Lo que ha hecho la Administración
Trump desde su llegada al poder, es la toma de los distintos aparatos
del Estado por la clase empresarial del país, en un proceso en el que las
mayores agencias del Estado pasan a ser dirigidas por grandes empresarios o
gestores próximos a las grandes empresas del país sin ningún intermediario.
Es la máxima expresión del “capitalismo de amiguetes” en
el que todo el aparato del Estado está dirigido y gestionado por los amiguetes
del presidente. Un ejemplo de lo que digo ha sucedido en las
agencias federales de Salud Pública, hoy dirigidas por personas procedentes de
o próximas a las compañías comerciales del sector agropecuario, consideradas
algunas de ellas las mayores promotoras de alimentos que no son considerados
saludables, como en el caso de Coca-Cola. Los datos son los
siguientes:
Un
artículo publicado por Sheila Kaplan en primera plana del New
York Times del 23 de julio de este año, se detalla como la compañía Coca-Cola
influencia
las políticas alimentarias del país, promoviendo las bebidas azucaradas, que se
considera son la mayor causa de la obesidad infantil en Estados Unidos.
Tal
obesidad ha alcanzado unos niveles epidémicos en toda la sociedad, pero muy en
particular entre los niños y los jóvenes. Las causas de dicha epidemia
se han estudiado con gran detalle y son conocidas. Investigaciones llevadas a
cabo por la mayor agencia federal de investigación en salud pública, el Center
for Disease Control -CDC- (localizado en el mismo Estado de Georgia
donde está también ubicada la sede de la empresa Coca-Cola), han señalado,
por ejemplo, que las bebidas azucaradas como la Coca-Cola (entre otras)
son una de las mayores causas del crecimiento de la obesidad en el país, siendo
también responsables del aumento de la diabetes tipo 2, de enfermedades del
corazón, de enfermedades renales, de enfermedades del hígado, del aumento de
cavidades dentales y caries, y de artritis. Tales bebidas no son las
únicas causas. Hay otros alimentos, como los ricos en grasas (la típica
hamburguesa McDonald’s es un ejemplo de ello), que son otros ejemplos de
ello. El mejoramiento de la dieta ha sido una de las campañas más centrales de
las agencias de salud pública federales. ¡Al menos hasta ahora! Ahora bien,
tales empresas alimentarias, responsables de dicha epidemia (y a fin de diluir
el énfasis en la dieta como medida preventiva), están enfatizando el ejercicio
físico como la manera de prevenir la obesidad. Coca-Cola ha
financiado en el mismo Estado de Georgia un programa gestionado por el
Departamento de Salud Pública de tal Estado, que consiste en añadir media hora
de ejercicio en las escuelas públicas de aquel Estado, convirtiéndose
en la campaña central del programa contra la obesidad entre los jóvenes de
Georgia. Sin embargo es dramáticamente insuficiente para prevenir el
problema, pues como bien señala la profesora de nutrición de la New
York University, la Dra. Marion Nestle -autora del
excelente libro crítico con el consumo de soda, “Soda Politics: Taking On Big Soda
(and Winning)”, “una persona normal y corriente tiene que
correr 3 millas (unos 5 kilómetros) para compensar las calorías existentes en
una botella de 20 onzas de peso (un medio kilo)… Yo estoy muy a favor del
ejercicio físico. Pero la realidad es que no hace mucho para reducir peso. De
ahí que considere la campaña de perder peso a base primordialmente de hacer
ejercicio físico (que es lo que la industria de la soda y comida basura
promueven) como muy limitada, a no ser que vaya acompañada de un cambio de
dieta, que es un factor más importante para resolver la epidemia de obesidad”.
Sin
embargo, Coca-Cola ahora tiene gran influencia en el gobierno federal y
en el CDC. El presidente Trump ha nombrado directiva del CDC a
la Dra. Fitzgerald, que era precisamente la Directora del
Departamento de Salud del Estado de Georgia, cuando Coca-Cola financió el
programa de aumentar media hora de ejercicio en las escuelas públicas.
Coca-Cola
tiene gran influencia en el Estado de Georgia y sobre sus representantes, la
mayoría republicanos (incluido el famoso Newt Gingrich, asesor hoy del
presidente Trump), influencia que ahora se ha extendido también
al gobierno federal, siendo el nombramiento de la Dra. Fitzgerald un indicador
de ello. Como consecuencia de ello, la gran amiga de Coca-Cola tendrá
ahora una gran influencia en el diseño de las campañas de reducción de la
obesidad. Consciente de la movilización en su contra de la comunidad salubrista
de Estados Unidos, la Dra. Fitzgerald ha subrayado
recientemente su interés también en promover la ingesta de fruta y vegetales
entre los niños. Pero como bien señala la autora del artículo, Sheila
Kaplan (de la cual extraigo todos estos datos), es muy probable que a partir
de ahora se enfatice mucho más el ejercicio físico que no la dieta para reducir
la epidemia de obesidad en EEUU. En realidad, el artículo de la Dra.
Fitzgerald sobre nutrición que aparece en la promoción de los programas en
contra de la obesidad de la web de Coca-Cola lleva el significativo título de
que “La solución de la obesidad infantil requiere movimiento (físico)”. Y las
subvenciones federales a instituciones que están haciendo estudios sobre la
obesidad se centrarán primordialmente en áreas no relacionadas con los
productos que ellos promueven, tales como las sodas. Esta es la consecuencia
del capitalismo de amiguetes que existe hoy en EEUU y que, sin lugar a dudas,
va a afectar a España también.
El
“capitalismo
de amiguetes” ha sido un término acuñado en la sociedad española para caracterizar
la promiscua relación entre la política y los negocios en España.
El término llegó de la mano de grupos de profesionales que desde hace más de diez
años han venido reaccionando a la decadencia que presenta la vida pública
española en los últimos años. Los bancos y más concretamente el lobby financiero,
ha
influido de forma directa sobre el poder político español. La abolición
de leyes como Ley Glass-Steagall o conocida también como Banking Act en Estados Unidos, ha
traído consigo un aumento del tamaño de las entidades y por ende una mayor
inestabilidad del mundo financiero, cuyo fruto inmediato ha sido la gran recesión
del año 2008. En España dicha situación favoreció el desarrollo de la burbuja
inmobiliaria y, después, también propició que no se tomaran las medidas necesarias
tras el estallido de la crisis, cosa que contribuyó a agudizarla y que
desembocó en unas gravísimas consecuencias para todos los ciudadanos españoles.
En
el IBEX-35,
al
margen de que las puertas giratorias para políticos y los préstamos a partidos
políticos -que no se pretenden cobrar, como no se cobraban los de los
gremios a los príncipes y reyes que les otorgaban los privilegios que
garantizaban sus monopolios. Esto le facilita al sector financiero una
capacidad de influir sobre el Estado que no alcanza a sectores como por ejemplo
el eléctrico, aun con su potente lobby y sus consejos de administración
repletos de expolíticos. También existe un lobby de empresarios que
han llevado a sus compañías a un deterioro de sus KPIs de gestión que las hacen
más difícil de reconocer, un ejemplo de lo que digo sucede por ejemplo con Telefónica. El día 26/04/2019
publiqué el siguiente post, http://bit.ly/2Px4ltK
En
estas compañías llama la atención la pasividad de los accionistas de referencia
tales como Bancos o Fondos de Inversión, donde sus partícipes pierden hasta la “camisa”
sin que sus representantes exijan responsabilidades a los gestores de las
mismas. A la vez que se produce este deterioro en el valor del activo
(compañía), sin embargo dichos directivos o responsables de las mismas cobran
unas remuneraciones millonarias año tras año, sin que en las mismas tenga
ninguna repercusión la pésima gestión o el deterioro de dichos activos.
Para más gravedad muchas de ellas son compañías que están operando en sectores
regulados, donde se contienen precios para que el cliente final no sufra la
carestía de dicho servicio, sin embargo los salarios de dichos
directivos en promedio del IBEX-35 son unas 79 veces superiores al salario más bajo de dichas compañías. http://bit.ly/2DDMDQL
Una
razón para que los bancos y el Gobierno cohabiten de forma cómplice hay que
buscarla en la compra de deuda pública que realizan los mismos de los famosos
bonos del Tesoro, y obtienen, a cambio, una regulación que les facilita su operativa y
que dificulta la competencia. Esta regulación tiene su origen en el denominado
privilegio de “pignoración automática de deuda pública”, instaurado a
principios del siglo pasado. Esta situación perversa genera a la banca
la siguiente situación, cuando suscribe las emisiones de deuda pública del
Tesoro, puede obtener, a cambio y de parte del Estado, una línea de crédito del
Banco de España utilizando esos mismos títulos como garantía. Todo el
mundo gana, porque el déficit público del Estado (que en España ya está próximo al
100% del PIB) consigue disponer de una financiación segura y mucho más rentable
electoralmente que la que supondría subirle los impuestos a los ciudadanos, y
los bancos están encantados, porque la cartera de deuda pública es un activo
muy líquido que les da un rendimiento seguro.
Ante
esta situación, cabe pensar que las compañías que sufren este nefasto castigo en la
gestión de las mismas, tengan que acometer drásticos cambios en la gestión
con nuevos gestores que se vuelquen en las métricas y la gestión eficiente de
las mismas. Algunas compañías han sido emblemáticas en la
prosperidad económica de nuestro país, sin embargo lo que se está comunicando en
la situación actual es una creciente desigualdad económica y social, esto es una pésima
noticia para el capitalismo corporativo. Existen varios motivos para
manifestar dicho malestar de la situación actual. La primera razón sería la falta
de justificación económica de dichas elevadas retribuciones, las mismas responden
a conductas de pérdida de autocontrol. Conductas que se apoyan en una cultura
corporativa fundada en una idea equivocada sobre las fuentes del dinamismo
empresarial. El segundo motivo proviene de esas elevadas retribuciones son en compañías
que operan en sectores regulados o monopolísticos. Sin embargo existen
retribuciones mucho más razonables de directivos de las empresas cotizadas no
pertenecientes al Ibex que actúan en mercados competitivos, retribuciones que se mueven en
una brecha salarial con un múltiplo entre 10 y 20. La tercera
preocupación es la más importante por su impacto en la legitimidad del
capitalismo. Tiene que ver con la cultura y la ética corporativa de las últimas
décadas. Esa cultura sostiene que el éxito de las corporaciones se basa en la “excelencia”
y en el “talento” de sus líderes. Sin embargo es un error que se puede
comprobar en algunas compañías donde su capitalización bursátil es muy inferior
a la que tenían dichas compañías antes de la llegada de dicho equipo directivo
que las dirigen. La riqueza que genera una gran corporación —lo
mismo que cualquier otra compañía— es el resultado de la innovación que aportan
todos sus stakeholders (grupos de interés) involucrados: trabajadores, directivos,
proveedores o clientes. Se ha prescindido de la idea de que toda persona posee
la imaginación necesaria para aportar valor y concebir nuevos bienes y métodos.
La creación de riqueza es una tarea colectiva, sin embargo las métricas que
presentan en indicadores sobre como por ejemplo Clima Laboral son manifiestamente
mejorables.
Las
elevadísimas remuneraciones de dichos directivos tienen efectos nefastos. Un
ejemplo de esto último lo mencionaba Adam
Smith cuando decía “la concentración de la renta y la
riqueza lleva a la corrupción de los sentimientos morales de los muy ricos”,
lo que provoca pérdida de empatía con el resto de la sociedad y debilita la
cohesión social. Dichos directivos aprovechan las Juntas Generales para
dar consejos a los Gobiernos de turno, sin embargo, en el pecado llevan la
penitencia ya que el grave daño que ocasionan en sus compañías a sus stakeholders,
tratan de manipularlo y hacerlo pasar desapercibido. Siendo en algunos casos
aberrante ante las métricas que presentan por la gestión efectuada.
Las
elevadas retribuciones, junto con los crecientes escándalos protagonizados por
grandes multinacionales están creando rechazo social y una creciente demanda
para reinventar las compañías. Esta nueva visión sostiene que el propósito de
las compañías no es sólo retribuir a sus
inversores, sino ser concebidas como instrumentos de compromiso con los intereses
de sus empleados, clientes y las comunidades en las que se insertan. Esto
requiere pasar de la ética utilitarista, consistente
en “maximizar el valor para los accionistas”, a una ética de la
responsabilidad, basada en el criterio de maximizar el valor para el conjunto
de la sociedad. Esperemos que el gobierno de turno que
surja en las elecciones sea capaz de implantar un modelo económico donde las
personas sean los grandes protagonistas y beneficiarios de la actividad
económica de las compañías. Adam
Smith fue cuidadoso al equilibrar la defensa de los mercados competitivos en su
libro
“La riqueza de las naciones” con
la defensa de la moralidad y la virtud del autocontrol en la teoría de los sentimientos
morales. Ese equilibrio se ha perdido, por lo tanto es necesario conjugar
eficiencia económica con equidad social. De lo contrario, la pérdida de
confianza en las compañías acabará deslegitimando al modelo económico actual.
Ya
lo dijo Adam Smith: “No
puede haber una sociedad floreciente y feliz cuando la mayor parte de sus
miembros son pobres y desdichados.”
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