domingo, 27 de octubre de 2019

"WHISTLEBLOWER"...LA CONCIENCIA PUESTA AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD



La figura del whistleblower también llamado denunciante, informante, filtrador, o delator, se define como el ciudadano que trabajando en sectores públicos o privados decide dar a conocer un hecho presuntamente criminal como un delito, un peligro o un fraude a la sociedad civil, a los medios de comunicación o a los organismos públicos. La revelación de información puede ocurrir mediante la información simple de los hechos hasta la filtración de documentos y pruebas que corroboran el hecho. En ocasiones, el término tiene un uso que se circunscribe al ámbito laboral u organizacional, mientras que los términos equivalentes en castellano pueden aplicarse también a actuaciones en diversos ámbitos de la sociedad civil.
La protección legal para la práctica de la delación varía de un país a otro y puede depender del país donde ocurrió la actividad denunciada, de dónde y cómo fueron revelados los secretos, y cómo llegaron a publicarse o publicitarse. Más de una docena de países han adoptado leyes completas de protección a la delación que crean mecanismos para informar de las infracciones y proporcionar protección legal para los delatores. Hay poco más de 50 países que han adoptado protecciones más limitadas en el marco de sus leyes anti-corrupción, de libertad de información, o de empleo. En el año 2010 el Senado de los Estados Unidos aprobó un proyecto de ley que protege a los empleados gubernamentales que informen de casos de abuso, fraude y malgasto público. En España la protección del denunciante en el marco de los canales de denuncia carece de regulación alguna a nivel estatal, existiendo tan solo algunas normas a nivel autonómico o empresarial. En noviembre de 2018, el Parlamento Europeo aprobó una directiva de protección al delator ("Whistleblower Protection Directive") que contiene amplias protecciones para la libertad de expresión de delatores en los sectores público y privado, incluyendo a la prensa  (periodistas), en todos los Estados miembros de la Unión Europea. La Directiva prohibe represalias directas o indirectas contra empleados, actuales y pasados, en ambos sectores http://bit.ly/363nOKJ
Todas las entidades jurídicas públicas y privadas con 50 o más empleados deberán establecer canales de información seguros, para dar respuesta a preguntas tales como; ¿Sobre qué pueden informar los denunciantes?, ¿Quién puede informar?, etc. Seleccionar las habilidades, las rutinas y el sistema correctos para los informes internos le brinda la oportunidad a cualquier organización de obtener un valor comercial real a partir de la denuncia de irregularidades. Muchos de estos sistemas de delación se implementan como medida preventiva frente a la corrupción. El hecho mismo de que el sistema esté disponible puede evitar la mala conducta en primer lugar, asimismo evita o minimiza los daños mediante la implementación de canales efectivos de denuncia de irregularidades. Esta acción puede tener un gran retorno de la inversión (ROI) por sí solo. El denunciante podría ser un trabajador, un trabajador por cuenta propia, un accionista, un voluntario, un aprendiz no remunerado, un contratista, subcontratista o proveedor, un ex trabajador o incluso alguien que vaya a una entrevista de trabajo y encuentre información sobre corrupción. No existe una definición legal de denunciante, y hay muchas sensibilidades diferentes. Si bien la prensa en los últimos años ha aireado grandes escándalos como  Cambridge Analytica, Dieselgate, LuxLeaks y los Papeles de Panamá, el Caso Villarejo, etc., se estima que el 7% de todos los trabajadores necesitarán protección de denunciantes en algún momento de su carrera.
Como afirmaron los eurodiputados verdes europeos Reinhard Bütikofer y Monica Frassoni: "Idealmente, no deberíamos tener que contar con denunciantes para mantener a las personas bajo control, pero es solo gracias a las revelaciones instigadas por denunciantes como los Panama Papers y Luxleaks que y los errores éticos a gran escala han salido a la luz". Desde la perspectiva legal, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos interpreta la denuncia de irregularidades en interés público como una forma de libertad de expresión garantizada en virtud del artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Un denunciante debe tener una convicción razonable sobre la confiabilidad de la información que divulga, y también que se están cometiendo irregularidades. La motivación del denunciante en este asunto es irrelevante si tenemos en cuenta que su sola puesta a disposición de los órganos que velan por dicho comportamiento ejemplar, tales como los tribunales, las direcciones de las compañías, etc., supone un beneficio enorme para erradicar el mismo y vacunarse contra la posible aparición en el futuro. 
 
Los casos recientes de corrupción expuestos por los denunciantes incluyen vigilancia masiva ilegal, evasión de impuestos a escala industrial, abuso de protecciones ambientales e incluso el abuso sexual de niños por parte del personal de mantenimiento de la paz. Tal denuncia de irregularidades contra grandes corporaciones y estados nacionales es una de las medidas más efectivas para combatir las malas acciones que afectan a la sociedad en general. A nivel personal, muchas personas sentirán que es su deber en conciencia como ciudadanos denunciar crímenes o revelar conductas indebidas, irregularidades y actividades ilegales. Esto puede ir más allá de los actos puramente ilegales para incluir omisiones o corrupción que van en contra del espíritu de una ley. Y si la responsabilidad cívica no fuera suficiente, la Comisión Europea estima que "la pérdida de beneficios potenciales debido a la falta de protección de los denunciantes, solo en la contratación pública" es de entre 6.000 y 10.000 millones de euros al año. Según el vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans: "Muchos escándalos recientes nunca habrían salido a la luz si los expertos no hubieran tenido el coraje de hablar. Pero los que lo hicieron tomaron enormes riesgos. Entonces, si protegemos mejor a los denunciantes, podemos detectar y prevenir mejor el daño al interés público, como fraude, corrupción, evasión de impuestos corporativos o daños a la salud de las personas y al medio ambiente. No debería haber castigo por hacer lo correcto".

Los denunciantes no deben ser tratados injustamente o perder su trabajo debido a sus acciones, pero como regla general, los denunciantes que informan haber actuado mal lo hacen con un riesgo personal considerable y pagan un alto precio personal y profesional. Existen grandes asimetrías entre denunciantes y compañías o autoridades nacionales. Las compañías utilizarán todas las herramientas a su disposición para contraatacar contra la denuncia de irregularidades, desde invocar la ley de secretos comerciales, hasta investigar motivos individuales para denunciantes de interés público. El costo de los procedimientos legales por sí solos revela el enorme desequilibrio de poder. Los denunciantes (trabajadores) pueden sufrir física y mentalmente si se ven obligados a permanecer en un lugar de trabajo donde se están cometiendo irregularidades reales o sospechosas, por lo tanto se debe proporcionar apoyo y defensa contra las posibles  represalias si se denuncian. 

En España llevamos estos últimos meses conociendo por el “Caso Villarejo” como la élite empresarial (CEOs) de compañías emblemáticas de este país (IBEX-35), se comportaban de forma impropia cometiendo delitos a través de sus jefes de seguridad. Célebres son los casos del BBVA e Iberdrola que se encuentran uno ya instruyéndose, como es el caso del banco, y otro en “capilla”, la eléctrica, a la espera de que se abra una pieza separada en el Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. Pero lo más llamativo de dicha instrucción, es que la persona que se encuentra en prisión como recoge la prensa en el siguiente párrafo amenaza con tirar de la manta:  “El excomisario José Villarejo, encarcelado en Estremera, acaba de emitir un comunicado a través de su abogado en el que denuncia que las "manos negras" que están "tirando de la manta" amenazan con poner "en la picota a compañías absolutamente estratégicas como Repsol, Indra, Caixabank, Iberdrola, Santander, Grupo Planeta, Mutua Madrileña o Telefónica"  http://bit.ly/32bo33M  Mas allá de los hechos sucedidos, está la situación del bien común del que se podría beneficiar la sociedad si se pudiera conocer que ocurrió con la gestión de dichas compañías para erradicar dichos comportamientos. Así pues, aunque el señor Villarejo ha empezado a “tirar de la manta” de forma lenta pero parece que de forma continua si como parece se le prolonga la prision preventiva otros dos años más, no porque sea un Whistleblower sino por su propio interés personal http://bit.ly/2MRfqXd Sin embargo la sociedad… Se merece conocer la verdad para depurar dichos comportamientos.

Ya lo dijo Manuel Vicent: “Hay que celebrar el hecho de vivir tiempos de baja intensidad. Eso permite que la víctima o el verdugo, el héroe o el traidor, el asesino, el delator, el fusilado que cualquiera pueda llevar dentro no se asome a la superficie. Grandes tiempos mediocres y felices son éstos en que uno puede compartir el whisky en un cóctel con alguien que llegado el momento propicio no dudaría en mandarte fusilar.”

 
 

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