LA SOCIEDAD SURGIDA POST COVID-19...EN "SHELL-SHOCK"

"Vi a hombres robustos y fuertes, con temblores, haciendo muecas como dementes, víctimas de un terror silencioso e incontrolable". Así describía el periodista Philip Gibbs hace 100 años el efecto que la guerra moderna tenía en los soldados del Frente Occidental durante la Primera Guerra Mundial. Los efectivos empezaron a mostrar estos perturbadores síntomas en septiembre de 1914, apenas un mes después de que empezara el conflicto. Jóvenes que hasta hacía poco estaban sanos y que no mostraban señales de heridas externas, estaban perdiendo los sentidos del olfato, vista y gusto. Algunos no podían parar de sacudirse y otros no podían hablar. A muchos los atormentaban las pesadillas o revivían lo que había ocurrido en el campo de batalla una y otra vez cuando estaban despiertos. En esa época la salud mental era una rama muy poco conocida de la medicina. Para algunos generales del ejército no era más que "una tontería y pura cobardía". Pero lo que pasó en esa guerra terminaría revolucionando el entendimiento sobre la salud mental. En el siglo XIX todavía se creía que el trauma sólo causaba heridas físicas. En conflictos como la Guerra Civil de Estados Unidos, a los que sufrían de dolores de pecho y falta de aliento les diagnosticaban "corazón de soldado". Los oficiales militares culpaban a los estrechos uniformes por la condición. Unas pocas décadas más tarde, los soldados que servían durante la Primera Guerra Mundial sufrieron una de las experiencias bélicas más terribles de la historia. A diario enfrentaban la muerte y la mutilación causada por el estallido de bombas, balas de ametralladoras o por el silencioso pero mortal gas venenoso. Cuando los soldados empezaron a mostrar los síntomas de lo que se llamó "shell shock" o "neurosis de guerra", se asumió que las explosiones les había causado un daño invisible en el sistema nervioso. No obstante, muchos comandantes militares pensaban que la neurosis de guerra era una invención, una exageración o, sencillamente, cobardía. Es muy probable que algunos de los soldados que fueron ejecutados por desertar estuvieran traumatizados. Pero los casos se acumularon. La gente reaccionó escribiéndole a los periódicos sobre sus familiares enfermos y llevando el tema ante el gobierno. Tanto los médicos como los comandantes se empezaron a preguntar si quizás la falta de sueño, el ruido ensordecedor y el espectáculo de demasiada muerte y mutilación podrían estar causando los síntomas. Entre abril de 1915 y abril de 1916, en Reino Unido, más de 11.000 hombres recibieron tratamiento por neurosis de guerra en hospitales británicos. Al principio, se creía que se podía curar con descanso, sedante y choques eléctricos. Más tarde, algunos doctores pensaron que ese tratamiento se enfocaba demasiado en el cuerpo y no suficiente en la mente así que, inspirados por el psicoanálisis freudiano, empezaron a alentar a los soldados a que hablaran de sus experiencias. Para el final de la guerra, 80.000 oficiales y soldados británicos habían sufrido de "una severa discapacidad mental que dejó al individuo temporalmente incapaz de seguir sirviendo". Tres años más tarde, 65.000 seguían recibiendo ayuda del gobierno por sufrir de neurosis de guerra. La Primera Guerra Mundial probó que cualquier persona puede sufrir de una enfermedad mental, no importa cuál sea su procedencia, género o "carácter moral". Un siglo más tarde, sabemos que el término "shell shock" abarcaba una gama de condiciones, desde ansiedad hasta trastorno por estrés postraumático (TEPT).

La sociedad española ha estado y está sometida a una situación desconocida hasta la fecha por el problema del COVID-19. De la misma, quiero pensar a que se enfrenta una sociedad que ha sufrido una debacle como la actual y como debe de aprender de sus errores, abriendo  las causas y hechos que condujeron a que miles de personas se muriesen.  Más allá de que cuando se produce un “shock”  en la sociedad, existen fuerzas que tratan de hacer girar el centro de gravedad de la sociedad civil hacia intereses particulares de poderes económicos que no quieren perder el manejo y control de la misma por el “shock” sufrido. Dice la escritora canadiense Naomi Klein que la estrategia de la doctrina del “shock”, ideada por el economista Milton Friedman y puesta en práctica por sus fieles -desde presidentes de Estados Unidos hasta oligarcas rusos, pasando por dictadores del Tercer Mundo, catedráticos de universidad o directores del Fondo Monetario Internacional-, consiste en “esperar a que se produzca una crisis de primer orden o estado de shock, y luego vender al mejor postor los pedazos de la red estatal a los agentes privados mientras los ciudadanos aún se recuperan del trauma, para rápidamente lograr que las “reformas” sean permanentes”. El propio Friedman describió así la táctica del capitalismo contemporáneo: “Solo una crisis -real o percibida- da lugar a un cambio verdadero. Cuando esa crisis tiene lugar, las acciones que se llevan a cabo dependen de las ideas que flotan en el ambiente. Creo que ésa ha de ser nuestra función básica: desarrollar alternativas a las políticas existentes, para mantenerlas vivas y activas hasta que lo políticamente imposible se vuelva políticamente inevitable”. En España el escenario del “shock” hasta la fecha no lo provocaba un golpe de Estado ni una invasión ilegal con bombardeos masivos, ni una inundación de consecuencias catastróficas, sino la propia crisis económica. La misma se utilizaba como justificación de la que se sirve el Gobierno -y sobre todo, los poderes económicos y financieros que auspician sus medidas- para abordar un tratamiento de choque económico que recetaba descargas eléctricas de forma continuada hasta provocar un cortocircuito en nuestra capacidad de respuesta o, dicho en otras palabras de Friedman, reacciones psicológicas que facilitan “el proceso de ajuste”. 

La quiebra en la asistencia ante la falta de recursos básicos para los empleados de dicho servicio, como mascarillas, batas, etc., producida en nuestro sistema público de salud con motivo del COVID-19, tiene su origen en la asunción de competencias sanitarias por los gobiernos  autonómicos que tienen asumidas las competencias desde el año 2001 que se inició dicha transferencia hasta el verano del año 2002 que se culminó. El Sistema Nacional de Salud español fue configurado en la Ley General de Sanidad de 1986 como el conjunto de los servicios de salud de las comunidades autónomas, convenientemente coordinados. Este modelo de sistema sanitario, descentralizado, venía a dar respuesta a la nueva organización territorial del Estado, título octavo de nuestra Constitución. En 1981, en Cataluña, se produjo el primer traspaso de competencias con el Real Decreto 1517/1981, de 8 de julio. Y, sin embargo, en 2001 solo se había transferido el Insalud a siete de las diecisiete comunidades autónomas: además de la pionera Cataluña, a Andalucía, País Vasco, Galicia, Navarra, Comunidad Valenciana y Canarias. Estos territorios habían asumido competencias en materia de Seguridad Social a través de sus respectivos Estatutos de Autonomía. Entre 1996 y 1999, las restantes diez comunidades modificaron sus estatutos para asumir las competencias y no fue hasta finales de 2000 cuando se planteó la conveniencia y oportunidad de finalizar el proceso de descentralización sanitaria y proceder al traspaso de los medios y servicios del Insalud. Rubén Moreno era entonces secretario general de Gestión y Cooperación del Ministerio de Sanidad y presidente del Insalud. Como recuerda, “el presidente Aznar era considerado como más centralista que autonomista en el mundo político. Y, sin embargo, tenía claro que tenían que acabarse las transferencias: fue un encargo suyo personal, al ser una nación con una estructura de comunidades autónomas establecidas por la Constitución. Y, aunque era una labor ingente transferir el antiguo Insalud, que era la mitad de la asistencia sanitaria, hicimos un esfuerzo enorme para hacerlo en un plazo de once meses”. Fue el mayor traspaso de competencias que se ha hecho en la historia de España. Existen dos periodos claramente diferenciados en la gestión de dicha descentralización sanitaria, el primero comprende desde el año 2002-2008 el cual está caracterizado por un impulso por parte de todas las comunidades autónomas, con estrategias o planes de salud, aumento de recursos y dotaciones, mejora de las condiciones retributivas y mejora de infraestructuras. El gasto sanitario público en relación con el PIB se acercó a la media de la UE-15 y mejoró la calidad de la atención. Sin embargo el segundo periodo que va desde la crisis económica del 2008 hasta la actualidad ha venido caracterizado por la pérdida de la universalidad, reducción de cobertura, aumento de copagos y reducción de recursos humanos. La valoración del sistema sanitario empeoró y aumentaron los tiempos de espera para la atención asistencial. El gasto sanitario público se redujo y la proporción de gasto sanitario público sobre el total bajó desde el 75 al 69%. Es verdad que, precisamente por tener transferida la gestión sanitaria, algunas comunidades pudieron amortiguar el impacto de estas políticas, sin embargo la tendencia ha sido claramente mala. 

Lo cierto y verdad es que la aparición de distintos criterios de gestión en las diferentes comunidades autónomas hizo que las prestaciones a las que uno puede acceder no sean las mismas en un territorio u otro. Por tanto, no se han cumplido los objetivos marcados por la Ley de Cohesión y Calidad (que eran, precisamente, evitar ese tipo de riesgos). Uno de los mayores problemas que surgieron en los traspasos de dichas políticas sanitarias entonces tiene que ver con los errores económicos en los traspasos. Fueron errores importantes, porque se hicieron sobre la liquidación de dos años antes. Sin embargo, el sistema actual tampoco invita al optimismo por problemas que tienen que ver con el aumento y el envejecimiento de la población, sumados a la repercusión sobre el sistema público de la inmigración y el aumento de las expectativas de salud de los ciudadanos y la medicalización de la sociedad, configuran un escenario que supone un notorio incremento de la demanda de los servicios sanitarios. Por tanto, estos factores obligaban a que se tuvieran en cuenta para ser asumidos tanto por las comunidades autónomas como por el propio Gobierno central, sin embargo, no se ha hecho así. Lejos de eso en algunas Comunidades Autónomas se han centrado en una espiral descentralizadora hacia los conciertos y sanidad privada que se ha puesto actualmente en solfa al verse desbordados por los recortes efectuados, por ejemplo la Comunidad Autónoma de Madrid. Una cuestión fundamental ha sido que, en los últimos años, la crisis económica y las medidas de recorte que ha aplicado el Gobierno de Mariano Rajoy Brey han condicionado mucho la respuesta que han podido dar las comunidades autónomas a los problemas de salud de cada una de sus regiones. Actualmente hay más desigualdad que nunca de lo que sería aceptable, a causa de los recortes y la infrafinanciación.

La pérdida de lo público y la corrupción en la contratación pública es indudablemente uno de los grandes retos urgentes que recorren la sociedad española. Las futuras políticas que se lleven a efecto al respecto afectaran a las actuales y siguientes generaciones y la calidad de los servicios y bienes públicos. Tras las advertencias de la Unión Europea sobre las deficiencias del Estado español en la supervisión y regulación de este tipo de contratos, primero el gobierno del PP creó la Oficina Nacional de Evaluación (ONE) -que no produjo ningún resultado-, y luego el gobierno del PSOE, en junio de 2018, puso en marcha de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación Pública (OIReScon), cuya misión es velar por la correcta aplicación de la legislación y, en particular, promover la concurrencia y combatir las ilegalidades y corruptelas en la contratación pública. A fecha de hoy, todavía no se ha publicado un calendario para la elaboración de informes de supervisión con los incumplimientos detectados, las aplicaciones incorrectas de la legislación o con casos de fraude y corrupción, mientras los escándalos no cesan: el pelotazo del proyecto Castor, el cártel de Adif y el reabierto cártel de la basura o las vergonzosas condiciones laborales de personas con discapacidad en el Palacio Real. Todos estos casos además, tienen protagonistas recurrentes; entre ellos ACS y su entramado corporativo. Las Concesiones Publico Privadas (CPP) son fórmulas contractuales entre una autoridad pública y el sector privado (como concesiones, gestión interesada, sociedad mixta o contrato de servicios), para que el socio privado construya y gestione un servicio tradicionalmente público, como hospitales, escuelas, carreteras, vías férreas, agua, saneamiento y energía. Pero el peligro está en que la receta CPP está convirtiéndose en la solución casi única para financiar y/o gestionar nuestros bienes y servicios públicos. Nacieron en el año 1992 en el Reino Unido como un ardid contable para esquivar las restricciones del gobierno sobre el endeudamiento público, y desde entonces se ha experimentado un auge de este modelo en todo el mundo, promocionado por instituciones internacionales como el Banco Mundial, el FMI, la OCDE y gobiernos tanto del Norte como del Sur Global. A medida que en Europa, y el resto del mundo, se comenzó a limitar el endeudamiento público con la aplicación de medidas de austeridad, -especialmente tras la crisis financiera de 2008-, también se disparó la utilización de las (CPP) como un componente de la política de privatizaciones y una forma de equilibrar los presupuestos mediante la ocultación del endeudamiento. Hablando en plata: son privatizaciones encubiertas. Las prácticas contables de las (CPP) permiten a gobiernos mantener estos proyectos fuera de sus cuentas (no son transparentes ni auditables), ya que es el sector privado -y no el gobierno- el titular del préstamo que financia el proyecto. Una maniobra de contabilidad creativa, donde el coste real de un proyecto queda escondido, hasta que algo falla y todo revierte sobre lo público, o sobre los bolsillos de la ciudadanía.

Al estudiar etnográficamente la vida cultural de las sociedades, una serie de elementos aparecen en repetidas ocasiones: el hombre, el medioambiente, la transformación de la naturaleza en objetos de subsistencia, intercambio de bienes y servicios con distinto valor cultural y comportamientos relacionados con estos elementos. Según el antropólogo Michael Rhum, son “ritos de intensificación” aquellos ritos comunales que sirven para intensificar los sentimientos sociales de los miembros de un grupo y la solidaridad de este. Pues bien, dichos ritos en la crisis del COVID-19 han aflorado con la salida a balcones y plazas a las 8 de la tarde de miles de personas para aplaudir el magnífico trabajo efectuado por trabajadores y empleados de diversos servicios que permiten que la sociedad no se colapse debido al parón al que está sometida por el Estado de Alarma. Sin embargo, ese “Shell-Shock” o “Síndrome de la Granada” como se le conoce también, generará en la población un sentimiento de vulnerabilidad, miedo, ansiedad, que permanecerá durante un tiempo después de que dicha situación pase.  Es por ello, que se hace necesario de un análisis exhaustivo de las razones y causas que han llevado a la sociedad a encontrarse en esta situación, desde; las decisiones políticas en la externalización y adjudicación de la prestación de dichos servicios públicos, pasando por la revisión y control de cómo se prestaron los mismos por compañías privadas durante la crisis, del funcionamiento del propio sistema democrático, tanto en cuanto, se ha vivido una situación esperpéntica de culpabilizarse las distintas administraciones sin hacer autocrítica del papel jugado por cada una de ellas en dicha crisis, de los modelos asimétricos que se han generado con la descentralización de la sanidad a las 17 comunidades del Estado español, que ha supuesto que dependiendo donde viva él ciudadano tiene una mejor o peor sanidad https://bit.ly/2UoXdnp , del control y estudio del modelo geriátrico en España, ya que hemos visto durante la crisis situaciones delictivas con nuestros mayores que hacen que el concepto de persona tenga cero valor, etc.

El COVID-19 ha sido un grave trauma para la sociedad española al esconder en el subconsciente modelos y principios que la sociedad tenía por garantizados como la seguridad, los servicios públicos, el derecho a la vida, etc., sin embargo, debe de servir esta crisis para ver lo que en la propia sociedad ha emergido ante una situación como la vivida, el teletrabajo, la disciplina de la población en el cumplimiento de las normas ante una situación de emergencia, la solidaridad como principio básico de supervivencia, etc… Nada será igual cuando esto acabe, sin embargo, hay que sacar del aprendizaje de esta crisis que con miedo problemas como este no se superan, si no se hace la autocrítica pertinente (levantar las alfombras) que nos permita superar la próxima que se presente sin cometer los mismos errores que hemos cometido en esta.

Ya lo dijo Martin Seligman: “Cuando un acontecimiento traumático ocurre por vez primera, produce un estado de intensa emocionalidad al que de forma un tanto imprecisa llamamos miedo. Este estado persiste hasta que ocurre una de estas cosas: si el sujeto aprende que puede controlar el trauma, el miedo disminuye y puede llegar a desaparecer por completo; pero sí el sujeto termina aprendiendo que no puede controlar el trauma, el miedo disminuirá y será sustituido por la depresión”.