domingo, 22 de marzo de 2020

MOVIMIENTO PENDULAR EUROPEO HACIA LAS NACIONALIZACIONES



Matrimonio, fidelidad, felicidad…no son palabras extraídas de un libro antiguo. Dicen que el mayor invento de Microsoft es el “botón deshacer”, que te permite borrar de un plumazo lo mal hecho, llegando de inmediato a la situación anterior, sin merma ni modificación. Pero eso en la vida no pasa, aunque intentemos borrar las marcas. Por eso debemos darnos tiempo para tomar decisiones. Y debemos aprender que hay decisiones que atan e indecisiones que matan…Algunas de ellas con graves consecuencias para las personas que las sufren, como por ejemplo las que está sufriendo actualmente la sociedad española y europea con el COVID-19, por ejemplo, con la privatización de determinados servicios públicos en la sanidad.  


Estos días como parte de las medidas para paliar la crisis del coronavirus, el Gobierno italiano ha anunciado el martes 17 de marzo que prevé la nacionalización de Alitalia, que acumulaba fuertes pérdidas desde antes de la pandemia y que ha luchado durante años para evitar la quiebra. Se trataría de la primera gran operación de nacionalización europea como consecuencia del COVID-19. El mismo martes, el Ministro francés de finanzas, Bruno Le Maire, anunció una serie de medidas entre las que se incluyen el aplazamiento para las compañías de todos los pagos de impuestos y cotizaciones correspondientes a este mes, la cancelación de los pagos para empresas en riesgo de colapso e incluso, la posible nacionalización de aquellas grandes cotizadas francesas que más estén sufriendo por el desplome de los mercados. "Eso puede hacerse mediante recapitalización, puede hacerse comprando acciones, podría usar incluso el término nacionalización si fuera necesario", ha añadido Le Maire sin querer entrar a especificar que compañías serían consideradas de alta prioridad.  El mismo día el gobierno español publicó el Real Decreto-ley 8/2020, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 http://bit.ly/2w5tUNz, en el mismo se recogen restricciones sobre movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior, de tal forma, que las compañías estratégicas del país quedan blindadas ante posibles inversiones foráneas hasta nueva comunicación. Otra compañía del sector que puede acabar en manos del Estado es Norwegian Airlines. El Gobierno noruego está en conversaciones informales con la empresa para tomar alguna participación. Norwegian tiene anunciado un ajuste temporal de empleo que afectará al 90% de los trabajadores, lo que aunado al recorte casi total de operaciones le ha llevado a bajar su capitalización bursátil casi por debajo de los 100 millones de euros, ese valor es menos de lo que cuesta un avión. Finalmente, el gobierno de Alemania también piensa en el mismo tipo de medidas. El Ministro de Economía, Peter Altmaier, dijo el pasado viernes que no se descarta la intervención en las empresas debilitadas, aunque ha intentado tranquilizar a los mercados señalando que no será un gran número el de las nacionalizaciones, sino el justo https://bit.ly/2vBDF5E. El Ministro alemán de Finanzas, Olaf Scholz, y el propio Peter Altmaier, anunciaron que el gobierno pondrá inicialmente 20.000 millones de euros a disposición del banco estatal KfW, a través del cual se concederán préstamos. Así, remarcaron que esa institución no tiene “un límite máximo para el crédito que puede otorgar”. Alemania ya comprometió 550.000 millones de euros para apoyar a las empresas del país a través del banco estatal de desarrollo KfW. Scholz ha dicho que el Gobierno está preparado para ir más allá. Si es necesario, podría comprar participaciones utilizando un fondo creado para hacer frente a la crisis financiera hace una década, según Bloomberg. El Gobierno de Merkel podría comprar una participación en Deutsche Lufthansa, que dijo el jueves que detendrá el 95% de los vuelos, como parte de un rescate https://bit.ly/2xaTZLb. Todos estos países, están adoptando este tipo de medidas entre otras razones, para evitar la quiebra de las compañías y también, para protegerlas de ser adquiridas por inversores no deseados que aprovechen el precio de saldo bursátil que tienen.
El fenómeno de las privatizaciones en Europa tiene sus orígenes a finales de los años 70, cuando la perspectiva de privatizar las empresas públicas que operaban en sectores de servicios como el agua, telecomunicaciones, electricidad, gas, ferrocarril o transporte aéreo resultaban bastante poco atractivas en términos políticos. Ni siquiera el que sería el  futuro “campeón” de las privatizaciones, el partido conservador británico (Tory), podía prever este tipo de reforma cuando alcanzó el poder en 1979. Sin embargo, tan sólo dos décadas después, la  mayoría  de  los gobiernos  en  todo  el  mundo habían puesto en práctica programas de privatización de empresas públicas. En la Unión Europea a finales de los años 90, las  promotores de la privatización se quejaban de que se había llegado tan lejos que apenas quedaba algo por privatizar (Privatization International 1999, OCDE 2002). Este movimiento imparable en dicha fecha, fue aceptado por los gobiernos en todo el mundo con entusiasmo, a modo de remedio global contra la epidemia creada por las empresas públicas... Sin  embargo,  quedan aún  algunas  cuestiones  importantes  sin  resolver.  En  primer  lugar,  algunos analistas compartieron  un gran entusiasmo por la “euforia  privatizadora”  (motivada  a  menudo  por un  interés  directo  o  indirecto  por  el éxito  financiero  de  las operaciones)  y dibujaron una  imagen optimista y homogénea del proceso, disfrazando así  sus efectos complejos e  irregulares. Sin embargo, a comienzos del  siglo XXI,  existen todavía importantes  diferencias en los procesos de  privatización entre los distintos sectores y países. Incluso en el campo de las telecomunicaciones, con frecuencia  considerado como el  sector privatizado por excelencia, la  propiedad estatal continúa, hoy en día, siendo dominante en un número significativo de países pertenecientes a  la Unión Europea (Clifton, Comín y Díaz 2003, Privatization Barometer 2005) como por ejemplo en Francia y Alemania. En segundo lugar, mientras que gran parte de la bibliografía se centraba en la  faceta financiera de la privatización, se prestaba mucha menor atención a sus consecuencias sociales. https://bit.ly/2QzI6p2

En tercer lugar, a pesar de que la privatización es considerada como una de las políticas económicas clave del siglo XX, no existe acuerdo en la bibliografía sobre qué fue lo que realmente condujo a este proceso. En cuarto lugar, los teóricos de la integración europea apenas han estudiado el fenómeno de la privatización; ni siquiera al analizar otras políticas, diferentes aunque relacionadas,  como la liberalización y otras reformas de política económica. Esto podría estar motivado porque la privatización no es, ni debería ser, una política de la Unión Europea. Las autoridades europeas están obligadas a permanecer neutrales en cuestiones de propiedad y deben restringir su cometido a asegurar la competencia efectiva y la provisión de servicios públicos. Para entender los procesos de privatización en la Unión Europea hay que examinar cuál de los modelos existentes proporciona una explicación más satisfactoria de este proceso. Diremos que pueden distinguirse tres paradigmas, o modelos, principales en el hecho de la privatización: el “paradigma británico”, el enfoque de la “lógica múltiple”, y el “paradigma europeo”. El “modelo británico” resulta útil para explicar la privatización de la Unión Europea en su etapa inicial (dominada indiscutiblemente por la influencia de la experiencia británica), resulta de mucha menor utilidad para explicar el proceso durante los años 90. En segundo lugar, parece que el enfoque de la “lógica múltiple” es muy útil porque aporta ricos detalles históricos, aunque al precio de perder perspectiva general, por lo que fracasa a la hora de identificar tendencias comunes en los procesos de privatización europeos. En tercer lugar, destacamos la relevancia del “modelo europeo”, en el sentido de que la variable “Europa” tuvo un gran peso en la determinación de la privatización. La integración europea, tanto en su vertiente positiva como en la negativa (Scharpf 2002), ayudó a filtrar y dar forma a las experiencias privatizadoras. Existen unas tendencias comunes en los diferentes programas privatizadores de la Europa comunitaria, tales como las secuencias del proceso por países, el ritmo de los recursos financieros generados y los patrones sectoriales de las privatizaciones.


Es interesante realizar un análisis examinando los niveles absolutos de ingresos por privatizaciones. Al examinar las tendencias de los recursos totales generados por la privatización en los diferentes países de la Unión Europea durante los años 90, existe un patrón general de crecimiento casi continuo, de 13 billones de dólares en 1990 se pasó a 66 billones de dólares en 1999; luego se apreció una caída hasta los 13 billones en 2002, como puede verse en el gráfico 1. El Reino Unido representa casi las tres cuartas partes (72%) de todos los recursos generados por la privatización en la Unión Europea entre 1977 y 1992. De 1993 a 2002, sin embargo, al extenderse la privatización al resto de los países miembros de la UE, el Reino Unido sólo acaparaba el 8% del total de los recursos por la privatización en la UE-15. Durante este último periodo, Italia, Francia y España generaron de manera individual más ingresos por privatizaciones que el Reino Unido, que gradualmente fue perdiendo su papel destacado, aunque en ciertos años (1993, 1995 y 1996) continuó siendo el segundo privatizador más importante de la Unión Europea, por volumen de ingresos obtenidos de la venta de empresas públicas. Por tanto, el Reino Unido fue un precursor de la privatización, pero comenzó a perder importancia en 1993, momento en el cual el proceso comenzaba a tomar fuerza en el resto de Europa. Entre 1994 y 2002, el programa privatizador más destacado fue el italiano, que generaba un tercio del total de los recursos financieros. El siguiente en importancia era Francia, seguido de España. En 1999, cuando los ingresos totales generados por la privatización alcanzaban su punto máximo en Europa, las economías más pequeñas, como Grecia e Irlanda, contribuyeron de manera significativa a incrementar los volúmenes totales de recursos. En 11 de los países miembros de la Unión Europea de la época los ingresos por las privatizaciones alcanzaron sus máximos entre 1997 y 1999.


La privatización en el sector de las telecomunicaciones en Europa desde 1980, transformó en la mayoría de países, la intervención directa en el sector, reconfigurando las agencias estatales (los típicos PTT por sus siglas en inglés de correos, telégrafos y telecomunicaciones) en sociedades anónimas de propiedad pública (como BT, Deutsche Telekom, France Telecom). Al mismo tiempo, la Comisión Europea introducía modestas reformas para liberalizar determinados sectores de los mercados nacionales (equipos de telecomunicaciones en 1988, adquisiciones del sector público en 1990). Pero no fue hasta los años 90 cuando se estableció un nuevo marco regulador para la liberalización y la regulación independiente del sector con una serie de directivas europeas. La privatización de las telecomunicaciones en la Unión Europea tuvo dos momentos decisivos. El primero, entre 1981 y 1993, cuando predominaba, como privatizador principal, el Reino Unido, donde se generaron 24.400 millones de dólares de ingresos por privatizaciones (el 90% de esta cantidad procedente del operador de telecomunicaciones BT), mientras que los otros 14 miembros de la Unión Europea suponían tan sólo 2.000 millones de dólares. El segunda ola privatizadora se inició en 1994, después de la directiva para la liberalización (EC 96/19/EC) de 13 de marzo de 1.996 https://bit.ly/2QCulWr, entonces estos otros 14 países pasaron a ocupar la posición dominante (véase gráfico 3), con 55 operaciones, que generaron 124.000 millones de dólares (aproximadamente el 97% de los ingresos por privatizaciones en la Unión Europea durante este periodo, y el 82% del total desde los años 80). Existía, por tanto, una clara relación entre el establecimiento de agencias reguladoras independientes del Gobierno, la liberalización y la privatización de las empresas públicas que operaban en esta actividad, se aprueba así la hipótesis tercera. Existe también una clara secuencia entre las decisiones adoptadas en el sector, el año medio del establecimiento de agencias reguladoras independientes, que fue 1993; el año de la privatización de las telecomunicaciones (1996) y el año de la liberalización total de servicios e infraestructuras en la mayoría de los países (1998, aunque para Irlanda y Portugal fue 2000 y para Grecia 2001). A pesar de la importancia de los ingresos procedentes de las privatizaciones en el sector de las telecomunicaciones en Europa, pero aún en 2005 permanecía gran parte de la propiedad en manos estatales (OCDE, 2005). Exceptuando el Reino Unido, sólo se podía encontrar un dominio de operadores en telecomunicaciones plenamente privados en España, Italia, Portugal, Irlanda y Dinamarca, mientras que en Austria, Alemania, Finlandia, Francia y Suecia dominaba aún la propiedad estatal de las empresas del sector. La competencia todavía es limitada, incluso en el Reino Unido. Además, la privatización en muchos sub-sectores es mínima, o inexistente, como en la radiodifusión, debido a lo complicado de los procesos reguladores necesarios. A modo de conclusión para esta actividad, podríamos afirmar que la mejor explicación general para la privatización de los transportes y las comunicaciones ha sido la política económica dictada por la Unión Europea para los países miembros. Más que una emulación de lo sucedido en el Reino Unido (hipótesis primera), o una falta de lógica común (hipótesis segunda), existen unas tendencias en estas privatizaciones sectoriales relacionadas con las directivas europeas de liberalización de los transportes y comunicaciones.

La privatización del sector de los servicios de electricidad, gas y agua ha sido, después de la realizada en las telecomunicaciones, la más importante, al aportar el 22% del total de los recursos por privatización ingresados por las Haciendas Públicas europeas. Sin embargo, aquí la privatización ha sido parcial e irregular. En términos de secuencia de país, el Reino Unido aportó el 90% de los recursos entre 1986 y 1993, mientras que los otros 14 países miembros de la Unión Europea generaron el 82% de los mismos entre 1994 y 2002. La mayor parte de las ventas de empresas públicas eléctricas tuvieron lugar en 1998 y 1999, cuando los mercados bursátiles estaban es su apogeo. Una vez más, aunque no exista una relación directa entre privatización y liberalización del sector eléctrico en la Unión, existen vínculos apreciables entre ambos procesos. La liberalización del mercado interno de energía  en Europa se desarrolló en paralelo con el de la industria de telecomunicaciones, durante la década de 1990, teniendo lugar las primeras medidas en 1996 (92/EC) y 1998, aunque posteriormente han sufrido retrasos y reformas (Directivas 2003/54/EC y 2003/55/EC). Parte de la privatización de las empresas públicas de la electricidad ocurrió, no obstante, con anterioridad a esta legislación. En Inglaterra y Gales la privatización eléctrica comenzó en 1988, concluyendo en 1996. En Bélgica y en España, la electricidad ha estado tradicionalmente en manos privadas. La privatización del sector eléctrico comenzó también tempranamente en Alemania (durante los años 1960), y en Austria y España, en 1988. Sin embargo, la mayoría de los 14 países miembros de la UE empezaron a privatizar sus empresas eléctricas en la década de 1990, como ocurrió con Suecia (1991), Finlandia (1994), Portugal (1997), Italia y Países Bajos (1999), Dinamarca (2000) y Grecia (2003). Francia se ha resistido deliberadamente a la liberalización, privatización y transformación de la industria eléctrica pública para proteger al operador afectado (Cenoud y Varone 2002). Por otro lado, a comienzos del siglo XXI, el Reino Unido continúa siendo un caso bastante especial respecto a la privatización de los servicios públicos en red. Los servicios de distribución de agua seguían en manos públicas o mixtas en la mayor parte de la Unión, con la excepción total de Inglaterra y Gales y de manera parcial en Francia y España. En otros sectores, como los de generación, transmisión y distribución de electricidad o de transmisión y distribución de gas natural, la propiedad continúa siendo totalmente pública o mixta, en la mayoría de los países miembros de la UE. El Reino Unido fue el único caso en el cual todas estas compañías públicas se privatizaron. En Alemania, Austria, Países Bajos, Bélgica, Dinamarca y Suecia, compañías locales o regionales continúan controlando total o parcialmente estas actividades de red. En el año 2000, las empresas públicas de electricidad, agua o gas representaban menos de una cuarta parte del empleo de este sector en Bélgica, España o el Reino Unido. Sin embargo, en la UE como conjunto, las sociedades de titularidad pública suponían el 43 por 100 del empleo sectorial en 2000. A pesar de que esta cifra ha disminuido en un 24% en términos de la media de la Unión en 1990, el hecho básico que se deduce es que estas actividades no se han privatizado de manera intensiva, sino que continúan bajo el control del estado en la mayor parte de los países de la Unión Europea.


Como síntesis al movimiento privatizador llevado a cabo en Europa, se puede afirmar que toda esta política de privatizaciones de servicios públicos ha resultado nociva y perniciosa a la sociedad en cuanto ha venido una crisis gravísima como la del COVID-19. Las privatizaciones de entonces fueron un catalizador en cuanto a la integración europea, ya que impulsaron la construcción del Mercado Único europeo, permitiendo que la construcción de las instituciones europeas madurase. Los 40 años que han pasado desde el proceso del inicio de las privatizaciones han demostrado, que Europa es enormemente vulnerable a los dos polos de poder dentro de la globalización económica mundial en la que está integrada, China y Estados Unidos. Ambos, protegen a sus compañías y mercados estratégicos con sumo celo, impidiendo que caigan en manos extranjeras https://bit.ly/2Uu9TIu Las principales compañías europeas han quedado reducidas a escombros en cuanto a la valoración bursátil, siendo enormemente tentadoras a otras compañías foráneas que carecen de un know how (conocimiento) tecnológico de primer nivel que si poseen las europeas, como por ejemplo Airbus. De ahí el movimiento coordinado de diferentes países de la Unión Europea hacia la nacionalización de sus sectores estratégicos, con el fin de proteger su tejido productivo de ataques especulativos sobre sus compañías de bandera. En España una vez que sea levantado el Estado de Alarma por la pandemia actual,  urge que el Gobierno de turno acometa decisiones en línea con las europeas en cuanto a la protección de dichos sectores estratégicos nacionales como son las telecomunicaciones, energía, gas, etc.
Esto no obstante, no puede ocultar el siguiente gran reto que tiene la Unión Europea, y no es otro que el de una integración real de sus estructuras económicas, sociales y políticas, de tal forma que de verdad se convierta en un verdadero contrapoder en el tablero de la geopolítica mundial, como son Estados Unidos y China. Europa ha pulsado el “botón deshacer”, que permite borrar de un plumazo lo mal hecho en cuanto a las privatizaciones, llegando de inmediato a la situación anterior…Lo que ocurre es que aquí si ha habido merma y daño para los ciudadanos europeos como se está demostrando con la situación producida por el COVID-19. 


Ya lo dijo Karl Popper: “Nuestro conocimiento es necesariamente finito, mientras que nuestra ignorancia es necesariamente infinita.”
 


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