Un hipócrita tiburón de
los negocios se creyó en la necesidad de decirle un día al escritor y humorista
estadounidense Mark Twain (1835-1910):
-“Antes de mi muerte
pienso hacer peregrinación a Tierra Santa; quiero subir a lo alto del monte
Sinaí para leer en voz alta los Diez Mandamientos”.
-A
lo que le respondió Twain: “Podría
hacer usted una cosa mejor todavía —replicó Mark Twain—: quedarse en su casa
de Boston y cumplirlos”.
El 17 de abril se publica
en la prensa la noticia del Consejo de Administración extraordinario de Telefónica
https://bit.ly/2RJZ3xk, con ribetes de importante debido a las cuestiones
que se iban a decidir en el mismo. Sin embargo, no se decidió nada. Posteriormente,
el 20 de abril la prensa vuelve a la carga y se publica en un diario económico la
siguiente noticia https://bit.ly/2VoWwLy “El
núcleo duro de Telefónica, a favor de que entre un nuevo socio que resucite la
acción”. Esta situación, de noticias falsas e interesadas con respecto
al devenir futuro de Telefónica viene repitiéndose en la prensa desde el 27 de
noviembre, que fue cuando el presidente de la Telefónica presentó su nuevo plan
estratégico (copia del fondo Elliot).
Noticias como la desinversión de la spin-off de Latinoamérica, la venta de
50.000 torres, etc., no han sido más
que noticias sin ningún fundamento, si tenemos en cuenta que para que las
mismas se produjesen era condición “necesaria” el visto bueno del Gobierno de
turno, el cual no se tenía y los accionistas dominicales (La Caixa y el BBVA)
eran conocedores de dicha situación. Sin embargo, no
sería hasta el 17 de marzo cuando el Gobierno español decreto el Estado de
Alarma (Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo) donde puso bajo su control de forma efectiva a la operadora en la “Disposición final cuarta. Modificación de
la Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de
capitales y de las transacciones económicas con el exterior”. En el
mismo se recogían toda una serie de restricciones en cuanto a la compra de
capital de las consideradas compañías estratégicas, que limita y elimina el
peligro en que habían quedado dichas compañías con motivo del tsunami bursátil generado
por el COVID-19, compañías tales como; Telefónica, BBVA, Repsol, Iberdrola,
Banco de Santander, Indra, etc.
En la Unión Europea la
inversión extranjera está regulada en la normativa Foreign Direct Investment (FDI) (Inversión Extranjera Directa) a nivel
de los Estados miembros. Actualmente, solo doce estados miembros tienen
mecanismos formales de detección (Austria, Dinamarca, Hungría, Alemania,
Finlandia, Francia, Letonia, Lituania, Italia, Polonia, Portugal y España).
Sin embargo, a partir del 11 de octubre de 2020, la Comisión también puede
ejercer sus nuevos poderes para revisar y emitir opiniones no vinculantes sobre
las inversiones en la UE. Aunque Bruselas no tiene poder para
aprobar o bloquear la norma (FDI), la Comisión Europea está instando
a endurecer la política en todo el bloque. La Comisión señala que responde a
los llamamientos de los países miembros para una estrategia industrial más
protectora. Esto se concretará en las futuras propuestas
legislativas de la Comisión, la política comercial y la voluntad de
dirigir/alentar el proteccionismo dirigido a los socios comerciales fuera del
bloque, incluidos el Reino Unido y Suiza. Si esto se traduce en un
endurecimiento real de la política dependerá de cualquier acuerdo para el cual
los estados miembros tengan jurisdicción, el alcance del control de la (FDI)
en esos países (que todavía varía mucho)
y cómo esos países perciban su mejor interés. A pesar de la retórica en la
Unión Europea, todavía estamos muy lejos de una versión de CFIUS de Estados Unidos.
En los años 70 en el poderoso Comité de Inversiones Extranjeras de los
Estados Unidos (el temido Committee on Foreign Investment
of the United States), conocido
por las siglas CFIUS. Es un
organismo en el que participan diferentes agencias del Gobierno de los Estados
Unidos que tiene como función revisar cualquier operación de
fusión o adquisición (privada o pública) realizada por una entidad no
estadounidense que pueda conllevar la pérdida de control norteamericano de
compañías domiciliadas en los Estados Unidos. El
CFIUS está presidido por el secretario del Tesoro e integrado por miembros del
Gobierno que forman parte de los Departamentos de Comercio, Energía,
Transporte, Defensa e Interior. Con motivo de la situación provocada
por el COVID-19, la Comisión Europea insta a los estados miembros de
la Unión Europea a que inicien la evaluación de la inversión extranjera directa
(FDI), los controles de capital y "todas las demás opciones
disponibles" para proteger a las empresas europeas, la infraestructura o
las tecnologías de importancia estratégica de las adquisiciones extranjeras.
Durante esta situación sin precedentes que ha sufrido la economía de Europa, en
su documento de orientación (UE) 2019/452
(Reglamento de evaluación de la IED), 25 de marzo, 2020 https://bit.ly/3bqcuur, se insta vigorosamente
a los estados miembros a establecer sistemas completos de control de riesgos
con el fin de prevenir y detectar los riesgos para las compañías ante la
entrada de inversores no deseados.
El COVID-19 ha puesto de manifiesto las graves carencias de
suministros esenciales durante la pandemia que tenía Europa, y ante la amenaza
de la toma de control de una compañía alemana de vacunas, CureVac, por
parte de los Estados Unidos https://bit.ly/2ytTpcd
, la
directiva europea refleja una postura política que encaja con los objetivos de
la nueva Comisión, la cual consiste en facilitar autonomía estratégica de Europa. A corto
plazo, es probable que las posibles medidas solicitadas en la directiva impliquen
a compañías fabricantes de material médico y farmacéuticas, como: ventiladores,
vacunas, equipos médicos de protección y textiles, así como a empresas que
recibieron fondos del programa de investigación Horizonte 2020. Sin embargo, a
medio y largo plazo, una amplia gama de proveedores de bienes y servicios
también puede verse afectada, lo hemos visto estos días con la construcción naval en Alemania https://bit.ly/2xxhwql. Los inversores que buscan adquirir
empresas o realizar inversiones de cartera en la UE pueden enfrentar mayores dificultades
y plazos más largos a medida que las autoridades nacionales y la Comisión se
embarcan en una revisión ampliada de las transacciones en sectores críticos.
La revisión a nivel de la
UE está más fragmentada en comparación con la evaluación de CFIUS en los Estados
Unidos. Ya que los poderes de toma de decisiones permanecen arraigados a nivel
nacional en lugar de en Bruselas. Aunque, a diferencia
del control de fusiones, la Comisión no puede bloquear legalmente una
transacción, los estados miembros deberán "tener muy en cuenta"
la opinión de la Comisión, así como considerar los comentarios de otros Estados
miembros y justificar sus acciones si no cumplen la opinión. Para
determinar si un Estado miembro puede intervenir sobre la base de que una
inversión afecta la seguridad y el orden público, el reglamento permite a los
estados miembros y a la Comisión una discreción sustancial para evaluar "todos los
factores relevantes", incluidos los efectos en áreas críticas e insumos
esenciales y el control por parte de un Gobierno extranjero. Si bien las
inversiones en las industrias de investigación médica y de salud son obviamente
un punto focal del reglamento, el objetivo político general de la Comisión
es proteger las "industrias estratégicas" y la "infraestructura
estratégica". Aunque "estratégico" no está definido, el
documento de orientación y su definición de una adquisición crítica puede priorizarse según si afecta a "tecnologías críticas", "insumos
críticos" o "infraestructura crítica", artículo 4 del Reglamento
(UE) 2019/452, 19 de marzo de 2019, (esto podría ser físico o virtual e incluye
salud, energía, transporte, agua, comunicaciones, medios de comunicación),
procesamiento o almacenamiento de datos, infraestructura aeroespacial, de
defensa, electoral o financiera, instalaciones sensibles o terrenos y bienes
inmuebles. El reglamento es parte de una tendencia continua de endurecer las
normas de inversión extranjera, tanto dentro de la UE como a nivel mundial. Más recientemente por ejemplo, Australia eliminó temporalmente los umbrales de detección
monetaria para todas las inversiones extranjeras. En términos más generales, en los
últimos dos años, muchos países han aumentado los controles de la (FDI) por
métodos como ampliar el alcance de las transacciones revisables o aumentar los
requisitos de informes, incluidos países como; Estados Unidos, Reino Unido, Alemania,
Francia, Italia, Noruega, Japón y Rusia. Se espera que esta tendencia continúe
a buen ritmo.
El impulso urgente para
proteger las industrias europeas queda claro a partir de los comentarios de la
Vicepresidenta de la Comisión Europea Margrethe Vestager, que en unas
declaraciones recientes afirmo lo siguiente: “está Comisión está trabajando
intensamente en ideas sobre cómo evitar adquisiciones respaldadas por subsidios
de estados extranjeros". Por su parte la presidenta de la
Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que los estados miembros de la
Unión deberían "usar todas las opciones para proteger a las
empresas europeas”. (Declaración
de Vestager en "Shaping Europe's Digital Future", Amigos de Europa,
27 de marzo de 2020; y la declaración en video de la presidenta von der Leyen
en Twitter, 25 de marzo de 2020). Aunque se están desarrollando planes más
concretos, el reglamento indica el apoyo de la Comisión a las siguientes
medidas:
Selección de la cartera de
inversiones. Si una inversión no confiere influencia
sobre la gestión o el control del activo (y,
por lo tanto, no constituye FDI), sino que toma la forma de una inversión
de cartera, la Comisión fomenta la detección si concede ciertos derechos (indefinidos) en virtud del derecho nacional de
sociedades al accionista, ya que podría ser relevante para la
seguridad o el orden público.
Protección contra
"compras depredadoras" y amenazas a la estabilidad financiera.
Si los inversores extranjeros realizan "compras depredadoras" (con el fin de limitar el suministro al
mercado de la UE) de activos estratégicos, se alienta a los Estados
miembros a invocar medidas restrictivas para garantizar la seguridad del
suministro de bienes o servicios (por
ejemplo, energía). Además, la Comisión considera que también se pueden
imponer controles de capital para abordar las amenazas a la estabilidad
financiera (como lo demuestran las
medidas griegas tomadas durante la crisis de la deuda en 2015).
Protección de nuevas
empresas/empresas infravaloradas. En caso de
inversión extranjera en empresas con "valoraciones en los mercados de
capitales que se consideran muy por debajo de su valor real o intrínseco",
la Comisión alienta a los estados
miembros a introducir restricciones si la transacción puede conducir a una
dependencia excesiva de los inversores extranjeros para suministros esenciales
o servicios esenciales. Estas condiciones tendrían que ser evaluadas
subjetivamente por cada Estado miembro, ya que el reglamento no menciona los
criterios de evaluación.
Acciones
Doradas/Nacionalización. La Comisión destaca la posibilidad de que los Estados miembros
conserven derechos especiales en las empresas mediante la tenencia de
"acciones de oro", para permitirles limitar las inversiones si fuese
necesario para lograr objetivos legítimos de política pública como "salud pública", "proteger a
los consumidores" o "lograr objetivos de política social".
Licencias obligatorias
sobre medicamentos patentados. La Comisión ofrece un
recordatorio de que los estados miembros pueden imponer licencias obligatorias
en caso de una emergencia nacional, como una pandemia. Aunque tales medidas se
han utilizado anteriormente en diferentes Estados miembros, son poco frecuentes
y los motivos para otorgar dichas licencias pueden variar de un país a otro.
Para evitar confusiones dentro de la industria y las cadenas de suministro,
será esencial un enfoque armonizado para las licencias obligatorias frente a COVID-19.
El
reglamento es parte de una tendencia continua de endurecer las normas de
inversión extranjera, tanto dentro de la UE como a nivel mundial, más recientemente, en respuesta a la crisis de COVID-19. En términos más generales, en los últimos dos años, muchos países han aumentado los controles de
la inversión extranjera (FDI) por
métodos como ampliar el alcance de las transacciones revisables o aumentar los
requisitos de informes, incluidos los Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania,
Francia, Italia, Noruega, Japón y Rusia. Se espera que esta tendencia continúe incrementándose
en el futuro, mientras tanto, la postura política de la Comisión, tal como se
refleja en su Orientación, puede resultar en el establecimiento o concreción
paralela de nuevos regímenes de detección en estados miembros como Bélgica (un
mecanismo ya existe en Flandes), Irlanda, Suecia y Holanda, entre los restantes.
Y mientras
Europa marca el camino para proteger su tejido productivo, siendo el Gobierno
español conocedor y negociador de las directrices que se aplicarán en Europa, uno
de los accionistas dominicales de Telefónica, (La Caixa), el 27 de marzo vuelve a comprar acciones de Telefónica, seis meses después de
que dejara de invertir en la compañía. Obsérvese, que es dos días después de que
la Comisión Europea aprobara el Reglamento (UE) 2019/452 (Reglamento de
evaluación de la Inversión Extranjera)… ¿Significa esto que La Caixa lo
sabía? No cabe la menor duda, pero lo sabía de forma informal desde el día 27 de noviembre
cuando el presidente de la operadora lanzó el plan estratégico, que recogía
hacer enajenaciones de patrimonio con el fin de bajar el endeudamiento pero que
reducían el perímetro de la compañía. Y mientras todo esto sucede
en Europa, la “prensa amiga” española afín a intereses cuando menos
cuestionables (ya que
omite hechos y sucesos fundamentales que pueden servir para comprender lo que está sucediendo), sigue distorsionando
una realidad que marcará el devenir futuro empresarial de Europa. En la noticia del día 20 de
abril, se dice y menciona que los dos dominicales están de acuerdo con realizar
una ampliación de capital, cosa cierta probablemente, sin embargo, lo
que difiere del planteamiento del equipo directivo de la operadora y que
defiende la Unión Europa es que el entrante en el núcleo duro no será ningún
fondo extranjero…Será el Gobierno español, el que tome una participación con el
fin de garantizar el control de un sector estratégico como son las
telecomunicaciones. Pequeño matiz, pero suficientemente importante para cortar de raíz cualquier tipo de especulación en cuanto al devenir de Telefónica.
Para
terminar el post, decir que quizás aquí el octavo mandamiento, “No dirás falsos testimonios ni mentirás”, se ha
quedado huérfano. Como decía Mark Twain, cúmplalo…Sin embargo, el silencio y
ruido mediático es lo único que se oye entre los distintos actores implicados en dicha obra de teatro.
Ya
lo dijo Cicerón: ”La
verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario