Alguna vez, durante las negociaciones que culminaron con la visita de Richard Nixon a China, Henry Kissinger, el entonces secretario de Estado estadounidense, preguntó al premier Zhou Enlai su opinión sobre el impacto que la Revolución Francesa había tenido en la historia. Zhou lo miró unos instantes y respondió, “es muy difícil juzgar los efectos de aquel movimiento porque no se tenía aún perspectiva histórica”. Era, agregó, un acontecimiento demasiado reciente. En efecto, dentro del cauce milenario de la historia china, dos siglos eran un parpadeo.
A la luz de la anécdota de Kissinger, no deja de ser una ironía de la historia que el régimen de Mao, al que Zhou sirvió con notable eficacia y una lealtad sin cortapisas, haya resultado a fin de cuentas la más efímera de las dinastías chinas. Mao gobernó el país entre 1949 y 1976: menos de treinta años. Más paradójico incluso es que ese régimen, que pretendía iniciar una nueva etapa en China, modernizarla y dejar atrás su pasado, haya transitado por la historia del país dejando tan sólo una riada de destrucción, y que no haya necesidad de mayor distancia histórica para evaluar su triste legado.
Se acaban las vacaciones de verano y la sociedad vuelve a su difícil rutina. En el ámbito económico, las perspectivas para algunas compañías como Telefónica no pueden ser más difíciles en los próximos meses, si tenemos en cuenta las perspectivas futuras de los nuevos brotes que están sucediendo en la sociedad española por el Covid-19 y por ende de la economía. Si el 30 de junio la cotización del precio de la acción de Telefónica era de 4,25 euros, hoy la misma es de 3,51%, es decir un (-17,41%). Si se mira con respecto al 1 de enero, la acción ha perdido un (-43,65%). Si se mira con respecto a la llegada a la direccion de la compañía del actual presidente, el 8 de abril del 2016, la pérdida alcanza (-62,72%). Pero si esta es una buena medida para evaluar el devenir de la acción, a ello hay que anunciar una noticia que se ha publicado hoy que significará una nueva penalización para la compañía, es la siguiente, “BBVA y Telefónica se incorporan a las quinielas para abandonar el Euro Stoxx” https://bit.ly/34DCeTp "El servicio de estudios del Banco Sabadell lo asegura en su último informe en el que añade además a esa lista a la entidad gala Societe Generale y a la empresa alemana de asistencia sanitaria Fresenius. El banco vasco ha perdido un 84,62% de su valor en el mercado desde los máximos históricos que alcanzó allá por febrero de 2007 (16,26 euros), A BBVA le ha golpeado también de lleno el descalabro en bolsa de Telefónica (18.719 millones de valor bursátil), de la que es uno de los principales accionistas junto a Caixabank y a la mayor gestora del mundo, Blackrock. La batalla “low cost” dentro de las operadoras, su elevado nivel de deuda o la exposición a Latinoamérica han torpedeado la acción, que 12 de octubre de 2007 llegó a tocar los 21,90 euros. Desde entonces se desploma un 83,92%. La compañía logró rebajar su nivel de pasivo un 7,5% interanual de enero a junio hasta los 37.201 millones de euros, recortándola en 1.000 millones a lo largo del segundo trimestre".
Si esto no fuera suficiente motivo para prevenir, la agencia de calificación Moody's, a afirmado estos días que la pandemia afectará profundamente a la forma en que las compañías interactúan con los empleados, los clientes, los gobiernos e incluso de forma interna. Para la agencia norteamericana, tras la Covid-19 aumentarán los gastos y se reducirán los ingresos. Además, los cambios no se revertirán en el corto plazo, por lo que las compañías deben tener claro que habrá que convivir con ellos durante meses o incluso años. Esta situación hará que los empleados busquen un lugar de trabajo seguro contra los virus, al tiempo que los clientes preferirán más productos y servicios digitales y los gobiernos buscarán más compromiso con la administración. Todas estas demandas requerirán que las empresas inviertan en una amplia gama de medidas y protocolos de seguridad que aumentarán sus gastos y reducirán su capacidad de generación de flujo de caja, frenando los ingresos y el potencial de ganancias incluso "mucho después" de que la pandemia retroceda, advierte la agencia. Por otro lado, la pandemia ha acelerado la digitalización en los sectores económicos al tramitar los servicios en red motivado por una sensación de seguridad que produce dicha forma de interacción. Este cambio ha llevado a muchas compañías a acelerar los procesos de digitalización en los que ya estaban inmersos. Para Moody's, las inversiones necesarias para cambiar el enfoque de ventas, las cadenas de suministro y las estrategias pesarán sobre los planes de capital y los beneficios de los minoristas para muchas compañías. Sin embargo, esta digitalización también traerá consecuencias. El aumento de las compras online reducirá el valor de las propiedades, perjudicando a los propietarios, pero creando oportunidades para empresas de tecnología, telecomunicaciones y servicios. Los sectores inmobiliarios que más dependen del gasto de los consumidores, como la venta al por menor y el alojamiento, sufrirán una fuerte disminución de los ingresos en el corto plazo y periodos de recuperación más largos porque su dinámica operativa y sus flujos de efectivo están altamente correlacionados con el entorno macro. La demanda de espacio de oficinas en los principales mercados urbanos podría debilitarse si los acuerdos de teletrabajo se vuelven permanentes, como todo parece apuntar en el caso de España ante los recientes rebrotes. Moody's confía en la vuelta de un cierto proteccionismo, con cambios hacia una producción más local de bienes críticos como los medicamentos. La ralentización del crecimiento mundial y los cambios en las preferencias de los consumidores también pesarán sobre los mercados de petróleo y gas a nivel mundial, con una menor demanda de energía. Para la firma americana los precios seguirán siendo volátiles, todo un aviso a navegantes.
A lo descrito anteriormente, se une lo que acaba de anunciar el Banco de España, la deuda del conjunto de las administraciones públicas del Estado cerró junio en el máximo histórico de 1,29 billones de euros tras sumar 65.744 millones desde el cierre de marzo, un periodo que coincide con la pandemia de coronavirus y las medidas adoptadas por el Gobierno para frenarla. Esta alza aleja cada vez más el objetivo europeo de situar la deuda pública por debajo del 60 % del PIB, una meta que España no alcanzará al menos hasta 2050, toda una herencia para generaciones futuras. Si bien la movilización de recursos públicos es, ahora mismo, la mejor forma de amortiguar el golpe y evitar males mayores en el futuro. Sin acceso a los mercados de deuda sería imposible financiar las medidas de ayuda a los hogares y la economía, en un contexto de caída de los ingresos. La crisis sanitaria de la Covid-19 ha dado paso a una crisis económica que requiere de una fuerte movilización de los recursos del Estado con las siguientes prioridades: reforzamiento del sistema sanitario, protección del empleo y apoyo a los hogares vulnerables, y provisión de liquidez a empresas. En uno de los últimos Boletines Económicos, el Banco de España estimó que el coste presupuestario del episodio recesivo causado por la Covid-19 podría situar el déficit público de 2020 entre el 7% y el 11% del PIB. En paralelo, se calcula que el retroceso del PIB español en 2020 puede ser de hasta el 13%. Como consecuencia de un aumento del déficit y una reducción del PIB, se prevé que la ratio de deuda pública sobre PIB pueda superar el 120% a finales de año, respecto a un nivel del 95,5% a finales de 2019. El desafío para el Gobierno y la Administración será, por lo tanto, conseguir que la deuda española sea considerada por los mercados como lo más cercana posible a activos libres de riesgo; es decir, mantener el nivel actual de la prima de riesgo.
Así pues, en estos últimos cuatro meses del año 2020 se arreglará algo la economía según la previsiones económicas de distintos organismos como son la OCDE, Comisión Europea, FMI, Banco Mundial o Banco Central Europeo, sin embargo, será insuficiente para que las compañías cumplan con sus previsiones de comienzo de año. Todo esto debería de ser motivo más que suficiente para que decisiones que se han tomado este año en alguna compañía, como es el pago del dividendo, sea suprimido ante las dificultades que se avecinan. Algunas compañías del sector de las telecomunicaciones, han empezado a sentir en carne propia que es ser “carne de OPA”, como por ejemplo BT Group plc, el operador de bandera de Gran Bretaña, https://bit.ly/3hCBTnS En España dicha situación no llegará, no por ganas de algún fondo u OTT, sino por imposibilidad gubernamental con el Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo https://bit.ly/32rfC62 de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, se incluía la protección para las empresas estratégicas ante una posible opa hostil. Sin embargo, este hecho beneficioso para un activo clave de la sociedad española, no puede ser excusa para dejarlo languidecer como se encuentra actualmente ahora, deambulando por los mercados bursátiles. Es tiempo de iniciar un proceso de cambio tanto en el modelo de gestión como en las personas que han dirigido la misma a la situación en la que se encuentra actualmente. La recuperación económica depende de decisiones que generen un cambio de 180º a la dirección tomada actualmente, este, solo se podrá producir si entra savia nueva a realizar el mismo.
Para terminar el post, decir que si bien Zhou Enlai le parecía poco más de dos siglos para evaluar la contribución de la Revolución Francesa en la sociedad gala, en algunas compañías con un CEO que lleva cuatro años y cuatro meses, ya se tiene una visión muy certera de lo que sucede y lo que hay que hacer para cambiar dicha situación. ¿Lo tendrán claro también quien tiene que tomar la decisión para remediar dicho hecho?... Pronto lo veremos.
Ya lo dijo Albert Einstein: “La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia”.
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