuado con la belicosidad y rapidez de los gobiernos de Francia y Alemania. Hay que añadir, que la crisis de inflación que estamos viviendo en toda Europa, se ve agravada por unos márgenes empresariales ajenos a la situación económica que atraviesa la sociedad española. En él guiadance de Repsol para este 2022, se calculó según el Banco de Sabadell un margen de refino de 4 dólares por barril, actualmente es de 6,8 dólares, un (41,17%) superior.  En el sector eléctrico sucede tres cuartas partes de lo mismo, las empresas que suministran energía eléctrica disparan su facturación un 121,4%, siendo récord de la serie. Los hogares españoles abonaron 0,51 euros por KWh en el primer trimestre del 2022, frente a los 0,42 de Italia, los 0,38 de Alemania o los 0,21 de Francia, según los datos de la Comisión Europea https://bit.ly/3OVDbuH Esto representa un (43%) más que la media de los 27 países de la Unión Europea. Mientras esto sucede, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, anuncia que su compañía tendrá un objetivo de beneficio récord para este 2022 y que los dividendos se esperan en la misma línea. El objetivo del grupo es alcanzar un beneficio neto récord para este 2022 de entre 4.000 y 4.200 millones de euros, incrementando así el dividendo para sus accionistas "en la misma proporción". El señor Galán está encantado con la situación actual, su salario de 12 millones de euros al año es más que incentivador para que no piense en la ciudadanía española. Su única preocupación es el dividendo, cuanto mayor sea mejor y para ello es fundamental mirar a que los márgenes de la compañía aumenten de forma desproporcionada. Lo más lamentable de todo esto, es que el señor Galán todavía se permite llamar tontos a todos aquellos ciudadanos que buscan amparo en la tarifa eléctrica regulada. Yo a veces pienso, ¿qué pasaría si ese comportamiento sucediese en Francia y el presidente la eléctrica EDF actuara como el señor Galán? Probablemente, el señor Macron le tomaría la matrícula y saldría disparado de dicha compañía. 


Para terminar el post, quiero decir que en España estamos a años luz del comportamiento de los políticos y políticas de países tan de derechas como Francia o Alemania con respecto a la defensa de lo estratégico. Indra ha sido un comienzo esperanzador, pero son muchas más compañías las que necesitan que el Estado español esté representado en el accionariado como sucede en ambos países en porcentajes que sean disuasorios a la entrada hostil en las mismas sin ser solicitada. Algunas que lo necesitan más pronto que tarde con la que está cayendo son Telefónica, Repsol, Iberdrola o Naturgy. Hace unos días ya lo manifestó el presidente francés Emmanuel Macron, “Tendremos que retomar el control de varios actores industriales. El Estado deberá hacerse cargo de varios aspectos del sector energético”.

Como ciudadano español, me encantaría estar gobernado por un gobierno con las mismas miras que franceses y alemanes en esta cuestión, lo que sucede es que soy consciente que años de liberalismo engañoso, “lo estrecho para la ciudadanía y lo ancho para los de siempre”, ha terminado tejiendo una red de intereses muy fuertes y difíciles de romper. Probablemente el efecto Indra, pueda ser como en la guerra de Zanzíbar… Una guerra relámpago que termine sin mayor oposición por quien hoy obra al margen de los intereses de la sociedad española.

Ya lo dijo Edmond Thiaudière: “La política es el arte de disfrazar de interés general el interés particular”.

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