SERVICIOS PÚBLICOS...NECESIDAD DE UNA CATARSIS SOBRE LA "CLASE" POLÍTICA

El término catarsis nació en la antigua Grecia. Cuando Aristóteles le dio la definición de purificación emocional, corporal y espiritual mediante experiencias de misericordia y miedo. El filósofo la incluyo es su poética, de tragedia antigua, que no era más que una obra literaria teatral, donde los protagonistas puestos en escenas eran sometidos a situaciones trágicas que generalmente tenían un final fatal. Donde expresaban claramente en el transcurso de la trama sentimientos de temor, odio, celos, tristeza, compasión y amor, con el objetivo de que las presentaciones sirvieran  a la audiencia y vieran las secuelas que tenía estos actos, se sintieran identificados con los personajes y percibieran el temor de las consecuencias que originan, sin haber realizado algún acto indebido, para que, de esta manera, lograrán entenderse mejor a sí mismos, y evitarán repetir las acciones que llevaban a los protagonistas a esos fatales destinos. Posteriormente el término fue retomado por los psicoanalistas Josef Breuer y Sigmund Freu, quienes lo denominaron método catártico, el cual consistía, en aplicar hipnosis, y  someter al paciente a revivir hechos que le hayan causado algún trauma en el pasado y de esta manera liberar las emociones y sentimientos reprimidos que causan daño y frustración.

Durante los últimos cuarenta años, el pensamiento político y las estructuras económicas impuestas protegieron y santificaron los intereses privados frente a las necesidades colectivas de la sociedad. La acumulación de riqueza desmedida y de capitales arrogantes que han impulsado un buen número de dirigentes políticos e ideólogos en todo el mundo han sembrado de minas a la sociedad actual, que ahora cuando vienen mal dadas percibe con toda crudeza el fenómeno de la privatización que se ha llevado en los servicios públicos. Su “religión” predicaba valores enfermizos como el individualismo frente a la ética colectiva, la competitividad frente a la cooperación, el éxito económico desmedido por encima de todo como han venido sermoneando numerosos líderes políticos, económicos, sociales, etc., sin principios. Para ello, han sacralizado un mercado que solo ha servido para alimentar los procesos de desigualdad económica y social más gigantescos que nunca se han visto, pero que se pone de lado ante una crisis de escala desconocida como la que atravesamos con el COVID-19. Pero siempre dañando al Estado a favor de sus intereses privados. La esencia de este pensamiento la explicaba muy bien el recluso Rodrigo Rato en su comparecencia ante el Congreso de los Diputados por la crisis de Bankia y el rescate millonario pagado con dinero público de la sociedad española, cuando afirmó sin complejos: “Es el mercado, amigo”. Así trataba de eludir responsabilidades ante el saqueo de la entidad que presidía y su posterior encarcelamiento. Durante décadas, la sociedad española ha tenido al frente de diferentes gobiernos e instituciones públicas a auténticos ultras del neoliberalismo, con sueldo público. Como termitas, han extendido los dogmas de la privatización a costa de carcomer el Estado, reduciendo los dispositivos públicos a la mínima expresión y justificando el desmantelamiento de servicios esenciales. Y a medida que la sociedad protestaba, se manifestaba y expresaba su oposición a estas políticas tan dañinas, ellos actuaban con más saña reduciendo la sanidad, la investigación, los servicios sociales, la educación y los funcionarios al límite. Son los mismos que han debilitado el sistema sanitario en España, con una infrafinanciación, con personal cada vez más escaso y en situación más precaria junto a procesos de privatización crecientes que transfieren cada vez más recursos públicos al sector privado.https://bit.ly/2Je8VuR

El mapa de la privatización sanitaria en España ha avanzado de forma desigual dependiendo de la Comunidad Autónoma y el color del gobierno que regía sus destinos.  Así, por ejemplo, avanza mucho en las comunidades de Madrid, Cataluña, Baleares, Canarias y País Vasco, que son las comunidades con una mayor privatización, según un índice elaborado con nueve variables. Dichas variables son las siguientes, de los datos de 2017 y 2018 de los Ministerios de Sanidad y Hacienda, el Instituto Nacional de Estadística y las memorias de Muface, la Mutualidad General Judicial y el lobby de la sanidad privada IDIS. Ello permite analizar las siguientes variables: 1) porcentaje de población cubierta por mutualidades de funcionarios; 2) gasto en seguros privados per cápita; 3) gasto sanitario de bolsillo per cápita; 4) índice de camas privadas sobre el total; 5) porcentaje de equipamiento de alta tecnología en hospitales privados sobre el total; 6) porcentaje del gasto sanitario dedicado a contratación con centros privados; 7) número de consultas anuales a especialistas del sector privado; 8) número de consultas anuales al médico de cabecera en el sector privado; y 9) presencia de modelos de colaboración público-privada.  Y en las comunidades que menos se ha privatizado son Extremadura, Castilla La Mancha, Andalucía (hasta que llegó el Partido Popular y Ciudadanos al gobierno de la Comunidad) y Asturias. Los presupuestos públicos destinados a la sanidad han pasado de constituir el 6,78% del PIB español en 2009 al 6,23% en 2017, cayendo algo más de medio punto porcentual del PIB en la última década (unos 6.000 millones de euros), según datos de la OCDE. Se trata de no sólo del desgaste del sistema, sino de un proceso de privatización de la sanidad en todos los órdenes: aseguramiento privado, conciertos, gasto de bolsillo dedicado a la salud... La federación de asociaciones contra la privatización de la sanidad considera la misma perniciosa en sí misma para el modelo sanitario público, al incrementar su coste y favorecer la desigualdad. "Los recortes y el deterioro de la sanidad pública han sido y continúan siendo el principal incentivo para el crecimiento del sector privado, y por eso es una de las estrategias utilizadas para favorecer la privatización", se señala en un informe elaborado. Y añade que la privatización "va unida a una mayor desigualdad y a exclusiones porque sólo acceden a estas fórmulas las personas con más recursos".

Esta situación ofrece el siguiente ranking atendiendo al grado de privatización de cada Comunidad Autónoma, el resultado completo es este (entre paréntesis el partido que preside el Gobierno autonómico):

– Comunidades con un "elevado grado de privatización":

1) Comunidad de Madrid: 31 puntos (PP).

2) Cataluña. 29 (JxCAT).

3) Islas Baleares: 25 (PSIB-PSOE).

4) Canarias: 24 (CC).

5) País Vasco: 24 (PNV).

– Comunidades con "grado intermedio de privatización":

6) Castilla y León: 20 (PP).

7) Comunidad Valenciana: 20 (PSPV).

8) Galicia: 19 (PP).

9) Comunidad de Murcia: 19 (PP).

10) Navarra: 19 (Geroa Bai).

11) Aragón: 18 (PSOE).

12) Cantabria: 18 (PRC).

13) La Rioja: 18 (PP).

– Comunidades con "bajo grado de privatización":

14) Asturias: 16 (PSOE).

15) Andalucía: 15 (PP, tras las elecciones del 2 de diciembre).

16) Castilla La Mancha: 13 (PSOE).

17) Extremadura: 12 (PSOE).

Haciendo un repaso al histórico a informes de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), se comprueba que Madrid y Cataluña son desde 2014 la primera y la segunda en dicho movimiento privatizador. La tercera empezó siendo Galicia, pero desde 2017 es Baleares. Dicha federación destaca que el movimiento privatizador tiene su origen en la Ley General de Sanidad (1986) gobernando él Partido Socialista con Felipe González, y su continuación en el con el mismo presidente con el conocido como Informe Abril (1991) https://bit.ly/33Ew0Ai No obstante, a la hora de precisar qué comunidades autónomas invierten más en conciertos en relación con el gasto sanitario global, es preferible acudir a los datos oficiales del gasto sanitario público del año 2017 efectuado por el Ministerio de Sanidad. En ellos se refleja la inversión en concierto y el porcentaje que supone con respecto al total del gasto sanitario de las 17 Comunidades Autónomas que componen el estado español:

– Cataluña: 2.677,23 millones, un, 25,6% del total del gasto sanitario público.
– Madrid: 914,76 millones, 11,2%.
– Baleares: 173,43 millones, 11,1%.
– Canarias: 277,82, 9,6%.
– La Rioja: 34,43 millones, 7,7%.
– País Vasco: 246,92 millones, 6,7%.
– Murcia: 149,43 millones, 6,6%.
– Navarra: 67,06 millones, 6,5%.
– Asturias: 102,87 millones, 6,1%.
– Galicia: 210,07 millones, 5,4%.
– Castilla la Mancha: 147 millones, 5,3%
– Andalucía: 422,62 millones, 4,4%.
– Extremadura: 73,49 millones, 4,3%.
– Aragón: 85,66 millones, 4,2%.
– Comunidad Valenciana: 278,94 millones, 4,1%.
– Castilla y León: 138,16 millones, 3,7%.
– Cantabria: 30,05 millones, 3,5% 

Sin embargo, hay alumnos aventajados en cuanto a las comunidades que abrazaron este dogma de fe privatizador que confirman la penuria que están atravesando actualmente con él COVID-19,  es el caso de la Comunidad de Madrid. Tras 20 años ininterrumpidos de gobiernos del PP, conviene recordar las políticas sanitarias que desde 1995 han practicado sus 7 presidentes ,10 consejeros y decenas de colaboradores. Son ellos y no otros los que han llevado a la sanidad pública a la situación límite en la que se encuentra actualmente por el recorte de presupuestos y medios a las personas que están actualmente luchando contra él COVID-19, si tenemos en cuenta que dicha competencia esta delegada a las comunidades autónomas. Y es que, durante años, en particular tras la llegada de Esperanza Aguirre a la Presidencia de la Comunidad en octubre del 2003 hasta su salida en el 2012, se ha practicado deliberada y simultáneamente una doble política: recortes en la sanidad pública, tanto de medios humanos como materiales, y una privatización de hecho bajo diferentes fórmulas de los nuevos hospitales. Sus sucesores en la Puerta del Sol, con entusiasmo indisimulado y garantizándose el futuro, se han sumado a este aquelarre de lo público  solo y muy a su pesar, amortiguado parcialmente tras el anuncio en el 2014 de la paralización de estas políticas en la nuevos hospitales, al que se vieron obligados por los tribunales de justicia (TSJM https://bit.ly/399V0Al  y las movilizaciones populares). La actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Diaz Ayuso, como el resto de los colaboradores que la precedieron y acompañaron en el desempeño de gestionar lo público, han actuado con desprecio y arrogancia a todo aquel que se oponía al desmantelamiento del sistema público de salud. Sus principales esfuerzos mientras estaban en dicha responsabilidad se han centrado en recortar presupuesto a la sanidad pública favoreciendo de múltiples formas y maneras a la sanidad privada, y de paso en más de un caso, como se verá, utilizar las puertas giratorias para reubicarse en el sector privado cobrando por los favores hechos. https://bit.ly/2xon6KU A día de hoy, el modelo privatizador en la sanidad pública se ha extendido como una mancha de aceite por todo el territorio español, no obstante, la situación propiciada por el COVID-19 ha puesto de manifiesto la precariedad y penuria que han sembrado en la sociedad una clase política de muy diverso signo político, que cuando menos como indico al comienzo de este post, merecen una profunda catarsis. España tiene futuro pero necesita urgentemente una catarsis, una profunda reforma que establezca la separación de poderes y los controles sobre el poder político, una regeneración completa de la vida pública que reinstaure los fundamentos de la democracia clásica y la representación directa, y unas trasformaciones que devuelvan la dignidad, la voz y la capacidad de decisión a quiénes siempre debió corresponder: los ciudadanos y la sociedad civil. 

En la actualidad, el modelo privatizador en la sanidad pública se ha extendido como una mancha de aceite por todo el territorio español, no obstante, la situación propiciada por el COVID-19 ha puesto de manifiesto la precariedad y penuria que han sembrado en las estructuras de la sociedad. Prestigiosos investigadores como el catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y director del Hopkins–UPF Public Policy Center, Vicenç Navarro, o la prestigiosa revista International Journal of Health Services han analizado cómo la privatización de los servicios públicos y los recortes en el gasto sanitario están dificultando una pronta intervención contra la pandemia, siendo el caso italiano el mejor ejemplo. Esta clase política, de muy diverso signo político, merecen un profundo juicio cuando acabe dicha crisis sanitaria, con las responsabilidades a que den lugar después de años de expolio y de miles de muertos que dejara esta crisis.  Cuando desde el confinamiento de nuestras casas la sociedad sale al balcón a aplaudir emocionada a los profesionales sanitarios que están dejándose la vida por cuidar y curar a los enfermos, junto a una larguísima lista de otros muchos profesionales como son, funcionarios y trabajadores que hacen posible nuestro día a día, no solo se está expresando una gratitud enorme que sale del alma de cada individuo, también se está expresando la grandeza de un Estado protector en momentos tan duros como el que vivimos, la importancia de unos servicios públicos esenciales y de unos trabajadores imprescindibles para darnos esperanzas ante el miedo y la confusión que se cierne en este momento sobre la sociedad. Llegados a esta situación, necesitamos que toda esa marea de aplausos se transforme en conciencia política y social para reconstruir nuestros servicios públicos esenciales, para dar importancia a quien realmente está con nosotros en los malos momentos, para no volver a repetir los mismos errores que se llevan cometiendo décadas. Defender los servicios públicos como la sanidad es defender la vida, las personas y el interés colectivo, frente a una economía de ganadores sin ética, del beneficio privado y la acumulación desmedida que nos venden algunos como lema de vida.  La sociedad necesita más que nunca transformar los aplausos que se producen espontáneamente a las ocho de la tarde en apoyo real a unos servidores y servicios públicos imprescindibles para tener un futuro esperanzador. Y eso solo se consigue aparte de con los tribunales que juzguen los atropellos y felonías habidos durante esta crisis…Con las urnas.

Ya lo dijo Séneca: “Nuestra insensatez es evidente: pensamos que pagamos solo las cosas por la cuales gastamos dinero, mientras que consideramos gratuitas las que pagamos con nuestra propia persona”.